- Se modifica la Ley General de Salud, es ley la Norma 046; los centros de salud obligados a la interrupción voluntaria del embarazo
- 2020 16 mil 500 violaciones, para 2021, 21 mil embarazos extras por confinamiento; controversias pendientes en Hidalgo y Veracruz
Sara Lovera
SemMéxico, Cd. de México, 2 de mayo, 2021.- Este 30 de abril por 45 votos a favor y 12 en contra el pleno del Congreso capitalino aprobó la nueva Ley de Salud de la Ciudad de México, luego de resolver más de una docena de reservas y un prolongado debate suscitado por la reserva del Partido Acción Nacional PAN, que buscaba impedir la interrupción legal del embarazo hasta la vigésima semana de gestación en los casos en que el embarazo sea resultado de una violación.
La presidenta de la comisión de Salud, Lourdes Paz Reyes, de Morena, dijo al exponer el dictamen ante el pleno que la emergencia sanitaria por Covid-19 hace evidente que hoy más que nunca el tema de la salud debe ser una prioridad en todas las agendas políticas y sostuvo que esta nueva ley pone nuevamente a la Ciudad de México a la vanguardia para garantizar la progresividad de los derechos en materia de salud de las mujeres y se ajusta a la Norma 046 que todas las instituciones médicas deben cumplir.
De acuerdo con el doctor Saúl Arellano durante 2020 habrían ocurrido 12 mil 318 violaciones simples; 4 mil 225 violación equiparadas y 42 del delito de incesto, lo que confirma que para 2021 se habrán producido 145 mil 719 embarazos adicionales a los que habrían ocurrido si no hubiera sucedido la pandemia de COVID-19, como informó el Consejo Nacional de Población (CONAPO), organismo que destacó que entre niñas y adolescentes habrá 21 mil embarazos más, como resultado del confinamiento.
Datos dirimidos en la Asamblea de la Ciudad de México, capital del país donde se aprobó la ILE hasta la 12 semana. Es el tema de la violación sexual, creciente, lo que llevó a las y los legisladores a aprobar el dictamen de la nueva Ley de Salud, luego de examinar nueve propuestas, incluida la de la jefatura de gobierno. Así dejó establecido que la interrupción legal del embarazo ILE, será de 20 semanas o cinco meses, siempre y cuando, éste haya sido consecuencia de una violación sexual.
Por tanto, las víctimas de violación tendrán hasta los cinco meses de embarazo el derecho a la ILE y podrán acudir a un Centro de Salud a practicarse esa interrupción voluntaria del embarazo o aborto, producto de una violación y no deberá importar si la víctima denunció ante las autoridades competentes. Tal como lo establece la norma 046, que es negada sistemáticamente por las instituciones de salud y motivo de controversia, como en el caso del estado de Guerrero o Veracruz.
En el caso de niñas y adolescentes, según CONAPO, durante el 2019 se reportaron 10 mil partos en niñas de 14 años y menos, los cuales regularmente estuvieron asociados con actos de violencia sexual, como dijo el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá.
Se informó que se hacen planes para lanzar en breve, una nueva campaña para prevenir y evitar el embarazo en adolescentes, que ha colocado a México en el primer lugar entre los países de la OCD
La violencia contra las mujeres, según México Social arroja datos estrujantes: el primer delito de los delitos de índole sexual, el número de denuncias se incrementó en 5.9 por ciento entre 2019 y 2020, al haber pasado de un total de 51 mil 310 carpetas de investigación iniciadas en el primero de los años señalados, a 54 mil 342 el año que recién concluyó. Estos datos implican haber pasado de un promedio diario de 140.5 carpetas de investigación por este tipo de delitos, a 148.88 por día.
Las carpetas de investigación por casos de violación pasaron de mil 316 en 2019 a mil350 en 2020, un incremento de 2.6 por ciento.
La tragedia de las 10 mil niñas las legisladoras, en el marco del Día del Niño y la Niña, consideraron que los hombres involucrados en los embarazos son varones de confianza, es decir, personas que cuidan a las menores, que tienen vínculos afectivos, responsabilidad y/o poder sobre las niñas.
Se sostiene que además, una de cada 10 mujeres en México reporta haber vivido una violación sexual en su infancia, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH).
El dictamen, que renueva la Ley General de Salud, r quedó bajo los términos de la NOM-046-SSA2-2005, que señala que los médicos de la institución de salud deberán atender a la usuaria y no estará obligado a verificar el dicho de la solicitante, respecto si fue víctima de una violación.
En caso de que la solicitante sea menor de 12 años, deberá contar con la aprobación y la solicitud de su padre, madre o tutoría específica.
El dictamen, respecto de la ILE se funda en los lineamientos generales de organización y operación de los servicios de Salud para el aborto en la Ciudad de México, cuya última actualización fue el 25 de abril del 2018, y establece en su Capítulo III De la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), las 20 semanas de gestación para practicar un aborto en caso de violación.
“Séptimo. La Interrupción Voluntaria del Embarazo es aquella que podrán realizar los integrantes del Sistema de Salud de la Ciudad de México, hasta la vigésima semana completa de gestación, como consecuencia de una violación sexual, sin que la usuaria lo haya denunciado ante las autoridades competentes, en términos de lo previsto en la NOM-046-SSA2-2005. Se entenderá por vigésima semana completa de gestación, a las veinte semanas, seis días (20.6)”, se lee.
Cabe mencionar que en esta ley se agruparon más de 75 iniciativas en materia de salud, y se abrogaron ocho leyes. Se mantiene la atención a la salud mental, cáncer de mama, bucal dental y el Médico en tu Casa.
También se establece que la Secretaría de Salud y Bienestar de ciudad deberán instalar en hospitales públicos, DIF y Alcaldía de la capital del país, cuneros en sus instalaciones para que sean depositados bebés abandonados.
LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
El avance en la Ciudad de México, contrasta con lo sucedido, también esta semana, en la Cámara de Diputados, donde la propuesta de la ILE, para toda la República, en cambios a la Ley General de Salud, fue saboteada por distintos grupos parlamentarios, lo que hizo al dictamen quedar en el archivo hasta la instalación de la nueva legislatura en septiembre próximo, aunque las diputadas están por proponer, para ello, un periodo extraordinario de sesiones.
Una retrato adicional, según acuerdo del 6 de marzo pasado, en Hidalgo que aprobó la objeción de conciencia para el personal de salud, para excluirse de prácticas como el aborto si les resulta contrario a sus creencias religiosas o éticas.
Ello se opone a que la Secretaría de Salud debe garantizar la interrupción del embarazo en los casos previstos por la ley, como el de violación.
Ese 6 de marzo, que era jueves el Congreso del Estado aprobó diversas modificación a la Ley de Salud Estatal entre las que se reconoce el derecho de los prestadores de servicios de salud a ser objetores de conciencia, es decir que podrán excusarse de intervenir en procedimientos, como el aborto, que a su consideración, resulten contrarios a sus creencias religiosas o a sus principios éticos.
Sin embargo, deberán salvaguardar en todo momento la salud y la vida de las personas cuando estos procedimientos sean inevitables y en todo caso será obligación de las instituciones públicas contar con personal no objetor de conciencia.
Alba Adriana Jiménez Patlán, directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) refirió que este derecho individual para los médicos no significa negar el servicio a las víctimas de abuso o violación sexual.
“El asunto aquí es que debemos de recordar que el aborto cuando es por casos de violencia sexual tiene que ver con un tema de emergencia”
Las organizaciones sociales en Hidalgo vigilarán cumplimiento de la Ley
La NOM 046 refiere que en caso de embarazo por violación, las instituciones de salud deben prestar el servicio de interrupción voluntaria del embarazo para lo cual es necesario presentar una solicitud por parte de la usuaria mayor de 12 años de edad en dónde manifieste que dicho embarazo es producto de violación pero si es menor de 12 años, la solicitud debe ser presentada por el padre madre o tutor.
La atención médica debe ofrecerse de inmediato y hasta en un máximo de 120 horas después de ocurrido el evento, aunque en otros estados como la Ciudad de México se permite, ahora, las 20 semanas de gestación, en el caso de violación, como lo establece la norma.
Aspectos de la nueva ley de salud
Al final, la Ley de Salud de la CDMX menciona como objetivo principal garantizar el derecho a recibir este servicio bajo criterios de universalidad e igualdad. En tanto que garantiza el acceso gratuito, oportuno y de calidad a los servicios médicos, farmacéuticos y hospitalarios, incluidas intervenciones quirúrgicas.
La presidenta de la comisión de Salud, Lourdes Paz Reyes, de Morena, explicó que el dictamen tuvo como base la iniciativa que presentó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo y se incorporaron en el proceso de análisis y dictaminación más de 70 iniciativas que promovieron diputados de todos los grupos parlamentarios y destacó que es la primera legislación del país que se adecúa a partir de la experiencia de la pandemia al establecer un sistema de vigilancia epidemiológica que permitirá diagnosticar, diseñar e implementar las políticas públicas y acciones para atender las enfermedades, así como un Laboratorio de Salud Pública para el análisis de riesgos sanitarios y la detección de nuevos patógenos antes de que se conviertan en pandemia.
El dictamen se aprobó por 45 votos a favor y 12 en contra del grupo parlamentario del PAN al que se sumaron el morenista Efraín Morales Sánchez y el diputado sin partido Guillermo Lerdo de Tejada Servitje.
Luego de que PAN y PRD impidieron que el dictamen se presentara al pleno en la sesión del pasado jueves 22 de abril.
Paz Reyes llamó a construir un sistema de salud que pone en el centro a las personas, para que vivan de forma decorosa, digna y con todas las capacidades necesarias para desarrollarse a lo largo de su vida; que atienda, proteja y que reconozca derechos y sobre todo que permita responder de manera adecuada, oportuna y coordinada frente a una nueva amenaza
La diputada del PAN América Rangel Lorenzana, admitió al fijar el posicionamiento de su partido que una de las razones por las que votarían en contra es porque “prevalece” en el dictamen la de una iniciativa de la jefa de Gobierno y si bien se retoman propuestas de su partido como la del acompañamiento materno, aparecían en la norma de forma condicionada.
El PRD, que reclamaba la desaparición del programa Médico en tu Casa, sobre el que Paz aclaró que se refuerza el esquema de atención bajo el modelo “Salud en tu vida”, respaldó el dictamen al incorporar mediante una reserva, de forma específica, la atención a grupos de atención prioritaria como mujeres embarazadas.
Durante casi una hora, PAN y Morena se enfrascaron en un debate por la reserva que presentó el diputado Christian Damiánn Von Roerich de la Isla, con el respaldo de su compañero de bancada, Federico Döring Casar, para suprimir la disposición que permite a mujeres víctimas de violación recurrir a la interrupción legal del embarazo hasta la vigésima semana de gestación, con el argumento de que se pone en riesgo la salud de la vida de las mujeres y no contribuye a combatir las agresiones sexuales, a lo que la diputada de Morena, Martha Patricia Llaguno Pérez, cuestionó que “curioso que sean hombres los que se pronuncien en contra de derechos de las mujeres”.
Ante los argumentos panistas y algunos morenistas la diputada Valentina Batres pidió respeto para las víctimas de violación, pese a una falta de carpeta de investigación. “Si no hay carpeta de investigación, usted está pensando que alguien hace trampa para abortar después de las 12 semanas y se hace pasar por víctima de violación para que le permitan abortar después de las 12 semanas.
El Código Penal de la Ciudad de México permite la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, que se mantiene y esa modificación de hace 14 años, exentaba de responsabilidades penales a las mujeres que fueron víctimas de una violación o una inseminación artificial sin su consentimiento.
