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Entresemana| ¡Jesús!, tráete la botana…

A Maru Rojas y su señora madre con cariño y solidaridad. Adrián se adelantó

Moisés Sánchez Limón

SemMéxico, Cd. de México, 17 de agosto, 2021.- ¿Por qué critican al Duce Andrés Manuel?

Es la pregunta que, sin duda, se hacen simpatizantes, seguidores y defensores oficiosos, caricatura de los radicales conocidos camisas negras del dictador Benito Mussolini. ¿Por qué si Su Alteza Serenísima llegó a combatir a la corrupción y repartir la riqueza entre los pobres?

Vaya, hasta el licenciado presidente, el clasemediero, austero y aspiracionista que vive en Palacio a todo lujo, se queja en público y privado de los malvados conservadores y neoliberales que lo critican y descalifican –con fundamento, la mayoría por cierto–.

En serio, y para que no se vaya a quedar dormido en la mañanera, le comparto lo que el Duce dijo en la homilía de inicio de semana desde su púlpito:

“Es interesante como fenómeno, porque esto no había sucedido desde la Revolución, desde el gobierno del presidente Madero que los medios se lanzaran tan fuerte en contra del presidente, porque durante décadas los medios de información estaban sometidos o alquilados, vendidos al régimen”. 

¿Por qué no se criticó y caricaturizó a presidente alguno después de don Francisco? Porque, y dígame si miento, no habíamos tenido a un presidente como Andrés Manuel.

Es único, capaz de mentirse y desmentirse a sí mismo, de criticar a los machuchones y fifís, neoliberales y conservadores pero ser un machuchóm en camionetota blindada que duerme en un Palacio a todo lujo y se apoya en los neoliberales porque él es consecuencia de ellos. Y hasta compadre.

Y conste que hasta tiempos recientes Vicente Fox transitaba en el escenario de la pena ajena. ¿Recuerda usted a Vicente con smoking y botas de charol? O cuando en el saludo a la Reina Sofía le dijo “mi reina” y presumió a George W. Bush sus porquerizas, en el rancho de San Pancho, como caballerizas.

Y nadie como él capaz de mantener el mismo discurso durante más de dos años y presumir como buen ejercicio de gobierno al Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas, y que combate a la corrupción, pero..

“Pero –dijo Andrés Manuel en la mañanera– es parte de lo que se tiene que estar -aunque moleste- ventilando para que no se repita, porque yo estoy convencido, absolutamente convencido que, si no se destierra la corrupción, no hay salida, ese es el principal problema. Si se acaba con la corrupción, vamos a salir”. 

Bien, bien, licenciado presidente, bien Su Alteza Serenísima y para cuándo. Porque, en todo caso, es elemental y todo México, bueno, casi todo, se pregunta por qué en oficinas del gobierno federal y en administraciones locales continúa la corrupción. Dos años y más de lo mismo.

¡Ah!, pero el Duce mantiene el sueño de Alicia en el país de las maravillas. Le comparto la idea que el licenciado mantiene con ese sueño, aunque México es México y sufre a la intangible y demagógica 4T:

“Y ahí están los ejemplos –dice López Obrador–, ahí está Dinamarca, Suecia, Noruega. En Dinamarca no hay pobreza, no hay inseguridad, pero no hay corrupción, de veras, no hay corrupción. Una vez hablaba yo con una danesa (¿habla danés?) y le explicaba y no entendía, porque no está en su experiencia el que se hagan negocios al amparo del poder público, ni empresarios ni funcionarios. 

“Los funcionarios, ministros en Dinamarca, en bicicleta, ¿y aquí cómo era?, caravanas de carros blindados, aviones privados, oficinas lujosísimas, helicópteros hasta para ir a jugar golf.

“Entonces, pues así no, ¿cómo va a salir el país adelante?, que no se nos olvide eso. Entonces la fórmula es cero corrupción, cero impunidad y cero lujos en el gobierno, austeridad republicana y así salimos y vamos saliendo de la crisis, y se va a lograr el renacimiento del país, a pesar de la pandemia vamos a salir”.

¡Vientos! Pero, preguntemos a Andrés Manuel, ¿por qué no viste austero y deja de presumir su colección de guayaberas y, lástima de percha con timba caída, trajes bien cortados? ¿Por qué viaja en camioneta blindada con caravana de vehículos similares? ¿Por qué no se va a vivir a un departamento en la clasemediera colonia 20 de noviembre, próxima al Zócalo? ¿Es austera la comitiva que le acompaña a las giras de fin de semana? ¿Cuánto cuesta ese viaje de gabinete?

Y, bueno, que no mienta impunemente ni se presuma demócrata y tolerante, cuando a su gabinete impone lo que piensa, como a la profesora Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública, que ridiculizó cuando le cortó la intención de atender preguntas.

Porque, además, cuando le preguntaron cuál es el plan, puntualmente, que se tiene por parte del gobierno ante la detección de un contagio en algún centro escolar. Y si se tiene prevista alguna medida muy puntual para evitar este que se conlleven a más casos de COVID, etcétera, etcétera, se salió por la tangente:

“(…) quiero decir que es notorio cómo la prensa conservadora se ha lanzado en contra de este propósito de regreso a clases presenciales, ya lo agarraron de bandera”.

¡Ah!, pero la perla del gatopardismo que desprecia pero le cae como anillo al dedo:

–¿Pero, es obligatorio el regreso de los maestros a clases?—preguntaron al Duce.

–No para nadie –respondió–, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. No somos conservadores, eso sí calienta, pues.

Y cuando se le recordó que la maestra Delfina dijo un día antes que los profesores tendrían que regresar a clases, respondió con la cantinfleada: “sí, porque pues, es su materia de trabajo y lo van a hacer, porque los maestros son muy responsables en México. No es el tiempo en que se acusaba a las maestras, a los maestros de que eran flojos, irresponsables, que no trabajan, que si no se avanzaba en la educación era por culpa de los maestros, por el ausentismo de los maestros”. En serio, no se ría. Y si usted es maestro, menos.

Interesante, interesante el discurso del Duce. Más cuando prácticamente dice a niños, niñas, jóvenes y jóvenas, escolapios de todos los niveles, que retornen a clases presenciales, que no le saquen.

“Y tenemos pues que correr ciertos riesgos –advirtió, valiente y arrojado, el Duce–, como todo en la vida. Imagínense si no salimos porque nos puede pasar algo pues nos vamos a quedar todo el tiempo ahí, encerrados. No, tenemos que enfrentar las adversidades, los caminos de la vida no son como imaginaba”. O sea, mexicanos no le saquen al parche.

El corolario de la mañanera del viernes 13, es vox populi.

En ese espacio añoso del Salón de la Tesorería, en el austerísimo Palacio Nacional con terminados en madera de pino de Michoacán y candiles de medio cachete comprados en la Lagunilla, Su Alteza Serenísima pidió al Sonido La Changa se despachará el vallenato Los Caminos de la Vida, pero antes instruyó: ¡Jesús!, tráete la botana. Y que sirvan igual; la seguimos en el avión. Digo.

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Los derechos reproductivos de las mujeres no se consultan, GIRE responde al presidente de la República

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  • En el Informe se argumenta porque una consulta pública lesiona los derechos humanos y restringiría su progresividad Constitucional
  • Hay avances, no obstante solamente 4 entidades del país han legislado sobre la ILE

Elda Montiel

SemMéxico, Cd. de México, 17 de agosto 2021.- La despenalización del aborto no puede ser sometida a consulta popular debido al marco jurídico constitucional de los derechos humanos en nuestro país,  reconocidos por los tratados internacionales.

En un informe detallado sobre el marco jurídico de las Consultas Populares, el Grupo en Reproducción Elegida (GIRE)  refiere manifestaciones reiteradas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, jefe del  Ejecutivo argumentando que por haber posturas a favor y en contra del aborto,  debería realizarse una consulta pública.

La organización afirma que el avance en el reconocimiento de los derechos reproductivos es una conquista histórica de las mujeres, por lo tanto, como derechos humanos no pueden ser negociables ni tienen porque  someterse a decisiones políticas, ni a una supuesta  aprobación de mayorías. Ello puede poner en peligro su protección.

Se trata del  último informe de GIRE “Ni un paso atrás, la garantía del acceso al aborto legal en México y las consultas populares” expone de forma detallada y en particular explica el contenido del artículo 35 Constitucional, que la Interrupción Voluntaria del Embarazo  no puede ser tema de consulta popular, porque sería una  restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte,  ni de las garantías para su protección.  

Todo lo contrario, afirma que la efectividad de los derechos reproductivos supone una obligación para el Estado que debe  fijar metas para incrementar el grado de tutela para su promoción, respeto, protección y garantía.

El marco legal también le impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que, sin plena justificación constitucional, disminuyan el nivel de la protección a los derechos humanos.

La Suprema Corte ha sido un actor fundamental en la defensa de los derechos reproductivos, al emitir sentencias relevantes en el reconocimiento del acceso al aborto como un asunto de derechos humanos.

En el informe se recuerda y documenta que  como resultado de la demanda de las feministas mexicanas surgidas en la década de 1970 las feministas plantearon el acceso al aborto como un asunto de justicia social, de salud pública y como una aspiración democrática.

Desde hace más de 13 años, en la Ciudad de México, la interrupción del embarazo durante las 12 primeras semanas de gestación ha dejado de ser un delito y se ha convertido en un servicio de salud.

Con ello, la percepción de la ciudadanía sobre el tema ha cambiado notablemente, asegura Gire.

Por ejemplo: mientras que, en marzo de 2007 —un mes antes de la despenalización—,

65.8 por ciento de las personas en el país consideraba que el aborto debería ser un

delito, en diciembre de 2009, este número se había reducido a 45.7 por ciento. Datos de Consulta Mitofsky, así lo certificaron en  “El aborto en la opinión pública” publicada en enero de  2010.

Para 2017 el 69 por ciento de las personas en la Ciudad de México dijo estar de acuerdo con el aborto legal, mientras que 28 por ciento opinó lo contrario, un cambio muy relevante en relación con la cifra reportada una década atrás, como lo publicó el  Gabinete de Comunicación Estratégica, en la  “Encuesta Nacional 2017”.

Lo que demuestra que las opiniones en una democracia pueden modificarse de forma notoria, en repuesta a cambios importantes de legislación o política pública por parte del Estado y, por lo tanto, sostiene Gire y afirma  que las percepciones sociales o culturales no deben tomarse como una variable fija.

Oaxaca fue el segundo estado que logró la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación en octubre del 2019, más recientemente, apenas en  julio pasado  los estados de Hidalgo y Veracruz  los Congresos locales modificó el marco legal, y lo lograron acordar la ILE, acompañados de la lucha de las colectivas y organizaciones feministas.

Estado de México no fue el quinto por ahora.

Hoy  la exigencia de la interrupción legal del embarazo por el movimiento amplio de mujeres y colectivas feministas se concentra en el Estado de México. Deseaban se acordara el 15 de agosto, fecha de cierre del Congreso, pero no se logró, a pesar de contar con la anuencia del gobierno de esa entidad.

Por violación, única causa vigente en todo el país

La única causal legal de aborto que se contempla  en todo el país es cuando el embarazo es producto de una violación sexual. De acuerdo con la Ley General de Víctimas y la NOM- 046- sa2-2005, “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres, criterios para la prevención y atención”, se debe garantizar el acceso a este servicio para toda mujer, sin más requisitos que una declaración bajo protesta de decir verdad de que el embarazo fue producto de una violación.

Gire reconoce que en la última década ha habido avances en, al menos, siete entidades federativas para ampliar acceso a causales de aborto. Por ejemplo, la causal de riesgo a la salud —causal amplia y donde caben más supuestos— se integró en cuatro estados.

En 2018, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, DESC y el Comité CEDAW, respectivamente, examinaron el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos del Estado mexicano. Ambos comités expresaron preocupaciones relativas al acceso diferenciado que enfrentan las mujeres al aborto según las causales en las entidades federativas.

La recomendación de la DESC fue: “Armonizar la legislación relativa a la interrupción voluntaria del embarazo, eliminando la criminalización de la mujer en las entidades federativas respectivas a fin de hacerla compatible con otros derechos humanos, incluyendo el derecho a la salud, con el objeto de asegurar que todas las mujeres tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, particularmente a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad;

El Comité CEDAW recomendó: “Acelerar la armonización de las leyes y los protocolos federales y estatales sobre el aborto para garantizar el acceso al aborto legal y, aunque no haya sido legalizado, a los servicios de atención posterior al aborto”

Además, el derecho a acceder a servicios integrales de salud reproductiva, incluido el aborto, está establecido en los estándares internacionales sobre derechos humanos que garantizan el derecho a la vida, la salud, la vida privada y a la no discriminación, entre otros.

Reforma constitucional de los Derechos Humanos

Cabe destacar que, a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 en México, hubo un cambio paradigmático en el reconocimiento de los derechos humanos y en el establecimiento explícito de herramientas jurídicas para su incorporación y aplicación, establecidas en el artículo 1º constitucional.

Vale la pena resaltar que los derechos humanos deben ser reconocidos y no “otorgados” por el Estado, y se fijó la obligación, para todas las autoridades, de resolver atendiendo a la protección más amplia a las personas —principio pro persona— y el principio de progresividad.

El principio pro persona tiene como finalidad que los derechos humanos prevalezcan frente a figuras autoritarias o restricciones categóricas que se pudieran introducir dentro del sistema jurídico.

Se estableció que las obligaciones de las autoridades —en todos los ámbitos— estarán supeditadas a observar los principios que caracterizan a los derechos humanos.

El principio de progresividad implica gradualidad y avance. Ésta se refiere a que la efectividad de los derechos no va a lograrse de una vez y para siempre, sino que entraña un proceso para obtener avances, este principio se relaciona con la prohibición de retrocesos injustificados a los niveles de cumplimiento alcanzados en materia de derechos humanos.

Ley Federal de Consulta Popular

Por otra parte, la Ley Federal de Consulta Popular establece el procedimiento para la convocatoria, organización y declaración de resultados de la consulta.

Esta ley, reglamentaria de la fracción viii del artículo 35º constitucional, fue recientemente reformada por el Congreso de la Unión para armonizarla con las modificaciones constitucionales a la fracción viii del 35º constitucional.

A partir de la reforma, la ley prevé la posibilidad de que el Poder Ejecutivo o Legislativo, o bien, la ciudadanía someta a votación general —independientemente de si se apruebe o no–, una propuesta de política pública considerada de trascendencia nacional o regional, que sea competencia de la Federación.

Sin embargo, para que se puedan celebrar las consultas populares, es necesario atender diversos requisitos de legalidad y legitimidad.

Así, el artículo 11º, fracción i, de la Ley Federal de Consulta Popular establece que no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los respectivos tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

La legalidad de la consulta, en cuanto a su objeto, habrá de ser evaluada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el fin de determinar la constitucionalidad de la consulta propuesta.

Al respecto explica y aclara el Informe que la Corte ha resuelto sobre la constitucionalidad de cinco consultas populares, de las cuales cuatro fueron desechadas por el máximo tribunal.

La primera sobre el otorgamiento de contratos o concesiones a particulares, nacionales o extranjeros, para la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica en el 2014.

La segunda relativa a que la Ley Federal del Trabajo que buscaba establecer que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijara  un nuevo salario mínimo capaz de cubrir todas las necesidades de una familia para garantizar al menos la línea de bienestar   determinada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

El tercero, realizó la revisión de constitucionalidad de la consulta popular 3/2014 acerca de mantener las reformas a los artículos 25º, 27º y 29º de la Constitución en materia energética; al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN resolvió su inconstitucionalidad por involucrar ingresos del Estado.

La cuarta relativa a la modificación de la Constitución para eliminar 100 de las 200 diputaciones federales plurinominales y las 32 senadurías plurinominales, determinó su inconstitucionalidad porque, si bien la reducción de diputados de representación proporcional constituía un tema de definición orgánica del Poder Legislativo, también implicaba un tema electoral.

La quinta el Pleno de la Corte determinó a favor de la recién pasada consulta popular del 1 de agosto propuesta por el Presidente, para preguntar a la ciudadanía debía determinar el enjuiciamiento  a los expresidentes que gobernaron entre 1988 y 2018, ya que su finalidad no viola el artículo 35º, fracción viii, numeral 3º, de la Constitución. Consulta que no logró ser vinculante.

Ello debido a que el Pleno decidió,  que la pregunta fue otra, al  ser reformulada de otra manera,  por lo que quedo en: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Son 29 mujeres y 31 hombres en los Paralímpicos de Tokio 2020

  • AMLO expresó su apoyo a deportistas por ser un ejemplo a seguir
  • La competencia inicia el martes próximo, en Japón

Lizbeth Álvarez Martínez. 

SemMéxico, Cd. de México, 17 de agosto, 2021.- La delegación mexicana que competirá en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, está integrada por 60 atletas, 29 mujeres y 31 hombres, quienes buscarán el podio en 11 disciplinas, con el objetivo de alcanzar la cifra de 300 medallas y la presea de oro número 100 para nuestro país; el evento se realizará del 24 de agosto al 5 de septiembre de 2021, en Japón.

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su apoyo a los deportistas paralímpicos que viajarán a Tokio y enfatizó que son un ejemplo a seguir para el pueblo de México. Asimismo, apuntó que cuando regresen van a tener un reconocimiento.

“Vamos a dar un reconocimiento a quienes obtuvieron medallas y también a varios que quedaron en cuarto lugar porque vamos a establecer una medalla más. Fue mínimo el que no llegaran al pódium”, señaló durante la ceremonia de abanderamiento.

En su turno de exposición,  Ana Gabriela Guevara Espinoza, directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Conade, dijo que las y los atletas,  son un ejemplo de viviente de que no hay obstáculos en la vida.

“Ustedes son el ejemplo viviente de que no hay ningún obstáculo y ninguna barrera que les impida salir adelante y demostrar que la capacidad humana es mucho más humana de las limitaciones, que la capacidad humana está más allá de lo que dictan las reglas y de lo que dice la sociedad.

Los juegos paralímpicos estarán marcados por mucho tiempo por el Covid, por esta incertidumbre  de salvar lo más importante que tenemos que es nuestra salud”, expresó la funcionaria.

Cabe resaltar que la natación será la disciplina que inicie las competencias y posibilidades de medallas para nuestro país, a partir del miércoles 25 de agosto.

Las pruebas en las que se presentan atletas como Gustavo Sánchez, Nely Miranda, Arnulfo Castorena, Naomi Somellera, Fabiola Ramírez, Jesús Hernández y Armando Andrade, entre otros, continuarán en el Centro Acuático de Tokio hasta el 3 de septiembre, con preliminares y finales todos los días.

La ceremonia de clausura está programada para el domingo 5 de septiembre en el Estadio Olímpico. México cuenta hasta el momento con 289 preseas de Juegos Paralímpicos y 97 son de oro. En Río 2016, nuestro país se ubicó en el lugar 29, de 83 países y obtuvo 15 medallas: cuatro preseas de oro, dos de plata y nueve de bronce.

Feministas demandaron alto a la violencia y a la criminalización de sus protestas

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  • Protesta deja un saldo de tres lesionadas.

Redacción

SemMéxico/Billie Parker Noticias. Ciudad de México, 17 agosto 2021. Con una marcha un grupo de activistas mujeres protestaron en Paseo de la Reforma, ante las presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de policías de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC).

El contingente que se manifestó con pancartas y arengando consignas, estuvo conformado por cerca de 200 mujeres que exigieron freno a la violencia contra las mujeres y la no criminalización de sus movilizaciones.

Las activistas realizaron pintas, e intentaron derribar vallas en el Ángel de la Independencia. En todo momento el grupo Atenea de la SSC acompaño a la movilización feminista encapsulándolas por momentos.

El saldo fue de tres personas lesionadas una policía, una integrante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y una de las manifestantes, reportan medios locales.

Violeta del Anáhuac| “Regreso a clases”

VIOLETA DEL ANÁHUAC

Isabel Ortega Morales

SemMéxico, Tlapa, Guerrero, 17 de agosto, 2021.-Aquí en Tlapa se ha realizado este viernes la primera reunión de directivos con docentes. Han recibido sus seis manuales y deberán acudir estas dos semanas para definir el plan de trabajo académico, arreglar la escuela y estar listas y listos para recibir el 30 del mes en curso a las y los alumnos que puedan llegar con sus madres y padres de familia, con la obligatoria portación de su carta responsiva.

Tres Maestras y yo platicamos mientras saboreamos unos tamales de rajas, verdes y rojos acompañados de atole de arroz y de champurrado. Guardamos la distancia. Señalamos que hemos sido vacunadas. Las escucho mientras observo las altas montañas que se elevan como un reto.

El nivel económico del alumnado dejó inconclusas tareas, coinciden. También en que fue difícil enlazar la comunicación por la falta de equipo tecnológico y la señal de internet.

Citan como ejemplo el caso de una de las maestras presentes donde su alumna de segundo grado tiene tres hermanos mayores y ninguno de ellos cuenta con equipo propio. La dificultad para tomar clases, para investigar sus tareas, para “subir” sus trabajos, generó una crisis en la familia y que además, la compra de “tarjetas” de 20 o 50 pesos para internet les permitía un tiempo relativo de conexión.

Asientan las demás que señalan que hubo momentos en que las madres y padres de familia “de plano no les contestaban”, y la presión de sus directores que señalaban “no sean flojas en Tlapa hay internet”.

Hay tiempo para charlar ya que aquí sirven los tamales por orden de tres.

Y me queda claro en ese lapso que si la ciudad tiene este tipo de problemas, la zona rural ha sido más precaria la oportunidad de tener clases.

Por eso, agregan, fue importante la entrega de guías de estudio que debían costear cada profesor/a ya que les decían sus directivos “póngalo ustedes, o ¿en que gastan su dinero sino vienen a las escuelas?”, y si no se destinaron recursos para las escuelas… ¿en qué se gastó ese dinero? Dicen y sonríen, mientras le doy un sorbo a mi atole de champurrado.

El gobierno federal está empecinado en el urgente regreso a clases cuando al magisterio le preocupa que la dosis única de la vacuna cansino requiere una segunda dosis de refuerzo. Están consciente de que retornarán, los que lleguen, con el nivel más bajo de aprovechamiento y que el riesgo latente del contagio será la constante tanto para ellas como docentes, como para el alumnado al desconocer las características de cada familia.

Pero saben que en esta región las constantes visitas del hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador dejó la idea de que hay un “cariño” que en algún momento les redituará un cambio, aunque en este momento no esté claro qué tipo de obras se hayan realizado con inversión federal, salvo, agregan, lo que dice la ciudadanía, los programas para adultos mayores y las becas para estudiantes, aunque ya han pasado tres años.

Esta región puede estar entre las 17 consideradas para el regreso a clases presenciales. Quizá el riesgo aún se desconoce…estamos tan lejos, dicen mientras agregan que por eso, se pierde la noticia y la educación.

Enfrenta violencia institucional, por conflicto de intereses en el TSJEO

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* Favorecen magistrados y jueces a un homólogo federal

* Otorgan guarda y custodia compartida, a pesar de probables hechos de violencia física y emocional por parte del padre

Lorena Vaniezcot

SemMéxico, Oaxaca, 16 de agosto, 2021.- A la violencia familiar que enfrentó, por lo que se separó y un largo proceso de litigio, que no termina, por la guarda y custodia de su menor hijo, Luvia se enfrenta hoy a la violencia institucional ejercida por las cúpulas de magistrados y jueces federales y jueces locales, que favorecen a su ex pareja el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Fidel Gallegos Figueroa.

Por ello, a través de SemMéxico, Luvia llamó al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado para que atienda un conflicto de intereses que favorecen al juez Segundo de Distrito y al Fiscal de Oaxaca, Arturo Peimbert para que judicialice carpetas por probables delitos de violencia familiar.

La última del Poder Judicial Federal en el Décimo Tercer Circuito fue la rapidez con la que actuaron, luego de que Luvia acudió al juicio de amparo en el cual le fue otorgada la suspensión de plano para que no se ejecutara la determinación de guardia y custodia compartida al encontrarse en riesgo la integridad física y emocional de su pequeño hijo, quien afirma la entrevistada ha sido objeto de agresiones físicas por parte de su papá y de su actual pareja.

La ex pareja de Luvia, juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Fidel Gallegos Figueroa, recurrió esta determinación acudiendo a la queja que resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa, el día 4 de agosto. Ese organismo la admite el día 5 y resuelve el día 6 de agosto del actual.

Dicha resolución, explica la madre del menor, fue dictada por el magistrado presidente Roberto Meixueiro Hernández y la Magistrada Luz Idalia Osorio Rojas, amiga de Fidel Gallegos Figueroa “como lo reconoce en dicha resolución y en otras”, y el secretario en funciones de magistrado Oscar Santiago Vargas.

Estos funcionarios revocaron la suspensión “sin importarles el interés superior del infante quien tiene derecho a una vida libre de violencia que le es ocasionada por su progenitor y la ahora pareja de éste, favoreciendo desde luego los intereses de su amigo y colega el juez de Distrito, Fidel Gallegos Figueroa”.

“Es impresionante la celeridad de los acuerdos”, reitera Luvia quien agrega que el mismo 6 de agosto pasado, la secretaria encargada del despacho en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, Lorena Carrera Martínez, niega la suspensión provisional.

De esta manera, el menor ahora vive con su progenitor como lo ha determinado la Jueza Cuarto de lo Familiar, Joanna Vasconcelos Sánchez, quien decretó la guarda y custodia compartida: de miércoles a domingo con –el juez federal- Fidel Gallegos Figueroa.

Vasconcelos Sánchez también determinó que la madre no podrá ver a su hijo en esos días ni comunicarse telefónicamente con él, porque considera que “interfiere con la convivencia padre-hijo.

Luvia señala que esa fue una decisión injusta para el menor al coartar toda comunicación con su progenitora y cuidadora principal; y evidente beneficio para los intereses mezquinos del padre de su hijo, a pesar de que, por antecedentes de agresiones contra el niño que han sido notificados a la autoridad, “el menor corre el riesgo de seguir sufriendo agresiones físicas y emocionales”, dice la madre quien lamenta que las juezas soslayen el interés superior de su menor hijo y el grave riesgo en el que se encuentra su integridad física y emocional, toda vez que la violencia psicológica que sufre su pequeño hijo puede ocasionarle daños irreparables.

Luvia hace un “enésimo” llamado al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que encabeza Eduardo Pinacho Sánchez, para que atienda esta situación donde “evidentemente hay intereses que rebasan a la justicia”.

Y, por otro lado, llamó a través de SemMéxico, al titular de la Fiscalía de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, para judicialice las carpetas por presuntos delitos de violencia familiar cometidos en su contra y en contra de su hijo.

Así como también pide imparcialidad por parte de la Fiscalía toda vez que mientras a Fidel Gallegos Figueroa le dan intervención en todas las carpetas de investigación seguidas en su contra e incluso reclasifican el delito de violencia familiar por el de lesiones que tardan en sanar menos de 15 días, exculpando al padre del niño y funcionario del Poder Judicial de la Federación.

Incluso, agrega, recaban de oficio pruebas para deslindar responsabilidad al juez federal Gallegos Figueroa, como sucedió con el Agente del Ministerio Público, a quien reconoce solo por su nombre “Hipólito”, mismo que de ser órgano persecutor se convirtió en defensor del aludido juez; mientras que  a Luvia le niegan toda intervención a las carpetas que de manera dolosa pretende integrarle Fidel con el mismo objetivo, meterla a la cárcel y quitarle a su hijo.

SEM/lv/sl

Diputada pide a AMLO justicia, luego de tentativa de feminicidio en su contra

  • Falta de acceso a la justicia, puerta abierta para perpetrar agresiones en mi contra: Elisa Zepeda
  • Pide poner un alto a la violencia comunitaria

Redacción

SemMéxico, Eloxochitlán de Flores Magón, Oax., a 16 de agosto, 2021.- Elisa Zepeda Lagunas llamó a las autoridades federales y estatales para que la garantía del derecho a la justicia no se dilate y para que el ejercicio del derecho a la participación política de las mujeres indígenas no sea sinónimo de riesgo y violencia.

En una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador pide al Poder Ejecutivo Federal que revise de manera exhaustiva que los casos en los que aplique la Amnistía o liberación de personas privadas de su libertad se trate realmente de personas que no hayan cometido delitos como los antes mencionados.

Así como genere acciones con el objetivo de restaurar el tejido social y contribuir a la erradicación del conflicto sociopolítico, e impulse desde la Secretaría de Gobernación mesas de diálogo que permitan llegar a acuerdos que favorezcan a la estabilización de la vida comunitaria en el municipio.

Al Poder Ejecutivo Estatal, la también diputada local –Morena- llama a impulsar el diálogo intercomunitario a fin de poner un alto a la violencia en la comunidad; contribuir al establecimiento e implementación de medidas de protección, que garanticen mi integridad física, emocional y mi vida, y a garantizarla participación plena y protegida de las mujeres en la vida pública y política de nuestro estado.

Al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca también demanda gantice el acceso a la justicia, juzgando bajo los más altos estándares en materia de violencia política contra las mujeres, derechos de los pueblos indígenas y derechos de las mujeres.

Y, finalmente, al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas en México que implemente a la brevedad, las medidas de protección necesarias, para salvaguardar la vida e integridad física mía y la de mi familia.

El contexto

Zepeda Lagunes explicó que el 14 de diciembre de 2014, fue víctima de tentativa de feminicidio, aunque las autoridades realizan la investigación como tentativa de homicidio, ante la falta de una perspectiva de género, intercultural y de derechos humanos.

Los hechos ocurrieron durante la Asamblea Comunitaria; en la que se renovaría la autoridad municipal de mi comunidad y en la que participé de manera activa ejerciendo mi derecho a la participación política.

Las diversas agresiones en mi contra dejaron daños físicos y psicosociales en mi comunidad, en mi y en mi madre, quien perdió el ojo derecho a consecuencia de la tentativa de feminicidio por los golpes propinados. Todo ello consta en materiales video grabados; hemerográficos y en la Recomendación 02/2015  realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En esta misma  fecha fueron asesinados su hermano Manuel Zepeda Lagunas y Gustavo Estrada, ambos defensores comunitarios.

Han pasado siete años y hasta la fecha no se ha garantizado el acceso a la justicia; no solo para mi y mi familia sino para la comunidad Mazateca de Eloxochitlán de Flores Magón, ubicada en la región Cañada del Estado de Oaxaca.

La omisión de las autoridades estatales y federales dio pie a la agudización de un conflicto social-político en la comunidad.

Cabe recordar que desde el año 2001 un grupo de personas encabezado por el C. Jaime Betanzos ha desestabilizado al municipio a través de la violencia, con el objetivo de tener el control de la comunidad, impidiendo la participación política de las mujeres.

A la fecha, la actuación de los tribunales busca ser sesgada y presionada. Los agresores, se hacen pasar por víctimas y por presos políticos, pretendiendo evadir sus responsabilidades con mentiras y falsas acusaciones. Ni siquiera mencionan a las víctimas, a quienes no se nos han brindado medidas mínimas de reparación, protección, garantías de no repetición para las víctimas y mucho menos la garantía de nuestro derecho al acceso a la justicia.

Contrario a ello, personalmente he sido objeto de agresiones como: seguimiento, intimidación a través de la toma de fotografías por personas desconocidas, campañas de difamación y desprestigio, solo por mencionar algunas.

A pesar de ello, en 2016 la Asamblea Comunitaria me eligió como Presidenta Municipal de mi Municipio y en 2018, la ciudadanía me eligió como Diputada Local por el Distrito 04 de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, lo que ha fomentado la participación política de mujeres indígenas en Oaxaca y en México.

Frente a este contexto, como mujer indígena mazateca y como ciudadana oaxaqueña, hago un respetuoso llamado a las autoridades federales y estatales para que la garantía del derecho a la justicia no se dilate y para que el ejercicio del derecho a la participación política de las mujeres indígenas no sea sinónimo de riesgo y violencia.

“Finalmente, dejo claro que en ningún momento he utilizado -ni pretendo utilizar- mi carácter de Diputada Local para sesgar la justicia. Los hechos hablan por sí mismos, existen testigos, documentación, daños materiales y humanos que evidencian lo sucedido y la tentativa de homicidio, también es un delito, por lo que debe juzgarse como tal.

“En Oaxaca las mujeres hemos impulsado la exigencia de cero tolerancia a la violencia política contra las mujeres, por lo que a pesar de transgiversar los hechos ocurridos, los perpetradores de violencia feminicida no quedarán impunes”.

SEM/sj

Palabra de Antígona| Mis recuerdos de Ma. Elena Chapa Hernández

Palabra de Antígona

Sara Lovera*

SemMéxico. Cd. de México. 16 de agosto 2021.- ¿Quién es esa mujer? Iba y venía entre las bancas del Senado. Hablaba, gesticulaba, cerraba sus puños. Estaba en una rara campaña: convencer a sus colegas de no resistirse a promover e incentivar una política que reconociera que las mujeres son iguales y tienen derechos.

Así la conocí. Era 1994. Supe que había recorrido el país y hablado con todos los comités del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tratando de dilucidar cómo y por qué sus militantes hombres se resistían y ponían obstáculos a sus compañeras.

En 2018, cuando recibió la medalla Elvia Carrillo Puerto, otorgada por el Senado de la República, recordó la palabra de Flora Tristán, de su obra Unión Obrera, de 1844: “Todas las desgracias del mundo provienen del olvido y el desprecio contra las mujeres”, y propuso hacer planas de esa frase a sus escuchas, mayoría políticas activas, jefas, dirigentes: “Para que no se les olvide”.

Cuando era presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León, observé su firmeza y convicción en esa tarea. No era una demagoga en el campo. Era mandamás, como buena profesora.

Este año, compartiendo un chat en WhatsApp, advertía de la amenaza del retroceso en la agenda feminista; agenda, decía, que tenía que ser integral, para transformar en serio a la sociedad mexicana.

María Elena Chapa Hernández, reconocida como política, senadora, diputada federal, local, funcionaria, luchadora por la paridad real, me contó de su inmensa trayectoria, desde antes de ser visible como parlamentaria: profesora, filósofa, promotora de la salud, ensayista, analista de la educación, piedra angular del desarrollo humano y la democracia. Militante y partidaria, estaba convencida que, para avanzar, era esencial que las mujeres tuvieran una visión interdisciplinaria e intercultural.

Hablaba como las regias: directa, con chistoretes. Le gustaban los diminutivos, como “machito”. Un día me dijo que hay que aprender a hablar directamente con las mujeres, enseñarlas a hacer efectivos sus derechos. Y eso, “mijita”, no se hace repitiendo teorías, sino experiencias.

Admiraba su colección de cajitas que miré en su casa. Ella no dejaba de fumar. Siempre tenía un tono didáctico: “La política es un asunto de negociaciones y acuerdos, única manera de avanzar en la agenda legislativa y las políticas públicas”; no se puede vivir en la contienda. Fue 15 años legisladora. Se sabía al dedillo el proceso legislativo y conocía las jornadas larguísimas de discusión. “Hay que entrarle”, incitaba. Era la política concebida como la forma de ampliar los espacios de la democracia.

“Y, mira Sarucha —así me decía—, para hablar con los hombres, hay que tener conocimiento y memoria, saber bien sobre los acuerdos y mandatos internacionales”. No se le iba una. Decía: “Vale demandar esto y esto otro, como los presupuestos de género. Pero, ojo, nunca se puede olvidar que las mujeres tienen que resistir, aguantar y avanzar, sin flaqueza”.

Se sentía y se vivía como feminista plural. Era nerviosa, atrabancada, decidida, atributos que se confunden, porque se les cree solamente masculinos. Compartió con todas, estuvo en los acontecimientos más intrincados de la política de género y, hasta sus últimos días, mantuvo una actitud positiva. En el chat nos contó de sus idas y venidas al hospital, de sus tratamientos, sin un asomo de fatalidad. “Hay que seguirle”, recomendaba. Entre mujeres, todas caben, todas son importantes.

A su muerte, irreparable, se han expresado muchísimas personas, de todos los bandos, porque María Elena Chapa, esta neolonesa desobediente, no la arredró nada. Escribía en periódicos, daba entrevistas y opinaba al día, sobre los yerros de este gobierno. Su legado: decir lo que hay que decir, a tiempo, fuerte y de frente, identificar quiénes son susceptibles de convencer, venciendo sus resistencias. Te vamos a extrañar Chapa querida.

*Periodista, directora el portal informativo SemMéxico.mx

Cuba: Salud sexual y reproductiva para adolescentes, cuestión de derechos

De la redacción

SemMéxico/SEMlac. La Habana, 16 de agosto 2021.-  Educar en materia de derechos y emplear este enfoque con adolescentes es esencial para garantizar su acceso a servicios de salud sexual y reproductiva (SSR) de calidad, coincidieron expertos durante un taller organizado el 12 de agosto por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) en Cuba, informó el sitio oficial en internet de ese organismo internacional.

De acuerdo con Nadina Peñalver Díaz, psicóloga de la Salud y profesora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), en el camino por empoderar a los adolescentes resulta clave asumir esta aproximación, pues «provee herramientas para comprender de manera integral la sexualidad y contribuye a eliminar aquellas barreras que perpetúan el estigma y la discriminación».

El grupo de personas entre 10 y 19 años, quienes construyen sexualidades, expresiones e identidades de género no hegemónicas, requieren de una mirada diferenciada, en tanto tienen que enfrentar desafíos y obstáculos que les expone a diversos riesgos, significó la especialista.

Según el estudio «Diagnóstico sobre incidencia de legislaciones y políticas en el acceso de adolescentes y jóvenes a servicios de salud sexual y reproductiva en Cuba», el conocimiento de adolescentes sobre sus derechos sexuales y reproductivos es, sobre todo, formal.

Por lo general, quienes integran ese grupo no son conscientes de su alcance, de la relevancia de estos temas para el desarrollo de su personalidad o de su valor para actuar ante posibles vulneraciones, aseguran sus autoras, las juristas Yamila González Ferrer, vicepresidenta de la Unión de Juristas de Cuba, e Ivonne Pérez Gutiérrez, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.

El enfoque de derecho contribuye a garantizar a jóvenes y adolescentes el ejercicio de los derechos a la privacidad e intimidad, a vivir libre de violencia y discriminación, acceder a una educación integral de la sexualidad (EIS) y a servicios de salud sexual y reproductiva, incluso a la participación en políticas públicas sobre sexualidad.

A juicio de González Ferrer, uno de los desafíos actuales apunta a que las políticas diseñadas sobre salud sexual y reproductiva que llevan adelante los diferentes programas del Ministerio de Salud Pública (Minsap) no tienen suficiente espacio dedicado a la prevención y atención de la violencia y los abusos sexuales.

La violencia directa y la vulneración de derechos tienen una relación estrecha, considera Ada Alfonso, profesora e investigadora del Cenesex, quien argumenta que toda forma de violencia es una violación de los segundos, «pero también cuando los derechos se vulneran estamos frente a situaciones de violencia de distintos tipos», sostuvo.

La vicepresidenta de la Unión de Juristas, por su parte, comentó situaciones en las cuales los derechos de las y los adolescentes quedan en situaciones de vulnerabilidad.

Mencionó, por ejemplo, el requerimiento de la presencia y consentimiento de los padres, tutores o representantes legales para el acceso a los servicios de interrupción de embarazo y de regulación menstrual, catalogado por la especialista como «una brecha, en tanto se limitan los derechos y garantías de adolescentes y jóvenes».

Algo similar ocurre con las personas en ese grupo etario que tienen consentimiento para sus relaciones sexuales desde los 14 años y que «no deberían ver limitado o condicionado al acceso a preservativos, la píldora anticonceptiva de emergencia, entre otros servicios», señaló.

González Ferrer recomendó velar por la coherencia e integralidad entre los programas de salud sexual y reproductiva y las condiciones jurídicas que enmarcan las relaciones sexuales.

La experta recordó, además, que el reflejo normativo del enfoque de educación integral de la sexualidad centra su mirada en los riesgos para la salud de adolescentes y jóvenes, pero no incluye el componente emocional o afectivo, entre otros elementos importantes.

Todos estos aspectos resultan vitales en momentos en que Cuba trabaja, con el apoyo del Unfpa, en la actualización del Programa de Atención Integral a la Adolescencia.

Otras instituciones aportan a ese propósito, como el Programa de Atención Materno Infantil del Minsap, el Grupo Nacional de Atención Integral a la Salud de Adolescentes, el Cenesex, diversos organismos de la administración central del Estado, así como la academia y organizaciones de la sociedad civil.

Para Ada Alfonso, experta del Cenesex, este proceso de actualización «es una oportunidad y al mismo tiempo una fortaleza para lograr que los servicios de salud que se brinden sean de calidad y accesibles en esta etapa del curso de vida».

En su opinión, el sistema de salud de la nación caribeña y su esquema de atención primaria «cuentan con los mecanismos para brindar una atención de calidad que incluya la identificación, la detección y la prevención de las necesidades de salud de las y los adolescentes».

Sin embargo, como apunta González Ferrer, habrá que prestar especial cuidado al derecho a la participación de las y los adolescentes, para que se sientan realmente partícipes activos de un programa que incide directamente en sus vidas.

El aborto no puede ir a una consulta popular: GIRE

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Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 16 de agosto, 2021.- El titular actual del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, ha manifestado en repetidas ocasiones que, sobre el tema de aborto, al haber en la sociedad posturas encontradas a favor y en contra, lo mejor sería consultar a la ciudadanía.

 Hasta ahora, el presidente no ha determinado la naturaleza de la posible consulta, la materia específica a consultarse ni sus posibles consecuencias, especialmente, considerando que el aborto es una materia que se regula a nivel local en México.

En este contexto y con la preocupación de GIRE de que un mecanismo de democracia directa, lejos de garantizar la participación de las personas en las decisiones que les atañen, sirva como pretexto para legitimar decisiones que atenten contra derechos previamente reconocidos, y con la finalidad de abonar a la reflexión en torno a las consultas populares y los derechos humanos, hoy compartimos el informe “Ni un paso atrás, la garantía del acceso al aborto legal en México y las consultas populares”.

Delfina Gómez y su atentado contra el Estado Laico

OPINIÓN/ESPECIAL

Delma Cecilia Martínez Muñoz

SemMéxico/Educación Futura* ,Cd. de México, 16 de agosto, 2021.- Como pedagoga crítica  y feminista el “Mensaje del Episcopado mexicano de cara al próximo ciclo escolar” que dirige como invitada el día 10 de agosto la Secretaria de Educación Delfina Gómez, es un claro ataque al Estado Laico. Este eje filosófico ha sido violentado en múltiples ocasiones y continúa siendo un tema no consolidado en nuestro país, ya que aparece más como discurso que como acción toral de las políticas públicas, caso concreto el hecho de que la mismísima Secretaria de Educación deba rendir explicaciones públicas ante el  Mensaje de los obispos ante el ciclo escolar 2021-2022, en este contexto de pandemia COVID-19, en lo que han denominado el pacto educativo Global, lanzado el pasado 27 de julio.

Dicho mensaje que según quienes lo envían, se sustenta en consulta con expertos, así como en el artículo 4º de la Constitución y el interés superior de la niñez olvidaron por completo que su principal sustento debiera ser el Artículo 130 Constitucional “El Estado laico no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio a favor da religión o convicción filosófica alguna. Tampoco a favor o en contra de alguna asociación o agrupación religiosa”, sin mencionar por supuesto el ultraje al Artículo 3º ConstitucionalAsí mismo, es inconcebible que en pleno siglo XXI y ante las luchas históricas que permitieron integrar el laicismo en nuestro país, se permita y solape la intromisión religiosa en las políticas públicas, sobre todo si estas se refieren al ámbito de lo educativo, habrían de aplicar “Al César lo que es del César y al Estado Laico el laicismo educativo”.

 Antes de hacer mención de los puntos que contiene el mensaje de obispos y que tan solícitamente responde Delfina, pregunto: ¿Son los obispos mexicanos las autoridades expertas para hacer una exigencia en el ámbito de lo educativo? La respuesta es un NO, sin embargo, Delfina acudió presurosa a rendir cuentas, mismas que no ha rendido ante las maestras y maestros, dicho sea de paso. Pero eso es otro tema pendiente. Los puntos del ya tan citado mensaje son: 1. Garantizar un Programa Estratégico General para el Regreso Presencial a la Comunidad Educativa, 2. Ofrecer un esquema de vacunación, abierto a las fuerzas de la sociedad civil organizada, para llegar más pronto a todos los que necesitan ya contar con la inmunización, 3. Realizar un esfuerzo mayúsculo y proporcional en el gasto público, principalmente de la Federación, que es quien ha centralizado los recursos, para reconvertir los centros escolares públicos y privados, en espacios en donde la comunidad educativa pueda organizarse, colaborar y responder a los desafíos más básicos, 4. Hoy, más que nunca, urge atender el desarrollo integral de cada miembro de la sociedad, 5. El desafío está, principalmente, en la reconversión física y social, de cada comunidad escolar, a través de la generación de un pacto educativo local, entre directivos, maestros, padres de familia, estudiantes, comunidad en general, incluyendo autoridades civiles, académicos, asociaciones religiosas, entre otros, 6. Es urgente recuperar toda una estructura para la educación temprana, que antes de la Pandemia ya había sido restringida, 7. La educación requiere fortalecer la infraestructura tecnológica necesaria, pues solamente a través de una comunicación bidireccional, el niño, la niña, el adolescente o joven pueden entablar un diálogo corresponsable, participativo y personalizante, con su educador designado.

Cabe resaltar que no  existe ninguna preocupación sobre el incremento de la violencia de género en esta pandemia y la exigencia de estrategias para erradicarla, tampoco los escuchamos cuestionando qué se hará en materia de abusos sexuales infantiles y el incremento de embarazo adolescente por este motivo, no se habla de los feminicidios, la violación de derechos a la comunidad LGBTTTI+ y mucho menos se menciona que con la perspectiva de género y desde una educación feminista es la única manera de hacer visibles estas problemáticas. Sin embargo, entre sus múltiples explicaciones, Delfina menciona que hizo un convenio con INMUJERES sobre la Cultura de la igualdad entre mujeres y hombres en todos los niveles educativos, sabrá acaso lo que ello significa, supongo que no porque rinde una explicación sobre igualdad a una institución que de manera histórica ha coartado la igualdad de derechos a las niñas y mujeres en el mundo. Y si analizamos, incluso sin mucho detalle, sabemos que todos esos puntos, las y los maestros de a pie, esas y esos que no estamos en escritorios, sino en el aula y que no hemos sido escuchadas, nos las hemos planteado y resuelto de mil formas en esta pandemia. 

Por ello para mí ese mensaje, más que educativo es político y se enviste en un juego de poderes, por ello representa un claro atentado al Estado Laico en México ¿En qué deriva mi preocupación?, aunque para muchas y muchos parezca inocente o incluso cómico el hecho de que la Secretaria de Educación en compañía de Monseñor Rogelio Cabrera López, Presidente del Episcopado nacional brinden un mensaje de inicio de ciclo escolar a la población mexicana, no, no es inocente, es una demostración de poder de la Derecha y su injerencia en los asuntos nacionales, es una alianza simbólica de las ideas que han estado rondando en los últimos años como el PIN parental, el ataque al a perspectiva de género, a las disidencias sexuales, a la despenalización del aborto, a la lucha de clases, a los derechos humanos en general.  

Cuando hablo de un atentado al Estado laico, no lo hago como hipérbole desde el lenguaje figurado, lo hago con una conciencia histórica, política y feminista que me permite ver la gravedad del asunto, pues Delfina Gómez amenazó que habrá muchos más encuentros.  Delfina inicia su presentación, con el clásico discurso del individualismo, antepone su formación religiosa católica, sus experiencias docentes como catequista y su familia tradicional como motor de éxito en la vida, explota también el anquilosado discurso de la clase social, ese que el capitalismo usa para desmantelar las luchas colectivas y lo envuelve en esfuerzos personales de que “El que quiere puede”, mientras las cifras de la pobreza en México le golpean en la cara. 

En ese desatinado evento recuperé algunas palabras textuales del arzobispo, solo para que se despierte en ustedes lectoras y lectores el gusanito del pensamiento crítico, cito: “transmitir la experiencia de la fe”, la tarea de la iglesia en la educación, tomar decisiones como colaboradores en el ámbito educativo, somos llamados a componer el país, compartir las preocupaciones de la Secretaria en el proceso educativo ante la pandemia, no queremos tener miradas únicas de las situaciones”. Todas esas ideas que parecen sueltas, son el tejido de un discurso político con miras a hincar las garras en la educación, enmascarado en discurso de fe, amor y paz, que pretende vendernos la idea de que la Iglesia debe ser partícipe de las políticas en materia de educación, así como tomar decisiones al respecto, por supuesto “por nuestro bien”.  

Para finalizar este texto, me genera molestia que se maneje un discurso sobre el evitar el miedo a regresar a las aulas, que se banalice el miedo, como si morir fuera un acto menor a considerar, sobre todo en un país con un sistema de salud precario, con familias empobrecidas, con escasez de empleos, con brecha digital. Se menosprecia el vivir, como si vivir  fuera algo secundario y la única prioridad fuese aprender contenidos que alguien eligió como indispensables para la vida, esa vida que menosprecian.  Regresar a las aulas a una población no vacunada como las infancias, no solo es violentar su derecho a la salud, sino que en un momento que una nueva cepa del virus ataca es un acto deshumanizado, por mucho que se pregone que la Nueva Escuela Mexicana es “humanista”. 

A dieciséis meses del inicio de la pandemia, como  maestra frente a grupo, sé que las escuelas y las y los docentes buscamos como resolver las situaciones de niñas y niños que carecen de acceso a internet o tecnología, de servicios básicos. Hemos estado ahí, haciendo cooperaciones, donaciones, buscando la manera de evitar la deserción. Y no, la Secretaría de Educación no ha enviado un peso, ni equipos o becas para el acceso de estas poblaciones estudiantiles vulnerables que han quedado rezagadas por cuestiones económicas.  Desde los escritorios la burbuja de privilegio nubla la realidad y genera una ficción que solo se creen en su mundo de ilusiones, acá la realidad golpea a las familias mexicanas y tal vez Secretaria Delfina, esas familias no podrán atender su instrucción de enviar un refrigerio saludable, porque no tienen ni con qué pasar el día. 

Puedo seguir escribiendo y desmenuzando tanta sandez, solo me quedo con la idea de exhibir el discurso político enmascarado en buenas intenciones, pero si como maestras y maestros, la laicidad nos representa solo una palabra y no una forma de vida y el eje filosófico que sostiene la educación y la vida política en México, entonces tal vez este texto solo es palabrería.  

*Periodismo de Interés Público

Discute por primera vez la 4T la violencia en las instituciones de Educación Superior, tras años de denuncias

  • Se reúnen SEP, Inmujeres y Conavim a iniciativa de los Centros de Justicia para las Mujeres de todo el país
  • Anuncian como novedoso  crear algún mecanismo o mesa de trabajo para abordar el tema

Sara Lovera

SemMéxico, Cd. de México, 16 de agosto, 2021.- En un comunicado conjunto de la Secretaría de Educación Pública, Gobernación y el Instituto Nacional de las Mujeres, anuncian que van a trabajar para que se enfrente la violencia en las instituciones de educación superior y que crearán un mecanismo de atención, seguimiento y vigilancia, sin mencionar los acuerdos de hace varios años, ni las denuncias, ni la forma de acabar con la impunidad.

Informaron que el 10 de agosto  se hizo, tras casi 3 años de gobierno una  primera reunión de coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim); la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP); el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM),  para iniciar  un proceso  para   fortalecer y brindar servicios de orientación, atención y sanción para casos de hostigamiento sexual y de acoso sexual que se presenten en las Instituciones de Educación Superior (IES) .

En los últimos 5 años han nacido y crecido las colectivas feministas en las universidades, públicas y privadas, para parar el hostigamiento y la violencia sexual en las aulas, los campus, y aun, fuera de éstos. Y no obstante antiguos acuerdos, protocolos y demandas, ahí, sigue imperando la impunidad

El recuento es preocupante. De todas las denuncias las agresiones físicas fueron las más altas 35.7 por ciento, cometidas, dicen las funcionarias, en su mayoría por compañeros, se dice estudiantes. Oculta las de profesores, que sólo en la Escuela de Teatro llegan a más de 400.

También hablan las funcionarias de  actitudes discriminatorias y las agresiones emocionales con 18.4 por ciento, la mayoría cometidas por personal docente masculino.

En las escuelas y universidades de educación superior se han registrado  ataques con algún tipo de arma hasta en un 1.5 por ciento, según el registro oficial.

En las escuelas de educación superior también se identifican: el acecho, con 4.2 por ciento e insinuaciones sexuales o insultos vía mensaje o red social, con 4.2 por ciento. La información de las colectivas, por ejemplo, se han documentado cientos de casos. La Escuela de Artes Teatrales, por ejemplo, documentó al menos 600 y una coordinación que arma protocolos hace 7 años, reporta casos oprobiosos del acoso a la violación e incluso algunos de feminicidio.

En el sexenio anterior el Inmujeres firmó un acuerdo con la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior ANUIES, con este objetivo. Acuerdo que no se mencionó, ni tampoco los diagnósticos de la situación, toda planteada por las colectivas de mujeres universitarias. Todo  ha quedado en los archivos.

Esta primera reunión se hizo por iniciativa de los Centros de Justicia para las Mujeres  -creados en el sexenio anterior- donde se reciben quejas y atienden las violencias contra alumnas y maestras. Y ahí, como si antes no hubiera pasado nada, se ofreció formalizar un futuro mecanismo de actuación y seguimiento.

Esta reunión en modo  virtual, informó un comunicado oficial, destaca la participación la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el subsecretario de Educación Superior de la SEP, Luciano Concheiro Bórquez; el Inmujeres, la directora general de la Política Nacional de Igualdad y Derechos de las Mujeres, Marta Ferreyra Beltrán y la directora del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Margarita Cortés Cid.

También dice que por  Conavim, estuvo su titular, Fabiola Alanís Sámano y la coordinadora de Vinculación Estratégica Interinstitucional, Teresa Medina Villalobos; además, la coordinadora de Enlace y Seguimiento de la Subsecretaría de Educación Superior, Ángeles Arcos García.

Esta discusión estuvo moderada por  la coordinadora de la Unidad de Género de la Secretaría de Gobernación, Anitzel Ramos Velázquez.

En su mensaje, la secretaria de Gobernación afirmó que “las Instituciones de Educación Superior deben garantizar un ambiente libre de violencia en el cual las mujeres puedan ejercer su autonomía como estudiantes o como profesionistas sin temor ni riesgo” y continuó “con esta acción se están generando espacios seguros como cimiento para una nueva vida para las mujeres mexicanas. Cada tipo de violencia en cada ámbito tiene características específicas y no deberíamos permitirlas, por eso las estrategias instrumentadas deben considerar las características y contextos propios de cada tipo de violencia para tener mayores posibilidades de éxito en cada región del país”.

Agregó que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia considera a la violencia laboral y docente como una modalidad de violencia de género y enfatizó que “el hostigamiento y el acoso sexual, consisten en el ejercicio abusivo del poder, ya sea en una relación de subordinación o no”.

En su turno, el subsecretario Concheiro informó que los casos de violencia sin mencionar datos globales, ni históricos,  afirmó  que más se han denunciado en las Instituciones de Educación Superior en 2021 fueron las agresiones físicas con 35.7 por ciento, cometidas en su mayoría por compañeros, seguidas de las actitudes discriminatorias y las agresiones emocionales con 18.4 por ciento, la mayoría cometidas por personal docente masculino; además, de los ataques con algún tipo de arma que representaron 1.5 por ciento; el acecho, con 4.2 por ciento e insinuaciones sexuales o insultos vía mensaje o red social, con 4.2 por ciento.

Luego dijo un discurso oficial: “Desde el inicio del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador nos hemos propuesto una transformación radical de la educación superior y eso implica hacer visible, atender y sancionar la violencia que sufren las mujeres en ese ámbito. Es esencial que en todos los subsistemas de la educación superior, las mujeres puedan ejercer y hacer efectivo su derecho a la igualdad y justicia de género, y a la diversidad sexual”, puntualizó Concheiro Bórquez.

Por su parte, la comisionada Fabiola Alanís Sámano resaltó la necesidad de que las IES se constituyan como espacios de respeto, libres de violencia, en donde no se naturalice la violencia hacia las mujeres, “se trata de un compromiso ético con las mujeres, en esta Cuarta Transformación de la vida nacional; las instituciones tenemos la obligación de responder a las demandas por una vida libre de acosos a las mujeres”.

Luego consideró la importancia de que los  56 CJM en las 32 entidades del país que hoy existen, hayan propiciado esta primera reunión en varios años, y dijo que esos  son lugares, donde se brindan servicios integrales de terapia psicológica, asesoría jurídica, trabajo social y acceso a la justicia con perspectiva de género.

Marta Clara Ferreyra Beltrán destacó la necesidad de poner atención a todos los tipos de violencia dentro de las instituciones educativas, puesto que es un factor que ensancha las brechas entre mujeres y hombres. “Es necesario crear espacios seguros para todas, porque muchas de las mujeres que sufren violencia en las Instituciones de Educación Superior abandonan sus estudios, la violencia claramente es una interrupción, quedan fuera de sus proyectos de vida y rehacer sus proyectos es muy complicado […] por ello es muy importante la implementación de las directrices, las cuales permiten el trabajo conjunto con la Secretaría de Educación”, puntualizó.

Y a lo que se llegó declarativamente, según la información oficial es que esa  reunión discutió y  estableció que la estrategia a seguir será en el marco de las Directrices para elaborar e implementar mecanismos para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y del acoso sexual en las Instituciones de Educación Superior,  al ser un eje de actuación general que tiene como objetivo brindar una atención oportuna a las víctimas de hostigamiento y acoso sexual, así como para instalar las capacidades en el personal que integra las IES, las cuales constituyen en el país un universo de 3 mil 231.

Finalmente, se acordó que en las próximas semanas se formalizará la vinculación de los CJM con las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), para seguir fortaleciendo la atención integral de las víctimas en coordinación con las IES.

Botella Al Mar| Mente Femenina

Botella al Mar         

Martha Canseco González

SemMéxico, Pachuca, Hidalgo, 16 de agosto, 2021.- En octubre del 2014, mi querida maestra María Martín Barranco organizó el Primer Congreso Internacional de Mentes Femeninas, reunió en Salobreña, costa andaluza, a una pléyade de mujeres exitosas, creativas, comprometidas y brillantes. Sin lugar a dudas este fue uno de los congresos más interesantes a los que he acudido.

Ahí constaté de qué manera el feminismo está permeando en toda actividad humana. Más de 100 mujeres de todas las profesiones platicaron ahí sus experiencias y como están dejando su impronta en este mundo patriarcal.

Literatura, arte, emprendimiento, política y salud fueron algunos de los temas que se trataron y donde se difundió la riqueza del conocimiento hecho por mujeres. Científicas, artistas, empresarias, deportistas, periodistas, filósofas, educadoras, políticas, estuvimos ahí compartiendo nuestras experiencias.

Por México acudimos la abogada Emma Obrador, la artista plástica Sonia Félix Cherit, la productora de medios Carmen Campos y yo. Otras de las participantes fueron: Pilar López Diez, Alice Fauveau, Pilar Aguilar Carrasco, Diana Maffia, Raquel Lucas, June Fernández, Kika Fumero, Nuria Varela, Pepa Masegosa, Belén Gopegui, Pilar V. de Foronda y Lucía Martínez Odriozola entre otras.

Escuchar tantas buenas experiencias de las mujeres en todos los ámbitos fue realmente muy alentador. Me llamaron bastante la atención las mujeres que hacen cómic feminista, las creadoras de música para mujeres, las astrónomas que me enseñaron a mirar el cielo de otra manera, la foniatra que hace análisis de género de la voz humana y el impacto que tiene, la periodista que se ha dedicado a explicar qué es el feminismo, aquella otra que entiende que la humanidad está en una encrucijada entre el feminismo y la barbarie.

Ahí por cierto conocí el proyecto del llamado “Tren de la Libertad” que ante la presunción del ministro Gallardón de echar para atrás el derecho a la interrupción legal del embarazo en España, cientos de feministas de todos los rincones viajaron kilómetros y kilómetros por tren para estar en Madrid semanas después y reclamar sus derechos. Aunque no estuve físicamente en ese histórico momento, mis amigas me llevaron (pegaron mi fotografía en sus mochilas y me pasearon por todo Madrid).

Total, que ese encuentro fue para todas una bocanada de aire fresco, el ambiente que se generó fue de mucha esperanza por lograr un mundo más equitativo y justo para las mujeres.

Fue en ese momento cuando se dejó escuchar la voz de Lucía Martínez Odriozola quién nos sentó en la realidad, ¡falta mucho por hacer!, ¡seguimos viviendo en un mundo patriarcal que no quiere ceder nada! dijo.

Ese golpazo de realidad que nos dio esta periodista vasca a mí me sirvió para no sentarme en mis laureles. Será la tozudez, la necedad, la insistencia de las feministas lo único que nos ponga en la senda de una verdadera igualdad sustantiva.

Por eso quiero agradecer a Lucía Martínez Odriozola ese remesón que nos dio aquel día y me duele en consecuencia su muerte ocurrida el fin de semana.

Lucía fundadora de la revista feminista Pícara Magazine, maestra de generaciones de periodistas vascas y pionera del periodismo con visión de género en el País Vasco, ¡buen camino de regreso!, ¡gracias por tu valentía y claridad! ¡Una gran mente femenina!

botellalmar2017@gmail.com

CNDH dirige recomendación al ISSSTE por vulnerar los derechos humanos de una trabajadora

  • Despedida verbalmente, se incumplió  lo dispuesto en los lineamientos del organismo para dar por terminada una relación laboral

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 16 de agosto, 2021.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación  32/2021, al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda, por no aceptar una propuesta de conciliación en el caso de una persona despedida de su trabajo en la Subdirección de Aseguramiento de la Salud de la Dirección Normativa de Prospectiva y Planeación Institucional de ese organismo.

La víctima presentó ante esta Comisión Nacional una queja, refiriendo que en 2013 ingresó a laborar en el ISSSTE y posteriormente se le adscribió a la Subdirección de Aseguramiento de la Salud de la Dirección Normativa de Prospectiva y Planeación Institucional, donde desempeñaba funciones secretariales; sin embargo, el 14 de febrero del 2020, el jefe de Departamento de Recursos Humanos de dicha dirección le comunicó verbalmente que estaba despedida.

Con fundamento en sus atribuciones legales, en marzo pasado la CNDH dirigió una propuesta de conciliación, misma que no fue aceptada por el ISSSTE, por lo que, una vez analizado el expediente de queja y las evidencias, se concluyó que en dicho caso se vulneraron los derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica y al debido proceso de la víctima.

La Comisión determinó que personal del ISSSTE incurrió en responsabilidad institucional al incumplir lo dispuesto en los Lineamientos para el levantamiento de actas administrativas, aplicación de sanciones y elaboración de avisos de rescisión, a efecto de dar por terminada una relación laboral con la persona afectada.

Dichos lineamientos forman parte de la normatividad vigente, por lo que su observancia es obligatoria y su cumplimiento no puede quedar supeditado a la voluntad o discrecionalidad de las personas servidoras públicas involucradas; por el contrario, se deben acatar, atendiendo la obligación de salvaguardar los principios de disciplina, objetividad, profesionalismo, lealtad e integridad.

Por lo anterior, la CNDH solicita al director general del ISSSTE reparar el daño ocasionado a la víctima e inscribirla en el Registro Nacional de Víctimas para que se le otorguen las medidas de ayuda, asistencia, atención y acceso a la justicia previstas en la ley, además de colaborar en la queja que por lo ocurrido se presente ante el Órgano Interno de Control en ese Instituto.

Asimismo, deberá impartir, en el plazo de tres meses, un curso de capacitación sobre el derecho a la legalidad, seguridad jurídica y al debido proceso, dirigido al personal adscrito al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y designar a una persona servidora pública de alto nivel de decisión para dar seguimiento al cumplimiento de la presente Recomendación.

La Recomendación 32/2021 ya fue debidamente notificada a su destinatario y puede consultarse en la página web cndh.org.mx.

Desbordada la protección federal a periodistas. Y el Senado frenó la ley

Miradas de reportero

Rogelio Hernández López

SemMéxico, Cd. de México, 16 de agosto, 2021.-Por las amenazas de un presunto grupo del Cartel Jalisco Nueva Generación a colegas reporteros de tres medios –y en particular a la conductora Azucena Uresti—se produjeron algunas reacciones legítimas de alerta y solidaridad, pero muchas plagadas de lugares comunes e ignorancia sobre protección a periodistas y alcances gubernamentales.

Lo que sí quedó claro es la necesidad de acelerar el desarrollo de un sistema nacional de protección a periodistas. Y lo que se sabe poco es que el paso más firme en ese sentido fue congelado en el Senado de la Republica hace ocho meses.

Los temores a que ocurran las agresiones anunciadas mostraron, no solo las insuficiencias del sector público, sino también de las empresas de prensa y en los mismos periodistas para evitar y prevenir más agravios. Las y los Senadores tienen que saber de todo esto.

En primer lugar, nadie que esté enterado puede negar que las instancias federales de protección a periodistas si actúan, pero son insuficientes, sobre todo porque los gobiernos de los estados, las fiscalías y empresas de prensa no cumplen con los mínimos. Veamos…

Mecanismo rebasado

Al Mecanismo federal de protección a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas lo desbordaron ya las solicitudes de protección.

Hasta fines de julio de 2021 protegía a 1 mil 478 personas. Un alto porcentaje de ellas tienen amenazas de muerte.

De periodistas, a fines de 2018 tenía incorporados a 256. En dos años y medio recibió a otros 211. Y las solicitudes siguen llegando, sobre todo de las entidades de altos índices de violencia.

Al incorporar con medidas duras urgentes a la conductora Azucena Uresti y a otros colegas de tres medios el número de periodistas que ahora atiende el mecanismo rebasaron los 480.

No obstante, el crecimiento de más del 80 por ciento en las demandas de protección de periodistas, el Mecanismo ha sufrido reducciones presupuestales y ha tenido que solicitar de urgencia ampliaciones.

En 2019 y 2020 pudo ejercer un promedio anual de 390 millones. Para 2021, por la presión de la Secretaría de Hacienda, el Congreso le aprobó 58.7 por ciento menos del promedio de los años anteriores, apenas 227.6 millones de pesos. Tuvo que solicitar una ampliación de 189 millones de pesos.

Por las restricciones presupuestales el Mecanismo federal ha tenido que seguir brindando distintas medidas de protección, casi con el mismo número de personal.

De 2012 a 2019 operaron allí 36 personas. Y hasta 2020 le autorizaron contratar solo a 6 personas más y designar a un Coordinador Ejecutivo. Al terminar 2021, estos 42 operadores tendrán que proteger a más de 1 mil 500 personas. Ya están muy rebasados.

Por datos públicos de Alejandro Encinas, subsecretario de los derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, de diciembre de 2018 a la fecha han asesinado a 45 periodistas en diversos estados de la república (7 con protección del Mecanismo federal y de gobiernos estatales). También fueron asesinados 68 personas defensoras de derechos humanos en ese lapso.

Peor la fiscalía federal

De los asesinatos y amenazas de muerte a periodistas debería procurar justicia la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la FGR, pero sus propios datos indican que son peores sus insuficiencias.

Su presupuesto en 2014 fue de 39 millones de pesos, para 2018 había bajado a menos de la mitad (fue de casi 18 millones) y sigue reduciéndose. Para 2021 le autorizaron 15 millones, 033 mil pesos. A principios del año pasado apenas contaba con 22 fiscales y 15 policías investigadores. No se ha informado aumento de sus recursos humanos.

Por esas y otras razones la FEADLE no ejerce la capacidad de atracción que le facultan los códigos penal federal y de procedimientos penales ni puede avanzar en otros aspectos. Se reporta que entre 2012 y 2018 había investigado 1,077 casos y que menos del 12 por ciento habían resultado en juicio penal. Peor, es que solo cinco derivaron en condenas, entre estos están los casos de Javier Valdez de Sinaloa y de Miroslava Breach de Chihuahua, a los que si dedicó esfuerzos por ser periodistas emblemáticos.

Las limitaciones de la FEADLE y la minusvaloración de las procuradurías de los estados a las agresiones contra periodistas son factores de la impunidad.

Conchudez de gobernadores

Sobre el caso de las amenazas recientes del presunto grupo del CJNG, el gobierno de Silvano Aureoles en Michoacán guardó un silencio contrastante con la oleada de reacciones condenatorias dentro y fuera del país.

Esa dejadez no es única porque caracteriza a casi todos los gobernadores y procuradores estatales.

Desde 2012, que se creó el Mecanismo Federal de Protección, la mayoría de gobernadores han firmado dos convenios con la Segob para proteger a medios y periodistas.

A 9 años de distancia, se ha probado que 19 gobiernos estatales ni siquiera tienen Enlaces con el Mecanismo federal, Unidades o Mecanismos de protección.

Sólo seis estados del país cuentan con unidades (pequeños grupos) o mecanismos de protección: Ciudad de México, Veracruz, Colima, Guanajuato, Guerrero y Puebla.

Cuando tienen leyes se aplican muy poco. En 18 estados existen 21 leyes de protección o de auspicio al ejercicio, pero en buena parte de los casos fueron impulsadas por periodistas y organismos no gubernamentales. Quizá por eso se menosprecian.

La más antigua ley estatal fue promulgada en 2012 en Hidalgo por movilización de periodistas y reformada en 2016, pero a la fecha no tiene reglamento ni ha instalado la Comisión Estatal y menos su junta de gobierno.

Los índices de impunidad (delitos no castigados) por casos de periodistas son cercanos al 95 por ciento por ineficacias de las procuradurías estatales que quieren delegar a la fiscalía federal los casos. En 28 estados no han creado fiscalías especializadas para atender delitos contra la libertad de expresión de acuerdo con datos del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, A.C. (CASEDE)

Abandono a los reporteros modestos

Las amenazas para influir en las coberturas de periodistas por parte de grupos delincuenciales no son nuevas. Nos constan que han ocurrido en Hidalgo, Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo, Coahuila, en Michoacán varias veces y más recientemente en Guerrero; en general son contra los reporteros de medios locales modestos e incluso a corresponsales de medios capitalinos como Milenio, Televisa, El Universal y otros. Y las reacciones de rechazo y solidaridad han sido muy pocas. Esta vez impactó porque el video del presunto CJNG enfocó a la conductora estelar de Multimedios, Milenio.

De las reacciones también quedó claro que las y los reporteros de los estados, en especial los que cobren asuntos de seguridad y justicia, no cuentan con empatía real –solo verbal– ni medidas de apoyo permanentes ni coyuntural, de gobiernos estatales, ni de la mayoría de empresas grandes de prensa que en lugar de brindar apoyos utilizan escandalosamente su información.

Una constancia de la falta de empatía y solidaridad mínima de las empresas fue que ante las intimidaciones de los delincuentes armados sólo 19 medios firmaron un desplegado de protesta y no se registró ninguna manifestación masiva en las calles en defensa de los periodistas.

Por años se ha propuesto ampliar la mirada cuando se habla de protección a periodistas para que no sean solo con medidas cautelares o policiales sino una estrategia nacional que proporcione fortalezas a las y los periodistas, sobre todo a los más vulnerables que recorren las calles y tienen contacto con todos los actores sociales y políticos. Una estrategia nacional que facilite la coordinación intersecretarial y de justicia federales con los gobiernos de los tres niveles y hasta con las empresas y los periodistas organizados. Esto es, un sistema nacional.

Pero en el Senado se congeló un gran paso

Gran parte de las necesidades de protección a periodistas podrían solventarse si el Senado de la República y la Secretaría de Hacienda eliminaran sus reticencias a las reformas de la ley.

La Cámara de Diputados reformó el 3 de diciembre de 2020 la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Allí le garantizaría al Mecanismo federal su presupuesto anual, subiría el nivel de representación de otras secretarías y de la Fiscalía federal en su Junta de Gobierno. Muy importante es que facultaría al Mecanismo y la Secretaría de Gobernación para iniciar procedimientos de sanciones civiles, penales o administrativas a los gobiernos estatales y municipales cuando incumplan los convenios de coordinación para proteger periodistas y defensores.

Y en el artículo 65 se conceden dientes al Mecanismo para escarmentar incumplimientos. Dice: “La Junta de Gobierno dará vista de sus expedientes y actuaciones a las autoridades competentes cuando advierta la probable violación de lo dispuesto en ordenamientos legales diversos, a efecto de que se determinen las responsabilidades civiles, penales o administrativas que correspondan…”

Pero en el Senado, no quisieron incluir la ley federal reformada ni el coordinador Ricardo Monreal ni los otros diez integrantes de la Junta de Coordinación Política para las plenarias de diciembre de 2020, ni el en siguiente periodo legislativo que terminó en abril. Tampoco ninguna fracción la puso entre sus prioridades de agenda para el periodo que se inicia en septiembre.

Una causa posible de este congelamiento es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se opuso por escrito a que la Cámara de diputados aprobara las reformas a esa ley. Igual podría ser el freno en el Senado porque esas reformas, anotó “conllevan consecuencias jurídico-presupuestarias, ya que se crean nuevas estructuras organizacionales y se amplían las facultades, por lo que para su ejecución se tendrían que destinar recursos adicionales”. (Ver: https://www.ejecentral.com.mx/miradas-de-reportero-el-senado-puede-ratificar-sanciones-a-gobiernos-que-no-protejan-periodistas/)

Las senadoras y senadores tienen la palabra para dar el primer paso real hacia un sistema nacional de protección a dos actividades esenciales: de los defensores de derechos humanos y de periodistas.