SemMéxico. Ciudad de México, 25 de noviembre de 2021.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresa su pleno respaldo a las defensoras de derechos humanos Ana Lorena Delgadillo y Mercedes Doretti, así como a la periodista Marcela Turati, frente a los actos de investigación en su contra por delincuencia organizada y secuestro, dados a conocer esta semana.
De acuerdo a la información recibida, en 2015 la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República, ordenó realizar actos de investigación sobre las señoras Delgadillo, Doretti y Turati que implicaron la recopilación de información sobre sus comunicaciones telefónicas y su geolocalización, haciendo uso de los instrumentos legales establecidos para el combate a la delincuencia organizada en México. Estos hechos se habrían extendido al menos entre febrero de 2015 y abril de 2016.
El 4 de septiembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Convenio de Colaboración para la identificación de restos localizados en San Fernando, Tamaulipas, y en Cadereyta, Nuevo León, entre la PGR y 12 organizaciones, entre ellas el Equipo Argentino de Antropología Forense, representado por Mercedes Doretti, y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, representado por Ana Lorena Delgadillo. La ONU-DH participó en calidad de observadora. En este marco y en los siguientes años, incluidos los periodos en que se realizaron los actos antes referidos, las más altas autoridades de la PGR sostuvieron reuniones con las investigadas, en ocasiones en compañía de ONU-DH, y solicitaron su apoyo para el avance en la identificación de las personas asesinadas en las mencionadas masacres.
La ONU-DH reconoce la larga trayectoria y el compromiso con los derechos humanos de las señoras Delgadillo, Doretti y Turati, así como sus importantes contribuciones a la defensa de los derechos de las víctimas y a que se garantice el derecho de toda la sociedad a conocer la verdad sobre hechos terribles como la masacre de San Fernando. La ONU-DH ha trabajado y continuará trabajando en distintos espacios con las señoras Delgadillo, Doretti y Turati, así como con las organizaciones y espacios en los que participan.
Los hechos denunciados afectan directamente a las personas objeto de estos actos, pero también a sus familias, colaboradores e incluso a las víctimas de derechos humanos con las que han trabajado y a las fuentes periodísticas.
La ONU-DH expresa su honda preocupación por la manipulación y el uso indebido del poder punitivo del Estado que supone servirse del marco legal restringido a la investigación de la delincuencia organizada y el secuestro para obtener información personal de las defensoras y la periodista. Es esencial que las autoridades mexicanas envíen a la sociedad una señala clara que estos hechos no son tolerados, mediante una pronta investigación y determinación de responsabilidades en su realización.
Resulta especialmente preocupante que los valiosos recursos y capacidades de investigación del Estado mexicano se desvíen hacia la investigación de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, cuando las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, como las víctimas de la masacre de San Fernando o las de desapariciones, reciben regularmente como respuesta de las autoridades a sus demandas de justicia la falta de recursos para investigar sus casos.
La información hecha pública se suma a la evidencia de uso de software de espionaje Pegasus en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas denunciado desde 2017 y otras denuncias relativas a posibles abusos en el uso de las capacidades de investigación y espionaje del Estado mexicano. Esos hechos ratifican la necesidad de un mayor control y transparencia sobre dichas capacidades para prevenir abusos e ilegalidades que socavan la vigencia de los derechos humanos.
Instamos a las instituciones del Estado mexicano, tanto en el nivel federal como estatal, a identificar todos los casos en los que se haya hecho uso de las capacidades de investigación y espionaje en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a comunicar a todas las personas afectadas estos hechos, así como el alcance de la información recabada y el uso que se dio a la misma. De igual modo, a iniciar investigaciones de oficio que permitan determinar las responsabilidades de quienes ordenaron, permitieron y realizaron este tipo de hechos. Finalmente, a adoptar todas las medidas necesarias para evitar que la repetición de este tipo de hechos en las instituciones del Estado.
SemMéxico, Cd. de México, 25 de noviembre 2021.- Un llamado urgente a poner fin a la violencia contra las mujeres hizo el Senado de la Republica y representantes de organismos internacionales al iniciar los 16 días de activismo contra la violencia de género durante la ceremonia para iluminar de color naranja el edifico del Senado.
En el Día Internacional para Erradicar las Violencias contras las Mujeres se hizo énfasis en que las instancias de procuración de justicia estén bajo el escrutinio público para que acabe la impunidad en las agresiones a las mujeres.
La senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva, llamo a vigilar y establecer un marcaje personal a jueces, fiscales y Ministerios Públicos para que sus resoluciones y sentencias permitan acabar con la impunidad en las agresiones a las mujeres.
“Nos quedan a deber, dijo, por formalismos, falta de sensibilidad, porque no se atreven, por corrupción, porque la corrupción y la impunidad van estrechamente de la mano”.
Refirió que el Senado está certificado con la Norma Oficial para la Igualdad Laboral y No Discriminación, y a nivel interno se tiene el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción para la Violencia de Género, así como la instrucción para el uso de lenguaje incluyente y no sexista.
Mientras que la legisladora Martha Lucia Micher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, destacó que en materia legislativa se ha escuchado la voz de las mujeres y reconoció que falta mucho por hacer, aunque hay avances.
“Creamos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, creamos medidas de protección, mismas que acaban de ser, después de 14 años de vigencia de la Ley, reformuladas”. Legislamos para dar cuerpo a los centros de Justicia de las Mujeres con un marco legal para su existencia.
También se aprobó la legislación en materia de las mujeres con discapacidad en los centros de justicia, paridad, violencia digital y mediática.
Refirió la legisladora que se trabaja en un proyecto para sancionar los ataques con ácido en contra de las mujeres, combatir la trata de personas, impedir los matrimonios forzados, establecer el sistema nacional de cuidados y para garantizar los derechos sexuales y reproductivos.
La comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, (Conavim) María Fabiola Alanís Sámano, afirmó que el Poder Judicial “está quedando a deber”, pues sólo el 2 por ciento de los casos judicializados alcanzan sentencia.
Belén Sanz, representante de ONU Mujeres en México, celebró que el Senado honre a las mujeres luchadoras por los derechos humanos y víctimas, y por aliarse con Iniciativa Spotlight para poner en el centro de la Legislatura de la paridad, la legislación por los derechos de las mujeres enfocadas en erradicar la discriminación en la ley.
Carolina Ramírez sobreviviente de intento de feminicidio y activista, lamentó que nadie diseñe políticas públicas ni presupuestos para las víctimas, porque “nadie les cree” y acaban siendo “incomodas” para las autoridades judiciales; por ello, propuso cambios a las leyes para incluir la literalidad de la tentativa de feminicidio.
El coordinador residente de las Naciones Unidas en México, Peter Grohmann, hizo un llamado urgente para ponerle fin a esta violencia, con el acompañamiento de las víctimas en la construcción de soluciones y reformas legislativas que nos lleven a la cultura de la paz.
Jerome Poussielgue, jefe de Cooperación de la Unión Europea en México, dijo que este bloque apoyará las políticas públicas para generar un cambio social y cultural en las personas, a fin de evitar las agresiones a mujeres.
En el evento también estuvieron presentes Nadine Gasman Zylberman, presidente del Instituto Nacional de las Mujeres; Martha Delgado Peralta, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos; y Lorena Gutiérrez, madre de una niña de 12 años, víctima de feminicidio.
Como parte de esta conmemoración se proyectará un mapping, durante 16 días, en la escalinata principal del Senado, con frases alusivas a la lucha contra la violencia de género, como “No más violencias contra las mujeres y las niñas” y “No se daña a quien se quiere”, entre otras, a fin de que las personas puedan visualizar este problema.
SemMéxico. Ginebra, 25 de noviembre de 2021 (OMS) – La FIFA y la Organización Mundial de la Salud (OMS) se han unido para concienciar sobre la violencia doméstica y apoyar a las personas en situación de riesgo durante los 16 días de activismo contra la violencia de género.
La campaña empieza hoy, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y se prolongará hasta el Día de los Derechos Humanos, el viernes 10 de diciembre.
“La violencia nunca es la respuesta; sobre todo en el hogar, que debería ser un entorno seguro para todos, y en particular para las mujeres y niños”, declaró el Presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
“Es una obligación estatutaria de la FIFA respetar todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente y, como organización, la FIFA siempre se esforzará por promover la protección de estos derechos. La campaña #SafeHome afronta ya su segundo año, y la FIFA seguirá haciendo oír la voz del fútbol para amplificar este mensaje hasta que este tipo de actos dejen de formar parte de nuestra sociedad”.
“La pandemia de la COVID-19 ha agravado muchas desigualdades y problemas de salud, incluida la violencia contra las mujeres”, afirmó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
“Todos debemos unirnos para poner fin a todas las formas de violencia y discriminación. La OMS se complace en formar equipo con la FIFA y las estrellas del fútbol de todo el mundo para ayudar a prevenir la violencia contra las mujeres y los niños, apoyar a las víctimas, y hacer que nuestras sociedades sean más seguras y sanas para todos”.
La violencia contra las mujeres sigue estando dolorosamente generalizada y empieza a unas edades preocupantemente tempranas, según los datos de la OMS.
A lo largo de su vida, una de cada tres mujeres de 15 años o más, alrededor de 736 millones, son víctimas de violencia física o sexual a manos de una pareja, o de violencia sexual infligida por otra persona; una cifra que prácticamente no ha variado durante la última década.
Esta violencia empieza muy temprano: una de cada cuatro jóvenes de entre 15 y 24 años que ha tenido alguna relación íntima ya habrá sufrido ese flagelo a manos de una pareja al llegar a los 25. Los datos indican que es muy probable que la exposición a la violencia de las mujeres haya aumentado durante la pandemia de la COVID-19, debido a los confinamientos y las interrupciones en los servicios de ayuda vitales.
La violencia –en todas sus formas– puede tener repercusiones en la salud y el bienestar de una persona durante toda su vida. Se asocia con un mayor riesgo de sufrir lesiones, depresión, trastornos de ansiedad, embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual (incluida la infección por el VIH) y muchos otros problemas de salud; y conlleva unos costos enormes para los hogares, las comunidades y las sociedades en general.
La campaña #SafeHome, que incluye cinco vídeos y respalda el mensaje de la OMS para poner fin a la violencia contra las mujeres y los niños, se publica en siete idiomas durante los próximos 16 días. La campaña pretende sensibilizar sobre los riesgos, y pone de relieve las medidas que se pueden tomar para prevenir y reducir esos riesgos a través de consejos y apoyo a las víctimas. Asimismo, presenta contenidos que abordan los riesgos relacionados con los agresores y que instan a un esfuerzo adicional por parte de los Gobiernos para apoyar a las personas que se encuentran en una situación vulnerable.
#SafeHome transmite los mensajes de 23 futbolistas de ayer y de hoy, muchos de los cuales ya han expresado previamente su condena de la violencia contra las mujeres y los niños.
Emmanuel Amuneke (NGA) Álvaro Arbeloa (ESP) Rosana Augusto (POR) Vítor Baía (POR) Diego Benaglio (SUI) Sarah Essam (EGY) Khalilou Fadiga (SEN) Matthias Ginter (GER) David James (ENG) Annike Krahn (GER) Rabah Madjer (ALG) Marco Materazzi (ITA) Milagros Menéndez (ARG) Lúcia Moçambique (MOZ) Geremi Njitap (CMR) Asisat Oshoala (NGA) Noemi Pascotto (ITA) Graham Potter (ENG) Mikaël Silvestre (FRA) Kelly Smith (ENG) Óliver Torres (ESP) Clémentine Touré (CIV) Abel Xavier (POR)
Estos jugadores publicarán su contribución a #SafeHome en sus canales de redes sociales, y la campaña también estará presente en las diferentes plataformas digitales de la FIFA y la OMS. Asimismo, se están proporcionando kits multimedia a las 211 federaciones miembro de la FIFA para que se hagan aún más eco de los mensajes en sus territorios.
“Una vez más, hacemos un llamamiento a las federaciones miembro de la FIFA para que publiquen proactivamente datos sobre líneas telefónicas de ayuda y servicios de apoyo nacionales o locales que pueden ayudar a cualquier persona que se sienta amenazada por la violencia”, añadió el Presidente de la FIFA.
“En este sentido, instamos también a nuestras federaciones miembro para que revisen sus propias medidas de salvaguardia utilizando la herramienta FIFA Guardians para garantizar que el fútbol sea divertido y seguro para todos los que practican nuestro deporte; y especialmente para los miembros más jóvenes de la comunidad del fútbol. Esto es lo que representa y defiende la FIFA, y es lo que tiene que defender todo el fútbol”.
Advierte abogada del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Neil Arias Vitinio
Redacción
SemMéxico/CEPROVYSA, Tlapa de Comonfort, Guerrero, 25 de noviembre, 2021.-. No es suficiente con firmar un acuerdo, es necesario ir a las comunidades a hablar con los pueblos, hay que explicarles que casar a niñas y niños tiene consecuencias”.
Así lo dijo la abogada del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Neil Arias Vitinio, quien medió para la liberación de Nayeli, retenida por la Policía de la localidad por negarse a cumplir con el contrato de compra venta estipulado por su familia para su boda.
En la mediación con las autoridades de la comunidad de Joya Real, del Municipio de Cochoapa El Grande, los familiares del joven de 15 años con quien contraria matrimonio obligaban a la familia de Nayeli regresar los 56 Mil pesos que “gastaron” en la ceremonia del arreglo del contrato matrimonial y señalaban agravio por “la ofensa” al huir Nayeli para evitar la boda.
Nayeli se refugió en casa de un amigo que le ayudaría a escapar, ambos fueron encarcelados luego de que la policía Comunitaria buscara hasta encontrar a Nayeli.
La familia de la niña recibiría 200 Mil pesos por la boda.
La intervención del centro de derechos humanos Tlachinollan “no fue fácil” señala la abogada Arias ya que para ésta región el arreglo matrimonial “es natural” y agrega “no hay interlocución del estado”.
Tlachinollan, luego de ser avisada de la detención de la niña y su amigo, dio aviso a la Fiscalía General del Estado, así como a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado, quienes integraron una comitiva para rescatar a Nayeli.
Hace menos de un mes, se presentó en Tlapa de Comonfort, una “estrategia” para prevenir la venta de niñas, misma que no contó con la presencia de Comisarios, interpretes ni recursos económicos.
El Observatorio de Igualdad de Género del organismo regional de las Naciones Unidas entregó hoy las últimas estadísticas disponibles sobre esta verdadera “pandemia en la sombra”.
Redacción
SemMéxico. Santiago de Chile, 25 de noviembre de 2021 (CEPAL) – El feminicidio o femicidio como forma extrema y letal de la violencia de género continúa afectando a miles de mujeres y niñas cada año en América Latina y el Caribe, a pesar de que ha aumentado su visibilidad, la respuesta estatal y la presión ejercida masivamente por los movimientos de mujeres que han expresado su rechazo a la violencia de género en toda la región, alertó hoy la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) al presentar un nuevo reporte.
Al menos 4.091 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 26 países (17 de América Latina y 9 del Caribe) en el año 2020, una disminución de 10,6% con respecto a 2019, cuando se reportaron 4.576 casos, de acuerdo con los datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Comisión, que cada año consolida y actualiza las cifras de femicidios/feminicidios y muertes violentas de mujeres por razones de género proporcionadas por los Gobiernos.
Es importante señalar que el indicador regional es una aproximación porque aún no hay una metodología común para generar estadísticas estandarizadas sobre este delito, explica la CEPAL.
En América Latina, las tasas más elevadas de feminicidio se registran en Honduras (4,7 por cada 100.000 mujeres), República Dominicana (2,4 por cada 100.000 mujeres) y El Salvador (2,1 por cada 100.000 mujeres), aunque estos tres países registraron una disminución respecto a 2019, al igual que Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Paraguay, Puerto Rico y Uruguay.
Honduras pasó de 6,1 feminicidios por cada 100.000 mujeres en 2019 a 4,7 por cada 100.000 mujeres en 2020, mientras que en República Dominicana la tasa bajó de 2,7 a 2,4 y en El Salvador de 3,3 a 2,1.
Argentina, Chile, México y Nicaragua mantuvieron las mismas tasas de feminicidio que en 2019, mientras que Ecuador, Costa Rica y Panamá registraron un aumento en comparación con el año anterior. De ellos, Panamá declaró el incremento más significativo, indica la CEPAL.
En el Caribe anglófono, cuatro de nueve países y territorios con datos disponibles sobre muertes violentas por razones de género registraron un aumento de la tasa por cada 100.000 mujeres entre 2019 y 2020. En Granada subió de 1,9 a 5,5 por cada 100.000 mujeres; en San Vicente y las Granadinas de 0 a 5,5; en Suriname de 1,1 a 2,8; y en Trinidad y Tabago de 2,9 a 3,1. Cabe destacar que ningún país o territorio de esta subregión tiene tipificación del delito de feminicidio o femicidio.
“No nos cansaremos de visibilizar la violencia que afecta a las mujeres y a las niñas de nuestra región a diario y que repercute en la sociedad en su conjunto, pues constituye un obstáculo para el logro de la igualdad y de un desarrollo y una paz sostenibles”, declaró Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra cada 25 de noviembre y que da inicio a 16 días de activismo hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.
En 2021, el llamado se ha hecho todavía más urgente con la ampliación de la campaña “ÚNETE de aquí al 2030 para poner fin a la violencia contra las mujeres”, mediante la cual se busca movilizar a los gobiernos, la sociedad civil, las organizaciones de mujeres, las y los jóvenes, el sector privado, los medios de comunicación y todo el sistema de las Naciones Unidas para abordar la pandemia mundial de violencia contra las mujeres y las niñas.
La violencia feminicida está presente durante todo el ciclo de vida de las mujeres, aunque se expresa con mayor intensidad durante las edades reproductivas, apunta la Comisión.
En términos absolutos, en 18 de los 26 países que informan a la CEPAL, el número más alto de casos de feminicidio en 2020 correspondió al tramo de edad de entre 30 y 44 años (344 mujeres). Las adolescentes y mujeres adultas jóvenes de entre 15 y 29 años representaron el segundo rango con mayor incidencia de feminicidio, con 335 víctimas en 2020. También genera alerta, según la CEPAL, la situación de las niñas y adolescentes de la región: al menos 40 niñas menores de 15 años fueron víctimas de feminicidio.
El feminicidio no afecta solamente a las víctimas directas, sino también a todo su entorno y, en particular, a sus dependientes más cercanos, subraya la Comisión. Al menos 357 niños, niñas y adolescentes, así como otros dependientes, se encontraban bajo el cuidado de las víctimas de feminicidio que se contabilizaron en 2020 en siete países de América Latina: Argentina, Chile, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Uruguay.
Si bien los países de la región han avanzado en la última década en la producción de estadísticas sobre feminicidio, falta fortalecer los sistemas de registro a nivel nacional y estandarizar la información, de manera de contar con mejores datos para el análisis de las características del delito a nivel nacional, así como para mejorar la comparabilidad regional e internacional, sostiene la CEPAL.
La tolerancia social e institucional, la impunidad y la dificultad para acceder a servicios de salud y de justicia oportunos y de calidad, entre otros factores, contribuyen a que todas las formas de violencia contra las mujeres ocurran y se perpetúen, recalca la Comisión.
En este sentido, resulta necesario ampliar la medición y visibilización de otras formas de violencia que forman parte del continuum de la violencia feminicida; en particular, la violencia sexual, que está muy vinculada al feminicidio, pues son habituales los asesinatos de mujeres y niñas que han sido precedidos por actos de violencia sexual ejercidos por perpetradores que no necesariamente tienen o han tenido una relación sentimental o familiar con las víctimas.
El fortalecimiento del marco normativo debe ir acompañado de otros pasos, como la elaboración de planes y programas públicos basados en la evidencia, que incorporen estrategias de prevención y reparación y el fortalecimiento y financiamiento de los servicios esenciales de calidad, además de mejorar el acceso a la justicia.
“Desde la CEPAL destacamos la importancia de que las mediciones sobre violencia contra las mujeres y niñas se constituyan como centrales en el marco de los sistemas de información y las estadísticas oficiales de los países. Hoy, prevenir y hacer realidad el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia es un horizonte impostergable y urgente en la región”, concluyó Bárcena.
Demandan Organizaciones que el tema, se discuta en el Pleno y no en la primera sala, por su trascendencia
Ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat sobre controversia de la panista Laura Rojas: no viola la constitución
SemMéxico/BillieParkernoticias, Cd. de México, 25 de noviembre 2021. –La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá este jueves sobre la constitucionalidad del acuerdo presidencial del uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Los ministros de la Primera Sala discutirán bajo la ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat, la controversia presentada por la diputada panista Laura Rojas, entonces presidenta de la mesa directiva de la Cámara Baja
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debatirá el proyecto que avala el acuerdo emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador a partir del cual ha ordenado la movilización de más de 80 mil soldados en las calles en tareas de seguridad pública, una cifra nunca antes vista.
Será la ministra Margarita Ríos Farjat quien presentará hoy el proyecto de resolución a sus compañeros de la Primera Sala en donde plantea avalar al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues a su juicio, no violó el principio de división de poderes con la publicación del acuerdo del 11 de mayo de 2020 conocido como Acuerdo Militarista.
Dicho acuerdo establece la transferencia de diversas facultades de la Guardia Nacional en materia de seguridad pública a soldados y marinos, sin tener preparación para ello y con la resistencia de las mujeres que señalan que son las primeras víctimas de abusos militares.
El proyecto elaborado por la ministra Ríos Farjat, concluye que el referido acuerdo publicado en mayo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación no viola la Constitución ni invade las facultades de la Cámara de Diputados al haber ordenado a la fuerza armada permanente participar en tareas de seguridad hasta el 27 de marzo de 2024.
La Ministra indiciada por la vinculación con e AMLO declara en este proyecto infundada la controversia constitucional presentada por la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas, en la que se sostenía que dicho acuerdo creó un marco legal demasiado amplio a partir del cual se han movilizado a miles de soldados de forma indiscriminada, y sin los controles de excepcionalidad, subordinación y fiscalización que establece la Constitución.
Organizaciones sociales organizadas en el colectivo Seguridad Sin Guerra, han expuesto en comunicado los riegos de la militarización del país que han denominado “acuerdo militarista”. Este martes emitieron un pronunciamiento en el que solicitan que debido a la trascendencia del tema este no sea discutido ni votado en la Primera Sala, sino que sea discutido en el Pleno.
Margarita Ríos-Farjat es abogada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León; su último cargo fue como jefa del SAT.
Trabajó en el Poder Judicial de la Federación de 1996 a 1999 y desde ese año ejerce el derecho de forma independiente en diferentes firmas de abogados. Por esta práctica profesional ha sido reconocida por la Facultad de Derecho de la UANL, por el H. Consejo Universitario de la UANL y por el Colegio de Abogados de Nuevo León.
Ríos-Farjat coadyuvó a conformar el colectivo Coalición Anticorrupción (2016) para adoptar e implementar el Sistema Estatal Anticorrupción en Nuevo León, y fue miembro del comité directivo de la plataforma civil “Cómo Vamos Nuevo León” (2016-2018).
En 2017 aceptó colaborar en la confección del “Plan de Nación”, a invitación del entonces Presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, en el área de gobierno y justicia. A partir de julio de 2018, formó parte del equipo de transición del actual Gobierno de México y encabezó los trabajos en el Servicio de Administración Tributaria. A partir de julio de 2018, formó parte del equipo de transición del actual Gobierno de México y encabezó los trabajos en el Servicio de Administración Tributaria.
Contra la imposición a una biopolítica particular en una disciplina artística: la discriminación no alude solo al color de la piel, sino también a otras formas corporales
Posicionamiento ante el punto de acuerdo para implementar la selección de sus elencos con base en el proyecto PERLA
Redacción
SemMéxico, Cd. de México, 25 de noviembre, 2021.- La Compañía Nacional de Teatro CNT circuló ayer un posicionamiento a la “pretensión de introducir criterios raciales y de fenotipo en la selección de los actores y las actrices del elenco.
Explican en un comunicado que en días recientes, un diario de circulación nacional dio a conocer la pretensión de diputadas del Congreso de la Ciudad de México, Xóchitl Bravo Espinosa, Indalí Pardillo Cadena y Ana Francis López Baughen Patiño, de presentar un punto de acuerdo para que la CNT de Bellas Artes y Literatura (INBAL) incluya en su próxima convocatoria la aplicación de la paleta de color creada por una investigación denominada Proyecto sobre Etnicidad y Raza en América Latina ( PERLA), por sus siglas en inglés.
Afirma su posicionamiento que más allá de que se apruebe o no en el Congreso de carácter local una recomendación a un organismo que pertenece al gobierno federal, su propuesta merece una reflexión mucho más allá de la buena intención y debe analizarse con cuidado y responsabilidad, debido a que el racismo y la discriminación no se van a resolver por decreto.
Y declara: La Compañía Nacional de Teatro celebra que las diputadas tengan interés por combatir el racismo y la discriminación que históricamente ha existido y sigue existiendo en México, no solo en el teatro, sino, como señala la nota de prensa, especialmente en la televisión y la industria audiovisual, que influyen de manera frontal en los imaginarios sociales desde una estética en la cual la mayoría de quienes salen a cuadro son hombres y mujeres, blancos, esbeltos, altos, donde el cuerpo de la mujer se vuelve objeto de publicidad y en el cual se es moreno o prieto, solo cuando se alude a la pobreza o la vulnerabilidad.
“Compartimos el hecho de que el racismo en México es insostenible, estamos conscientes que las condiciones de una parte importante de nuestra población, la cual vive en una situación de exclusión y discriminación, es inadmisible y nos corresponde como sociedad en su conjunto resolverlo, sabemos que debe haber política pública al respecto.
“En la CNT nunca se ha rechazado a alguien que cumpla con las exigencias artísticas por su color de piel, su procedencia, identidad sexual, postura política o creencia religiosa.
“La CNT ha manifestado en diferentes momentos su apoyo a las mejores causas de diversidad, no discriminación e igualdad de género, mismas que ahora el INBAL -institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México-, entidad a la que pertenecemos, ha establecido como ejes transversales.
“ La CNT ha llevado a la escena obras como DeSazón, Zoot suit, La panadería, Latir, Horas de gracia, Soles en la sombra y otras más que hablan de la discriminación de diferentes tipos. La equidad de género en la Compañía es una realidad indiscutible, la CNT está integrada por un total de 52 mujeres y 47 hombres divididos de la siguiente manera: Elenco estable 27 mujeres y 25 hombres. En el área técnica trabajan 8 mujeres y 7 hombres. En las coordinaciones escenotécnicas participan 4 mujeres y 2 hombres. Y en el equipo administrativo colaboran 13 mujeres y 10 hombres. Sabemos que eso no es suficiente, por lo que también hemos asumido un impulso a las directoras y a la dramaturgia de mujeres. Desde 2019 se han presentado 21 obras, 9 de ellas de teatro breve, escritas por mujeres. Seguiremos haciéndolo.
“La CNT tiene carácter y actúa a nivel nacional, no es de la Ciudad de México. De 55 integrantes del elenco, 27 proceden de Chiapas, Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Yucatán. También incluye a personas inmigrantes de otros países que se han nacionalizado mexicanas”
Sostiene el posicionamiento que pretender que desde la legislación se imponga una biopolítica particular a una disciplina artística, así como intentar legislar los tonos de color de piel es riesgoso.
La discriminación no alude solo al color de la piel, sino también a otras formas corporales, discapacidades, lengua, género, identidad, gustos estéticos, entre otras más.
El PERLA es un estudio serio, realizado en Brasil, Colombia, México y Perú, aunque en México se concentró en la población afrodescendiente e indígena. También es controvertido como cualquier otra investigación en torno de la identificación de la relación entre los factores etnoraciales y las desigualdades, particularmente educativas.
Por ello, aun cuando la iniciativa de las diputadas se entiende como una política afirmativa, positiva, es fundamental acudir a la pregunta más importante: ¿qué es lo que hace posible la discriminación? ¿se deben buscar cuotas de color de piel basadas en una investigación académica loable y todavía en ciernes? ¿cómo se mejoran las condiciones de acceso a la formación actoral que prevalecen en el país y especialmente a los que no tienen acceso? ¿cómo llega la educación artística a los pueblos originarios y las comunidades afrodescendientes?
La CNT es un organismo vivo, siempre en proceso de cambio, dispuesta a configurarse para estar a la altura de los tiempos que vive nuestro país.
La Compañía Nacional de Teatro está comprometida con la no discriminación y con una política de cero tolerancia a la violencia de género. Nos preparamos también para trabajar con personas que viven con capacidades diferentes. Al transitar hacia una nueva configuración como parte del Programa de Residencias Artísticas de Grupos Estables del INBAL (PRAGEI) nuestras convocatorias siempre están en constante revisión para fortalecer la inclusión y la diversidad.
“Quienes integramos la CNT tenemos disposición de colaborar con cualquier conjunto legislativo, campaña institucional o de la sociedad civil que se proponga influir en el cambio de la estética de esos medios masivos para que contribuyan a desestructurar la hegemonía eurocentrista, blanca y machista en que se finca la discriminación y los prejuicios que estigmatizan las identidades, los tonos de piel y la complexión de quienes proceden de culturas originarias, pueblos afromexicanos y muchas otras identidades y subjetividades que no se corresponden con el estereotipo hegemónico.”
FIRMAN: Anabel Altamirano, Marta Aura, Arturo Beristain, Fernando Bueno, Eduardo Candás, Karla Camarillo, Rodrigo Caravantes, Sergio Carreón, Miguel Cooper, Tania Currilla, Érika de la Llave, Paloma de la Riva, Julieta Egurrola, Berenice Esquivel, Sonia Franco, Liliana Figueroa Vizzuett, Ana Ligia García, Mariana Giménez, Erando González, Mireya González, Zaide Silvia Gutiérrez, Martín Hernández, Sergio Hernández, Olaff Herrera, Fernando Huerta Zamacona, Luisa Huertas, Judith Inda, María Adriana Lara, Jorge León, Ana Paola Loaiza, Miguel Ángel López, David Lynn, Jessica Macuixtle, Dulce Mariel, Mauricio Martagón, Carlos Matus, Jessy Mejía, Gastón Melo, Jefferly Montes, Ana Ofelia Murguía, María del Mar Náder, Óscar Narváez, Gabriela Núñez, Christian Núñez, Carlos Ordóñez, Laura Padilla, Luis Eduardo Palacios, Francis Palomares, Iozé Peñaloza, Ana Karen Peraza, Kay Pérez, Luis Rábago, Pablo Ramírez, Roldán Ramírez, Cecilia Ramírez Romo, Alejandro Rangel, Karina Riverón, Javier Rodríguez, José Carlos Rodríguez, Antonio Rojas, Osana Sandoval, Fernando Santiago, Gustavo Schaar, Gabriela Schiavón, Amanda Schmelz, Enrique Singer, Roberto Soto, Perla Tinoco, Mariana Torres, Edwin Tovar, Alan Uribe Villarruel, Mariana Villaseñor, Litzaxaya Valdés, Melissa Varïsh, César Alejandro Vázquez Hernández, Rodrigo Vázquez, Ana Gabriela Villasana y Andrés Weiss.
SemMéxico. 25 de noviembre de 2021.- En el marco del “Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”, desde el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) denunciamos la prevalencia de la violencia feminicida en México, y la necesidad urgente de impulsar acciones estructurales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia que lacera a mujeres, niñas y adolescentes.
De enero de 2019 a septiembre de 2021 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha documentado 10, 446 asesinatos de mujeres, de los cuales 2,681 son investigados como feminicidio, lo que refleja la prevalencia del índice delictivo.
Ante la gravedad de la violencia feminicida que nos aqueja en las últimas décadas y que se ha agudizado sin parar, desde el movimiento de mujeres y feminista, hemos exigido resultados, sobre todo debido a que los avances actuales son pocos y deficientes, por lo que no han impactado de manera favorable en integridad física, seguridad personal y vida de las mujeres.
Desde el OCNF refrendamos que las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) son un mecanismo subsidiario ante contextos graves de violencia contra las mujeres, debido a la deficiente respuesta de los gobiernos estatales y municipales, por lo que es impostergable materializar las reformas realizadas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para mejorar la implementación eficaz y adecuada del mecanismo, ya que a pesar de sus deficiencias, las AVGM han impulsado políticas públicas, cambios en marcos normativos, visibilizado la problemática y coordinado esfuerzos institucionales para atender, prevenir y sancionar la violencia de género.
Frente al contexto adverso, es necesario que la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), impulsen realmente acciones prioritarias en las 25 declaratorias de AVGM, para que en los próximos tres años, muestren avances sustanciales de los resultados de las politicas públicas y de las acciones que en los estados se están impulsando en el marco de la AVGM.
Entre los estados de mayor preocupación se encuentran: Guerrero, Jalisco, Colima, Nuevo León, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Puebla.
En el caso del Estado de México, la primera declaratoria de AVGM por violencia feminicida que se decretó en julio de 2015, hasta la fecha no hay ningún dictamen para evaluar sus resultados. Tampoco existe un dictamen para segunda declaratoria por desaparición, la cual fue dictada en octubre de 2019.
En el estado de Morelos la AVGM por violencia feminicida fue declarada el 10 de agosto de 2015. Existen 3 dictámenes, el último realizado en 2020, advierte que el estado no ha dado cumplimiento a ninguna de las medidas, sino que la gran mayoría se encuentran parcialmente cumplidas o en procesos de cumplimiento.
En Michoacán la AVGM por violencia feminicida fue declarada en 27 de junio de 2016, sin embargo, públicamente no se cuenta con un dictamen que dé cuenta de los avances implementados.
Chiapas, en el estado la AVGM fue declarada en noviembre de 2016, sin embargo solo se ha realizado un dictamen en 2018, en donde la mayoría de las medidas se encontraban en proceso de cumplimiento. Hasta el día de hoy no hay un dictamen que permita saber hasta donde ya están cumplidas las medidas que estaban en proceso.
Respecto al Estado de Nuevo León, la declaratoria de AVGM se realizó en noviembre de 2016, es uno de los estados que tiene mayores avances. Sin embargo, el 12% de las medidas están incumplidas.
Veracruz, es un estado que cuenta con dos AVGM, la primera por violencia feminicida y la segunda por agravio comparado, mientras una tercera por la problemática de desapariciones de niñas y mujeres, se encuentra en proceso de investigación (a pesar de que esta alerta se solicitó desde el 2019). En este estado se desconoce si existe algún dictamen para evaluar la AVGM por violencia feminicida. En cuanto a la AVGM por agravio comparado tampoco hay un Dictamen que evalue su impementación, sin embargo, en este 2021 se dió una reforma importante en el Código Penal sobre el acceso al aborto hasta las 12 semanas, lo que generó el avance de otras medidas.
La declaratoria de AVGM en Sinaloa, fue declarada el 31 de marzo de 2017, de las 19 medidas declaradas, la mayoría están incumplidas o parcialmente cumplidas.
Colima, la declaratoria de AVGM por feminicidio fue realizada en junio de 2017, el último dictamen que se encuentra público es del 2018, sin embargo no se muestran acciones sustanciales. De las 20 medidas dictadas, sólo 4 estaban cumplidas, 13 en proceso de cumplimiento y 3 se reportaron como no cumplidas, sin embargo, después de que se hizo dicho dictamen no hay ningún otro informe que reporte el estado actual de la declaratoria.
En San Luis Potosí la AVG fue declarada el 21 de junio de 2017, solo cuenta con un dictamen del 2018, el cual refiere que 15 se encuentran en proceso de cumplimiento y 5 como no cumplidas. Luego de tres años no existe un dictamen actualizado.
Si bien en Guerrero se han declarado dos Alertas de Violencia de Género, una por violencia feminicida y otra por agravio comparado, el estado ha incumplido. En la Alerta de Violencia Feminicida, de las 21 medidas de prevención, seguridad y de justicia, solo 10 medidas pudieron ser dictaminadas. Lo más grave es que en cuanto a las medidas de justicia y reparación, no hubo ningún avance, mientras en la AVGM por agravio comparado, a 18 meses de declaratoria, los tres poderes del Estado de Guerrero, no han entregado ninguna evidencia para cumplir con las medidas dictaminadas.
En Quintana Roo la declaratoria se realizó el 7 de julio de 2017, luego de 4 años, no existe un dictamen público que establezca los avances.
En Nayarit la declaratoria se realizó el 4 de agosto de 2017, de 22 medidas, 11 no están cumplidas, 7 en proceso de cumplimiento, 4 parcialmente cumplidas, es decir, ninguna se ha cumplido a cabalidad.
En Zacatecas la declaratoria se realizó el 7 de agosto de 2018, hasta la fecha se desconocen los avances del cumplimiento de las medidas de la declaratoria, debido a que no existe un dictamen público que dé cuenta de ello.
Oaxaca recibió la declaratoria de AVGM por violencia feminicida el 29 de agosto de 2018, cuenta con un dictamen que contempla del 30 de agosto de 2018 al 30 de agosto de 2020, de las 21 medidas declaradas, existen 5 no cumplidas, 5 parcialmente cumplidas y 11 en proceso de cumplimiento. Si bien el estado presenta avances, el Grupo de Trabajo observa “que la mayoría de las acciones realizadas de 2019 y 2020 no son parte de la estrategia estatal de coordinación para realizar las acciones que den cumplimiento de las medidas de seguridad, justicia, reparación y prevención”.
En Durango la declaratoria por violencia feminicida fue realizada el 5 de noviembre de 2018. Cuenta con un primer dictamen en el que el Grupo de Trabajo manifiesta su preocupación por la falta de cumplimiento de las medidas de seguridad y procuración de justicia.
El estado de Campeche recibió la declaratoria por violencia feminicida el 16 de noviembre de 2018, hasta la fecha se desconoce si existe un dictamen que dé cuenta de los avances realizados.
Jalisco recibió la declaratoria de AVGM por feminicidio en noviembre de 2019, a casi tres años de su declaratoria, el primer dictamen muestra pocos avances.
La declaratoria en Puebla fue realizada en abril de 2019, luego de un amparo interpuesto por la organización Todos los Derechos para Todos, a quienes se sumaron otras organizaciones peticionarias. Hasta el momento públicamente se desconoce que exista un informe que dé cuenta del cumplimiento de medidas en el estado.
En la Ciudad de México la AVGM fue solicitada en septiembre de 2017, sin embargo, CONAVIM determinó que no había elementos para decretarla. En 2019, la Jefa de Gobierno decretó la AVG por violencia sexual.
Sonora, si bien la declaratoria de AVGM por desaparición fue realizada en agosto de 2021, hasta la fecha no se ha instalado el grupo inter y multidisciplinario, a quien el estado debe entregar el plan de acción para el cumplimiento de las medidas.
Como defensoras de los derechos de las mujeres manifestamos la preocupación de la violencia feminicida en México. Hacemos un llamado a las autoridades municipales, estatales y federales para que refuercen las acciones a fin priorizar y garantizar la integridad, seguridad y la vida de las mujeres, niñas y adolescentes.
En ese sentido exigimos:
Al Gobierno Federal hacemos un llamado para que reconozca que la violencia contra las mujeres es resultado de la discriminación y de las relaciones de poder generadas por la cultura machista, que afecta a todas las mujeres de cualquier estracto social.
A la CONAVIM, reiteramos que es necesario asumir la responsabilidad de dar seguimiento a los estados, a fin de que éstos presenten resultados a la brevedad.
Al Congreso Federal, apruebe las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su apartado del Mecanismo de Protección de la Alerta de Género, para mejorar su funcionamiento ante la gravedad de la violencia feminicida (violencia sexual, trata de personas, desaparición y feminicidio).
A los gobiernos estatales y municipales, les pedimos que refuercen las medidas que se han decretado a través de la Alerta de Género para que las acciones implementadas, muestren resultados reales.
Cabe señalar que el Comité CEDAW recomendó al Estado mexicano “seguir impulsando la creación, corrección y fortalecimiento de políticas públicas, para garantizar la atención, sanción y prevención de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas. La AVGM no debe suplir todas las políticas públicas que el Estado está obligado a implementar para garantizar una vida libre de violencia, sino reforzar y focalizar las políticas públicas que atiendan de manera eficaz la problemática, de lo contrario esta se vuelve inoperante”.
Hallazgo: la familia, la pareja y la comunidad los escenarios donde más frecuentemente ocurre el maltrato
Dixie Edith*
SemMéxico/SEMlac, Matanzas, 25 de noviembre 2021. – La investigación sobre violencia de género necesita dirigirse más hacia la búsqueda de evidencias y propuestas de actuación y no quedar solo en la descripción o en estudiar casos puntuales, coincidieron especialistas durante la IV Reunión de Investigadores/as «Construyendo políticas basadas en evidencias científicas».
“Todavía es un reto la implementación de los resultados de los estudios en los escenarios comunitarios”, reconoció a SEMlac la socióloga Caridad Cala Montoya, de la Universidad de Oriente, en Santiago de Cuba, a casi 900 kilómetros de la capital cubana.
La profesora fue una de las ponentes del encuentro de especialistas organizado por el Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR), la Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el Estudio de la Sexualidad (Socumes) y el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex).
A juicio de Cala, también faltan perspectivas interseccionales que crucen las múltiples diversidades que marcan la violencia de género.
Según la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género desarrollada en 2016 (ENIG 2016), es justo la región oriental de Cuba la de mayores aportes en términos de violencia y desigualdades que afectan a las mujeres.
La sistematización de la socióloga santiaguera analizó medio centenar de investigaciones sobre violencia de género y reportes de las Casas de Orientación de la Mujer y la Familia (COMF) en su territorio, entre 2010 y 2020, y estableció que los grupos de personas focalizados en estos estudios son mestizos en más del 50 por ciento.
La mayoría de las víctimas son mujeres o personas con orientaciones sexuales e identidades de género diferentes y se concentran en las edades jóvenes o de la adultez media. Los municipios de Santiago de Cuba, Contramaestre y Palma Soriano acumulan las mayores proporciones de casos de violencia, según la muestra analizada.
“La violencia psicológica, la verbal y la física, en ese orden, son las más identificadas, pero también aparecen referencias a la violencia económica y la sexual”, precisó Cala Montoya en su intervención durante el evento.
Según la caracterizaciónn del contexto santiaguero que muestran esas indagaciones, son la familia, la pareja y la comunidad los escenarios donde más frecuentemente ocurre el maltrato, seguidos muy de cerca por los espacios virtuales (ciberviolencia o violencia digital), el trabajo y la escuela.
“Todavía hay carencias importantes en el orden investigativo asociadas al levantamiento y atención de los casos en las comunidades y, en general, a la capacitación de actores que operan en los sitios donde ocurren las violencias”, explicó Cala a SEMlac.
Con ella coincidió Reinier Martín González, psicólogo y profesor del Centro de Bienestar Universitario, de la Universidad Central “Martha Abreu”, de Las Villas, a poco más de 350 kilómetros de la capital.
Otra sistematización, esta vez de 11 investigaciones desarrolladas entre 2017 y 2021, identificó brechas de preparación en el contexto universitario y en la formación curricular, la necesidad de atender la relación entre familia y comunidad para prevenir o atender las violencias y la urgencia de mirar desde enfoques de género a otras formas de violencias para develar desigualdades.
También se evidenciaron los contextos laborales y el escenario digital como espacios emergentes que demandan miradas más detenidas.
Para Martín González, un desafío urgente es la creciente demanda de atención a la violencia en las comunidades que se está generando desde el gobierno territorial en Villa Clara y otros espacios institucionales.
“A medida que se va tomando conciencia de la existencia de violencia de género en todas sus formas, se evidencia más la necesidad de protocolos integrales de actuación en los lugares donde estas ocurren”, explicó Martín González durante su intervención.
En Santiago de Cuba, esa demanda de atención se cubre actualmente con los equipos de trabajo de las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).
“Los equipos multidisplinarios se trasladan a las comunidades más vulnerables o con mayor frecuencia de situaciones de violencia y que han demandado orientación o ayuda”, precisó Cala Montoya.
Por ejemplo, Chicharrones, Los Olmos y Flores, comunidades periféricas del municipio de Santiago de Cuba tipificadas como muy complejas por la diversidad de problemáticas que presentan, han recibido atención por esa vía, abundó la socióloga.
“Pero la necesidad más urgente pasa por la capacitación y la formación del personal que atiende directamente los casos de violencia, como las trabajadoras sociales de la FMC, la policía o la fiscalía”, especificó la socióloga.
La aspiración es que las COMF lleguen a todos los municipios de la provincia –ya existen en Palma Soriano, Contramaestre o El Cobre, por poner algunos ejemplos–, pero ahí se levanta como desafío, también, la formación de especialistas para prestar servicios en esos lugares.
Para Martín González, otra urgencia muy importante pasa por “identificar esas premisas teóricas y metodológicas de investigaciones precedentes para enfocarlas en la prevención de la violencia, o sea, para llegar antes de que el maltrato ocurra”, aseveró.
Madrid, 25 nov. 21. AmecoPress.- La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) ha celebrado hoy, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una rueda de prensa para presentar su nueva campaña de lucha contra la violencia de género ejercida en los pueblos.
La presidenta de FADEMUR, Teresa López, y la secretaria de la organización, Montse Cortiñas, han conducido la rueda de prensa en la que han desvelado ante los medios de comunicación nuevos datos que, una vez más, confirman que “la ruralidad es un factor que incrementa la vulnerabilidad de las mujeres ante la violencia machista y sus consecuencias”, han dicho.
Claves del informe
“Proporcionalmente, el machismo mata a más mujeres en pueblos que en ciudades”, ha explicado López. Y es que, durante este 2021, de las 37 mujeres víctimas mortales de violencia de género registradas en España, 15 fueron asesinadas en municipios de menos de 20.000 habitantes. Esto supone el 40,54% del total de mujeres.
Pero desde la organización han recordado que el número de mujeres rurales es muy inferior al de urbanas (7.122.107 frente a 17.073.098), por lo que una comparación en términos relativos por millón de mujeres residentes en municipios rurales concluye que los asesinatos machistas son un 30% superior a los producidos en municipios urbanos.
“En el medio rural las mujeres denuncian menos porque tienen menos recursos de atención disponibles”, ha explicado Cortiñas haciendo referencia a las conclusiones obtenidas en el primer -y único- estudio realizado en España sobre la situación de las víctimas de violencia de género en el medio rural.
Para reflejar estos datos, la organización ha publicado en la página principal de su web, fademur.es, un contador que recoge el número de víctimas asesinadas por violencia de género en el medio rural.
Nuevo spot
Tras el éxito del primer spot de la organización poniendo el foco en el medio rural, “En un pueblo todo se sabe”, la Federación ha lanzado hoy el nuevo vídeo con el que pretende sensibilizar sobre esta lacra en los municipios pequeños.
“En esta ocasión quisimos poner el foco en las redes de asistencia a las víctimas”, ha dicho la presidenta de FADEMUR sobre el spot. En él, un profesor de una escuela rural, formado junto con otros profesionales en un taller de FADEMUR, reconoce un caso de violencia de género y ayuda a la mujer a denunciar. Más que ‘Cultivando igualdad’
El trabajo de investigación y el material audiovisual que FADEMUR ha mostrado hoy está enmarcado en su programa ‘Cultivando Igualdad’. FADEMUR desarrolla este programa gracias al apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. ‘Cultivando Igualdad’ cuenta con otras muchas iniciativas para conseguir su objetivo de sensibilizar a la sociedad rural contra la violencia machista y mitigarla.
El programa también comprende talleres de sensibilización y formación destinados a diferentes colectivos, la creación de una red de entidades y personas contra esta lacra aliadas bajo el Compromiso Cultivando Igualdad, la expansión en el territorio rural de una red de espacios seguros contra la violencia de género o la difusión del estudio propio sobre violencia de género en el medio rural en nuestro país. Todo ello accesible en la web del programa, cultivandoigualdad.org.
Además, la organización desarrolla otros programas abordando esta temática de manera diferente en distintos territorios, desde el trabajo de acompañamiento a víctimas que realiza en La Rioja gracias al convenio establecido con el Gobierno autonómico, hasta la sensibilización sobre los afectos que realiza en la Comunidad de Madrid a través de ‘El Bienquerer’ o los talleres de ‘Sembrando Conciencias’ con los que pretende sensibilizar a gobernantes en Extremadura en cuyas manos está el diseño de políticas con las que combatir la violencia contra las mujeres.
SemMéxico. Madrid. 25 nov. 21. AmecoPress.- El mundo actual y el proceso de digitalización han provocado que la forma en la que nos relacionamos cambie completamente. Utilizamos el teléfono móvil una media de cuatro horas diarias. Las redes sociales se han convertido en una ventana desde la que compartimos todo tipo de información y contenido para interactuar con diferentes usuarias y usuarios. A pesar de todos los beneficios que nos aportan las nuevas tecnologías, estas también han servido a la violencia machista para tener nuevas formas de manifestarse. Aunque las plataformas son las que cambian y evolucionan, la violencia machista sigue siendo igual de antigua.
El control de la pareja a través del teléfono móvil cada vez es más frecuente. El factor de inmediatez que proporciona el mundo digital hace posible que sea más fácil tener total control sobre una persona. El problema de ello es que se ha llegado a un punto de normalización. Desde la web de Stop violencia de género digital se puede descargar una guía que ayuda a identificar y evitar la violencia machista digital.
El Ministerio de Igualdad publicó una lista de las formas de violencia machista digital: acoso o control de la pareja a través del móvil, interferir en relaciones con terceras personas a través de internet, espiar el móvil de tu pareja, control de las fotos que publica en las redes sociales, control de acciones de la pareja en redes sociales, control a través de la geolocalización, obligar al envío de imágenes íntimas, obligar a compartir claves personales, obligar a que la pareja muestre el chat con otra persona y mostrar enfado por no conseguir de manera inmediata una respuesta online.
En 2016 reformó el Código Penal, incluyendo en la Ley Orgánica 1/2015 la regulación del stalking y la sextorsión. Pese a esto, en muchas ocasiones, los delitos relacionados con la violencia machista en la red quedan impunes o catalogados como delitos menores. El ámbito digital ofrece, desafortunadamente, una falsa máscara que muestra el delito como carente de importancia ante la justicia.
Un estudio de Stop Violencia Digital revela que el 51,56% de las mujeres se ha sentido acosada en la red
El ciberacoso es un problema grave. En la última macroencuesta del Ministerio de Igualdad sobre la violencia contra la mujer se incluye un apartado acerca del stalking, como se denomina al acoso persistente y reiterativo de una persona hacia otra. En esta macroencuesta, por primera vez, se incluyen preguntas en relación al espacio virtual y la violencia machista. Las cifras hablan de que en España más de 3 millones de mujeres, de 16 o más años, han sufrido stalking en algún momento de sus vidas. Las formas de este tipo de ciberacoso más mencionadas son: haber recibido mensajes no deseados, llamadas telefónicas y emails.
El stalking se convirtió en la pandemia en el talón de acero de la violencia machista. Diversas fuentes policiales advirtieron del aumento considerable de denuncias en relación al ciberacoso. Muchas de estas denunciantes habían sido previamente víctimas de violencia machista, y sus exparejas, en multitud de ocasiones, eran los que ejercían la violencia en línea. La conexión a una red wifi abre la posibilidad, a través de un software espía, de tener acceso a todo el espacio privado en la red. Durante el confinamiento era una de las pocas formas de controlar a otra persona con la que no se convivía.
Las jóvenes son las que más sufren este tipo de acoso. El mundo digital se ha convertido en una de las principales herramientas en la socialización de jóvenes. Según la misma macroencuesta, las mujeres de 16 y 17 años, 26,4 por ciento, y las que tienen entre 18 y 24 años, 26,2 por ciento, son las que en mayor porcentaje afirman haber sufrido stalking.
FAD, en su último barómetro, publicaba datos en relación a la violencia machista y las nuevas tecnologías. Un 18,1 por ciento de los hombres encuestados reconocía que es normal mirar el móvil de la pareja, frente al 12,7 por ciento de ellas. Además en esta misma encuesta se incluía como violencia el hecho de revisar el móvil de la pareja, siendo este tipo la violencia la más señalada tanto por hombres como por mujeres.
La UNESCO llevó a cabo una encuesta mundial sobre la violencia en línea contra mujeres periodistas, cuyos resultados se publicaron durante la Conferencia Mundial de Libertad de Prensa 2020. En este sondeo, el 73 por ciento de las mujeres indicaron haber experimentado violencia en línea durante la realización de su trabajo. Periodistas como Carole Cadwalladr denunciaron que, a medida que habían ido construyendo fama en base a su trabajo, era mayor la cantidad de los llamados trolls y haters que llegaban hasta sus perfiles. Rana Ayyub, periodista del Washintonpost, reveló haber sufrido amenazas de violación y de muerte a través de las redes sociales.
El ámbito digital se ha convertido en caldo de cultivo para el desarrollo de ciertas violencias machistas como el control en línea o el llamado stalking o ciberacoso y la sextorsión, aunque este tipo de situaciones no se producen únicamente en la pareja. Los tipos de violencias más comunes que sufren las mujeres en el espacio digital son: la manipulación, la suplantación de identidad, vigilancia, vejaciones, injurias o las campañas de desprestigio. Las violencias digitales apuntan hacia las mujeres en general, pero hay un sector que lo sufre con mayor inquina. Las activistas que se mueven en las redes sociales señalan que el odio que se dirige hacía ellas tiene una gran carga machista que otro tipo de perfiles no registra.
Miles de cuentas utilizan su influencia en las redes sociales como altavoz para llevar a otras personas un mensaje. Los feminismos, al igual que otros movimientos sociales, encuentran en las RRSS una nueva forma de conectar con el público. Varias son las activistas feministas que se mueven a través de las redes aprovechando las ventajas que ofrecen las tecnologías de la información. Se las identifica como un blanco fácil para el ciberacoso y la violencia machista en línea.
En España, la activista Pamela Palenciano (NoSoloDuelenLosGolpes) empezó a sufrir ciberacoso a raíz la propagación de un vídeo por parte de grupos extremistas. Pamela, quien intenta educar a jóvenes a través del mundo del espectáculo, comenzó a recibir amenazas, vejaciones e insultos a través su perfil en Instagram y twitter. Una parte de este monólogo se viralizó en las redes de forma incorrecta por parte del grupo de extrema derecha VOX. Alicia Rubio Calle, autora del libro ‘’El Feminismo es un cáncer’’ compartió un fragmento del mismo, donde la activista sacaba del aula a unos adolescentes que habían estado molestado durante el monólogo, para generar una campaña de desprestigio y odio contra ella: «esta señora me llamó mamarracha y habló de «basura ideológica’’ en las aulas de Madrid’’ ha declarado Pamela Palenciano para Ameco.
‘’Las amenazas de muerte que he recibido han sido horribles y la policía, por ejemplo, me ha remitido a que se debe solicitar un permiso especial para buscar la IP. Parece que nos tiene que pasar algo físicamente para que nos escuchen’’
¿Cree que las redes sociales favorecen que se saque ciertas cosas de contexto para atacar a las activistas?
Todo el rato. El nacismo fue famoso e importante porque Joseph Goebbelsm se inventó la estrategia de que una mentira repetida mil veces acaba convirtiéndose en una verdad. Estamos ante una campaña nazi. Esto se une a la campaña de deshumanización que enfrentamos algunas activistas. Cuando se produjo el holocausto contra los judíos no fue de la noche a la mañana, hubo una campaña de desprestigio, hostigamiento y de mentiras hasta que ocurrió. Te comparo porque suelen llamarnos a nosotras feminazis y esto sí que es nacismo. Nosotras no hacemos este tipo de campañas contra nadie. Las redes sociales favorecen a que esto esté ocurriendo. Muchos chavales me dicen que han visto el fragmento sacado de contexto en plataformas como tik-tok y pensaban que el aplauso se lo daban a los chicos a los que expulso en el monólogo y les tengo que decir que a quien aplauden es a mí, porque los chavales no dejaron de molestar todo el rato y por fin se habían ido.
Debido a la viralización de su monólogo ha recibido diversos ataques en tus redes sociales ¿Cómo le hizo sentir esto?
Estoy bien, trato de mantenerme lo más fuerte posible. Me agarro a muchas cosas bonitas de mi trabajo que me gustan y me apasionan. Esto a ellos les encanta, verme en esta posición, pasándolo mal, pero yo todavía tengo carrete. He pasado por unas crisis de ansiedad horrorosas, he ido a la policía para nada…una serie de cosas muy difíciles de enfrentar y más cuando tienes hijos. Si yo no tuviera hijos y esto fuera una serie de ataques contra mí y contra mi compañero, pues somos dos adultos resolviendo un ataque, pero tengo dos hijos que están siendo conscientes de todo lo que estamos pasando. Las amenazas de muerte pararon el 26 de agosto, es muy curioso que empezaron el 26 de mayo y el 26 de agosto pararon, justo cuando aparece en un medio bastante popular que tengo que recoger la querella.
¿Los ataques que recibió y sigue recibiendo le hicieron plantearse en algún momento dejar de contar su historia?
Lo he pensado muchísimas veces y es una de las cosas que estoy trabajando, pero me puede mucho la fuerza de la legitimidad del proyecto y de la gente que me apoya y me recuerda que este trabajo tiene sentido. Parte de la campaña que se ha hecho en las redes, la cual esta orquestada, tiene que ver con conseguir que me retire, es lo que están deseando y en los mensajes que he recibido me han llegado a decir que vaya a la cárcel o deje de hacer el ’’mongolo’’.
Anteriormente recibía violencia machista en sus redes. ¿El hecho de ser mujer cree que supone un aliciente mayor en recibir este tipo de mensajes?
Totalmente. Yo he visto varias compañeras que han sufrido mucho hostigamiento y amenazas en redes. Si eres lesbiana o bisexual, la cagaste. Si eres un cuerpo no normativo, la cagaste. Hay una cantidad de factores que hacen que la violencia crezca. En mi caso, la violencia machista y la misógina que recibo es, primero; porque soy andaluza y reivindico mi identidad, señalando la andaluzofobia que existe en todo el país; reivindico la clase obrera; además soy heterosexual, pero soy no heteronormativa en el cuerpo; tengo una hija de corazón, pero para ellos soy la madrasta; tengo un marido sudaca; soy actriz, pero ellos lo llaman titiritera. Porto una serie de elementos en donde la violencia machista que se produce en redes va en proporción de una serie de elementos por los que ellos me odian. Si fuera una chica heteronormativa, con cuerpo heteronormativo, feminista y me dedicara a divulgar contenido en internet pues seguramente me enfrentaría a un tipo de violencia machista, pero a la que yo me enfrento es muchísimo más salvaje, porque que tengo muchas más cosas que la gente machista y de la ultraderecha detestan.
¿Piensa que las redes se deben regular para erradicar la violencia machista?
Exactamente. Cataluña, por ejemplo, es la primera comunidad autónoma de España que ha recogido la ley de violencia digital contra las mujeres. Es condenable, es punible y se puede denunciar. Lo poco que he visto de la ley es maravilloso, porque permite denunciar los ataques machistas. Las redes se deben regular y se debe dar identidad a quienes están detrás de las pantallas. En el espacio virtual somos todos muy valientes, pero en persona no. En mi monólogo se lo digo a los chavales, que detrás de las pantallas es muy fácil decirme feminazi, pero en persona decirme en la cara que no están de acuerdo con mi monólogo creo que es más valiente. Creo que sí, hay que regularlo, poder denunciarlo y llegar a que pasen cosas para que esta gente piense, por ejemplo, que a quien están atacando y están deseando que se muera a través de una pantalla, tiene hijos, madre y padre, pareja y una vida. Yo no he llegado nunca a esos niveles de odio y he tenido motivos de sobra, pero tengo empatía.
Como activista feminista, las redes sociales le ayudan a dar visibilidad a su trabajo ¿Merece la pena exponerse en las redes?
Si, merece la pena, pero necesitamos acuerpe de parte de las instituciones, de las leyes y de dentro del movimiento, porque si no es muy complejo para nosotras pelear solas. Si tuviéramos ese respaldo, tanto dentro del movimiento como un poco más de colchón en nuestra unión con la ley de prevenir y denunciar la violencia machista en las redes, merece la pena, porque también es espacio nuestro. Ya hemos cedido mucho espacio las mujeres toda la vida. Las redes también son nuestras y si ahora nos retiramos ellos van seguir ganando espacios, más del que ya tienen.
TodasGamers: ‘’es más importante conseguir que la gente que está en contra del feminismo decida escuchar’’
Los espacios de la misoginia aumentan. En un artículo publicado en Píkara magazinese alertaba del peligro que suponen las redes sociales, no únicamente como fuente de violencias machistas, si no como espacios donde determinados usuarios se encontraban con otros y creaban vínculos para atacar. En twitter, la red social que menor número de filtros contiene a la hora de bloquear una publicación, es donde suceden los ataques más dañinos hacia las mujeres. La despersonalización y el anonimato es una de las claves para entender cómo prospera el machismo en la red. Los perfiles que vuelcan un tipo de contenido con carga de delito de odio, a menudo, no suelen presentar datos personales y es por ello que también en muchas ocasiones se hace difícil poder interponer denuncias.
El mundo virtual ha hecho proliferar profesiones que se desarrollan únicamente dentro de este espacio. Una de las que mayor rentabilidad ofrece es la de streamer o gamer que, al igual que otras tantas, esta copada por hombres. Todas Gamers es una plataforma creada por mujeres y personas no binarias que ayuda a dar visibilidad a las mujeres en el mundo gamer y de los videojuegos. Realizan un activismo feminista concreto en la red y es por ello que reciben multitud de violencia machista.
¿Por qué es necesaria su plataforma?
Cuando la creamos, era necesaria porque el número de mujeres en la prensa y crítica de videojuegos era muy bajo. No porque no quisiéramos estar ahí, sino porque nos daban a entender que no era nuestro sitio, así que nos montamos uno propio para poder hablar de lo que nos apasiona. Por suerte, ahora mismo hay muchísimas más mujeres en medios profesionales o semi-profesionales, y esperamos que siga en aumento, pero seguimos siendo un medio en el que intentamos añadir cierta perspectiva de género sin tener que edulcorar las problemáticas por temor a perder seguidores o patrocinios. Supongo que somos necesarias porque tenemos la libertad de poner en portada hasta el problema más polémico.
¿Es importante el activismo feminista dentro de la comunidad gamer?
Sí, pero es más importante conseguir que la gente que está en contra del feminismo decida escuchar. No ganamos nada con peleas de bandos, porque lo que necesitamos son apoyos, y gracias a que mucha gente se concienció con el feminismo (entre otros activismos) la industria ha mejorado considerablemente en los últimos años.
¿Qué tipo de hate reciben en la web y en las redes sociales?
Principalmente suelen ser personas insultándonos, amenazándonos o dejándonos comentarios muy enfadados porque hemos señalado algún problema de uno de sus juegos favoritos. No quieren aceptar que todos los juegos tienen sus cosas buenas, pero también sus cosas malas, o que nos puede encantar un juego a pesar de sus errores, siendo conscientes de ellos y haciendo autocrítica, así que redirigen su rabia hacia cualquiera que haga la mínima crítica. Si algo les gusta, es intocable y si osas exponer los fallos, te conviertes en su enemiga y, por supuesto, objetivo de ataques de lo más viscerales. Siempre con la seguridad del que se agrede desde detrás de una pantalla. Luego tenemos también quienes nos sueltan el típico comentario machista de que nos vayamos a la cocina, que somos unas putas, y esas cosas, aunque (por desgracia) lo tenemos tan normalizado que ya ni le hacemos mucho caso.
¿Creen que el tipo de plataforma que tienen genera una violencia diferente a la que pueden recibir otros usuarios?
Sin duda. Cuando vemos comentarios con hate en otros medios que solemos leer, vemos que la mayoría son referentes a si X empresa les pagó por decir algo de un juego, que no están de acuerdo con lo analizado y se quejan agresivamente, etc. Sin embargo, los comentarios que nos toca moderar en nuestra web y que no salen a la luz por ser ofensivos van más hacia el tema de que somos mujeres y, por lo tanto, no sabemos nada de videojuegos.
¿Creen que las mujeres gamers reciben mayor cantidad de ataques que los hombres que se dedican a ello?
Sí. Solo hay que ver a la multitud de streamers femeninas que denuncian a diario tanto los comentarios en su propio chat, como en los del juego online en el que estén. Es decir, incluso con comunidades más pequeñas reciben más acoso, comentarios sexuales, insultos y demás. Cosa que no solemos ver si cogemos a cualquier streamer masculino con el mismo público. Y eso en cuanto a los directos, porque cualquier mujer gamer tiene probabilidades muy altas de recibir comentarios despectivos por, eso, ser una mujer a la que le gustan los videojuegos. E incluso la forma de atacar a unos y otras es completamente diferente. Igual que ocurre en cualquier ámbito fuera del mundo gamer. Trolls, haters y gente con mucha bilis y más tiempo libre hay en todas partes, pero hay cierta predisposición a poner el objetivo sobre colectivos muy específicos.
En muchos de los artículos que han publicado, denuncian el acoso que se da a las mujeres en los videojuegos ¿Cómo de reiterativa es esta situación?
En general siempre tenemos algún intento de acoso, ya sea por comentarios en la web o vídeos, por nuestros streaming, o por un simple tuit. Solemos cortarlos bastante de raíz, no les damos la atención que buscan. Sí que nos hemos encontrado más de una vez (y de diez) con campañas de acoso bastante grandes a raíz de algún artículo sobre un tema polémico o unos juegos muy concretos, sobre todo en cuatro o cinco foros bastante famosos que llegaban a tener un nivel más que denunciable. Pero, como he dicho antes, al no obtener la reacción que ellos quieren y no amedrentarnos ante ellos, se acaban limitando a los insultos, amenazas y retroalimentarse entre ellos dentro de esos foros y nada más. Y, por supuesto, nunca falta el que tira piedras fuera de su tejado (en este caso, el mundo del videojuego) diciendo que en otros sectores pasa lo mismo y no decimos nada. Como si el hecho de que fuera algo extendido restara importancia al problema y no lo hiciera más evidente, precisamente.
El Espacio digital, por lo tanto, es otro de los lugares en los que las mujeres se han tenido que hacer valer e ir ganando terreno poco a poco. Este universo digital, que se suponía libre de machismos por su supuesta neutralidad, acabó copándose de multitud de espacios que atacan, no únicamente al feminismo y al activismo, sino a las mujeres en general.
Las leyes que regulan las nuevas tecnologías son necesarias, puesto que aportan herramientas que ayudan a prevenir y erradicar la violencia machista en línea, pero es importante empezar a diluir el factor de la despersonalización que aporta el mundo digital a usuarios. En multitud de ocasiones, las situaciones de violencia machista que ocurren en la red son impulsadas a causa del anonimato que ofrecen ciertos espacios. Sara Sálamo, actriz y activista de los derechos por la mujer, fue vapuleada y atacada en las redes por exponer esta argumentación. El hecho de registrar de alguna forma la identidad de una persona al ingresar en una red social puede conllevar a tener acceso a denuncias que, en muchas ocasiones, no pueden realizarse por desconocer la identidad de la persona que lleva a cabo los delitos.
Las violencias en la red son violencias. Y el terreno digital debería ser un espacio de diálogo y debate que no generase delitos de odio con base en la misógina. Es importante generar herramientas que ayuden a prevenir y enfrentar las diferentes violencias machistas en línea.
SemMéxico. Madrid, 25 nov. 21. AmecoPress.- “Cuando yo terminé con él, yo era muy callada. Casi no hablaba con la gente, no tenía casi amigos, entonces, había ahí una amiga, Toñi, que ya llegó y me habló. Me dio corte, pero yo pensé “ella tiene que ser mi amiga”, porque claro, tu sabes, el tema del maltratador es como encerrarte y que no hables con nadie, entonces, yo era un poco callada y sola. (…) Yo pensaba: “yo no quiero vivir así”. Yo sola me daba ánimos: “¿Tú no quieres vivir así verdad? Con un hombre así ¿verdad? Pues, entonces, ¡venga!”, y me daba muchos ánimos.” Este es tan solo uno de los fragmentos de la historia de vida de Cristina, una mujer colombiana que, al igual que muchas otras, fue víctima de violencia de género. La historia de Cristina, en la cual fue clave el apoyo de otras mujeres, es una de las 19 historias de vida que recoge el estudio ‘Tirar del hilo: historias de mujeres migradas supervivientes de violencia machista’.
Las mujeres migrantes en España hacen frente a una serie de circunstancias personales, administrativas, sociales y jurídicas que dificultan su situación y aumentan su grado de vulnerabilidad, tanto social como frente a las violencias machistas. Un acceso al empleo muy limitado, los tres años en situación irregular hasta poder solicitar arraigo laboral o social y la necesidad imperiosa de encontrar un empleo para poder subsistir -lo que generalmente supone trabajar en unas condiciones laborales pésimas- son algunas de las problemáticas con las que este colectivo social lidia.
Además, en muchas ocasiones, a estas dificultades se les suma el desconocimiento del idioma y la falta de una red de apoyo en el país. Todas estas complicaciones acaban por desembocar en una limitación de acceso a algunos derechos humanos fundamentales como es el derecho a una vida libre de violencias.
Estas circunstancias se entrelazan en un contexto institucional que, lejos de ofrecer ayuda o facilitar el acceso a esta, reproduce prejuicios y actitudes racistas que vulneran aún más su postura. Los poderes públicos de Estados de origen, paso y destino juegan un rol clave en la desprotección de las personas migrantes y, más acentuadamente, de las mujeres.
A esta situación se suma un contexto institucional que, lejos de ofrecer ayuda o facilitar el acceso a esta, reproduce prejuicios y actitudes racistas que vulneran aún más su postura
Como fruto de todos estos condicionantes, y tal y como indican todas las fuentes disponibles, las mujeres migrantes se encuentran sobrerrepresentadas en los datos sobre violencia machista. Según el segundo informe presentado por AETI y la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe “Mujeres Migrantes Víctimas de Violencia de Género en España”, las mujeres extranjeras superan el 30% en las tasas de feminicidios, denuncias y llamadas al 016 en España, lo que se traduce en la desproporcionada representación de este colectivo en los datos de violencia de género.
Si bien, cabe señalar que esta sobrerrepresentación entre las víctimas migrantes no se corresponde con una sobrerrepresentación de extranjeros entre los agresores. Tan solo un 10% de los feminicidios a mujeres españolas entre 2003 y 2019 fue provocado por extranjeros, mientras que en el caso contrario, un 24% de los feminicidios a mujeres extranjeras entre estos mismos años fueron llevados a cabo por españoles.
La Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe junto con AIETI han elaborado recientemente dos estudios que presentan la situación de las mujeres migrantes víctimas de violencia machista en España. Por un lado se encuentra el análisis cuantitativo ya mencionado, “Mujeres Migrantes Víctimas de Violencia de Género en España”, y por otro lado, tiene lugar un análisis cualitativo de historias de vida denominado “Tirar del hilo” con el que se busca entender qué ocurre detrás de las cifras.
Silvina Monteros Obelar, miembro de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, explica cómo y por qué se planteó la elaboración de estos informes. “Las asociaciones de mujeres migrantes nos dábamos cuenta de que cada vez más mujeres migrantes solicitaban ayuda, atención o información en temas de violencia de género. Esa demanda crecía y las estadísticas también lo apuntaban.” Ante esta problemática, surge la necesidad de aunar y analizar todas las fuentes oficiales existentes en España, “son muchas y complicadas de unificar y analizar en conjunto, porque recogen aspectos muy diversos de la violencia”.
Este análisis cuantitativo no solo confirmó la hipótesis de que las mujeres migrantes están sobrerrepresentadas en los datos de violencia machista de España, sino que además reflejaba que también existe una infrarrepresentación de mujeres migrantes en los sistemas de protección. En cuanto a las ayudas económicas especificas a mujeres migrantes en esta situación, la cifra desciende en comparación al alto índice de violencia que existe.
El dato de que la violencia machista afecta en mayor proporción a las mujeres extranjeras va estrechamente ligado a que estas se encuentren menos protegidas. Reciben menos ayudas económicas oficiales, existen menos programas de seguimiento telemático aplicados a protegerlas y además esta desprotección se acentúa en aquellas mujeres que se encuentren en situación irregular.
A pesar de verse reflejadas de manera desproporcionada en los datos de violencia de género, feminicidios y llamadas al 016, tan solo un 13,3% de las mujeres extranjeras se ha beneficiado con ayudas económicas.
El estudio anteriormente mencionado apunta también que un 32,7% de las denuncias registradas por violencia de género están interpuestas por una mujer extranjera, lo que significa que 24 de cada mil mujeres extranjeras denuncian, a diferencia de las 6 de cada mil españolas. De los feminicidios ocurridos entre 2006 y 2016, un 24,9% de las españolas asesinadas había denunciado previamente, mientras que de las mujeres extranjeras asesinadas un 38,2% sí había interpuesto una denuncia.
Es por esto que, ante la necesidad de comprender los fenómenos y motivos detrás de esta sobrerrepresentación en las cifras e infra representación en los sistemas de protección, AIETI y la Red plantean una nueva investigación, el informe cualitativo “Tirar del hilo”. Este informe recoge 19 historias de vida que narran cómo los obstáculos, dificultades y necesidades específicas de cada trayectoria son mucho más complejas que las concepciones prefijadas y rígidas acerca de la violencia de género.
A través de estas historias se permite entender que las dificultades de acceso que tienen las mujeres migrantes víctimas de violencia machista para acceder a los sistemas de atención y protección son muy diversas, y entran en juego diferentes factores. Por un lado se encuentra el desconocimiento acerca de la normativa, del entorno y de los recursos.
A esto se suma muchas veces la violencia psicológica ejercida por los agresores y que acaba aislándola de su entorno. Esto impide a las víctimas crear una red de apoyo que podría ayudarlas a salir de la situación de violencia. Además de la violencia psicológica, en muchos casos existe una dependencia económica por parte de la mujer a su maltratador.
Salir de esta dependencia implica convivir con trabajos muy precarios, mal pagados y con más dificultades para conciliar vida laboral y familiar. Esto dificulta su situación enormemente si optan por denunciar su situación, lo que acaba por impedir que esto ocurra y que se tenga una autonomía e independencia completa.
El contexto de estas mujeres y su facilidad para interponer una denuncia se complican todavía más cuando estas se encuentran en el país de forma irregular. Tanto la ley de medidas de protección contra la ley de violencia de género como la ley de extranjería regulan la posibilidad de obtener una autorización de residencia y trabajo temporal para las mujeres víctimas de violencia de género. Esto se lleva a cabo al poner una denuncia por violencia de género -es decir, aquella perpetuada por la pareja o ex pareja- , dado que se les concede una orden de protección dentro del proceso judicial.
Esta medida no solo es desconocida para la mayoría de mujeres extranjeras, sino que además no está garantizada. Solo un 25% lo solicita y, de ellas, un 30% son denegadas. Además, al interponer la denuncia y encontrarte en una situación irregular se inicia un expediente de expulsión. Si se concede esta orden de protección el expediente queda suspendido, pero si no se les concede el expediente podría seguir adelante. En definitiva, denunciar supone un riesgo.
“Salir del círculo de violencia es muy complicado”
Tal y como afirma Silvina Monteros, salir del círculo de violencia es muy complicado y muchas veces implica tener que enfrentarse a una mala praxis por parte de quienes trabajan en las instituciones implicadas. Comentarios racistas o machistas, culpabilización y responsabilización por la situación en la que se encuentran, evaluación constante de su condición de madres…
En conclusión, las mujeres migrantes víctimas de violencia de género se ven enfrentadas a complicaciones “extra” que dificultan enormemente su búsqueda de ayuda y amparo por parte del sistema en el que se encuentran.
En este contexto y en un intento por proteger a este colectivo frente a otro tipo de violencias machistas más allá de la perpetrada por la pareja o expareja, el Ministerio de Igualdad contempló la reforma de la Ley de Extranjería en su proyecto de Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, también conocido como ley del «solo sí es sí».
Esta ley tiene como contenido principal la transformación del capítulo de delitos sexuales del Código Penal, poniendo en el foco de la regulación la existencia o no de consentimiento por parte de la víctima. Con este proyecto de ley desaparecería el delito de abuso, convirtiendo así todo acto sexual no consentido como agresión sexual y, en caso de penetración, violación.
En lo referido al cambio de la Ley de Extranjería, este consistiría en impedir que las mujeres en situación administrativa irregular puedan ser expulsadas de España en el caso en el que denuncien haber sufrido violencia sexual. De esta forma, no se podría iniciar un expediente administrativo sancionador a las presuntas víctimas de violencia sexual por encontrarse irregularmente en territorio español. Además, la ley también establece que, en caso de ya existir un expediente sancionador previo, «se suspenderá el expediente administrativo sancionador que se hubiera incoado por la comisión de dicha infracción con anterioridad a la denuncia o, en su caso, la ejecución de las órdenes de expulsión o de devolución eventualmente acordadas”.
Aunque esta ley es un avance, todavía quedan fuera muchas otras formas de violencia machista que también deben ser tenidas en cuenta
Aunque esta ley es un avance, todavía quedan fuera muchas otras formas de violencia machista que también deben ser tenidas en cuenta y a las que las mujeres migrantes se ven muy expuestas, como puede ser el acoso sexual en el lugar de trabajo.
Para la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe las reivindicaciones y la dirección en la que se debe trabajar son claras, y deben de pasar por aumentar los recursos, los servicios y su financiación en la lucha contra la violencia de genero. Además, señalan la importancia de poner en marcha las medidas que propone el Pacto de Estado contra la Violencia de Género acordado en el año 2017. Este pacto incluye medidas que precisamente cubrirían todos los vacíos anteriormente mencionados, pero muchas de ellas no han llegado a ponerse en marcha.
Una de estas medidas clave es la de agrupar las diferentes violencias machistas como violencia de género, y no solo limitarla a aquella perpetuada por la pareja o ex pareja. Esto ya lo determina el Convenio de Estambul -el cual España ha ratificado- y es necesario para que todas las víctimas de violencia machista en esos otros ámbitos puedan acogerse a las medidas de protección, atención y económicas que regula la ley.
Por último, consideran que es necesario hacer un fuerte trabajo de concienciación y campañas en las que se incluya una perspectiva interseccional e intercultural, dado que en la actualidad a pesar de existir campañas de concienciación y prevención, estas no van dirigidas a mujeres migrantes, y eso acaba suponiendo que ellas mismas no sean conscientes de que también pueden acceder a estos recursos.
SemMéxico. Madrid, 25 nov. 21. AmecoPress. –Seguramente hayas oído hablar de ’La asistenta’ (Maid), una de las series recientemente añadidas al catálogo de Netflix y que, si no has visto, deberías ver. Narra la historia, basada en hechos reales, de una madre joven que, intentando escapar de una relación de maltrato, comienza a trabajar limpiando casas para abandonar la indigencia a la que se ve sometida mientras lucha por cuidar de su hija Maddy y persigue un futuro mejor para las dos. Si ya la has visto, habrás podido ver reflejadas en diferentes situaciones varias formas de violencia de género, pero, ¿has identificado la violencia económica?
Se entiende como violencia económica la basada generalmente en el control del acceso de las mujeres a los recursos económicos por parte de sus parejas, obligándolas a depender financieramente de su agresor para poder subsistir tanto ella como sus hijos e hijas y mermando así la posibilidad de huir de ese círculo de abuso. Además, es importante destacar que este tipo de violencia no solo se ejerce dentro de la pareja, ya que a veces se perpetúa una vez se ha efectuado la separación o comienza a raíz de la misma.
El día 11 de mayo de 2011 se firmó el Convenio de Estambul sobre la prevención y la lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica elaborado por el Consejo Europeo, en el que se incluyó por primera vez la violencia económica como violencia contra la mujer:
“A los efectos del Convenio, por «violencia contra la mujer» se deberá entender una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y se designarán todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada”.
Pese a esto, bien es cierto que el concepto de violencia económica no está incluido ni aparece regulado como tal en ningún ordenamiento jurídico, lo que hace que sea más difícil su condena y erradicación.
Número de víctimas de violencia económica en España
El último estudio sobre Violencia de Género realizado a través de una macroencuesta y publicado en 2019 por el Gobierno, dedica explícitamente el capítulo 5 a la violencia económica.
En él se recoge que el 11,5% de las mujeres residentes en España de 16 o más años han sufrido violencia económica por parte de alguna pareja o expareja a lo largo de sus vidas; es decir, aproximadamente 2.350.684 mujeres. Además, si se atiende a la violencia económica sufrida de forma más reciente, se estima que 825.179 mujeres de 16 o más años ha sufrido violencia económica de alguna pareja actual o pasada en los últimos 4 años y 407.793 mujeres en los últimos 12 meses.
Entre los parámetros que fijó la macroencuesta, destacan cuatro como las situaciones más comunes. La más repetida fue la de que la pareja ha impedido a la mujer tomar decisiones en la economía familiar y/o hacer compras de forma independiente; en segundo lugar, que la pareja se ha negado a darle dinero para gastos del hogar; en tercero, que no les han dejado trabajar; y, por último, que su pareja ha usado el dinero y/o tarjeta de crédito o ha pedido préstamos a su nombre sin su consentimiento.
Darle espacio a la violencia económica como tipo de violencia de género dentro de convenios europeos e investigaciones estatales está bien, porque significa reconocer un problema que evidentemente existe y repercute sobre la vida de millones de mujeres, inclusive a sus hijos e hijas; pero de nada sirve si no se regula jurídicamente para otorgarles la protección y las ayudas necesarias a las víctimas que la sufren.
Violencia económica como mano invisible
Con los datos sobre la mesa, se evidencia que el número de casos es alarmante. La titular del juzgado número 2 de Mataró, Lucía Avilés, ha propuesto formalmente al Ejecutivo la regulación de la violencia económica como tipo de violencia de género en el Código Penal.
La iniciativa lleva gestándose desde octubre y se basa en una de sus sentencias. En ella, el impago de la pensión alimenticia fue el desencadenante de la demanda. Esta es la manifestación más frecuente de violencia económica y, de hecho, es la única que tiene una definición judicial recogida en el artículo 227, que condena de tres meses a un año de prisión o a una multa de 6 a 24 meses a quien deje de pagar durante dos o cuatro meses consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos e hijas. Aun así, esto no garantiza su debido cumplimiento.
Andrea López, víctima de violencia económica junto a su madre y su hermano, relata que, tras el divorcio, su padre jugaba con el pago de la pensión que debía asignarle a los tres. “Cuando conseguimos después de varios meses que se regulara la situación judicialmente, si te negabas a hacer lo que él quería, dejaba de pasarnos la pensión. Como la ley dicta que solo puedes denunciarle cuando está dos meses consecutivos sin pasarte la pensión o cuatro de manera intermitente, lo mismo te la quitaba los dos primeros meses y al tercero te la pagaba, pero todo ese tiempo vivíamos sin los ingresos que nos correspondían”, explica, aunque no fue la única violencia que sufrieron.
“Durante el matrimonio, mi padre no quería que mi madre trabajara. Él quería que ella fuese ama de casa y, al ser solo él quien traía el dinero, condicionaba y manejaba todas las decisiones económicas. Pero donde más violencia ha generado, y lo sigue haciendo, es cuando decide separarse. Lo primero que hizo fue sacar todo el dinero de la cuenta del banco, dejándonos a mi madre, a mi hermano y a mí sin ningún tipo de recurso. Tuvimos que recurrir a la ayuda de mis tías, que aunque tampoco podían ayudarnos demasiado, hicieron todo lo que estaba en su mano. Hasta que no hubo juicio nos tocó vivir una situación de miseria, de comer siempre de los alimentos defectuosos que le regalaban a mi tía en la empresa cárnica en la que trabajaba, pasar un invierno sin calefacción…”, narra. Además, explica que cuando se dictaminó que debería pagarle los estudios, este no lo cumplió y tuvo que comenzar a trabajar para poder pagarse la carrera que, por decisión de un juez, debía pagarle su progenitor; de esta forma, tuvieron que recurrir, de nuevo, a la lenta vía judicial para que les otorgara lo que ya les correspondía.
Todas estas acciones son violencia, aunque aparezcan como una mano invisible. Invisible porque no deja una huella física en sus víctimas y porque el silencio y la inacción de los organismos reguladores parecen no tomarse en serio este tipo de violencia, que sí que tiene unas claras consecuencias psicológicas.
Desde Quiero Psicología, un centro madrileño de psicología clínica, explican que “la violencia económica no ocurre de forma aislada, sino que en el 85% de los casos implica también violencia psicológica. Supone la extensión del dominio mediante el control del dinero”.
Por eso, la magistrada Avilés insiste en tipificar este tipo de violencia y advierte de que la violencia económica no es solo el impago de las pensiones, sino que también hay que considerar todos sus tipos de violencia, ya sea, por ejemplo, en lo referido a las cuotas hipotecarias, en ejercer un control único sobre las cuentas, en evitar que la mujer pueda trabajar.
Violencia económica, problema estructural
La violencia de género viene de lejos, pero es evidente que proviene de un problema base estructural y patriarcal. Si nos ceñimos únicamente a la violencia económica, podríamos presuponer que la forma más evidente de escapar de ese control es teniendo una independencia económica de la pareja o expareja agresora; pero los datos demuestran que eso tampoco es una tarea fácil para las mujeres, y más si tienen la custodia de menores y necesitan conciliación.
Un estudio elaborado por la Fundación Adecco que pretende situar el empleo como activo esencial para la recuperación integral de las mujeres víctimas de la violencia de género, explica que el ser víctimas de violencia de género supone un tema tabú dentro del mercado laboral y, además, les hace enfrentarse a dificultades adicionales en su acceso al empleo. De hecho, el 74% de las víctimas prefiere no revelar su situación en las entrevistas de trabajo por el miedo a ser descartadas debido a prejuicios asociados como “personalidades inseguras”, “conflictivas” o “absentistas”.
Esta situación se ha visto intensificada a raíz de la Covid-19, ya que la pandemia ha acelerado el proceso de digitalización y ha derivado en nuevos empleos emergentes al sector de la logística y lo sociosanitario, haciendo que el 80,8% de las encuestadas consideren que la búsqueda de trabajo ahora es más complicada que en tiempos prepandemia, sobre todo en lo asociado a las barreras de índole tecnológico como las entrevistas online o el trabajo en remoto.
A esto hay que añadirle el último Informe de Impacto de Género que acopia los presupuestos del Estado, en el que se recoge que el salario de la mujer representa el 88,5% del salario del hombre en trabajos a tiempo completo y el 92,3% en trabajos a tiempo parcial.
Asimismo, se observa que la brecha salarial es creciente con la edad del trabajador o trabajadora, hasta un valor del 22,5% en el tramo de los trabajadores y trabajadoras de 55 a 64 años. Así, en 2017 el 55,5% de las mujeres asalariadas percibieron un salario inferior o igual al doble del salario mínimo interprofesional (SMI), frente al 36,8% de los trabajadores masculinos.
En los períodos de crisis, en los que el desempleo y las dificultades económicas se disparan, cae el volumen de denuncias debido fundamentalmente a las mayores dificultades para las mujeres para pedir ayuda y al temor de no encontrar empleo y verse sin recursos; por lo que es necesario desarrollar unas herramientas que ayuden a las mujeres víctimas de género para lograr una emancipación económica real y efectiva.
SemMéxico. 25 de noviembre de 2021.- En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y, ante una crisis sanitaria y económica que ha exacerbado las vulnerabilidades, las desigualdades y la violencia de género, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) llama a la sociedad mexicana a tomar acciones efectivas para construir un futuro libre de violencia y acoso.
En este sentido, la OIT suma su voz al llamado de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de empleadores y sindicatos a que México adopte el Convenio 190 – Convenio sobre la violencia y el acoso -.
Este exhorto tiene lugar en el marco del llamamiento mundial y la campaña global de la OIT para expandir la adopción de este tratado a la luz de la entrada en vigor este instrumento.
El Convenio 190 de la OIT fue aprobado en 2019 por representantes de empleadores, sindicatos y gobiernos durante la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo y conforma el primer instrumento internacional dirigido a la prevención de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo; que expresa una genuina preocupación y compromiso por ser una herramienta invaluable en la lucha contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
“La violencia y acoso son totalmente incompatibles con el trabajo decente y la justicia social. Desde la OIT sabemos que las acciones para poner fin a esta forma de violencia no pueden esperar un momento más.” Afirmo Pedro Furtado de Oliveira, Director de la Oficina país para México y Cuba de la OIT.
Mediante su aprobación, la comunidad internacional, representada por los 187 estados miembros de la OIT entre los que se incluye a México, ha indicado claramente que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo no van a tolerarse y se les debe poner fin.
El convenio 190 en conjunto con la recomendación 206 definen un marco común y claro para prevenir y abordar la violencia y el acoso basado en un enfoque inclusivo, integrado, sobre todo, que tiene en cuenta las consideraciones de género, y una vez ratificado y depositado, adquiría carácter de ley.
De acuerdo con lo documentado por la OIT, para millones de mujeres, el desafío de hacer frente a entornos laborales inseguros representa un grave obstáculo para lograr un pleno desarrollo personal y profesional.
“Hacemos un urgente llamado a los Estados para que adopten e implementen el Convenio sobre la violencia y el acoso, el Convenio 190.” Concluyó Furtado de Oliveira
En esta línea, la OIT se pone a disposición de sus constituyentes – empleadores, sindicatos y gobierno – para, mediante su mandato de asistencia técnica, acompañar sus esfuerzos para fortalecer su meta de combatir la violencia de género en el mundo del trabajo, incluyendo la adopción e implementación del Convenio 190.
Hoy más que nunca es fundamental que tomemos acciones conjuntas para dar respuesta a este desafío y desde la OIT estamos convencidos que el Convenio 190 será una herramienta clave para ello.
SemMéxico. Washington D.C. 25 de noviembre de 2021.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en atención al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, alerta el incremento de los índices de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes en la región, y llama a los Estados a atender las causas estructurales de la discriminación basada en género, adoptando medidas de cambio sociocultural en las sociedades, así como redoblar esfuerzos para atender, prevenir y erradicar la violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes con enfoque diferenciado de género y edad.
La CIDH observa con preocupación que la violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes sigue estando presente en toda la región, y se ha agravado a raíz de la pandemia por COVID-19. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 de cada 3 de mujeres en el mundo sufren violencia sexual y/o física. Por su parte, en América Latina y el Caribe se registra que 1.1 millones de adolescentes de 15 a 19 años experimentaron violencia sexual o algún acto sexual forzado desde la infancia y que del 80% de las agresiones sexuales son víctimas niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años.
En ese escenario de violencia y discriminación, la Comisión observa que persisten en la región normas discriminatorias que favorecen la impunidad, tolerancia y repetición de la violencia sexual, entre ellas definiciones estereotipadas de delitos sexuales y normas que restringen el acceso a la justicia de las niñas y adolescentes víctimas de violación, como las normas sobre estupro y las restricciones procesales que limitan su capacidad para presentar denuncias. Asimismo, destaca que el impacto desproporcionado de la violencia sexual contra niñas y adolescentes, especialmente cuando tiene como consecuencia el embarazo, afectando sus proyectos de vida y perpetuando patrones de pobreza, desigualdad y exclusión. En particular, toma nota de que las complicaciones durante el embarazo y en el parto son la segunda causa de muerte entre las niñas y las adolescentes a nivel mundial.
La Comisión lamenta la persistencia de restricciones legales y de facto que impiden a las sobrevivientes de violencia sexual acceder a la anticoncepción oral de emergencia y a la interrupción voluntaria del embarazo y rechaza la adopción de medidas regresivas que intensifican estas limitaciones. En particular, las medidas dirigidas a prohibir la inclusión de la educación sexual integral y enfoque de género en los currículos educativos de niños, niñas y adolescentes, las medidas dirigidas a restringir de manera absoluta al acceso a la interrupción del embarazo obstaculizan la prevención de la violencia sexual y aumentan el riesgo de enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados y abortos en condiciones inseguras
La Comisión llama a los Estados de la región a adoptar medidas para modificar las condiciones estructurales, normas sociales y patrones culturales que legitiman y reproducen la violencia contra las mujeres, particularmente la violencia sexual. En especial, los urge a abstenerse de adoptar medidas que obstaculizan la prevención y el acceso a servicios de atención integral a las consecuencias de la violencia sexual, incluyendo la interrupción voluntaria del embarazo. Asimismo, hace un llamado a armonizar sus marcos jurídicos con los estándares interamericanos para combatir la violencia y discriminación basada en género y asegurar protecciones especiales y reforzadas a las niñas y las adolescentes frente a la violencia sexual.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
