- Exhorto a autoridades electorales para promover la candidatura de mujeres en los municipios
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 13 de diciembre, 2023.- Asegurar la participación de las mujeres en el proceso electoral 2024 libre de violencia y en pleno goce de sus derechos humanos es responsabilidad de las autoridades, lo que se ha señalado tanto por las legisladoras y legisladores en la Comisión de Reforma Política de la Cámara de Diputados como por las autoridades electorales del Estado de México.
El punto de acuerdo aprobado para que la Cámara de Diputados exhorte a las autoridades electorales en todo el país para fortalecer la participación de las mujeres en las candidaturas municipales se funda en que la paridad lograda en las Cámaras de Diputados y Senadores, no se corresponde con el hecho de que en los más de 2,400 municipios del país, sólo 525 están gobernados por las mujeres.
La Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Amalia Pulido Gómez, expresó que las mujeres que busquen participar como precandidatas, candidatas, autoridades electorales y votantes en el Proceso Electoral 2024 requieren contar con las condiciones adecuadas para que su participación sea libre de violencia y en pleno goce de sus derechos humanos.
En voz de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) y presidenta del Observatorio Participación Política de las Mujeres (OPPMEM), Martha Patricia Tovar Escobar el derecho de las mujeres a participar en los procesos de selección son un paso hacia la democracia incluyente.
Entre los elementos que las instituciones deben considerar para incidir en la vida pública de las mujeres mencionó la inclusión y participación en la vida pública; el involucramiento en las acciones de gobierno; acceso a la información y la capacidad de organización y la rendición de cuentas.
Lo anterior en un evento organizado por el OPPMEM en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).
Puntos de acuerdo para respetar la 3 de 3 en las próximas elecciones
Entre otros puntos de acuerdo en la reunión de la Comisión de Reforma Política Electoral que preside la diputada Graciela Sánchez Ortiz que se aprobaron están dos relacionados con la Ley 3 de 3 para que ninguna persona con sentencia firme por violencia familiar, doméstica, violación, violencia política contra las mujeres en razón de género, o deudora alimentaria morosa pueda registrarse como candidato a cargos de elección popular en el proceso electoral 2024.
El primero exhorta a los tribunales superiores de Justicia de las entidades federativas, a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPL) y al Instituto Nacional Electoral (INE), a reforzar la coordinación, comunicación e intercambio de información para con el fin de garantizar que ningún agresor llegue al poder público.
Exhortan al Estado de Jalisco a respetar la 3 de 3
El segundo punto de acuerdo conmina al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco a fortalecer las acciones y procedimientos propios y garantizar que los partidos políticos, durante sus procesos de selección interna de candidatas y candidatos para 2024, cumplan debidamente lo establecido en el artículo 38 de la Constitución Política y las disposiciones normativas aplicables en esa entidad.
Busca garantizar, además de la paridad de género, el cumplimiento a la reciente reforma al artículo 38 constitucional, comúnmente llamado “3 de 3”, ya que hoy se vive un gran problema en los registros de precandidatos y precandidatas, pues se ve a partidos políticos que están tolerando la violencia política contra las mujeres en razón de género y, por ende, están en contra de dicha reforma.
Se recordó que el 29 de mayo de 2023, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 38 y 102 de la Constitución Política, en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, cuando haya sentencia por delitos contra la vida, integridad corporal, libertad y seguridad sexual, el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar o equiparada, violación a la intimidad sexual y/o violencia política contra las mujeres o en razón de género o sea deudora alimentaria morosa.
Candidatas y candidatos a puestos de elección popular
En otro punto de acuerdo se exhorta al INE reforzar los mecanismos de revisión para que las o los candidatos a puestos de elección popular no hayan emitido discursos de odio, transgredan la laicidad y llenen los requisitos de respeto a la normatividad vigente y a los derechos humanos de las personas.
Preocupa las lesiones a la democracia que los discursos de odio generan, e indica que la combinación de discursos controvertidos y aspiraciones presidenciales causan una problemática que va más allá de la libertad de expresión, planteando preguntas sobre los límites éticos y legales para ocupar un cargo de tal envergadura.
