Por: Natalia Vidales Rodríguez
SemMéxico. Sonora. 12 de agosto, 2020.- Algunas personas confían en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación “meterá en cintura” al Presidente de la República enderezando el rumbo del abismo al que está llevando a México.
Se trataría de darle reversa a un sinfín de leyes, decretos y demás disposiciones nocivas de su ocurrencia, y que están demandando detener desde la Corte tanto partidos políticos de oposición, como ONG´s, personas o empresas en lo particular, e incluso –y en aparente paradoja– dependencias del propio gobierno.
En la Suprema Corte se encuentran, pendientes de resolverse, diversas controversias constitucionales y miles de amparos que van en contra, por ejemplo, desde la Ley de Educación, hasta la Ley de la Guardia Nacional, pasando por decenas de otras, como la Ley de Remuneración de los Funcionarios Públicos ( aquella de que ninguno de ellos puede ganar más que al Presidente de la República), y amparos para revertir la cancelación del nuevo aeropuerto de la CDMX o contra la construcción del nuevo en Santa Lucía, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí que AMLO dijera que ningún régimen anterior había enfrentado tantos amparos como el suyo.
Parecería que la oposición, sin mayor fuerza en el Poder Legislativo ( donde el Congreso de la Unión tiene mayoría afín al mandatario) y a la baja en el ánimo popular, ha volteado al Poder Judicial para ver si ahí logran detenerlo.
Algunos de las y los demandantes ante la Corte han obtenido la suspensión de los actos reclamados, por ejemplo la concedida a miles de funcionarios para seguir recibiendo sueldos superiores al del Presidente (entre otros los propios y mismísimos ministros de la Suprema Corte y demás jueces y funcionarios del Poder Judicial); o las que lograron cientos de estancias infantiles para continuar recibiendo los subsidios cancelados por AMLO; o la que logró la Comisión Reguladora de Energía para que se obligara a la Comisión Federal de Electricidad a respetar los contratos con las empresas generadoras de energías limpias; y otros más. Pero en la inmensa mayoría de los casos, las leyes ( la de Educación, la de la Guardia Nacional, por ejemplos) se aplican desde su promulgación y su suerte se resolverá — algún día– en una sentencia definitiva (para sostenerlas o para darle “palo” al Presidente).
Por otra parte el nuevo gobierno se ha cuidado de reformar primero la Constitución (aprovechando su mayoría parlamentaria) y emitir posteriormente las leyes secundarias que son las impugnadas, evitando así la tacha de inconstitucionalidad, si recordamos que la Suprema Corte solo revisa si la ley se ajusta o no a la carta magna y, siendo así, aunque sea inconveniente es la ley y punto. Por ejemplo, la reciente reforma a las leyes penales que impusieron la prisión preventiva oficiosa a innumerables delitos, despreciando la presunción de inocencia, está soportada en las modificaciones al artículo 19 de la Constitución que se hicieron el año pasado, así que, la corte no podrá anularlas.
Por lo demás, lo primero que los ministros revisan –y que suelen encontrar– son causales de improcedencia de las demandas por errores o fallas de procedimiento para desecharlas sin estudiar el fondo del asunto, así como demorarse tanto en el dictado de las ejecutorias que para cuando se dan, las leyes impugnadas ya causaron la mayoría de sus nocivos efectos.
Lo anterior, sin contar con que a AMLO solo le falta un ministro incondicional más en la Suprema Corte para bloquear cualquier sentencia importante en contra de su gobierno ( permitiéndose, para simular su independencia, que se concedan las de menor calado).
