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ONU propone la creación de un “bono contra el hambre” en América Latina

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ONU propone la creación de un “bono contra el hambre” en América Latina
  • Un nuevo informe de dos agencias de las Naciones Unidas propone un “bono contra el Hambre” además de un ingreso mínimo de emergencia para evitar que la crisis sanitaria del COVID-19 se convierta en una crisis alimentaria que haga retroceder a la región 20 años de desarrollo y empuje a millones más al hambre y la pobreza. 

Redacción

SemMéxico/ ONU Noticias. 13 de julio 2020.- El esfuerzo de dos décadas para eliminar la pobreza extrema puede perderse en cuestión de meses y millones de personas más pasarán hambre debido a la crisis del COVID-19, advierte un nuevo informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

De acuerdo con las agencias, América Latina necesita medidas urgentes para evitar que la actual crisis de salud causada por el coronavirus se transforme en una crisis alimentaria.

Con la mayor caída del PIB regional en un siglo, estimada en un -5.3%, aproximadamente 16 millones de latinoamericanos caerán en la pobreza extrema hasta un total de 83,4 millones de personas, lo que hará que muchos de ellos tengan dificultades para acceder a comida. Entre 2016 y 2018 ya había 53,7 millones de personas en inseguridad alimentaria severa en América Latina.

La secretaria ejecutiva de la Comisión, Alicia Bárcena, y el director regional de la agencia de la ONU para la alimentación, Julio Berdegué, explicaron durante una conferencia de prensa que los efectos de la crisis ya son visibles en los sistemas alimentarios: la vulnerabilidad de los trabajadores ha crecido y los precios internos de los alimentos están subiendo más que el precio de otros productos de la canasta básica, según el Índice de precios al consumidor.

Además, debido al aumento del desempleo y la caída en los ingresos, millones de personas no pueden comprar suficientes alimentos, y muchas otras están teniendo que optar por alimentos más baratos y de menor calidad nutricional.

“Vemos que hay un aumento en la posibilidad de una crisis alimentaria. Nuestra región acumula siete años de muy bajo crecimiento. A partir de 2014 ha aumentado la pobreza. Con esta crisis que será la más grande en la historia de la región, sin duda va a haber un aumento de la pobreza extrema y el hambre”, explicó Bárcenas.

 “Podemos perder todo lo que hemos hecho en 20 años, y volver a donde estábamos hace 20 años en un par de meses […]Millones de personas pueden caer en el hambre. Esa es la gravedad del problema actual”, agregó el director de la FAO.

El informe también expresa una fuerte preocupación por sectores de alto valor intensivos en manos de obra como el café, las flores y las frutas, así como un impacto sobre el empleo femenino en medio de la crisis.  También existe un impacto adicional de los fenómenos climáticos sobre la producción agropecuaria, en particular, los productores de subsistencia y los trabajadores agrícolas.

FAO/Ubirajara Machado. Los países de América Latina han implementado programas de almuerzos escolares para luchar contra el hambre. La pandemia de COVID-19 ha afetado enormemente a los beneficiarios de estos programas.

Un bono contra el hambre para los más vulnerables

Para las agencias, la gran tarea es impedir que la crisis actual de la pandemia se convierta en una crisis alimentaria, algo que se puede alcanzar complementando un ingreso básico de emergencia con un bono contra el hambre.

Según el informe, este bono podría materializarse en la forma de transferencias monetarias, canastas o cupones de alimentos a toda la población en situación de pobreza extrema por un período de seis meses, equivalente al 70% de la línea de pobreza extrema regional, que se sitúa en el valor de 47 dólares del año 2010.

Su costo equivaldría al 0,06% del PIB regional, si se entrega únicamente a la población en pobreza extrema mayor de 65 años, o al 0,45% del PIB si se da cobertura a toda la población en pobreza extrema. La CEPAL y la FAO recomiendan la segunda opción, lo que tendría un costo estimado de 23.500 millones de dólares.

Además, proponen un incremento de al menos un 20% de la cartera promedio de créditos de los últimos tres años, que sumaría alrededor de 5500 millones de dólares, para los productores del sistema alimentario. Adicionalmente, para las unidades agrícolas familiares más rezagadas, los expertos dicen que se necesita un kit básico de inversión de 250 dólares con un costo de 1700 millones de dólares en la escala regional.

Los funcionarios hicieron un llamado a la cooperación internacional para apoyar a los países en mayor situación de vulnerabilidad.

FAO/Max Valencia. Él mercado de Lo Valledor en Chile continúa suministrando alimentos al público durante la pandemia de COVID-19 con todas las medidas de protección. La situación actual del coronavirus en América Central y del Sur es la “más compleja”.

Riesgos de disrupción en el sistema alimentario

Julio Berdegué expuso que la actual crisis representa además un riesgo de disrupciones en el sistema alimentario de la región.

Puso como ejemplo que, en Colombia, las cosechas de producción agrícola se están perdiendo porque no hay quien compre, mientras que, en Cuba, la producción está disminuyendo por menores ingresos y el cierre del sector turismo.

Asimismo, en Brasil, el COVID-19 está causando una caída del 9,6% en las ventas de mercados mayoristas en Sao Paulo, y en Perú causó el cierre del Gran Mercado Mayorista de Lima.

“El sistema alimentario es complejo, sus actividades son esenciales y sus trabajadores son vulnerables. Facilitar el funcionamiento de las cadenas de suministro de alimentos es fundamental para garantizar la provisión y el acceso”, afirmó el experto.

UNDP Guatemala/Caroline TrutmannMujeres agricultoras en Guatemala

Recomendaciones

Las agencias proponen el bono contra el hambre como parte de un decálogo de medidas para que todos los hogares accedan a una alimentación suficiente y nutritiva, las empresas y actores del sistema alimentario puedan realizar sus tareas, y los países cuenten con suficientes alimentos para garantizar el abasto a precios razonables.

Las otras medidas son:

  • Reforzar los programas de alimentación escolar para garantizar la alimentación de niños, niñas y adolescentes
  • Apoyar las iniciativas de asistencia alimentaria de las organizaciones de la sociedad civil
  • Apoyo financiero a través de créditos y subsidios productivos para las empresas agropecuarias, orientado principalmente a la agricultura familiar
  • Ajustar los protocolos de sanidad y salud en la producción y el transporte de alimentos y en los mercados mayoristas y minoristas
  • Expandir y garantizar el funcionamiento de los programas de apoyo a la producción de autoconsumo
  • Asegurar el financiamiento, la asistencia técnica y el acceso a insumos y mano de obra a los agricultores y pescadores artesanales
  • Establecer mecanismos ágiles de consulta y coordinación público-privada entre todos los actores del sistema alimentario
  • Impedir que los mercados mayoristas y minoristas y las agroindustrias se cierren o disminuyan sus operaciones
  • Continuar con las políticas que han mantenido abierto el comercio mundial de alimentos, en particular evitando medidas proteccionistas que aumenten el precio de los alimentos

“Esta crisis no es algo que va a pasar rápido, hay que entender que enfrentamos un 2020 malo y un 2021 muy débil. Es más difícil resistir dos años que dos meses”, aseguró el director regional de la FAO, asegurando que las medidas recomendadas en el informe son muy necesarias para el bienestar de la población latinoamericana.

PMA/Mathias RoedEl PMA distribuye canastas con comida entre las poblaciones vulnerables en Colombia.

Una pandemia de hambre

Este martes el Programa Mundial de Alimentos se hizo eco del llamado de la CEPAL y la FAO, y afirmó que en realidad se necesitan medidas urgentes para la región.

La alerta se produce cuando las tasas de infección por coronavirus continúan aumentando rápidamente en la región de América del Sur, y el número de casos se duplicó en las últimas tres semanas, a 1,6 millones.

Según el programa, el COVID-19 podría empujar a 10 millones de personas adicionales en América Latina y el Caribe a una grave inseguridad alimentaria este año.

 El director regional del Programa, Miguel Barreto, dijo a los periodistas por videoconferencia que la advertencia se aplicaba a los países donde estaba presente la agencia, como Colombia, Honduras y Haití. El Programa no opera en Argentina, Brasil, Chile, México y Venezuela:

 “Nuestra proyección pinta una imagen cruda. Nuestra región ya tiene problemas relacionados con las crisis económicas y climáticas, así como con la inseguridad y el desplazamiento. Otro problema es que entre el 50 y el 70% de los trabajadores lo hacen en el sector informal, lo que los hace más vulnerables porque no pueden acceder al trabajo debido al cierre en la mayoría de los países de la región”.

 El funcionario hizo un llamado a la solidaridad de las instituciones financieras internacionales, los gobiernos, los organismos multilaterales «y todos los sectores de la sociedad» para vencer al virus y proteger a los países y comunidades más vulnerables.

OIMLa OIM apoya a venezolanos y brasileños en las áreas afectadas por la crisis de coronavirus en Brasil

La asistencia social es clave

Varios países de la región de América Latina y el Caribe ya han aumentado la asistencia social a millones de personas que viven en la pobreza”, señaló Barreto.

Esta ayuda adicional ha marcado «toda la diferencia», dijo, al permitir que las personas que viven día a día satisfagan sus necesidades básicas sin tener que abandonar sus hogares y potencialmente entrar en contacto con el coronavirus.

«Recomendamos que los Gobiernos amplíen sus programas para incluir a personas y grupos más vulnerables, como trabajadores informales y migrantes», insistió, antes de destacar un proyecto piloto entre el Gobierno de Colombia y el Programa en el departamento de Arauca que ayuda a 42.000 migrantes venezolanos y colombianos que están excluidos de cualquier protección social o apoyo de emergencia.

Barreto explicó que el proyecto es lo que llaman “respuesta de choque en la protección social”. La mayoría de los migrantes no pueden obtener apoyo del sistema nacional de apoyo a la protección, por eso algunos de ellos ahora están regresando a Venezuela.

“Este piloto de Arauca, que básicamente significa que el PMA inyecta fondos al sistema nacional de protección, busca soluciones duraderas”, dijo.

Asimismo, desde el centro humanitario regional en Panamá, esta agencia de la ONU ha enviado más de 68 toneladas de suministros a 27 países de la región. En los próximos días, Barreto anunció que los vuelos de carga comenzarán a llegar a la región desde su centro internacional en China.

El «primero de muchos vuelos» en la región también traerá suministros críticos de salud a Ecuador de la Organización Mundial de la Salud  y la Organización Panamericana de la Salud, agregó.

«En un momento en que vemos que el virus devasta nuestra región, este apoyo es absolutamente crucial para las personas en la primera línea de la pandemia, y esperamos la llegada de más suministros en los próximos días y semanas», dijo.

El PMA también planea organizar vuelos de pasajeros a diferentes puntos de la región para las comunidades humanitarias y de salud.

«Estos servicios comunes se necesitan ahora más que nunca porque la pandemia, que ha aumentado las necesidades humanitarias ya elevadas, al mismo tiempo ha causado interrupciones en las líneas de suministro y reducciones en el transporte internacional en todo el mundo», explicó Barreto.

El experto advirtió que el hecho de que la región no está en conflicto hace menos visible el impacto que está teniendo la crisis económica y la migración.

OCHA/Gema CortesUn control de temperatura por el coronavirus en un albergue en Venezuela

Negociaciones con Venezuela

El director regional del Programa informó respondiendo preguntas a periodistas que se encuentra en negociaciones con el Gobierno de Venezuela para que la agencia ingrese al país.

“Hay muy buena voluntad de ambas partes y estamos sentándonos para ver como podemos colaborar en el país. Las negociaciones van bien como todos queremos, y es probable que el Programa Mundial de Alimentos entre a Venezuela este 2020, pero aún falta mucho por dialogar”, dijo.

El Programa no opera en el país suramericano hace 45 años.

Reabrir la economía de México en medio de una transmisión intensa puede acelerar los casos de COVID-19

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Reabrir la economía de México en medio de una transmisión intensa puede acelerar los casos de COVID-19
  • México debe encontrar la manera de balancear la aceleración del COVID-19 y la reapertura de su economía, advirtió el director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud 

Alexis Aubin/Foto: ONU Mexico

SemMéxico/Noticias ONU. 13 de julio 2020.- México es actualmente el quinto país del mundo con más muertes por coronavirus. Una reapertura en medio de una alta transmisión comunitaria puede llevar a una aceleración en los contagios, así como a un posible colapso de los sistemas de salud, advirtieron los expertos de la agencia de la salud de la ONU. 

México debe encontrar la manera de balancear la aceleración del COVID-19 y la reapertura de su economía, advirtió el director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud este viernes.

Michael Ryan aseguró que, aunque es difícil predecir la trayectoria de la epidemia en cualquier país, México es ahora mismo la quinta nación con más muertes por coronavirus, y ha tenido números de contagios diarios récord, cuyo total alcanza ya más de un cuarto de millón.

“México está en el proceso de reapertura y en este periodo los casos han incrementado significativamente, se trata de un patrón que hemos visto en un número de países. Abrir la economía en medio de una transmisión comunitaria intensa puede llevar a una aceleración de los contagios”, aseguró el experto durante la conferencia de prensa habitual de la Organización.

Ryan expresó que es necesario mirar al nivel subnacional e identificar donde el virus esté bajo control y así decidir dónde se puede comenzar a reabrir.

“Entender cuáles son las zonas con mayor transmisión y donde tal vez se necesite revertir o ralentizar la reapertura. Esto debe estar acompañado de vigilancia de salud pública y de comunicación con las comunidades. Hasta cierto punto esto depende de la confianza. Debe haber mensajes claros y consistentes sobre los riesgos por parte de las autoridades y los líderes, tenemos que ser honestos con las comunidades sobre el nivel de la epidemia”, añadió.

El director de emergencias además explicó que si las comunidades regresan a su actividad normal y la vigilancia de salud publica es débil para identificar y rastrear casos rápido, se podría llegar a un nivel donde el número de contagios exceda la capacidad del sistema sanitario.

“No queremos volver a la situación que veíamos (en algunos países) al comienzo en febrero y marzo donde los sistemas de salud fallaron ante la cantidad de infectados. Tenemos que intentar evitar esto a toda costa”, expresó.

Ryan dijo además que entiende la situación de muchas familias en México y otros países, que dependen del día a día para sobrevivir y alimentar a los suyos, y el reto que esto representa para los Gobiernos.

“Pero tenemos que encontrar una manera de balancear la aceleración del COVID-19 con la reapertura de la economía, porque está claro que abrir en esas condiciones puede revertir el progreso del país entero. Una reapertura a ‘ciegas’, que no esté asociada a pasos progresivos basados en los datos llevará a los países a donde nadie quiere estar, México incluido”, recalcó.

Ráfaga

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Ráfaga

Siguen en apogeo inseguridad y violencia

*Como dijo don Alejandro Martí: Sí no pueden, ¡Renuncien!

Jorge Herrera Valenzuela

SemMéxico, 13 de julio, 2020.- Las hojas del calendario siguen desprendiéndose desde hace 20 meses, a partir del 1 de diciembre de 2018, y el país mantiene un clima de inseguridad a nivel nacional. La violencia es cotidiana en algunas entidades del país. Nada frena a los narcotraficantes que pelean espacios territoriales, tampoco se liquida a los ladrones de combustible, los huachicoleros. Los asaltos en las carreteras no cesan. La delincuencia no organizada, los rateros, en las zonas urbanas, operan sin mayor riesgo.

Frente a este panorama, además de confrontar la incontrolable pandemia y los problemas sociales y económicos derivados de ese mismo mal, la ciudadanía no entiende cómo la delincuencia organizada se hace un armamento sofisticado y de alto poder traído del extranjero. Después del atentado contra el jefe policíaco de la Ciudad de México, se informó del arsenal que poseían los sicarios, pero nadie explica quién deja paso libre en las aduanas fronterizas y marítimas.

Tras la ineficacia de la Guardia Nacional, creada originalmente para frenar a la delincuencia y pacificar en todos los rincones de la República, se decretó presidencialmente que, los soldados y los marinos volverían a las calles para, coordinadamente con la GN, trabajar en cada una de las entidades. Ni los miembros del Ejército y la Armada están preparados para labores policíacas, ni los policías tuvieron preparación castrense.

Reto difícil para A. Durazo

Desde antes de iniciarse el actual sexenio, fue anunciado que la dependencia encargada de la seguridad nacional estaría a cargo de Francisco Alfonso Durazo Montaño, la pregunta popular fue, ¿y quién es ese señor?, seguida de otra interrogante, ¿ha sido policía? No hubo respuesta alguna, pero seguramente que ni el sonorense que el 11 de este mes cumplirá 66 años, imaginó la tarea que se le avecinaba, aunque teóricamente y en el papel tuviera planes, programas y tal vez hasta estrategias.

Manejar la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, como se denomina la institución, requiere de personal experimentado, capacitado, con trayectoria en la investigación, contar con conocimientos de un servicio de inteligencia. Durazo Montaño, originario de Bavispe, Sonora, tiene licenciatura, maestría y doctorado, en ingeniera civil, en Derecho y en otras materias, pero nada relacionado con la materia de seguridad o de trabajo policíaco. Diputado federal y actual senador con licencia.

El hombre tiene antecedentes como secretario particular del priista Luis Donaldo Colosio y del panista Vicente Fox Quesada, inclusive fue su vocero oficial. Otro brinco y se convirtió en colaborador de confianza del mandatario en turno. Tres camisetas diferentes, hoy orgullosamente luce la de Morena. Podría tener resultados positivos si llama a hombres con “cancha policíaca” y cumplir con lo ofrecido por su jefe, poner fin a la inseguridad en los primeros seis meses del gobierno o cuando menos disminuirla.

Hoy no quieren saber nada del pasado. Anhelan borrar todo indicio del neoliberalismo, atacar de raíz la corrupción y eliminar la impunidad. Sin embargo se olvidan que la República Mexicana y su Ciudad Capital, hasta hace quince años mantenían los climas de paz, de tranquilidad, de ambiente cordial. Doce años, seis panistas y otros tanto priistas, pusieron fin a esa época. El hartazgo de la ciudadanía y las promesas que escucharon en la campaña político-electoral, eligieron Presidente de México que nos devolvería a una vida sin zozobras, pero no fue así.

Los narcos entraron el pasado 23 de junio a la Ciudad de México, a la Capital del País, al corazón de la Patria. Pretendieron asesinar al Secretario de Protección Ciudadana. Los sicarios fueron identificados como enviados por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Diecinueve están bajo proceso por varios delitos y “El Mencho” sigue en el confinamiento hogareño, dirigiendo su expansión delincuencial hasta territorio norteamericano.

No incluyo en mi comentario las estadísticas de los cientos de miles de homicidios dolosos, porque son conocidos en toda la Nación. Es muy lamentable que las noticias de Guanajuato, de Guerrero, de Michoacán, de la misma Ciudad de México, sean de asesinatos, de “ajuste de cuentas entre criminales”, ya sean tan comunes que no conmueven ni a los que leen los reportes ni a quienes los escuchan.

Como recuerdo a los policías del siglo pasado. No eran universitarios, sino autodidactas. Su intuición era uno de los factores para capturar a los autores de homicidios, a los asaltantes de sucursales bancarias (el primer asalto, en febrero de 1961, quedó resuelto con detenidos y recuperado el botín, en menos de 48 horas), tenían control de los hampones urbanos. No se escapaba un solo homicida y las averiguaciones judiciales eran bien elaboradas, los jueces penales no “soltaban” a los presuntos.

¿Nombres? Coronel Manuel Mendoza Domínguez, jefe del Servicio Secreto, con sus comandantes Jorge Obregón Lima, Jorge Udave González, José Salomón Tanús, Manuel Bahena Camargo, Arturo Fernández Porras, Jesús Gracia Jiménez y en la Policía Judicial del Distrito Federal, el capitán Rosalino Ramírez Faz. En la Procuraduría General de la República, el general Raúl Mendiola Zerecero y Héctor Hernández Tello. También menciono al jurista y catedrático universitario Eduardo Estrada Ojeda, quien comandó a los detectives del Servicio Secreto.

Pregunta para meditar: ¿Será verdad que Durazo Montaño está en campaña para ser candidato de Morena y llegar a gobernador de Sonora?
jherrerav@live.com.mx

Mujer y Poder

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Mujer y Poder

Una Persona Virtuosa para el INE

Natalia Vidales Rodríguez
SemMéxico, 13 de Julio, 2020.- Junto con el reinicio del proceso de selección de los cuatro consejeros o consejeras, suspendido desde el 18 de marzo debido a la contingencia sanitaria, inicia también la actividad política de la sociedad civil, preocupada -y ocupada ya- por que la elección se de en forma imparcial y atendiendo a los mejores perfiles donde se asegure, en primer término, la independencia de las y los consejeros.

Cuatro terminaron su cargo y habrá que relevarlos para seleccionar a dos mujeres y dos hombres, encomienda que tienen los legisladores una vez hayan aprobado la evaluación del Comité designado para ello.

¿Qué dice el INE al respecto? El Instituto establece que hay que evaluar habilidades y conocimientos a quien aspire a ocupar el cargo de Consejero o Consejera, pero entre los requisitos no se incluye por ningún lado que la persona que ocupe el cargo deba de tener trayectoria humanística y/o virtudes morales que le permitirían, por supuesto, un desempeño intachable.

Una persona virtuosa es garantía de honorabilidad, independientemente de la profesión que profese y ojalá que, aún cuando no esté estipulado así en la ley, las integrantes del Comité de Selección del INE -primero- y las y los legisladores -después- tomen en cuenta el perfil ético y moral de quienes aspiran a tan delicado e importante cargo.

Dejar de lado las virtudes universales con que cuenta toda persona de bien es lo que ha llevado a nuestro país al caos que actualmente prevalece, con gobernantes y representantes ausentes de virtudes tan importantes como la honestidad, fortaleza, valentía, responsabilidad, tolerancia y justicia, entre otras muchas más que deberían tomarse en cuenta para cualquier cargo de elección popular.

El 22 de este mes será la votación en el Congreso. Hay tiempo para averiguar cómo ha sido la vida de quienes pretenden defender nuestra democracia.
Las credenciales académicas no son, sin duda, suficientes para asegurar un buen desempeño. Lo hemos visto en el pasado y lo vemos en el presente.

Tras la pandemia, estarían en riesgo derechos de las mujeres

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Tras la pandemia, estarían en riesgo derechos de las mujeres
  • Es tiempo de poner sobre la mesa un nuevo contrato social
  • Necesarias líneas de acción enfocadas a las mujeres

Elda Montiel
SemMéxico, Cd. de México, 13 de julio, 2020.- Rebeca Grysnpan, titular de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) afirmó que hay una revalorización de las labores de las mujeres, pero advirtió que el “quédate en casa” puede convertirse en un “quédate en casa para siempre”.

Durante la segunda sesión de “Pensar juntas la recuperación” de la serie webinar “Nueva normalidad: más solidaria, justa, feminista, local e igualitaria”, organizada por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) la especialista dijo que es más probable que sean ellas las que más renuncien a los empleos cuando se trate de volver a una cierta normalidad y aseguró que todavía no se tiene la infraestructura adecuada de los cuidados.

Es alarmante que el 70 por ciento del personal en salud, cuidados y servicios está compuesto por mujeres, pues recordó que 70 por ciento de los contagios entre el personal sanitario ocurre entre mujeres.

Gryspan propuso promover el diálogo entre el mercado, la sociedad y el gobierno, y poner en la mesa de las decisiones un nuevo contrato social donde el tema de género y la equidad sea el centro de la discusión.

Al respecto, Nadine Gasman, titular de INMUJERES, planteo que es fundamental para la recuperación de esta crisis la corresponsabilidad en las labores de cuidado: “debemos conciliar la vida laboral y la vida familiar en los espacios de trabajo.

“Si contamos con estrategias y acciones concretas para promover el involucramiento y participación de forma equilibrada, tanto de hombres como de mujeres, estaremos dando un paso indispensable, no solo en términos productivos y crecimiento económico, sino también para generar condiciones para una vida digna”.

Ante la situación de desempleo que está afrontando el mundo y especialmente América Latina, Helmut Schwarzer, encargado de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para México y Cuba advirtió la crisis de desempleo y propuso crear políticas activas no pasivas que apuesten a que “caiga del cielo una recuperación, eso no va a ocurrir. Va a ser necesario tener líneas de acción enfocadas a las mujeres que se ven afectadas de manera desproporcionada por esta crisis”.

Precisó que la crisis laboral no se desató por la pandemia, viene de décadas atrás, donde las mujeres se han visto afectadas por prácticas desiguales, como el menor pago a mujeres por el mismo trabajo que realizan los hombres, así como una brecha en la calidad, seguridad y participación en el empleo. El riego es que esta crisis solo aumente estas desigualdades.

La senadora Martha Lucía Mícher Camarena dijo que realizar el tele-trabajo y los trabajos de cuidados en el mismo espacio amplían las brechas de desigualdad, ya profundas dentro del hogar.

Llamó a repensar esta recuperación y analizar si lo vivido en estos meses por el confinamiento sanitario dejará de ser una situación excepcional o corremos el riesgo que esto se convierta en lo “normal”, que amenazarían revertir los logros de las mujeres en materia de igualdad.

La senadora Patricia Mercado afirmó que “la pandemia ha puesto en el centro la agenda feminista, sobre todo la agenda de cuidados y depende de nosotras crear alianzas nacionales e internacionales, públicas y privadas, para que sea la oportunidad de plantear condiciones de mayor igualdad y crear un sistema de cuidados adecuado para las mujeres”.

“Es el momento oportuno de crear alianzas para cambiar las reglas del juego y lograr la igualdad”, precisó.

El próximo diálogo, informó INMUJERES se llevará a cabo el 23 de julio de 2020 con el tema “Futuro post-Covid: oportunidad de transformación.

El primer diálogo de esta serie “Nuevos pactos nuevas miradas: hacia un futuro igualitario” en el que participaron la condecorada socióloga María Ángeles Durán de las Heras, experta en trabajo no remunerado, cuidados, uso del tiempo, desigualdad y urbanismo; las investigadoras Edith Pacheco Gómez Muñoz, del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de Colmex y Mercedes Pedrero Nieto del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM puede verse en: https://bit.ly/2BLlz4t

SEM/em/sj

CNDH llama a proteger los derechos de la infancia, ante iniciativa Pin Parental

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CNDH llama a proteger los derechos de la infancia, ante iniciativa Pin Parental
  • Pide a las 32 legislaturas rechazar la iniciativa y recuerda que los derechos humanos no se consultan
  • SCJN derecho a la salud incluye información, educación, sensibilización y diálogo

Elda Montiel

SemMéxico, Cd. de México, 13 de julio, 2020.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llama a los poderes legislativos de las 32 entidades federativas a proteger los derechos de la niñez y las adolescencias frente a las iniciativas de incluir el “Pin Parental” en sus leyes estatales.

El organismo autónomo rechaza las iniciativas de “Pin Parental” que pretende que la educación sobre sexualidad, salud sexual y reproductiva de las niñas, niños y adolescentes estén condicionados a la autorización de las madres, padres y personas que ejercen la tutela para que puedan recibir esos contenidos en las escuelas, y le recuerda a las legisladoras y legisladores que los derechos humanos no pueden ser sometidos a consulta.

Precisa que estas iniciativas han sido presentadas en los estados como Aguascalientes, Nuevo León, donde ya fue rechazada, así como en Chihuahua, Querétaro y Veracruz en el que las madres y padres argumentan que tienen el derecho a elegir el tipo de educación que pueden recibir sus hijas e hijos, de acuerdo a sus convicciones y creencias.

Por lo que consideran que la impartición de los contenidos sobre sexualidad es una facultad exclusiva de las familias. Aunado a ello, varias de ellas mencionan que los contenidos educativos contienen elementos de “ideología de género”, al abordar temas como la diversidad sexual.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que el derecho humano al más alto nivel posible de salud para la niñez y las adolescencias incluye información, educación, sensibilización y diálogo en servicios de salud sexual y reproductiva, y el acceso a los métodos anticonceptivos.

Ha considerado en diversas sentencias que la niñez y las adolescencias necesitan información y educación sobre todos los aspectos de la salud para poder adoptar decisiones fundamentales en relación con su estilo de vida y el acceso a los servicios sanitarios, y que si bien los padres tienen el derecho de educar a sus hijas, hijes e hijos conforme a sus convicciones, lo cierto es que el ejercicio de la patria potestad se encuentra constreñido a la observancia de los derechos de la niñez y adolescencia a fin de atender a su interés superior.

Así como el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza que los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, que incluirá la promoción de estilos de vida saludables y la educación sexual y reproductiva, con lo cual se garantiza el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Las iniciativas de “Pin Parental “omiten considerar las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, la ley general de la materia y las leyes estatales de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que reconocen a las personas menores de 18 años como sujetos de derechos cuya autonomía progresiva les permite ejercer por sí mismas sus derechos, conforme a su edad y grado de madurez.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce que las madres, padres y familias tienen no solo el derecho, sino la obligación de proporcionarles a sus hijas, hijes e hijos, orientación y dirección apropiadas, e inculcarles el respeto hacia todas las personas; prerrogativa que no puede utilizarse para justificar limitación, vulneración o restricción alguna al ejercicio de los derechos.

El organismo autónomo hace énfasis en la Observación General número 3 del Comité de los Derechos del Niños que pone de manifiesto  la necesidad de que se preste una atención especial a las cuestiones relacionadas con la sexualidad, así como a los tipos de comportamiento y estilos de vida de la niñez y las adolescencias, aun cuando no sean conformes con lo que la sociedad considera aceptable según las normas culturales imperantes en un determinado grupo de edad; ello con base en el alarmante número de personas menores de 18 años que sufren las consecuencias del abuso sexual; matrimonio infantil, trata de personas, transmisión de VIH, embarazos a temprana edad y la discriminación contra las personas que integran la comunidad LGBTTIQ+, por mencionar algunas.

El organismo autónomo también llama a los Sistemas Estatales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, como rectores de las políticas públicas en materia de niñez, a proteger y garantizar esos derechos ante las acciones que pretendan su negación o limitación, adoptando decisiones correspondan a su interés superior.

Reitera que todas las personas servidoras públicas están obligadas a cumplir con el mandato constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

SEM/em/sj

Murió sola en su casa, 20 horas después recogen el cadáver

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Murió sola en su casa, 20 horas después recogen el cadáver
  • María falleció por probable COVID 19
  • Municipios amplían sus camposantos

Patricia Briseño

SemMéxico, Oaxaca, 13 de julio, 2020.- Veinte horas después de su fallecimiento por probable COVID 19, el DIF Estatal decidió hacer el levantamiento del cadáver de María, de 70 años de edad, en la agencia de la capital oaxaqueña, San Martín Mexicapan.

En rueda de prensa, la tarde del pasado viernes, vecinas y vecinos de María denunciaron que María tenía más de 10 horas de haber fallecido, que habían dado aviso a las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y al Ayuntamiento de esta capital sin recibir ninguna respuesta. La primera asegurando que no “había delito que perseguir”, en tanto el gobierno municipal señaló que no contaba con medios para extraer el cadáver.

Dijeron que el esposo de María, también adulto mayor, murió de coronavirus hace menos de 15 días; ella, alcanzó a llevarlo con vida a su comunidad, donde falleció y lo enterraron, sin embargo, María regresó enferma.

“Al enterarnos de su padecimiento avisamos telefónicamente a la Secretaría de Salud, pero se negaron a venir a examinarla a la vivienda, nos dijeron que alquiláramos una ambulancia equipada, por eso ella murió aquí, sola”.

Las y los vecinos refirieron que se dieron cuenta de su fallecimiento porque no recogió los alimentos que a diario le llevaban, por lo que llamaron a Fiscalía y al municipio de Oaxaca sin recibir respuesta alguna.

La ciudadanía al conocer la noticia, se volcó en redes sociales para difundir la no actuación de las autoridades. Fue hasta las 02.00 horas del sábado cuando personal del velatorio del DIF Estatal se presentó a recoger el cadáver de la señora María.

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) dijo que ante esta situación abrió un cuaderno de antecedentes.

Más fosas en Juchitán y Loma Bonita

Por otra parte, los municipios de Juchitán de Zaragoza y de Loma Bonita enfrentan problemas derivado del número de fallecimientos de personas por el nuevo coronavirus.

En Juchitán de Zaragoza el regidor de Panteones, Jorge Valdivieso Luis, dijo que se tuvieron que abrir 60 sepulturas en los camposantos de “Domingo de Ramos” (ampliación) y “Lunes Santo” y no descartó hacer nuevas excavaciones. Tan solo en lo que va de julio 40 personas han fallecido, presuntamente por COVID 19.

Cuando las personas, generalmente adultas mayores, mueren en sus casas, las familias se encargan de los trámites, es común que se nieguen a que los cuerpos sean puestos en bolsas selladas o sean incinerados, también esto sucede porque las funerarias no cuentan ni con personal ni carrozas para acudir a recoger los cadáveres.

Incluso, dijo el regidor de Panteones, las familias carecen del certificado de defunción, a pesar de eso se realizan las inhumaciones, con la promesa de que después llevarán el certificado.

Valdivieso Luis dijo que a pesar de todo y la gravedad del problema, muchas personas continúa sin tomar en cuenta las medidas de protección, lo que también fue confirmado por Gonzalo Sebastián Cruz Antonio, jefe de la Jurisdicción Sanitaria del Istmo de Tehuantepec, quien afirmó que la situación “está fuera de control”.

Señaló que la “búsqueda intencional de casos de COVID 19” confirmó que 117 trabajadores de la salud del hospital regional “Macedonio Benítez Fuentes” dieran positivo, por lo que se tomó la medida de activar la cuarentena en el hospital, “el personal se encuentra estable”.

Por otra parte, el presidente municipal de Loma Bonita, Raymundo Rivera Hernández, anunció que abrirán un nuevo cementerio de 3.5 hectáreas, ya que el actual camposanto resulta insuficiente derivado de las muertes por COVID 19, dijo que en los primeros días de julio, se reportaron 22 fallecimientos.

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) contabiliza 89 quejas y 43 cuadernos de antecedentes por abusos de autoridades estatales y municipales, retención de personal sanitario, así como la exhibición pública de personas supuestamente contagiadas por el coronavirus, y contra los servicios de salud.

Miradas de reportero

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Miradas de reportero

Advierten Gobernación y Artículo 19 otros quebrantos a la paz social

Rogelio Hernández López

SemMéxico, 13 de julio, 2020.- Son dos novedades y una sola alerta de otros efectos preocupantes de la pandemia en México.

Es noticia, por inusual, que la Subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) hiciera público su segundo reporte de rupturas en los equilibrios de libertades y derechos individuales de mexicanos. También es novedoso que esta instancia del Ejecutivo federal coincidiera con la organización internacional, Artículo 19, en el sentido de exhibir lesiones “preocupantes” a los derechos humanos.

Ambos reportes documentan por quiénes, dónde y cómo se ha alterado más la concordia social. Configuran una misma alerta que no debe desestimarse.

La Subsecretaría de la Segob reporta “sanciones desproporcionales de gobernadores y alcaldes tales como cierre de fronteras, caminos y carreteras, toques de queda, retenes y otras medidas restrictivas al libre tránsito; recuenta agresiones injustificadas contra personal de salud, multiplicación de actos discriminatorios, persistencia de agresiones y asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, desaparición de personas y maltratos a presos y refugiados.

Artículo 19, por su lado asegura que “la pandemia ha puesto en evidencia la precariedad de los mecanismos institucionales para garantizar el derecho a la información” de poblaciones específicas como las indígenas; documenta “uso y abuso de mecanismos, legales o fácticos, de censura directa e indirecta, cuya expresión más alarmante es el recrudecimiento de la violencia contra la prensa,” Y coincide con el “avance de prácticas autoritarias que ponen en riesgo la vigencia de los derechos humanos.”

Los sociólogos definen la paz a nivel social o personal, el estado en el cual se encuentran en equilibrio y estabilidad sus partes, como la ausencia de inquietud, violencia o guerra. “La pandemia de COVID-19 ha trastocado todos los ámbitos de la sociedad” advierte Artículo 19.

Los datos de la Segob

La Subsecretaría de Derechos Humanos a cargo de Alejandro Encinas difundió el 2 de julio, la segunda parte de sus “Observaciones sobre Violaciones a Derechos Humanos cometidas durante la Contingencia Sanitaria por COVID-19” con “un llamado a las autoridades de todos los niveles a no bajar la guardia y recordar que, en este contexto de emergencia, la salvaguarda de los derechos es más importante que nunca.”

Reporta que “a nivel nacional, los estados y municipios emitieron 428 medidas restrictivas: reducción de movilidad (17.29%), filtros sanitarios (17.29%), uso obligatorio de cubrebocas (15.42%), toques de queda (12.62%), acceso restringido (10.98%), restricción de movilidad (6.78%), cierre de acceso (4.67%) y otras (14.95%).

Las restricciones registradas fueron en Quintana Roo, Campeche, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Sonora. “En algunos de estos estados se han documentado abusos de autoridad o uso excesivo de la fuerza”.

De agravios a personal de salud anota: “que entre los meses de abril y mayo se registraron 103 agresiones en 29 estados. Los estados de mayor número son la Ciudad de México (19) y Jalisco (15).

Por separado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró 55 agresiones al personal de enfermería en 14 entidades durante mayo: Veracruz (12), Jalisco (10), Estado de México (9), Ciudad de México (5), San Luis Potosí (5), Tamaulipas (4), Yucatán (4), Sinaloa (3), Durango (1), Hidalgo (1) Morelos (1), Nuevo León (1), Tabasco (1), Zacatecas (1).

También se informa, con detalles, de 341 actos discriminatorios, acentuados en el periodo: contra mujeres 179 y a hombres 162.

Siguen los acosos a defensores y periodistas

“De enero a mayo de 2020 el Mecanismo para la Protección de esta Subsecretaría registró 128 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos (63 hombres, 52 mujeres, una persona transgénero y 12 colectivos).”

De agresiones a periodistas, aunque los datos de Segob contrastan con los de organismos no gubernamentales en todos los casos reflejan la persistencia de reacciones violentas a su trabajo considerado como esencial con o sin epidemias:

Según el Mecanismo, los agravios fueron de 30.5 mensual en promedio (de enero a mayo registró 122 agresiones, 88 contra hombres, 34 a mujeres y 4 a colectivos);

Artículo 19, por su lado documentó 60 agresiones en promedio mensual (120 entre el 12 de marzo al 16 de mayo).

Y el agrupamiento Periodistas de a pie registró un promedio mensual de 23.5 (141 de enero a junio).

La Subsecretaría reporta también la desaparición de personas de marzo a mayo. Sostiene que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) registró 1,260 desapariciones, de las cuales 754 son hombres y 506 mujeres. Precisa que fueron localizadas 551 personas (43.7%)

Su reporte incluye datos precisos de restricciones que también impuso la delincuencia organizada, la situación de presos y refugiados durante la epidemia. Ver https://www.gob.mx/segob/documentos/observaciones-sobre-violaciones-a-derechos-humanos-cometidas-durante-la-contingencia-sanitaria-por-covid-19?state=published

Los datos de Artículo 19

El organismo de origen inglés, Artículo 19, investigó violaciones de derechos específicos en México y Centroamérica. En todos los casos antepone las referencias de convenios internacionales y leyes en cada país. Dedica amplio espacio a la vulneración de los derechos a la información y trato discriminatorio a poblaciones indígenas, a periodistas y a los excesos de gobernantes sobre todo en los estados y municipios.

De estos últimos sostiene: “Por su parte, en México, las respuestas a nivel subnacional han sido severas en algunas entidades federativas y municipios, pretendiendo dictar medidas de excepción que abiertamente obstaculizan la movilidad o las reuniones, por ejemplo, por fuera del marco constitucional, arrogándose las autoridades locales, de manera ilegal e ilegítima, facultades extraordinarias para usar la fuerza pública.”

Denuncia también “una falta evidente de comunicación oportuna y adecuada a las comunidades indígenas”.

“En México, según datos de 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), alrededor del 29.9% de la población de seis años o más de edad no es usuaria de internet.35 De acuerdo con la misma fuente, esta cifra sube a 52.3% en el caso de zonas rurales.

“la falta de acceso a la información, debido a los obstáculos estructurales que emanan desde las políticas públicas en la materia para que puedan acceder a información de calidad, con pertinencia cultural, oportunidad y en sus propias lenguas…

“no existe como tal una estrategia integral de comunicación dirigida a los pueblos indígenas, en la que trabajen de manera articulada autoridades federales, estatales, municipales y comunitarias. La denominada Estrategia de Acción Comunitaria se ha limitado a las traducciones mencionadas a sólo 26 lenguas indígenas —de las 68 existentes en México—.

Sobre el ejercicio periodístico asegura que “Desde los inicios de la pandemia se expuso la salud de los periodistas que cubrían zonas de alto riesgo de contagio y, en la mayoría de casos, sin el equipo de protección adecuado.”

“Ante un escenario de ausencia de protocolos preventivos, la protección por cuenta propia se ha convertido en la alternativa para evitar contagios; los periodistas asumen la carga de tomar sus propias medidas con sus propios recursos ante la falta de medidas de las instituciones de gobierno y de los mismos medios para que ejerzan el periodismo con seguridad”.

Artículo 19 dedica su informe más reciente a las y los 27 periodistas que, “en el ejercicio de su labor para brindar información sobre el desarrollo de la emergencia sanitaria, han fallecido a consecuencia del COVID-19”. Inusualmente incorpora seis recomendaciones para empresas de medios.

Antes de las recomendaciones que suela hacer en todos sus documentos, Artículo 19 advierte: “La pandemia de COVID-19 ha trastocado todos los ámbitos de la sociedad. Ver https://articulo19.org/wp-content/uploads/2020/07/A19_InformeCovid_2020-V02.pdf 

En ambos reportes, como se puede observar, están los datos de otros trastornos y desequilibrios en los derechos de la sociedad mexicana y en sus relaciones que trastocan la paz social durante la epidemia.

Periodistas fallecidos durante la epidemia

(Fuente: Artículo 19)

  1. Martha Caballero Colli. Reportera freelance y trabajadora en comunicación del Ayuntamiento de Solidaridad, Q. Roo; Playa del Carmen, Quintana Roo.
  2. Alejandro Cedillo. Reportero La Crónica de Hoy; Ciudad de México.
  3. Miguel Ángel García. Freelance / reportero de comunicación social en Cuernavaca; Morelos
  4. Armando Sánchez Díaz. Locutor del programa El Gallito de la Radio; Ciudad de México.
  5. Clemente González García. Colaborador del Canal del Congreso; Ciudad de México.
  6. Jaime Montejo. Activista / agencia NotiCalle; Ciudad de México.
  7. David Alvarado “Piti”. Fotoperiodista Pásala; Ciudad de México.
  8. Moisés Márquez Villegas. Subdirector InfoBaja; Tijuana, BC.
  9. Jonathan Arana Chan. Camarógrafo; Playa del Carmen, Quintana Roo.
  10. Roberto Gutiérrez Rojas. Operador Grupo Imagen; Ciudad de México.
  11. Jorge Tamez de la Cabada. Exsubdirector de Síntesis en Cámara de Diputados CDMX.
  12. Reyes Ramos Rodríguez. Locutor Radio México Noticias; Chihuahua.
  13. Carlos Arturo Ramírez Castro. Fotógrafo comunicación social Chimalhuacán, Edomex.
  14. Fabiola Bueno Cardiel. Atención a medios del Instituto Electoral del Estado de México; Edomex.
  15. Ricardo Camacho. Corresponsal del diario 8 Columnas; Edomex.
  16. José Luis Ceballos. Director y conductor de espacios informativos de la Z 97.7; Oaxaca.
  17. Uriel Martínez López. Reportero TUDN MX (Televisa Deportes); sin dato.
  18. Sonia Salomé Copca Cano. Reportera y locutora; sin dato.
  19. Manuel Alberto Villegas Suárez. Fotógrafo Ayuntamiento de Centro, Tabasco; Centro, Tabasco.
  20. Antonio Alvear Olea. Columnista y reportero del diario Despertar del Sur; Guerrero.
  21. Rosendo Santos Merino. Director de El Sitio Informativo; Morelos.
  22. Mario Manzón. Fotógrafo de Comunicación Social del Gobierno de Sonora; Hermosillo, Sonora.
  23. José Roldan. TUDN MX (Televisa Deportes); sin dato.
  24. Luis Gerardo Ramírez Franco. Trabajador del diario Reforma; Ciudad de México.
  25. José Manuel Velarde Vázquez. presidente de la Asociación de Periodistas del Norte de Sonora.
  26. Manuel Cano López. Fundador y director de Diario Punto Crítico; Juchitán, Oaxaca.
  27. Franklin Américo Rivero “Meco”. Fotoperiodista de la Asamblea Legislativa; El Salvador.

Desobediencia

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Desobediencia

Certámenes de belleza en cuestión

* En diálogo con la Diputada Guadalupe Almaguer

Olimpia Flores Ortiz

SemMéxico, 13 de julio, 2020.- «El derecho no es la justicia. El derecho es el elemento del cálculo y es justo que haya derecho; la justicia es incalculable, exige que se calcule con lo incalculable; y las experiencias aporéticas son experiencias tan improbables como necesarias de la justicia, es decir, momentos en que la decisión entre lo justo y lo injusto no está jamás asegurada por una regla.” Jacques Derrida en Fuerza de Ley.

Parto de la premisa derrideana: “El derecho no es la justicia”: No le exijamos entonces lo que no nos puede dar.

Y el derecho es puro cálculo con respecto de un indecible, o ¿cuál es la base del cálculo de las penas? Si la justicia es incalculable, existe el riesgo de la desmesura o de la contradicción con la justicia misma.

Sin embargo, es justo que haya derecho, porque de no haberlo sería injusto, siguiendo con Derrida «El derecho es el elemento del cálculo y es justo que haya derecho».

Pero el derecho no se reduce a un mero trámite administrativo al que se le da cauce. Como tampoco la justicia en tanto aspiración o promesa por venir, ha de prescindir del derecho, nos dice una vez más el filósofo argelino: «Abandonada a ella misma, la idea incalculable y donadora de justicia está siempre lo más cerca del mal, por no decir de lo peor puesto que siempre puede ser reapropiada por el cálculo más perverso.»La justicia se vería lacerada en el exceso de cálculo del derecho. Se produciría entonces una aporía de la justicia, o coloquialmente, la justicia llegaría a un callejón sin salida.

¿Procede o no prohibir la realización de certámenes de belleza?

El feminismo ha recurrido en épocas recientes a inclinarse por las respuestas penales ante toda forma de violación de los derechos humanos de las mujeres. No me parece lo más afortunado. Quiero pensar que el feminismo es una apuesta libertaria y no una camisa de fuerza ceñida por la Ley. Y que le va mejor al feminismo con un derecho propiciador, que uno que abone a la reyerta entre los géneros. Por qué no optar por el camino de resignificación de los vínculos sociales, en lugar de imponer el respeto a las mujeres por medio de la amenaza y el escarmiento.

Esta ilusión punitiva, no se ha limitado a reformar las leyes existentes, sino que llega incluso a impulsar nuevos tipos penales como la violencia emocional, la violencia obstétrica o la violencia patrimonial. El problema es que entre más se disecciona a la Ley, más ambivalente se va tornando, porque las fronteras de los delitos no se delinean con claridad. Se gana visibilidad en cuanto a las conductas que agravian a la integridad de las mujeres, pero se pierde en precisión jurídica. Se producen resistencias y se pierden los casos. Una crítica así es la que le enderezan al feminicidio, aduciendo que es difícil de demostrar.

La experiencia en unos talleres sobre violencia obstétrica en el sistema público de salud de Oaxaca, a los que el personal masculino llegaba con actitud aprehensiva y defensiva, dejó al descubierto que no tienen consciencia de que sus actitudes implican violencia y discriminación; además de que la violencia obstétrica no es privativa de los hombres; las servidoras públicas también practican el autoritarismo con sus pacientes desde una postura de poder. ¿Se trabaja en el asunto con el sector salud en su conjunto o se establece una norma con su consecuente costo punitivo?

Es dudoso el beneficio de recurrir al derecho penal, ¿se gana realmente en prevención? ¿Disminuye la comisión de delitos? O se engrosan el rezago procesal y la impunidad.

En el dictamen para reformar a la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, aprobado unánimemente en la Comisión de Igualdad de Género, de la Cámara de Diputados, y listo para ser discutido en el Pleno en el siguiente período ordinario de sesiones, se dice de los certámenes de belleza:

“Artículo 17 Bis. Se considerará violencia simbólica en los términos del artículo 6, fracción VI de esta ley, a la realización de concursos, certámenes, elecciones y/o cualquier otra forma de competencia en la que se evalúe, de forma integral o parcial, y en base a estereotipos sexistas, la belleza o la apariencia física de mujeres, niñas y/o adolescentes.

Artículo 17 Ter. Se encuentran comprendidos en la definición del artículo anterior, los concursos de belleza, certámenes de belleza y eventos de elección de reinas, princesas y otras expresiones similares.

Las instituciones públicas no podrán asignar recursos públicos, publicidad oficial, subsidios ni cualquier tipo de apoyo económico o auspicio institucional a la realización de los eventos referidos en la presente ley.” (Negritas mías).

No pongo en duda que los certámenes de belleza se inscriben en lo que este primer dictamen denomina como violencia simbólica. Y creo que es acertado establecer que el Estado no se involucre de ninguna manera con la realización de estos, porque no le corresponde promover actividades sexistas. Y que por tanto en el ámbito educativo no es coherente que se lleven a cabo estas lecciones de estereotipo y de competitividad con jóvenes, adolescentes y niñas. ¿En otros ámbitos tampoco? Por ejemplo, La Flor Más Abella del Ejido. No aprecio prohibición para los entes privados.

Lupita Jones, la figura promotora del concurso de Miss Universo en México, no tiene elementos para darse cuenta de que su concepto de belleza es estereotipado y excluyente y que es discriminador y al final violento por todo ello. Ella acusa que se pretende “criminalizar a la belleza”. Existe lo bello, pero la belleza, así en singular, no. Y mucho menos su concurso tiene la patente. Pero defiendo la idea de que si mujeres adultas quieren concursar así y ser exhibidas, es cosa de su libre albedrío.

Lo que más me preocupa del dictamen, es sin embargo la tipificación de la violencia simbólica de la que se cuelga a la violencia mediática. Es una tipificación demasiado abierta y riesgosa.  Esta es la propuesta que contiene el dictamen de las diputadas:

“VI. Violencia simbólica. Es la expresión, emisión o difusión por cualquier medio ya sea en el ámbito público o privado de mensajes, patrones estereotipados, signos, valores icónicos e ideas que transmiten, reproducen, justifican o naturalizan la subordinación, desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres en la sociedad.”

Como tipo en la legislación, es simplemente incalificable en tanto inconmensurable. La violencia simbólica es un valor omnipresente y subyacente a toda la cultura. En la exposición de motivos de alude al concepto pergeñado por Pierre Bordieu el socsi0ologo francés de la segunda mitad del siglo XX:    

“La violencia simbólica es esa violencia que arranca sumisiones que ni siquiera se perciben como tales apoyándose en unas «expectativas colectivas», en unas creencias socialmente inculcadas.” (Bourdieu, 1999c: 173)

La violencia simbólica es pues otro incalculable, inaprensible por la Ley muchas veces imperceptibles para la conciencia. Se deriva del mito, (en nuestro caso mayoritariamente de la simbología cristiana) atraviesa a los cuerpos y es constitutivo de las estructuras de dominación. Está en un plano de abstracción que escapa a lo que la Ley puede calcular. ¿Vamos a prohibir los vestidos de novia? ¿Vamos a perseguir a las mamás empeñadas en la virtud y la pureza? Más aún, ¿vamos a prohibir todas las  religiones con todos sus rituales? ¿Vamos a cerrar todas las escuelas privadas a cargo de cofradías religiosas?

Y de la violencia simbólica aterrizan en la “violencia mediática”: “ARTÍCULO 18 Bis. Violencia mediática: Constituye una forma de violencia simbólica expresada a través de la publicación y/o difusión de símbolos, imágenes, mensajes y/o ideas estereotipadas a través de los medios masivos y electrónicos de comunicación, que de manera directa o indirecta promuevan la humillación, explotación, degradación, discriminación y violencia contra las mujeres poniendo en peligro su integridad.

La violencia mediática se expresa también en todos aquellos mensajes, ideas, símbolos e imágenes que naturalicen la relación de inferioridad entre mujeres y hombres, legitimando la desigualdad entre ambos y la construcción de patrones sociales, culturales, políticos y económicos estereotipados.”

Me pregunto si el feminismo será el que cuele a la censura de la libertad de expresión en la legislación mexicana, lo cual sería un atentado a la esencia democrática. No hay valor por encima de este. Sentar el precedente es una pésima apuesta si asumimos que el feminismo es libertario y por eso necesariamente democrático. La espiral de la censura no tendría fin, y en el juego de la correlación de fuerzas entre las tendencias políticas, al feminismo nos alcanzará por disolutas.

Este intento prohibicionista suena bien, pero no está bien. No nos tendamos trampas.

Día de las y los Abogados

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Día de las y los Abogados

Las mujeres abogadas deben actuar desde la Sororidad y dejar de ser cómplices del patriarcado

Por: Gladys de L. Pérez Maldonado

SemMéxico/Billie Parker Noticias. 12 de julio 2020.- El origen de la celebración del Día de las y los Abogados en México se remonta a casi 500 años. En el año de 1551 Carlos V ordenó establecer en la Nueva España un Centro de Estudios de Universidad de las Ciencias. El 25 de enero de 1553, se estableció en nuestro país la Real y Pontificia Universidad de México y el 12 de Julio de ese mismo año, se instituyó la primera cátedra para la enseñanza del Derecho y además se leyó por primera vez la Prima de Leyes, una de las materias que había en ese tiempo, en la que se introducía en los principios fundamentales del Derecho Romano.

Es así, que cuatro siglos después, el presidente de México Don Adolfo López Mateos, tomando como precedente esa memorable fecha declaró el 12 de julio Día del Abogado y este año 2020 se cumplen 60 años de dicha celebración.
Debido a los obstáculos sociales y culturales, las mujeres difícilmente se podían matricular a la formación jurídica. No debemos olvidar que la mujer vivió milenariamente invisibilizada para la actividad pública en la academia y la política por mencionar algunas y que la lucha feminista ha logrado que se dignifique el estatus de ellas de manera exitosa.

En México, la abogacía era considerada una carrera exclusiva de hombres, como casi todas las carreras de educación superior. El ministro de Justicia e Instrucción Pública en 1870, José Díaz Covarrubias, señalaba que la educación femenina no debía orientarse hacia las carreras profesionales, pues consideraba que aún no existían las condiciones necesarias para compartir con ese sexo “la alta dirección de la inteligencia y de la actividad humana”.

La primera mujer que desafió este pronunciamiento fue María Asunción Sandoval, quien cursó la carrera de abogada en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, entre 1892 y 1898 y a su corta edad de 22 años sustentó su examen profesional a finales del siglo XIX en julio de 1898. En aquel tiempo en un país de más de 12 millones de habitantes, de los cuales 7 millones eran mujeres, únicamente había una abogada.
Su trayectoria académica no fue fácil dadas las costumbres de la época, pues sus profesores se resistían a enseñar a una mujer, ya que consideraban que era poco fructífero pues las mujeres debían dedicarse al cuidado del hogar y poco tiempo tendrían para ejercer su profesión, no obstante María Asunción casó poco tiempo después de obtener su título de abogada y litigaba en los tribunales compaginando su responsabilidad profesional con la familiar. Ella además fue una luchadora incansable en pro del voto femenino.

En la actualidad la Licenciatura en Derecho es cursada por miles de mujeres, los paradigmas se han ido superando y el ejercicio de la abogacía no es más considerado limitativo para hombres. Por fortuna, han precedido mujeres con impulso y tenacidad para cambiar el tradicional “lugar en la sociedad” de nosotras.

Ahora las mujeres brillan con luz propia en el litigio, en la procuración e impartición de la Justicia en el ejercicio y defensa de la debida aplicación de la Ley. La norma se establece en la Constitución General de la República que nos dota del Derecho de la Igualdad, del Derecho de la Dignidad y respeto a la integridad de cada Ser Humano.

Las mujeres abogadas deben actuar desde la Sororidad y dejar de ser cómplices del patriarcado, actuando siempre con apego a los principios éticos de cada profesionista: La Verdad y la Precisión, la Independencia, la Equidad y la Imparcialidad, La Humanidad y la Responsabilidad.

¡Felicidades a todas y a todos que honran la extraordinaria profesión de la Abogacía!

Amnistía Internacional pide a Putin protección para la periodista Elena Milachina

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Amnistía Internacional pide a Putin protección para la periodista Elena Milachina

Por Mercedes Arancibia

SemMéxico/Periodistas en Español. 11 de julio 2020.-Amnistía Internacional ha puesto en marcha una recogida de firmas para pedir al presidente ruso, Vladimir Putin, que proteja a la periodista Elena Milachina, del periódico bisemanal Novaya Gazeta, amenazada por el presidente checheno a causa de sus artículos sobre ese país.

No es la primera vez que se producen estas amenazas. El pasado 6 de febrero de 2012, Elena Milachina y la abogada Marina Dubrovina fueron agredidas por un grupo de personas en un hotel de Grozny, la capital chechena. Se abrió una investigación sobre la agresión, pero en este momento se encuentra parada.

El 12 de abril de este año, el periódico independiente Novaya Gazeta publicó un artículo de Elena Milachina a propósito de la pandemia de Covid-19 en Chechenia. El artículo provocó una reacción del presidente checheno, Ramzan Kadyrov, quien publicó en Instagram un vídeo en el que acusaba a Novaya Gazeta y a sus periodistas de “peleles de occidente” y pedía directamente al gobierno ruso y al Servicio Federal de Seguridad (FSB, antigua KGB) que “detuvieran a estos no-humanos que escriben y provocan al pueblo”. También anunció que si las autoridades rusas no actuaban alguien en Chechenia tendría que cometer un crimen para reducir a la periodista al silencio.

Amnistía Internacional exige a las autoridades rusas que condenen públicamente las amenazas de muerte contra Elena Milachina y adopten medidas para protegerla. «Rusia tiene que respetar el derecho de los periodistas a investigar y publicar el resultado de sus investigaciones sobre la gestión de la pandemia en Chechenia, y en las demás regiones de la Federación de Rusia. Debe proteger el derecho a la libertad de expresión e información».

Elena Milachina, periodista rusa de 42 años, ha trabajo sobre el tráfico de drogas, los ataques terroristas, las catástrofes militares  y también los asesinatos de periodistas en su país.

Activista de los derechos humanos, también se ha ocupado de casos de secuestros extrajudiciales, torturas y violaciones de los derechos humanos en el Cáucaso, y es conocida por haber continuado algunas de las investigaciones iniciadas por su compañera Anna Politkovskaya, asesinada el 7 de octubre de 2006 en la entrada de su domicilio en Moscú.

En 2009 recibió el premio Alison Des Forges de Human Rights Watch por su activismo y en 2013 el Premio Internacional de Mujer valiente que concede el Departamento de Estado, de Estados Unidos.

Denuncian graves amenazas a dos periodistas de parte de gente vinculada a gobierno federal

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Denuncian graves amenazas a dos periodistas de parte de gente vinculada a gobierno federal

Redacción Billie Parker Noticias

SemMéxico/Billie Parker Noticias. Ciudad de México. 11 de julio 2020.- La Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos denunció las amenazas de muerte dirigidas a dos periodistas y a sus familias. En un hecho más de persecución a la prensa en este país, informan.

Las amenazas son detalladas sobre la vida, sitios que visitan los familiares del fundador de las Asociaciones de Periodistas Desplazados en México, Gildo Garza Herrera, y la periodista y abogada especialista en temas penales y humanitarios, Mina Moreno, editora del portal “Justicia Para Todos”.

Con autorías anónimas de entes sin rostro llamados troles, estos exhiben el mismo discurso de odio de quienes defienden al Presidente López Obrador, lo que causa mayor preocupación sobre el tema.

 “Las amenazas vertidas develan un interés que conviene al Gobierno federal encabezado por el Presidente, Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, sin aplicar prejuicios, solicitamos la investigación informática de parte de la Policía Cibernética y la Fiscalía General de la República, de estas afrentas contra los periodistas”, refieren.

Por lo que advierten que “Hacemos responsable al Gobierno Federal y a sus titulares de lo que pueda pasarles a estos colegas, sus familias o equipo de trabajo”.

A LA OPINIÓN PÚBLICA

La Relatoría Mexicana parte de la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos condenamos enérgicamente la serie de agresiones que han venido sufriendo el periodista, relator y fundador de las dos Asociaciones de Periodistas Desplazados en México, Gildo Garza Herrera, y la periodista y abogada especialista en temas penales y humanitarios, Mina Moreno, editora del portal “Justicia Para Todos”.

Ambos han sido objeto de una campaña de amenazas de parte de entidades apócrifas en Internet, luego que ambos colocaran temas en las redes sociales de gran contenido periodístico y crítica hacia el Gobierno Federal en diversos temas como el desempeño de la institución durante la pandemia.

Las amenazas vertidas develan un interés que conviene al Gobierno federal encabezado por el Presidente, Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, sin aplicar prejuicios, solicitamos la investigación informática de parte de la Policía Cibernética y la Fiscalía General de la República, de estas afrentas contra los periodistas.

Creemos que es imprescindible la Libertad de Expresión en un entorno democrático, por lo que consideramos que estas acciones vienen a convertirse en un atentado contra estos derechos naturales.

Cabe mencionar que no es la primera vez que ocurren ataques de supuestos usuarios en defensa de las acciones y entes del Gobierno contra estos periodistas y su crítica; ambos ya han sido objetos de campañas de desprestigio y amenazas en otras ocasiones, por lo que exhortamos a las autoridades competentes el respaldo de la Ley que merecen.

Hacemos responsable al Gobierno Federal y a sus titulares de lo que pueda pasarles a estos colegas, sus familias o equipo de trabajo.

RELATORÍA MEXICANA.

ASOCIACIÓN MEXICANA DE PERIODISTAS DESPLAZADOS Y AGREDIDOS.

En Michoacán se castigará con cárcel a quienes difundan imágenes de las víctimas de algún delito

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En Michoacán se castigará con cárcel a quienes difundan imágenes de las víctimas de algún delito
  • Las y los servidores públicos que filtren información, imágenes o videos irán a la cárcel.

Redacción

SemMéxico. Morelia, Michoacán. 10 de julio 2020.- En Michoacán se reforzará la legislación local en protección de las víctimas y se castigará a las y los servidores públicos que filtren información, imágenes o videos desprotegiendo y revictimizando a las víctimas del delito, subrayó la diputada Araceli Saucedo Reyes.

Durante la reunión de la Comisión de Justicia de la que es integrante, se dictaminó la iniciativa de la diputada y del legislador Ernesto Núñez, por la que se reforma el artículo 260 del Código Penal para el Estado y el artículo 57 bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado, en protección de las víctimas.

La diputada integrante del Grupo Parlamentario del PRD, en el Congreso de Michoacán, dio a conocer que en la Comisión se estableció el dictamen que reforma al artículo 260 del Código Penal para el Estado, los delitos contra la administración de justicia, cometidos por las y los servidores públicos son el dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias, información, fotografías, videos o audios que obren en una carpeta de investigación, en un proceso penal o sujetos a cadena de custodia y que por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean reservados o confidenciales.

Saucedo Reyes puntualizó que se estableció que, si las imágenes, audios o videos son de cuerpos humanos deformados o mutilados correspondientes a una mujer o a menores de edad, se incrementará la sanción en una tercera parte.

En lo que se refiere a la adición al artículo 57 bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado se especifica que la o el servidor público que incurra en filtrar, revelar o transmitir audios, videos, fotografías o imágenes a cualquier persona que no tenga derecho a conocer o participar en la investigación administrativa, será responsable de los daños que ello ocasione al Estado o a particulares, con independencia del delito que con ello comete.

Por su parte en la Comisión de Justicia se coincidió que, el divulgar esta información podría desvirtuar los elementos probatorios, violar el debido proceso y corromper una vinculación a proceso. “Tenemos claro que como legisladoras y legisladores debemos legislar para combatir y acabar con este flagelo, ya que se vulnera a las víctimas, se fomenta la naturalización de la violencia e incrementa el miedo en la sociedad”, resaltó Saucedo Reyes.

En ese contexto, dijo que, convencidos de que se deben tomar las medidas de protección a la cadena de custodia, evitando la difusión ilegal de imágenes de las víctimas y procurar que se apliquen las debidas sanciones a quien resulte responsable de ello, lo anterior en aras de vigilar y promover directrices para la erradicación de todos los tipos de violencia y fortalecer la dignidad y respeto, fue dictaminada a favor ambas iniciativas, de las que se turnará un dictamen para que se someta a consideración del Pleno en la LXXIV Legislatura para su aprobación.

La legisladora perredista recordó que, con el objetivo de proteger a las víctimas, propuso reformar el Código Penal y la Ley de Responsabilidades Administrativas ambas del Estado, para castigar a las y los servidores públicos que participen en la revictimización, al filtrar información, imágenes o vídeos e incrementar las penas.

Su propuesta busca proteger la integridad de la víctima, así de sus familiares, evitando un uso distinto de la información, el cual debe ser contenido exclusivo de la carpeta de investigación.

Ante los graves casos que se han registrado en el país, dijo que se debe fortalecer la legislación, con el fin de sancionar a todo aquella servidora o servidor público que filtre imágenes de las víctimas; por lo que confió que existirá respaldo de todos los que integran la actual legislatura para que se apruebe, con el fin de proteger a las víctimas y sancionar a quienes las vulneren, ya que las revictimizaciones ponen en riesgo no sólo una investigación, sino principalmente a las mujeres y también a sus familias.

Cabe destacar que de aprobarse estas reformas, se armonizará la legislación de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado y la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en Michoacán, ya que la primera establece la obligación de la confidencialidad del uso de la información personal de la víctima y la segunda define que la violencia contra la mujer, es cualquier acción u omisión que, en razón del género le cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o incluso la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público, que se expresa en amenazas, agravios, maltrato, lesiones y daños asociados a la exclusión, subordinación, discriminación, explotación y opresión de género en cualquiera de sus modalidades.

SEM/IL

TEEO resolverá si García Jarquín cometió violencia política contra ex funcionaria

SemMéxico
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TEEO resolverá si García Jarquín cometió violencia política contra ex funcionaria
  • El presidente municipal de Oaxaca de Juárez fue acusado por ex titular del IMM, Jaquelina Escamilla
  • Sala Regional de Xalapa emite resolución y da 10 días para iniciar

Soledad Jarquín Edgar

SemMéxico, Oaxaca, 10 de julio, 2020.- La Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revolvió que el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) debe admitir la demanda e iniciar un proceso judicial promovido por Jaquelina Escamilla Villanueva en contra del presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Oswaldo García Jarquín, por “supuestos actos constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de género”.

Esto luego de que el presidente municipal, Oswaldo García Jarquín la despidiera el pasado 27 de mayo, argumentando que no cumplió con una “orden” que se le dio y que habría obstaculizado una transmisión virtual de una conferencia sobre “el derecho a la vida”, misma que había sido ordenada por una persona ajena al municipio, sin autoridad para ello, como señalaría más adelante la ex funcionaria, quien también denunció amenazas en su contra.

Escamilla Villanueva presentó una demanda contra el munícipe capitalino ante el TEEO y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadano, de manera separada, quienes se niegan a admitirla argumentando la resolución de la Sala Superior del TEPJF en el que se determina suspensión total de actividades derivado de la pandemia.

De igual forma el TEEO consideró “improcedente” el juicio de derechos ciudadanos, argumento que también desechó la Sala Regional de Xalapa y da 10 días naturales para que resuelva “lo que en derecho estime procedente”.

Cabe señalar que la Sala Regional de Xalapa consulta la competencia a la Sala Superior, quien instruye que sí es competente para conocer y resolver el juicio ciudadano SUP-JDC-791/2020 promovido por Escamilla Villanueva. Sin embargo, esta misma semana la Sala Xalapa la remite al TEEO, considerando el principio de federalismo judicial, toda vez que deben ser agotadas todas las instancias.

La ex titular del Instituto Municipal de las Mujeres de Oaxaca de Juárez señala que, aunque el cargo que tenía no era de elección popular, en su caso hay supuestos de violaciones a sus derechos como son la violencia política en razón de género, de acuerdo a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 13 de abril en la Cámara de Diputados federal.

SEM/SJ

Conapo destaca la importancia de una educación integral de sexualidad a niñez y adolescencia

SemMéxico
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Conapo destaca la importancia de una educación integral de sexualidad a niñez y adolescencia

Redacción

SemMéxico/Billie Parker Noticias. Cd. de México. 10 julio 2020.- Al participar en el conversatorio ‘Yo decido mi futuro’, la Secretaría de Gobernación, a través de la secretaria general del Consejo Nacional de Población (Conapo), Gabriela Rodríguez Ramírez, destacó la importancia de respetar el derecho a informar y defender los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes.

Durante el evento virtual organizado por la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la titular del Conapo afirmó que las primeras dos décadas de vida son una etapa que permite a las personas, mejorar, adquirir capacidades y construir las bases para la vida adulta y la vejez, motivo por el cual es fundamental postergar la maternidad y paternidad.

En el conversatorio dirigido al alumnado de educación media superior, docentes, familias y sociedad en general, Gabriela Rodríguez reiteró que es importante que maestras, maestros, madres y padres brinden a niñas, niños, adolescentes y jóvenes educación integral en sexualidad con perspectiva de género basada en información científica, honesta y clara, para que conozcan sus derechos sexuales y reproductivos con el fin de hacer respetar sus cuerpos.

Mencionó que la información y el conocimiento, más allá de fomentar el inicio de las relaciones sexuales a temprana edad, permiten a la niñez y la adolescencia tomar decisiones libres, responsables e informadas para su desarrollo.

Explicó también que el inicio de la vida sexual debe realizarse de manera informada, planeada, en corresponsabilidad con la pareja y evitar conductas de riesgo como el consumo de alcohol que impacta en el juicio, en la toma de decisiones y dificulta que se adopten medidas de protección, lo que puede derivar en un embarazo no planeado.

Asimismo, invitó a las y los adolescentes a organizarse en sus entornos más cercanos, como la escuela, para informarse y defender sus derechos sexuales y reproductivos; y a contribuir en la construcción de nuevas masculinidades y de relaciones de pareja igualitarias que posibiliten la erradicación de la violencia de género.

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