Una investigación en los Altos de Chiapas así lo revelo
En la entidad se estudian iniciativas despenalizadoras hace años
Libertad López
SemMéxico, San Cristóbal de las Casas, Chiapas22 de abril, Chiapas. – De acuerdo con Sonia Norma Díaz Gómez, investigadora del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) se identificaron múltiples violencias, entre las mujeres de los Altos de Chipas, cuando buscan acceder al aborto seguro.
Con ese trabajo, en marzo, la investigadora obtuvo el grado de Maestra en Ciencias, y su tesis se denomina Aborto inducido entre las mujeres Tseltales y Tsotsiles de la región de Los Altos de Chiapas; es una investigación cualitativa que contribuye al debate nacional sobre del derecho al aborto, tras el acuerdo de la Suprema Corte para que las mujeres que interrumpen su embarazo no sean criminalizadas.
La investigación de Díaz Gómez, sobre la base de 19 entrevistas, encontró cómo las mujeres indígenas sufren violencia desde la pareja, la sociedad y el Estado; se trata de testimonios de mujeres, en una región donde se dan los más altos índices de embarazos no deseado, en niñas y adolescente, donde es la violencia sexual una cosa cotidiana. Así, además en la región de Los Altos, en Chiapas, la precarización continúa.
En Chiapas todavía el aborto es punible – aunque se discute desde hace 30 años- y ahora, las recomendaciones legales, según el artículo 183 del Código Penal de Chiapas se establece que la mujer que voluntariamente practique o consienta la práctica de un aborto, tendrá atención integral con perspectiva de género.
Tras la campaña por el aborto, realizada en septiembre de 2022, muchos de los abortos que se practican en el territorio estatal se realizan en casa de forma segura, y en ellos participan las parteras tradicionales, con la guía de las colectivas que apoyan a sus compañeras para realizar este procedimiento. Según Alejandra Muñoz – Integrante Campaña por el aborto en Chiapas “Nosotras las mujeres que damos información hemos registrado nosotras”.
Desde 1991, se han hecho esfuerzos porque el tema del aborto se toque. En septiembre último un camión con la consigna aborto legal en México recorrió la avenida central de la capital Tuxtla Gutiérrez como parte de la Campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Chiapas. Movilización en donde participaron las mujeres indígenas.
Hoy, con esta aportación de Díaz Gómez en su investigación antropológica, desde el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), las mujeres tseltales y tsotsiles de la región de los Altos que buscan acceder a un aborto seguro, pero enfrentan múltiples violencias; ella identificó 6, formas de violencia luego de aplicar 19 entrevistas a profundidad, y como en el pasado, permitieron retratar la realidad que viven las mujeres que deciden someterse a la práctica del aborto.
Entre sus hallazgos –según publicó el Ecosur en su página oficial- la especialista en Estudios de Sociedad, identificó el hecho de que las mujeres tseltales y tsotsiles “crean lógicas” que pueden ser asumidas como formas de ejercer violencia ante un aparato opresor, dice, que las mantiene en situaciones de desigualdad.
La demanda eternamente pospuesta
Las chiapanecas han demandado al Congreso del Estado retome el análisis de las iniciativas presentadas para que se reforme el Código Penal del Estado, y se despenalice el aborto en Chiapas, porque, aseguran, hay embarazos hasta «en niñas de 10 años que están siendo obligadas a parir». También es la segunda entidad con la tasa de fecundidad en adolescentes más alta del país, incluyendo a niñas de entre 9 y 14 años.
En Chiapas ocurren el 7 por ciento de las defunciones maternas en todo el país, de las cuales el 16 por ciento sucedieron en niñas y adolescentes; del porcentaje de muertes por aborto, el 21 por ciento fueron menores de edad, como se ha mostrado en los estudios de Graciela Freyermuth, responsable del observatorio sobre mortalidad materna.
Se considera que el aborto es un tema de salud pública porque el Estado, al no reconocer ni garantizar estos derechos, propicia que las mujeres aborten en condiciones inseguras que no cuenten con acceso a redes feministas, de mujeres, de parteras, y de acompañamiento, especialmente e en la región de los Altos de Chiapas, el espacio que estudió ahora Díaz Gómez, donde la violencia es preocupante, considerando que en las comunidades es un tabú hablar de derechos sexuales y reproductivos porque los usos y costumbres no lo permiten, negándoles incluso el acceso a métodos anticonceptivos, salud sexual y reproductiva.
Es en la región de los Altos, donde se concentra un alto índice de embarazos en niñas y adolescentes, niñas de entre 9 y 14 años pariendo por primera vez, muchas veces como producto de una violación, inclusive siendo sus propios esposos los violadores, porque son obligadas a casarse o a vivir con un hombre sin su consentimiento.
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La investigadora, ahora maestra afirma que las “formas de violencia quizás nos son tan evidentes, sin embargo, analizar el fenómeno del aborto desde el método de las representaciones sociales nos permitió posicionar a las interlocutoras de este estudio como agentes dinámicas”.
Asimismo, el objetivo fue comprender cuáles son las violencias asociadas a la práctica del aborto inducido, y es de destacar que Chiapas es de los estados de la República mexicana en el que desde hace varios años se han hecho iniciativas para legalizar el aborto, la última en 2022.
Actualmente, en el artículo 181 del Código Penal del Estado de Chiapas se establecen las razones por las que el aborto no es punible, esto cuando sea consecuencia de violación, la madre embarazada corra peligro de muerte y pueda determinarse que el producto sufre alteraciones genéticas o congénitas que den por necesario el nacimiento de este con trastornos físicos o mentales graves.
El objetivo del trabajo fue comprender cuáles son las violencias asociadas a la práctica del aborto inducido entre las mujeres tseltales y tsotsiles de la región socioeconómica denominada “Región V Altos Tzotzil Tzeltal” del estado de Chiapas, que permitan dar cuenta de las realidades en las que las mujeres de esta región llevan a cabo dicha práctica.
A partir del posicionamiento de la antropología del nosotros y de la investigación comprometida, este trabajo es de corte cualitativo. Las violencias a las que se enfrentan difícilmente se pueden vislumbrar de manera aislada y sin duda obstaculizan el acceso a un aborto seguro, señala la autora, en referencia a las condiciones de pobreza y marginalidad.
Antecedentes
En 2014, el Congreso del Estado de Chiapas conmutó la pena del delito de aborto hacia la “atención integral con perspectiva de género”, lo que significa que al día de hoy las mujeres no pagan con pena privativa de libertad, pero sigue considerándose a las mujeres como “sujetos activos” en la comisión de un delito. Esto significa que en Chiapas el aborto no es legal.
Según el código penal del Estado de Chiapas: Artículo 178.- Comete el delito de aborto el que, en cualquier momento de la preñez, cause la muerte del producto de la concepción, aunque ésta se produzca fuera del seno materno, a consecuencia de la conducta realizada.
Artículo 179.- A los médicos cirujanos, comadronas o parteras, enfermeras y demás personas que intervengan en la práctica del aborto, con consentimiento pasivo o la induzcan a otorgarlo, se les impondrá la sanción de 1 a 3 años de prisión, con suspensión de la profesión, cargo u oficio, por el término de la duración de la pena.
A los médicos cirujanos, comadronas o parteras, enfermeras y demás personas que intervengan en la práctica del aborto, sin consentimiento de la paciente o esta fuese menor de edad sin consentimiento de los padres o tutores, la sanción será de 3 a 6 años y si mediare violencia física o moral, de 6 a 8 años de prisión, con suspensión de la profesión, cargo u oficio, por el término de la duración de la pena.
El aborto no es punible en Chiapas:
No es punible el aborto cuando el embarazo sea consecuencia de violación, si éste se verifica dentro de los noventa días a partir de la concepción o cuando la madre embarazada corra peligro de muerte, o pueda determinarse que el producto sufre alteraciones genéticas o congénitas que den por necesario el nacimiento de éste con trastornos físicos o mentales graves, previo dictamen del médico que la asista, oyendo el dictamen de otros médicos especialistas, cuando fuere posible y no sea
peligrosa la demora.
Violencia contra las mujeres
En México la investigación acerca de la violencia contra las mujeres se inició después de la década de los noventa. Un estudio sobre estados de alta marginación, entre los que se ubica Chiapas, encontró una prevalencia de violencia durante el embarazo -probablemente subestimada- es de 13 por ciento, levemente inferior a la registrada en el país de 15 a 33.5 por ciento.
La violencia se funda entre las mujeres sin escolaridad, entre las que sufrieron violencia en su infancia y entre las que no tenían pareja. Información posterior de ocho regiones indígenas recabada por la Encuesta Nacional sobre Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas (Ensademi) reveló que en la región de los Altos en Chiapas se presentaban los indicadores mayores y más severos sobre violencia de género.
Aunque no se ha investigado la asociación entre la historia de violencia y la intención de embarazo, la información disponible revela que existe una continuación entre el maltrato sufrido en la infancia y en la adultez, y que la gestación raramente la inicia el proceso de violencia.
Parteras asociadas al apoyo y acompañamiento
La maestra Geicel Llamileth Benítez Fuentes y la doctora Georgina Sánchez Ramírez, tras una investigación para indagar ¿Cuál es la perspectiva de parteras tradicionales capacitadas en la práctica del aborto con medicamento con respecto a sus experiencias? Y ¿cómo le hacen, sabiendo que es una práctica punible en este estado? Hallaron que las parteras tradicionales tienen la capacidad de adquirir e incorporar en sus prácticas otras formas de conocimientos desde la biomedicina como lo es el uso de medicamentos para la interrupción segura del embarazo, de acuerdo a los estándares de aborto seguro de la OMS.
Encontraron que las parteras tradicionales capacitadas y apoyadas en el suministro de los medicamentos necesarios para las interrupciones, por organizaciones civiles en Chiapas, se han posicionados sobre las necesidades de salud que enfrentan las mujeres de las comunidades originarias.
Ellas viven tensiones y conflictos por ser parteras en la atención de casos de aborto inducido, no sólo por ser una práctica penalizada, sino también, por las implicaciones sociales que esto les conlleva (ser estigmatizadas); sin embargo, ellas actúan en consecuencia con las necesidades de las mujeres que las buscan, realizando abortos seguros en sus regiones de trabajo.
Por otra parte, las parteras de esa investigación han desarrollado una habilidad de atención que puede ser considerada vanguardista y compasiva a la vez, y es necesario mencionar, que, aunque ellas se sienten orgullosas de su principal trabajo que es la atención de partos, la asistencia a abortos inducidos es manejado como una necesidad humana, y que en muchos de los casos la empatía y la sororidad las convierte en agentes integrales de la salud, en regiones con alta vulnerabilidad.
Las investigadoras, en este entorno sostienen que para las parteras entrevistadas es fundamental el apoyo de organizaciones civiles en cuanto a capacitación y suministro de medicamentos para las interrupciones seguras en tanto que el Estado mexicano no garantice la no punibilidad del aborto y la práctica segura del mismo.
