- Penalización del aborto agudiza la injusta sobrecarga sobre mujeres
- Advierten organismos internacionales sobre incremento de embarazos no deseados durante el confinamiento sanitario
Redacción
SemMéxico/BillieParkerNoticias, Ciudad de México, 28 de septiembre, 2020.- Con la penalización del aborto miles de mujeres, adolescentes y niñas son obligadas a ser madres; en el caso de las menores, se trata de casos de abuso sexual denuncian las organizaciones y mujeres feministas que integran la Coordinación 8M, quienes plantean un pliego petitorio de 10 puntos a las autoridades de gobierno y al Estado mexicano.
“En marco de la conmemoración del Día Internacional por la Despenalización del Aborto, expresamos nuestra preocupación por los limitados avances en el reconocimiento de la garantía del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos que existe en el país, lo cual constituye una violación de los derechos humanos de las mujeres, negándonos y/o lesionando nuestro derecho a la vida, a la salud, a la autonomía, a la integridad personal y a la libertad de conciencia”, advierten.
Señalan en una carta pronunciamiento, que en medio de una crisis sanitaria originada por el COVID-19, la crisis económica y social que ya se vivía se ha visto profundizada.
“Las mujeres hemos sido las primeras en sufrir las graves consecuencias, las cuales se han visto expresadas en la disminución de nuestros salarios, despidos ante los recortes laborales y el incremento de los trabajos de cuidado, provocado por la medida de confinamiento, el cierre de los centros educativos y el colapso del sistema sanitario. Esta situación nos ha dejado mayormente expuestas a los contagios, poniendo en riesgo nuestra salud y nuestras vidas”, indicaron.
Abundan que durante la enfrentan además un agravamiento de la violación a los derechos y a las condiciones de vida de las mujeres trabajadoras y desposeídas. La violencia familiar en contra de las mujeres ha aumentado durante el confinamiento, desde la violencia psicológica, física y económica, hasta la violencia sexual; mujeres y niñas se ven obligadas a convivir con sus agresores, soportando abusos y violaciones sexuales.
En México el 99 por ciento de los casos de violencia sexual no son denunciados o quedan en la impunidad, somos uno de los países con el mayor número de embarazos adolescentes y el primero en América Latina en la producción de pornografía infantil. En medio de esta violencia, el Estado no nos protege contra los abusos, acusan.
La carta pública: 28 Jornada Internacional por la Legalización del Aborto y por la Eliminación de todas las formas de Violencia contra la Mujeres, también señalan que el sector educativo, altamente feminizado, ha sido necesario que sean los y las trabajadoras quienes, con recursos propios, garanticen la educación a distancia, modalidad que además genera exclusión y desigualdad social para los y las alumnas, mientras que impone a las madres de familia una carga de trabajo extra al tener que cumplir con labores de enseñanza y formación con contenidos deficientes.
Nuestro deteriorado sistema de salud, producto de las políticas neoliberales que por más de 30 años lo desmantelaron, ha quedado rebasado para dar atención a la población, dejando de lado la atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, lo que dificulta el acceso a anticonceptivos o a los servicios de interrupción legal del embarazo.
Aumento de embarazos no deseados
Citan que la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha reconocido que en el mundo se prevé que el aumento de embarazos no deseados será de 15 millones por cada tres meses de confinamiento, mientras que la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) advierte que la permanencia de normas penales estatales que restringen el acceso al aborto legal vulnera los derechos de las niñas, mujeres y adolescentes.
Las desigualdades para nosotras se han agudizado, por lo que hablar del aborto en tiempos de pandemia cobra una urgencia de primer orden, ya que responde primordialmente a un problema de salud pública.
Cada año en México, entre 750 mil y un millón de mujeres se realizan abortos clandestinos y las muertes maternas, producto de esta práctica, es una de las cinco primeras causas de muerte en mujeres.
Por lo que expresan que frente a esta terrible situación “nuestra reivindicación por la legalización del aborto adquiere una importancia vital”.
Con la penalización del aborto miles de mujeres, adolescentes y niñas son obligadas a ser madres; en el caso de las menores, se trata de casos de abuso sexual.
Nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos es constantemente violentado y estigmatizado por las instituciones del Estado, la Iglesia y por sectores ultra reaccionarios y anti-derechos.
“Cuando una mujer decide abortar o, incluso, cuando ha tenido un aborto espontáneo, corre el riesgo de que se le persiga, criminalice o encarcele; o bien, muera por haberse practicado un aborto clandestino, insalubre y en condiciones altamente peligrosas. Esta realidad la viven principalmente las mujeres pobres y de la clase trabajadora, por lo que no solo se trata de un tema de salud pública sino también de justicia social.
“Nos negamos a que se pretenda seguir perpetuando el control sobre nuestros cuerpos a través de la reproducción, negándonos autonomía y ejerciendo prácticas como la de la esterilización forzada, a las que miles de mujeres han sido sometidas a lo largo de la historia como parte de políticas de estado; casos que seguimos viendo en la actualidad, como lo que sucede en centros de detención migratoria en Estados Unidos contra mujeres migrantes, violando sus derechos humano a través procedimientos invasivos en el cuerpo de las mujeres”.
La Coordinación 8M explican que otro grave problema es que aun cuando en varios estados del país el aborto por violación no se penaliza, no se respeta la Norma Oficial Mexicana 046, sobre la Violencia familiar, sexual y contra las mujeres, lo que lleva a miles de niñas, adolescentes y mujeres a vivir obstáculos al solicitar la interrupción legal del embarazo, quienes son también estigmatizadas.
Denuncian que de forma oportunista, la derecha y los grupos conservadores, aprovechan el confinamiento para nuevamente votar en contra de las iniciativas presentadas para despenalizar el aborto e impulsar propuestas reaccionarias entorno a la eliminación de la educación sexual con el PIN parental, que atenta contra los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes.
En el actual gobierno de la 4T la criminalización y clandestinidad del aborto continúan. Se imponen medidas que restringen nuestros derechos, como los recortes presupuestales a los programas de atención a la violencia de género, a las guarderías para los y las hijas de las trabajadoras, o al Instituto Nacional de las Mujeres, llevándolo casi a la parálisis.
No podemos esperar que destine presupuesto a la creación de infraestructura para cumplir con la demanda de aborto legal y gratuito. No somos prioridad para el gobierno.
Si bien, en 2018 se avanzó en la despenalización del aborto en el estado de Oaxaca, el movimiento de mujeres no sólo busca que se despenalice, sino que se legalice. En el 2007, en la Ciudad de México, se aprobó la Interrupción Legal del Embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Esto significa que el Estado tiene la obligación de brindar la atención especializada, respetuosa, gratuita e inmediata en hospitales públicos para toda aquella mujer que no desee ser madre, sin que se contemple como un servicio del que la iniciativa privada haga negocio, sino no como un derecho que el Estado debe garantizar aumentando el financiamiento y la creación de clínicas.
Recuerdan también los casos de Nuevo León y Puebla, donde los Congresos locales negaron la despenalización del aborto el año pasado y este año, durante la pandemia, también lo hicieron los congresos estatales de San Luis Potosí y Guanajuato que, si bien, tienen gobiernos de derecha, también legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional han votado en este sentido con argumentos de tinte religioso y moral, quebrantando la laicidad del Estado.
También citaron que el pasado 29 de julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en contra de aprobar el proyecto de sentencia presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que exigía al legislativo modificar el articulado sobre el aborto en el Código Penal de Veracruz por ser discriminatorio de los derechos de las mujeres. Una decisión que afecta a millones de mujeres fue tomada por cuatro ministras y ministros en menos de 15 minutos.
El gobierno de López Obrador privilegia su alianza con la Iglesia, así como con los sectores ultraconservadores de corte evangelista que se han opuesto tajantemente a legalizar el aborto, señalan.
Estos sectores fueron sus aliados electorales y han sido asignados para distribuir la cartilla de moral propuesta por el gobierno federal, la cual fomenta una retrógrada doctrina patriarcal. Esto demuestra que no bastan las iniciativas en el plano legislativo o confiar en que los legisladores defenderán nuestro derecho a decidir, sino que tenemos que ganar esta demanda con la movilización en las calles.
Recuperamos las calles
Por ello, advierten que este 28S “salimos y recuperamos” las calles y el espacio público, nos hacemos escuchar en las redes y en todos los espacios en los que nos encontramos para plantear las siguientes exigencias al gobierno:
- Que proporcione una educación sexual integral en todos los niveles educativos, sin estereotipos sexistas, basados en el cuidado y aprecio de nuestro cuerpo, para decidir libremente sobre nuestra sexualidad, reconociendo la diversidad de género y respetando la libre determinación de nuestros cuerpos.
- La implementación de una política integral para que las mujeres gocemos plenamente de nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, nuestra sexualidad y nuestra VIDA.
- Que se brinden anticonceptivos gratuitos y se garantice una atención ginecológica gratuita, digna y adecuada a toda mujer que la solicite, para que ninguna sufra una maternidad forzosa.
- Que se legalice el aborto en todo el país para que desaparezca la mortalidad por abortos mal practicados, el estigma y la criminalización a miles de mujeres.
- Combatir todas las formas de violencia contra las mujeres, los feminicidios, la impunidad y la falta de justicia. Demandamos la atención a las madres y familiares de víctimas que no han dejado de luchar en busca de justicia, incluso pese a la pandemia.
- Aumentar el presupuesto para el sector salud para la creación de más refugios y centros para las mujeres, sus hijas e hijos víctimas de violencia.
- Atender el problema de la precarización laboral, que durante la pandemia ha dejado a millones de mujeres trabajadoras sin empleo, ha reducido sus ingresos y ha incrementado sus jornadas de trabajo. Así como frenar el abuso del teletrabajo por ser una modalidad que ha aumentado las cargas de trabajo y la violencia familiar. ¡Basta de precarización y despidos! ¡Las mujeres no pagaremos esta crisis!
- Un esquema de seguridad social que respete el derecho a la salud, a la jubilación digna y a la educación.
- La ratificación al Convenio 190, para evitar y erradicar la violencia en el mundo del trabajo, y con ello, implementar el trabajo decente, la no discriminación, la libertad de asociación y la revaloración del trabajo no remunerado.
- Que se proporcione un ingreso básico universal. Ni una muerte más por COVID-19, ni por hambre.
Los ataques a las activistas
La Coordinación 8M también manifestó su rechazo a los ataques contra activistas, mujeres, feministas, agrupaciones y organizaciones que trabajan en la defensa del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, por parte de grupos fundamentalistas que, a través de campañas de desinformación y discursos de odio, fomentan el desprestigio y la estigmatización de la defensa del derecho a decidir.
Repudiamos la criminalización que el gobierno federal hace en contra del movimiento de las mujeres al imputárseles la comisión de actos vandálicos. Rechazamos los señalamientos de que el movimiento feminista y amplio de mujeres es parte del “conservadurismo”.
Nada tenemos que ver con los partidos de derecha que se han opuesto a nuestros derechos, ninguno de los partidos oficiales nos representa. Estas acusaciones fomentan la criminalización a la organización de las mujeres y desprestigian nuestras legítimas reivindicaciones y movilización ¡No lo permitiremos!
Denunciamos la represión y abuso policiaco que los tres niveles de gobierno han impuesto en las movilizaciones feministas en contra de la violencia y la impunidad. ¡Basta de represión y criminalización a la protesta!
En marco de la conmemoración del día internacional por la despenalización del aborto, las organizaciones y mujeres feministas que integramos la Coordinación 8M expresamos nuestra preocupación por los limitados avances en el reconocimiento de la garantía del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos que existe en el país, lo cual constituye una violación de los derechos humanos de las mujeres, negándonos y/o lesionando nuestro derecho a la vida, a la salud, a la autonomía, a la integridad personal y a la libertad de conciencia.
Nos sumamos a esta Jornada internacional de lucha por la legalización y despenalización del aborto. Llamamos a las mujeres a no desmovilizarnos y a continuar con la organización autónoma e independiente contra la violencia patriarcal, que durante el confinamiento y la pandemia se han agravado, y por la defensa de todos nuestros derechos. Llamamos a no aislarnos, a fortalecer nuestras redes y a organizarnos desde abajo.
#AbortoLegalYa
#QueSeaLey
#AbortoLegalParaNoMorir
#ProtestarEsUnDerechoNoUnCrimen
SEM-BPN
