De la redacción

SemMéxico/SEMlac. Cuba. 30 de noviembre de 2021.- Aunque Cuba vive un momento favorable para visibilizar, prevenir y atender las violencias basadas en género, aún queda mucho por hacer para ofrecer la atención de calidad que requieren las víctimas, lo cual pasa por asumir la investigación y la atención a este fenómeno sin sesgos ni omisiones.

Así lo considera la psiquiatra Ada Alfonso, especialista del Centro Nacional de Educación Sexual, quien se refiere a las fortalezas y debilidades que tiene el escenario cubano para el estudio de este problema social, de salud y de derechos, al cual muchas veces se mira solo desde una perspectiva heteronormativa y heterosexista.

¿Qué aspectos limitan hoy el acercamiento desde la ciencia a las violencias basadas en género?

La principal debilidad está en el propio imaginario de investigadores e investigadoras, en el sentido de considerar que la violencia de género es solamente aquella que se dirige a las mujeres, por ser mujeres. Por tanto, se apegan a un patrón heteronormativo, heterosexista, y no consideran todos los elementos que están detrás de esas construcciones de género que hacen que esta violencia sea una violencia estructural, que podemos rastrear en las distintas poblaciones y momentos de su curso de vida.

La omisión de no ver las violencias de género que se dirigen a las mujeres lesbianas, las mujeres trans, los hombres trans, la que se dirige a los hombres que también construyen su orientación sexual homosexual, es una omisión que tenemos que discutir, debatir y que permitirá tener una comprensión mucho mayor de lo que hoy consideramos las violencias de género.

En el país existen distintos polos de investigaciones que permiten indagar sobre cuestiones relativas a las violencias que se dirigen hacia las personas trans, las mujeres lesbianas y también hacia los hombres homosexuales. Sin embargo, creo que todavía en el imaginario de quienes investigan está la idea de que son las mujeres específicamente, y particularmente las niñas, quienes más sufren estas situaciones.

¿Cómo se comporta, en el caso de las mujeres lesbianas y trans?

Me llama la atención — tanto como investigadora del tema como cuando revisamos las investigaciones relacionadas con la encuesta que se realiza desde el Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, donde se aborda el tema de las personas con VIH— el elevado número de personas con VIH que refiere sufrir situaciones de violencia en los escenarios de pareja.

También llama la atención en nuestros estudios, que se basan en la metodología de la investigación acción y donde se usan técnicas de investigación como la entrevista, la entrevista en profundidad, los grupos focales y técnicas de análisis cualitativo, cómo la violencia está presente en el curso de vida de las personas trans.

Pero cuando revisamos específicamente la situación de las mujeres lesbianas, nos percatamos de que, a partir de la adolescencia, cuando comienzan a descubrir su orientación afectiva-erótica, también sufren situaciones de abandono familiar, violencia en el escenario familiar, específicamente de las madres, de las hermanas, que no comprenden por qué se interesan por otras mujeres, por qué las desean amorosamente.

Eso que en nuestras investigaciones hemos descrito como un borramiento de la vida familiar en las personas trans, también se presenta cuando la familia nunca más habla de la orientación sexual, ni del malestar o el bienestar que le produce a la mujer, en este caso a la mujer lesbiana, la salida del clóset. Es un tema que se silencia, que prácticamente está invisible.

De manera general, las formas de violencia que más se expresan tienen que ver con la violencia psicológica, con la discriminación en distintos escenarios de la vida social; pero en algunos casos también con la violencia física y la sexual por parte de la pareja. En el caso de las mujeres lesbianas, también por parte de hombres que piensan que con poseerlas, violarlas, vulnerar sus cuerpos… pueden cambiar su orientación erótica del deseo.

¿Cómo cambiar ese escenario, con qué fortalezas contamos para ello?

La principal fortaleza que existe en nuestro país es la voluntad política. Hoy con mucha claridad podemos distinguir los esfuerzos que está haciendo el Estado, el Gobierno, las organizaciones como la Federación de Mujeres Cubanas, para hacer visible primero, para prevenir y atender después, todas las formas de violencia basada en género.

Eso se manifiesta en el Programa de Adelanto de las Mujeres, en la aprobación de la Estrategia de atención a la prevención y atención de la violencia basada en género y otras formas de violencia.

Igualmente, se expresa en contextos donde nuestro trabajo se socializa, como es la reunión de investigadores organizada desde el Centro Oscar Arnulfo Romero, con la Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el Estudio de la Sexualidad (Socumes) y el Centro Nacional de Educación Sexual, que devela toda la fortaleza que hay en cuanto a resultados científicos de larga data, como los presentados en esa reunión.

En cuanto a la orientación y atención, creo que en el país se dan pasos para la atención en todos los servicios y en los distintos niveles de las instituciones que deben dar una respuesta a la violencia basada en género.

También se avanza en este momento en una protocolización de la atención a estos casos. Es algo que considero será excelente, además de ser un desafío, por todo lo que representa poder colocar en los diferentes servicios de atención protocolos, algoritmos, guías para que quienes los brindan puedan establecer y seguir una ruta de atención que garantice no solo atención de calidad, sino también la inserción social de estas personas que, por razones de violencia, de discriminación, pueden estar aisladas socialmente y no contar con una red de apoyo que les permita transitar desde el lugar de víctimas al lugar de sobrevivientes, con autonomía para la toma de decisiones.

¿Qué más es posible hacer?

Creo que, en el caso de las personas trans y de las mujeres lesbianas, todavía queda por hacer en la formación de los recursos humanos, porque consideramos que la atención que se ofrece a las víctimas tiene que estar centrada en la persona, por lo tanto, tiene que estar basada en derechos humanos.

Aún es necesario fortalecer los currículos, los planes de estudio de los especialistas que deben brindar esa atención. Todavía nos encontramos, por ejemplo en el sector salud, que existen límites, barreras para la atención, que los profesionales no se sienten totalmente preparados para comprender la situación que viven las mujeres lesbianas, las personas trans.

Por lo tanto, fortalecer la formación y capacitación de recursos humanos de los distintos sectores creo que es la vía para garantizar servicios de calidad dirigidos a todas las personas. Pero también a quienes tengan necesidades específicas de atención por su orientación sexual o por su construcción de identidad de género.

Asimismo, en materia de atención, es necesario cuestionar esa mirada que focaliza a las mujeres como víctimas de violencia. Hoy conocemos que las mujeres pueden ser víctimas de violencia de género, pero también sus hijos, hijas y personas a cargo, quienes están en el campo donde suceden estas situaciones y también son víctimas. Cualquier servicio que se brinde en la atención a la violencia de género tiene que tomar en cuenta a esas otras víctimas, que han sido nombradas como víctimas indirectas de la violencia, pero que realmente son víctimas directas, porque tienen impacto en su salud, su vida social, escolar y en todos los aspectos que tienen que ver con sus relaciones sociales.

Por Mercedes Alonso

SemMéxico/SEMlac. Santo Domingo. 30 de noviembre de 2021.- Precisamente en la fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como tributo a la memoria de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, brutalmente asesinadas en 1960 por el régimen del dictador Rafael Trujillo, la Organización de Naciones Unidas (ONU) señaló que «la violencia contra mujeres y niñas continuó (y continúa) siendo un grave problema a nivel mundial».
La fecha ha constituido acicate para intentar resultados con campañas tales como: «ÚNETE para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres», y otras políticas y acciones contra la violencia de género, que comienza cada 25 de noviembre y concluye los 10 de diciembre, en coincidencia con el Día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

No obstante, y pese a los múltiples esfuerzos por lograr estos cometidos y visibilizar, al fin, una verdadera concienciación sobre el problema, en el mismo escenario donde las tres patriotas dominicanas marcaron un hito con sus actitudes y entrega de sus propias vidas, la violencia contra la mujer mantiene a la República Dominicana como el país con la tasa más alta de feminicidios en Latinoamérica.

Como «papa caliente»
Aún se escuchan las voces de los grupos feministas, que llegaron desde todos los rincones del país, el pasado mes de marzo, y acampados frente al Palacio Nacional, exigieron el respeto de los derechos constitucionales a la vida, la salud y la integridad de las mujeres, y que el Estado dominicano cumpliera con su compromiso de garantizar que se incluyera el aborto en el Código Penal, bajo las tres circunstancias específicas: cuando la vida de la madre peligra, si la criatura tiene malformaciones incompatibles con la vida, y si ha sido procreada como consecuencia de una violación o incesto.

Sin embargo, el 25 de noviembre, la prensa nacional informó que el Senado aprobó el proyecto de Código Penal sin que se cumpliera el compromiso asumido en campaña por el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), de tener en cuenta dichas causales del aborto.

La historia se repite una y otra vez. Ahora, la pieza irá a manos de los legisladores en la Cámara de Diputados y, sin duda, llegará hasta el presidente Luis Abinader, la denominada «papa caliente»; así que el mandatario tendrá bajo su responsabilidad la toma de decisiones que involucra argumentos planteados durante su campaña presidencial. Que haya manifestado que no va a interferir en el proceso legislativo, no le resta la responsabilidad que la sociedad dominicana espera de él.

El movimiento por las tres causales prosigue y sus convocatorias no cesan a todo lo largo y ancho del país. Además de las acostumbradas actividades que incluyen homenajes a las «Mariposas» en la Casa Museo Hermanas Mirabal, y ofrendas florales donde reposan sus restos, instituciones y diversas organizaciones realizaron charlas, caminatas, conferencias y protestas en contra de la violencia de género y la tardanza en la aprobación de este Código Penal, que ha dormitado durante 16 años en el Congreso por el tema del aborto, y cuyas tres causales han sido la excusa para no modernizar un texto que alcanza los 137 años.

Los feminicidios ascienden
Según el informe de ONU Mujeres, la pandemia del covid-19 ha influido en la inseguridad de las mujeres y el incremento de la violencia en su contra: «La pandemia de covid-19, que exigió medidas de aislamiento y distanciamiento social, dio paso a una segunda pandemia de violencia en la sombra contra mujeres y niñas, ya que a menudo se encontraban confinadas junto con sus maltratadores. Estos nuevos datos subrayan la urgencia de llevar a cabo esfuerzos concertados para poner fin a esta situación», afirmó la directora ejecutiva de dicha organización, Sima Bahous.

En la nación dominicana, más de 70 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año. Los denominados feminicidios íntimos ascienden a 57 en 2021, 12 más que en el 2020, y 63 menores han quedado huérfanos.

Sonia Vásquez, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), considera que están pendientes diferentes puntos, como «la prevención en el abordaje integral de la violencia…una deuda que tiene este país, seguimos trabajando a retazos, sin un abordaje integral», dijo en conferencia ofrecida para la Fundación Vida sin Violencia, publicada por el periódico Diario Libre el pasado 25 de noviembre.

Vázquez enumera, además, el «derecho a una vida libre de violencia», que «continúa siendo un asunto pendiente, debido a los desafíos culturales de carácter político, social, económico, cultural y jurídico».

Para la especialista, medir la prevalencia de violencia; elevar el nivel de confianza en las instituciones para que, al momento de poner la denuncia, esta no se caiga; acabar con la estigmatización de la sobreviviente y garantizar la restitución de sus derechos; unido todo ello a la necesidad de tener un marco legal, que permita complementar los esfuerzos gubernamentales, forman parte de estas respuestas integrales que deben asumirse ante la violencia y que debe formar parte de la política del Estado y no ser prioridad solo para las organizaciones de la sociedad civil, afirmó la representante de UNFPA.

La realidad muestra que, pese a los esfuerzos, la disminución de la violencia de género, con los feminicidios como realidad extrema, reflejan una inefectividad en las políticas asumidas por el Gobierno, el Estado, el Ministerio de la Mujer e instituciones estatales y gubernamentales responsables en lograr esta transversalidad de las políticas de género.

Conmemorar el 25 de noviembre con otros matices de la realidad nacional, continúa como verdadero desafío de la República Dominicana a la memoria de las Hermanas Mirabal.

Por Dixie Edith

SemMéxico/SEMlac. La Habana, Cuba. 29 de diciembre de 2021.- La adolescencia y la juventud en Cuba son diversas, plurales y heterogéneas, pero comparten características comunes, entre ellas la persistencia de estereotipos machistas. Sin embargo, ese abanico de opiniones, que varía según territorio, grupo social, nivel educacional, entre otros determinantes, muestra señales de avance. Lo confirma la actualización de un estudio sobre los imaginarios sociales juveniles acerca de la violencia por razones de género, realizado en 2017 por el Grupo de Estudios de Juventudes, del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS) en colaboración con el Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR).

La socióloga María Isabel Domínguez, coordinadora del equipo del CIPS, considera que ese avance está directamente relacionado con una mayor visualización y trabajo para la atención de esta problemática, tanto desde el punto de vista comunicacional, como de las políticas públicas y las normativas jurídicas. “Eso va a contribuir a continuar profundizando la transformación de imaginarios tradicionales relacionados con la violencia de género”, aseguró.

La investigación de 2017 confirmó la presencia de mitos y estereotipos patriarcales en la juventud. ¿Se ha modificado esa situación? ¿Cuáles son los principales puntos de giro según los estudios más recientes?

Es alentador que los resultados, en esta ocasión, muestran mayor reconocimiento de aquellos imaginarios que sustentan relaciones de poder basadas en género en las juventudes estudiadas. También una identificación de expresiones que dan como resultado el control de los cuerpos de las mujeres y de los prejuicios acerca de las orientaciones sexuales y las identidades de género diversas; así como de aquellos elementos que justifican y naturalizan comportamientos violentos. Sin embargo, hay que destacar que se mantienen diferencias entre hombres y mujeres en ese avance, ellos con mayores proporciones entre quienes sostienen las visiones más tradicionales.

En sentido positivo, se aprecia mayor conciencia de las desigualdades entre hombres y mujeres; menor aceptación del rol de cuidadora per se para ellas y un reconocimiento mayor de que las tareas del hogar y la familia son también responsabilidad de los hombres. Se encontró, igualmente, menor aceptación de los celos como prueba de amor y la legitimación del derecho de ellas a tomar sus propias decisiones respecto a apariencia, sexualidad y relaciones con otras personas, como amigas o amigos. Con matices y contradicciones, es decir, no de una manera totalmente aceptada ni lineal, se apreció un mayor reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTBIQ+ a expresar su sexualidad y a ser respetada.

¿Qué imaginarios mostraron mayores cambios en relación con 2017?

Me gustaría llamar la atención sobre uno en particular, el referido a la condición de madre de la mujer como algo inherente a su condición femenina. Está claro que este no es un resultado que se pueda generalizar a toda la población, pues aquí está influyendo el hecho de que en la muestra hubo una proporción elevada de mujeres estudiantes universitarias, que son el grupo social que tiene una menor y más tardía fecundidad, con lo cual para ellas la maternidad es una opción y no una obligación. Pero, aun cuando el dato no se pueda generalizar como un cambio de imaginarios a nivel social, sí va marcando una pauta en su transformación, por lo menos en determinados grupos.

En tanto, entre las cuestiones en las que se apreció menos avance está el peso que aún conserva la aceptación del piropo, visto como algo propio de la cultura popular y con una práctica muy arraigada. Aunque se rechazan las ofensas, en general hay un condicionamiento a que, si los piropos son bonitos, estimulantes, pues son aceptados y bien vistos.

También, entre aquellos elementos que conservan cierto peso, está el responsabilizar a las mujeres que sufren acoso por su forma de vestir y de comportarse, con lo cual se justifican las conductas masculinas. Hay una contradicción entre el hecho de expresar que las mujeres deberían vestirse como quisieran, frente a la consideración de que hacerlo de determinada manera estimula que puedan ser discriminadas, acosadas e incluso violentadas.

En general, se avanzó en considerar muchos comportamientos como controladores y violentos en mayor proporción que en el estudio anterior. Sin embargo, eso no ocurrió de igual manera con algunas prácticas relacionadas con el uso de las tecnologías.

En síntesis, hay pasos de avance, transformación de imaginarios sobre todo en grupos sociales como las mujeres jóvenes, en particular las estudiantes de determinados niveles educativos. También se aprecian avances en grupos de jóvenes varones, lo cual significa una fortaleza. Sin embargo, quedan brechas de género, insuficientemente documentadas, como las referidas a otros grupos ocupacionales y otros territorios.

¿Se han profundizado las diferencias por regiones y zonas de residencia vinculadas a la socialización de género?

Identificar si hay diferencias sustanciales entre regiones hubiera requerido una profundización mayor del estudio entre zonas urbanas centrales, que fue donde se concentró el trabajo, y otras zonas periurbanas, rurales, donde podrían estarse dando otras expresiones de estos imaginarios. Pero, desafortunadamente, no fue posible llegar allí. Este trabajo se realizó en la etapa de confinamiento por la pandemia y estuvo centrado en la capital y en otras capitales de provincia.

Las diferencias fundamentales encontradas están más asociadas a los grupos sociales de pertenencia, teniendo en cuenta que estos imaginarios tienen un peso fuerte entre jóvenes con nivel educativo medio superior e incluso superior.

¿Y en la comunicación y consumo de información?

Como decía antes, hay un mayor consumo de tecnologías de comunicación y mayor acceso a información por diferentes vías, incluso se constató que una parte significativa de la muestra tenía presencia activa en las redes sociales. Sin embargo, solo alrededor de la mitad de las personas jóvenes entrevistadas pudo identificar, por ejemplo, la presencia de campañas como Evoluciona y otros productos comunicativos como las series Rompiendo el silencio.

Otra cuestión significativa es que, aunque tienen vida activa en las redes sociales, no siempre las utilizan para un activismo en relación con la promoción de los derechos de las mujeres y de la prevención de formas discriminatorias y violentas de manifestarse.

Redacción

SemMéxico/SEMlac. Matanzas, noviembre. 29 de noviembre de 2021.- La respuesta integral a la violencia basada en género requiere pasar de la atención de los episodios violentos, a transformar las causas y condiciones que los generan, señalaron especialistas en la IV Reunión de Investigadores/as “Construyendo políticas basadas en evidencias científicas”, realizada del 22 al 26 de noviembre en Matanzas, a unos 100 kilómetros de la capital.

También abogaron por colocar la mirada en la prevención, con especial énfasis en la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y articular esfuerzos en los entornos comunitarios.

Tanto las investigaciones como las experiencias sistematizadas de proyectos comunitarios y de servicios presentados en el encuentro, destacaron la prevalencia y la permanencia de la violencia de género en los diferentes ámbitos de la vida.

Participantes en el intercambio identificaron como nodos críticos la necesidad de llegar a consensos relacionados con las principales conceptualizaciones de violencia de género.

“Se impone que en Cuba arribemos, o al menos nos aproximemos, a consensos epistémicos de qué estamos entendiendo por violencia basada en género”, consideró el jurista Manuel Vázquez Seijido, subdirector del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), una de las instituciones convocantes a la cita, junto al Centro Oscar Arnulfo Romero y la Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el Estudio de la Sexualidad (Socumes).

“Este no es un tema eminentemente académico, porque va a depender de cómo dibujemos el fenómeno y las estrategias de atención. Si yo tengo una visión limitada, voy a impulsar una respuesta limitada a la problemática”, precisó Vázquez Seijido

Para la socióloga Clotilde Proveyer Cerates, si bien aproximarse a definiciones más integrales del fenómeno es un reto, “no hay duda de que la violencia de género es una violencia patriarcal, sexista y que se ejerce hacia todo aquello que atenta contra esa dominación patriarcal”, dijo.

De acuerdo con la experta, es necesario profundizar en los enfoques intersectoriales e interseccionales, para lograr análisis propicios sobre las desigualdades como origen de estas violencias basadas en género.

“Estamos hablando de un fenómeno que tiene que ver, sobre todo, con las desigualdades de poder. Por lo tanto, es importante tener en cuenta  la violencia estructural y la simbólica, que es la que objetiviza esa violencia estructural, para poder identificar las diferentes desigualdades y los sistemas de opresión que transversalizan el ejercicio de la violencia basada en género”, consideró la socióloga Iyamira Hernández Pita.

Igualmente, dijo, no se pueden perder de vista todos los elementos que están alrededor del control -sobre los cuerpos- y en particular los aspectos que tienen que ver con la interseccionalidad, un enfoque que nos ayuda también a ubicar esos sistemas de desigualdades y las capas de vulnerabilidades que ellos generan, asociadas al color de la piel, la territorialidad, el sexo, la edad, las migraciones, la feminización de la pobreza, entre otros determinantes, dijo la especialista.

Conocer la realidad para cambiarla

A juicio de la pedagoga Yoanka Rodney Rodríguez, “visibilizar el fenómeno de manera consciente y activa es un desafío. Hay una brecha entre los altos decisores y la voluntad política, y la base, pues en el intermedio hay otro grupo que no es consciente de la necesidad de la transformación y de aceptar que es una realidad que existe.

La integración de aristas y miradas que permitan conocer mejor el fenómeno desde las diferentes áreas de investigación es todavía una deuda en la investigación de esta temática, consideró.

Para la jurista Ivón Calaña Pérez, la carencia de estadísticas oficiales sobre esta problemática contribuye a que no se advierta toda su magnitud y que los análisis sean limitados.

La socióloga Raida Semanat Trutié llamó la atención sobre la urgencia de miradas intencionadas al tema desde las poblaciones infantiles, de adolescentes y jóvenes como víctimas, pero también como potenciales reproductores de conductas aprendidas y aprehendidas en las interacciones que establecen con figuras adultas, que reproducen estereotipos y violencia.

“Se debe poner énfasis en la significación de las familias en la educación de sus integrantes y también en las dinámicas que tienen lugar en las relaciones de pareja que establecen adolescentes y jóvenes en la actualidad, en las que se reproducen interacciones violentas”, sostuvo.

Las y los especialistas concordaron en que los servicios de orientación jurídica son escenarios y propicios para el asesoramiento y acompañamiento de las víctimas de violencia de género; en tanto la articulación de los actores académicos y de la sociedad civil es una buena práctica en la formación de recursos humanos locales y comunitarios, y en el diseño e implementación de metodologías para el diagnóstico, atención y acompañamiento de las víctimas de violencia de género.

Yailyn Rosales, socióloga del Cenesex, insistió en velar por la calidad de los servicios que se brindan en este acompañamiento y la inclusión de otras poblaciones o grupos sociales, como es el caso de los hombres, niñas, niños y adolescentes y personas con sexualidades no heteronormativas.

De igual modo, explicó la jurista Ivón Calaña, las rutas hacia la atención integral de la violencia de género tienen que pasar por la sensibilización y capacitación de operadores del Derecho, agentes del orden público, personal de salud, trabajadores sociales y demás actores sociales que deben formar parte del engranaje necesario para la atención y acompañamiento a las víctimas, y que redunde en la reivindicación de sus derechos.

“Es preciso potenciar en las personas patrones generadores de bienestar e incentivar debates en torno al cuidado de los cuerpos desde edades tempranas”, añadió.

En el encuentro se habló de la relevancia de actualizar y perfeccionar las normas jurídicas para el tratamiento efectivo de las violencias y formas de violencias en los escenarios donde se producen y reproducen.

“Los procesos que se están realizando en torno al nuevo Código de las Familias, las leyes de proceso penal y la ejecución de sanciones van a ayudar a prevenir la violencia y a atender no solo a las víctimas y sobrevivientes, sino también a los hombres, otro reto grande que tenemos”, apuntó Hernández Pita.