- A más presencia de mujeres en la toma de decisiones políticas y públicas, más violencia
- La violencia inicia antes de ser candidatas, dice consejera del IECM
Elda Montiel
SemMéxico, Cd. de México, 10 de febrero 2020.- Las mujeres en el ejercicio de cargos públicos es cuando más violencia política sufren, señaló Gabriela Williams, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), tras reconocer que si bien hay una mayor presencia de mujeres en la toma de decisiones de la ciudad esto ha traído como consecuencia mayor violencia y discriminación por razones de género.
Esta situación se ha documentado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, por lo que destacó que ser mujer en política implica desafiar una serie de obstáculos y resistencias, incluso, desde antes de tomar la decisión para contender.
Consideró necesario enfatizar: “Cómo viven las mujeres, en cada uno de los momentos de su trayectoria política” para fortalecer los mecanismos y acciones institucionales para su prevención, atención, sanción y erradicación.
En su participación en el Foro “Los Derechos Humanos de las mujeres frente al 2020”, en el marco del 4º. Aniversario de las Constituyentes Feministas CDMX en el Palacio Legislativo de San Lázaro, destacó que estas expresiones de violencia se han visibilizado a raíz de las acciones afirmativas, como el incremento de las cuotas y más cuando se reconoció la Paridad como un principio constitucional.
La consejera dijo que han sido objeto de violencia política en razón de género, presidentas municipales, diputadas y senadoras, y explicó que hay sentencias importantes como la de septiembre de 2019 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordenó al IECM a diseñar un protocolo ante la violencia política de género, de la que fue víctima la excandidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), María Rojo durante las elecciones para alcalde en 2018 en Coyoacán.
En tiempos electorales, explicó, el Protocolo permite identificar si un candidato incurrió en violencia política de género y con ello perder el requisito de honorabilidadque pide el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México para participar en la contienda por un cargo de elección popular.
En este sentido, señalo que van de la mano con la iniciativa de las Constituyentes Feministas CDMX, 3 de 3 contra la violencia, para que toda persona que busque ocupar un cargo público por elección, designación o concurso, deba cumplir como requisito obligatorio no ser deudor de pensión alimenticia, no ser acosador sexual y no ser agresor por razones de género.
La funcionaria del IECM señaló que la violencia política en razón de género se incrementa a partir de la implementación de las cuotas, es decir, cuando hay una mayor presencia de mujeres en la toma de decisiones públicas y agregó que investigaciones, registros y sentencias electorales muestran que, en el ejercicio de cargos públicos, las agresiones aumentan.
Informó que desde los Organismos Públicos Electorales Locales se han diseñado e implementado diversas herramientas, algunas de ellas en sintonía con el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y como ejemplo, mencionó la publicación del Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, 2016 y 2017.
Otros son los Observatorios de Participación Política de las Mujeres y la Red de Comunicación entre las Candidatas a cargos de elección popular u organismos públicos locales para prevenir y dar seguimiento a casos de violencia política de género.
Entre los retos para el tratamiento de la violencia política contra las mujeres, mencionó que es el revisar y ajustar el marco normativo, pues si bien las leyes contemplan sanciones, estas no han podido ser puestas en operación; y aseguró que se deben conocer los datos estadísticos y cifras oficiales de violencia, para dimensionar el problema y con ello evaluar el alcance de las políticas y mecanismos.
También se debe estipular de manera específica cuales son las expresiones de violencia y discriminación contra las mujeres que constituyen delito y buscar la capacitación permanente de las autoridades competentes.
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