* Al incremento del crimen feminicida respondieron los refugios civiles y feministas con el 0.3 % del presupuesto etiquetado

* Llaman a AMLO a cumplir su responsabilidad: informe de la RNR

Sara Lovera

SemMéxico, Cd. de México, 27 de agosto, 2020.- El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en año y medio de su administración, en política de género y sobre la violencia contra niñas y mujeres ha sido omiso, opaco, incongruente, negligente y, en nombre de la austeridad republicana, se han generado graves retrocesos, obstaculizado el acceso a la justicia para niñas y mujeres que viven la crisis de la pandemia COVID-19 sin seguridad.

En síntesis, no garantizó los derechos humanos de las mujeres, así se constata en el Informe y Rendición de Cuentas de la Red Nacional de Refugios RNR, conocido hoy. De 48 páginas y seis capítulos, responsables de los refugios, directivas y testimonios se puede leer cómo este ha invisibiliza la situación de las violencias y desigualdades que persisten en el país.

Narra y da cuenta de las acciones de los refugios –mayoría de la sociedad civil- y muestra cómo la sobrevivencia de los Refugios y los Centros de Atención externa, a falta de recursos, han atendido las llamadas de auxilio de las mujeres en situación de emergencia. Están saturados, atienen una demanda cada dos horas.

En todo el país las organizaciones de la sociedad civil se pusieron en la primera línea -de marzo a julio- se dio atención integral a 23 mil 303 mujeres, niñas, niños y adolescentes a través de refugios, Centros de Atención Externa, Casas de Emergencia, Casas de Transición, redes sociales y líneas de atención telefónica, acompañadas integralmente. O sea, un incremento del 71 por ciento de las personas atendidas en el mismo periodo del año 2019. Esto “Señora Secretaria de Gobernación es rendir cuentas”.

De ahí que, frente a la indignación social, las colectivas y organizaciones feministas “exigimos al gobierno en turno hacerse cargo su responsabilidad de adoptar políticas públicas participativas, intersectoriales, concretas y medibles para erradicar las violencias contra las mujeres y las niñas”.

A la falta de una política de género y de prevención y atención a la violencia, esta administración a 18 meses no ha desarrollado el Programa para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra Mujeres y Niñas que debe hacerse cada año.

Muestra de austeridad

No obstante, bajo la lógica de la austeridad republicana como guía del gobierno, se han afectado seriamente programas clave para fortalecer y garantizar los derechos de las mujeres y, en algunos casos, se registraron graves retrocesos por la cancelación, retrasos o retenciones del presupuesto.

Si bien el Presupuesto de Egresos 2020 se asignó al Anexo 13, un monto total de 102 mil 311 millones de pesos, superior en 53 por ciento respecto del 2019, solo significa 1.5 por ciento del total del gasto programado.

El detalle es revelador: los Programas que se incluyeron en el Anexo, se puede verificar que no todos se enfocan a garantizar la igualdad entre mujeres y hombres ni el ejercicio de los derechos específicos de las mujeres. Menos los derechos sexuales y reproductivos. Ocultó el derecho a la atención a las violencias.

Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores con transferencias directas representa el 38 por ciento: contrastada con acciones a la igualdad sustantiva y la erradicación de las violencias, éstas a cargo de la Secretaría de Gobernación, incluidas las Alertas de Violencia de Género y los Centros de Justicia para las Mujeres; para refugios se destinó el 0.3 por ciento del total del anexo; y en la Secretaría de Salud, únicamente el 2 por ciento.

El discurso presidencial reiterado de que en México “nunca se había apoyado tanto a las mujeres” y nos enlistan los programas definidos por Andrés Manuel López Obrador como prioritarios, programas que son transferencias directas a las y los beneficiados, pero se abandonó la tarea de informar con datos desagregados. No se sabe por sexo y contenido, cómo impactan a las mujeres. 

Se puede leer en el capítulo correspondiente, que las reglas de operación de la mayoría de los Programas, los criterios de elegibilidad son iguales para los grupos indígenas y para las personas adultas mayores, con ausencia de interseccionalidad y enfoque de género.

Tampoco se identifican acciones afirmativas que beneficien de manera específica a las mujeres, en función de la condición socioeconómica, pertenencia étnica, así como todas sus diversidades, mujeres discapacitadas, de la diversidad sexual, etc. 

La opacidad consiste en las incógnitas tales como ¿Realmente se benefician las mujeres indígenas de municipios más marginados? ¿Se conoce si viven situaciones de violencias? ¿Cuáles y donde están los padrones de personas beneficiarias?

El informe detalla que recortes, retenciones y retrasos obstaculizan el acceso a la justicia, la seguridad integral y los derechos humanos de las mujeres, niñas y niños al no contar con recursos suficientes para responder de forma emergente y en apego a derecho y limitan el acceso de las mujeres a los servicios de salud incluidos los derechos sexuales y reproductivos.

El gobierno no está cumpliendo con sus responsabilidades de ley y las adquiridas en acuerdos internacionales. El Programa, inexistente hasta ahora que plasma la estrategia y objetivos del gobierno para erradicar las violencias contra las mujeres y las niñas, de la mayor importancia y necesario ante la doble pandemia que viven las mujeres en el contexto del COVID-19.  

¿Cómo se asegura que los recursos lleguen a las mujeres, y tomen en cuenta sus especificidades, como la informalidad, si son jefas de familia, si viven violencias? ¿Cuáles son los parámetros para medir que en realidad están disminuyen las desigualdades y se eliminan las discriminaciones que viven las mujeres en todas sus diversidades y etapas de vida?, tampoco hay evaluación de impacto, seguimiento y monitoreo. Cómo es eso de que las mujeres están recibiendo cómo nunca antes y ¿para qué?

Los Refugios si cumplen

La situación de las medidas de aislamiento social por la pandemia de COVID-19 hicieron visible las desigualdades y discriminaciones que viven las mujeres a nivel mundial y México la pandemia ha evidenciado la persistencia de las violencias en los hogares, poniendo en riesgo la vida de cientos de mujeres, niñas y niños, que fueron negadas y descalificadas desde el propio titular del Ejecutivo, detalla la RNR.

En estos meses de emergencia sanitaria se registró un incremento en los feminicidios, los delitos sexuales y la violencia familiar, de acuerdo con los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De enero a julio de 2020 se registraron 549 feminicidios. En siete meses, se iniciaron 123 mil 927 carpetas de investigación por violencia familiar, pero tan sólo en el mes de julio aumentaron las denuncias en un 3.7 por ciento con respecto a las registradas en junio, que fue de 18 mil 88. Los servicios de atención a mujeres sobrevivientes de violencias, como los refugios se han visto rebasados ante el incremento de la demanda de espacios de protección para las mujeres, sus hijas e hijos.

Las Organizaciones Feministas y de la Sociedad Civil están en la primera línea para atender las violencias contra las mujeres, niñas y niños, las violencias familiares como la RNR que atendió a nivel nacional, de marzo a julio a 23 mil 303 mujeres, niñas, niños y adolescentes a través de los Refugios Integrantes, sus Centros de Atención Externa, Casas de Emergencia, Casas de Transición, redes sociales y líneas de atención telefónica a quienes se les acompañó integralmente. Con un incremento del 71 por ciento de las personas atendidas en el mismo periodo del año 2019.

El informe detalla que se reconoce la importancia de los números y las estadísticas, en el informe se dice que cada número tiene un rostro, una historia, así las voces de mujeres beneficiarias, activistas y coordinadoras de espacios de protección, cuentan la realidad que se está viviendo, por ejemplo sólo en el mes de julio crecieron nuevamente las solicitudes de auxilio y orientación brindadas en la RNR, dos solicitudes de auxilio cada hora. 

SEM/sl/sj

* Lamentan feministas que no se hayan concedido medida cautelar

* El presunto responsable irá a casa hasta el 21 de septiembre, fecha de la audiencia

SemMéxico, Zacatecas, 27 de agosto, 2020.- Feministas zacatecanas señalaron que, aunque un juez federal les concedió un amparo para que el juicio del caso de una menor violada en Guadalupe, Zacatecas, fuera aplazado hasta el próximo 21 de septiembre, no concedió la medida cautelar para que el presunto responsable quede interno, por lo que pasará estos días “en su casita”.

De acuerdo con las feministas que acompañan el caso de violación de una menor por parte de otro menor, presenta diversas irregulares cometidas por parte de la Fiscalía General de Zacatecas, razón por la que un juez federal concedió el amparo interpuesto por la asesoría legal de la menor.

Por otra parte, este miércoles en el Congreso local se aprobó un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por parte de las diputadas locales, Alma Dávila Luévano y Gabriela Evangelina Pinedo Morales, presentaron un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, en el que solicitan a las autoridades se respeten los derechos de la menor al debido proceso.

Se trata de un exhorto al Tribunal Superior de Justicia del Estado y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado Zacatecas para que garanticen los derechos humanos a una vida libre de violencia, el acceso a la justicia, el debido proceso y la debida diligencia de la niña víctima de violación.

También se hizo un llamado al gobernador Alejandro Tello Cristerna para que evite actos de corrupción por parte de la Secretaría de Seguridad y piden al presidente municipal de Guadalupe que evite posibles actos de corrupción por parte de los policías municipales que detuvieron en flagrancia al inculpado, quienes además se deben presentar en calidad de testigos.

SEM/sj

* Dinero hay, voluntad política no, exigen transparencia feministas y diputadas

*  Cursos y pláticas, falta de capacitación y mucha frivolidad del funcionariado

Soledad Jarquín Edgar

SemMéxico, Oaxaca, 27 de agosto, 2020.- Reyna, ama de casa de 55 años de edad, fue asesinada cinco días después de que, en esta entidad, la Secretaría de Gobernación hiciera el 30 de agosto de 2018, la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, desde entonces nada detiene las muertes violentas contra mujeres ni ninguna otra de las muchas expresiones de la violencia machista en Oaxaca. 

El sentimiento es el mismo entre organizaciones no gubernamentales, diputadas y titulares de instancias municipales de las mujeres, quienes opinan que no se ha hecho lo suficiente, hay muchos lugares oscuros sobre la actuación de los diversos niveles de gobierno y sobre el destino de los recursos, esencialmente los federales, y nadie tiene claridad sí el ejecutivo estatal ha hecho realmente algo, además de instalar consejos y “capacitar”, “capacitar” y “capacitar”.

Otras voces califican al mecanismo como un fracaso rotundo, quienes tienen la responsabilidad de coordinar su implementación o no han comprendido o prefieren ignorar las causas que originan la violencia contra las mujeres, esas son las razones principales por la que en Oaxaca no se podido avanzar ni un ápice en implementar estrategias y acciones que erosionen los cimientos en los que se asienta la violencia contra las mujeres y sus resultados luctuosos, un fenómeno que hasta ahora forma parte de nuestra cultura, pero hay en todo esto una profunda frivolidad del funcionariado.

Tras el asesinato de Reyna, reportado en los medios impresos de Oaxaca el 5 de septiembre de 2018, han ocurrido otros 242, de ellos 142 ocurrieron en los 40 municipios que la AVGM incluyó entonces. Además, en sus recuentos hemerográficos las dos organizaciones feministas más importantes de Oaxaca muestran estadísticamente cómo son alarmantes los casos de violencia sexual, violencia familiar y ponen el dedo en la llaga cuando se refieren a la desaparición de mujeres.

Este miércoles, la diputada Magaly López Domínguez pidió la comparecencia de cinco funcionarios en el Congreso para que expliquen lo que han hecho durante estos dos años. Lejos de la sede legislativa de Oaxaca había pesimismo sobre lo que en dos años ha dejado la AVGM: nada para el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia de género.

La Declaratoria de Alerta por Violencia de Género no ha tenido efecto positivo alguno, ya que la violencia contra la mujer ha aumentado en Oaxaca. La violencia feminicida se está incrementando, dice la legisladora de Morena, quien recordó que hace apenas unos días el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo informó que Oaxaca fue uno de las 17 entidades del país donde el feminicidio aumentó en el mes de julio, eso comparado con el mismo mes, pero de 2019.

La AVGM reducido a la “cursera y platiquera”

Betzabe Peralta Reyes, feminista, dice con pesimismo que la Alerta lejos de dar esperanzas, certeza y seguridad a las oaxaqueñas es un mecanismo que termina dando incertidumbre, historias dolorosas y revictimización.

“Instalada, arranca una serie de flamantes ideas que se materializan en patrullas rosas y gente “cursera y platiquera”, que se denominan expertices en género y violencia. Eso no basta, se necesita accionar cosas reales, que tengan un impacto en esas cifras que crecen y crecen. La identidad colectiva no migra en un curso donde te recitan el abc del tema, discursos vacíos, recitados mecánicamente”, confiesa esta joven comprometida con la lucha de las mujeres a vivir sin violencia.

Agrega sin tapujos que en todo este tiempo la alerta parece ser sólo un documento que cubre un requisito y que se ha vuelto un estandarte para hacer proselitismo y agrega más adelante que “ahora se están reuniendo para hacer coaliciones y ganar puestos de poder”, esto en referencia a los grupos que han conformado, principalmente mujeres en el poder, ante el proceso electoral que se aproxima.

De lado, añade está el aumento y no en la disminución de los casos de mujeres asesinadas, la falta de refugios, las malas actuaciones de la Fiscalía, la inexistencia de acciones en los protocolos de actuación y sin perspectiva de género en que cada uno de las violencias son “atendidas”.

Apunta que más que ir para adelante, en Oaxaca hay un claro retroceso, al que se suman recortes presupuestales que se gestaron desde el gobierno federal, así como personal no capacitado para atender la problemática social que es grave, califica.

El camino es seguir exigiendo, dejar claro que ejercer nuestros derechos no es algo malo como culturalmente se ha visto por años.

Consorcio Oaxaca, una de las dos organizaciones que lleva el recuento diario de las violencias contra las mujeres sostiene, a cuatro días de cumplirse dos años de la declaratoria de la SEGOB a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), señala que a pesar de los recursos -20.7 millones de pesos para la ejecución de 11 proyectos y la implementación de acciones que atiendan la violencia de género, más de 50 millones que fueron otorgados por subsidio federal al gobierno de Alejandro Murat Hinojosa- las cifras muestran que “lo único que aceptaron fue una simulación”, dice Yésica Sánchez Maya, una de las tres directoras de la asociación civil.

Respalda sus dichos en las estadísticas de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, de acuerdo con la base en datos de la Plataforma de Violencia Feminicida. Ahí, refiere, del 31 de agosto de 2018 a la fecha, la desaparición de mujeres se ha incrementado 74.5 por ciento (349 casos) respecto a los 200 casos registrados antes del decreto, es decir del 01 diciembre de 2016 al 31 de agosto de 2018, en los 40 municipios que cuentan con Alerta de Género.

En el mismo periodo y en los 40 municipios, los feminicidios se incrementaron 12 por ciento (142 casos) en comparación con los 127 registrados durante los primeros años del gobierno actual. La mayoría de las víctimas fueron asesinadas con arma de fuego (67 %) y/o fueron víctimas de un ataque armado (43 %).

Las estadísticas de Consorcio Oaxaca coinciden con las dadas a conocer hoy por Grupo de Estudios de la Mujer Rosario Castellanos, ambas instancias aseguran que las regiones más letales para las mujeres son Valles Centrales, Papaloapan, Istmo, Costa y Mixteca, donde se concentran el 95 por ciento de los casos de mujeres desaparecidas y feminicidios, que suman el 56 por ciento del total de agresiones contra mujeres por razón de género -807 casos del 31 de agosto a la fecha-.

Oaxaca de Juárez, la capital del estado, han ocurrido 101 casos de desaparición de mujeres, le sigue San Juan Bautista Tuxtepec con 42; Salina Cruz con 16; San Pedro Mixtepec con 12 y Huajuapan de León con 20 casos, todos ellos, entre los 40 municipios con AVGM. Del total de mujeres desaparecidas en las 40 localidades con alerta de género (349), tan sólo 22% de las víctimas (75 casos) se reportan como “localizadas”.

Pero cuando la referencia es en relación con el feminicidio, la estadística los ubica de la siguiente manera: San Juan Bautista Tuxtepec, 27 casos; le sigue Juchitán de Zaragoza con 10; Oaxaca de Juárez 9; Huajuapan de León y Ciudad de Tlaxiaco suman ocho casos cada uno y San Pedro Pochutla registra 7.

Este año, dice en su información el GESMujer, del 1 enero al 26 de agosto de 2020 tenemos registradas: 75 mujeres asesinadas.

Dato horroroso pero curioso es el que ofrece GESMujer quien señala cómo el mes más violento para las mujeres ha sido junio, condición que se repite año con año, cómo se puede ver en el recuadro comparativo:

Las acciones institucionales

Para las instancias de las mujeres no ha sido fácil. Reconocen que no hay presupuesto, pero lo que menos hay es voluntad política para cumplir con lo que dicta el mecanismo: establecer medidas en materia de seguridad, justicia y reparación, y prevención de la violencia.

Incluso, recientemente la titular de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO), Ana Isabel Vásquez, habló sobre las 439 instancias municipales de las mujeres que existen en Oaxaca, es decir, solo faltan 131 municipios de la entidad en concretar la instalación de las instancias.

El entusiasmo por el anuncio dura poco, porque la misma titular de la SMO reconocerá en un foro virtual realizado esta semana, que sólo 37 por ciento de ellas cuenta con reglamento y el 83 por ciento no tiene presupuesto, 40 por ciento no cuenta ni siquiera con oficinas propias…

En cuarenta de esos municipios sin oficinas ni presupuesto “hay pero no hay” una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres desde hace casi dos años. En Zaachila, Alba Denisse García Ortiz, es la titular de la Instancia Municipal de la Mujer (IMM). Se trata de un municipio ubicado a 40 kilómetros de la capital oaxaqueña y es parte de la llamada zona metropolitana al que se llega por una vía rápida que, por cierto, lleva el nombre de la fallecida madre del actual gobernador de Oaxaca, Guadalupe Hinojosa.

Dice con honestidad que sí se conformó el Consejo Municipal para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, así como los comités respectivos. Las instancias de Salud y Educación del municipio impartieron pláticas y ofrecieron talleres. La Sindicatura y la Dirección de Seguridad Pública se hicieron cargo de brindar y dar seguimiento a las medidas de protección a las víctimas, y el IMM conformó un equipo para brindar asesoría legal y psicológica.

El 90 por ciento de los casos que atienden son por violencia familiar, el otro porcentaje, es de violencia sexual y el feminicidio. Estos últimos casos se canalizan al PAIMEF y hasta donde sabe hay imputados pero las audiencias aún siguen pendientes.

Como lo dijo la titular del SMO, en Zaachila el municipio no tiene recursos para la IMM pero ha dado diversos apoyos, entre ellos para contratar una psicóloga y una abogada.

Con los recursos de transversalidad, 179 mil pesos, pudieron pagar seis meses a la psicóloga, se ofrecieron talleres en todos los niveles de educación desde preescolar hasta bachillerato; se adquirió una computadora, sillas, un escritorio y un cañón (proyector), y se pagó una gestoría que no recuerda como se llama, para que diera pláticas a servidores públicos del Cabildo y el funcionariado.

De la SMO han recibido capacitación, no dinero, como tampoco hubo dinero de la federación. El gobierno municipal brinda otros apoyos, como por ejemplo se instaló una casa para albergar a las víctimas, hijas e hijos, al menos durante dos días en tanto son canalizadas a otras áreas.

Para la titular del IMM hace falta mucho por hacer y mucho por cambiar. Dice que una de las acciones es difundir que en caso de emergencia las víctimas deben llamar al 911 o al 086, pero no siempre hay señal en algunas comunidades alejadas, uno de los reclamos más frecuentes de otras compañeras, explica.

También, dice, que todavía los Ministerios Públicos siguen rechazando las denuncias de violencia familiar, porque las víctimas llegan sin golpes notorios en sus cuerpos, “ellos han naturalizado la violencia” y este año no han admitido al menos 20 casos.

Los recursos 

Para otra titular de una IMM, que pidió no decir su nombre por temor a represalias, la AVGM no da ni dará resultados porque para la gente de “arriba” se trata solo de responder a un listado de necesidades. Así nos mandas un cuestionario y nos preguntas si ya instalamos el Consejo, si ya difundimos el 911 como número de emergencia, si tenemos o no refugio, si ya se capacitó al Cabildo, sí ya dimos pláticas…

Además, revela que del funcionariado que debió ser capacitado, nunca van ni los presidentes ni los jefes, siempre mandan a alguien más, generalmente una mujer, “la secre que no tiene nada que hacer”, pero de eso nada se dice, porque para la SMO lo importante es decir que cumplieron, aunque no haya resultados, eso sí, muchas reuniones.

No es claro cómo se distribuyen los recursos, lo único que sabemos es que Eufrosina Cruz, titular de la Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Sepia) es la que más recursos recibe, sin embargo, este año no han sido entregados a Oaxaca.

De acuerdo al oficio enviado al gobernador Alejandro Murat del 24 de marzo de 2020, firmado por la entonces titular de Conavim, Candelaria Ochoa, se destinaron recursos a las acciones de coadyuvancia de las declaratorias de alerta de violencia de género contra las mujeres. 

Así Sepia recibirá este año 10.2 millones de pesos, la Fiscalía General del Estado casi cuatro millones de pesos y la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña un millón más. Así como poco más de medio millón para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca.

Colofón

Nos queda claro, dinero hay voluntad política no.

Nos toca al movimiento feminista defender las políticas públicas de igualdad y el derecho de las mujeres a vivir sin violencia de ningún tipo, deben formar parte fundamental de las políticas institucionales. 

Nos toca a las mujeres hacer una defensa de esas políticas y reclamar al poder público mayores recursos para garantizar nuestros derechos, eso es lo que tenemos que decir muy alto todas las mujeres, sostienen Betza, Patrica, Mayra, Liz, Cinthia, Norma, Susana y muchas otras activistas jóvenes que han tomado la batuta y las calles.

Tenemos derecho a conocer en qué y cómo se han gastado el presupuesto asignado a la SMO, a Sepia y la Fiscalía para atender la AVG, tenemos derecho a exigir rendición de cuentas y transparencia.

Tenemos derecho a tener funcionariados públicos comprometidos y con conocimiento sobre el fenómeno de la violencia contra las mujeres y tenemos derecho a exigir su renuncia si no cumplen, dicen mientras alistan estrategias de denuncia en un lugar de la ciudad de Oaxaca.

SEM/sj

• Advierte del incremento de asesinatos violentos de mujeres en Jalisco

• En 2020, han ocurrido 143, sólo 40 % han sido consignados como feminicidios

José Carlos Rodríguez Toral

SemMéxico/MegaNoticias, Guadalajara, Jal., 27 de agosto, 2020.- En los dos últimos años ha incrementado tanto el número como el nivel de violencia contra las mujeres en Jalisco, advierte Guadalupe Ramos Ponce, académica e integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), por lo que es urgente combatir la impunidad y las malas investigaciones con la creación de una Fiscalía Especializada que tenga personal capacitado y sensible ante el problema.

«Una Fiscalía Especializada de Delitos de Violencia Contra las Mujeres, que incluya todos los delitos de violencia sexual y por supuesto los delitos de feminicidio, que con eso habría reducción de todas estas irregularidades y de malas investigaciones que hacen, e incluso hasta llegar al tema ya de la administración de la justicia, es decir, en el Poder Judicial, y evitaríamos que pase lo que ocurrió recientemente con este juez de Vallarta, que pones en esos lugares a gente que no tiene absolutamente nada, ni de conocimientos ni sensibilidad sobre el tema de perspectiva de género», explica Lupita Ramos.

La académica lleva un seguimiento de los casos de feminicidios ocurridos en Jalisco desde 1997 y advierte que se ha agudizado la violencia, pues este año ya van 143 mujeres que pierden la vida de forma violenta, pero sólo alrededor de 40 han sido consignados como feminicidios, en parte por falta de preparación en la Fiscalía del Estado, lo que contribuye a la impunidad.

Un aspecto importante para la experta es que la sociedad se sume a la exigencia de justicia y que no normalicemos la violencia.

«Que no naturalicemos la violencia, es decir, cada caso que ocurre, cada asesinato de una niña, de una mujer, nos debe de convocar, nos debe de interpelar, nos debe de movilizar, nos debe de llamar a la exigencia de justicia; no porque no sea mi hija, mi hermana, mi vecina, no solamente en esos casos sino en todos los casos, no tenemos por qué acostumbrarnos, me da la impresión de que existe como una naturalización de esas violencias, el llamado que yo haría es a eso, a indignarnos y movilizarnos por todos los casos y las exigencias tienen que ser comunes», reflexiona.

La experta advierte que para cambiar la situación de violencia que sufren las mujeres, el problema debe ser atendido en todos los niveles, no sólo desde el sistema judicial, sino también en el sistema educativo, atender la situación de la cultura machista y las desigualdades sociales, pues la violencia que padecen las mujeres es sintética y estructural.

La mañana de este miércoles fueron asesinadas dos mujeres y sus cuerpos fueron arrojados a las calles, de la colonia Echeverría de Guadalajara, en hechos diferentes pero que ocurrieron de forma simultánea, hechos recientes de violencia contra las mujeres que se suman a los tres feminicidios ocurridos el pasado 18 de agosto, y los casos de abuso sexual infantil contra una niña de 10 años en Puerto Vallarta, y la violación y asesinato de una niña de 12 en Tala.

SEM-MN/jcrt

* Es necesario volver a la AVGM a su origen al tiempo de medidas integrales

* Hacer efectiva la paridad, los derechos sexuales y reproductivos

* Urge una reforma educativa con perspectiva de género

SemMéxico, Cd. de México, 27 de agosto, 2020.- Por la importancia de su punto de vista publicamos texto íntegro, de la presentación del Informe De los Discursos a los Hechos: “Violencias contra las mujeres y la ausencia de políticas gubernamentales para garantizar una vida libre de violencias antes y después del COVID-19”. Publicado hoy por la Red Nacional de Refugios, AC

Marcela Lagarde y de los Ríos:

El derecho a una vida libre de violencia se articula con el derecho a la salud y este a su vez se despliega con el derecho a la educación, el derecho al agua, a la alimentación sana y a la no contaminación, el derecho al trabajo y al salario y al mínimo vital, y así podría seguir con cada derecho humano hasta completar el nuevo paradigma de Desarrollo humano sustentable, democrático y libertario.

Este ha sido el paradigma feminista hace más de dos siglos. Ha alentado la causa de las mujeres y se ha tornado en cambios profundos y formales en la organización social de género. Duele cada muerte ocasionada en los últimos seis meses, por el coronavirus, Sars-Cov-2. Duele cada muerte evitable ocasionada ya no sabemos desde cuando, por la violencia patriarcal. 

Ambas muertes, tienen hondas raíces y tienen un soporte social. Desmontar los apoyos sociales a ambas causas de muerte violenta y precoz, permitirá caminar a favor de su erradicación.

El derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia contiene la máxima aspiración de mujeres y niñas y su anhelo más profundo: vivir sin miedo y sin violencia. 

Generaciones de feministas han caminado un trecho más en la realización de ese derecho y del conjunto de derechos humanos indivisible, intransferible e impostergable. Es complicado lograrlo en una sociedad estructurada en torno a la violencia entre hombres y contra mujeres y niñas y niños. 

La misoginia ligada al supremacismo machista y patriarcal conforman un mecanismo que sostiene la reproducción de normas violentas en la convivencia y la dominación de las mujeres y lo femenino. La violencia contra mujeres y niñas es tolerada al amparo de ideologías normalizadoras de la desigualdad, la discriminación y la violencia.

El Estado mexicano fue calificado culpable por no garantizar el derecho a la vida segura, libre de violencia de varias niñas en Campo Algodonero, Chihuahua, promovido por familiares de las víctimas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha sido la primera sentencia de culpabilidad de no garantizar al derecho de las mujeres a la vida libre de violencia, emitida en un juicio de un tribunal, sobre un Estado.

Que el Estado mexicano fuera culpable, no debe sorprendernos. Las organizaciones de mujeres y los movimientos feministas del siglo XX habían señalado la grave responsabilidad del Estado al incumplir su obligación de garantizar ese derecho humano, del que dependen otros derechos humanos. En la actualidad, hay un déficit de intervención y de diseño e implementación de una verdadera política para prevenir, y evitar, atender, perseguir el delito, lograr el acceso a la justicia para las mujeres, reparar los daños.

Esa sentencia, abarca mucho más de lo escrito. Incluye a miles de mujeres y niñas víctimas de feminicidio en todo el país, que no han llegado a juicio, las decenas de miles de huérfanos hijas e hijos de las mujeres víctimas de feminicidio, miles de mujeres jóvenes se contabilizan en el rubro de mortalidad materna, víctimas de desatención a su salud y su desarrollo, sólo representadas simbólicamente por las tres niñas del Campo Algodonero. 

Cuando inició la pandemia del coronavirus, los movimientos feministas manifestantes en esas fechas denunciaban lo que hoy se considera también como una pandemia. Desde 2006 construimos una ley excepcional para enunciar y garantizar ese derecho: La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para dotar al Estado y a las mujeres de una política integral diseñada desde una perspectiva de género aplicable a través de la política de derechos humanos. Iniciamos al mismo tiempo, la causa por aterrizar una política gubernamental de emergencia para enfrentar el problema reducirlo y erradicarlo.

Llevamos 13 años impulsando las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género, que se han declarado en más de la mitad de las entidades federativas. En este proceso encontramos enormes resistencias ideológicas, así como simulación por parte de gobernantes y funcionariado, incluso de segmentos sociales y partidistas que han boicoteado la implementación de esa política que es sólo un mecanismo de emergencia y no fue diseñada para realizar toda la política gubernamental. 

No se agota en emergencia, precisa de permear el todo social, estatal, político, jurídico y cultural. Cambian las tendencias políticas de los gobiernos y no ha habido un impulso estructural para eliminar las desigualdades con las que debemos enfrentarnos las ciudadanas. Nos esforzamos por impulsar una política integral con perspectiva de género.

Es importantísimo que en el próximo período de sesiones se avance en las reformas legislativas para hacer eficaz la Alerta, y también para implementar la política integral tal como está contenida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y hacerlo al articular y hacer vigentes la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley para enfrentar la Trata de Mujeres Niñas y niños.

Es necesario cuidar los avances en derechos sexuales y reproductivos, en la eliminación de la desigualdad y la discriminación, y el fomento a la igualdad sustantiva y la paridad efectiva en política.

 La Ley contiene políticas y acciones institucionales, la obligación de promover la igualdad federativa entre los derechos de las mujeres de las entidades. Es preciso que los principios de no discriminación, equidad e igualdad se plasmen en un presupuesto suficiente y progresivo para la transformación institucional necesaria y para cada programa y protocolo de atención social.

En tiempos de pandemias, urge la gobernanza con perspectiva de género, legislar con perspectiva de género, hacer política con perspectiva de género. Sumar y conectar avances como la aprobación de la paridad en varios niveles de la participación política, así como la visibilización de la violencia política contra mujeres, contra comunicadoras, contra defensoras de derechos humanos.

Las instituciones políticas, gubernamentales y civiles tienen que concientizar, proteger y garantizar su compromiso de tolerancia 0 a la violencia política contra mujeres.

Las universidades e instituciones de investigación están trazando su reforma con perspectiva de género feminista para abrir áreas académicas, posgrados, seminarios permanentes multidisciplinarios, en las políticas de Derechos Humanos y erradicar la violencia en los campus universitarios. Nos esperan procesos formativos que permitan el impulso de mentalidades modernas democráticas e igualitarias, una más profunda reforma educativa y de los medios de comunicación, para convertir los Derechos Humanos en el sentido común de las personas y de las comunidades y las instituciones. Habrá que profundizar.

 En las últimas décadas, hemos diseñado políticas públicas, normas, leyes, delitos, hemos urgido a quien corresponda, el diseño de políticas de prevención de la violencia, de atención profesional a quienes han sido víctimas de violencia y su acceso a una justicia justa, sin dilación ni misoginia, con jueces justos y consientes de las teorías científicas que permiten abordar el problema y actualizar el Derecho y los mecanismos e instituciones de Justicia con una perspectiva democrática.

La violencia contra mujeres y niñas se da por la violación a sus derechos humanos, florece en las desigualdades de género, opción y preferencia sexual, edad, clase, raza, etnia, condición de salud y capacidad, condición legal, y territorial, incubadas en la sociedad patriarcal y cobijadas en el Estado también patriarcal, son las desigualdades.

 La violencia se ejerce para someter, controlar, dominar, dañar a mujeres y obtener satisfacción, ganancia o goce al hacerlo, y también para confinarlas como objetos sin conciencia ni condición humana, disminuirlas y eliminarlas con daño y sufrimiento. 

Nos dicen que en confinamiento han aumentado las denuncias en las líneas de emergencias las denuncias de violencias, se trata de violencia física, sexual, psicológica, familiar, laboral, en la vía pública, en las redes sociales y las virtuales. Se trata del incremento de embarazo de adolescentes, embarazos no deseados, producidos en hacinamiento y una vida dictatorial de supremacismo patriarcal en segmentos sociales.

Nos dicen que han aumentado los feminicidios en segmentos sociales. Si no se enfrentan las múltiples combinaciones de fenómenos que conducen a la pandemia de coronavirus y las que concurren en la pandemia feminicida, las pandemias se potenciarán. 

Requerimos acciones de emergencia, fortalecer la Alerta de Violencia de Género, tanto, como requerimos vacunas, agua, alimentación, medicamentos y servicios de salud, para enfrentar con éxito al coronavirus y nuestras vidas. La causa de la erradicación de las violencias, de los feminicidios, de las violencias sexuales, y otras más, consiste en ampliar y asegurar el goce de las mujeres de los derechos humanos. 

El Estado, puede dejar de ser parte del problema y transformarse de fondo en el conjunto de instituciones políticas que sostiene una vida segura, colmada, plena, cuidada por cada persona, por la comunidad y por el Estado. Y un Estado reformado hasta extirparle su patriarcalismo mediante un compromiso ético con la igualdad en la convivencia comunitaria, y la gobernanza democrática.

¡Por la vida y la libertad de las mujeres!

David Ortega

SemMéxico/El Diario de Chihuahua. 27 de agosto de 2020.- Parral.- El colectivo ‘Atenea: Juntas nos cuidamos’, está exigiendo la renuncia inmediata de Roberto Gallardo, así como una disculpa pública por parte de él y/o de la estación de radio La Poderosa de Parral 90.3, debido a los comentarios y la actitud machista, misógina y discriminatoria del locutor en mención.

A través de un comunicado el colectivo destaca que el pasado 23 de agosto en la trasmisión en vivo del programa matutino emitido por la estación de radio el conductor de dicho programa Roberto Gallardo, realizo una serie de desafortunados machistas y misóginos comentarios en contra de la titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de San Francisco del Oro Lizbet Acosta.

Sin embargo, agrega el comunicado, no conforme con atacar al titular de dicha dependencia, sus comentarios se generalizaron en contra de las mujeres expresando que todas las mujeres tenemos “la capacidad de estar cobrando y que en esos trabajos no podemos desenvolvernos”.

Agrega “no permitiremos que las practicas misóginas se sigan ejerciendo y normalizando, menos a través de medios de comunicación. Es responsabilidad de quienes difunden información, hacerlo de manera imparcial, respetuosa y sin sesgos machistas”.

Finalmente deja en claro que tampoco descasaran hasta que las acciones que se exigen sean una realidad.

De igual forma a través de las redes sociales hubo críticas en contra de este comunicador a través de la página oficial del colectivo Atenea donde los comentarios en contra de locutor no se dejaron esperar señalado que “es una lástima que Roberto Gallardo tal vez sepa de medidas de llaves de agua, pero no sepa hacer periodismo.

Lamentable que personas tan machistas y misóginas como este sujeto, tengan micrófono abierto para ofender y atacar a las mujeres”.

En la misma publicación de Atenea los mensajes señalan “Que pena por este señor Gallardo. Pues ha de estar muy molesta su jefa_dueña es MUJER. ha de estarse retorciendo”

“¡Oye Roberto Gallardo soy mujer, soy ingeniera y puedo dirigir grupos de trabajo de hombres, cambiar tuberías, usar tornos y demás maquinaria!. También estar como tú de chismosa en la radio”.

Otra participante más destaca “Soy mujer, licenciada en psicología, con maestría en Psicoterapia, especialista en victimologia y estoy capacitada para estar al frente de una dependencia pública”

Otros comentarios cuestionan ¿Porque este seudo locutor aún tiene permiso de usar micrófonos? Como todas las ratas… ignorante….. Ahora entendemos porque se expresan tal mal en Santa Bárbara de cuando fue «presidente» y con qué calidad moral exige ahora resultados.

“Jajaja la estupidez y el machismo andando que penita ajena por el personaje este”,

Incluso otro comentario destaca que se debe de hacer algo como una manifestación, pues agrega toro comentario Wow k poca etica la de sr esté ¿xk tanta denigración para las mujeres xk tanto así ????

Incluso se refieren a Armando Molina quien es el director de noticias como una persona reprimida y amargada que utiliza un lenguaje soez

Cbe deetacar que pese a que su compañera en ese momento intento debatir la postura del locutor este no cambio su dicho incluso fue más allá y dijo que la funcionaria nada debía estar haciendo en dicha dependencia.