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Hay una sensación de que no hay mañana: Patricia Olamendi

  • El recuento de los daños por el impacto de la pandemia en las mujeres será enorme, dijo la jurista

Por: Sara Lovera

SemMéxico/El Sol de México. Cd. de México. 06 de marzo 2021.- El recuento de los daños por el impacto de la pandemia en las mujeres será enorme cuando termine, pero todavía “no vemos una luz en el camino”. La doble crisis sanitaria y económica generó un retroceso en programas e instituciones que se construyeron para el avance de las mujeres durante más de 30 años, afirma la jurista Patricia Olamendi Torres.

Lo dijo durante una charla serena en la que examinó la situación para la mitad de la población; para ella, la pregunta será no saber si habrá mañana.

Hoy vivimos, dijo, una etapa, “tan difícil”, en la cual crecieron y se agudizaron todos los problemas y necesidades de la mitad de la población, y que según su análisis este gobierno no consideró esenciales.

Feminista de antaño, experta en Derechos Humanos, refirió que antes de la pandemia se habían logrado avances, pero la actual administración rompió la relación histórica y cooperadora entre feministas organizadas y el gobierno. Se limitaron los recursos, por ejemplo, para prevenir y atender la violencia familiar; se cambiaron programas y se tomaron decisiones que no se correspondieron con la realidad.

De acuerdo con Olamendi Torres, experta en violencia por la OEA, en el caso de la protesta feminista del 8 de marzo de 2020, en lugar de enfrentar los estragos generados por la pandemia, se colocó a la protesta en un espacio de confrontación política donde “no debería importar si eres de un partido u otro, los partidos son intrascendentes en momentos críticos como estos” pero no hubo una buena respuesta.

Al contrario, continúa, hubo señalamientos muy fuertes de parte del jefe del Estado, sin que nadie dijera nada, las integrantes del gobierno lo asumieron. Se llegó a decir que las denuncias eran falsas, después, las cifras, dejaron en claro que no eran falsas. Por ello nació Nosotras Tenemos Otros Datos, frase que ya se acuñó como un slogan.

Se olvidó que antes había diálogo, las mujeres organizadas hablaban y convenían con diversos sectores del gobierno, mal que bien, pero “hasta la fecha no hemos tenido una reunión” con todas, para analizar conjuntamente qué hacer. Olvidaron que las feministas no confrontan, sino proponen.

Para esta mujer, exsubprocuradora de justicia de la Ciudad de México, “la pandemia puso un espejo retrovisor devastador, la atención a la violencia creció, sólo el año pasado se abrieron 220 mil carpetas de investigación por violencia familiar, uno de los delitos más comunes, el más alto que hay en México, después de la pérdida de vida. Ahora no se sabe cuáles son los tratamientos, ni qué pasa, ¿quiénes y cuántas están en una situación grave?, cualquiera pensaría que se tomarían acuerdos para colocar estos problemas como esenciales. No fue así”.

Ejemplificó: se abandonaron los de programas para la previsión de cáncer cervicouterino, el de mama, los exámenes gratuitos, incluso el tratamiento a través de la entrega de reactivos, en el seguro popular; la vacuna para las niñas para evitar el papiloma humano, el contagio y hoy “me genera un dolor, que en el último presupuesto -2021- se atrevieron a dejar casi sin recursos esos programas”.

Según datos oficiales, también quedó pendiente la búsqueda de desaparecidas, en 2020 hubo casi 5 mil mujeres desparecidas de las cuales 68 por ciento eran menores de 17 años. Eso no paró en la pandemia y las familias documentan muchos más.

La pandemia también generó problemas en la educación, serios. Las niñas abandonan la escuela, igual que en los 80, pero entonces hubo un programa para que concluyeran la primaria, ahora en las poblaciones más pobres no van a ir, incluso vamos a tener un déficit de quienes sepan leer y escribir, no hay acceso a internet.

Igual hubo una mala respuesta a la revuelta de las jóvenes feministas, ahora judicializadas, erróneamente, hasta hubo señalamientos equivocados, como cuando dijeron que una mujer cuando apoyo a quienes tomaron las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dijeron que ella, empresaria, lo había hecho por intereses inconfesables “la aventaron a los leones” siendo una feminista, como cualquiera. Eso fue “gravísimo”.

Foto: Ernesto Muñoz | El Sol de México

Al ritmo de la pandemia “se desmantelaron programas e instituciones crecieron la violencia, el desempleo, la atención al embarazo en adolescentes, la trata de niñas y mujeres, y no hay claridad, en nada, no hay información”.

Muchas mujeres pensaron que todo cambiaría, y por el contrario lo avanzado –con claroscuros- se vino abajo, “se debilitaron acciones vía la disminución de presupuestos”, no se consideraron ni políticas públicas, ni programas construidos durante décadas.

Habla con un dejo de asombro y casi desesperada. “En estos dos últimos años, y quiero ser muy clara, veníamos avanzando hacia un conjunto de acciones que materializaran los derechos, es decir trasladar la ley de la igualdad formal a la igualdad real. Había cierta unidad de acción para llevar a cabo los grandes cambios, pero a partir de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador vino algo inconcebible” se desairaron las leyes y los derechos, fustigando a las mujeres organizadas que salieron a las calles, algo garantizado en la Constitución. Ahora está en peligro, los derechos políticos de las mujeres, acordes con los tratados internacionales. “Todo se derrumbó”.

Foto: Ernesto Muñoz | El Sol de México

Olamendi Torres, fundadora de la Red Nosotras Tenemos Otros Datos, exfuncionaria, exsubsecretaria y litigante, dice que le impactó leer los acuerdos presidenciales con respecto a Covid19, “te encuentras que dentro de los temas esenciales en este periodo de pandemia, -primero- el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y te dices perdón ¿cómo que la parte esencial es eso? y ¿la vida de las personas?”

La conversación fluye como la lava de un volcán. Habla de las batallas dadas, “ yo digo que corrimos un maratón”, porque, en 30 años, se lograron cambios sustantivos en la legislación, se creó una nueva realidad jurídica para las mujeres y existe “un marco normativo que puede presumirse en el mundo y también se avanzó en la construcción de Políticas Públicas y Presupuestos con Perspectiva de Género”, así como la paridad, no sólo en el ámbito electoral sino también en todos los cargos de la administración pública, federal, estatal y municipal.

Hubo instituciones para las mujeres violentadas, la Ciudad de México -1996-, con centros que daban asesoría médica, psicológica, cuidado para la infancia, bolsas de trabajo, eso se cerró cuando López Obrador llegó a la jefatura del Gobierno de la ciudad.

Para Olamendi Torres, al ver los saldos de la pandemia, es conveniente fortalecer la relación con la sociedad reconstruirla, porque el gobierno no puede solo con una pandemia, ni contra la violencia, el Covid que no para, o sea tenemos que participar todas y todos, y lo que le pides al gobierno no son cosas fuera de la realidad le estas pidiendo: “cumple con la ley”, ni más ni menos.

Al hacer su evaluación final, afirmo que la crisis sanitaria es el pretexto para detener muchas cosas, no solamente del gobierno de México, van a variar muchas políticas, tratando de evitar el tsunami económico. Después de que pase esto, aunque todavía estamos con medidas de emergencia, se harán las cuentas.

Con la colaboración de Sarahi Uribe

Estamos listas con o sin López Obrador

  • Las mujeres no hemos dejado de dar una batalla política sin precedente por la justicia social. Y tenemos que coordinarnos y organizarnos para poder lograr cambios necesarios sin el respaldo de Andrés Manuel López Obrador, quien no entiende la lucha feminista.

Por: Viri Ríos/Columna Invitada

SemMéxico/New York Times. CIUDAD DE MÉXICO. 06 de marzo 2021.- La historia de México ha sido una de hombres. El poder político y económico ha estado dominado casi exclusivamente por ellos, al menos en los más altos puestos de influencia. Los saldos han sido terribles: sus decisiones nos han llevado a un país donde la desigualdad no cede y la pobreza tiene rostro de mujer.

En este país, la pobreza por ingreso aumenta entre las mujeres a la par que disminuye entre los hombres. Y las personas más ricas son, casi todas, hombres o han heredado su fortuna de hombres.

Esto no es coincidencia.

La economía que los hombres moldearon está llena de privilegios para ellos. El más importante es el que se erige sobre el trabajo no pagado de millones de mujeres que cuidamos niños y ancianos para que los hombres puedan trabajar por dinero o estudiar. Mi bisabuela no fue a la escuela para cuidar a su padre; mi abuela, para cuidar a sus hermanos, y mi madre fue a la escuela hasta que, un día, tuvo que cuidarme a mí. Las mujeres somos víctimas de un gobierno y de una economía hecha por los hombres para que los hombres tengan el dinero y las mujeres los ayuden a tenerlo.

Andrés Manuel López Obrador se convirtió en presidente de México en 2018 con la promesa de abanderar una lucha sin precedentes contra la injusticia social. Y muchas mujeres pensamos que esto significaría que lucharía por nosotras porque, si los pobres tienen que ir primero, como decía en su campaña, entonces las mujeres deberíamos estar al frente de su agenda. No ha sido así.

Una y otra vez el presidente de México ha mostrado su insensibilidad (“ya chole”) ante la lucha feminista y los reclamos más básicos de las mujeres. Pero el presidente ha fallado en escuchar nuestro mensaje.

Es momento de dar un vuelco. Las mujeres debemos dejar de gastar energía tratando de convencer a López Obrador de que nuestra causa es legítima e importante. Sabemos que lo es. También muchas mujeres de izquierda y políticas de Morena, su partido, están perdiendo tiempo valioso en ello.

La terquedad de López Obrador es insondable. Así que, para ser efectivas, la nuestra debe serlo aún más. Es momento de que las mujeres nos organicemos y abanderemos una lucha contra todas las injusticias. No solo contra las desigualdades que López Obrador considera relevantes. Y si el presidente no lo entiende, es momento de tener nuevos líderes.

Si López Obrador ha sido condescendiente con los reclamos de las mujeres, me permito lo mismo: la verdad es que él no entiende qué es la lucha feminista.

Considera que cancelar guarderías y usar el dinero para dárselo a madres trabajadoras es una política feminista porque así las mujeres tienen más dinero. En vez de que se lo queden los administradores de guarderías, ahora queda directamente en manos de mujeres. Esa maniobra no es feminista porque no resuelve el problema que impide que las mujeres sean autosuficientes en un trabajo: la falta de estancias infantiles. Asume que el problema es falta de dinero cuando en realidad el problema es que no existen guarderías a precios accesibles. Así, los cuidados terminan siendo dejados en manos de otras mujeres o de las abuelas, perpetuando un sistema que depende de trabajo no pagado o pagado a medias.

También se considera un líder a favor de las mujeres porque nombró a más funcionarias en su gabinete que otro gobierno de México. Sin duda es un avance pero que no por ello esto se ha traducido en la creación de mecanismos que impulsen la participación política de más mujeres o, incluso, de políticas públicas que nos beneficien. Por el contrario, algunas legisladoras de su partido se han dedicado a mentir sobre la cantidad de recursos que se asignan a programas de género.

Y, peor aún, cree que los motivos de las mujeres para cuestionar la candidatura de alguien acusado de violación, como en el caso de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, son por oponerse a su ideología. Pero reclamar que un candidato señalado por al menos cinco mujeres de abuso sexual no es una cuestión de derecha o izquierda, de conservadurismo o liberalismo; es una cuestión de mínima decencia humana.

Pero López Obrador no se inmuta. Cree que el movimiento feminista está equivocado porque se enfoca en buscar la paridad de género cuando, como ha dejado ver, considera que la principal raíz de la pobreza y la desigualdad de México no es la discriminación hacia las mujeres, sino la captura del Estado por parte de las élites económicas y sus secuaces. Y aún si López Obrador tuviera razón, no se contrapone a la lucha de las mujeres para que la igualdad de género sea una parte fundamental del resolver el problema de la pobreza en México.

Con una oposición tan debilitada (política y moralmente) y una sociedad civil aún en proceso de madurez, creo que las mujeres se están convirtiendo en su principal oposición, la más legítima y la más visible. Y él no tiene un plan para dar respuesta a sus demandas. Ha decidido ignorar a una mayoría de sus ciudadanos a pesar de ser un presidente que se jacta de siempre escuchar al pueblo.

El feminismo tiene una agenda transversal que las políticas del presidente de México no están abordando del todo y no quedarán resueltas a menos de que se elimine la violencia física y económica de la que son presa las mujeres.

Nuestro enojo y frustración debe convertirse en una organización política que colonice todos los partidos políticos para que incluyan una agenda de género sólida y sustentada en la realidad. El señalamiento público de hombres que han cometido abusos sexuales es solo parte de una meta. El objetivo final debe ser modificar las fallas del sistema que hace que nuestra sociedad, y el Estado, dependa de que las mujeres tengamos cargas laborales injustas.

Como ha probado este gobierno, tampoco tener liderazgos femeninos basta para lograrlo. La batalla de las mujeres debe ser por la justicia social que nos han negado, para dársela a más personas y no para capturarla nosotras.

Arriba debe haber mujeres que quieran crear una sociedad justa, con menos desigualdad y pobreza. Me emociona poder ver esto surgir.

  • Viri Ríos (@Viri_Rios) es analista política y colaboradora regular en español de The New York Times.

¡Qué bueno que se fue, no te olvidaremos!: feministas sobre renuncia del fiscal de Oaxaca

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  • Sánchez Maya señala que debe ser investigado y sometido a juicio político
  • GesMujer: las estadísticas no dimensionan el dolor y la indignación
  • Familiares y víctimas se suman a los reclamos y califican a Vasconcelos de inepto

Lorena Vaniezcot

SemMéxico, Oaxaca, 6 de marzo, 2021.- La renuncia del Fiscal General del Estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez había sido exigida desde tiempo atrás por la falta de resultados en la atención a la violencia de género y la violencia feminicida, dice en un comunicado el Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos”, en tanto Yésica Sánchez Maya, de Consorcio Oaxaca, apunta que un segundo paso debe ser una investigación a la gestión de Vasconcelos y que el Congreso local debe hacerle un juicio político.

“…Rubén Vasconcelos Méndez a donde vayas te repudiamos ¡NOSOTRAS NO OLVIDAMOS!”

 “Qué jamás tengas un minuto de paz” … “Que en tus noches no puedas dormir y que no puedas estar tranquilo nunca” … Que cargues en toda tu existencia los nombres de las mujeres asesinadas porque eres CÓMPLICE al dejar libre a sus feminicidas”.

Son las expresiones con las que Feministas Oaxaca se refieren a la renuncia de Vasconcelos Méndez en su cuenta de Facebook.

Este viernes Vasconcelos Méndez envió una carta dirigida a Arsenio Lorenzo García Mejía, presidente de la mesa directiva de la LXIV Legislatura del Congreso local, en ella de forma escueta señala que renuncia y a modo de vituperio sostiene que sirvió a Oaxaca con “responsabilidad, honestidad y profesionalismo”.

Tan pronto el documento escrito en hojas membretadas de la Fiscalía estuvo en redes sociales hubo respuesta en las voces de madres, padres y sobrevivientes para contradecir el dicho del fiscal que calificado como “corrupto, incapaz/inepto y demagogo”.

Tanto para Consorcio como para GES Mujer resulta inaceptable el resultado de la gestión y dan cifras: 510 mujeres y niñas fueron asesinadas de manera violenta, 295 desde que en Oaxaca se decretó la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Registros estadísticos que no dimensionan el dolor, la indignación y la impunidad presente en las diferentes regiones de nuestro estado.

La grave problemática de la violencia basada en el género, tiene una profunda raíz estructural, pero diseñar y ejecutar políticas públicas orientadas a la protección de los derechos a la libertad, la integridad y la vida de las niñas y las mujeres es una responsabilidad ineludible del Estado, porque los costos de las omisiones y negligencias dan como resultado la violencia feminicida que existe en Oaxaca, dice en su posicionamiento Ges Mujer.

Sánchez Maya refiere que en cambio las mujeres como víctimas directas o como madres de las víctimas de feminicidio y desaparición forzada recibieron un mal trato por parte del ahora ex fiscal, quien careció de sensibilidad para atender específicamente las denuncias de justicia de las mujeres.

Ambas organizaciones también coinciden en que era urgente la salida de Vasconcelos Méndez. “Le hace un favor a Oaxaca” apunta la defensora de derechos humanos, quien plantea necesario que el Congreso local “deje de mostrar tibieza” y se haga un juicio político, que se le investigue, porque para donde quiera que volvamos la vista, en las vicefiscalías regionales, como en la de género, no hay ninguna posibilidad de buenas prácticas.

Tanto en el posicionamiento de GesMujer como de la directora del área jurídica de Consorcio Oaxaca coinciden en el distanciamiento que durante la gestión de Vasconcelos Méndez hubo con la sociedad civil, en especial con quienes hacen acampamiento en casos de violencia contra las mujeres y niñas. “Se trató de una gestión oscura”, dice Sánchez Maya.

Por último, GesMujer plantea que son enormes los desafíos y que se requieren acciones contundentes. Yésica Sánchez Maya afirma que quien sea designado como Fiscal de Oaxaca no debe responder a favores políticos, porque se volverían a cometer los mismos errores que hoy deja Vasconcelos Méndez.

¡Nosotras no olvidamos!

La organización Feministas de Oaxaca también califican la renuncia de Vasconcelos como algo que ya se esperaba, “era una bomba de tiempo”.

En su cuenta de Facebook detallan que “un fiscal que se dedicó buena parte de su administración a solamente salir en fotos con su sonrisa cínica, cuando era cuestionado por la opacidad de su desempeño, por la corrupción que existe en las Vicefiscalías con los mp’s (ministerios públicos) y agentes de investigación”.

En un breve comunicado reprochan que el fiscal no se sentó con las madres de víctimas de feminicidio y desaparecidas y “prefirió siempre salir por la tangente y decir que todo marchaba bien”, es decir, coinciden con las otras organizaciones,

También se le recriminan declaraciones como “las mujeres que desaparecen se van con el novio” y por la revictimización y culpabilización de la que muchas mujeres fueron objeto en la Fiscalía General de Oaxaca, bajo la gestión que terminó este viernes.

“Que jamás tengas un minuto de paz, que todos los días tengas presente lo ruin de tu persona” … “Que en tus noches no puedas dormir y que no puedas estar tranquilo nunca… Que cargues en toda tu existencia los nombres de las mujeres asesinadas porque eres CÓMPLICE al dejar libre a sus feminicidas”, escriben entre íconos de fuego.

“Rubén Vasconcelos Méndez a donde vayas te repudiamos ¡NOSOTRAS NO OLVIDAMOS!”, puntualizan y cuestionan la actuación de la LXIV Legislatura local “son cómplices al mantenerlo durante años como Fiscal”.

Protector de asesinos, incapaz y demagogo

Ayer mismo, tras conocerse la renuncia del fiscal, la madre de María del Sol Cruz Jarquín, asesinada en Juchitán de Zaragoza hace casi tres años escribió en su cuenta de Facebook: “Se va Rubén Vasconcelos Méndez de la #FiscaliaOax dejando a #Oaxaca en total impunidad. No cumplió con su deber ni como persona ni como funcionario. Marcador: 0 Justicia 1000 Impunidad. Gracias por irte. Nos quedas a deber la #JusticiaParaSol #JusticiaParaTodas espero que también se vaya contigo la #Corrupcion y tus ganas de proteger a los asesinos intelectuales y materiales de mi hija”.

A su vez, María Elena Ríos también escribió en Twiter “@RVasconcelosM renunció sin resultads que honran el cargo y antes del #8M. La @FISCALIA_GobOax no se qda huérfana con su partida. Confío que la/el nuevx #fiscal SÍ podrá hacer lo que usted no quiso o no tuvo capacidad en mi caso y en el de miles de #oaxaqueñas”.

En tanto que Carlos Moreno Zamora padre de Jesús Israel joven desparecido en Chacagua, Oaxaca en 2011, escribió:

“Rubén Vasconcelos Méndes soy Carlos Moreno Zamora padre de Jesús Israel desaparecido en Chacagua Oaxaca en el 2011 ni honesto ni responsable ni atendiste a las víctimas ni combatiste a la delincuencia serás recordado como el fiscal inepto y demagogo carente de resultados que se la paso en campaña para hacer creer que en el estado había bajado la delincuencia y cito como ejemplo al delincuente el voga que delinque con total impunidad o los chulindos que sin protegidos por personal de la fiscalía de Oaxaca y del mismo fiscal en la Costa, será que el par de (—) diputatillos niño Morales y Abel su comparsa le seguirán protegiendo las espaldas pero la imagen de traído te seguirá, corrupto simulador hiciste perder más de dos años con tu simulación para encontrar a mí hijo Israel pero a ti te valió madres como el vil cobarde que eres porque te faltan tamaños para dar la cara sigue escondiendo tus miserias pero deja de perjudicar con tu negligencia y en espera que tengas un problema como muchos casos que te negaste atender para que sepas el daño que hiciste con tu valemadrismo”.

SEM/lv/sl

Amnistía Internacional dice que el Gobierno de México ha optado por reprimir a las feministas lo que puede constituir tortura de género

  • Conmina a las autoridades a garantizar el derecho a la libertad de reunión de las mujeres  este 8 de marzo
  • Las expresiones, consignas y pintas en paredes  no son consideradas violentas, asegura la organización humanitaria

Elda Montiel

SemMéxico. Cd. de México. 5 de marzo 2021.-  Las acciones de protesta este 8 de marzo en México están en  riesgo, afirma Amnistía Internacional  y conmina a las autoridades mexicanas a garantizar el derecho de reunión, libre de violencia y respetando los derechos humanos de las manifestantes,  luego de documentar  que el Gobierno de México ha tomado como “mecanismo aleccionador”, la represión  que pueden constituir tortura de género.

En un estudio  especial  y urgente, en  el marco del Día Internacional de la Mujer, Amnistía Internacional documenta este giro,  este peligroso cambio, en México, de acciones de represión  a las feministas y señala que eso no debe seguir ocurriendo como medida de castigo a  quienes  se pronuncian contra la violencia de género en México.

Además llama la atención sobre  la gravedad del problema  de la violencia contra las mujeres  y su continuidad, en un ambiente de impunidad. Denuncia que en las acciones de “contención” hay casos de abuso sexual por parte de las fuerzas del orden.

 Esa  violencia contra las mujeres, es de todo tipo, y en toda circunstancia. La organización humanitaria  ha documentado el abuso policiaco, el secuestro, la desaparición y la violencia feminicida, asegura que por manifestarse, al menos hay 4 casos de abuso sexual, por parte de la policía, además de maltrato y falta de comunicación a quienes ha detenido.

Señala en un informe detallado y documentado  que  las manifestaciones realizadas durante el 2020 de  feministas y  mujeres contra la violencia de género, se estigmatizan,  como violentas por el Gobierno Mexicano y se tratan  “con uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales y arbitrarias, abuso verbal y físico” que en algunos casos   llega a  la violación sexual. Recuerda Amnistía Internacional que ese trato se considera como tortura de género  internacionalmente.

El Informe “La Era de las Mujeres: Estigma y violencia contra mujeres que protestan” la organización humanitaria internacional detalla, cómo el gobierno mexicano ha vulnerado el derecho de las mujeres en sus derechos humanos incluido el de la libertad de reunión.

Afirma que los avances son mínimos en su política para  adoptar  medidas de prevención de la violencia de género y de otros derechos, a pesar de la emisión de la sentencia histórica, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de hace dos años, del caso de Mujeres Víctimas de Tortura en Atenco contra México.

Abunda que esta reacción del gobierno mexicano es como un mecanismo

aleccionador contra las mujeres por desafiar los estereotipos de género al salir del espacio privado para tomarse las calles.

Advierte que las mujeres y niñas que se manifiestan en México, ya sea por grupos, colectivos o de manera individual corren el riesgo de sufrir agresiones físicas, verbales, intimidaciones y violencia sexual y las autoridades actúan de forma contraria a su obligación de respetar los derechos humanos a la libertad de reunión, a vivir libres de violencia, a la integridad personal y a no sufrir tortura u otros malos tratos.

Como una forma de castigo por haberse atrevido a salir a las calles a manifestarse, para aleccionarlas y evitar que vuelvan a manifestarse.

Amnistía Internacional considera que conforme a la debida diligencia exigida a todas las autoridades con base en las obligaciones de protección y garantía de los derechos humanos, las autoridades mexicanas deben adoptar medidas concretas para garantizar el derecho a la libre reunión pacifica, el derecho a estar libre de violencia, y todos los derechos humanos de las manifestantes en cada una de las protestas en que participe este grupo de personas.

Vestir de negro y cubrir el rostro, incluso cubrebocas, te hace sospechosa de delitos

En el informe detalla que estas manifestaciones han atraído a mujeres entre 20 y 35 años de edad, ya que se sienten identificadas con los casos de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres que ocurren cotidianamente en el país.

Las autoridades asumen que las mujeres que se manifiestan que tienen cubierto el rostro, incluso cubrebocas por Covid, y vestidas de negro, son sospechosas de haber cometido un delito o falta administrativa.

El informe, también, señala que las manifestaciones, han tomado diversas formas como marchas, concentraciones, y ocupaciones de instituciones públicas.

En ocasiones, las manifestantes han pintado consignas y símbolos en paredes, pisos y monumentos públicos, así como hecho intervenciones en monumentos, sin embargo, estas expresiones están protegidas por el derecho humano a la libertad de expresión.

También han usado diamantina y harina, la han lanzado a las calles, hacia funcionarios y funcionarias, incluidos e incluidas integrantes de la fuerza pública, pero advierten que estas expresiones no ponen en riesgo la integridad de las personas y, por lo tanto, no pueden ser clasificadas como violentas.

El estigma de violencia sobre las manifestaciones feministas y contra la violencia de género, y los estereotipos de género en que se basan las respuestas violentas contra las manifestantes, se intersectan con otras formas de exclusión y marginación, como las que viven mujeres de la periferia, es decir las zonas urbanas más cercanas a la Ciudad de México, en donde hay una alta tasa de impunidad hacia la violencia sufrida por las mujeres y éstas son excluidas del ejercicio de derechos humanos.

Preocupa al organismo internacional la forma de violencia sexual por parte de los integrantes de las fuerzas policíacas, por lo que las mujeres detenidas tuvieron miedo in luso de ser víctimas de desaparición forzada.

Por la forma arbitraria de las detenciones, además del uso excesivo de la fuerza, sin exponer los motivos y sin que las y los integrantes policiales se identificaran, así como la incomunicación a la que fueron sometidas las detenidas, traslados no usuales y en muchos casos sin ser presentadas a la autoridad competente.

Se agrega a la forma de violencia sexual las expresiones de índole sexual, acoso, así como exámenes médicos realizados en presencia de personal distinto al de salud sin consentimiento de la manifestante.

Tocamientos sexuales mientras son detenidas

La alerta la ocurrencia de al menos cuatro casos de tocamientos sexuales contra manifestantes: dos adolescentes en León, Guanajuato, y una adolescente y otra mujer, en Ecatepec de Morelos, Estado de México. En Cancún, Quintana Roo, una mujer denunció ser víctima de violación sexual, mientras que se recibió información de otra mujer detenida que habría sufrido el mismo tipo de violencia sexual.

Las autoridades que recibieron denuncias o reportes de la violencia sexual sufrida

por las manifestantes omitieron su deber de dar aplicación al Protocolo de Estambul, mientras que las autoridades de investigación penal han sido negligentes en la investigación pronta, oportuna e imparcial de los casos de violación sexual denunciados.

Recomendaciones

Con base en la investigación realizada, Amnistía Internacional recomienda a todas las autoridades de México, en los distintos niveles geográficos:

Garantizar que ninguna persona sea detenida únicamente por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión o reunión pacífica.

Abstenerse de hacer declaraciones estigmatizantes contra las manifestantes que se pronuncian contra la violencia de género.

Reconocer el derecho legítimo de las mujeres a manifestarse a través de los medios más amplios a su alcance, y reconocer que la pinta de consignas en paredes y monumentos es una forma más de expresión.

Respecto al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, deben tomar medidas para prevenir y garantizar el acceso a la justicia y la reparación del daño adecuada a quienes han sufrido violencia de género.

En torno a la tortura y violencia sexual realizar investigaciones prontas y exhaustivas, independientes e imparciales sobre las denuncias de violencia sexual presentadas por mujeres manifestantes, en las cuales se debe aplicar la perspectiva de género. 

Finalmente, Amnistía Internacional también hace un señalamiento sobre las condiciones de trabajo de las y los policías, quienes son acuartelados durante periodos prolongados antes de las manifestaciones.

De las mujeres policías que sufren formas de violencia de género al interior de las agencias policiales y que no son abordadas por las instituciones para prevenirlas o removerlas, y que, aunque muchas veces son parte de equipos integrados exclusivamente por mujeres, la cadena de mando no incorpora ninguna mujer.

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Dominicana: Compromisos y convenios saludan un 8 de marzo sacudido por la violencia

  • Anuncia la presidencia envío de un anteproyecto de ley orgánica integral para combatir la violencia
  • Se trata de afrontar los feminicidios 70 en 2020 en esta isla del Caribe

Mercedes Alonso

SemMéxico. Santo Domingo. 6 de marzo de 2021.- El pasado 27 de febrero, al pronunciar su discurso de rendición de cuentas ante el Congreso de la República, el presidente Luis Abinader se refirió al impulso de un nuevo marco normativo contra la violencia hacia las mujeres, que será sometido ante el Congreso de la República: “Un anteproyecto de ley orgánica integral para combatir esa forma de violencia”, dijo y reafirmó su decisión de afrontar los feminicidios: “El Estado requiere de la implicación de todas las instituciones públicas, todos los operadores jurídicos y de la sociedad en su conjunto para enfrentarlos”, señaló el mandatario.

En dicha exposición, Abinader sostuvo que el Gobierno ha puesto en marcha 12 nuevas Casas de Acogida, y rehabilitado otras 3 que estaban en condiciones deplorables, a fin de aumentar la cobertura a mujeres en alto riesgo de sufrir violencia y añadió que todas las víctimas que entren al sistema, y que estén en condiciones de vulnerabilidad social y económica, serán incorporadas a los programas de políticas sociales.

«Estoy seguro de que lo conseguiremos hacer unidos, como ya lo hicimos con la prohibición del matrimonio infantil, que era otra forma de violencia, esta vez contra las niñas.  Como ven, el reto es enorme, pero estoy dispuesto a afrontarlo junto con todos ustedes», declaró el jefe de Estado.

Empeorada por cuarentena

Si bien en el año 2019, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal),  informó que al menos 4,640 mujeres fueron víctimas de feminicidios en la región, lo que implicó un incremento del 31,5% respecto al año anterior, en 2020 la situación se agravó, contextualizada por la presencia de la pandemia.

A mediados del pasado año, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en República Dominicana, lamentó que durante el confinamiento por el coronavirus COVID-19, la violencia machista cobrara tantas vidas y observó como muy preocupante que centenares de  mujeres se vieran obligadas a acudir a casas de acogida, junto a sus hijos e hijas.

En esa fecha, la organización llamó a través de una nota de prensa a “revertir la otra cara de la pandemia, así como a garantizar el acceso a los servicios de salud, de apoyo psicológico, de protección y legales para las sobrevivientes de violencia basada en género durante planes de preparación y respuesta para el COVID-19. Enfrentar el desafío de detectarlos, denunciarlos y hacerlos accesibles durante las medidas de distanciamiento y de la ‘covidianidad’ es una responsabilidad de todos y todas”, manifestó Sonia Vásquez,  representante nacional del UNFPA.

A casi un año de ese llamado, la prolongación de la cuarentena ha repercutido seriamente en la sociedad dominicana, y pese a la prestación de servicios de asistencia técnica, atención a las sobrevivientes de violencia de género en las fiscalías, labor intrínseca del Ministerio de la Mujer y otras instancias de respuesta, no se ha podido evitar que las políticas públicas den al traste con la realidad que vive el país.

Aun cuando las cifras varían y se diversifican según las tipificaciones, la República Dominicana registró 70 feminicidios durante el pasado año, según datos publicados por la Fundación Vida Sin Violencia. De estos, 53 fueron provocados por parejas o exparejas; 45 ocurrieron en el hogar, y 27 de las víctimas contaban entre 16 y 30 años de edad; mientras que 15 de los agresores tenían entre 31 y 45 años; 22 de los perpetradores se suicidaron al cometer el hecho. La presidenta de la institución, Yanira Fondeur, catalogó como “inaceptable que cada 48 horas en nuestro país ocurra un feminicidio”.

República Dominicana continúa entre los países con las tasas más altas por cada 100.000 mujeres: en primer lugar, Honduras (6,2); continúa El Salvador (3,3), y la nación dominicana con (2,7), seguida de Bolivia (2,1).

Al contar este 2021 los primeros nueve días de su calendario, la violencia machista ya había cobrado la vida de tres mujeres. El doloroso recuento prosigue…

Agencia española apoya programas

Las expectativas sobre los programas de atención integral a las víctimas de violencia de género, implementados por la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ministerio de la Mujer (MMujer) contarán con el respaldo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), tras la firma del acuerdo interinstitucional “Mejora de Calidad del Servicio a la Atención y Protección a Víctimas de Violencia de Género”, que aportará 437 mil euros, según pudo conocerse en nota de prensa, publicada este 4 de marzo.

Se conoció, además, que gracias a dicha iniciativa, el Ministerio de la Mujer contará con 237 mil euros y 200 mil euros estarán destinados a la Procuraduría General, “para el desarrollo de acciones de protección a mujeres y menores de edad en situaciones de violencia, en el ámbito de las atribuciones de cada institución”.

La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, y la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, firmaron el convenio de cooperación con el embajador de España, Alejandro Abellán García de Diego, en un acto llevado a cabo en el Centro Cultural de España, en esta capital.

Germán Brito agradeció la propuesta del programa de la Cooperación Española y destacó el propósito del Ministerio Público “de ampliar y optimizar los servicios que brindan las unidades de atención integral a las víctimas de violencia de género”.

Sustentó  la procuradora que el plan fortalecerá la justicia y la optimización de los servicios; así como la eficiencia y eficacia de los procesos de detección, prevención y atención de la violencia, que se ofrecen en las Unidades de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales que operan en el país.

Por su parte, la ministra de la Mujer puntualizó la importancia que la administración del presidente Luis Abinader otorga a esta problemática “con programas de protección que se ejecutan por primera vez en el país”, y agradeció a la Cooperación Española por la trascendencia de este aporte, “que respalda la labor de varias instituciones estatales”, indicó.

Un grito, una esperanza

El Festival Grito de Mujer, previsto desde el primero hasta el 31 de marzo, presentará un sinnúmero de celebraciones de manera virtual y semipresencial, de eventos culturales en favor de la mujer y contra la violencia.

En esta onceava edición, se desarrolla el Festival Internacional de Poesía y Arte, con  el lema: “Mujeres guerreras: ¡la violencia no está en cuarentena!”, dedicado a mujeres y niñas que durante la pandemia son o han sido víctimas de violencia, y a muchas de ellas, que conviven en cuarentena con sus maltratadores.

Otros cortometrajes subtitulados, recibidos desde varias partes del mundo, conformarán este festival que por primera vez se lleva a cabo con esta modalidad, adaptada de acuerdo a la actual crisis sanitaria mundial, en un esfuerzo por llegar a la mayoría por los medios virtuales correspondientes, y donde podrá disfrutarse de conferencias, talleres, presentaciones artísticas, conversatorios y el acceso abierto a una videoteca de más de 30 películas cortas (desde 1 a 30 minutos de duración), creadas para visibilizar la situación de violencia, irrespeto y baja autoestima en que viven muchas mujeres y niñas.

Se recuerda que Grito de Mujer nació en la República Dominicana y se trata de una cadena mundial de eventos en homenaje a la mujer y contra la violencia. Actualmente, cuenta con el respaldo de importantes instituciones culturales en los cinco continentes y el texto de presentación del Festival resume:

 “Nosotras MUJERES guerreras, nos adaptamos a cualquier circunstancia. Sacamos adelante la fuerza para mantenernos a flote, en medio de la peor pandemia. Nosotras que estamos bajo techo, en cuarentena con nuestro maltratador. Nosotras las niñas que convivimos con quien nos abusa. Nosotras las resilientes de la vida. Nosotras las MUJERES fuertes, no nos rendimos, ni callamos, ¡no nos rendiremos ni callaremos nunca! Somos valientes, somos arte, somos esperanza, somos poesía, somos GRITO”.

Prevenir y atender la violencia familiar una prioridad en Quintana Roo

  • Dará resultados el programa “sin violencia en casa” confía Fiscal
  • El programa se realiza de forma coordinada con diversos niveles de gobierno e instituciones

Ángeles Gómez

SemMéxico, Cancún, Quintana Roo, 6 de marzo, 2021.- En la entidad la violencia familiar es el segundo delito más denunciado, atender esta problemática derivó en la construcción de una estrategia que busca no sólo reducir el número de víctimas sino otros delitos mayores como el feminicidio, afirmó el fiscal Oscar Montes de Oca Rosales.

Este tipo de violencia cometido en el ámbito familiar alcanza cada año entre cinco y seis mil casos denunciados (12 %), resolver el complejo entramado social, pasa por la prevención, la reacción inmediata y, lo más importante, el acceso a la justicia efectiva, pero sobre todo evitar que esa violencia recurrente provoque asesinatos violentos de mujeres o feminicidios.

En Quintana Roo, dice, iniciamos un plan “sin violencia en casa”, donde actúan de forma coordinada la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública, además, de tribunales que actúan desde una perspectiva de género, “nuestro objetivo es abatir las cifras” y dejar claro que la violencia familiar muchas veces normalizada es un delito y por tanto quien la ejerce tendrá un castigo.

El primer eje es la prevención e incentivamos a las mujeres a denunciar a sus agresores, mediante una llamada al 911 las mujeres pueden recibir atención psicológica las 24 horas del día todos los días.

Además, se puso en marca una aplicación móvil, la Alerta Violeta, es una app para teléfonos celulares, mediante el cual una mujer puede solicitar auxilio en caso de una emergencia dentro o fuera de casa, ya que puede ser geolocalizada de manera inmediata y auxiliada por elementos de seguridad.

En ese sentido, apuntó que desde que se puso en marcha el programa, casi mil mujeres han instalado la Alerta Violeta en sus teléfonos celulares.

En esa tarea han sumado a las autoridades municipales en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, especialmente en aquellas localidades donde este tipo de violencia es recurrente, el objetivo es evitar que se repitan los casos.

Montes de Oca Rosales que la atención inmediata en los casos de violencia familiar es fundamental, por lo que tras una denuncia a través del 911, las víctimas son canalizadas al Grupo Especializado en Atención a la Violencia de Género (GEAVIG) y en caso necesario se cuenta con albergues para su resguardo y protección.

Aunado a ello, dijo que través del GEAVIG se brinda a las mujeres violentadas guardias presenciales o telefónicas en donde se les brinda atención psicológica, jurídica y de trabajo social, tres aspectos fundamentales para apoyar a las víctimas en esos momentos en que pasan por una gran vulnerabilidad.

Como en pocas entidades del país, en un tercer eje – justicia y reparación del daño- las víctimas de violencia familiar tienen acceso a un fondo económico de ayuda, asistencia y reparación integral del delito.

En esta etapa participan las Fiscalías Especializadas en Delitos contra la Mujer y la de Delitos Sexuales, así como el Centro de Justicia para Mujeres. En tanto en la impartición de justicia los casos son canalizados a los Juzgados Penales y Familiares del Poder Judicial, donde también se aplica la perspectiva de género para valorar el riesgo en que se encuentran las víctimas y se generen las medidas de protección a las víctimas.

Montes de Oca Rosales dijo que a pesar de la dinámica social en Quintana Roo, el compromiso es dar respuestas tanto a la población residente como a los miles de visitantes que cada día llegan a la entidad y confió en que la estrategia “sin violencia en casa” dará resultados.

SEM/ag/sj

Rediseñar el 3 de 3 como requisito para candidaturas a cargos de elección popular, Carla Humphrey

  • No hay sentencias por violencia contra mujeres porque las carpetas están congeladas por las fiscalías.

Elda Montiel

SemMéxico. Cd. de México. 6 de marzo 2021.- Quien ejerce violencia política contra las mujeres no puede ser candidato y este es un criterio confirmado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Lo que resulta necesario, es rediseñar la declaración 3 de 3 y, sobre todo, hacer eco de los señalamientos por parte de organismos internacionales de que en México las mujeres violentadas sexualmente no reciben atención, ni justicia pronta y expedita, señaló la consejera electoral Carla Humphrey.

Detalló que los lineamientos 3 de 3, que es un formato de buena fe que deben presentar los aspirantes a una candidatura de que, nunca cometieron actos de violencia familiar, sexual ni se deslindaron de obligaciones alimentarias, “no se pudo registrar como requisito, pero impacta en el incumplimiento del modo honesto de vivir que se necesita para el registro a un cargo de elección popular”.

“Estamos avanzando, pero tenemos casos límites muy mediáticos en México, muy desafortunados y una forma de violentar a las mujeres es no darles acceso a justicia pronta y expedita. No hay sentencias porque hay carpetas congeladas en las fiscalías, porque se alargan juicios”, indicó.

Durante su participación en la Sexta Sesión del Seminario Permanente “Democracia y elecciones en el mundo” consideró fundamental y necesario que el Estado mexicano haga énfasis en la violencia que sufren las mujeres en nuestro país y de la cual la violencia política es sólo una parte.

La Consejera Carla Humphrey expuso las acciones que desde el INE se han desarrollado para garantizar que las reformas en materia de paridad y violencia política de género sean efectivamente aplicadas.

Entre ellas destacó la creación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra la Mujeres en Razón de Género que desde su creación, en septiembre del 2020 a la fecha, cuenta con 21 personas inscritas, 17 hombres y cuatro mujeres. 

Violencia política presente desde que las mujeres adquirieron el derecho al voto

Leticia Bonifaz, experta independiente del Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), evidenció que la violencia política en contra de las mujeres existe desde el momento en que surgieron las primeras sufragistas que exigían el derecho al voto que a pesar de que se logró, aún en nuestros días, sigue sin traducirse en las mismas condiciones para ambos géneros.

Reconoció los avances alcanzados en México para garantizar la participación de las mujeres en el ámbito político, pero advirtió que el avance dependerá de una verdadera concientización y, sobre todo, cuando exista claridad de “por qué sigue existiendo un techo de cristal, un piso pegajoso para las mujeres”.

Katia Uriona, consultora internacional, habló sobre la experiencia de Bolivia donde, a pesar de haber logrado ya dos legislaturas paritarias, se mantienen muchas resistencias que se expresan en diversos comportamientos para limitar la participación de las mujeres.

Abundó que la violencia política tiene un impacto mayor ya que no sólo afecta a la mujer contra la que se ejerce, sino que también es un mensaje para todas aquellas que buscan ingresar a la vida política haciéndole saber que el costo de participar es demasiado alto al punto de desincentivarla.

Mientras que Luciana Lóssio, ex ministra del Tribunal Superior Electoral de Brasil habló de la experiencia de su país para lograr una cuota paritaria en la postulación de candidaturas, así como del trabajo que se desarrolló para prevenir la violencia política contra las mujeres ante la falta de un marco normativo vigente.

Estimó que Brasil está muy lejos de alcanzar los avances que tiene México para garantizar la representación paritaria que hoy se tiene en el Congreso y sobre la defensa de los derechos político-electorales de las mujeres.

Salir a las calles también es participación política: Daniela Francisca Cerva

Por otra parte, respecto a impulsar la igualdad y la no discriminación de las personas o grupos sociales, este se da en el país de manera lenta a través de esfuerzos conjuntos como el del Instituto Nacional Electoral, señaló Georgina Alicia Flores Madrigal, catedrática de la UNAM.

“Hace unos años se discutían las dificultades que tenían las personas con discapacidad para acudir a votar, ahora se discute cómo este grupo de la sociedad puede aspirar a cargos de elección popular”, señaló la especialista en Derecho Civil en su participación en la Cátedra Francisco I. Madero que organizan el INE y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Daniela Francisca Cerva Cerna, Catedrática de la Universidad Autónoma de Morelos, indicó que en México prevalece la discriminación en razón de género y demandó que la participación política de la mujer no solamente se promueva en términos político partidarios, sino además en el sentido de procurar que salgan a las calles porque también eso es participación política.

Al dictar la conferencia “La Protesta Feminista en México como Derecho Humano a la Libre Expresión”, aseveró que las protestas feministas en las universidades y en las calles son reflejo de la tensión que se vive en torno al tratamiento de las situaciones de violencia en contra de las mujeres.

Destacó que cuando la autoridad deslegitima a un actor que quiere protestar, minimiza su lucha y abre paso para que otros sectores de la sociedad puedan tener conductas injustas hacia esos grupos, lo que puede traducirse en violencia.

La valla en Palacio y Félix Salgado

Retrovisor

  • Lo experimentado en 2020 fue un salto cultural que condensó el impulso transformador de diversas generaciones, causas y trincheras, convirtiendo al antes romantizado Día de la Mujer en una fecha para visibilizar la violencia normalizada

Por: Ivonne Melgar

SemMéxico/Excélsior. Cd. de México. 06 de marzo 2021.- El Estado mexicano no pudo, no supo, no quiso colocarse a la altura de la ola feminista que hace un año popularizó la demanda de “¡Ni una más! ¡Vivas nos queremos!”.

Ni la Fiscalía General de la República ni la Secretaría de Seguridad ni el gobierno federal ni los mandatarios estatales lograron construir respuestas para comenzar a revertir la impunidad señalada en las plazas del país.

Por el contrario, hoy la conversación electoral se encuentra literalmente impactada por la resistencia del poder a reconocer la legitimidad de ese reclamo.

A pesar de la plataforma “3 de 3 contra la violencia”, que desde el INE y el Tribunal Electoral busca evitar que a las boletas del 6 de junio lleguen candidatos en falta con el sustento de sus hijos o con denuncias de acoso y agresiones sexuales, la impunidad sigue vigente porque los partidos políticos continúan fugándose, en los hechos, de sus compromisos retóricos.

Pero los reclamos también continuaron. Porque lo experimentado en 2020 fue un salto cultural que condensó durante 48 horas el impulso transformador de diversas generaciones, causas y trincheras, convirtiendo al antes romantizado Día de la Mujer en una fecha para visibilizar la violencia normalizada.

Y aunque muy pronto vendría el enfrenón de la pandemia, la exigencia escaló persistente cuando el encierro subrayó los males señalados: entre enero y diciembre hubo 220 mil denuncias que se convirtieron en carpetas de investigación por violencia familiar.

Porque la llamada “otra pandemia” subrayó heridas en una sociedad donde las nuevas generaciones han decidido romper el silencio en torno al abuso sexual y la violación, delitos que ocupan el 42 y el 38 por ciento de aquellos que se cometen contra las mujeres y llegan a ser registrados. Sin embargo, la tensión entre la conciencia del acoso socialmente normalizado y la negativa a reconocer su agravamiento alcanzó, en mayo, al Presidente de la República, reacio a dar por válidas las escandalosas cifras de las llamadas de auxilio que, ahora lo sabemos, fueron 2 mil 529, en promedio, por violencia familiar y de pareja al día.

A partir de entonces, la ilusión de las mujeres de la autoproclamada Cuarta Transformación de que ésta también sería feminista se ha topado con pared, alcanzando su mayor descalabro esta semana cuando fue desoída la súplica de cancelar la postulación de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero, ante las denuncias de acoso y violencia sexual.

Porque, como lo adelantamos aquí hace una semana, la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena tiene tintes de haber sido sólo una treta para ganar tiempo en la antesala del 8 de marzo y concretar, pasadas las movilizaciones, el relanzamiento de la controvertida candidatura mediante una segunda encuesta, cuya ventaja arrasadora permitiría avalar el discurso presidencial de que cuenta con el respaldo del pueblo.

Con la vela de la esperanza prendida, todavía ayer una decena de legisladoras y activistas difundió un video en el que le pedían a Salgado Macedonio bajarse de la contienda, ignorando deliberadamente la defensa que López Obrador ha hecho de él, llamándolo víctima de una campaña de desprestigio de la oposición.

Al no hacerse cargo de esa realidad política, las feministas de Morena quedaron atrapadas en la contradicción que implica exigir castigo a las violencias y someterse a la voluntad presidencial que las invisibiliza y que las instancias del partido hasta ahora acataron.

En su mensaje al candidato de Guerrero, las senadoras Malú Mícher, Antares Vázquez, Jesusa Rodríguez; las diputadas Lorena Villavicencio, Wendy Briseño, Vanesa del Castillo, Sandra Paola González y Rocío Villarauz, y la activista Estefanía Veloz alegaban que el feminismo y la 4T no deben confrontarse porque ambos movimientos son progresistas y persiguen lo mismo: igualdad y libertad.

¿Es posible esperar aún que Salgado Macedonio renuncie cuando su candidatura es la única registrada y el plazo para sustituirlo ya venció? En la espera de los resultados de la segunda encuesta, a presentarse el próximo martes, caben todas las especulaciones.

En tanto despejamos la duda, ayer se levantó en los alrededores de Palacio Nacional una valla para aislar las protestas que se esperan este lunes 8 de marzo.

¿Significa que el Presidente de la República ha decidido representar y encabezar las resistencias de una sociedad que se niega a reconocer el daño que las violencias machistas generan en hijas, esposas, hermanas, madres y amigas?

¿Es que el cambio que 33 millones de mexicanos le confiaron al gobernante más poderoso y querido de la historia moderna tiene un cerco metálico por respuesta?

Y mientras siga ahí, la valla será la confirmación material y simbólica de que el principal líder del México contemporáneo no quiere escuchar el grito de auxilio de las mujeres.

Rechazan en Tixtla candidatura de Félix Salgado Macedonio

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  • Se inicia campaña de Morena, sin candidato a la gubernatura
  • Coalición PRI/PAN/PRD en  34 de los 80 municipios de la Entidad

Redacción

SemMéxico/ Agencia CEPROVYSA, Chilpancingo, Guerrero, marzo 6, 2021.- Lonas con frases de “Ningún agresor en el poder”, “Tixtla no es cuna de violadores”, realizaron Feministas una protesta éste viernes, en rechazo a la Candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero.

A temprana hora, el grupo de mujeres colocó lonas en el obelisco del General Vicente Guerrero.
Desde ése lugar pidieron al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador “#PresidenteRompaElPacto”

Asimismo rechazaron la aprobación a la gubernatura de Guerrero, de Félix Salgado Macedonio, que hizo el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.

ENCUESTA

Mientras  el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no inició  campaña a la gubernatura en el estado de Guerrero el día de ayer  -como lo marca el calendario electoral- pues esperará hasta tener un dictamen final por parte de la Comisión Nacional de Elecciones.

En cumplimiento con la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ), la Comisión Nacional de Encuestas de Morena se encuentra levantando la encuesta que permita a la Comisión Nacional de Elecciones realizar la valoración de los perfiles y con esto determinar la candidatura idónea.

La encuesta se realizará hoy y mañana, y no será, se informó,  hasta los próximos días  que se informará el resultado de dicha encuesta y se llevará a cabo el registro definitivo de la candidatura a la gubernatura de Guerrero.

Todos los órganos colegiados del partido están trabajando en unidad para acatar la resolución del órgano de justicia partidaria, en estricto apego a Derecho y a sus facultades estatutarias, informó MORENA.

ALIANZA PRI-PRD EN 34 DE 80 MUNICIPIOS. 

Las y los candidatos de otros 7 partidos políticos, iniciaron campaña ayer. Se informó que el Convenio de Coalición de los Partidos Políticos PRI y PRD será en  34 de los 80 Municipios de Guerrero que irán por elección, el Municipio de Ayutla va por usos y costumbres.

Los Municipios que determinarán por Encuesta para saber qué partido postulará Candidato/a son: Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, Petatlán, Taxco y Técpan de Galeana.

Éste Convenio contempla para el PRI 12 Municipios: Azoyú, Acapetlahuaya (General Canuto A. Neri)
Buena Vista de Cuéllar, Coyuca de Benítez, Cutzamala de Pinzón, Huitzuco de los Figueroa, Marquelia, Ometepec, Pungarabato (Ciudad Altamirano), San Luis Acatlán, Tetipac y Tlapa de Comonfort.

En tanto el PRD impulsará Candidaturas en 15 Municipios: Atoyac de Álvarez, Coyuca de Catalán, Eduardo Neri (Zumpango), Malinaltepec, Mártir de Cuilapan (Apango), Mochitlán, Pedro Ascencio Alquisiras, Pilcaya, Quechultenango, San Marcos, San Miguel Totolapan, Tixtla, Tlalchapa y Zitlala.

Los 46 Municipios restantes los Partidos Políticos PRI y PRD, postularan candidatos/as de manera independiente.

Pandemia provoca aumento en los niveles de pobreza sin precedentes en las últimas décadas e impacta fuertemente en la desigualdad y el empleo

  • Nuevo  informe de  CEPAL estima que el total de personas pobres ascendió a 209 millones a finales de 2020 a 22 millones de personas
  • La pandemia ha evidenciado y exacerbado las grandes brechas estructurales de la región.

Libertad López

SemMéxico, Ciudad de México, 6 de marzo, 2021.- La pobreza y la pobreza extrema alcanzaron en 2020 en América Latina niveles que no se han observado en los últimos 12 y 20 años, respectivamente, así como un empeoramiento de los índices de desigualdad en la región y en las tasas de ocupación y participación laboral, sobre todo en las mujeres, debido a la pandemia del COVID-19 y pese a las medidas de protección social de emergencia que los países han adoptado para frenarla, informó hoy la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

La Secretaria Ejecutiva de la comisión regional de las Naciones Unidas, Alicia Bárcena, presentó una nueva edición del informe anual Panorama Social de América Latina 2020, el cual señala que la pandemia irrumpe en un escenario económico, social y político complejo: bajo crecimiento, aumento de la pobreza y crecientes tensiones sociales. Además, pone al desnudo las desigualdades estructurales que caracterizan las sociedades latinoamericanas y los altos niveles de informalidad y desprotección social, así como la injusta división sexual del trabajo y organización social del cuidado, que atenta contra el pleno ejercicio de los derechos y la autonomía de las mujeres.

Según las nuevas proyecciones de la CEPAL, como consecuencia de la fuerte recesión económica en la región, que registrará una caída del PIB de -7,7%, se estima que en 2020 la tasa de pobreza extrema se situó en 12,5% y la tasa de pobreza alcanzó el 33,7% de la población. Ello supone que el total de personas pobres ascendió a 209 millones a finales de 2020, 22 millones de personas más que el año anterior. De ese total, 78 millones de personas se encontraron en situación de pobreza extrema, 8 millones más que en 2019.

El documento indica que persisten las brechas entre grupos de población: la pobreza es mayor en áreas rurales, entre niñas, niños y adolescentes; indígenas y afrodescendientes; y en la población con menores niveles educativos. Agrega que el aumento de los niveles de pobreza y pobreza extrema sería todavía mayor sin las medidas implementadas por los gobiernos para transferir ingresos de emergencia a los hogares. Los gobiernos de la región implementaron 263 medidas de protección social de emergencia en 2020. Estas alcanzaron al 49,4% de la población, aproximadamente 84 millones de hogares o 326 millones de personas. Sin esas medidas, la incidencia de la pobreza extrema habría alcanzado el 15,8% y la pobreza el 37,2% de la población.

“La pandemia ha evidenciado y exacerbado las grandes brechas estructurales de la región y, en la actualidad, se vive un momento de elevada incertidumbre en el que aún no están delineadas ni la forma ni la velocidad de la salida de la crisis. No cabe duda que los costos de la desigualdad se han vuelto insostenibles y que es necesario reconstruir con igualdad y sostenibilidad, apuntando a la creación de un verdadero Estado de bienestar, tarea largamente postergada en la región”, afirmó Alicia Bárcena.

Por ello, la CEPAL insta a garantizar la protección social universal como pilar central del Estado de bienestar. Precisa que, en el corto plazo, es necesario implementar o continuar las transferencias de emergencia propuestas por la Comisión: ingreso básico de emergencia (IBE), bono contra el hambre e IBE para mujeres; mientras que en el mediano y largo plazo, se debe avanzar hacia un ingreso básico universal, priorizando a familias con niños, niñas y adolescentes y apostar por sistemas universales, integrales y sostenibles de protección social, incrementando su cobertura, como componente central de un nuevo Estado de bienestar.

También llama a avanzar hacia nuevos pactos sociales y fiscales para la igualdad en tiempos de pandemia, y a garantizar la salud, la educación y la inclusión digital, para que nadie se quede atrás.

“El llamado de la CEPAL a un nuevo pacto social está más vigente más que nunca: la pandemia es una coyuntura crítica que redefine lo que es posible, y abre una ventana de oportunidad para dejar atrás la cultura del privilegio”, afirmó la alta funcionaria de las Naciones Unidas.

El informe señala que el efecto adverso de la pandemia sobre los ingresos de las personas afecta principalmente a los estratos de ingresos bajos y medio-bajos. Se estima que en 2020 unos 491 millones de latinoamericanos vivían con ingresos hasta tres veces la línea de pobreza. Alrededor de 59 millones de personas que en 2019 pertenecían a los estratos medios experimentaron un proceso de movilidad económica descendiente.

De acuerdo al documento, se espera que la desigualdad del ingreso total por persona aumente en 2020, dando lugar a un índice de Gini promedio un 2,9% más alto que el registrado en 2019. Sin las transferencias realizadas por los gobiernos para atenuar la pérdida de ingresos laborales, cuya distribución tiende a estar concentrada en los grupos de ingreso bajo y medio, el aumento esperado del índice de Gini promedio para la región habría sido del 5,6%.

El reporte advierte también sobre los fuertes impactos de la crisis del COVID-19 sobre el mercado laboral. La tasa de desocupación regional se ubicó en 10,7% al cierre de 2020, lo que representa un incremento de 2,6 puntos porcentuales respecto del valor registrado en 2019 (8,1%). Agrega que la caída generalizada del empleo y la salida de la fuerza de trabajo ha afectado con mayor intensidad a mujeres, trabajadoras y trabajadores informales, jóvenes y migrantes.

El informe presenta un capítulo especial sobre la economía del cuidado como sector estratégico para una recuperación con igualdad. Destaca que la pandemia ha revelado el enorme costo que significa para los países de la región no tener un sistema integrado de cuidados de amplia cobertura, desfeminizado y de calidad. Por esto, advierte, “es urgente invertir en este sector para enfrentar la crisis, garantizar el derecho a cuidar y a recibir cuidados, así como reactivar la economía desde una perspectiva de igualdad y desarrollo sostenible”.

Por ello, la CEPAL insta a avanzar hacia una sociedad del cuidado que permita garantizar una recuperación igualitaria y sostenible en América Latina y el Caribe.

México y Brasil líderes en violencia familiar y sin respuestas gubernamental, aumenta la violencia igual en El Salvador, Colombia y Chile

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  • Banco Interamericano de Desarrollo llama la atención sobre el fenómeno  en la Pandemia
  •  Combatir la Violencia de Género, durante la crisis sanitaria, prioritario

Georgina Raygaday Mariangela Mendoza

SemMéxico, BID, 6 de marzo 2021.-Carmen, cuyo nombre ha sido cambiado para proteger su identidad, es una hondureña de 38 años, sobreviviente de cinco años de violencia física y psicológica por parte del padre de su hijo. Al huir en junio de este año, Carmen se vio forzada a dejar atrás a su hijo para escapar del abuso. Ella acudió a la policía y al juzgado, pero debido al COVID-19, el acceso a las instalaciones era restringido y el funcionamiento de muchos servicios fue interrumpido. Al miedo, humillación, tristeza y frustración se unió la impotencia y la renuncia. Las respuestas tradicionales se enfrentaban a un contexto sin precedentes.

Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, de acuerdo con encuestas nacionales de seis países de la región, entre el 60% y el 76% de las mujeres (alrededor de dos de cada tres) ha sido víctima de violencia por razones de género. Además, una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia física, psicológica o sexual por parte de su pareja. En cada caso está presente el riesgo de la violencia letal: el feminicidio o feminicidio.

Aún más, la región ha registrado cifras alarmantes en el incremento de violencia de género durante la pandemia: en Chile las llamadas realizadas por mujeres a la línea telefónica de orientación sobre violencia intrafamiliar aumentaron un 70%, tan solo en el primer fin de semana de cuarentena: en México se ha registrado un aumento del 60% en las denuncias de violencia sexual  basada en género durante la pandemia, y en Colombia la línea de apoyo a las víctimas recibió 91% más llamadas que hace un año. Esto responde, en parte, a factores de riesgo como el confinamiento, las restricciones de movilidad y el aislamiento. Pero también a la limitada capacidad de respuesta del sector público y privado durante la emergencia.

La violencia de género es un problema complejo y multifacético que, en el contexto actual, requiere más que nunca de una respuesta contundente, coordinada y marcada por la innovación. Para evitar que la historia se repita.

El caso de Micaela García es trágicamente conocido. El 1 de abril de 2017, la estudiante de educación física de 21 años volvía a su casa luego de bailar con amigos en un “boliche” en Gualeguay, Argentina. Pero Micaela nunca llegó a casa. Fue violada, degollada y arrojada junto a una ruta, entre los pastizales. Su asesino debía haber estado preso por la violación de dos jóvenes, pero un juez le otorgó libertad condicional. El sistema de prevención y protección que debía protegerla falló.

De acuerdo con datos de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, en 2019 hubo 252 víctimas directas de feminicidio y 16 víctimas de feminicidio vinculado. A nivel regional, el país más grande, Brasil, registró el mayor número de feminicidios: 1.133. Sin embargo, El Salvador tuvo, con mucho, la peor tasa: más de 1.000 muertes por cada 100.000 mujeres.

Aprueban programa especial de igualdad entre hombres y mujeres en Michoacán

Redacción

Morelia, Michoacán. 06 de marzo de 2021.- Durante la XIII Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres por Razones de Género y la Sesión Extraordinaria del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres fue aprobado el Programa Especial de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas. 

“Una de las grandes prioridades de la actual administración ha sido buscar consolidar la igualdad de género, buscar los espacios para que las mujeres contribuyan de manera equitativa e igualitaria al desarrollo de Michoacán” manifestó el secretario de Gobierno, Armando Hurtado Arévalo durante la aprobación del programa.

En su carácter de presidente del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Hurtado Arévalo reiteró el interés del gobernador, Silvano Aureoles Conejo, en este tema, quien ha priorizado la lucha permanente para hacer realidad la igualdad sustantiva que se ve reflejado en el andamiaje jurídico que se ha aprobado y establecido en la entidad. 

“Para hacer realidad la igualdad sustantiva, no basta todo el andamiaje jurídico si no vemos en el quehacer diario los cambios, ese combate a la violencia de género, si no logramos como servidores públicos, si no nos abocamos a que cambie la realidad social”, afirmó.

La secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de la Mujeres, Nuria Gabriela Hernández Abarca, presentó la actualización del Programa Especial de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas y la presentación de Diferentes protocolos del sistema de violencia, que constituye un instrumento de la política estatal que permite revisar y reforzar las acciones transversales.

Hernández Abarca destacó que dicho programa será una plataforma de seguimiento al cierre de la administración que dé cuenta de todas las políticas públicas y actividades que rumbo a la igualdad se han realizado y se han reforzado.

El programa conforma cinco objetivos específicos: promover el trabajo remunerado de las mujeres; proteger garantizar y promover la igualdad sustantiva y la salud de mujeres y hombres; garantizar una vida libre de violencia; promover el liderazgo y participaciones de las mujeres en los ámbitos políticos y sociales y generar entornos seguros y propicios para el desarrollo de las mujeres.

En la Sesión participaron funcionarias y funcionarios estatales, representantes de órganos autónomos, entre otros.

Secretaría de Seguridad Pública ejerce violencia política contra virtual candidata en Veracruz

Ana Alicia Osorio

SemMéxico. Veracruz. 5 de marzo de 2021.- El Gobierno del Estado de Veracruz incurrió en violencia política de género pues le negó permiso sin goce de sueldo a una de sus trabajadoras para poder competir por un puesto de elección popular, aseguró la Red de Mujeres Feministas del Estado de Veracruz (Remufever). 

María Sabina Martinez, quien es la trabajadora a quien se le negó ese permiso, señaló que buscaría una candidatura a ser diputada por la zona de Zongolica y primero le cerraron las puertas del diálogo y luego una negativa sin razones fundamentadas. 

Explicó que tiene 17 años trabajando en la Secretaría de Seguridad Pública con una base y desde el mes de enero solicitó una licencia temporal sin goce de sueldo, tal y como tiene permiso. 

Sin embargo señaló que no hubo ningún tipo de respuesta por lo que volvió a enviar documentos para que pudieran darle respuesta, pero tampoco la tuvo. 

“Solo me quedó hacer un procedimiento especial sancionador que ya entregué al INE por violencia política en razón de género, el día de ayer me entregan ya una respuesta negativa a mi solicitud, no se puede autorizar mi licencia por cuestiones operativas y por el tema que estamos viviendo por el COVID-19”, indicó. 

“No me queda ninguna duda que tiene que ver con un tema político, porque he buscado los canales, se han cerrado todas las posibilidades de poder dialogar sobre el tema, creo que tiene un tinte político”, afirmó. 

Martinez explicó que es virtual candidata a diputada local por el distrito de Zongolica por el Partido de la Revolución Democrática por lo que consideró que la diferencia partidista con Morena que se encuentra en el poder, podría ser un motivante a ejercer violencia política en su contra. 

En una carta pública dirigida al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y al Secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutierrez Maldonado, la Remufever señaló que no existe fundamento alguno para negar este permiso por lo que pidieron que se respeten los derechos de Martínez. 

“Tiene derecho como ciudadana a ser votada, lo cual es una clara situación de violencia política que se está ejerciendo sobre ella desde la institución, que debiera ser garante de los derechos de las mujeres; y, que por tanto, coarta sus derechos político- electorales  y la coloca en una situación de desigualdad”, señala dicho documento. 

Consejera electoral Dulce María Villalobos se opuso a candidatura de Félix Salgado Macedonio

Elda Montiel 

SemMéxico. Cd. de México. 5 de marzo 2021.- La consejera electoral Dulce María Villalobos votó por no darle el registro como candidato de Morena al cargo de gobernador a Félix Salgado Macedonio, porque existe “al menos una acusación” por el delito de violación. Así lo hizo saber durante el debate previo a la aprobación del registro de candidaturas a gobernador del pasado 4 de marzo por el Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPCGRO).  

Agregó que, aunque el 15 de febrero, Félix Salgado Macedonio solicitó su registro como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, actualmente existe una resolución intrapartidaria que mandata la reposición del procedimiento de selección de candidatos en ese partido, de ahí que el partido no pueda manifestar que fue seleccionado como candidato con base en sus estatutos, como requiere la Ley Electoral local.

“Para que el partido político postulante o la coalición manifieste por escrito que los candidatos cuyo registro solicita fueron seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del propio partido o de quienes integran la coalición”, acotó.

Antes, la consejera expresó que los partidos políticos y las instituciones electorales deben tomar acciones y compromisos para garantizar un desarrollo sostenible y una democracia paritaria y libre de violencia de género.

“Compromiso -dijo- que incluso se formalizó a través del pacto estatal por los derechos político electorales de las mujeres guerrerenses, libre de violencia y discriminación”.

Recordó, la consejera electoral, que el 27 de febrero la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena ordenó reponer el procedimiento de selección de su candidato a la gubernatura de Guerrero, luego de analizar las acusaciones en contra de Salgado Macedonio, pero ese resolutivo no se incorporó en el acuerdo que discutió este jueves el IEPC porque el partido no notificó de manera oficial la resolución.

Dulce Villalobos consideró que, en este caso, debió certificarse la notificación de los estrados electrónicos de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, por tratarse de un hecho notorio, evidente y público.

“Dicha certificación debió ejercerse de oficio por parte del responsable o responsables de la Oficialía Electoral de este IEPC, independientemente de recibir o no recibir la notificación por oficio, que, en este caso, no es de tipo personal, puesto que dicha determinación constituye un hecho notorio, evidente y público”, argumentó la consejera.

Sin embargo, en el marco de la Sexta Sesión Extraordinaria, encabezada por el consejero Presidente del IEPCGRO, Nazarín Vargas Armenta, se aprobaron los registros de los ocho candidatos de los partidos políticos y alianzas acreditados para participar en el proceso electoral  de gobernador este 2021.

Muchas mujeres dentro de Morena, continuarán la lucha para que Salgado Macedonio no se mantenga como candidato: “es una afrenta”

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El delegado Salomón Jara Cruz anuncia inicio de la campaña en Guerrero, sin candidato, “lo haremos solos”.

Seis  diputadas de Morena anuncian iniciativa para que los delitos de violación y ofensas a las mujeres no prescriban antes de 20 años.

Sara Lovera

SemMéxico. Cd. de México. 5 de marzo de 2021.- La diputada de Morena, Lorena Villavicencio Ayala, afirmó que  inaceptable que se haya aceptado el registro del candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Felix Salgado Macedonio, “es una afrenta para todas las mujeres y para las víctimas que les fue negado el derecho a la justicia” y agregó que la impunidad no puede, ni debe ser convalidada.

Enseguida informó que diputadas federales de Morena se lanzaron, en distintos espacios  de las redes sociales,  en contra Félix Salgado Macedonio,  a quien siguen convalidando. 

Villavicencio Ayala afirmó que el 4 de marzo las autoridades electorales de Guerrero, vulneraron el artículo primero de la Constitución Mexicana, que obliga a todas las autoridades y partidos a promover y respetar los derechos humanos de las mujeres. Las instancias de Morena, también, dejaron de cumplir con  su deber ético al desestimar las denuncias penales de las víctimas.

En vista de que informal y formalmente existen 20 denuncias contra Félix Salgado Macedonio,  las diputadas opinan que Morena debe revisar esta decisión, su candidato debe renunciar por el bien de Morena y no poner en entredicho «nuestro compromiso con los derechos de las mujeres. Corresponde ahora exigirle al candidato que enfrente con dignidad su juicio ante las autoridades judiciales”, precisó Lorena Villavicencio Ayala.  Por eso la iniciativa de reformas, explicó.

Un grupo de mujeres de Morena, además no comparten la decisión del partido y reiteraron que la popularidad no debe estar por encima de los principios y la dignidad y derechos de las mujeres, y “exigiremos a la Fiscalía de Guerrero  que asuma su responsabilidad y continúe con el proceso penal y garantice el acceso a la justicia a las víctimas».

Todo ello a  unos días de que se haga una encuesta a militantes de Morena, dijo a su vez, el delegado especial Salomón Jara Cruz quien explicó que eso tendrá resultados hasta el 10 de marzo, a pesar de que hoy se inició la campaña en Guerrero, como en los 15 estados donde habrá nuevos o nuevas gobernadoras. El delegado morenista dijo que la campaña se inició sin candidato.

A pregunta directa, el también senador de Morena, aseguró que no es “una simulación”, no obstante las diputadas morenistas presentaron ayer una iniciativa de reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Acceso de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que profundizan garantías de  “concesiones y apoyo” a las mujeres víctimas de violación.

Las congresistas expusieron que la iniciativa busca “meter freno a la prescripción del delito” y ampliar el plazo hasta 20 años, que correrían a partir de que, en el caso de que el acusado ocupe un cargo de elección popular, concluya su función y se le termine el fuero.

Proponen que “la prescripción de la acción penal sea igual al máximo de la pena para el delito que se le impute” y hoy en México este delito, cuya pena es de 8 a 20 años, prescribe a los 14 años un día. Además exponen que “las opiniones de profesionales manifiestan que las víctimas de abuso sexual o violación necesitan entre 12 y 22 años para ser capaces de denunciar”.

Las diputadas María Wendy Briceño Zuloaga, Lorena Villavicencio Ayala, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Laura Imelda Pérez Segura y Érika Vanessa del Castillo Ibarra propusieron reformas al artículo 202 del Código Penal, pues señalan que “la prescripción se interrumpirá en los casos en que el sujeto activo del delito obtenga un nombramiento como representante de elección popular o un cargo que requiera la realización de un juicio político, y reiniciará a partir del día siguiente a que haya terminado su encargo”.

Añaden, además, que “en los casos de los delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, así como los previstos en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, que hubiesen sido cometidos en contra de una persona mayor de dieciocho años de edad, la prescripción de la acción penal será igual al máximo de la pena prescrita para el delito que se le impute”.

El artículo 49 de la Ley General de Acceso de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia sugiere “establecer, en el ámbito de su competencia, una prescripción ampliada respecto de los delitos contra la libertad y normal desarrollo psicosexual”.

Sostienen que “se trata de una concesión especial para las víctimas, darles más tiempo para que puedan trabajar con el daño emocional y psicológico y logren interponer la denuncia, sin que ello transgreda la seguridad jurídica de los agresores”.

Las diputadas afirmaron que su  posición es irreductible,” no a la impunidad, nadie por encima de la ley y justicia para las víctimas. El registro del candidato a la gubernatura en Guerrero no cuenta con el aval de muchas mujeres de Morena”.

Luego consideraron que es posible y esperan  que las mujeres que REALMENTE quieren una transformación, ya estén organizándose para conformar una REAL alternativa. «Luchar desde dentro» para cambiar un partido y que después ese partido cambie a México, suena imposible!