SemMexico, Guadalajara, Jalisco, 9 de julio, 2025.-El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) es el órgano de expertas y expertos independientes, que supervisa la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. El Comité de la CEDAW está formado por 23 personas expertas en derechos de las mujeres de todo el mundo. El pasado mes de junio, el Estado Mexicano fue examinado ante el Comité CEDAW, que recién acaba de emitir sus recomendaciones y reconoce que la violencia contra mujeres y niñas en México ha aumentado y crecido de manera exponencial; que es perpetrada tanto por agentes estatales como no estatales, incluyendo al crimen organizado. Esta violencia abarca desapariciones, tortura, violencia sexual y feminicidios; y se agrava por la respuesta ineficaz del Estado y sus deficientes políticas de seguridad y control de armas.
El comité Cedaw confirmó que prevalece en el país violencia estructural contra las mujeres e hizo un fuerte llamado al Estado mexicano para revertir esa situación.
De acuerdo a un comunicado del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT), señalaron que respaldan las preocupaciones expresadas por el Comité.
En las 90 recomendaciones al Estado mexicano se destaca la discriminación y violencia hacia niñas, adolescentas y mujeres, incluyendo a niñas y mujeres discriminadas por su orientación sexual LGBTI+, indígenas, desplazadas, migrantes, buscadoras, defensoras y periodistas. El Comité advierte que la violencia patrimonial y las limitadas oportunidades económicas ponen a las mujeres, especialmente de grupos marginados, en riesgo de trata y trabajo forzoso y urge sancionar a funcionarios que incumplan la ley y establecer mecanismos contra la corrupción. También recomienda aumentar recursos para inspecciones laborales. Pide reforzar la atención a víctimas, con datos sobre perfiles y eficacia de las intervenciones.
El Comité subraya la necesidad de recopilar y analizar datos para diseñar mejores políticas públicas, así como la aplicación de estrategias integrales de prevención.
En materia de violencia de género la Cedaw reconoce avances legislativos en México, pero alerta sobre el aumento de la violencia de género, incluidos feminicidios, desapariciones y violencia sexual. Señala fallas estructurales como políticas de seguridad ineficaces, falta de datos y discriminación interseccional.
También critica la aplicación desigual de protocolos con perspectiva de género. El Comité hace 29 recomendaciones para armonizar leyes, recopilar datos precisos y garantizar reparaciones transformadoras y llama a reforzar refugios y mejorar la respuesta ante desapariciones.
Además, siguen pendientes recomendaciones sobre mecanismos como la Alerta de Violencia de Género.
El Comité señala que, pese a las reformas legales, el acceso al aborto sigue siendo obstruido y condenado legalmente a pesar de los avances en la legislación federal. Prevalecen el estigma y la resistencia del personal de salud para garantizar el acceso a un aborto. Recomienda armonizar las disposiciones penales con los avances legislativos en materia de acceso al aborto, garantizar la aplicación coherente de la Norma Oficial Mexicana 046 sin exigir a las víctimas de violencia sexual que presenten informes policiales o pruebas judiciales de violación.
México reprobado, regañado y con llamadas de atención internacional por su poco compromiso con los derechos humanos de las mujeres y por su ineficacia para atender la violencia estructural, la impunidad y la falta de voluntad política que siguen poniendo en riesgo la vida y la dignidad de millones de mujeres en México.
SemMéxico/Ceprovysa, Guerrero, 9 julio de 2025.-“Porque somos indígenas, por eso los gobernantes y los empresarios nos tratan como ciudadanos de segunda, como si no tuviéramos derechos” espetó, con el rostro sangrante, una de las jóvenes sobrevivientes del autobús que se desbarrancó en la madrugada del viernes 4 de julio en la salida de Ixcateopan, municipio de Alpoyeca.
En la Montaña, desde que se construyeron las carreteras a Chilpancingo y Puebla, hemos perdido a muchos familiares por lo pésimo de los caminos, por el mal estado de las unidades y por la irresponsabilidad de los choferes. Son pérdidas de vidas humanas que a las empresas les tiene sin cuidado porque las autoridades son complacientes, no les fincan responsabilidades, ni les imponen sanciones severas.
A pesar de las tragedias que cometen continúan funcionando sin que les importe tomar medidas para que no se repitan estos hechos y más bien, mandan a sus abogados para evitar la reparación integral de los daños causados.
En Guerrero, fue la flecha roja la única línea que acaparó el servicio del transporte público. Rubén Figueroa Figueroa, no solo fue un gobernante sanguinario, también fue un empresario voraz, que no permitió la entrada de otras líneas a la entidad. Su poder trascendió fronteras estatales y su cacicazgo lo hizo valer tanto en el ámbito político como económico. Como usuarios pobres nos tuvimos que resignar a viajar en camiones desvencijados, con asientos maltrechos y con choferes arrabaleros, golpeadores y racistas.
Todos los servicios públicos en la Montaña son pésimos. Ante la necesidad de viajar y el miedo de reclamar, los empresarios se aprovechan para sacar mayores ganancias sin invertir en la compra de nuevas unidades o en proporcionar servicios de calidad a la población indígena. Es muy común viajar parado de Tlapa a Chilpancingo y aguantarse las ganas para ir al sanitario. Los viajeros a bordo no reciben boleto y cuando se compra en taquilla es imposible facturar en el servicio de segunda clase. No existe la comodidad ni la seguridad para los pasajeros, por eso la gente prefiere viajar en taxis colectivos o aventurarse a viajar en condiciones de alto riesgo.
El testimonio de Briseida es conmovedor: Mi papá Severiano Cuéllar, viajó a Cuernavaca para atender su salud, como ya era costumbre lo acompañé con mi mamá Aurelia. Hace un año sufrió un infarto cerebral y estaba dando la batalla para curarse. Estuvo internado en el ISSSTE de Chilpancingo, pero ahí le dijeron que no contaban con equipo para realizar los estudios que le pedían. El cardiólogo dio la orden de que le realizaran el estudio de Holter. Desde el mes de mayo del año pasado no le habían podido agendar su cita. El 30 de junio le llamaron del hospital regional del ISSSTE de Cuernavaca para informarle que el miércoles 2 se presentara para realizarle los estudios. Ese día le colocaron el aparato para monitorear su corazón. Al siguiente día nos avisaron que retirarían el aparato a las 4 de la tarde. Calculamos que nos daba tiempo salir en la corrida de las 18:30 rumbo a Tlapa. Mi mamá Aurelia se encargó de avisarle a mi hermana cómo íbamos en el trayecto. El último mensaje que mandó fue cuando pasamos Tulcingo del Valle a las 11:53 de la noche. Calculábamos llegar a la terminal entre la 1:00 y 1:30 de la madrugada del 4 de julio.
Los primeros que dieron la noticia fueron mis primos. Una tía de Ixcateopan les avisó que un autobús se había volcado al salir del pueblo. Como familia nos organizamos para ir al lugar del percance porque sospechamos que se trataba del autobús donde viajaban mis papás. Cuando llegamos los habitantes de Ixcateopan ya estaban ayudando. Estaba la policía del estado, militares y la guardia nacional, pero solo se reducían a sacar fotos y a impedir que la gente se acercara para ayudar. No les importó los gritos de nuestros familiares que no podían salir del autobús. Con desesperación le dije a un elemento de la guardia nacional que los auxiliara, no me hizo caso y más bien me ordenó que me retirara. Quería hincarme para que atendiera mi súplica, pero todo fue en vano, porque ni por humanidad nos ayudaron.
El autobús rodó al menos 60 metros de altura con 25 pasajeros. Algunas personas quedaron entre los ramales de los pequeños árboles. Varias cayeron en el río y otras más quedaron al interior de la unidad. A mi papá lo rescataron sin vida los habitantes de Ixcateopan, pero río abajo. Otras 3 personas se encontraban semidesnudas y muertas en la orilla del río, del lado de Buenavista.
Mi hermana Briseyda, salió botada en la primera voltereta del autobús junto con otra señora. Las dos quedaron atoradas por unos matorrales. Sangrando y y con múltiples golpes en la cara y los brazos pudieron marcar al 911 pero no les respondieron. Fue en el segundo intento cuando contestaron. Al pedir auxilio no pudieron decirles en qué lugar se encontraban. Desesperadas por los gritos que escuchaban y ante la imposibilidad de auxiliarles, con dificultades salieron a la carretera para pedir ayuda. Un joven que circulaba en su vehículo se encargó de hablar por teléfono con algunos amigos de la comunidad. La respuesta fue inmediata, se presentaron con reatas, picos, palas y machetes varios señores, jóvenes y señoras. Como conocedores del lugar bajaron al río y tiraban las reatas para auxiliar a las personas que estaban sobre el autobús. Con estas maniobras teníamos la esperanza de que saliera toda la gente, sobre todo nuestros familiares.
La policía estatal, en lugar de ayudar hizo contra labor. Su presencia no representaba un apoyo porque no llegaron para auxiliar a las personas que estaban dentro del autobús. En lugar de animar a la gente que apoyaba, impedían su trabajo. Decían que ya no se alterara el lugar donde había caído el autobús porque ya estaban por llegar los peritos. La gente se enojó por su postura insensible y por su falta de solidaridad. Para alejar a la gente dejaban correr la voz de que ya no había más personas qué rescatar. Les dijimos que se tenía que seguir buscando porque había familiares que no los habíamos encontrado. Eso les valió y mejor se fueron. Los que en verdad se arriesgaron fueron los jóvenes y señores de Ixcateopan. Más tarde llegaron los de protección civil de Tlapa que apoyaron los trabajos de búsqueda y de rescate de la gente que estaba en el autobús y de los que había arrastrado el río. Cuando amaneció ya habían llegado más personas de otras comunidades para mover el autobús, pero fue imposible. Llegó el presidente de Alpoyeca, sin embargo, en lugar de ser colaborativo empezó a regañar a la gente como si realmente el personal de la presidencia hubiese hecho algo.
Esta tragedia puso en evidencia que en la Montaña se carece de unidades, de equipos y de personal especializado para atender estas emergencias. Se carece de lo más elemental: las ambulancias que no están disponibles y que en estos casos muestra su inoperancia el centro regulador de urgencias médicas (CRUM). No hay unidades ni equipamiento para el auxilio vial y para el rescate de personas que están en peligro. Las autoridades municipales están ausentes en estas tragedias, no movilizan recursos ni personal para actuar de inmediato. No existe coordinación entre las autoridades municipales y no hay una instancia estatal que intervenga para enviar equipo de rescate. Los cuerpos de seguridad en lugar de apoyar entorpecen las maniobras con el pretexto de que tienen que asegurar la escena del percance. A pesar de que una de las sobrevivientes pudo hablar en el momento en que cayó el autobús al río, y se dio parte a las autoridades, no hubo respuestas eficaces e inmediatas para realizar las maniobras de rescate. Fue hasta las 9 de la mañana cuando llegó maquinaria grande para remover el autobús que ya estaba enterrado en la arena y cubierto por el agua del río. La dilación y el abandono de las autoridades municipales y estatales que generan costos de vidas humanas, tiene implicaciones legales y penales, porque son omisas y negligentes.
No se interesan en obtener el equipo necesario, ni las unidades de auxilio para atender con presteza estas emergencias. Si hubieran intervenido con prontitud con la maquinaria grande hubiesen sido menos los muertos. El último cuerpo que se rescató fue el de la maestra Aurelia de 56 años, que lamentablemente se encontró bajo los fierros de la cajuela. Este desenlace se pudo evitar con el uso de maquinaria adecuada y con personal experta en rescates. El saldo final fue de 6 personas fallecidas y 16 lesionadas, entre ellas había 7 niños, uno de 8 meses.
Desde las 10 de la mañana llegaron algunos familiares a la Fiscalía Regional de la Montaña para interponer la denuncia, sin embargo eran las 7 de la noche y aún no les habían informado cuándo les entregarían los cuerpos. El fiscal y el delegado de gobernación informaron que el retraso se debía a que solo había dos médicos forenses. También pedían que se iniciaran las investigaciones contra los representantes de la empresa para fincar responsabilidades penales y hacer valer el derecho de las víctimas que perdieron a sus familiares. La misma asesora jurídica de la CEAV se encargó de maltratar a los familiares por atreverse a denunciar la desatención de las autoridades. Violentando su rol como representante de las víctimas les recriminó su postura, asumiéndose como portavoz de le empresa, al comunicarles que solo les darían 8 mil pesos para los gastos funerarios. No solo el intenso dolor que apretujaba sus corazones y obnubilaba sus mentes los devastaba, sino la actitud de las autoridades que las revictimizan y les violentan sus derechos. En lugar de acuerpar su exigencia de justicia se empeñan en dividir a las familias para hacerles la chamba a los empresarios, que hasta con la muerte de los indígenas hacen negocios.
“Será que hoy amanecí con el espíritu caído El biorritmo destruido en este andar O a lo mejor es que hasta hoy Nunca me habías hecho tanta falta como hoy…” Armando Manzanero
MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN
SemMéxico, Cd. de México, 9 de julio, 2025.-Ya se va, ya se va… pero, cantaría José Alfredo Jiménez, “estás que te va y te vas y te vas y no te has ido” de la presidencia prestada, negociada; nunca fue suya.
La semana pasada, temprano se despidió del estrellato, del poder que ha saboreado con fruición y ejercido como buscapleitos; aún tiene más de mes y medio para blandir el cetro de virrey –el rey de la comarca es otro—y hacer el papelazo en vivo y a todo color un día a la semana.
Aunque él cree estar en lo correcto y cree que los aplausos implican apoyo a sus desplantes y ocurrencia, mas no se percata de que las palmas entrañan complicidad de quienes son iguales: carentes de respeto para sí mismos y, sobre todo, para el ciudadano que les ha perdido el respeto.
Se llama José Gerardo Rodolfo y usted lo conoce. Es arbitrario e irreverente, contradictorio y falaz.
No, no es menosprecio.
Él es así y lo sabe y se regodea con su proceder y he ahí que, carente de brillo político porque es oropel y se creyó el cuento de hadas –segundo piso ascensor… de la 4T– como el príncipe valiente que negoció con Su Alteza Serenísima y la Princesa Caramelo.
¿Poderoso? Sí, en esa mediocridad con la que ha transitado desde aquellos días de 1988 cuando fue candidato externo del Partido Mexicano Socialista a una diputación federal, pero se le peló.
Hizo fama como dirigente de la llamada Asamblea Ciudadana en Defensa de los Deudores de la Banca, por ahí de 1995 y se le tiró al piso al entonces presidente Ernesto Zedillo.
¡Ay, José Gerardo!
Sabía, lo sabe que nunca brillará en sociedad. Y no se trata de alusión clasista, no. Porque sin duda está convencido de que ser como es, implica el plus que pocos políticos pueden ejercer con esa naturalidad que ofende
Soñó con ser candidato a la Presidencia de la República pero debió admitir que su capital político y personal no le alcanzaba. Y no le alcanzó, pero, elemental, negoció y pataleó y amenazó con abandonar la barca de juntos haremos historia.
Elegido senador por la vía de lista nacional se encabronó porque le negaron apoyo para ocupar la coordinación de la bancada de Morena en el Senado, lo que habría implicado en automático presidir a la Junta de Coordinación Política.
Esa poderosa posición estaba destinada para la corcholata llamada Adán Augusto. Como fue.
¡Ajajá!”
“¡Ya me chingaron! Ya no aspiro a ninguna (posición en el Senado) y ninguna es ninguna”, dijo en conferencia de prensa ofrecida en el Senado. Falaz, aseguró que la presidenta electa Claudia Sheinbaum le había ofrecido una tarea que seguía valorando, pero no sería en el gabinete ni en el Senado. Corrían los últimos días de junio del año pasado, 2024.
Y mire usted, el 25 de agosto le cambió el semblante, el presente y el futuro. Ese día se incorporó a Morena y, el 28 de ese mes, fue nombrado presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.
¿Y?
Sin remordimientos ni falsos rubores, desde el 1 de septiembre del año pasado, 2024, ha ejercido la presidencia cameral como le ha venido en gana, por encima del Reglamento e impuesto sus contradictorias decisiones.
Lejos de ser presidente del Senado ha procedido como militante de Morena desde el escaño de la presidencia.
La semana pasada, le comentaba, se despidió de la presidencia cameral, aunque preside las sesiones de la Comisión Permanente.
Ejerce el poder a su libre albedrío, este personaje llamado José Gerardo Rodolfo, y paga el favor a quien le cumplió y le dio la presidencia cameral, aunque ella era presidenta electa, es decir, del Poder Ejecutivo Federal.
Lea usted y no se ría, porfis, frente a tanta genuflexión:
“Fíjense –contó en la conferencia ofrecida ayer lunes– que estaba viendo ayer la fotografía de la compañera presidenta en Zaragoza, Veracruz, creo que fue, qué bella fotografía. Es una demostración gráfica de cómo está nuestro movimiento.
“La oposición dice que la dictadura, que está muy mal, que es el desastre, que es la catástrofe, pero abajo la gente está entregada a nuestro movimiento (…).
“Comparto con la compañera presidenta la preocupación, en todos mis discursos lo insisto, de erradicar el racismo, erradicar el clasismo, erradicar la misoginia, cualquier tipo de discriminación”.
En serio, señoras y señores, lo dijo este personaje que ha sido acusado de misoginia, que insulta y descalifica a sus pares, que niega posturas y, arrogante, desprecia a quienes no piensan como él que les considera enemigos del Movimiento de Regeneración Nacional (a) Morena.
Y hete aquí que la colega Diana Benítez le pidió su opinión respecto de una encuesta publicada ayer en El Financiero, en materia de percepción de políticos hacia 2030, en la que aparece en segundo lugar, después de Omar García Harfuch.
–Sí, mi proyecto hacia adelante es mantenerme vivo –zanjó graciosamente José Gerardo.
¿Congruente? ¿Ejemplo de pobreza franciscana que invoca el licenciado López Obrador? ¿Coincidente con el decálogo del buen militante y funcionario de Morena promovido por la ingeniera presidenta Claudia Sheinbaum?
¡Bah!
“Bueno –dijo hace unos días– pero a ver, yo creo que se confunde, lo que yo haga con mi dinero, pues es mi derecho, no faltaba más, ahora resulta que yo no estoy justificando nada, pero si yo viajo como quiera, me hago una fiesta como quiero, compro lo que quiero, es mi dinero, es producto de mi trabajo.
“¿Eso qué tiene que ver con las políticas públicas de austeridad? No tiene que ver absolutamente nada, entonces, yo no voy a calificar o a descalificar, pero creo que lo que alguien haga con sus recursos, pues es su responsabilidad, eso no tiene nada que ver con las políticas públicas de austeridad.
“A ver, si yo vengo de una familia adinerada y he repartido mi riqueza, ¿ya no tengo derecho a vivir como antes? ¿La casa que compré de manera legítima, con mi dinero, ya no tengo derecho a tenerla? Ahora resulta que tengo que mudarme a una colonia precaria porque eres de un movimiento de transformación. Yo creo que hay mucha crítica incorrecta en ese sentido”.
He ahí al peor presidente que ha tenido el Senado de la República. Y no lo digo yo, lo dicen incluso en las bancadas de Morena y del PVEM y del Partido del Trabajo –cuya militancia lo ha corrido de actos públicos—.
Pero, bueno, está que se va y se va y se va. Ya falta menos y nada le avergüenza. ¿Será que –como presumo en lo personal y comulga Félix Salgado Macedonio–, es incalumniable porque todo lo que digan de él, es cierto? Y no es broma. Bueno, siempre hay el riesgo de que la sucesora salga peor. ¡Chíngale, Drakko! Digo.
SemMéxico, Pachuca, Hidalgo, 9 de julio, 2025.-En la historia del cine mexicano existen mujeres que fueron algo más que una diva, belleza en pantalla, madre abnegada o aventurera sensual. Mujeres que decidieron tanto producir como dirigir, aunque la industria cinematográfica les pusiera mil obstáculos. Mujeres que cito orgullosa en mi clase de Historia de los Medios al observar los rostros de sorpresa, las manos levantadas y la pregunta inevitable: ¿Entonces, desde el siglo pasado las mexicanas también han sido directoras de cine? Sí, y hoy es un buen pretexto para dibujar a una pionera: María Herminia Pérez de León, mejor conocida como Mimí Derba, nacida el 9 de julio de 1893.
En la UNAM, Irene García Rodríguez tuvo como tema tesis, en la maestría en Comunicación, la vida de esta mujer que heredó el talento de la abuela Ernestina y doña Jacoba madre de Herminia. La autora describe a esta pionera como soñadora, sensible e imaginación desbordada, le gustaba cantar y bailar en las reuniones familiares. Entre los aspectos que le hicieron destacar, se enumeraban: Alta, belleza mestiza, rasgos esculturales, cabellos oscuros, piel marfil, grandes ojos negros, le gustaba leer, motivada por su madre, y entre sus lecturas favoritas estaban las crónicas teatrales de la época, quizá presintiendo que brillaría en esos escenarios.
A través de la prensa se enteraba de la inauguración de varios lugares, la presentación de diferentes artistas y se hizo amiga de la cantante Ernestina Morantes, quien le pidió suplirla en un concierto en La Habana. Fue en esos días que inventó su nombre artístico: Mimí, el diminutivo que le decían en casa. El apellido Derba lo adaptó jugando con el nombre de la marca de una leche que consumían en casa y que su madre siempre le pedía servirle. Al regresar de tierras cubanas, descubrió con agradado crónicas donde alababan su desempeño y pronosticaban a una futura gran tiple mexicana.
Debutó el 15 de noviembre de 1912 en el Salón Rojo. Ella tenía 19 años. De cantante, al poco tiempo pasó a ser actriz, después se dedica a escribir, colaboró en diversas publicaciones literarias, aunque también dio a conocer relatos y una novela e incluso una obra teatral.
Cuatro años después, la joven actriz anunciaba su entrada al mundo del cine, ahí conoció a Enrique Rosas, fotógrafo y empresario desde 1899, cuya popularidad se acentuó cuando filmó la historia de los bandidos del automóvil gris, sobre todo por haber filmado en vivo el fusilamiento de los asaltantes. Rosas y ella decidieron hacer su propia casa productora. Así fundaron: “Azteca Films. Sociedad Cinematográfica Rosas, Derba y Compañía”. Los periódicos que dieron a conocer este hecho señalaban que se trataba de una empresa con capital suficiente, buenos elementos técnicos, talento artístico y mucho entusiasmo.
En la tesis citada, García señaló que “la compañía empezó a filmar el guion de Mimí Derba En Defensa Propia, un melodrama que pretendía imitar a las películas italianas, pues contenía muchos de sus ingredientes. Y es que las pretensiones de la Azteca constituían un riesgo tal que para ellos no había otra opción que triunfar a como diera lugar, cuidando no malgastar el dinero y emprendiendo películas no de interés local sino de asunto internacional como lo era pretendidamente En Defensa Propia se entrenó en julio de 1917. Poco después presentaron “Alma de Sacrificio”, más tarde “La Tigresa”, donde Derba fue la directora del filme
Pese a su esfuerzo, algunas buenas críticas, el gusto de actuar para el cine y la gran experiencia obtenida, Rosas y Derba no consiguieron vender sus películas como lo habían soñado. Dejaron muchos proyectos pendientes, empezaron a enfrentar problemas económicos y algunos conflictos personales. Azteca Films tuvo que darse por vencida. Rosas se quedó con lo que sobrevivió de la empresa y Mimí prefirió regresar al teatro, aunque nadie le quitaba el orgullo de haber apostado a producir cine, dirigir una película, escribir el argumento de otra y actuar en ese nuevo medio de comunicación. No dejó de escribir ni de presentarte en teatros del país, España y en algunos lugares del extranjero, entre ellos Nueva York. Incluso, llega a trabajar con María Conesa, otra gran tiple mexicana.
Sin embargo, el cine ya estaba dentro de su alma artística, por lo que regresó a la pantalla grande. Así, participó en la primera película sonora mexicana, Santa. Su personalidad provocó que representara papeles de mujeres de alta aristocracia, vestir elegante, modales finos, pero carácter fuerte y con cierto poder de decisión. Tal fue la fuerza de su carisma en esos roles que Jorge Negrete exigía que en cualquier filme donde él actuara la única que podía representar a su madre era Mimí Derba. Participó en un número significativo de películas con los mejores directores del cine de oro mexicano, de 1931 a 1953, año en que murió. Julio fue el mes que la vio nacer y morir, la fecha de su fallecimiento fue el día 14.
Mimí Derba pionera destacada de las mexicanas que hicieron cine y se atrevieron a dirigir una película, pese a todos los prejuicios de la época.
SemMéxico, Cd. de México, 9 de julio 2025.- Mayra Martínez Escobedo a punto de prescribir la denuncia que interpuso por violencia familiar en el 2021 pide a la Procuraduría de la Defensa de la Mujer en Acapulco que le dé seguimiento a su juicio en el tercero familiar sobre la disolución de bienes, ya que actualmente está sin trabajo y tiene un certificado de discapacidad por columna y una afección en los dos ojos.
Lo que quiere es poder continuar con su trabajo es experta en ventas pero ahorita no tiene dónde vivir porque debe 4 meses de renta.
Denunció a su ex marido Daniel Zubillaga Luna, en la agencia especializada en delitos sexuales y violencia familiar (doloso) del distrito judicial Tabares de Acapulco, Guerrero, por violencia física, verbal y psicológica.
Durante 20 años de matrimonio, Mayra fue sometida a maltrato físico, económico y psicológico. En ese mismo tiempo, procreó a una niña y un niño que ahora tienen 23 y 21 años, respectivamente.
Mayra Martínez se divorció haciéndose cargo de los pagos del trámite de ese servicio, obteniendo una sentencia a su favor, pero su ex marido se negó a darle pensión, indemnización y la parte correspondiente de los bienes adquiridos durante su matrimonio.
Debido a la denuncia interpuesta por violencia familiar se inició una carpeta de investigación 12030270100947300521 en contra de Daniel Zubillaga Luna.
Solicita que la atienda Delia Figueroa delegada de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de la Mujer y Armanda García, directora de Jurídico, ya que en 2021 si la atendieron cuando se hizo pública la denuncia.
También informa que en ese tiempo Eduardo Bello director de Bienestar a petición de las funcionarias le prometió un apoyo que nunca le entregaron.
También señala en los hechos que el 7 de junio del 2021, mediante Facebook, Mayra comunicó que acababa de solicitar informes a la Fiscalía General de Guerrero, respecto a su caso de tentativa de homicidio y violencia intrafamiliar incluyendo a sus hijos, siendo avisada que ya se iba a notificar a su ex esposo, Daniel Zubillaga Luna, pero al salir de las instalaciones, un policía la increpó para decirle que le firmara de enterada por una denuncia que su agresor puso en su contra el 15 de mayo.
Incluso, el policía le sentenció que de no firmar, habría consecuencias en contra ella. El 4 de junio Mayra Martínez de 48 años de edad fue sacada de su domicilio por un policía sin presentar ninguna orden, más que tener el encargo de su jefe, porque es amigo de Daniel Zubillaga Luna, el agresor, y fue llevada a los separos donde le pidieron 800 pesos para dejarla en libertad. También documentó que el policía que la sacó de su domicilio es amigo de su esposo y del Coordinador de la Policía
Antes de que el policía la sacara del domicilio, Mayra fue golpeada por su marido, anteriormente, hace cuatro años la golpeó y le provocó fractura en la mandíbula por lo que tuvo que ser hospitalizada, pero a petición de los hijos le otorgó el perdón a su entonces marido.
SemMéxico, Cd de México, 9 de julio 2025.-El actual ambiente de guerra, podría continuar varios años más, o de plano formar ya parte de nuestra nueva realidad internacional. Lo anterior nos debería poner a pensar en encontrar nichos de mercado para proteger los recursos económicos y salvar el patrimonio familiar. De acuerdo con un análisis de Dinero.mx, existen 5 opciones de inversión segura donde los mexicanos pueden acudir a tener su dinero en caso de una posible nueva guerra, que le permitiría generar recursos, si no cuantiosos sí interesantes.
Al respecto, Alejandro Sena, director general de Dinero.mx, señala que “las inversiones en tiempos de guerra varían según el contexto, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial los inversores fijaron sus metas en la industria de defensa y producción de municiones; en la Guerra Fría la inversión se enfocó en el sector armamentista y la exploración espacial; y en las Guerras del Golfo el petróleo se volvió la mayor inversión”.
Por el momento, creemos que los metales preciosos son una buena opción. En efecto, cuando se piensa en invertir en algún metal lo primero que se viene a la mente es el oro, y es que históricamente ha sido un activo refugio que no pierde su valor pese a momentos de crisis económica, política o volatilidad del mercado, esto debido a que el oro siempre mantiene una demanda constante, por su uso en la industria y joyería, además que puede venderse en cualquier lugar y momento por lo que se obtendrá liquidez sin problema.
Pero el oro no es la única opción. En la actualidad existen otros metales preciosos que están generando una gran demanda, tal es el caso de la plata que el año pasado logró aumentar su valor casi un 45%.
También están las divisas y bonos. Algunas opciones se vuelven refugios seguros en época de conflictos bélicos y en la coyuntura actual las monedas como el yen japonés y el franco suizo se han vuelto muy atractivas. Asimismo, los bonos emitidos por los gobiernos de Alemania, Japón y Australia son los más sólidos actualmente. Los Cetes también son una opción confiable sobre todo porque muchos mexicanos comprenden cómo funciona este tipo de inversión.
Las criptomonedas también forman parte de otra opción. Ante la incertidumbre algunas personas han optado por refugiarse en criptomonedas, de hecho, han presentado un aumento de interés al grado de que algunos inversionistas las consideran como refugio alternativo frente al sistema financiero tradicional. Esto también se deriva del respaldo que el Senado estadounidense decidió otorgarle a estas criptomonedas divisas tras la regulación sobre “stablecoin”.
Pese a la época de incertidumbre que estamos experimentando, existen algunos sectores que se encuentran ganando mucha fuerza, y no solo se trata de la industria de defensa, sino de sectores como la inteligencia artificial, los semiconductores, las Fintech, la salud metabólica, la automatización industrial, entre otras, de acuerdo con el Grupo Bursátil Mexicano. Petróleo y materias primas. Otra opción confiable son las algunas materias primas agropecuarias tales como la carne de res, los lácteos, el maíz, el arroz, el trigo, la soja, así como metales industriales como el aluminio y cobre. De igual forma el sector energético como el petróleo y el gas natural se vuelven muy codiciados y un refugio contra la inflación.
En fin, Alejandro Sena, finaliza diciéndonos que “en época de conflicto internacional se debe mantener una estrategia de inversión flexible que se adapte fácilmente a los cambios, así como mantener un enfoque de diversificación, pero sobre todo es importante tomar decisiones informadas para comprender las características de un mercado financiero en tiempos de guerra”.
SemMéxico, Cd de México, 9 julio 2025.- En tiempos del neoliberalismo se sabía que el huachicol lo operaba el sindicato petrolero. Y el gobierno en turno lo dejaba correr, porque lo sabía acotado y bajo control, como una compensación de sus líderes.
El huachicol era una especie de cobro de piso de líderes que así garantizaban que no hubiera daños a la red de ductos ya la infraestructura de la paraestatal. El arreglo partía de que nadie conoce mejor la red de ductos y la maraña de refinerías que los propios petroleros.
Y además dentro del gremio operaba como una especie de cascada de beneficios de lo mal habido que llegaba desde la cúpula hasta el último de los trabajadores.
Todos eran ricos. La envidia de los otros sindicatos.
En ese largo período, desde la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas hasta la llegada de Andrés Manuel López Obrador en 2018, el robo de combustibles era cuantioso, pero no sin límites como lo es ahora en tiempos de la 4T.
Con la expulsión convenida de Carlos Romero Deschamps, y el sometimiento de su grupo a través de, se afirma, un cuantiosísimo moche en dinero y especie (aviones, yates, casas y edificios del líder petrolero), grupos ligados a Mario Delgado y otras corrientes, personajes y familiares de lo más alto de la 4T, entraron al saqueo de combustibles a Pemex.
En los 6 años de AMLO aquello fue más que jauja .
Con la llegada de Omar García Harfuch a Seguridad Federal, el impune negociazo comenzó a desmoronarse.
EN COAHUILA, EL GOLPE MAS IMPORTANTE
A inicios de esta semana, y bajo el mando de García Harfuch, la Guardia Nacional junto a elementos de Defensa y Marina tomaron el control de 129 carrotanques de ferrocarril con 15 millones de litros de diésel, gasolina y destilado de petróleo de procedencia ilícita.
Aparentemente abandonados, a 14 kilómetros de una estación de ferrocarril en Ramos Arizpe y Saltillo se encontraron 33 carrotanques con 3 millones 960 mil litros de hidrocarburo.
En la estación de ferrocarril de Saltillo había otros 96 carrotanques con 11 millones 520 mil litros de hidrocarburo.
En documentos aparece la empresa Ingemar, con oficinas en la CiDMX.
La documentación encontrada indica a las empresas Belar Fuels, con asiento en Corpus Christi, Texas y Lambrocar, dedicada a la comercialización de hidrocarburos, con sede en Houston, Texas como socias de otras en San Luis Potosí, Monterrey y Querétaro.
Los 15 millones de combustible estaban destinados a Industriales Fundentes, localizadas en Saltillo, Coahuila.
La embajada de Estados Unidos en México encabezada por el exagente de la CIA Ronald Johnson , aplaudió en sus redes sociales este golpe al huachicol.
En varios operativos realizados en los 9 meses del sexenio de Claudia Sheinbaum su secretario de Seguridad Omar García Harfuch ha logrado recuperar unos 70 millones de litros de combustible y ha desarticulado redes del huachicol en los estados de Coahuila, Estado de México, Jalisco, Hidalgo, Querétaro, Tabasco y la CDMX.
En marzo logró además la captura de dos barcos repletos del llamado huachicol fiscal en puertos de Baja California y de Tamaulipas.
Informes indican que Pemex sufrió el daño de combustibles durante 2024 por más de 20,000 millones de pesos,
En los primeros 9 meses del sexenio de Claudia Sheinbaum se han decomisado incautados y recuperado unos 70 millones de litros de huachicol, reveló García Harfuch al Gabinete la mañana de 8 de julio.
Al ser informada de este golpe en Coahuila, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que su gobierno irá “hasta donde tope contra el huachicol y sin proteger a nadie” y anunció que ya casi inicia un operativo en que se colocará un código QR en cada pipa y carro de ferrocarril que transporta combustible, para saber de dónde proceder ya donde va ese combustible, quién lo transporta, y qué permisos tiene.
Hay indicios de que parte del huachicol es operado por los cárteles de Santa Rosa, La Barredora y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Pese a lo exitoso de estos golpes, los operativos no han derivado en la captura de las cúpulas del huachicol. Cómo si la orden fuese quitarles solo la pelota a los goleadores de Pemex. ¿Será que esos jugadores son los grandes personajes de la 4T?
ANALIZARÁN AVANCES DESDE EL SENADO
Un grupo plural de senadores de todas las bancadas participante en la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030, encabezada por la exgobernadora de Zacatecas y senadora por MC Amalia García , para realizar dos foros en que se analizarán los avances de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en México, establecidos por la ONU para atender los desafíos globales como la erradicación del hambre y la pobreza.
La senadora García indicó que el primero de esos foro se llevará a cabo el 19 de agosto en el Senado de la República, bajo el título: »Sin Dejar a Nadie Atrás: México hacia la Justicia Social 2030”, y centrado en las acciones para eliminar la pobreza y la reducción de las desigualdades, así como en las alianzas para lograr estos objetivos.
En este encuentro participarán académicos y especialistas de la UNAM, el Colegio de México, la UAM, el Tec de Monterrey, la Universidad Iberoamericana, el CIDE, la Universidad de Guadalajara, el Colegio de la Frontera Norte, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y la asociación civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza así como los propios senadores.
El segundo foro indicó que la senadora García denominada: “Retos Económicos y Alianzas Estratégicas ante un Nuevo Escenario Global”, se realizará en la Universidad Autónoma de Coahuila, campus Saltillo, y asistirían integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030.
Colectivos colocaron en 2023 un tendedero frente a Palacio Nacional para exhibir a deudores / Foto: Victoria Valtierra / Cuartoscuro.com
Las carpetas de investigación por no pagar la pensión alimenticia se duplicaron en los últimos seis años.
SenMéxico/El Sol de México, 9 de julio 2025.- En los últimos seis años, las denuncias contra deudores alimentarios casi se duplicaron en la Ciudad de México, de acuerdo con datos de la Fiscalía capitalina.
Las carpetas de investigación por incumplir las obligaciones alimentarias, lo cual es un delito, pasaron de 530 en 2019 a mil 35 en 2024, siendo ese el año que más denuncias se presentaron. Mientras que del 1 enero al 3 de mayo de 2025 ya suman 392.
Diana Luz Vázquez Ruiz, impulsora de la Ley Sabina, consideró que este aumento se debe a que las mujeres han perdido el miedo a denunciar y gracias al movimiento que surgió en 2021 para visibilizar la violencia económica que enfrentan por parte de sus parejas.
“Esto tiene que ver con la incidencia pública y la incidencia política que hemos ido teniendo desde 2021 que iniciamos muy fuerte con el movimiento de los tenedores de deudores alimentarios, con visibilizar los nombres y sobre todo los rostros de estos hombres que adeudan la pensión alimenticia”, expresó.
Resaltó que esto ha motivado a las madres a denunciar, además de que ahora cuentan con mayor información y herramientas para que conozcan el proceso y logren que se sancione al deudor alimentario.
La activista recomendó a las mujeres interponer la demanda civil e iniciar el proceso penal, ya que hasta hace unos años sólo denunciaban por la vía civil, por lo que no los deudores no se sentían obligados a cumplir.
“Yo sugiero siempre a las mamás que la realicen por las dos vías, es decir, que por un lado realicen la demanda civil familiar en los juzgados familiares, pero al mismo tiempo la judicialización o el proceso penal.
“Muchas mamás no saben esto y lo que hemos visto es que, desde el carácter civil familiar, los señores son omisos o pueden alargar los procesos, pero cuando se trata de un carácter penal y los denunciamos ante el Ministerio Público, lo toman en serio”, explicó.
Detalló que la Ley Sabina tardó más de tres años en aprobarse, igual que la publicación de la lista de deudores, por lo que es un acto de justicia para las madres de la Ciudad de México y el país.
“Fueron más de tres años de lucha constante, de salir con los tendederos cada mes en todas las entidades y ha sido algo muy insistente y también que las mujeres de los medios y otros espacios nos han ayudado a difundir, a no perder la agenda, a estar en la conversación pública”, subrayó.
El 21 mayo de 2024, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley Sabina, que consiste en una serie de reformas para sancionar a hombres que abandonen a sus parejas embarazadas y que no quieran hacerse cargo de los gastos alimentarios de sus hijos. Entre ellas, destaca la publicación de la lista de deudores alimentarios y una pena de dos a seis años de prisión.
El mes pasado, el gobierno capitalino publicó la Lista de Deudores Alimentarios, en la cual aparece su nombre y CURP, con el objetivo de que no se mantengan en el anonimato y sirva como una forma de presión para que se hagan responsables
Este registro tiene un carácter preventivo por un lado y por otro lado, claro que también sancionador, que se les restrinjan derechos a estos señores, que todavía nos hace falta abrir esa cartera para irles restringiendo derechos
CURP con marca de deudor alimentario
Vázquez Ruiz dijo que, aunque aún falta mucho para llegar a una completa justicia para las infancias, este tipo de avances legales ayudan a que se acorten las oportunidades de los deudores alimentarios para incumplir con sus obligaciones.
Explicó que propondrán al Congreso una iniciativa de ley para que el CURP o documentos oficiales se impriman con una marca que indique que es un deudor alimentario.
“Todavía nos falta mucho, nos gustaría hacer esta petición desde el legislativo como propuesta de ley, de que al momento de imprimir el CURP se le ponga que es deudor alimentario”, anunció.
Recibe más de 75 nuevas recomendaciones de la CEDAW más las 209 no cumplidas
ONU lamenta la debilidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, poniendo en riesgo los de las mujeres
Alicia Castellanos y Sara Lovera
SemMéxico, Cd. de México, 8 de julio, 2025.- México recibió este lunes cerca de 75 nuevas recomendaciones del comité de expertas de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW para cumplir con la igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres, corazón de la Convención a las que se suman a las no cumplidas o parcialmente cumplicas que son 209 desde 2018, lo que profundizó la violencia contra las mujeres, la discriminación y la pérdida de garantías de respeto a los derechos humanos.
Las nuevas recomendaciones están centradas en la falta de una visión integral de la condición de las mexicanas, en todos sus aspectos, la limitada capacitación en género a funcionarios de todos los órdenes, la escasa justicia para las mujeres, dice, hoy en riesgo ante la pérdida de autonomía del poder judicial y la militarización e instó al Estado a reconocer como defensoras de los derechos humanos a las madres buscadoras, a las defensoras civiles y a las periodistas.
Llamó al Estado a incorporar a la sociedad civil en todos los planes, programas y medidas a favor de las mujeres, porque están marginadas. Consideró insuficiente la política de género en todos los rubros, a pesar de que México avanzó en la legislación, no hay transparencia, por ejemplo en el uso de recursos.
Le recordó el Estado Mexicano el escaso cumplimiento a las recomendaciones generales del comité de la CEDAW, especialmente para las mujeres indígenas, campesinas, afrodescendientes, trabajadoras sexuales, discapacitadas, trabajadoras y migrantes.
Afirmó que persiste la discriminación porque no se ha atendido el cambio en los contenidos de los medios de comunicación, persisten los estereotipos, porque entre otras cosas en el sistema educativo nacional no se ha transversalizado el respeto y promoción de los derechos humanos.
Consideró el comité que los cambios legislativos, importantes y plausibles para la igualdad, no tendrán significado si no se aplican eficientemente. Preocupa que la igualdad sustantiva, ahora en la Constitución, no se aplique; lamentó que no haya recursos para crear el Sistema Nacional de Cuidados.
Lamentó y recomienda que con urgencia se tomen medidas para realmente promover la paz, ahora situada en comités informales. El Comité de Expertas, en un documento de 19 folios, tras el décimo periodo de rendición de cuentas los días 17 y 18 de junio, lamentó que persista el matrimonio forzado, especialmente en áreas rurales; la ineficiencia para aplicar la promisión y autonomía económica de las mujeres; la escasa difusión de los derechos garantizados en la CEDAW, leyes sin aplicación que impiden la incorporación de las mujeres en el desarrollo del país.
Advirtió que las nuevas recomendaciones deberán cumplirse en los próximos 4 años y lamentó la inconsistencia de la protección y seguridad de las mujeres, entre otras cosas, por la debilidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos garante constitucionalmente de la políticas de género y la reducción de presupuesto en las áreas críticas de salud sexual y reproductiva. Llamó a despenalizar el aborto en todo el país.
Lamentó la desaparición del Seguro Popular, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales INAI y planteó medidas urgentes para para proteger a las defensoras de derechos humanos.
Conminó al Estado de Mexicano a atender las recomendaciones que cada 4 años surgen en la CEDAW, sin dejar de reconocer “los esfuerzos”, planteó que éstos tienen escasos resultados en su aplicación.
En la lectura de las recomendaciones y observaciones se destacan 4 centrales: definir el papel de la nueva Secretaría de las Mujeres; fortalecer el aparto de justicia ante la sospecha de su improvisación; fortalecer la difusión de los derechos de las mujeres y el diálogo con la sociedad civil.
México recibió cerca de 75 nuevas recomendaciones: resumen
El Comité destaca el papel crucial del poder legislativo para garantizar la plena implementación de la Convención e invita al Congreso de la Unión de México, a adoptar las medidas necesarias para la implementación de las presentes observaciones finales desde ahora hasta la presentación del próximo informe.
Recomienda que se continúe armonizando la legislación penal en los niveles federal y estatal para garantizar la aplicación coherente de protocolos sensibles al género y abolir los procedimientos penales abreviados en los casos de violencia de género contra mujeres y niñas, incluido el feminicidio; revise el uso de la prisión preventiva obligatoria, especialmente contra s los grupos vulnerables de mujeres, incluidas las indígenas, las pobres y las que se dedican al trabajo sexual, y garantice la presunción de inocencia y su derecho a la libertad y la seguridad personales.
Urge a adoptar medidas prácticas para garantizar el acceso a la justicia para las mujeres, asegurando la provisión de medidas de accesibilidad, en lenguas indígenas, y garantizando el acceso a la justicia para las mujeres legalmente incapaces. El Comité observa que, en el contexto de la reforma judicial en curso, se ha anunciado la capacitación y la evaluación del desempeño de los jueces electos; sin embargo, le preocupa que esto pueda no ser suficiente y que la independencia judicial y la capacidad para garantizar la transversalización de género en la tramitación de los casos y la justicia puedan verse afectada.
Recomienda que se fortalezcan los mecanismos de capacitación y evaluación del desempeño de los jueces electos para asegurar la estricta aplicación de las disposiciones del derecho penal en casos de feminicidio, esterilización forzada y desaparición forzada de mujeres, aborde el sesgo judicial de género y continúe priorizando la capacitación sistemática sobre los derechos humanos de las mujeres, con especial atención a las mujeres indígenas, afromexicanas, lesbianas, bisexuales, transgénero, intersexuales (LBTI)y a las personas con discapacidad.
Resumen en español de las Observaciones Finales del Comité CEDAW sobre México (CEDAW/C/MEX/CO/10):
Aspectos positivos
El Comité felicita a México por la histórica elección de su primera mujer presidenta, un hito significativo a nivel nacional y regional.
Reconoce avances legislativos desde 2018, como:
La reforma constitucional de 2024 que consagra el derecho a la igualdad sustantiva y una vida libre de violencia.
La penalización de las terapias de conversión, la violencia vicaria y la ciber violencia.
Reformas al Código Penal y leyes civiles que fortalecen el acceso a la justicia, en particular para mujeres indígenas, con discapacidad o en situación de violencia.
La reforma «3 de 3 contra la violencia», que impide a agresores ocupar cargos públicos.
La reforma de «Paridad en Todo» y el uso de lenguaje inclusivo en leyes federales.
Celebra esfuerzos institucionales como:
La decisión de la Suprema Corte en 2023 que declara inconstitucional criminalizar el aborto a nivel federal.
La adopción del primer Plan de Acción Nacional sobre Mujeres, Paz y Seguridad.
El Programa Nacional para la Igualdad 2020–2024, la política exterior feminista, y la creación de grupos y comisiones para combatir la violencia de género y dar seguimiento a las observaciones de la CEDAW.
Principales áreas de preocupación y recomendaciones del Comité CEDAW para México:
Visibilidad de la CEDAW y sus recomendaciones
Aunque México ha tomado medidas para visibilizar la Convención, el Comité advierte que rara vez se aplica en tribunales.
Recomienda: más difusión entre las mujeres, especialmente en lenguas indígenas, e incorporar la CEDAW en la formación de jueces y autoridades.
⚖️ Marco legal y definición de discriminación
No existe una definición legal integral de discriminación que incluya formas indirectas, múltiples o interseccionales.
Se recomienda: reformar la legislación para incluir esta definición y fortalecer la Ley Federal contra la Discriminación para que sea efectiva y exigible.
☮️ Mujeres, paz y seguridad
Preocupación por la escasa participación de mujeres indígenas, afromexicanas y con discapacidad en políticas de paz.
Se recomienda: participación significativa de mujeres en mesas de paz, enfoque interseccional, mecanismos de rendición de cuentas claros y financiamiento adecuado.
⚖️ Acceso a la justicia
Persisten barreras legales, uso de procedimientos abreviados en casos de violencia de género y falta de accesibilidad para mujeres indígenas o con discapacidad.
Se recomienda: armonizar la legislación penal, eliminar la prisión preventiva obligatoria injustificada y garantizar acceso a la justicia con ajustes razonables.
⚖️ Reforma judicial
Preocupación por la independencia judicial y falta de enfoque de género en el tratamiento de casos.
Se recomienda: preservar la independencia judicial, mejorar requisitos para jueces, y capacitar en derechos humanos con enfoque en mujeres indígenas, afrodescendientes, LBTI y con discapacidad.
· Instituciones de igualdad de género: Preocupación por la independencia limitada de SEMUJERES, falta de consulta con sociedad civil, y acceso restringido a información pública tras la desaparición del INAI.
· Violencia de género: Persisten altos niveles de feminicidios, violencia digital, tortura sexual y violencia vicaria. Se cuestiona la militarización de la seguridad y la ineficacia de los protocolos de respuesta.
· Trata de personas y prostitución: Denuncian impunidad, corrupción policial, criminalización de la prostitución y falta de datos y reparación a víctimas.
Se recomienda implementar estrategias de protección específicas para mujeres en situación de vulnerabilidad (adolescentes, migrantes, indígenas, LBTI, afrodescendientes).
Fortalecer la coordinación contra redes criminales, sancionar a autoridades cómplices y eliminar la criminalización de mujeres en prostitución.
Mejorar servicios de atención integral (refugios, salud, apoyo legal) y recopilar datos desagregados.
🗳 Participación política y vida pública
Aunque hay paridad en el Congreso, persisten barreras estructurales.
Existen simulaciones en candidaturas y exclusión de mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales y con discapacidad.
Se recomienda establecer metas concretas, prevenir violencia política y asegurar paridad también en el servicio diplomático.
🆔 Nacionalidad y apatridia
A pesar del marco constitucional, hay dificultades para el registro de nacimiento y el acceso a documentos, sobre todo en comunidades indígenas, rurales o entre mujeres trans.
Se recomienda fortalecer los registros civiles y eliminar obstáculos para acceder a documentación.
📚 Educación
Persisten altos niveles de violencia de género en escuelas, especialmente universidades.
La deserción escolar por embarazo o violencia es alta y no hay protocolos vinculantes de reingreso.
Se denuncia la falta de educación sexual integral en varios estados y estereotipos de género en planes de estudio.
Se recomienda cerrar la brecha digital e incluir a niñas con discapacidad en entornos educativos seguros e inclusivos.
Empleo
El Comité reconoce la reforma laboral de 2019 que extendió protección a trabajadoras del hogar y programas públicos de cuidado infantil.
Sin embargo, señala que las mujeres enfrentan dificultades para acceder a protección social y laboral, dada su concentración en empleos informales o de medio tiempo, además de la brecha salarial de género persistente.
Hay oportunidades económicas limitadas para las mujeres, aumentando su vulnerabilidad a la dependencia económica, explotación, trata y trabajo forzoso, especialmente en grupos marginados.
La violencia y el acoso sexual en el trabajo son frecuentes, pero poco denunciados y con mecanismos de responsabilidad insuficientes.
Se carece de recursos adecuados para inspecciones laborales con perspectiva de género.
Recomendaciones:
Promover el acceso de las mujeres a empleos formales y a la protección social, asegurar igualdad salarial mediante auditorías y transparencia, y completar el desarrollo del sistema nacional de cuidados.
Crear programas de empoderamiento económico específicos para grupos marginados.
Implementar mecanismos independientes y confidenciales para denunciar violencia y acoso sexual laboral, proteger a las víctimas y responsabilizar a empleadores.
Fortalecer las inspecciones laborales con recursos humanos, técnicos y financieros adecuados y formación con enfoque de género.
Salud
Persisten altas tasas de mortalidad materna, violencia obstétrica y esterilización forzada, especialmente en mujeres indígenas.
La desaparición del Seguro Popular y su reemplazo por IMSS-Bienestar afectan desproporcionadamente a mujeres pobres, rurales, indígenas y con discapacidad.
Disminución de servicios preventivos y escasez de medicamentos esenciales, incluidos anticonceptivos y tratamientos oncológicos.
Mujeres son encarceladas por abortos en estados donde sigue criminalizado, a pesar de avances legislativos federales.
Acceso limitado a servicios sexuales y reproductivos, obstaculizado por estigma y requisitos injustificados de pruebas de violencia sexual.
Mujeres institucionalizadas, indígenas y con discapacidad enfrentan coerción y violencia obstétrica, pese a leyes que la prohíben.
Recomendaciones:
Garantizar cobertura universal de salud mediante un sistema nacional integral y bien financiado, con acceso asequible para grupos vulnerables.
Fortalecer servicios preventivos y asegurar medicamentos esenciales.
Revisar y cerrar casos legales contra mujeres por abortos, garantizar acceso efectivo y eliminar barreras y estigmas.
Eliminar la violencia obstétrica con aplicación estricta de la ley, capacitación especializada y mecanismos de rendición de cuentas.
Empoderamiento económico
Se valoran iniciativas como microcréditos y el desarrollo del Sistema Nacional de Cuidados.
Persisten barreras estructurales: pensiones desiguales, distribución desigual del trabajo de cuidado y escasa presencia femenina en cargos directivos.
Falta una estrategia nacional integral para facilitar créditos sin garantías, leyes de compras públicas con enfoque afirmativo y un banco dedicado al desarrollo de mujeres emprendedoras.
El Sistema Nacional de Cuidados no está completamente integrado en la política fiscal con presupuestos sensibles al género.
Mujeres rurales y afectadas por crimen organizado tienen pocas oportunidades económicas.
Recomendaciones:
Mejorar acceso a pensiones para mujeres mayores, ampliar servicios de cuidado infantil y exigir diversidad de género en cargos directivos con mecanismos de cumplimiento.
Desarrollar una estrategia nacional para el empoderamiento económico de mujeres, que incluya legislación, políticas afirmativas, un banco para mujeres y préstamos accesibles.
Integrar el Sistema Nacional de Cuidados en la política fiscal y adoptar un enfoque interseccional para atender a mujeres marginadas, incluyendo medidas reparadoras en contextos de desplazamiento o crisis económica.
Mujeres rurales
El Comité está preocupado porque las mujeres en zonas rurales siguen enfrentando discriminación sistémica para acceder a la propiedad de la tierra y recursos agrícolas. Señala con especial preocupación que:
(a) Las mujeres son excluidas desproporcionadamente de la propiedad de tierras en contextos agrarios comunales (ejidos), donde sistemas patriarcales de herencia y costumbres sociales les niegan el acceso igualitario a títulos de propiedad, además de su limitado acceso a asistencia legal asequible para reclamar sus derechos sobre la tierra;
(b) La tierra heredada por mujeres a menudo les es despojada por familiares o asambleas comunitarias, y la privatización de tierras ejidales mediante programas de certificación agraria pone en riesgo excluir aún más a las mujeres rurales de la titulación formal.
Recordando la recomendación general No. 34 (2016) sobre los derechos de las mujeres rurales, el Comité recomienda al Estado:
(a) Fortalecer medidas para asegurar el acceso igualitario de las mujeres a la propiedad y herencia de tierras en sistemas ejidales, mediante programas de asistencia legal focalizada, campañas de documentación y reformas agrarias con perspectiva de género;
(b) Eliminar prácticas discriminatorias en las asambleas comunales que impidan a las mujeres ejercer sus derechos sobre la tierra y asegurar que los programas de privatización incluyan salvaguardas con enfoque de género.
Mujeres que enfrentan formas interseccionales de discriminación
Mujeres indígenas y afro-mexicanas
El Comité toma nota de la reforma constitucional de septiembre de 2024 que reconoce a las comunidades indígenas y afro-mexicanas como sujetos de derecho público. Sin embargo, expresa preocupación porque las mujeres indígenas y afro-mexicanas: (a) Sufren significativa marginación económica, con un alto porcentaje viviendo en pobreza, participación mayoritaria en actividades informales sin seguridad social y sin acceso a créditos formales o documentación de propiedad de tierras;
b) Enfrentan barreras para acceder a servicios legales y de salud culturalmente apropiados;
(c) Permanecen invisibilizadas por la falta persistente de datos desagregados sobre violencia de género contra mujeres y niñas indígenas y afro-mexicanas, lo que dificulta estrategias culturalmente adecuadas para su prevención y atención.
Recordando la recomendación general No. 39 (2022) sobre los derechos de mujeres y niñas indígenas, y enfatizando la importancia de fortalecer la colaboración con organizaciones de la sociedad civil que promueven estos derechos, el Comité recomienda:
(a) Ampliar programas para promover su empoderamiento económico, incluyendo formalización laboral, acceso a protección social, crédito financiero y documentación de propiedad de tierras;
(b) Continuar fortaleciendo servicios de salud y justicia culturalmente adecuados mediante capacitación en enfoques interculturales, provisión gratuita de interpretación en lenguas indígenas y expansión de servicios móviles en zonas remotas; (c) Mejorar la recolección sistemática de datos desagregados sobre violencia de género contra mujeres indígenas y afro-mexicanas, y desarrollar mecanismos de prevención y reparación con su participación significativa.
Mujeres desplazadas, refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes
El Comité recuerda sus observaciones previas y expresa preocupación por la discriminación interseccional y violencia de género contra mujeres desplazadas internas, refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, así como su riesgo elevado de explotación, trata y secuestro. Se preocupa especialmente por:
(a) El aumento abrupto en la detención migratoria de mujeres, traslados forzados internos y abusos documentados cometidos por personal militar y civil;
(b) Barreras para la regularización y acceso a servicios de protección por demoras en emisión de documentos y la suspensión desde 2023 de permisos humanitarios de visitante;
(c) Que las barreras documentales aumentan la exposición a redes criminales y violencia de género severa;
(d) Diferencias en resultados de salud materna por obstáculos en acceso a servicios sexuales y reproductivos; (e) Baja efectividad en evaluaciones de impacto de género en políticas migratorias.
El Comité recomienda:
(a) Implementar alternativas a la detención para mujeres migrantes, eliminar traslados forzados y asegurar que la vigilancia migratoria sea realizada por personal civil capacitado y supervisado;
(b) Asegurar emisión oportuna e indiscriminada de documentos, restablecer permisos humanitarios y aplicar programas integrales de regularización; (c) Fortalecer esfuerzos para desarticular redes criminales que atacan a estas mujeres y mejorar medidas de protección en rutas migratorias;
(d) Eliminar barreras para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo para mujeres con discapacidad;
(e) Mejorar la efectividad de evaluaciones sistemáticas de impacto de género en políticas migratorias.
Mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales (LBTI)
El Comité está preocupado por la persistencia de violencia y discriminación de género contra mujeres LBTI a pesar de reformas recientes, y señala:
Que los homicidios por transfobia están criminalizados solo en CDMX y Nayarit, pero no a nivel nacional;
Que a pesar de una sentencia de la Suprema Corte en 2019, diez estados no han implementado procedimientos de reconocimiento legal de género;
Barreras para acceso a justicia y atención médica de afirmación de género, y discriminación en educación y empleo;
(d) Aplicación insuficiente de leyes contra delitos de odio.
El Comité recomienda:
(a) Adoptar legislación nacional contra delitos de odio que proteja a mujeres LBTI y asegurar su aplicación uniforme;
(b) Garantizar procedimientos administrativos de reconocimiento legal de género en todo el país y capacitar a funcionarios;
(c) Proveer capacitación integral sobre derechos de mujeres LBTI a funcionarios, asegurar acceso igualitario a justicia y salud, y eliminar estereotipos y discriminación en educación y trabajo;
(d) Fortalecer la recopilación sistemática de datos desagregados sobre violencia contra mujeres LBTI y monitorear la efectividad de la legislación protectora.
Mujeres y niñas con discapacidad
El Comité expresa preocupación por la discriminación interseccional que enfrentan las mujeres y niñas con discapacidad y la falta de políticas, servicios y medidas específicas para combatirla. Además señala con preocupación:
(a) La baja representación de mujeres con discapacidad en los órganos consultivos de la sociedad civil para el diseño y desarrollo de políticas públicas;
(b) La ausencia de procesos de evaluación y certificación de discapacidad con perspectiva de género, que afecta particularmente a mujeres indígenas y sobrevivientes de violencia de género, limitando su acceso a rehabilitación, protección social y atención médica, incluyendo salud mental;
(c) Las mayores tasas de violencia contra ellas, incluida violencia sexual en familias, instituciones y otros espacios cerrados y segregados;
(d) La persistencia de la institucionalización en centros psiquiátricos para mujeres con discapacidad psicosocial;
(e) La privación de la custodia de los hijos basada únicamente en la discapacidad de la madre.
El Comité recomienda que el Estado:
(a) Garantice la participación significativa de mujeres con discapacidad en órganos consultivos de sociedad civil para el diseño y desarrollo de políticas públicas, especialmente en igualdad de género y discapacidad;
(b) Desarrolle procesos de evaluación y certificación de discapacidad con perspectiva de género, accesibles para todas las mujeres, especialmente en zonas remotas y para sobrevivientes de violencia de género, asegurando acceso adecuado a rehabilitación, protección social y atención médica especializada, incluida la salud mental;
(c) Tome medidas integrales para combatir la violencia contra mujeres y niñas con discapacidad, fortaleciendo la detección, protección, atención a víctimas y acceso efectivo a la justicia;
(d) Garantice que los servicios de salud mental para mujeres con discapacidad psicosocial sean comunitarios, seguros y sensibles al género;
(e) Derogue leyes y políticas que permitan la pérdida de custodia de hijos únicamente por discapacidad de la madre.
Mujeres defensoras de derechos humanos y “buscadoras”
El Comité está preocupado por la escalada de violencia y ataques contra mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos (DDHH) en el país.
Manifiesta alarma por:
El alto número de defensoras de DDHH y periodistas asesinadas, agredidas o desaparecidas;
(b) Que enfrentan amenazas, violencia física, vigilancia, ataques digitales y criminalización, en buena parte cometidos o tolerados por actores estatales; (c) Las graves deficiencias en los mecanismos oficiales de protección, y que estas mujeres sufren ataques incluso estando bajo medidas de protección.
Recomienda al Estado:
(a) Fortalecer el Mecanismo de Protección para Defensoras de Derechos Humanos y periodistas con evaluaciones de riesgo con perspectiva de género e interseccional, garantizar financiamiento adecuado y coordinación efectiva entre instituciones federales y estatales;
(b) Investigar de manera pronta, exhaustiva e imparcial todos los ataques, garantizar la efectiva investigación y enjuiciamiento de responsables, y reparaciones integrales para las víctimas;
(c) Atender las deficiencias graves en los mecanismos de protección para asegurar su efectividad y prevenir ataques, incluso cuando las defensoras estén bajo protección.
El Comité manifiesta particular preocupación por la situación de las “buscadoras”, en su mayoría mujeres (madres, hijas y esposas) que buscan personas desaparecidas. Señala que la violencia y discriminación que enfrentan es persecución de género que refuerza estructuras patriarcales, manifestada en desdén institucional, desánimo e incredulidad basados en estereotipos sobre la credibilidad y roles de las mujeres. Manifiesta alarma porque su labor no se reconoce como defensa de derechos humanos, creando barreras a mecanismos de protección a pesar de iniciativas de verdad y justicia, y que la crisis de desapariciones forzadas coincide con creciente violencia letal contra ellas.
Recomienda que el Estado:
(a) Reconozca formalmente a las “buscadoras” como una categoría especial de defensoras de derechos humanos, estableciendo estándares mínimos nacionales para su definición y medidas de protección, asegurando protección mínima uniforme en todos los estados y extendiendo a ellas los mecanismos de protección para defensoras;
(b) Establezca sistemas de recolección y monitoreo de datos para identificar patrones de violencia y necesidades de protección;
(c) Implemente medidas de protección sensibles al género que aborden la naturaleza de género de la violencia que enfrentan;
(d) Cree programas de reparación con enfoque de género que reconozcan a las “buscadoras” como víctimas de diversos tipos de violencia, incluyendo atención adecuada de salud mental y apoyo psicosocial para mitigar impactos psicológicos por la incertidumbre prolongada sobre sus familiares desaparecidos y prevenir la victimización secundaria;
(e) Asegure la inclusión sistemática de las “buscadoras” en procesos de búsqueda de verdad y conmemoración.
Cambio climático y reducción del riesgo de desastres
El Comité acoge con satisfacción el Plan Nacional de Acción sobre Género, Derechos Humanos y Cambio Climático de 2024, pero expresa preocupación porque el cambio climático y la degradación ambiental afectan desproporcionadamente a las mujeres, en especial rurales e indígenas, quienes enfrentan mayores vulnerabilidades por su dependencia de recursos naturales, acceso limitado a la propiedad de la tierra, exclusión de procesos decisorios climáticos, y efectos adversos como desastres naturales, pérdidas de cosechas, inseguridad alimentaria y de agua.
Recordando recomendaciones generales No. 34 (2016) sobre mujeres rurales y No. 37 (2018) sobre género y reducción del riesgo de desastres, recomienda al Estado asegurar la participación significativa de mujeres, especialmente rurales e indígenas, en políticas y programas de adaptación climática y reducción del riesgo, y fortalecer su acceso a medios de vida resilientes al clima, sistemas de alerta temprana y recursos para recuperación post-desastre.
Matrimonio y relaciones familiares
El Comité expresa preocupación por prácticas discriminatorias en procesos judiciales familiares, señalando:
(a) Que se aplican rutinariamente procedimientos de mediación y conciliación en casos de violencia doméstica, lo que revictimiza, normaliza abusos y genera impunidad;
(b) La persistencia de uniones informales de niñas menores de 18 años, sobre todo en zonas rurales e indígenas, pese a prohibiciones legales, y reportes de que a veces son intercambiadas por dinero o bienes que podrían constituir trata; (c) La falta de información y datos para monitorear estas uniones; (d) La insuficiente capacitación y conciencia de autoridades locales sobre igualdad de derechos de las mujeres en relaciones familiares.
Recomienda al Estado:
(a) Prohibir la mediación y conciliación en casos de violencia doméstica en tribunales familiares;
(b) Hacer cumplir la prohibición de matrimonio y convivencia de niñas menores de 18, perseguir uniones forzadas o coactivas, y considerar crear un registro nacional para monitorear uniones tempranas e informales;
(c) Armonizar y monitorear la implementación de leyes familiares en todos los niveles jurisdiccionales para evitar prácticas discriminatorias;
(d) Proveer capacitación adecuada a autoridades locales sobre igualdad de derechos en relaciones familiares.
Recolección y análisis de datos
El Comité valora los esfuerzos del Estado para recolectar datos desagregados para el diseño de políticas a nivel federal, estatal y local, pero expresa preocupación por dificultades persistentes en la desagregación, comparación entre estados y accesibilidad pública de datos en formatos accesibles, especialmente en violencia contra mujeres, trata y situación socioeconómica de mujeres marginadas.
Recomienda continuar fortaleciendo sistemas de recolección de datos mediante indicadores estandarizados en todos los estados para medir violencia de género y trata, mecanismos obligatorios de reporte de datos desagregados, y evaluaciones periódicas de calidad para asegurar precisión y comparabilidad que apoyen políticas basadas en evidencia y presupuestación con perspectiva de género.
SemMéxico, Cd. de México, 7 de julio, 2025.- El próximo año, según Saúl Téllez Hernández, vicecoordinador económico del grupo parlamentario de Acción Nacional, desaparecerán 347 programas presupuestales en relación con 2025, lo que afectará principalmente a los sectores de infraestructura y salud.
Preocupa la reducción de estos programas como parte de las medidas de austeridad, ya que afectarán la política de igualdad de género y la salud de mujeres y niñas. Según los panistas, el proyecto de presupuesto para 2026 privilegia el gasto militar.
Hay que recordar que, desde 2019, uno de los programas más golpeados por la 4T ha sido el de Salud Materna, Sexual y Reproductiva, con impactos demoledores en la vida de niñas y adolescentes. Estoy convencida de que esta es una de las causas por las que no ha disminuido, como se esperaba, el embarazo infantil, ni tampoco las altas tasas de mortalidad materna.
Solo en 2024 hubo 7 mil 975 nacimientos cuyas madres tenían menos de 14 años, según la Secretaría de Salud. Es un reflejo de la extendida normalización del abuso y la violencia sexual contra menores.
Llama la atención la ausencia de políticas focalizadas, cuando esta administración cuenta desde hace una década con información, diagnóstico, contexto, rutas de actuación y comités. Se reconoce, además, que las niñas/madres ven detenido su desarrollo personal, social y educativo.
Por eso, la reestructuración prevista en el presupuesto de 2026 es un dato alarmante.
Cobra un sentido aún más preocupante cuando, en estos días, se dio a conocer información oficial detallada sobre 30 casos de niñas embarazadas, cuyos padres tienen hasta 30 años más que ellas; casos que se registran en todo el país.
La información generó una reacción de indignación en redes sociales, medios de comunicación y colectivas de mujeres. El impacto fue tal que, el 4 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no desmintió los hechos y ofreció investigar. Calificó los casos como delitos y anunció que los hospitales están obligados a notificar al Ministerio Público sobre cada embarazo infantil; además, señaló que estos 30 casos serán investigados.
Me pregunto: ¿todos los nacimientos de niñas/madres serán judicializados? En lugar de cumplir con acciones integrales previstas en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), vigente desde el 15 de enero de 2015. ¿Se desestimó esa estrategia? Tras una década, la evidencia muestra que no se logró revertir este ominoso fenómeno.
Fue la ENAPEA la que estableció la relación entre el embarazo de niñas y el abuso y la violencia sexual, derivados de uniones infantiles y matrimonios forzados. Planteó erradicar el embarazo infantil para 2030, coordinar acciones de ocho dependencias y trabajar con las adolescencias.
Los estados con mayores tasas de nacimientos en menores de edad son Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
En 2015 se contabilizaban más de mil embarazos tempranos por año. Ahora, el promedio supera los tres mil. La estrategia identificó como focos de atención las zonas indígenas y empobrecidas, incluso donde se reporta la venta de niñas.
Para la presidenta de la República, “esto no es necesariamente así”, insinuando que se trata solo de usos y costumbres.
Las colectivas feministas exigen que los embarazos infantiles se traten como alertas de violencia de género y se activen los protocolos de atención, protección y justicia. Piden también que las políticas públicas estén debidamente coordinadas.
Por eso, una reestructuración presupuestal como la que advierte el PAN asusta y alerta. Amenaza con más recortes para la prevención de la violencia de género.
México ocupa el primer lugar mundial en embarazo infantil, según la OCDE. Hay conciencia sobre la violencia intrafamiliar; sabemos del abuso sexual, de la violación a los derechos humanos de la niñez. ¿Entonces? ¿Por qué judicializar y no cumplir con la ENAPEA? Veremos.
Periodista. Editora de género en la OEM y directora del portal informativo semmexico.
Las omisiones del gobierno han hecho más frecuente, cruenta y descarada la violencia contra mujeres y niñas
126 adolescentes, niñas-niños víctimas de homicidios dolosos en Sonora en dos años
Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Ciudad de México, 7 de junio, 2025.- Organizaciones de la sociedad civil emitieron diversas muestras de rechazo por el asesinato de tres niñas sonorenses, así como de su madre, y otros casos de violencia contra las mujeres en diversas entidades del país, por lo que exigieron justicia, dado que tragedia que evidencia fallas en nuestra capacidad para proteger a las mujeres y niñas.
Por otra parte, las colectivas de la entidad anunciaron hoy, que el próximo domingo habrá una marcha para exigir justicia para las cuatro víctimas, dijo a SemMéxico, Silvia Esquer Núñez, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), quien consideró que este hecho es una muestra más de un retroceso que vive Sonora.
La también informadora expuso vía telefónica que hoy, en conferencia de prensa, las colectivas exigieron que los gobernantes tomen su responsabilidad, porque aseguran no existe en la entidad una política pública de prevención, lo que ha favorecido “un caldo de cultivo” para que se incremente la violencia contra las mujeres, aunado a sus omisiones y actos de negligencia, “dejan todo a la suerte”, además de que es común que responsabilicen a las víctimas.
Sin embargo, en el caso de la madre y las tres niñas hay mucha solidaridad por parte de la población que está impactada por lo sucedido y también por parte de los medios de comunicación que han dejado de criminalizar y revictimizar a las personas en buena medida.
Sin embargo, la falta de respuesta de las autoridades a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, emitida el 20 de agosto de 2021 para los municipios de Cajeme, Empalme, Guaymas, Hermosillo, Nogales y San Luis Río Colorado, ha hecho más frecuente, cruenta y descarada la violencia.
Núñez Esquer dijo que aun cuando han existido asesinatos de personas menores de edad, se ha tratado de “daños colaterales”, sin embargo, con el caso de las niñas encontradas entre los matorrales en la comisaría Miguel Alemán por el Colectivo Buscadoras por la Paz, que dirige la activista Cecilia Delgado, es un caso inédito y muy doloroso.
Recalcó que en la entidad la política es hacer creer que la violencia contra las mujeres es mínima, incluso tratan de reducir los hechos a problemas familiares, no existen, reiteró, políticas públicas de prevención, ni tampoco tienen la convicción para operar mecanismos como las órdenes de protección o la alerta de violencia de género, “esta última no les gusta, la desechan”. Asegura que en su pretensión de contrarrestar la realidad inventan que hacen y han cambiado la narrativa, el discurso no es sobre la violencia y menos contra las mujeres, el discurso es sobre “pactos de paz”, señaló la defensora de derechos humanos.
Gobernador, presidente municipal: no traten de engañarnos: OCNF
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) a través de un pronunciamiento exigieron que se actúe con la urgencia que exige una masacre de esta magnitud y recuerdan que Sonora cuenta con una declaratoria de Alerta de violencia de Género para seis municipios, entre ellos el de Hermosillo, municipio al que pertenece la comisaría Miguel Alemán.
Con el título: Gobernador, presidente municipal: no traten de engañarnos, el OCNF refiere que el sábado 5 de julio fueron encontrados en el monte los cuerpos de tres hermanas, que estaban bajo un árbol, abrazadas y ejecutadas por arma de fuego, en el municipio de Hermosillo. Un día antes, el 4 de julio fue localizado el cuerpo de la madre de las niñas.
“Esta masacre coloca al estado de Sonora en la categoría de una sociedad sin ley, sin reglas, sin autoridades que cumplan el mandato constitucional de garantizar la integridad y seguridad de la sociedad en general, y de las mujeres y niñas en particular”, plantea el Observatorio.
El pronunciamiento sostiene que la violencia contra las mujeres y niñas se ha normalizado. Los asesinatos se multiplican sin consecuencias. Las desapariciones aumentan sin que haya búsqueda inmediata ni justicia. Los datos oficiales lo confirman: entre enero y mayo de 2025, se han registrado 40 asesinatos de mujeres en Sonora; sólo 4 se investigan como feminicidios, mientras que 36 han sido clasificados como homicidios dolosos.
Además, revela que persisten graves omisiones en la tipificación e investigación con perspectiva de género. Las desapariciones, las muertes violentas y los feminicidios no sólo no disminuyen: van en aumento. Lo más alarmante es la crueldad y la espectacularidad con la que se cometen, como si la impunidad fuera una garantía.
En un documento de dos hojas le recuerdan a la autoridad que “ya no nos basta con escuchar que «se investigará» o que «se buscará castigar a los responsables». Hoy el reclamo es directo: tomen con seriedad su papel como autoridades. No es solo responsable quien disparó, quien raptó o quien ejecutó.
También lo son quienes no previnieron, quienes no advirtieron a las comunidades sobre el riesgo, quienes no fortalecieron los mecanismos de protección y permitieron que la violencia feminicida avanzara sin freno.
Exigen justicia porque “las tres pequeñas lo merece, su madre lo merece. Las cuatro mujeres embarazadas asesinadas recientemente en Sonora lo merecen. Lo merecemos todas”.
Finalmente, le solicitan al gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño y al presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez que dejen de repartir culpas y asuman su responsabilidad, por lo que piden se fortalezca la Alerta de Violencia de Género con acciones concretas y que se evalúen los resultados y se activen protocolos reales de prevención, protección y justicia con perspectiva de género.
126 adolescentes, niñas-niños víctimas de homicidios dolosos
La mañana de este lunes,en entrevista para el programa Reporte100, en estéreo 100, Michelle Lucero, de la Fundación Nueva Generación Sonora, señaló que entre el 2022 y 2024 en esa entidad se habían reportado 126 víctimas de homicidios dolosos, todos menores de edad -niñas, niños y adolescentes-.
También explicó que 417 menores fueron víctimas de otros delitos como la privación de la libertad, en tanto 258 desaparecieron el año pasado y 127 en lo que va de este 2025.
Michelle Lucero sostuvo que estás cifras deberían alarmar a la sociedad sonorense y despertar esa desesperación para que las infancias empiecen a ser una prioridad para el gobierno y estén dentro de la agenda pública.
Fundación Nueva Generación Sonora
En un pronunciamiento, la Fundación Nueva Generación Sonora, calificó el crimen de las hermanitas en Hermosillo como “uno de los actos más dolorosos y crueles que hemos presenciado como sociedad”.
“Ninguna niña merece enfrentar un destino así. Ninguna madre merece ser víctima de esta violencia inhumana junto a sus hijas. Lo ocurrido es una tragedia que evidencia fallas en nuestra capacidad para proteger a las mujeres y niñas, y debe convertirse en un punto de inflexión que fortalezca, de una vez por todas, las acciones de prevención y protección”.
Sin titubeos, dice su pronunciamiento, exigen justicia, una investigación pronta y expedita, la detención de los responsables y que, una vez juzgados, reciban la pena máxima. No podemos permitir que estos crímenes queden impunes ni vuelvan a repetirse.
Denuncia trabajadora intento de tocamientos hacia ella
Fue despedida sin que se analizara la violencia de género que sufrió
Por Rocío Flores
SemMéxico/Oaxaca Media, Oaxaca, 7 de julio, 2025.- La Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca suma nueve denuncias por violencia de género, de acuerdo con la excoordinadora de esa institución Raquel Jiménez López, quien denunció públicamente la violencia laboral y de género por parte del Coordinador Académico, Eufemio Felipe Jiménez, así como parte de su equipo de la Coordinación Académica y del equipo de Rectoría.
En un documento digital la extrabajadora narró que el coordinador académico y parte de su equipo de forma sistemática minimizaron, menospreciaron e invalidaron su trabajo con el argumento de que no había realizado el tequio de tres años para asumir ese puesto y que fue impuesta por el Rector.
En su relatoría denunció también un intento de tocamiento hacia su persona, el cual estuvo acompañado de mensajes misóginos. Ante estos hechos, presentó una denuncia al Comité Mujeres Comunales el día 28 de marzo de este año, quien posteriormente realizó una reunión virtual para abordar el caso.
En dicha reunión, narra la extrabajadora, propuso un diálogo con el coordinador, que se realizaran talleres de concientización y que hubiera acompañamiento psicológico. A pesar de la importancia del tema, indica, nunca se le notificó el proceso o protocolo que se siguió para abordar la problemática con todos los involucrados.
“La violencia continuó, incluso se incrementó, por lo que escribí un segundo documento entregado el 23 de mayo al Comité de Mujeres Comunales en el que describe las acciones de acoso laboral por parte del Coordinador Académico, Eufemio Felipe Jiménez y Ana Cristina Camacho Benítez. La respuesta fue el despido, con el argumento de “que haberme quejado con el Comité de Mujeres Comunales hizo que se politizara el asunto”.
Raquel Jiménez López, relata que el día 2 de junio solicitó aclarar este despido, pero no fue respondido de forma escrita, sino que se realizó una reunión donde estuvieron los hombres que decidieron su despido, y el Comité de Mujeres Comunales. Sin embargo, no se trató el tema de la violencia contra ella sino, según el abogado, “temas relativos a la organización de la Coordinación Académica de la UACO”.
El tema de violencia y de acoso se desvió totalmente, señala. Los acuerdos que se tomaron en esa reunión es que seguiría colaborando para la organización de un Congreso durante el mes de junio. La posibilidad de que fuera aceptada en un posdoctorado en la UACO, y el compromiso de hacer un protocolo para atender los diferentes tipos de violencia hacia las mujeres.
En suma, ni se menciona que se abordó la problemática de violencia laboral y de género, ni los mecanismos de reparación de daños hacia la víctima, ni los mecanismos para evitar que siga reproduciendo la violencia de género y laboral en la Coordinación Académica.
Para Raquel Jiménez, los documentos emitidos tanto por el abogado como por Sebastián Espina demuestran una clara intención de ocultar la violencia laboral y de género a la cual fue sometida “una total ignorancia de cómo abordar temas de violencia de género y una falta de conocimiento y de interés por crear mecanismos de solución de conflictos fuera de una lógica patriarcal”
“Además, el Coordinador intentó justificar mi despido a través de la mentira, el engaño, la comparación, la intimidación, la invalidación, el menosprecio y la negación”, agrega.
De acuerdo con la denuncia, el coordinador también ha realizado violencia verbal, insultos y amenazas, difamación sexual y acoso hacia otras mujeres de la UACO, acciones, que dice, que buscan menoscabar la dignidad.
Estas acciones contradicen los mensajes que comparten en sus redes sociales, como «en la #UACO, la educación no solo se recibe, se comparte. Creemos en el poder del aprendizaje y la práctica colectiva para transformar nuestras comunidades».
Por todo eso, Raquel Jiménez López decidió hacer público su caso de Violencia que, señala, se oculta detrás del doble discurso de la comunalidad y agrega que este problema no solo repercute en ella como víctima, sino que también impacta a toda la institución, generando un ambiente de desconfianza, miedo y baja productividad y prueba de ello es que en menos de un año y medio han pasado por ese departamento cinco personas.
Secretaría de las Mujeres da a conocer el hecho, pero no especifica en qué consisten
“Aprecia”, dice, los comentarios por la primera presidenta mexicana y otros alcances
Redacción
SemMéxico, Ciudad de México, 7 de julio, 2025.- Sin especificar en qué consisten las recomendaciones finales hechas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) se informó que el seguimiento de las Observaciones Finales será coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de las Mujeres a través de la Comisión de Seguimiento de las Observaciones del Comité CEDAW, integrado por más de 50 instituciones nacionales.
En un boletín de prensa, la Secretaría de las Mujeres dijo que este lunes, el Comité CEDAW hizo públicas sus observaciones finales al Estado mexicano, como resultado del proceso de elaboración y sustentación del X Informe Periódico de México ante el Comité.
En ese sentido, la dependencia gubernamental se concreta a señalar que “aprecia las observaciones y comentarios positivos respecto a los avances logrados recientemente, en particular: la elección de la primera mujer presidenta de este país, la creación de la Secretaría de las Mujeres, las reformas constitucionales sobre igualdad de género (2024).
Así como las reformas legislativas a instrumentos como Ley General para el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal Federal; y, la instauración de la Secretaría de las Mujeres, de la Política Exterior Feminista, del Plan Nacional de Mujeres, Paz y Seguridad y de la Comisión de Seguimiento a las Observaciones del Comité CEDAW (Comisión CEDAW).
La institución no señala aquellas observaciones contrarias o negativas para el gobierno de la Transformación y apunta que para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum seguir avanzando hacia la igualdad de género es una de las más altas prioridades, por lo que México toma nota de los desafíos que el Comité ha identificado como prioritarios y reafirma su compromiso por seguir atendiendo los mismos en apego de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Sobre el tema de violencia de género contra mujeres y niñas, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de las Mujeres, realiza diversas acciones para atender este tema con un abordaje estructural, a través de las “Asambleas voces de Mujeres por la igualdad y contra la violencia” , los Centros LIBRE, la estrategia Abogadas para las Mujeres y la Línea telefónica para el Bienestar de las Mujeres, entre otras.
México ha fortalecido el acceso a la justicia con la primera elección democrática de personas integrantes del poder judicial. La reforma judicial aplicó criterios para garantizar la paridad de género en los cargos y se tiene el compromiso de seguir impulsando una perspectiva de género en el actuar de este poder.
Sobre el caso particular de las madres buscadoras, el Gobierno de México destaca las más de 10 mesas de trabajo llevadas a cabo en 2025 y los acuerdos alcanzados entre colectivas y la Secretaría de Gobernación, entre los que resaltan la inclusión del concepto de “familia social” como sujeto con legitimidad en procesos de búsqueda, particularmente relevante para comunidades LGBTIQ+ o el compromiso para armonizar leyes secundarias, diseñar una política pública nacional de implementación y construir mecanismos efectivos de coordinación entre gobiernos estatales y fiscalías.
Es relevante que la Secretaría de las Mujeres sostiene tajante que “tal y como lo ha reiterado la presidenta Sheinbaum en diversas ocasiones “siempre estaremos del lado de las víctimas y de la justicia”.
SemMéxico, Ciudad de México, 7 de julio, 2025.-¿Qué está detrás de un matrimonio o relación de hecho de una niña con un adulto? claramente una violación sexual. No se puede explicar que una niña sea madre, sino que lo es como consecuencia de una violación sexual.
El matrimonio infantil o las relaciones equivalentes están prohibidas en todo el país. A pesar de la prohibición, se permiten con el consentimiento de los padres, de las autoridades civiles e incluso de ministros religiosos, y se festejan socialmente. No hay, salvo el lenocinio, peor forma de violencia contra el libre desarrollo de la personalidad, que la imposición de una relación sexual de una niña con un adulto.
Nada detiene esta deleznable práctica, se solapa desde todos los ámbitos. Las estructuras sociales consuetudinarias se imponen sobre la protección y defensa de los derechos de las niñas, a las que se sigue tratando como objetos, como cosas, en lugar de protegerlas en su integridad física, psicológica, moral, y también legal.
Pero tuvo que darse la publicación de la investigadora Montserrat Mora quien, con base en los datos de la Secretaría de Salud, evidenció 30 casos de nacimientos cuyas madres eran niñas entre 11 y 13 años la mayoría embarazadas por hombres adultos algunos de ellos bien podrían ser sus abuelos. La reacción derivó en indignación, pero no es nuevo que padres vendan a sus pequeñas hijas por el trueque de dinero, alcohol, o animales de granja, insisto, con la permisividad de las autoridades.
El embarazo adolescente está catalogado como embarazo de alto riesgo por las consecuencias físicas del sufrimiento de esas niñas madres, necesitamos saber cuántas mueren al parir. Cuántas vuelven a ser madres antes de cumplir la mayoría de edad; y cuántas son abandonadas. Cuántas sufren en silencio.
Es necesario sancionar estas prácticas como trata de personas; aplicar el rigor de la ley a los adultos que buscan niñas; a las autoridades que lo permiten o participan, además de los padres.
Es impostergable terminar con la cadena de permisividad de los sistemas normativos de usos y costumbres de los pueblos indígenas. Las niñas indígenas son la parte más vulnerable de la cadena del sistema patriarcal que sigue discriminando a las mujeres por serlo; sus madres no pueden romper las ataduras sociales y culturales que las cosifican. Incluso lo han normalizado porque han sido educadas en la sumisión, obediencia y minusvalía de sí mismas. No hay incentivos para que las niñas y adolescentes puedan ser otra cosa distinta a sus madres.
La investigación que ha mencionado la presidenta Sheinbaum ante este escándalo de las niñas madres no puede ser sólo para salir al paso. Este asunto compete también a los ámbitos locales. Y si la preocupación es genuina, la tarea siguiente es poner realmente en funcionamiento al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes sustentado en la Ley Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes debilitado por López Obrador y que integra a los tres órdenes de gobierno y a todas las Secretarías entre ellas las de Educación, Salud, Desarrollo Social, Institutos y Secretarías de las Mujeres, al sistema DIF y a la Secretaría de Hacienda, para que desde un enfoque integral se promuevan políticas públicas que garanticen a las niñas el desarrollo de todas sus potencialidades como sujetas de plenos derechos.
Se ha estado en falta, hay que parar la apología del delito.
Más de 5 millones de personas en condición de pobreza multidimensional
El grupo etario de adultos mayores fue uno de los más beneficiados
Redacción
SemMéxico, Ciudad de México, 7 de julio, 2025.- En los próximos 25 años es importante que la política social avance de manera sustancial en la agenda de género, derechos sociales y disminución de las persistentes brechas de las mexicanas, particularmente quienes viven en pobreza extrema y en hogares de mujeres indígenas; aumentar en las infancias y adolescencias el consumo diario de frutas y verduras e impulsar el sistema nacional de cuidados en nuestro país.
José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), dijo lo anterior durante su participación en elSeminario Permanente Internacional Interdisciplinario sobre Emergencia Social Comunitaria, organizado a distancia por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM.
En su conferencia magistral titulada Pobrezas y desigualdades sociales en el contexto global: retos y desafíos ofreció un panorama de la evolución de la pobreza en México, en el cual mencionó el descenso de esta condición en el periodo 2018-2022.
De esta manera, se registró un decremento de 41.9 a 36.3 por ciento, equivalente a más de cinco millones de personas en condición de pobreza multidimensional; la extrema no presentó bajas significativas, precisó.
A decir de Cruz Marcelo, ese comportamiento se debió a la política de cambio estructural orientada al aumento del salario mínimo y al aporte de los programas sociales implementados por el gobierno federal a partir de 2018.
El grupo etario de adultos mayores fue uno de los más beneficiados en dicho periodo de evaluación, debido a la universalización de la pensión no contributiva y al incremento económico bimestral que se les asignó, representando para 2024 casi 40 por ciento del esfuerzo presupuestal del universo total de programas sociales federales, puntualizó.
Con relación a la población hablante de lengua indígena enfatizó que 65.2 por ciento (aproximadamente 8.3 millones) se encuentra en situación de pobreza multidimensional; en 2022 una cuarta parte (26.3 por ciento) estaba en pobreza extrema.
Cruz Marcelo refirió que el enfoque multidimensional que CONEVAL utiliza para la medición de la pobreza va más allá del ingreso, e incluye diversas carencias sociales.
No obstante, subrayó la importancia de considerar el acceso efectivo a los derechos sociales como complemento para el análisis de esa condición y la desigualdad.
Ello implica tomar en cuenta la disponibilidad, calidad y accesibilidad de las garantías básicas: alimentación nutritiva, educación, seguridad social y vivienda. Hizo hincapié en la relevancia de analizar las diferencias por grupos poblacionales y en su distribución territorial.
Asimismo, reconoció que las experiencias de pobreza y desigualdad varían significativamente entre grupos por edad, género, etnia, por ejemplo.
Es fundamental un llamado a la desagregación del análisis para el diseño de políticas públicas, con expectativas objetivas para los próximos años de tendencias favorables a que continúe la disminución de la pobreza, a pesar de la heterogeneidad socio estructural territorial de esta en el país.
