Por Redacción 

SemMéxico/AmecoPress. Bruselas, 30 jul. 20.- Diputados y diputadas de la Unión Europea tildaron de «vergonzosa» la acción del gobierno ultraconservador de Polonia en abandonar el Convenio de Estambul, el tratado contra la violencia doméstica y hacia las mujeres.

«Es vergonzoso que un Estado miembro de la Unión Europea quiera retirarse de la Convención de Estambul», aseguró la española Iratxe García Pérez, presidenta del grupo S&D en el parlamento europeo, que mostró su apoyo «a los ciudadanos polacos que salen a la calle para exigir respeto por los derechos de las mujeres».

Desde el viernes, diversos colectivos feministas en Polonia han salido a las calles contra la medida bajo el lema «No a la legalización de la violencia doméstica»; en el centro de Varsovia se han congregado centenares de mujeres, algunas de ellas vestida “El cuento de la criada» de Margaret Atwood.s como los personajes de la novela .

El rumano Dacian Ciolos, presidente del grupo Renew, señaló por su parte en la misma red social que «la lucha contra la violencia hacia las mujeres no es una ideología, sino una obligación moral». La activista Joanna Gzyra, del Centro de los Derechos de las Mujeres, hizo un llamamiento de ayuda a las instituciones europeas antes del inicio de las protestas, en declaraciones recogidas por el digital polaco «Onet».

Además, expresó la esperanza de que una gran movilización lograse bloquear los planes del Gobierno, como ocurrió cuando la conocida como «Huelga de las Mujeres» obligó al ejecutivo liderado por Andrzej Duda a renunciar a la reforma de la ley de aborto.

Diversas protestas se han registrado en Varsovia tras el anuncio del partido gobernante en abandonar la lucha contra la violencia de género. (AP)

¿Por qué Polonia quiere abandonar el Convenio de Estambul?

Miembros del gobierno polaco anunciaron recientemente la intención de Varsovia de retirarse de la Convención de Estambul, un tratado adoptado en 2011 por el Consejo de Europa (que reúne a 47 países) y primera herramienta supranacional que fija normas jurídicamente vinculantes para impedir la violencia de carácter sexista. Polonia había firmado este convenio en 2012, cuando gobernaba en el país una coalición de centro, y lo había ratificado tres años después.

Esta semana, el viceministro de Justicia, Marcin Romanowski, anunció que la revocación de la firma, de carácter vinculante y que contempla como delito todas las formas de violencia contra la mujer, está entre los planes del gobierno del partido Ley y Justicia (PiS).

¿Qué es el partido Ley y Justicia?

El PiS, que gobierna Polonia desde 2015 y ganó las elecciones del pasado 12 de julio, es un partido conservador nacionalista que rechaza la migración de refugiados en Europa, defiende todo el ideario de la religión católica (contra el aborto, la ideología de género y apoya la familia tradicional) y se manifiesta contra el libre mercado.

«En el Ministerio de Justicia creemos desde hace tiempo que este convenio es totalmente inaceptable, no solo desde un punto de vista ideológico sino también, y quizá por encima de todo, desde un punto de vista legal «, afirmó Romanowski en declaraciones a la emisora Radio Maryja.

El viceministro indicó que aunque el convenio se refiere «formalmente» a cuestiones «muy importantes» como la prevención de la violencia, éstas son explotadas por «los neo-marxistas y los seguidores de la ideología de género», por lo que el tratado debe ser abandonado «lo antes posible». El Gobierno argumenta además que el convenio está escrito en un lenguaje «ambiguo» y que viola el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus valores.

La organización ultraconservadora Ordo Iuris, conocida por llevar a juicio a activistas por los derechos LGTB+ y a artistas considerados blasfemos, comenzó este mes una campaña de recogida de firmas a favor del abandono del convenio, con el lema «sí a la familia, no al género».

Un portavoz de la Comisión Europea declaró que la institución «lamenta que una cuestión tan importante haya sido distorsionada por argumentos engañosos en algunos Estados miembros». Añadió que Bruselas continuaba «sus esfuerzos para finalizar la adhesión de la UE a la Convención», firmada en 2017 pero aún sin ratificar.

Algunas de las manifestantes vistieron como los personajes de «El cuento de la criada» de Margaret Atwood.

Otros eurodiputados reaccionaron el domingo en redes sociales, como el ex primer ministro belga Guy Verhofstadt, que calificó este intento polaco de «escandaloso», o el irlandés Frances Fitzgerald, del grupo PPE (derecha), que reclama «la ratificación de la convención a nivel europeo».

* La ONU afirma que solo el 1% de las víctimas de trata sexual salen a la luz

* Ni es trabajo sexual ni son mujeres que han optado por este camino

Luis Martínez*/elordenmundial.com

SemMéxico, Cd. de México, 30 de julio, 2020.- La trata de personas —mujeres en su gran mayoría— para la explotación sexual forzada constituye un delito preocupante tanto por sus consecuencias en las víctimas como por la cantidad de leyes nacionales e internacionales que infringe. A pesar de que se trata de un negocio en continuo crecimiento, es un problema que no recibe atención suficiente por parte de los Gobiernos y medios de comunicación, y las víctimas y las atrocidades que sufren suelen quedar en el olvido. Son “las excluidas de las excluidas”.

Cuando hablamos de esclavitud y comercio de esclavos, lo primero que nos viene a la mente son los grandes barcos negreros europeos que cruzaban el Atlántico repletos de esclavos africanos para trabajar en todo tipo de plantaciones en América, allá por el siglo XVI. Parece que es un fenómeno que se quedó en el pasado, como la lucha con espadas o el transporte a caballo. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Aunque la proporción sea menor, el número de esclavos actual es muy superior al de aquellos tiempos. Para hacernos una idea, durante los 700 años de mayor auge del comercio esclavista —entre los siglos XII y XIX— se comerciaron 12 millones de esclavos, mientras que solamente en las tres últimas décadas 30 millones de mujeres y niñas fueron forzadas a la explotación sexual, a las que habría que añadir los millones de esclavos presentes en otros sectores, como la agricultura o el trabajo doméstico.

La trata y tráfico de personas continúa siendo un negocio muy rentable por razones obvias: las víctimas trabajan completamente al margen de la ley, sin derechos laborales ni sanitarios, recibiendo poco o nada a cambio y sin tener otra opción. Se calcula que en muchos países mueve el mismo dinero que el tráfico de armas y drogas juntos, aproximadamente seis billones de euros al año, lo que supone el 1,5% del PIB mundial. El proceso que lleva a estas personas a verse atrapadas en esta situación es muy complejo y cambiante; para comprenderlo correctamente se deben analizar todos los factores y partes implicadas y evitar caer en clichés y prejuicios generalizados.

Un viaje lleno de amenazas y promesas truncadas

Para evitar confusiones, es importante tener clara la diferencia entre trata y tráfico de personas. El tráfico implica introducir de manera irregular en un Estado a una persona que no es nacional o residente del mismo con el fin de obtener un beneficio, y en ocasiones se realiza por iniciativa de la futura víctima, mientras que la trata de personas puede ocurrir dentro del ámbito nacional —o comunitario— y supone que la víctima realice trabajos forzados por voluntad del explotador. De hecho, una de las nacionalidades más frecuentes en las mujeres explotadas de los países miembros de la UE corresponde a las rumanas.

Las férreas políticas migratorias de los países más desarrollados —y, por lo tanto, más atractivos para el resto del mundo—, como Estados Unidos o los países ricos de la Unión Europea, han hecho muy difícil acceder a ellos de manera legal. En estos casos, generalmente se recurre a la figura del facilitador, una persona u organización que se encarga de introducir de manera irregular a aquellas personas que quieran huir de su país por situaciones tan variadas y desesperadas como la pobreza extrema, amenazas personales o a familiares, persecuciones por motivos de raza, religión, sexo u orientación sexual o conflictos bélicos. En otras ocasiones, el contacto con las redes de explotación sexual se produce a través de personas que gozan de la confianza de la víctima, como parejas o incluso sus propias familias, que esperan que las víctimas les manden dinero desde el país de destino. La manera en la que las víctimas caen en los dominios de los proxenetas cambia mucho según su situación, por lo que no se puede generalizar: en ocasiones es voluntario; en otras se trata directamente de una venta de seres humanos. En lo que sí se suele coincidir es que nadie escapa de su hogar por apetencia.

Una vez estas personas se ponen a disposición de los facilitadores, se inicia un proceso que muestra la verdadera naturaleza de muchas de estas organizaciones, que no es otra que captar gente con el fin de explotarla sexualmente en el país de destino. Este proceso, en unas ocasiones sutil y en otras todo lo contrario, tiene como objetivo minar la autoestima de la víctima y aumentar sus sentimientos de culpa, vergüenza y, sobre todo, miedo, de manera que la posibilidad de escapar o denunciar la situación en la que viven sea vista como utópica e incluso se nieguen a hacerlo cuando las organizaciones que luchan contra esta situación les ofrecen su ayuda.

La estigmatización de las prostitutas es uno de los factores que más hace mella en la resistencia de las víctimas de explotación sexual. A pesar de haber sido forzadas, la sensación de culpa y vergüenza por haberse convertido en una puta se convierte en una de las principales barreras a la hora de denunciar lo sucedido a las personas de su alrededor o a las autoridades. Además de ello, sufren amenazas, deudas que no terminan, violencia física y verbal, tratos vejatorios, intoxicaciones con drogas y sedantes…; todo vale con tal de garantizar el control total de las víctimas y su sumisión. Ello resulta en que la mayoría de las víctimas jamás son identificadas. La ONU afirma que solo el 1% de las víctimas de trata sexual salen a la luz, por lo que es complicado saber con exactitud la cantidad de afectadas. Aun así, se calcula que la trata de personas con fines de explotación sexual es el negocio criminal con mayor crecimiento de todos. Y nada de esto sería posible sin la otra cara del negocio: los clientes.

Para ampliar: “A pie de calle. Actuaciones con menores víctimas de trata”, APRAMP, 2016

Sin demanda no hay oferta

Al hablar de la prostitución, la gran mayoría de los prejuicios y estigmas se centran en las prostitutas, mientras que los clientes se mantienen en un segundo plano. Esto no solo pasa en las conversaciones a pie de calle; también se aplica en las legislaciones de la mayoría de los países que prohíben la prostitución. Así, en Egipto se condena a las prostitutas a ir a la cárcel —incluidas las menores de edad—, pero al cliente no se le imputa ningún delito; es más, generalmente es uno de los testigos principales en el juicio posterior. Sin embargo, nada de esto cambia el hecho de que sin clientes no funcionaría el mal llamado “oficio más viejo del mundo”; un oficio deja de serlo cuando, en países como España, el 90% de las prostitutas son en realidad víctimas de trata y tráfico de personas. Además, muchas de estas víctimas son prostituidas cuando todavía son menores de edad; la ONU calcula que el 62% de las prostitutas fueron forzadas a prostituirse siendo menores. Ni es trabajo sexual ni son mujeres que han optado por este camino; es simple y llanamente explotación sexual y esclavitud.

Muchos clientes afirman saberlo, pero no lo denuncian por miedo a ser descubiertos por sus familias o las mafias que controlan a las prostitutas o simplemente por indiferencia. Algunos de estos puteros —como se los conoce coloquialmente— reconocen abiertamente que, en el momento en el que se convierten en prostitutas, da igual si es de manera forzada o voluntaria, las mujeres pasan a ser objetos para su disfrute y sus penurias y traumas no suponen nada que no se merezcan, otro exponente de la cosificación que las mujeres sufren en la mayoría de las sociedades. En muchas ocasiones, esto no es lo peor que hacen los clientes: las prostitutas se encuentran entre las ocupaciones más peligrosas del mundo, ya que están expuestas a palizas, violaciones, enfermedades sexuales y todo tipo de abusos que no se denuncian la mayoría de las veces, ni siquiera cuando suceden en el ámbito de la prostitución legal. Las prostitutas tienen una tasa de mortalidad 200 veces mayor que la media de mujeres de su misma edad y el 95% de ellas afirma haber sufrido un acoso sexual que en otros sectores llevaría a acciones legales.

Posiblemente motivados por estos hechos, varios países han decidido cambiar el enfoque con el que intentan combatir la trata de mujeres y las agresiones que sufren. En países como Suecia, Islandia, Canadá, Francia o Noruega no se criminaliza a las prostitutas, sino a quien busca este servicio, lo que ha llevado a una reducción significativa de la prostitución callejera y la explotación sexual. Este resultado contrasta con el de aquellos países que optan por la criminalización de las prostitutas, donde la trata de mujeres y la explotación sexual ha ido en aumento, motivada por la creciente demanda de sexo por dinero, ya sea local o de los denominados turistas sexuales, personas que viajan a países donde la ley —o su aplicación— es débil e ineficaz con la intención de usar servicios sexuales que muchas veces incluyen menores de edad o prácticas abusivas. Los informes más recientes afirman que en estos países hay 50 prostitutas en la cárcel por cada usuario preso.

Un problema de derechos humanos

Una de las principales reclamaciones de las asociaciones que luchan contra la trata de personas con fines de explotación sexual es que el problema se trate siempre como una violación de los derechos humanos y no como un problema de inmigración. Este enfoque, presente en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) o en el Protocolo de Palermo (2000), se ha incluido progresivamente en las leyes de los principales países destinatarios de tráfico y trata de mujeres, aunque todavía está muy lejos de ser aplicado consecuentemente. Cuando las autoridades se encuentran con un caso, la atención se centra mayoritariamente en la situación irregular de la víctima. Por ello, la situación generalmente desemboca en cárcel y posterior deportación de la víctima, que posiblemente volverá a quedar atrapada en las redes de explotación sexual una vez regrese a su país; el caso se cierra sin perseguir a los culpables detrás de la trata. En palabras de una víctima de trata, es el único caso en el que la persona abusada es puesta entre rejas.

Otro de los obstáculos al que se enfrentan las víctimas es conseguir que las identifiquen como tales, ya que la ley encierra varios trucos —que los proxenetas conocen— que hacen muy difícil probar que una mujer ha sido forzada, encerrada y sometida a la voluntad de sus explotadores. Por otro lado, prácticamente solo aquellas que han entrado en contacto con asociaciones de apoyo a las víctimas de trata conocen la totalidad de sus derechos, lo que hace que muy pocas los reclamen cuando son descubiertas por las autoridades.

Por su parte, las autoridades muchas veces pecan de los mismos prejuicios que la sociedad civil tiene contra las víctimas de trata, lo que incluye racismo y discriminación por sexo. La falta de empatía y cercanía que sus historias personales producen en los responsables de protegerlas hace que no se persiga con la determinación necesaria a los culpables, quienes en ocasiones también corrompen a las fuerzas de seguridad del Estado para asegurarse su silencio y permisividad. Si las víctimas normalmente desconfían de las autoridades por su situación irregular, estas actuaciones no hacen más que dificultar su colaboración.

* Burgos, 1994. Graduado en Relaciones Internacionales por la URJC y máster en Antropología de Orientación Pública por la UAM. Interesado en descubrir las verdaderas causas de los problemas de nuestro tiempo.