Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Oaxaca, 4 de diciembre, 2020.- A tres años y medio, Alejandra Salmerón Estrada y su hija siguen sin tener acceso a la justicia, una carpeta de investigación mal integrada por el Ministerio Público y un juez que hoy pide nuevos estudios psicológico, ginecológico y un examen de victimología, en tanto su victimario JGR sigue despachando como regidor de Obras Públicas en San Jacinto Amilpas.
En entrevista, Salmerón Estrada refiere el recorrido que ha tenido que emprender para que su hija, hoy mayor de edad, víctima de violación entre los seis y los 14 años de edad por parte de quien fuera su ex esposo, y donde ella, como madre, ha sido culpabilizada en varias ocasiones con las clásicas preguntas: ¿no se dio usted cuenta? ¿por qué no salvaguardó la integridad de su hija?
Tras la resolución de un juez federal que ordenó reponer parte del proceso, fue informada el 28 de noviembre pasado de la realización de la audiencia que se celebró el lunes 30 del mes que acaba de concluir, por lo que apenas tuvo tiempo de avisar a su abogado y a su hija.
Su sorpresa fue mayor, explica, pues el juez Javier García Pérez le dio 15 días de plazo para presentar nuevamente los exámenes psicológicos, ginecológicos y de victimología, “porque no le cuadran los resultados de los anteriores”.
Esa es, explica la madre de la víctima la misma razón por la que el juez dejó en libertad a JGR, quien se desempeña como regidor de Obras Públicas en el municipio de San Jacinto Amilpas, el año pasado, luego de pagar una fianza por 30 mil pesos, por el delito de “violación equiparada”.
Es decir, interviene la víctima de quien se omite su nombre, “ahora dicen que yo consentí la violación cuando tenía solo 6 años de edad y lo hizo repetidamente hasta que cumplí 14”.
Alejandra Salmorán, la madre, agrega: “Ahí dejé de creer en las leyes que dicen que protegen a las mujeres y a las menores”.
Comenta que además observa una serie de irregularidades en el proceso, como la repetición de las pruebas que hoy le exige el juez que lleva la causa.
Y es que esas pruebas fueron realizadas por personal de la Fiscalía General de Oaxaca tras la denuncia presentada el 17 de mayo de 2017, “dos días después de enterarme de lo que sucedió, cuando mi hija ya no pudo seguir aguantando la presión de quien la manipuló por años y le decía que yo estaba loca”.
En Oaxaca, señala Salmerón Estrada, no existen peritos especialistas en victimología, sin embargo, un médico de la dependencia se encargó de hacer esos exámenes en tres sesiones, “eran una serie de preguntas”, de acuerdo con la víctima.
La madre agrega que no se imaginaba que esas pruebas no iban a servir porque no era una persona especialista, pues hasta hoy la Fiscalía carece de personal adecuado y eso facilita las cosas para que los agresores salgan libres, pero de eso nosotras no somos responsables, agrega, sin embargo, ahora tendrá que buscar quien haga esos exámenes.
Para Alejandra Salmerón Estrada y su hija el proceso ha sido permanentemente revictimizante por parte de personal de la Fiscalía, el proceso ha tenido al menos cinco Ministerios Públicos a cargo, salvo la primera el resto no hicieron de manera correcta su trabajo, acusa; además del juez a quien las pruebas “no le cuadran” y hasta por un equipo legal del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativa (Paimef) – a cargo de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña- “que no metieron ni las manos”, por lo que tuvo que contratar la asesoría legal particular y cuando les pidió (a las abogadas de Paimef) que le ayudaran a contextualizar el caso, simplemente se negaron “o eran ellas o no era nadie”, le dijeron.
Lo permanente en estos tres años y medio ha sido un desgaste psicológico y económico, dice, porque ha perdido trabajo y hasta hay quien le aconseja que deje “todo por la paz” porque es mucho el escándalo.
Lamentó que actores políticos se hayan involucrado, como la actual presidenta municipal de San Jacinto Amilpas, Yolanda Santos Montaño, de extracción morenista, quien incluso lo ha protegido.
“Para que no sospechara que lo había denunciado, interpuse una demanda por pensión alimenticia, porque tengo dos hijas de él, cuando me empezaron a pagar tenía que ir al municipio a cobrar cada quincena, pero cuando se enteraron que también había sido denunciado por violación, la propia presidenta municipal me dijo que él había renunciado a su dieta y por lo tanto no podía cobrar la pensión”.
“¿Quién en su sano juicio trabaja sin cobrar? Nadie, lo protegió a pesar de lo que hizo”.
