SemMéxico. Cd. de México. 01 de abril 2021.- Tienen razón y causa los miles de jubilados que han salido a las calles a manifestar su desacuerdo con el cálculo de sus pensiones, cuya base pasó del salario mínimo a las UMA (Unidad de Medida y Actualización) en 2017. Esta es la historia de una grave omisión legislativa que puede y debe ser corregida de inmediato. Nos demuestra una vez más que “de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno” cuando no se tiene el cuidado de revisar meticulosamente las consecuencias de las reformas constitucionales.
Desde 2011 la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CNSM) manifestó la necesidad de “desindexar” el cobro de multas, tarifas, sanciones o recargos, al monto del “salario mínimo”, cantidad que formalmente establecía la CNSM, al empezar cada año, pero que respondía lo mismo a criterios políticos que económicos. Cada vez que se consideraba la pertinencia de incrementar los salarios mínimos por arriba de la inflación —exigencia permanente de los empleados de todos los giros y niveles—, se hacía valer el argumento del incremento descontrolado de precios, no sólo por el impacto directo del salario sino por la función de éste como “medida económica” en diversos sectores de la economía y la justicia.
Por estas razones se planteó que regresara a su función original: como la cantidad mínima que debe recibir el/la trabajadora en una jornada laboral. Para ello fue menester reformar la Constitución (artículo 123 y otros) para evitar su utilización como medida para el cálculo de multas, sanciones o topes de pensiones y gastos. “Liberar” al salario mínimo de esta pesada carga burocrática se traduciría en la posibilidad de su aumento anual para recuperar y mantener su poder adquisitivo.
Concluida la reforma constitucional en enero de 2016, en la Cámara de Diputados se presentó la iniciativa de Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Fueron los mismos diputados quienes promovieron su contenido y alcances, entre los que destacan los entonces coordinadores parlamentarios César Camacho Quiroz (PRI), Marko Cortés Mendoza (PAN), Clemente Castañeda (MC), —estos dos, presidentes actuales de sus partidos—, Rocío Nahle (Morena) —secretaria de Energía en el gobierno lopezobradorista—. Sin dictamen, ni discusión alguna, fue aprobada por unanimidad y enviada al Senado, donde recibió sólo un voto en contra. Este trámite acelerado fue posible por el amplísimo consenso de todos los partidos políticos representados en el Congreso. Con su publicación el 30 de diciembre de 2016 fue facultado el Inegi para determinar el valor actualizado de las UMA.
Fue así como, desde enero de 2017, comenzó a abrirse la brecha entre salario mínimo y UMA ($80.04 y $75.49, en ese momento), que se fue ampliando en los años subsecuentes.
En la actualidad, el salario mínimo diario asciende a $141.7 pesos diarios y la UMA, $89.62, menos de dos tercios del valor del salario. Esto significa que para una persona que se jubile con su pensión “topada” en 10 UMA mensuales, recibe $26,886, en vez de $42,510, si la base del cálculo fuera el salario mínimo.
Nadie, absolutamente nadie en ambas cámaras, se percató de esa grave omisión legislativa, que pudo subsanarse con la precisión de que, en materia del cálculo de pensiones y jubilaciones, se continuaría utilizando al salario mínimo. Desvincular al salario mínimo de su carga administrativa ha funcionado pues ha permitido un incremento de 60% en un lapso de cinco años, sin consecuencia sobre la inflación. Pero la otra cara de esta medida ha sido la erosión de las pensiones y jubilaciones, cuyo incremento anual se continúa estableciendo por el valor de la UMA.
Durante muchos años, las y los trabajadores han cotizado, ya fuera al IMSS o al Issste, para que al final de su vida laboral pudieran recibir mensualmente el fruto de su esfuerzo. Para las y los adultos mayores que no cuentan con una pensión, que son la inmensa mayoría, se han habilitado los programas gubernamentales de “65 y más”, de la administración anterior, y el de Adultos Mayores, del actual gobierno. Pero, ojo, los pensionados sufren el deterioro que no alcanza a ser compensado por los 1,250 pesos mensuales que les corresponde como adultos mayores, más cuando el salario mínimo mensual es 4,250 pesos.
El envejecimiento de la población mexicana es una realidad demográfica para la cual nos debemos preparar. Y no hay otra vía más que una pensión digna compuesta por los ahorros de toda una vida depositados en la Afore de su preferencia o en Pensionisssste, si es trabajador al servicio del Estado, y un programa gubernamental vigoroso, para compensar de manera suficiente a las y los adultos mayores.
Es muy loable el empeño del presidente de la república por incrementar la pensión de adultos mayores. Sin embargo, no se puede construir menguando o erosionando los derechos de quienes han cotizado por largos años en salarios mínimos, no en UMA. Estas son las razones de la iniciativa de reforma constitucional que presenté la semana anterior, con legisladores de mi grupo parlamentario, el PRI. Además de precisar que las instituciones de seguridad social estarán obligadas a vincular el salario mínimo para el cálculo de las pensiones (art. 123, apdo. A, f. VI, segundo párrafo), la iniciativa también incorpora dos transitorios con el propósito de garantizar en el presupuesto de egresos de cada año, la cantidad suficiente para asegurar el pago de las pensiones calculadas en salarios mínimos. Y el otro, para compensar en un plazo no mayor a cinco años, a todos quienes fueron afectados por la reducción del monto desde 2017.
Nadie fue culpable, pero todos somos responsables de corregir esta grave omisión. Nos queda un mes antes de concluir el actual periodo de sesiones, último de la LXIV Legislatura. Tiempo suficiente para atender los justos reclamos de quienes demandan atención y solución.
Son 7 mujeres asesinadas durante el gobierno morenista de Cuitláhuac García Jiménez.
Redacción
SemMéxico/Billie Parker Noticias. Astancinga, Ver. 01 Abril 2021.- En un atentado más contra personajes políticos en el estado de Veracruz, este miércoles ejecutaron a María Guadalupe Reyes Raygoza, ex candidata a la alcaldía y ex dirigente municipal del PAN de Astacinga, Veracruz.
El ataque de un grupo armado contra la panista se registró alrededor del mediodía, cuando la ex líder panista se hallaba realizando labores de limpieza de su terreno.
Guadalupe Reyes se encontraba con algunos trabajadores en el predio de su propiedad, en los límites de Astacinga con Tehuipango, cuando sujetos armados abrieron fuego contra ella.
Reyes Raygoza resultó gravemente herida por dos impactos de bala, uno en la cabeza y otro en el tórax, y pese a que fue trasladada al hospital de Tlaquilpa, e inmediatamente a una clínica privada en Orizaba, la mujer pereció mientras recibía atención médica.
Con el feminicidio de Guadalupe Reyes Raygoza suman siete mujeres asesinadas por hombres armados desde el arribo de Morena y Cuitláhuac García Jiménez a la Gubernatura.
Entre las victimas cuyos feminicidios permanecen impunes cuando los autores intelectuales y físicos de los asesinatos en su mayoría están libres se cuentan a Gladys Merlín Castro, ex diputada y ex alcaldesa de Cosoleacaque y su hija, Karla Enríquez Merlín, aspirante a la alcaldía de Morena.
Están libres los criminales que les quitaron la vida a Florisel Ríos Delfín (del PRD) alcaldesa en funciones de Jamapa tras ser secuestrada y ejecutada. No hay detenidos.
El 14 de abril del 2020 fue asesinada la Regidora Única de Texcatepec, la perredista María del Carmen Hernández quien fue localizada al interior de una camioneta, en un camino de terracería, junto al cuerpo de su acompañante, Herlindo Acosta.
En el caso de Maricela Vallejo Orea (de Morena), munícipe en funciones de Mixtla de Altamirano víctima de un ataque armado en el que murió su esposo y el chofer del ayuntamiento, hay detenidos que supuestamente fueron procesados por ser los autores del crimen.
En Ixhuatlancillo, el 12 de Abril de 2020 Catalina Montalvo Tezohua, Agente Municipal del lugar de extracción priista, fue baleada mientras viajaba en una motocicleta en compañía de su esposo. Tampoco hay detenidos.
El Partido Acción Nacional en un pronunciamiento condenó el crimen y exigió justicia para su compañera.
A la opinión pública:
Condenamos el homicidio cometido contra nuestra compañera, María Guadalupe Reyes Raygoza, este miércoles en su domicilio del municipio de Astacinga, y nos sumamos a la exigencia de justicia inmediata para hallar a las personas responsables de este terrible crimen.
Llamamos a la agilización de los procesos correspondientes ante la Fiscalía General del Estado, esperando que su actuar se realice con respeto a la dignidad humana de la víctima y sus familiares.
En el PAN replicamos y nos incorporamos al llamado ciudadano para reforzar la seguridad en toda la entidad y sus municipios, atendiendo de forma inmediata la violencia que se vive contra las mujeres que forman parte de la vida política y pública de Veracruz.
Externamos nuestras condolencias a familiares y amigos de María Guadalupe, así como a la militancia de Astacinga. Respaldamos la exigencia de justicia y de mayor seguridad para todo Veracruz. Ni una más, ni una asesinada más, concluyeron.
La pronta resolución de la iniciativa para los cuidados como un derecho constitucional pidió Pilar Alberti
Cerró hoy el Foro Alterno a 25 años de Beijing organizado por Nosotras Tenemos Otros Datos
Elda Montiel
SemMéxico. Cd. de México. 31 de marzo 2021.- Un llamado a la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información expuso la periodista Sara Lovera López en el tercer día del Foro Alterno A 25 años de la Plataforma de Beijing convocado por la red “Nosotros tenemos otros datos”.
Eso es importante, detalló, por la narrativa oficial que no solo pone en peligro a las profesionales del periodismo sino a todas las personas que expresan sus ideas, como lo dice la Constitución (artículo 7º.)
Mientras que Pilar Alberti Manzanares académica feminista y antropóloga, se refirió al Derecho al Cuidado Digno y Tiempo Propio como un derecho fundamental de las mujeres para que puedan ejercer sus derechos económicos, políticos y sociales sin la sobrecarga de atender las labores domésticas.
Precisó que este es un derecho propuesto por el feminismo para lograr un cambio radical y para despatriarcalizar a la sociedad, que olvidó la plataforma de Beijing. Ahora en México debe elevarse rango constitucional tal como se propuso en la iniciativa que aprobó la Cámara de Diputados en noviembre pasado y que debe discutir y resolver el Senado de la Republica.
También dijo que datos del INEGI en el 2020 señalan que el aporte económico del trabajo de cuidados, hoy representa el 22.8 por ciento del Producto Interno Bruto. En el país se estima que 42 millones de personas requieren cuidado intensivo, entre niños y personas discapacitadas y se suman los adultos mayores sería más, y concluyo que en general la población total de mexicanos, 126 millones, requieren cuidados.
Ausente el Cuidado digno y tiempo libre para las mujeres en Beijing
Criticó que el cuidado digno y el tiempo propio de las mujeres no estén incluido en la Plataforma de Beijing ni en 1995 ni actualmente, cuando son derechos universales porque son la base que garantizan los otros derechos.
“De nada vale tener derecho de participación política si tenemos que estar atentos al cuidado del hogar y el entorno”.
Llamo la atención que en el Foro Generación Igualdad –organizado por los gobiernos de México y Francia- eliminaron las esferas de pobreza, la educación y los conflictos armados, como si no fueran de alta preocupación.
Sin embargo, celebró que incluyeran el reconocimiento a los movimientos feministas, la tecnología, la participación de las niñas y adolescentes, pero también falta la problemática de las mujeres adultas mayores. Al respecto, expreso “como son viejas y feas al patriarcado no les interesan”.
Respecto al Pro igualdad 2020-2024 señaló que marca en una de sus acciones espacios lúdicos y guarderías para las niñas y niños cuando el gobierno elimino todas las estancias infantiles y de acuerdo al Ejecutivo las abuelitas deben cuidar a sus nietos y nietas, lo que considero violencia contra las mujeres.
Si bien incluye difundir campañas de comunicación que promuevan la redistribución de las tareas de cuidado al interior de las familias, incentivando la participación de los hombres en la crianza, cuidado y sano desarrollo de hijas e hijos, desde un principio de masculinidades no hegemónicas, lo cual está bien, acoto.
Resaltó que no incluye el cuidado de personas ancianas y enfermas, así como tampoco el trabajo doméstico, como obligación de los hombres. Sólo el cuidado de hijas e hijos, que suelen hacerlo de manera parcial, intermitente y con deficiencias.
Observatorio de Medios y cambio de estrategia
La periodista Sara Lovera aseguró que las mujeres estamos visibles, el problema es ver cómo estamos visibles en todos los ámbitos.
Y explicó que en 12 años, del 2000 al 2012 la labor feminista logro generar el andamiaje jurídico para que nacieran los instrumentos para la igualdad y la no discriminación, pero no se ha cambiado el contenido de los medios.
Por lo que demandó verlos de frente como instrumentos mediadores que sirven para reflejar los intereses de distintos poderes.
Se fracasó en la estrategia para provocar cambios profundos en el cambio de las imágenes de las mujeres que se las ve tradicionales, ya que solo se pensó en las mujeres en incluirlas en mensajes, posiciones de mando, difusión de ilusiones, pero no se explica su condición.
Sostuvo que el debate va a estar en las acciones feministas y en los medios feministas independientes.
Exigió que el gobierno cumpla con la ley y con la plataforma de Beijing en materia de medios, que es cambiar el contenido de los medios, y pidió no más campañas alejadas de la realidad y que se cambie en el Estado y la sociedad el uso instrumental de los medios.
Urgió a crear un Observatorio de medios, profesional y con recursos, capaz de analizar los contenidos y no los casos coyunturales, como las elecciones y las mujeres o la violencia, por ejemplo.
Demando a las mujeres agrupadas en Nosotras Tenemos Otros Datos a estar alertas en la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, al señalar que todas las mujeres deben conocer sus derechos para exigirlos, cosa que no se hace.
Hay que exigirle al presidente que no ponga en riesgo la tarea periodística, porque en México es un peligro ser periodista, y es un asunto de derechos humanos que afecta a hombres y mujeres.
Hoy hay un cambio en los medios, gracias al nuevo movimiento feministas, y aun cuando los medios tengan interés político en ello -por el desprecio del Ejecutivo al movimiento -, dijo que ello quedó claro a partir de las coberturas del 2020 con los temas de violencia en los hogares por la pandemia, en medios impresos tradicionales como El Universal y la creación del Consejo de Género en la Organización Editorial Mexicana en medios impresos y portales digitales a nivel nacional, y que se vive un momento de oportunidades para profundizar en la estrategia de cambiar a los medios.
Denunció que tareas, realizadas por el feminismo y las comunicadoras, durante al menos 20 años, como la de la capacitación, en este sexenio se pararon, y hay un retroceso. Criticó que no se haya cumplido con cambios de fondo en los medios del gobierno y que éstos sean utilizados por el presidente para confundir o engañar.
SemMéxico, Querétaro, Qro. 31 de marzo, 2021– Las mujeres con esfuerzo, determinación y valentía siempre hemos alzado la voz y luchado por conseguir nuestra libertad y derechos. Sin embargo, la brillante conquista de algunos espacios considerados como masculinos, ha traído como consecuencia el surgimiento de novedosas prácticas que han disminuido los logros y nos han obstaculizado el acceso a una mejor vida.
Lo anterior ha propiciado que las mujeres luchemos por la implementación de medidas especiales de carácter temporal conocidas como acciones afirmativas, que compensen lo padecido a lo largo de la historia y que a través de normas jurídicas nos permita generar condiciones igualitarias, equitativas y justas.
Y es precisamente esta acción, la que esta siendo nuevamente impulsada a nivel nacional por diversos colectivos de mujeres congregadas en La Observatoria Ciudadana “Todas Mx”, quienes a través de la observación electoral buscan que las mujeres podamos ejercer nuestros derechos políticos al participar en un proceso de rendición de cuentas, de evaluación de candidaturas y de fortalecimiento de una cultura democrática paritaria y libre de violencias.
Acción que resulta sumamente interesante, en razón del trabajo participativo, plural, democrático e incluyente que están realizado a través de 5 ejes especializados, mediante los cuales éstas buscan fortalecer la participación política de las mujeres y defender los derechos políticos y electorales de las mexicanas.
Es por lo que, vale la pena darles pronto seguimiento a estos ejes ya que tienen por objetivo:
Monitoreo de medios de comunicación, uso equitativo del tiempo, lenguaje incluyente y no sexista.
Seguimiento, documentación y acompañamiento a casos de violencia política contra las mujeres en razón de género.
El cumplimiento efectivo de la 3 de 3 contra la violencia.
Seguimiento y evaluación de las agendas políticas legislativas y de gobierno de los partidos políticos sobre DDHH mujeres.
Impulso y seguimiento de la firma de compromisos y pactos por una democracia paritaria y libre de violencia, incluyendo el Manifiesto Político Nacional.
Ejercicio ciudadano con el cual se podrá realizar una observación electoral no solo en pleno proceso electoral, si no que, esta se realizará posterior al proceso electoral, es decir, vigilaran entre otras cosas la instalación de congresos, bancadas, gobiernos, gabinetes y cabildos.
Por todo lo anterior, es que la acción generada por parte de las mujeres de La Observatoria Ciudadana “Todas Mx”, resulta serun excelente mecanismo que promueve el principio de la realización progresiva de los derechos y de las acciones afirmativas.
Que, si bien es una tarea que le corresponde al Estado, ante la falta de decisión y compromiso, resulta ser que, estas mujeres son quienes capacitándose en el INE y en la OEA están realizando las gestiones necesarias para promover que el Estado cumpla con la obligación jurídica de adoptar medidas “progresivas, concretas y encaminadas” a la realización de todos los derechos para todas y todos.
La víctima es familiar de Victoria N asesinada por policía
Ángeles Gómez
SemMéxico, Benito Juárez, Quintana Roo, 31 de marzo, 2021.- El probable agresor sexual de la hija de Victoria “N” asesinada por policías municipales de Tulum, fue detenido la tarde este martes, informó la Fiscalía General del Estado.
En su mensaje matutino el fiscal Oscar Montes de Oca Rosales informó de la detención de Héctor “H” por su probable participación en hechos señalados por la ley como delito contra la libertad y seguridad sexual y por el delito de desobediencia de particulares.
La carpeta de investigación en contra de esta persona se inició luego de una denuncia presentada por el auxiliar jurídico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tulum, el día 11 de marzo del año en curso, a quien le reportaron la presencia de una menor la cual acompañaba a su madre quien había cometido una falta administrativa y fue presentada ante el juez cívico, siendo canalizada al DIF.
Asimismo, personal de la Procuraduría de protección de niñas, niños y adolescentes, realizó una entrevista a la menor de edad y se tuvo conocimiento de que había sido víctima de abuso por parte de su padrastro, ya detenido.
Derivado de lo anterior, el Ministerio Público que conoció de los hechos dio intervención a peritos en materia de psicología, medicina, criminalística de campo y a la policía de investigación para la debida integración del expediente.
Cabe destacar que en fecha 22 de marzo, la menor fue entrevistada por personal especializado de esta Fiscalía, confirmándose su calidad de víctima, sin embargo, no se logró obtener la información útil y suficiente para establecer la identidad plena del agresor.
Agregando en su entrevista las causas por las cuales ella y su familia se encuentran en territorio mexicano, por lo que -la especialista que realizó la entrevista- recomendó valorar las opciones migratorias para no ser deportada y resguardar su integridad física.
Resultando relevante para la investigación, el hecho de que se diera a conocer a través de un video que circuló en redes sociales y en medios de comunicación, lo ocurrido en la avenida La Selva en Tulum, el día de 27 marzo, respecto a la privación de la vida de una persona del sexo femenino por parte de policías municipales, pues ante ello, la Fiscalía a través de sus diversos canales de recepción de información, ingresó un reporte en el cual una persona proporcionó referencias personales y familiares de la occisa, siendo entrevistado por la policía de investigación.
Con la información obtenida, la policía de investigación en coordinación con la Policía Quintana Roo y Guardia Nacional, realizaron un despliegue policial, en el cual, a través del uso de la tecnología y otras técnicas de investigación, se establecieron puntos de vigilancia en un asentamiento irregular en el municipio de Tulum, lográndose ubicar la tarde de ayer, a una persona que coincidía físicamente con la descripción proporcionada por el testigo como dos tatuajes en el brazo -entre otras características-.
Al realizar una entrevista a esta persona, señaló que efectivamente era pareja sentimental de la mujer que murió a manos de la policía, con quien vivió durante dos años aproximadamente, en esos momentos el entrevistado se tornó agresivo por lo cual fue trasladado a las oficinas del fiscal del Ministerio Público.
Por último, cabe resaltar que en todo momento las autoridades federales, estatales y municipales, incluyendo la Fiscalía, han estado en comunicación permanente con la representación diplomática de la República de El Salvador a quien se le ha proporcionado la asistencia y la información relativa al caso.
Incremento de la violencia, retrocesos en la igualdad por la pandemia y descalificación del Ejecutivo federal a movimientos feministas, el balance de este gobierno
Pronunciamientos del Frente Feminista Nacional y de la iniciativa Nosotras tenemos otros datos, en el último día del Foro Generación Igualdad
Guadalupe López García
SemMéxico, Ciudad de México, 31 de marzo de 2021.- En el último día del Foro Generación Igualdad, organizado por México y Francia, el Frente Feminista Nacional (FFN) y la red Nosotras tenemos otros datos llamaron al gobierno federal a cumplir con la Plataforma de Acción de Beijing (PAB), a 25 años de su declaración, y a garantizar el ejercicio de derechos de las mujeres, ante un panorama adverso, debido a la pandemia pro covid-19.
El FFN, cuyo pronunciamiento fue firmado por 104 organizaciones de 25 entidades del país y 11 personas, señaló que, pese a que el Foro Generación Igualdad contempló el liderazgo y la participación activa de la sociedad civil, esta ha sido parcial, limitada y excluyente de las organizaciones sociales feministas, como reflejo de la permanente descalificación del ejecutivo federal, respecto de los movimientos feministas. Ante ello, exigieron al gobierno de México y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que esa participación no sea solo simulación discursiva.
A su vez, Nosotras tenemos otros datos reiteró su reconocimiento al movimiento feminista como el impulsor de leyes, mecanismos nacionales, políticas, programas y presupuestos establecidos en la Plataforma de Acción, entre ellas la creación de ONU Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), por lo que demandó que toda agenda global y nacional post-Beijing+25 debe incluir y reconocer el papel transformador del movimiento feminista.
El FFN expuso que la pandemia agravó la situación de las mujeres, en especial lo relativo a la violencia feminicida, en el ámbito familiar y por su participación política. Se incrementó el abuso sexual y pornografía infantil, desapariciones de mujeres de todas las edades, en todo el país. Las jornadas de trabajo para las mujeres aumentaron, así como en situación de pobreza y la pérdida de empleos y pequeños negocios familiares.
Destacó los recortes permanentes en los presupuestos asignados a las políticas para la igualdad de género, lo que contrasta con las inversiones multimillonarias en megaproyectos personales y devastadores para el medio ambiente y los territorios de los pueblos indígenas afectados. Asimismo, alertó del avance del conservadurismo político y fundamentalismo religioso en México que pone en riesgo al Estado laico.
Nosotras tenemos otros datos refirió que la desigualdad, el ejercicio abusivo de poder y la discriminación contra las mujeres y las niñas no se han erradicado en muchas regiones del mundo, incluyendo México. Se ha aguzado la pobreza, los daños a la salud, la violencia, las mujeres víctimas del crimen organizado y los conflictos armados. De igual forma, hay retrocesos en la educación, en el acceso al empleo, servicios de asistencia y seguridad social. Planteó que la pandemia COVID-19 ha tenido efectos negativos en los derechos humanos de mujeres y niñas.
Sobre el papel del Estado, el FFN manifestó que la pandemia del COVID19 ha mostrado la ineficiencia del aparato del Estado para responder a las necesidades de las mujeres, la falta de voluntad y respuestas del gobierno de México. En los informes alternos que ha elaborado sobre los avances de la PAB (en 2015 y 2020) señaló que México está lejos del cumplimiento de esa agenda.
En tanto, Nosotras tenemos otros datos, apuntó que el Estado mexicano no puede seguir siendo omiso en el cumplimiento de preceptos constitucionales, tratados internacionales y recomendaciones internacionales que establecen que en contingencias de esta naturaleza (por covid-19) deben redoblarse los esfuerzos para garantizar una vida libre de discriminación y violencia a las mujeres y las niñas.
Ambas articulaciones demandaron el cumplimiento de la PAB, con la participación de la sociedad civil y las organizaciones feministas. Nosotras tenemos otros datos insistió que toda iniciativa post-Beijing+25, como las coaliciones de acción impulsadas por ONU Mujeres, deben ser mecanismos para el cumplimiento de su Plataforma, pero de ninguna manera pueden sustituirla, pues sigue siendo un programa integral para lograr el acceso pleno a los derechos humanos de las mujeres y para fortalecer la política de igualdad entre mujeres y hombres.
No obstante, la red Nosotras… propuso actualizar la PAB, generando un ancla internacional para su reconocimiento como el derecho al cuidado digno y al tiempo propio, así como la incorporación de nuevos estándares en la ética pública y responsabilidad pública institucional, como los planteados por la iniciativa mexicana 3 de 3 contra la violencia política contra las mujeres.
En tanto, el FFN reiteró su apertura a un diálogo horizontal con el gobierno mexicano para dar seguimiento a los acuerdos de la PAB. Puntualizó que el cumplimiento de los objetivos de la PAB no se logrará sin la participación plena de la sociedad civil que tiene experiencia y compromiso con los derechos humanos de las mujeres.
SemMéxico, Hermosillo, Sonora, 31 de marzo, 2021.- El número de personas que utilizan la Semana Santa para su verdadero propósito relativo a conmemorar la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo, es inversamente proporcional a los millones que la aprovechan para otras cosas; entre ellas irse a tirar a la playa y rendirle honor al dios Baco.
A la Semana Santa le siguen los días “diablos” –en vez de celebrar la Pascua– por aquello de que el bien y el mal se compensan en el mundo, de tal manera que al aumentarse o disminuirse uno u otro en algún momento, de inmediato tiene que regresarse al equilibrio.
La Ley Federal del Trabajo es la única cuya fuente de derechos es la costumbre, así que cuando un patrón suele darles el jueves y/o el viernes santo a sus trabajadores queda obligado a hacerlo en lo sucesivo ( so pena de pagar salario doble si les pide quedarse a laborar).
El Presidente López Obrador suspendió sus matinés informativos el jueves y el viernes de esta semana mayor. Gracias a Dios.
En los diccionarios la palabra pasión está asociada al entusiasmo, al ímpetu, al frenesí, los arrebatos y demás, y desde luego con el enamoramiento que domina a la razón. Y solo en el caso de Jesús se refiere a los acontecimientos de su detención, calvario y muerte, de ahí que se escriba con mayúsculas, La Pasión de Cristo.
Los apóstoles difieren en algunos detalles sobre la aprehensión de Jesucristo, pero todos coinciden en que fue objeto de la deslealtad de uno de los suyos, de Judas Iscariote. Pero, de no haber sido por él, el plan divino del sacrificio del Hijo de Dios no se hubiera realizado. Así es que los traidores son a veces un mal necesario.
Jesús fue un mal hijo en el sentido de todo lo que hizo sufrir a su madre. Mira que verlo flagelado, coronado de espinas y crucificado. Las madres quieren que sus hijos vivan en paz y tranquilos y no que anden peligrando en aras de componer al mundo.
Desde que el Gobernador Poncio Pilatos se “lavó las manos” durante el juicio de Jesús y lo abandonó a su suerte, millones de políticos han seguido su enseñanza. No la del Cristo, sino la de Pilatos.
Con el poder de Dios, nuestro Salvador pudo haber impuesto cualquier plan en la tierra, pero no utilizó ni la fuerza y ni siquiera la razón ni exigió la verdad (que no son de este mundo), sino la fe para redimirnos. Por eso su apostolado perdura.
Si por la historia nos guiamos parece que Jesucristo aró en la arena y sembró rosas en el mar, pero bastó con que haya encendido el “carbón del corazón” en tantos desamparados para que su Pasión haya valido la pena.
Si Usted, amable lector lectora le pone siquiera una pizca de liturgia a la fiesta pagana en que se ha convertido la Semana Santa, se habrá ganado una indulgencia en el más allá…
Exige que el Estado Mexicano cumpla y reconozca al movimiento feminista
Declaración Política al término de debe ser reconocido en toda agenda post-Beijing+25
Elda Montiel
SemMéxico. Cd. de México. 31 de marzo 2021.- Reconocer el papel transformador del movimiento feminista en toda agenda global y nacional post-Beijing+25 es la demanda de la red “Nosotras tenemos otros datos” al sistema de Naciones Unidas y ONU Mujeres para que la mitad del mundo pueda participar y vivir en libertad y seguridad. Y anuncia que la iniciativa 3 de 3, será propuesta en el mundo.
El pronunciamiento político, fue leído por Yndira Sandoval al término de 3 días de examen de la situación en México del cumplimiento de las 12 áreas de especial preocupación para la Igualdad, el Desarrollo y la Paz, reitera que hay un intento de cercenara y quitar tres áreas.
Ese pronunciamiento político llama a todas las feministas del mundo y a las organizaciones de la sociedad civil a sumársele y pronunciarse por la vigencia plena y cumplimiento de la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial de las mujeres, ya que sigue siendo un programa integral para lograr el acceso pleno a los derechos humanos de las mujeres, vigente en nuestro país y en el mundo.
Al Estado mexicano le exige el cumplimiento de la Plataforma de Acción de Beijing y de todos los tratados, sentencias y recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres.
A las mujeres de México y al mundo les piden defender y reclamar los derechos humanos de las mujeres para asegurar la participación en la toma de decisiones en todos los ámbitos políticos, económicos y sociales.
Precisan que, a 25 años de la declaración de la plataforma de acción de Beijing, que promueve su cumplimiento a través de acciones legislativas y de política pública, no se han erradicado las problemáticas que le dieron origen, como la desigualdad, el ejercicio abusivo del poder y la discriminación contra las mujeres y niñas.
Así como la precaria participación en la economía, la situación de las niñas y la amenaza constante a los derechos humanos.
Además de que muchos de los avances en educación y acceso a empleo o servicios de asistencia y seguridad social han sufrido retrocesos significativos motivados en la pandemia del Covid-19, todo ello documentado por diversas organizaciones feministas y por “Nosotras Tenemos Otros Datos”.
Señalan que las Coaliciones de Acción impulsadas por ONU Mujeres, deben ser mecanismos para el cumplimiento de la Plataforma de Acción de Beijing, pero de ninguna manera pueden sustituirla.
Se suman a la incorporación de nuevos derechos, paradigmas y marcos jurídicos en favor de los derechos humanos de las mujeres y niñas para ser incorporados en la actualización de la Plataforma de Acción de Beijing como el Derecho al Cuidado Digno y al Tiempo Propio de las mujeres.
Así como la generación de nuevos estándares en la ética pública y la responsabilidad institucional como los planteados por la iniciativa mexicana denominada 3 de 3 contra la violencia, para que ningún agresor de mujeres y niñas ocupe un cargo de poder, coadyuvando a la consolidación de una cultura democrática y libre de violencia.
Enfatizan que la Plataforma de Acción condena toda forma de explotación y violencia contra las mujeres y niñas, como son la prostitución, la explotación sexual en sus diversas expresiones, los vientres de alquiler, el matrimonio de niñas y adolescentes menores de 18 años, entre otras y señala que todas ellas constituyen una violación grave a sus derechos humanos.
Los gobiernos de México y el mundo deben intensificar sus acciones a fin de proteger a las víctimas y erradicar todas las formas de explotación y violencia.
A los organismos empresariales les recordamos que el mercado y la iniciativa privada también tienen responsabilidades frente a los derechos de las mujeres y niñas
Es urgente el compromiso con la inclusión y promoción de la igualdad en el acceso al empleo, la erradicación de la brecha salarial, el cumplimiento de la paridad vertical y horizontal en cargos de decisión, la inversión de recursos financieros que promuevan la autonomía económica de las mujeres.
El senador con licencia, dijo que está contento con el respaldo del pueblo de Guerrero
Francisco Zorroza | El Sol de Acapulco
SemMéxico/El Sol de Acapulco. Chilpancingo, Guerrero. 31 de marzo 2021.- Luego de encabezar una marcha con más de cinco mil simpatizantes provenientes de las siete regiones del estado, Félix Salgado Macedonio, depuesto candidato a la gubernatura de Guerrero por Morena, dijo que seguirán las movilizaciones en contra del INE y advirtió “con nosotros se picaron el ojo, con Guerrero no van a estar jugando”.
Durante su discurso en un mitin realizado en la capital del estado, donde fue acompañado por el dirigente estatal de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña, así como de su familia, entre otros actores políticos, el senador con licencia reiteró que al Instituto Nacional Electoral se le pasó la mano al sacarlo de la contienda bajo el argumento de que incumplió con la entrega de los informes financieros de precampaña.
Anunció que cuando le devuelvan la candidatura, iniciará juicio político contra los siete consejeros que votaron a favor de retirarle su legítima aspiración por ser gobernador del estado “porque no reúnen los requisitos para estar al frente” y dijo que en fechas pasadas, él propuso en Twitter que el INE desapareciera para sustituirlo por un instituto ciudadano o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se encargue de estos procesos “y no ese instituto cargado hacia partidos políticos de derecha”.
Salgado Macedonio dijo que los abogados del candidato y de Morena dieron respuesta al INE y la marcha fue la respuesta política de su partido para protestar contra la acción de los órganos electorales que lo quieren sacar de la jugada porque no presentó informes financieros.
En su mensaje, agradeció el respaldo de las personas que se sumaron a la protesta a pesar de los problemas personales que tienen, lo que consideró como un acto de “amor”, donde además “no hay acarreados” e insistió “no hay paso atrás vamos hacia adelante”.
La primera marcha de inconformidad partió del parque Margarita Maza de Juárez en Chilpancingo y aclaró que asistió como ciudadano común, a pesar de que le dijeron de último momento que no debió participar y aclaró que la ley le garantiza su libertad de manifestación.
“Les digo al INE que hay tratados internacionales que avalan mi libertad de expresión. Tengo derecho de decirle al INE lo que se me hinche… soy guerrerense. No hay paso atrás, que sepa el INE, las autoridades electorales… que no nos vamos a dejar. Esta es una pequeña prueba”, dijo.
Aseguró que asistió a la protesta porque “tiene convicciones, ideales, los ideales de Zapata, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez y de Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente que ha tenido México y la convicción de que Guerrero tiene que cambiar, estamos aquí, porque queremos el cambio verdadero, tiene que llegar la cuarta transformación”.
Mencionó que seguirá en la lucha legal y mientras tanto llamó a los presentes a una nueva protesta, el domingo de resurrección en Acapulco, a las diez de la mañana a donde los invita a participar la dirigencia de Morena, misma que partirá de la Diana Cazadora al zócalo, en pleno corazón de la zona turística del puerto en vacaciones, “para que les dé chance de ir a la playa”.
De sus opositores, los de enfrente, dijo que están sorprendidos por la serenidad que ha mostrado luego de la medida de los órganos electorales y aclaró que esta reacción de su persona es porque “le hemos sacado la vuelta a la provocación y le vamos a seguir sacando la vuelta”.
“Tienen sus temores, han celebrado, se han puesto contentos, alegres de que ya le quitaron la candidatura a Félix Salgado Macedonio, pues les quiero decir que se van a volver tristes porque nos van a regresar la candidatura”, aseguró.
Insistió que él va a “ser un gobernador, sensato, inteligente y humano” y el mejor mandatario de Guerrero porque tiene los “mejores argumentos y elementos jurídicos para que nos devuelvan la candidatura”.
En el evento, hicieron uso de la palabra María de los ángeles Santiago Dionicio, Marcial Rodríguez Saldaña, y la alcaldesa Adela Román Ocampo, a quien al mencionarla fue abucheada por algunos de los presentes que asistieron a la protesta.
También asistió el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Alfredo Sánchez Esquivel, quien va en la lista de plurinominales para repetir en la 63 legislatura, así como Arturo Martínez Núñez, Rosario Merlín y la virtual candidata a la alcaldía de Acapulco, Abelina López Rodríguez, así como el delegado nacional de Morena Salomón Jara, entre otros participantes.
Al concluir la concentración, se entonó el himno nacional y los manifestantes regresaron a sus lugares de origen.
SemMéxico. Jalisco. 31 de marzo 2021.- Victoria Esperanza Salazar fue asesinada este sábado 27 de marzo del 2021 a manos de agentes de la policía municipal de Tulum, Quintana Roo. Victoria era una mujer refugiada, migrante salvadoreña, madre de dos hijas y fue víctima de brutalidad policiaca.
No podemos decir que el asesinato de Victoria se trató solo de un feminicidio cometido por agentes del Estado. A Victoria no la mataron solo por ser mujer, la mataron porque lo primero que vieron en ella es una corporalidad triplemente castigable: un cuerpo racializado, femenino, empobrecido. Si, fue un feminicidio, clasista, racista, en donde las opresiones encuentran el espacio propicio para la brutalidad policiaca.
Los modelos de seguridad y de proximidad policial están hechos para eso, para reprimir comunidades racializadas y empobrecidas (el caso de Giovanny en Jalisco es un claro ejemplo).
La desproporcionalidad de la respuesta del Estado en el caso de Victoria es directamente proporcional a la idea de «salvaguardar» el orden público en un lugar en donde el turista es el bien jurídico máximo protegido, ese mismo turista que llega a consumir tierra, recursos, bienes y personas. Victoria era pobre, migrante y racializada, por eso la desproporción en su contención, seguramente ese no es el trato que reciben los turistas alcoholizados que hacen de ese paraíso turístico, un lugar propicio para sus desmanes y que cuentan con la complacencia de las autoridades, si claro, su categoría de turistas les permite una respuesta estatal distinta.
En el caso de Victoria ya se presentaron cargos contra los elementos policiacos y quizá a la brevedad se obtenga una sentencia condenatoria “ejemplar” debido a la notoriedad del caso y para evitar repercusiones en el turismo. Sin embargo, eso no es suficiente; el modelo policial persiste, la respuesta del Estado sigue siendo la misma, utilizar la represión como respuesta a lo que se considera «problemático”, no es casualidad que los operativos contra migrantes y la represión contra las feministas, se hayan intensificado en los últimos meses. El caso de Victoria, no es un hecho aislado, atender y resolver las problemáticas sociales utilizando el aparato represivo, policial y militar ha sido la respuesta estatal en nuestro país.
El caso de Victoria también es emblemático porque refleja las asimetrías del Estado. Tulum es un municipio en el que florecen los mega desarrollos turísticos para los más ricos y pudientes y es el mismo municipio en donde sobrevive una población precarizada en su mayoría racializada y pobre.
La narrativa del gobierno ya la conocemos, en los próximos días anunciaran mayor capacitación y talleres de sensibilización en derechos humanos para todos los policías del municipio. Darán de baja al jefe policiaco (que después encontrará cabida en otro municipio) y darán de baja a los policías y los pondrán a disposición de las autoridades para que se defiendan como puedan. Sin embargo, la reflexión y la acción debe ser mucho más profunda, es decir, hace falta replantear el modelo de seguridad que tenemos en nuestro país, los protocolos de respuesta policíaca y el papel de la policía municipal, alejando totalmente de la ciudadanía y del respeto a los derechos humanos.
La falta de protocolos, la incapacidad de los policías, la nula información acerca de actuaciones con perspectiva de género, fueron evidentes en el caso de Victoria, asesinada frente a la mirada indolente de una ciudadanía impávida que acorde a nuestros tiempos, se limita solo a grabar los últimos minutos de vida de una mujer sometida por la brutalidad policiaca y que se convierte frente al espectador, en un cuerpo que no importa y que hasta el último momento es tratado como si no fuese una persona digna de respeto.
Victoria se suma en esta semana a las historias que describen al México profundo; algo hemos hecho mal como sociedad para que esta semana en México las historias contadas sean las de unas niñas quinceañeras cargando el ataúd de su amiga asesinada y la historia de Victoria, como cuerpo inerte e inservible tirado en el fondo de un vehículo policial. Las niñas lo único que deben cargar en este país, son sus sueños y sus esperanzas. Victoria tenía un segundo nombre, se llamó también Esperanza, y esa, la esperanza es la que nos debe seguir moviendo, porque otro mundo mejor es posible.
Informe Anual 2020: En el año de la pandemia ocurrieron 692 ataques contra medios de comunicación y periodistas; seis fueron asesinados; La concentración publicitaria oficial continúa en diez empresas de información
La difusión de este informe, provocó nuevas y graves amenazas del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador este día.
Redacción
SemMéxico, Cd. de México, 31 de marzo de 2021.- Al presentar su informe anual sobre libertad de expresión en México, acceso a la información y respeto de derechos humanos, ARTICLE 19 reveló que, a dos años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, persisten dinámicas de estigmatización de la prensa, censura, violación de los derechos humanos y el debilitamiento o abandono de las instituciones creadas para hacer contrapeso al poder.
Bajo el nombre de Distorsión: el discurso contra la realidad el reporte pone en evidencia que en el 2020 se mantiene la desinformación desde el gobierno, existe un intento de control y censura de Internet y la violencia contra la prensa se mantiene al alza con 692 ataques contra la prensa, una cifra inédita.
Durante la presentación virtual del documento, Leopoldo Maldonado, director regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, consideró que durante el año pasado el sello de este gobierno fue utilizar la distorsión como mecanismo para alterar la percepción de las realidades al deformarlas mediante el discurso.
Aunque reconoció que es imposible cambiar en dos años un país cuyo deterioro de la vida pública data de hace 50 años, Maldonado alertó que se siguen sosteniendo “viejos anclajes autoritarios en materia de libertad de expresión”.
El permiso para agredir a la prensa
La difusión de este informe, provocó nuevas y graves amenazas del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador este día.
El informe establece que el ambiente de violencia contra la prensa se mantiene en ascenso, como ha sido en los últimos 13 años, y que colocan el 2020 como el periodo más violento contra la prensa desde que se tiene registro.
De enero a diciembre, se contabilizaron 692 agresiones contra medios de comunicación posiblemente vinculados con su labor, lo que representa un 13.6% más que en 2019. Una agresión contra la prensa cada 13 horas.
En poco más de dos años de la presente administración, 17 periodistas han sido asesinados por motivos posiblemente vinculados a su labor. Tan solo en 2020, se registró el asesinato de seis periodistas.
El año pasado, las entidades que más sufrieron estos ataques fueron Ciudad de México, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Oaxaca. En conjunto, sobrepasan 47% del total nacional de las agresiones.
El reporte sostiene que muchas de las agresiones vienen desde el mismo aparato estatal y se multiplican por la estigmatización de la prensa que se propaga desde el poder. Considera que esta situación alienta a autoridades locales a ejercer el mismo tipo de discurso contra los medios, y se envía un mensaje permisivo hacia particulares y otros poderes fácticos que encuentran en las narrativas estigmatizantes “un impulso para amenazar, agredir y asesinar periodistas sin temor a que haya alguna respuesta contundente del Estado”.
La vocación por censurar internet
El informe anual de la organización refiere que existe una vocación autoritaria para sobrerregular diversos aspectos de internet a fin de “menguar su potencial democratizador y evitar que la narrativa y del desempeño oficiales se sujeten a escrutinio y crítica sociales”.
Expone que, de manera paralela, desfilaron una serie de iniciativas legislativas mal hechas, las cuales brillan por sus deficiencias técnicas y por el impacto corrosivo que pueden llegar a tener en el acceso y uso de internet, así como sobre el ejercicio de la libertad de expresión en el ámbito digital.
Como ejemplo refiere las iniciativas promovidas por el senador Ricardo Monreal y otros actores públicos, las cuales están “alejadas de los principios y directrices establecidos en los estándares internacionales de derechos humanos, ya que, directa e indirectamente, contemplan medidas que interferirían con el acceso y uso de internet”.
La concentración y clausura de la información
Respecto a la publicidad oficial, ARTICLE 19 revela que se mantiene la ausencia de criterios claros para la asignación de sus recursos, así como una concentración publicitaria en pocos medios: “el 54% del total ejercido se repartió en diez empresas de comunicación, mientras que otros 387 apenas alcanzaron el 46%”, señala el estudio.
Distorsión: el discurso contra la realidad consigna que el año pasado el presidente siguió centralizando la comunicación de su gobierno y, desde las conferencias ‘mañaneras’, “el titular del Ejecutivo pontifica, juzga, moraliza, estigmatiza, informa y desinforma”.
Califica de preocupante que los “otros datos” que el presidente dice tener -sobre todo en materia de derechos humanos- parecen no existir en los acervos documentales oficiales, ya que, al solicitar a Presidencia vía transparencia el sustento de la información, las respuestas de “incompetencia” pasaron de 0 en 2019 a 329 en 2020.
La desigualdad informativa en la pandemia
Se documenta que en 2020 casi cien periodistas murieron a consecuencia de la COVID-19, lo que visibilizó la falta de medidas mínimas para garantizar los derechos laborales y de seguridad social que enfrentan miles de comunicadores en este país. Las carencias laborales de los periodistas contribuyen a “un mayor estado de vulnerabilidad y en ello convergen las responsabilidades de Estado y los dueños de los medios de comunicación.”
Para ARTICLE 19 la propuesta de política pública para disminuir la brecha digital se quedará corta para garantizar el derecho constitucional de acceso a internet para todas y todos, en un contexto donde la falta de acceso a las telecomunicaciones la padece el 55% de la población mexicana con un estrato económico bajo, y el 53% de la población rural.
El desmantelamiento de la protección de derechos
La organización lamenta la pretensión del gobierno de concentrar y clausurar la información con el amago de desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que constituye un contrapeso frente a la opacidad que caracteriza el actual gobierno. El presidente justificó esta decisión señalando lo oneroso del INAI, aunque México Evalúa dio a conocer que sólo representa un centavo de cada cien pesos del presupuesto público.
Sobre las descalificaciones y el desmantelamiento que el actual gobierno federal ha emprendido de instituciones como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, bajo el pretexto de corrupción y opacidad, el reporte recuerda que hasta el día de hoy se sigue sin presentar evidencia de ello. “Una vez más, los derechos de las víctimas quedan en entredicho y son letra muerta en un país asolado por la violencia criminal y de Estado”.
La disculpa por el pasado y la negación del presente
Otro factor que ARTICLE 19 expone es la negación pública de la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos como tortura, desapariciones y masacres, lo que impacta en la garantía plena del derecho a la información que asiste a las víctimas y a la sociedad.
Y aunque el actual gobierno ha realizado actos de disculpas públicas por hechos documentados de violaciones a las garantías individuales, “no se han instrumentado mecanismos suficientes para garantizar justicia en todos los casos, ya sea del pasado o los cometidos durante la actual administración”.
Agenda mínima 3.0
Por último, Leopoldo Maldonado dio a conocer que se propone una agenda mínima de 36 acciones en materia de libertad de expresión e información, entre las cuales destacan:
Regular el uso de la publicidad oficial con base en estándares internacionales en materia de libertad de expresión y derecho a la información.
Eliminar las restricciones legales al ejercicio de la libertad de expresión
Desarrollar una política integral de prevención de la violencia contra la libertad de expresión.
Asegurar la protección de las y los periodistas ante la pandemia de COVID-19.
Combatir la impunidad de las agresiones contra la prensa y garantizar el derecho a la verdad.
Abstenerse de utilizar las redes sociales para estigmatizar a periodistas, activistas y cualquier persona de la sociedad civil que ejerza su derecho a la libre manifestación, reunión o asociación, tanto en el espacio digital como en el físico.
Abstenerse de promulgar legislaciones restrictivas de los derechos digitales.
Equilibrar la protección de los datos personales, la privacidad y el derecho al honor con el ejercicio de la libertad de expresión e información en internet.
Promover y garantizar el derecho de acceso a internet sin discriminación.
Garantizar el ejercicio de la libertad de expresión para las mujeres en el entorno físico y digital.
Apenas un 5 por ciento han accedido al IMSS, porque no reciben ni el salario mínimo
Este marzo se conmemora el ´Día de la Trabajadora Doméstica y el trabajo en el hogar no remunerado
Soledad Jarquín, Sara Lovera y Elda Montiel
SemMéxico, Cd. de México, 31 de marzo, 2021.- En julio de 2020, hace casi un año el Gobierno de México depositó ante la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) el instrumento formal de ratificación del Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, conocido como 189, que en teoría beneficiaría a más de 2 millones de trabajadoras del hogar en México.
Se convirtió en el trigésimo Estado miembro de la OIT y el decimoséptimo Estado miembro de la región de las Américas que ratifica el Convenio. Con este Convenio México ha ratificado 81 Convenios Internacionales del Trabajo. Por iniciativa del Senado de la República se obligó al Gobierno a dar de alta a las trabajadoras del hogar al Instituto Mexicano del Seguro Social.
No obstante, el porcentaje de afiliadas –en un programa piloto- es mínimo y aún, no se consigue el reconocimiento del trabajo doméstico como una fuente de riqueza nacional, y no se ha avanzado en crear, como se acordó, en un Programa Nacional de cuidados.
El programa piloto de afiliación de las trabajadoras del hogar del IMSS, que entró en funcionamiento en abril de 2019, solamente llegó a 11mil 947 personas registradas de un universo de más de 2.4 millones de trabajadoras de este sector en todo el país, según estimaciones de INEGI.
Una de las razones por las que el número de afiliadas sea mínimo, es que solo alrededor del 50 por ciento de las empleadas domésticas alcanzan dicho ingreso, por lo que quedan sin la oportunidad de asegurarse, de acuerdo con la jefa del Gabinete Interamericano de Seguridad Social (GISS) Leyla Acedo Ung. Y el proceso se detuvo hace un año por el Covid 19.
Se ha podido precisar que, además, por la pandemia, las trabajadoras del hogar representan al sector más golpeado en desempleo, sin ayudas programadas.
Otro obstáculo en el esquema del IMSS para este propósito es que son las mismas trabajadoras las que deben inscribirse al programa una vez que convenzan a sus empleadores.
Marcelina Bautista, secretaria colegiada del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar considera que efectivamente el 60% de quienes se dedican a ese sector percibe entre uno y dos salarios mínimos.
Por lo que el bajo salario y la falta de seguridad social es el resultado de la desvalorización social de esa actividad económica que ni siquiera es concebido como un trabajo.
Labores domésticas en el más bajo nivel de reconocimiento
Las labores domésticas son realizadas principalmente por mujeres, según un estudio que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), por lo que reveló cuánto deberían ganar a la quincena.
El 74.8 por ciento de las labores domésticas y cuidados del hogar las realizaron mujeres
Por lo anterior, el Instituto se dio a la tarea de calcular cuánto aportaron a la quincena las mujeres que se dedican al hogar.
Las mujeres aportaron a sus hogares poco más de 60 mil pesos, cada mes durante 2019.
Para calcularlo, el Inegi tomó en cuenta el valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados, la producción de bienes de autoconsumo y por las labores realizadas por niños entre 5 y 11 años.
Si por esas labores hubieran recibido una remuneración, las mujeres habrían aportado a sus hogares 62 mil 288 pesos anuales, es decir, poco menos de 2 mil 595 pesos quincenales, mientras que los hombres sólo 24 mil 289 en el mismo año.
En tanto, menores de 5 a 11 años que realizaron actividades del hogar durante 2020 aportaron las siguientes cantidades:
Niñas – 5 mil 712 pesos
Niños- 5 mil 392 pesos
En octubre de 2020, Luis Munguía, secretario del Consejo de Representantes y director Técnico de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Consami) anunció que las trabajadoras del hogar y jornaleros agrícolas podrían integrarse en el sistema de salarios mínimos, para que puedan mejorar sus niveles de ingreso, así como tener acceso a todos los derechos laborales, como son vacaciones, seguridad social y pensión digna. Para los cuidados, nada.
El Convenio 189
“La ratificación del Convenio núm. 189 constituye un hito en México, ya que apoya una serie de medidas que han sido tomadas en el país en los últimos años para reconocer el trabajo doméstico y visibilizarlo, además de promover el trabajo decente para esta categoría de trabajadores”, pero hasta ahora el programa iniciado en 2019 por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para asegurar la incorporación de los trabajadores domésticos a la seguridad social está detenido.
La Secretaria del Trabajo señaló que la ratificación no es el fin, sino el comienzo de un trabajo conjunto gobierno, empleadores y, por supuesto, trabajadoras, se dijo en su ratificación y se aseguró: “No bajaremos la guardia. Debemos seguir avanzando en la promoción y la defensa de estos derechos. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social refrenda su compromiso en continuar dignificando el empleo, y sabemos, que contamos con la Organización Internacional del Trabajo para lograr este cometido”,
Por su parte, la Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería mexicana indicó que “con él Convenio 189, nuestro país refrenda su compromiso con los estándares de la OIT y con el multilateralismo, y hace patente su renovada política exterior en materia de derechos humanos y su recién estrenada política exterior feminista”.
“Al ratificar este Convenio, el Estado mexicano refrenda su compromiso para saldar esta deuda con acciones concretas a favor de ellas, quienes en su mayoría son mujeres y niñas, migrantes, indígenas, y que enfrentan condiciones de vulnerabilidad. Su contribución a la economía del país y al bienestar de las familias y de la sociedad en su conjunto es fundamental y finalmente es reconocido”.
El Director General, Sr. Guy Ryder, al recibir virtualmente el instrumento de ratificación del Convenio núm. 189 por México, declaró:
“El Convenio núm. 189 tiene por objeto mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los millones de trabajadoras y trabajadores domésticos en el mundo, asegurándoles un trabajo decente que les brinde protecciones equivalentes a las de los otros trabajadores. Los trabajadores domésticos se encuentran entre los trabajadores más precarios y peor remunerados. Asimismo, suelen trabajar en condiciones de informalidad en las que son privados de los derechos fundamentales de los que gozan los trabajadores en otros sectores, tales como jornadas máximas de trabajo, derecho a tiempo de descanso, un salario mínimo que les permita satisfacer sus necesidades, y acceso a la protección social, incluyendo protección de la maternidad. La decisión del Gobierno de México de ratificar el Convenio núm. 189 confirma su voluntad de extender los derechos básicos a todas sus trabajadoras y trabajadores y refuerza las medidas ya tomadas a nivel nacional”.
“Finalmente, reconociendo la importancia de México en la región de las Américas, así como a nivel internacional, se espera que la ratificación del Convenio núm. 189 incite a otros países a unirse a una creciente coalición de Estados que están tomando medidas eficaces para proteger los derechos de las trabajadoras y los trabajadores domésticos con miras a garantizar que estos trabajadores puedan gozar de un trabajo decente y digno”, añadió el Director General.
Avisan de la penetración de la doctrina que promueve eliminar el “sexo” como categoría jurídica y como principal elemento a considerar en las políticas contra la más extendida de las desigualdades: la desigualdad entre los sexos.
Denuncian las maniobras de quienes tratan de usar a la ONU para inducir a los Estados a una ficción general del sexo registral de las personas
Por Alejandro Sánchez Moreno
SemMéxico/AmecoPress/ElComun. Madrid, España. 31 de marzo 2021.- Organizaciones feministas, nacionales e internacionales, han INICIADO ACCIONES para denunciar ante la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, las maniobras de quienes tratan de usar a la ONU para inducir a los Estados a una ficción general del sexo registral de las personas.
Entre las acciones se encuentra una misiva a Michelle Bachelet, denunciando las maniobras de Víctor Madrigal-Borloz, uno de los promotores de los Principios de Yogyakarta, para introducir la doctrina que promueve eliminar el “sexo” como categoría jurídica y como principal elemento a considerar en las políticas contra la más extendida de las desigualdades: la desigualdad entre los sexos.
Las organizaciones de mujeres denuncian el sesgo del documento presentado por Madrigal-Borloz en formato de INSUMO para recoger contribuciones a su informe sobre “Género, orientación sexual e identidad de género” por parte de los Estados, los gobiernos regionales y locales, las organizaciones internacionales y regionales, las instituciones nacionales de derechos humanos, los órganos de igualdad, las organizaciones de la sociedad civil, los organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas.
Tras analizar dicho cuestionario, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, en colaboración con otras plataformas y organizaciones, detectó una manifiesta voluntad por parte de Madrigal-Borloz de orientar las respuestas con la pretensión de edificar toda una nueva concepción del Derecho sobre la base de categorías tan imprecisas y acientíficas como la ‘identidad de género’, concepto que promueve junto a otros significados lobistas, reunidos en torno a los conocidos como Principios de Yogyakarta.
La redacción del cuestionario que ha provocado la reacción de las asociaciones de mujeres parte de la premisa infundada de que existe el derecho a considerar el género como una identidad humana enmarcando dicha aspiración como ‘un derecho de la población LGBT’.
La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres considera que dicha propuesta implica establecer un “Derecho especial” de contenido impreciso que prevalecería, por ejemplo, frente a la Convención de las Naciones Unidas para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW) o la Convención de los Derechos del Niño. También sobre los ordenamientos constitucionales de los Estados.
En alguna de las preguntas del cuestionario la formulación sesgada da un paso más para pervertir incluso la redacción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de forma que se ignoren los derechos de las mujeres y las niñas para priorizar los “nuevos” y “especiales” derechos que reclaman algunos colectivos LGTBQ en materia de eliminación de la categoría jurídica “sexo”.
En la carta dirigida a Michelle Bachelet, las organizaciones señalan que, con ese Insumo, lo que está haciendo el Experto Independiente Madrigal-Borloz es manipular y pervertir los Objetivos de Desarrollo Sostenible para introducir falsos enunciados de esos Objetivos. Esa manipulación es una traición a los cometidos que tiene encomendados y desprecia las obligaciones formales adoptadas por los Estados en el marco de la Convención de Naciones Unidas para la Eliminación de todas las formas de Discriminación de las Mujeres (CEDAW) o la Convención sobre los Derechos del Niño, y tantos otros instrumentos jurídicos internacionales.
Las organizaciones de mujeres señalan a Bachelet que la gravedad de estos hechos “requeriría no sólo la inmediata retirada del llamado a contribuciones por parte de la Alta Comisionada y la urgente evaluación sobre la ética, competencias e intereses a los que responde el trabajo del Experto independiente, Sr. Víctor Madrigal-Borloz, a la hora de impulsar esta convocatoria que tal como está formulada compromete no solamente la credibilidad de la Alta Comisionada de Naciones Unidos para los Derechos Humanos, sino lo que es más importante, la dignidad de todas las mujeres y de la infancia”.
Los ejemplos señalados en la carta a Bachelet ponen de manifiesto la intencionalidad del informe que, lejos de avanzar en los legítimos derechos de las personas LGTBI, parece perseguir un alineamiento de Naciones Unidas con los postulados y estrategias de quienes pretenden imponer en las legislaciones nacionales e internacionales la noción subjetiva de “identidad de género”, siendo esta incompatible con el concepto “sexo” como categoría jurídica verificable y reconocida y como elemento en que se basa la principal y más extendida de las desigualdades, la basada en la discriminación “por razón de sexo”.
Las asociaciones de mujeres insisten en recordar que Víctor Madrigal-Borloz es uno de los signatarios de los llamados Principios de Yogyakarta, elaborados por los grupos de presión del generismo queer para introducir la doctrina de la autodeterminación del sexo registral en las legislaciones nacionales e internacionales. Dichos Principios, (que son una mera declaración de un grupo de personas independientes y que no son un convenio ni un tratado internacional ni cuentan con reconocimiento de Naciones Unidas), son habitualmente mencionados por cargos públicos del actual Ministerio de Igualdad en su intento de impulsar las leyes de autodeterminación del sexo registral.
Fuentes de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, han anunciado que buscarán canales para explicar a Bachelet, a otros dirigentes de organismos internacionales y a los Estados miembros, cuáles son las consecuencias que tiene, particularmente para las mujeres, el reconocimiento de la subjetividad que construye la jerarquía sexual, como categoría jurídica aceptable, aunque no pueda ser verificable.
Igualmente han denunciado que se utilicen las legítimas aspiraciones de igualdad de derechos de las personas LGTBI como parapeto para introducir reformas legales que nada tienen que ver con esas aspiraciones, pero que cuestionan incluso el conocimiento científico de la realidad.
En esa medida, las organizaciones piden la retirada del informe cuyos resultados son previsibles de antemano ya que el formulario está enfocado a conseguir que un documento de Naciones Unidas asuma pronunciamientos estratégicos perniciosos para las mujeres del mundo.
“La incertidumbre derivada de la precariedad, el hecho de no saber si vas a poder comer al mes siguiente o pagar el alquiler, son problemas estructurales que no se arreglan con un ansiolítico a la hora de dormir”
Por Aroa LópezNaranjo
SemMéxico/AmecoPress. Madrid, España. 31 de marzo 2021.-La pandemia ha actuado como lupa de problemas estructurales existentes antes de su llegada. Además, el confinamiento y la incertidumbre de un mundo en crisis han afectado a la salud mental de gran parte de la población, según ponen de manifiesto estudios, estadísticas y testimonios recogidos y elaborados en los últimos meses. También en este campo existe un sesgo de género tanto en el diagnóstico como en el tratamiento.
En datos de 2018, España se sitúa como el segundo país de la UE con mayor consumo de ansiolíticos, por detrás de Portugal. Según el último informe realizado por la Asociación Española de Medicamentos y productos Sanitarios, las cifras en el consumo de ansiolíticos e hipnóticos con receta oficial se dispararon durante el primer trimestre de 2020 coincidiendo con la declaración del Estado de Alarma en nuestro país hasta llegar a las más de 91.280 recetas durante el último trimestre del año y consolidándose estas como las cifras más altas de los últimos diez años.
Carlos Molina, Técnico de Investigación de la Fundación Atenea explica que: “Los psicofármacos están presentes en la vida de las personas de muchas maneras. La atención primaria carece de recursos para atender a tantas personas, y los médicos cuentan con cinco minutos para ver a una paciente que le cuenta su situación de malestar, y muchas veces la respuesta que les queda a los médicos es recetar el psicofármaco”. El Investigador apunta a que la situación de escasez de recursos de la sanidad pública lleva a este aumento en el consumo de psicofármacos y señala que, según diversas investigaciones, “los propios pacientes demandan una solución. A todos nos gusta ir al médico y salir de allí con una receta que solucione nuestro problema”.
Según el informe SESPASS, en las mujeres se observa el doble de prevalencia de depresión y ansiedad, además de otro tipo de malestares psicosociales con diferentes síntomas inespecíficos. Sin embargo, en los hombres “se observan con más frecuencia problemas mentales asociados a consumos excesivos de alcohol y sustancias”. Además, el informe relata que las mujeres “tienen más probabilidades de ser diagnosticadas de trastornos límites de la personalidad y de trastornos de la alimentación, mientras que las prevalencias de los trastornos de la conducta y de personalidad antisocial son más altas en los hombres”.
Las mujeres doblan a los hombres en el aumento del consumo de psicofármacos
Durante la pandemia, el aumento del consumo de psicofármacos con receta oficial ha sido mayor en mujeres, con un aumento del 15,4% frente al 7,6% de los hombres según el informe Consecuencias Psicológicas COVID-19.
Las mujeres tienen más del doble de probabilidad de ser diagnosticadas de depresión o ansiedad que los hombres, según el estudio Género y uso de medicamentos ansiolíticos e hipnóticos en España de la Universidad de la Laguna. “Continúa existiendo un sesgo de género tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de nuestra salud. En salud mental, estos diagnósticos sesgados originan sobremedicación y otros problemas de salud que empeoran nuestra calidad de vida y socavan nuestra autoestima” afirman desde la Confederación de Salud Mental Española.
Carlos Molina afirma que no existe un único motivo que explique esta sobremedicación: “Hay muchos factores que se suman para que las mujeres sean sobremedicadas y sobrediagnosticadas, sobre todo en patologías de salud mental”. Molina, además, explica que los roles y los estereotipos de género son un elemento con mucha relevancia a la hora de explicar este sesgo: “A las mujeres se les pide que hablen sobre sentimientos, cuando para los hombres es un tema tabú. Cuando este malestar se expresa, la respuesta suele ser una pastilla, que atenúa ese malestar, pero no hace que desaparezca. Por lo tanto, esta medicalización es crónica. Y este malestar femenino responde a la división sexual del trabajo, que durante la pandemia se ha visto especialmente agravada”.
El informe de Consecuencias Psicológicas COVID-19 analiza que a pesar de que la proporción de personas con malestar psicológico fruto de la situación de pandemia es idéntica en hombres y en mujeres, el malestar alto es de casi el doble en mujeres que en hombres. En el caso del género masculino, Molina explica que todo apunta a que normalmente el momento en el que socialmente se les permite a los hombres mostrar el malestar psicológico es cuando su rol de proveedor se ve frustrado “la familia antes de la pandemia solo era una parte del día o del fin de semana, y con la llegada de la pandemia los ERTEs y el paro que han incidido sobre todo en los hombres y su rol social, es cuando surge ese malestar”.
Estas diferencias en el ámbito de la salud mental afectan también a la día a día de la población en aspectos como los problemas de concentración en los que el porcentaje de mujeres ha aumentado un 16%, mientras que el de hombres lo ha hecho en un 7,8%.
Sonia estaba trabajando en Portugal cuando todo comenzó: “La semana del 9 de marzo, cuando mi otra compañera de piso se fue sin decir nada, fue cuando me di cuenta de lo sola que iba a estar y lo rápido que iba a escalar todo y ahí tuve mi primer ataque de ansiedad. Después fui viviendo las cosas a dos tiempos, miraba constantemente lo que pasaba en España, en especial en Madrid y en casa y lo que pasaba en Portugal. No era capaz de leer nada sobre mi trabajo, en cambio absorbía todo lo que tenía que ver con el virus”. Sonia solo se sentía bien cuando podía tener el control de la situación, cuando hacía deporte en casa o cuando hacía videollamadas con los suyos. “Cuando salió la noticia de los ancianos en las residencias y la morgue del palacio de hielo sentí como que algo se quebraba en mi cerebro y pensé: ya está, se acabó. Unos días después fue cuando nos dimos cuenta de que mi madre y yo estábamos infectadas, pero en la distancia, y fue cuando empeoré en cuanto a salud mental”.
“Del mes de abril no me acuerdo de mucho más que de dormir muchísimo, tanto del cansancio como de la medicación, y de que por las noches pasaba miedo porque me dolía mucho el pecho de toser, tenía una sensación muy rara en el pecho y a veces no podía respirar bien o me despertaba de la tos. En mayo no quería salir, y cuando tenía que hacerlo me daba mucha ansiedad, lloraba, no quería salir, tenía miedo de contagiar a alguien” explica Sonia. Cuando comenzó a sentirse mejor, tuvo una recaída: “Esta vez el cansancio extremo me condicionaba en todo, no era capaz ni de atarme los cordones, no era capaz de leer, no entendía nada, no retenía información, en la calle me sentía desorientada, hablar algunos días era un poco difícil, especialmente en otro idioma, la fatiga física y mental constante me deterioró muchísimo. Si alguno de mis conocidos me decía que tenía Covid, me echaba a llorar, y si era alguien muy cercano el que había estado expuesto, me daba un ataque de ansiedad directamente”. Ocho meses después, Sonia regresó a Madrid con los suyos “fue cuando salí del «modo supervivencia», ahí fue cuando empecé a asimilar todo y cuando mi psicóloga me contó que tenía estrés postraumático”.
La feminización de la precariedad, mucho más evidente durante la pandemia
Las mujeres sufren una mayor sobrecarga de trabajo que sus compañeros al dedicarse en mayor medida a las tareas reproductivas además de las productivas. Además, cargan sobre sus espaldas con una doble o triple jornada laboral si además de al trabajo y al cuidado de los hijos y del hogar, también lidian con el cuidado de los mayores o las personas dependientes, de las que se encargan las en un 75% según el informe de la Asociación Estatal de Gerentes de los Servicios Sociales (AEGSS). Este cúmulo de tareas “se ha visto acrecentado durante la pandemia. Muchas podían contar con ayuda externa antes de la pandemia, como la de los abuelos y abuelas, las cuidadoras externas o los colegios y guarderías, que, durante la pandemia, se frenan de golpe, y provoca otra vez, una mayor sobrecarga de las mujeres” explica Carlos Molina.
Marta comenzó a experimentar ataques de ansiedad diarios y repetidos e imposibilidad para conciliar el sueño al comienzo de la cuarentena, relacionados con la responsabilidad de cuidar a una persona mayor, paciente de enfermedad crónica respiratoria “una semana después empecé a tener síntomas de COVID-19. Llamé al centro de salud, me dijeron que mi médico me llamaría de vuelta. No recibí respuesta de Sanidad hasta que volvimos a llamar porque mi abuelo estaba enfermo, ahí fue cuando me lo confirmaron y me dijeron que podría habérselo contagiado”. Finalmente, tras el fallecimiento de su familiar tuvo que cambiar su vida completamente “tenía que cambiar de vivienda, irme de la que había sido mi casa toda la vida, me encontraba sin trabajo por la crisis sanitaria y con unos pocos ahorros con los que tuve que ayudar a mi familia a vivir durante esos meses”. Tras unas semanas en estado de shock, Marta comenzó a vivir en cama “estaba muy triste y el estado depresivo se unió a la ansiedad constante que venía arrastrando”. Finalmente, en septiembre decidió buscar ayuda profesional. “El médico de cabecera me dijo que lo que tenía era ansiedad anticipativa y me recetó Lorazepam, decía que mis problemas se arreglarían durmiendo. Pero finalmente conseguí que me derivara a la psicóloga.
“Entiendo que la sanidad pública estuviese colapsada, pero la incertidumbre derivada de la precariedad, no saber si vas a poder comer al mes siguiente o pagar el alquiler, son problemas estructurales que no se arreglan con un ansiolítico a la hora de dormir” explica.
Desde la Confederación de Salud Mental afirman que “durante los meses de la pandemia, la prevalencia de la ansiedad era del 33 % y la de la depresión del 28 %. Uno de los principales factores de riesgo de sufrir ansiedad y depresión es ser mujer. A esto se une que algunos de los colectivos profesionales más afectados por la pandemia son mayoritariamente femeninos, como es el caso del ámbito de la salud, la educación, o el cuidado de personas mayores”.
En datos del Instituto de las Mujeres, el perfil laboral de las actividades calificadas como cuidados formales, que incluyen las actividades socio sanitarias y a los servicios sociales, están compuestas en un 73% por mujeres en el ámbito socio sanitario, y por un 85% en el ámbito de los Servicios Sociales.
La precariedad es evidente en estos sectores declarados como esenciales durante la pandemia, como son salud y cuidados, dónde la brecha salarial ha aumentado hasta el 28,9% según el último informe con motivo del día de igualdad salarial elaborado por el sindicato UGT. Estos sectores, además, están estrechamente ligados a la contratación temporal y parcial, en los que los salarios de las mujeres han descendido en 300 euros, mientras que los de sus compañeros han aumentado en 1.800 euros.
Fátima y Elena son dos jóvenes de 23 y 25 años respectivamente. El año pasado compaginaban sus estudios -último curso de Integración Social- con el trabajo en una residencia de personas ancianas. Cuando llegó la pandemia se vieron obligadas a trabajar sin los medios adecuados, exponiendo su salud y la de las personas a las que cuidaban, con mucho riesgo por su edad. Comenzaron a sentir miedo, a experimentar ansiedad, a no poder dormir por las noches a pesar del agotamiento. “Peté, un día peté, no podía parar de llorar, me costaba respirar”, cuenta Fátima. “Nos recetaban pastillas, ansiolíticos, y yo me sentía dormida, incapaz”. Afortunadamente, ella y Elena conocen a Fabiola, quien les enseñó a relajarse, con una técnica sencilla, y les puso en contacto con una plataforma en la que, junto a otras profesionales, reclamaron mejoras laborales, denunciaron la crueldad a la que estaban expuestas y sobre todo “compartimos y nos comunicamos”.
“Las desigualdades de género en salud mental tienden a aumentar entre la población de mayor edad, de menor clase social y de menor nivel educativo”
El Informe SESPASS 2020, explica, que, en cuanto a la población española “las desigualdades de género en la salud mental tienden a aumentar entre la población de mayor edad, de menor clase social y de menor nivel educativo, lo que indica la existencia de una clara interseccionalidad de los diferentes ejes de desigualdad. El único grupo social en que no se aprecian desigualdades de género en la salud mental de forma significativa es la clase más favorecida”.
Esta realidad no se puede separar de las condiciones materiales y de la socialización con carácter de género. En estudios como el de la revista Gaceta Sanitaria se muestra que, en 2017, la prevalencia de mala salud mental fue del 23,4% en las mujeres y del 15,6% de los hombres. Además de los ya mencionados diagnósticos de depresión y ansiedad que en las mujeres equivalían al 19,4%, mientras que en los hombres se mantendrían en un 8,5%. El Informe SESPASS, además, explica que “la salud mental tiende a empeorar a medida que lo hacen las condiciones de vida, como sufrir insuficiencia de rentas, bajo nivel educativo, clase social manual, desempleo o falta de apoyo social”.
“El factor de clase es importante en cuanto a esta sobrecarga de trabajo y a veces se nos olvida comentarlo. No es que las mujeres de clase alta y media- alta no sufran esta problemática, pero la sufren en menor medida. Quizá sea más una sobrecarga mental que una sobrecarga mental y física como sí que ocurre entre las mujeres de clase media-baja y baja” afirma el investigador Carlos Molina.
En España hay 6 psicólogos o psicólogas por cada 100.000 habitantes
Los datos oficiales en cuanto a salud mental se refieren son escasos, sin embargo, existen algunos indicadores que pueden servir para hacernos un mapa mental de la situación de la salud mental de la ciudadanía española en la era COVID.
Entre marzo y mayo de 2020, el Ministerio de Sanidad y el Consejo General de la Psicología de España, pusieron en marcha el Servicio de Primera Ayuda Psicológica (SPAP). Este servicio, habilitó un teléfono que estaba indicado para la atención psicológica de las personas afectadas por el COVID-19. De entre las más de 11.000 consultas telefónicas, casi el 76% “tuvo que ver con problemas psicológicos relacionados con sintomatología ansiosa y depresiva” según el informe del Consejo General de Psicología de España (CGPE)
Durante esas semanas, de las más de 15.000 llamadas gestionadas, el 73,5% fueron realizadas por mujeres, con una edad comprendida, mayoritariamente entre los 40 y los 59 años. Carlos Molina explica que en la mediana edad es donde existe una mayor incidencia porque son las mujeres que mayor sobrecarga sufren, y donde la doble o la triple jornada se produce con más frecuencia.
Según el organismo: “España nunca ha tenido un Sistema Nacional de Salud con suficientes recursos psicológicos, y es un dato constatado que en España hay un insuficiente número de psicólogos en el Sistema Nacional de Salud. De hecho, según el informe de 2020 del Defensor del Pueblo del Gobierno de España, basado en los datos del 2018, la media de psicólogos en nuestro Sistema Nacional de Salud es de 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes”.
“Tener un trastorno de la alimentación y no poder controlar lo que está pasando a tu alrededor y, sobre todo, estar constantemente metida en casa, en un cuadro del que no puedes escapar, fue muy duro. La única respuesta de la sanidad fue enviar pastillas. A nivel público, la salud mental está muy maltratada, y por la vía privada se va sobrellevando, pero es muy caro” explica Clara.
Desde la Confederación de Mujeres Salud Mental de España afirman que “las mujeres que tenemos dificultades de salud mental, sufrimos un doble estigma por nuestra condición de mujeres y nuestro estado de salud mental. Debido a estos prejuicios, se nos presenta en extremo como seres asexuados o hipersexuales, se nos considera menores de edad, no aptas para ser madres, incapaces de mantener una relación de pareja o de sostener argumentos veraces. Catalogaciones recurrentes como “locas”, “histéricas”, “depresivas” o “malas madres” dan cuenta de ello”.
Clara tiene ansiedad y lleva arrastrando un TCA desde los 12 años. “Al principio, el confinamiento me lo tomé como unas vacaciones, como unos días de desconexión. pensé que estas dos semanas nos iban a venir bien a nivel mental para estar mucho más presentes en nuestras casas”. Clara “no veía más allá de lo que pasaba dentro de las 4 paredes de mi casa. Mi cerebro no procesaba lo que estaba pasando fuera y esta fue una de las razones por las que tuve que volver a terapia”.
“Hubo un momento durante la pandemia en el que mi mente colapsó, mi cuerpo colapsó y en el espejo no me reconocía a mí misma. No sabía quién era, era la personificación de los ataques de ansiedad, había comenzado a tener depresión, a estar constantemente triste. Empezaba a llorar por la mañana y terminaba de llorar por la noche. No entendía por qué estaba pasándome esto porque no había ocurrido nada a nivel personal, si no, algo general en el entorno que yo no podía controlar. No había asistencia psicológica ni psiquiátrica, porque existía una sobresaturación de la sanidad, ya no solo a nivel público, si no, también a nivel privado. Yo fui una de las personas que se desbordó, y a pesar de buscar ayuda en mi terapeuta de confianza, fue bastante complicado encontrar un hueco” relata Clara.
“Sé que mis heridas son colectivas y que el problema no es individual, es estructural”
Desde la Red Estatal de Mujeres Salud Mental de España, explican que “bajo el sistema patriarcal, las desigualdades estructurales basadas en el género, provocan que ser mujer sea un factor de riesgo para tener un problema de salud mental. Así lo reconoce la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuando señala que el género afecta de manera fundamental a la salud mental. De hecho, las mujeres tenemos 3 veces más riesgo de desarrollar depresión, el problema de salud mental más frecuente y que será la principal causa de discapacidad en el mundo”.
Clara cuenta que “lo más difícil fue aceptar que yo no tenía el control sobre lo que estaba pasando y que el confinamiento me estaba afectando cuando yo no quería que lo hiciese. No estaba infeliz, pero me sentía perdida. Pero llegó un momento en el que mi mente hizo “click” y me dije: necesitas ayuda, pide ayuda porque no puedes seguir así”
“A día de hoy sigo trabajando todo esto, pero ya estoy muchísimo mejor, soy mucho más flexible con algunas cosas. Eso sí, de vez en cuando hay algún episodio que aún me da ansiedad, depende de lo que sea me puedo quedar paralizada o echarme a llorar. No me aconsejan ver imágenes de la situación del año pasado, así que he evitado las redes sociales o el telediario en cada “aniversario de” explica Sonia. Por último, Marta explica que a pesar de que aún le queda mucho trabajo por hacer “al menos sé identificar mis sentimientos. Sé que tengo ansiedad, sé que tengo un TCA y sé que tengo depresión y estoy trabajando en ello. Pero también sé que mis heridas son colectivas y que el problema no es individual, es estructural. Y las mujeres siempre hemos cargado sobre nuestras espaldas el peso del trabajo, el estudio, el cuidado y ahora, la pandemia. Y no, no somos superwoman y no, tampoco queremos serlo”.
Consideradas trabajadoras esenciales durante la pandemia, el colectivo denuncia la falta de reconocimiento de sus derechos y un incremento de las situaciones de emergencia social
Por Redacción AmecoPress
SemMéxico/AmecoPress. Madrid, España. 31 de marzo 2021.- Las asociaciones de trabajadoras de hogar y cuidados en España, compuestas mayoritariamente por mujeres migrantes, llevan años denunciando su situación de desprotección, precariedad, explotación, abuso y violencia sexual en el sector. La crisis del Covid- 19 ha afectado de gran manera a este sector colocando a las mujeres que ejercen este trabajo, muchas de ellas en situación administrativa irregular, en situaciones de extrema vulnerabilidad y violencia.
En febrero de 2020 se reportaba 394.171 trabajadoras dadas de alta en la Seguridad Social, sin embargo, en agosto esa cifra bajaba a 373.938. Durante la pandemia más de 20.233 trabajadoras de hogar han sido despedidas, mientras que otras han visto reducidas sus jornadas laborales, pero con un incremento de tareas. Además, se ha acentuado el régimen de interna, al tener que acceder a vivir con sus empleadores para no perder su trabajo, ya que estos se escudan en el riesgo de contagio que supone el desplazamiento diario. Así mismo han aumentado las ofertas de interna, “aprovechando la necesidad y desesperación de las mujeres”, con sueldos que no alcanzan el salario mínimo. Así lo denuncian la Asociación Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y Cuidados (AIPHYC) y Alianza por la Solidaridad-ActionAid, organizaciones que han estado trabajando en red con otras asociaciones a nivel estatal para visibilizar su situación, defender sus derechos, y hacer incidencia política y social para poner esta situación en la agenda.
Igualmente consideran que las medidas sociales diseñadas por el Gobierno y demandadas por asociaciones del sector, como el Ingreso Mínimo Vital y el Subsidio Extraordinario de Desempleo para Empleadas de Hogar, han sido positivas, pero insuficientes. Muchas de las mujeres no cumplían con los requisitos al trabajar gran parte de ellas en la economía sumergida, lo que supone, por ejemplo, que el Subsidio Extraordinario llegue sólo al 10% de las trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social. Hay que recordar que más de 200.000 mujeres trabajan en la economía sumergida en España por la imposibilidad de regularizar su situación, ya que la Ley de Extranjería impide conseguir la residencia hasta cumplir al menos tres años de estancia en España y por tanto han quedado fuera de todas las medidas.
Alianza por la Solidaridad-ActionAid y las organizaciones demandan también la ratificación del Convenio 189 de la OIT, sobre trabajo decente de las trabajadoras y trabajadores domésticos con el propósito de garantizar la protección de este colectivo, históricamente discriminado, y equiparar sus derechos laborales a los del conjunto de trabajadores. Un compromiso del gobierno para la actual legislatura, que aún no ha cumplido. Además, piden la incorporación plena al Régimen General de la Seguridad Social, lo que supondría tener derecho a la prestación por desempleo. Una incorporación, que el actual gobierno ha retrasado hasta el 2023, aunque en principio iba a ser este año. Así mismo, reclaman una Ley de Prevención de Riesgos Laborales, abolir el régimen de interna, y la regularización de las personas en situación administrativa irregular, que representan hasta el 30% del sector, que son las que sufren una mayor vulneración de derechos.
Situaciones de las trabajadoras de hogar a un año de la pandemia: el repunte del trabajo de interna
SEDOAC señala como estas problemáticas no son una novedad en el sector. Lo que ha hecho el Covid-19 es agravar sus condiciones y acceso a derechos “Las condiciones de abuso y explotación laboral siguen a la hora del día, hay un repunte de trabajos para personas internas con ofertas de salarios por debajo del SMI y sin permiso para el disfrute de días libres a riesgo de quedar sin trabajo de no aceptar las exigencias de los empleadores. Además, siendo personal de primera línea como cuidadoras de personas dependientes en plena campaña de vacunación no se nos ha priorizado a pesar de haber sido consideradas “esenciales”.
A pesar de esta situación apuntan también que gracias al trabajo de incidencia y la presencia en medios se han conseguido medidas como la puesta en marcha en febrero del Plan de Actuación impulsada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que pretende regular las condiciones salariales y las cotizaciones de las empleadas de hogar. “Celebramos este pequeño paso hacia una igualdad de derechos que nos merecemos, sobre todo porque era una injusticia y una excepción que había que corregir. No obstante, a este “avance” le faltaría un paso más, que es incluir a las trabajadoras de media jornada o por horas que quedan fuera, porque tendría que ser obligatorio para todas estar de alta en la Seguridad Social”, comentan desde SEDOAC.
En este día que ha sido siempre un día de reivindicación para las trabajadoras de hogar, Dolores Jacinto de AIPHYC señala al respecto: “Seguiremos luchando por el reconocimiento de derechos para poder tener los mismos que los demás sectores laborales y estar dentro del Estatuto de los Trabajadores. No se puede decir que nuestro trabajo es esencial para la vida, que obviamente lo es, sin que se traduzca en reconocimiento de derechos”.
