Denuncia por violencia política de género,  y pide medidas de protección para asegurar distanciamiento del candidato morenista  Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros

Acompañada por representantes de los 3 partido de la Alianza narra amenazas de  sujetos armados 

Libertad López

SemMéxico, Chilpancingo, Guerrero, 15 de abril, 2021.-  “Se confundieron”, asustaron a su colaboradora, para “mi” es la amenaza, dice Sheila Soto Manzano, durante una conferencia de prensa. Candidata  a diputada federal por la Alianza Va por México en  el distrito 4 de Guerrero, advierte que se intimidación, con armas,  y viene,  Morena.

La candidata a diputada federal, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fede) por violencia política de género y señaló como responsable al abanderado de Morena por el mismo distrito, Pablo Amílcar Sandoval.

Tras acudir a las instalaciones de la Fede en la capital de Guerreo, acompañada por representantes del PRD, PRI y PAN en el estado,  explicó que solicitó, como parte de la denuncia, medidas de protección para ella, su familia y su equipo, incluyendo vigilancia en su domicilio particular y protección policiaca en todas sus actividades de campaña y las que realice, incluso,  de manera particular.

Dijo en la  conferencia de prensa que una colaboradora cercana y de su primer círculo,  fue amenazada por sujetos armados. Narró que  mientras iba en su vehículo,  fue bajada del mismo. Los sujetos al ver a su hija con la que viajaba, dijeron varias veces “no es ella”, o sea no era a quien buscaban.

Al momento de presentar su denuncia, la candidata expuso ante los medios de comunicación que pidió que se le prohíba a Pablo Amílcar Sandoval realizar cualquier acto que implique comunicación con ella o con su equipo, pues señaló que ha incurrido en prácticas intimidatorias.

“Solicito –se lee en la denuncia-  que se notifique a Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, candidato a diputado federal por el Distrito 4 de Guerrero, la prohibición de acercarse o comunicarse con la suscrita, que se le prohíba realizar conductas intimidatorias o molestias a mi persona y a las personas de mi equipo, que se le notifique a Morena, a efecto de cumplimiento, al principio de culpa in vigilando que requiera su vigilante y candidato”, manifestó.

La candidata de la alianza Va por México a la Cámara de Diputados enfatizó que hace responsable a Pablo Amílcar Sandoval “de cualquier acción o acto de violencia en contra de mi persona, de mi familia o de colaboradores de trabajo”.

Indicó que las medidas que solicitó contra Pablo Amílcar Sandoval son por el periodo de 60 días y aunque no precisó los motivos que llevaron a la denuncia, insistió que no se dejará intimidar ni amedrentar.

“A mis adversarios les digo que hoy debemos comportarnos a la altura, de manera pacífica y dejando que los ciudadanos decidan quiénes nos van a representar”, remarcó Sheila Soto Manzano.

• Caso de Salgado Macedonio, vuelve al Tribunal Electoral y en un vilo la situación de Morena

Redacción

SemMéxico/ Agencia Ceprovysa, Chilpancingo, Guerrero 14 de abril2021.- ‘Tenemos que quitarnos la leyenda negra de violencia que ha tenido nuestro estado” dijo la Candidata del PAN a Gobernadora, Irma Lilia Garzón Bernal.

Al pedir, a través de un mensaje, a las y los Consejeros del INE “No dejarse intimidar ante amenazas, la Candidata a Gobernadora de Guerrero dijo que “la práctica de presionar a Consejeros es fascista y totalmente irresponsable”.

Irma Lilia Garzón Bernal señaló también que ‘amenazar con boicotear las elecciones, atenta contra la democracia”.

Asimismo consideró que “amenazas contra Consejeros lo ponen – Félix Salgado Macedonio- a un pie de la cárcel.”

La Candidata a Gobernadora por el PAN consideró que “hay que respetar la Ley y trabajar por la justicia y el desarrollo”.

En Guerrero la situación está en un punto clave. Muchas voces a favor de que se regularice la elección. Varios candidatos siguen adelante con sus campañas.

La situación de la candidatura de Morena, volvió al Tribunal Electoral.

• La resolución no es política, sino jurídica: Lorenzo Córdova, responde al mandato del Tribunal
• Integrantes del Consejo rechazan amenazas y presiones

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 14 de abril, 2021.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó la sanción impuesta, consistente en la pérdida o cancelación del registro como candidata y candidatos, a Félix Salgado Macedonio, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y Adela Román Ocampo, precandidatos al Gobierno de Guerrero, así como a Raúl Morón Orozco, candidato a Gobernador de Michoacán.

Los acuerdos aprobados, en acatamiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinan que la omisión de presentar informes de gastos de precampaña por parte de la y los precandidatos cuando ejercieron recursos en dicha etapa es una falta grave mayor, ya que vulnera la fiscalización y comprueba el dolo en dicha conducta.

Asimismo, la autoridad electoral acreditó la falta de voluntad o disponibilidad de la y los ciudadanos que ostentaron precandidaturas para presentar el informe de precampaña dentro del plazo establecido por la legislación y, en su caso, el momento en el que fue presentado no permitió al Instituto determinar el origen y destino de los recursos usados en el periodo de precampaña y, en consecuencia, impide la rendición de cuentas.

En su acuerdo, el INE cambió la sanción impuesta a Luis Walton Aburto, precandidato de Morena a la Gubernatura de Guerrero, ya que presentó un informe que incluye gastos de precampaña realizados, por lo que no se acredita que haya intentado burlar la fiscalización al presentar un informe en ceros y a destiempo como en los demás casos, por lo que únicamente se le impone una sanción económica equivalente a 217 mil 200 pesos.

No entregar los informes abre la puerta a la opacidad

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, recordó que trasparentar el origen y destino del dinero invertido en la política ha sido el objeto de una larga lucha de quienes por más de dos décadas han exigido y conseguido que haya equidad en las contiendas electorales.

“No es un tema político, sino estrictamente jurídico y tiene que ver con la imposición de sanciones a una serie de irregularidades en materia de fiscalización que han sido confirmadas por la máxima autoridad jurisdiccional electoral de nuestro país”, mencionó.

Aclaró que el Tribunal Electoral resolvió y dio la razón al INE al determinar que la omisión en la entrega de los informes de fiscalización es una violación a la ley. “Eso ya está juzgado y la Sala Superior del Tribunal ya le dio la razón al INE; se trata, pues, de una verdad jurídica”.

La fiscalización tiene un doble propósito, agregó Lorenzo Córdova: garantizar que todos los recursos que se usan para financiar a la política provengan de fuentes lícitas y que no se rebasen los topes establecidos, lo que permite un margen de equidad en la contienda.

 “No entregar los informes respectivos es una falta muy grave, porque abre la puerta a la opacidad en la contienda por los poderes públicos, porque impide la rendición de cuentas de los actores políticos y porque vulnera la equidad de las elecciones y la transparencia de nuestra democracia”.

Aclaró que “el INE no está en contra de nadie, de ninguna fuerza política ni de ningún actor político. Quien diga lo contrario, simple y sencillamente miente. El INE está en contra de quien viole la ley, sea quien sea, el INE está con la Constitución. Nuestro compromiso con la equidad e imparcialidad y legalidad de nuestras elecciones ha sido, es y será irrenunciable”.

 “Por eso a este INE, a estas consejeras y a estos consejeros electorales nadie los va a amedrentar ni siquiera con amenazas directas y abiertamente ilegales”, aseveró el Consejero Presidente.

Si queremos vivir en un país verdaderamente democrático debemos ceñirnos a la Constitución

Por su parte, la Consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, explicó que los proyectos aprobados llegan a la conclusión de que los sujetos obligados intentaron engañar a la autoridad, presentando sus informes en ceros, a pesar de que se les encontraron gastos que habían realizado en las precampañas.

También se llega a la conclusión, ya que ha quedado acreditado, que en el caso concreto no medió voluntad por parte de los sujetos infractores de cumplir con la normatividad en materia de fiscalización y, también, que sí hubo la intencionalidad de tratar de burlar la fiscalización que tenía que realizar esta autoridad.

 “Si queremos vivir en un país verdaderamente democrático, todas las personas debemos ceñirnos a lo que contempla la Constitución, las leyes, el marco convencional y jurídico y  este deber se impone tanto a la población en general, a los actores políticos, a las personas aspirantes a candidaturas a cargos de elección popular y obviamente este deber también se impone a todas las autoridades”, dijo Adriana Favela.

Sancionados tenían la obligación de presentar informes de precampaña

La Consejera Dania Ravel ratificó que los impugnados tuvieron el carácter de precandidatos y, por lo tanto, tenían la obligación en materia de fiscalización de entregar sus informes de gastos de precampaña, tal como lo estableció la Sala Superior.

 “En acatamiento, hemos llevado a cabo un nuevo análisis de las conductas cometidas y hemos valorado todas las circunstancias particulares de cada caso concluyendo que, en casi todos los casos, salvo el de Luis Walton, pues se confirma la sanción que originalmente nosotros habíamos considerado, porque no tuvieron la voluntad de dar cumplimiento a su obligación de presentar los informes de gastos de precampaña”, sostuvo.

Las sanciones deben ser ejemplares para inhibir la comisión de irregularidades

 “La ciudadanía merece saber que toda persona que aspira a un cargo de elección popular se conduce dentro de los cauces legales”, indicó la Consejera Carla Humphrey.

Señaló que cuando se violenta la fiscalización “no sólo se incurre en una responsabilidad que debe ser sancionada para disuadir o inhibir su comisión, sino que además está atentando contra el régimen democrático y las reglas de la contienda por lo que las sanciones deben ser ejemplares para inhibir la comisión de irregularidades”.

Agregó que el Tribunal en su sentencia ordenó la individualización de las sanciones impuestas, analizando cada caso en particular, las circunstancias, así como la disposición de las personas a cumplir con la norma, la gravedad de la falta y la sanción. En su opinión, “la infracción alcanza tal magnitud que no sólo pudo haber comprometido la equidad en la contienda electoral, sino que pudo representar una violación a los principios de certeza, legalidad y equidad en las contiendas”.

Necesario no generar incentivos perversos para evadir la fiscalización

La Consejera Claudia Zavala consideró que el tema fundamental no es el monto del gasto que encontró el INE a cada una de las precandidaturas, sino la conducta procesal de resistencia a la fiscalización, ya que el monto que se plantea en el proyecto no corresponde con la realidad, como sucedió con el reporte que finalmente entregó uno de los precandidatos con un monto significativamente mayor a los hallazgos de la autoridad.

En este sentido, dijo que la sanción debe ser calificada como grave mayor y enfatizó en la importancia de no generar incentivos perversos en el sistema de fiscalización para que se pueda medir una consecuencia o una sanción a costa de derribar la transparencia: “la revisión de cuentas en función del análisis que hagan los partidos para ver si es más barato pagar una multa o recibir la consecuencia que el legislador estableció”.

Hay faltas y las faltas merecen ser sancionadas

El Tribunal confirmó lo que el INE vio y documentó, que el partido Morena y sus candidatos incumplieron con la obligación de rendir cuentas pues “hubo precampaña y precandidatos”, sostuvo en la sesión el Consejero Ciro Murayama.

 “Hay faltas y las faltas merecen ser sancionadas, de eso no deja duda el TEPJF”, por lo que ratifica que la sanción es constitucional y es válido aplicarla. “En su sentencia confirma que la cancelación de una candidatura por incumplir con la rendición de cuentas de un precandidato no es excesiva ni lesiva del derecho”.

Agregó que la multa impuesta a Morena por más de 6.5 millones de pesos es firme e irrevocable y ya no es parte del acatamiento, ya que el Tribunal la confirmó, “porque el partido ocultó sus precampañas, no registró ante el INE a sus precandidatos ni sus datos. Dirigentes y representantes partidistas quisieron ocultar la realidad”.

El Consejero Jaime Rivera Velázquez aseguró que el Tribunal Electoral avaló que las conductas infractoras señaladas por el INE están acreditadas y que la norma que establece la sanción es válida por lo que, en pocas palabras, dijo, “el Tribunal confirma los hechos que constituyen la infracción, la validez de las normas aplicables y la procedencia de sanción al partido”. 

A pesar de lo anterior, destacó, la Sala Superior argumenta que es posible otra individualización de la sanción, no porque la norma no sea clara, específica y aplicable a las conductas acreditadas, sino porque sería posible otra interpretación a fin de proteger derechos humanos que podrían ser vulnerados con la aplicación estricta de la ley, pero “para un órgano de legalidad como lo es esta autoridad administrativa, la aplicación de las reglas expresas es un deber ineludible”.

Cinco votos en contra de la cancelación de los registros

En ambos proyectos cinco integrantes del Consejo General votaron en contra del retiro de la cancelación de las candidaturas.

La Consejera Adriana Favela propuso imponer como sanción 200 por ciento del monto involucrado y no proceder a la cancelación del registro de la y los candidatos sancionados.

La obligación es también de los partidos políticos

El Consejero José Roberto Ruiz consideró que en materia de fiscalización los partidos políticos son los que tienen una responsabilidad mayor respecto de las y los precandidatos, toda vez que éstos no tienen un control de las acciones del partido en la entrega de dichos informes.

 “Quiero manifestar que no acompaño los proyectos de acuerdo de éste y del siguiente punto del orden del día, por sus propios méritos y en su justa dimensión los mismos no son dignos de esta gran institución y de los anhelos democráticos del pueblo mexicano, en efecto, los proyectos de acuerdo adolecen de graves inconsistencias jurídicas”, aseveró.

La Consejera Norma De la Cruz cuestionó que la resolución omita considerar el monto de los gastos involucrados para el impacto o trascendencia de la fiscalización y para valorar la trascendencia de la falta en que incurrieron los precandidatos de Guerrero.

Bajo esta premisa, estimó que la sanción resulta desproporcional tomando en cuenta los montos involucrados y los beneficios que tuvieron cada uno de los precandidatos, así como el que la Sala Superior pidió al INE proteger, respetar y garantizar los derechos político-electorales.

El Consejero Uuc-kib Espadas fundamentó su voto en contra de los proyectos de acuerdo relacionados con el retiro y cancelación de candidaturas, pero exigió respeto a la autoridad electoral, pues argumentó que la crítica en democracia debe ser un claro sustento de realidades, por lo cual exigió disminuir el nivel de fricciones que el debate conlleva.

 “Rechazo, sin ningún tipo de matices, los sucesivos intentos de intimidación que en las últimas horas se han vertido sobre los consejeros y las consejeras de este órgano, sus domicilios y en consecuencia sus familias”.

En seguida, el Consejero Martín Faz mencionó que, desde su punto de vista, los proyectos aprobados no cumplen con lo mandatado en la sentencia, “al no hacer un adecuado análisis de proporcionalidad en dos sentidos: a partir del cual se pueda individualizar la sanción en términos del marco constitucional y legal, así como lo expresamente ordenado por el Tribunal Electoral”.

Consideró deficiente la ponderación entre el derecho a ser votado, la certeza, transparencia y rendición de cuentas “pues no se abordan todas las gradas del test desarrollado por la Suprema Corte, pues no se justifica ni la idoneidad, ni la necesidad de imponer la sanción de pérdida de registro o alguna otra del catálogo de sanciones”.

Los proyectos, abundó, no obedecen las directrices dictadas para la calificación de la falta, ni la individualización de la sanción y, por tanto, no dan cabal cumplimiento a la instrucción dada por el Tribunal.

• Carlos Herrera Tello se comprometió a crear la red de estancias para niños y niñas, más grande que hayan visto las y los michoacanos.

Redacción

SemMéxico. Sahuayo, Michoacán. 14 de abril de 2021.- El candidato a la gubernatura del Equipo por Michoacán, Carlos Herrera Tello se comprometió a crear la red de estancias para niños y niñas, más grande que hayan visto las y los michoacanos.

En reunión con representantes de asociaciones civiles de Sahuayo, Herrera Tello recalcó que tras la desaparición de las estancias infantiles, la violencia y abuso infantil creció en un 65 %, lo  cual se acentuó con la pandemia de COVID-19, por ello cuando sea gobernador, creará una red de estancias para atender a hijos e hijas de madres trabajadoras y solteras.

La propuesta de atención a las estancias infantiles parte del eje de trabajo “Michoacán  Parejo”, con el cual Carlos Herrera  se comprometió con la atención de una agenda de género que contempla 12 acciones concretas para atender las necesidades de seguridad,  vivienda, acceso a la justicia, a la salud, a la educación, a la cultura, a la ciencia, a la tecnología y al deporte, así como la igualdad económica y de derechos humanos para las  dos millones 442 mil 505 mujeres  que viven en Michoacán.

 “Vamos a generar la mayor red de guarderías para niños y niñas, para que las madres que se van a trabajar tengan donde encargar a sus hijos e hijas. Romperemos esa cadena de violencia familiar. Multiplicaremos cuatro veces los créditos para mujeres para que tengan independencia económica, vamos por espacios dignos y seguros para ellas, para tener un Michoacán parejo”, resaltó.

Herrera Tello escuchó atentamente las propuestas de representantes de las asociaciones civiles con vocación deportiva, artística, defensores de los derechos humanos  y representantes de la Universidad de la Ciénaga del Estado de Michoacán (Unemich), así como de personas con capacidades diferentes y a través de un diálogo circular, se acordó atender puntualmente cada una de sus peticiones.

Posteriormente, Carlos Herrera sostuvo una reunión con mujeres representantes de estancias infantiles de Sahuayo, el candidato común del PRI, PAN y PRD adquirió el compromiso de resolver sus peticiones, las cuales estriban en que de nueva cuenta, tengan presupuesto para operación de las unidades encargadas del cuidado de niños u niñas de madres solteras y trabajadoras.