• En Guerrero también les aplican descuentos salariales

• Recuerdan con aplausos a periodistas, mujeres y hombres, asesinados

Josefina Aguilar Pastor

SemMéxico, Chilpancingo, Gro., 11 de mayo, 2020.- Reporteros de diversos medios de comunicación en Chilpancingo, protestaron en contra de los despidos injustificados y reducción de sueldos que bajo el argumento de los efectos de la pandemia por COVID-19, están realizando algunas empresas periodísticas.

Los comunicadores se reunieron el en el crucero de la avenida Lázaro Cárdenas y Ruffo Figueroa, al sur de la capital del Estado, encabezados por el secretario general de la Sección XVII del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), Luis Blancas Rayo.

El representante denunció que algunas empresas periodísticas, provechan la pandemia que ha generado el COVID-19, para despedir a algunos de sus trabajadores, como ejemplo mencionó el caso de los conductores de Radio Capital, Juan José contreras Lara y Cindy Campuzano.

En otros casos señaló, les han reducido el salario, bajo el argumento que los convenios de publicidad, han disminuido también por la pandemia del COVID-19, “en el caso del gremio periodístico de Guerrero, aparte de las agresiones que en forma sistemática sufrimos por parte de autoridades y grupos facticos, muchos trabajadores de algunos medios de comunicación, padecen descuentos a sus salarios y hay despidos fuera de la ley”, denunció Blancas Rayo.

Por ello, el dirigente sindical, hizo un llamado a los diferentes órdenes de gobierno, transparenten los convenios de publicidad.

En ese mismo sentido, Jesús Guerrero, corresponsal del periódico Reforma, y director de la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero, sostuvo que tanto los despidos como las reducciones salariales, que en se han dado en medio de esta pandemia, vulnera aún más las condiciones laborales de los comunicadores.

Dentro de esta protesta, los manifestantes, ofrecieron un minuto de aplausos a los periodistas que han perdido la vida a causa del Covid-19, entre ellos: Martha Abigail Caballero Collí, Sub directora de Comunicación Social del Ayuntamiento de Solidaridad en Quintana Roo; Alejandro Cedillo Cano, coordinador de la sección Metrópoli de La Crónica de Hoy; Roberto Gutiérrez Rojas, operador de Master del Grupo Imagen; David Alvarado, fotoperiodista de nota roja en la Ciudad de México, y Armando Sánchez Días, locutor del programa “Gallito”.

SEM/jap/sj

• En una carta y video explican que la violencia contra las mujeres y niñas es más letal que el COVID 19.

• Durante la contingencia se registraron más de 20 mil denuncias por violencia familiar

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 11 de mayo, 2020.- Con una carta y video hecho viral este mismo lunes, feministas le dicen al presidente Andrés Manuel López Obrador:

Nosotras tenemos otros datos. La violencia contra las mujeres y niñas es más letal que el COVID 19.

Esto para reprochar las declaraciones, decisiones y omisiones del presidente mexicano, que aseguran “fortalecen la impunidad y normalizan la violencia contra las mujeres, niñas y niños al negar e ignorar el peligro que viven en sus hogares”.

Esta no es la primera carta que circula en estos días emitidas por distintos grupos feministas, tras las desafortunadas declaraciones emitidas en la mañanera por el mandatario.

Así, una tras otra aparecen los rostros y voces de 42 feministas:

“Nos dirigimos a usted preocupadas e indignadas por sus declaraciones respecto a la situación de la violencia contra mujeres, niñas y niños al interior de sus familias y hogares, negando que durante las medidas de confinamiento se ha incrementado la violencia en el hogar.

“La violencia contra las mujeres es hoy el principal obstáculo para su desarrollo y participación en todos los ámbitos de la vida. La violencia en el ámbito familiar es un delito en todo el territorio nacional.

“Las principales víctimas de la violencia familiar son las mujeres, las niñas y los niños.

“La violencia en el hogar se expresa en violencia psicológica, física, sexual, económica y feminicida. La discriminación es la causa y consecuencia de las violaciones sexuales y asesinatos de mujeres, niñas y niños.

“Los datos oficiales, dan cuenta de 10 feminicidios al día, situación que ante el confinamiento no ha disminuido, ha aumentado.

“Las llamadas de auxilio al 911 por violencia familiar, son de 155 por hora. Durante la contingencia se registraron más de 20 mil denuncias por violencia familiar, de las cuales en el 90 % no se hace justicia.

“Sr. Presidente, sus declaraciones, decisiones y omisiones fortalecen la impunidad y normalizan la violencia contra las mujeres, niñas y niños al negar e ignorar el peligro que viven en sus hogares.

“Hacemos un llamado a usted y a los 32 gobiernos de las entidades federativas para atender de manera urgente la situación de violencia que viven las mujeres, niñas y niños, y a instrumentar medidas efectivas de emergencia para garantizar la atención y protección a las víctimas.

“Por la vigencia plena del estado de derecho y una vida libre de violencia.

¡VIVAS NOS QUEREMOS!

Ellas son:

Aidé García

Aimeé Vega

Ana Belem

Ana Paulina

Andrea Medina

Araceli Osorio

Bety Cosio

Blanca Merino

Circe López

Claudia Calvin

Denisse Meade

Elia Domenzain

Eréndira Ibarra

Esmeralda Pimentel

Fania Delgado

Gabriela Quiroga

Imelda Marrufo

Karen Quiroga

Karina Gidi

Laura de Ita

Leticia Burgos

Lidia Guzmán

Lorena Méndez

Lorena Villavicencio

Lupita Ramos

Martha González

Martha Tagle

María Elena Carrera

María Luisa Sosa

Minerva Ramírez

Mónica Pedroza

Nadezhda Rosas

Paty Bernal

Paty Olamendi

Raquel Schlosser

Sophie Alexander

Tamara Yazbek

Tania Enriquez

Teresa Ulloa

Vanessa Bauche

Wendolyn Garibay

Wendy Figueroa

Xóchitl Arzola

Yndira Sandoval

• La pandemia atraviesa a todas las personas, pero no impacta por igual: Ari Vera

• Quédate en casa es una cuestión de clase: Collette Spinetti Núñez

Sara Más

SemMéxico/SEMlac, La Habana, 11 de mayo, 2020.- La pandemia del nuevo coronavirus ha develado la situación estructural de precariedad, pobreza y desigualdad de la comunidad LGBTI+ (lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y más) en Latinoamérica, señalaron activistas de la región durante un foro virtual.

«La pandemia no reconoce sexo, raza, género, ni condición económica; atraviesa a todas las personas, pero no nos impacta por igual», aseveró la mexicana Ari Vera Morales durante un foro virtual en la plataforma EntreDiversidades, como parte de la XIII Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia, organizada por el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex).

La situación de vulnerabilidad para la comunidad LGBTI+ no se debe solo a enunciarse como tal, agregó la activista, al frente de una secretaría de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe (ILGA-LAC).

«La pandemia nos coloca en vulnerabilidad porque no hemos tenido ni tenemos pleno acceso a derechos como salud, educación y trabajo, como el resto de la población», sostuvo Vera Morales, quien creó en 2015 el proyecto Almas cautivas, que busca cambiar la situación de las mujeres trans que cumplen sanción privadas de libertad en la capital mexicana.

La activista se refirió en específico a las mujeres trans, la mayoría de ellas trabajadores sexuales sin condiciones o recursos para rentar casas, por lo que muchas viven en los hoteles de renta baja donde también hacen su trabajo.

Una vez emitida en ciudad de México la orden de cerrar todos los hoteles, en cuestión de horas la mayoría de las trabajadoras sexuales pasaron a condiciones de calle, entre ellas las personas trans, explicó.

La emergencia sanitaria evidenció una gran desigualdad, que afecta marcadamente a otros grupos de atención prioritaria, dijo, como personas con discapacidad, afrodescendientes, indígenas sin acceso a información por la barrera de la lengua, migrantes y otras. «Son desigualdades desproporcionadas que no han querido ser reconocidas, históricamente, por muchos Estados», aseguró.

En Uruguay sucede algo similar, comentó la activista social trans Collette Spinetti Núñez. En la nación suramericana el 88 por ciento de las mujeres trans son trabajadoras sexuales, mientras los varones trans tienen un trabajo informal.

«Por la pandemia, muchas de estas personas no pueden pagar rentas ni servicios básicos; tampoco hay subvenciones del gobierno nacional para poblaciones vulneradas y entonces bajan al escalón de la pobreza», dijo Spinetti, presidenta del Colectivo Trans de Uruguay (CTU).

«Quédate en casa es una cuestión de clase: la clase trans no puede quedarse en casa porque tiene que salir a buscar el pan de cada día», sostuvo.

Otro grupo vulnerable es el de las personas privadas de libertad, con una situación agravada para las trans en esa condición.

«Vienen de la expulsión familiar, educativa, de vivir en la calle; hay una interseccionalidad y en ciertos casos, como el de las personas trans, pareciera que pasar por la cárcel es una obligatoriedad» explicó.

Entre las medidas adoptadas por la Covid-19 está restringir las visitas a los centros penitenciarios y permitir la entrada solo a un familiar. Muchas no tienen entonces quién las vaya a ver, pues tampoco pueden contar ahora con visitas de organizaciones y activistas que habitualmente las apoyan.

«Las personas trans privadas de libertad viven una situación de aislamiento obligatorio que tampoco les permite ver la dimensión de la Covid-19 en el mundo», refirió Spinetti.

Tanto Vera como Spinetti abogaron por el trabajo en redes, desde el activismo, en favor de los derechos de la comunidad LGBTI+ frente a la precariedad social, económica y afectiva de esta población.

Relataron, además, acciones concretas que desarrollan desde organizaciones de la sociedad civil para ayudar a quienes tienen más necesidades.

Desde reclamos al gobierno de México para que abriera albergues temporales para personas en condición de calle, hasta largas cadenas de ayuda solidaria de recogida y envío de alimentos y productos de aseo y limpieza en ambos países y que, eventualmente, han llegado a las prisiones, en el caso particular de Uruguay.

Sin embargo, a los centros penitenciarios mexicanos solo podrán acceder después de la pandemia. «Creemos que vamos a encontrar a las personas trans privadas de liberad en un mayor estado precario, económico, social y emocional», comentó Vera, presidenta también de Corpora en Libertad, red de trabajo con personas LGBTI+ en privación de libertad.

Para Darío Arias, de Argentina, el momento actual marca una oportunidad para el movimiento, ante el desafío de luchar por los derechos aún pendientes.

«La población LGBTI+ ha vivido y sobrevivido a otras pandemias y esta no nos va a torcer el brazo; tenemos la fuerza y las condiciones para salir adelante», señaló el coordinador de Conurbanes por la Diversidad, espacio de lucha por los derechos LGBTI+ en la periferia y los suburbios de Buenos Aires.

Conurbanes integra un frente de alcance nacional de 30 espacios sociales y políticos que, mediante el trabajo en red y la coordinación con gobiernos locales y el federal, ha llegado con asistencia alimentaria y de otro tipo a colectivos más perjudicados con las medidas, como travestis y trans.

También les acompaña ante situaciones de violencia institucional por motivo de género y prejuicios de orientación sexual e identidad de género, que han aumentado en algunos lugares, agregó.

A partir de la experiencia argentina, el activista se refirió también al retroceso que implica la aparición de actores sociales y políticos neoconservadores y fascistas en la región, que dificultan el avance de políticas y conquistas del movimiento LGBTI+.

Destacó, además, que el nuevo gobierno argentino volvió a poner en el centro de la escena los derechos de las personas LGBTI+ y volvió a colocar en el Estado un enfoque de género que nunca debió perderse.

«Se tiene que alzar la voz cada vez más fuerte en el continente para que las medidas de confinamiento y las políticas de los Estados sean antidiscriminatorias y con enfoque de género, de diversidad territorial e interseccional», sostuvo Arias.

La formación y el empoderamiento de activistas en la lucha por sus derechos es igualmente una acción clave en estos procesos, consideró la cubana Isel Calzadilla, coordinadora de Las Isabelas, primer grupo de mujeres lesbianas creado en 2002 en Santiago de Cuba, a unos 860 kilómetros de La Habana.

Las Isabelas es parte de la Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales del Cenesex y al grupo se han unido personas trans, hetero y activistas de diferentes edades.

Entre las acciones del colectivo, en medio de la pandemia, Calzadilla refirió el levantamiento de las situaciones de salud o económica que viven algunas para poder apoyarlas con alimentos, medicamentos y acompañamiento, labor que realizan junto a la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), trabajadoras y trabajadores sociales de los lugares donde residen las activistas.

Igualmente se mantiene activa una consejería LGBTI para vulneración de los derechos, en alianza del Cenesex y la Unión Nacional de Juristas, para apoyar, acompañamiento y solucionar problemas de la comunidad, mediante comunicación telefónica en las actuales condiciones de pandemia, precisó.

«Las mujeres lesbianas también viven situaciones difíciles: muchas no tienen trabajo en la circunstancia actual, algunas están aisladas y también afrontan las dificultades derivadas del bloqueo económico que nos impone Estados Unidos y nos hace la vida cada día más difícil», sostuvo la activista cubana.

La comunidad lésbica cubana tiene igualmente grandes retos en la lucha por sus derechos, reconoció Calzadilla, como seguir abogando por la reproducción asistida, el reconocimiento de todas las familias y que se implemente la letra de la Constitución.

«Exhortamos a nuestras compañeras de redes a realizar actividades por la visibilidad de todos los grupos, con iniciativas desde nuestras casas», sugirió. «Educar es una de las tareas del activismo, para que se entiendan nuestras luchas», acotó.

Una idea que al final reiteró el moderador del foro, el periodista cubano Francisco Rodríguez Cruz, al reiterar que «la necesidad de implementar en Cuba los derechos que han sido recogidos por la Constitución es un trabajo que nos queda por delante»

SEM-SEMlac/sm

• Tratantes regresaron de Nueva York para operar en Tlaxcala paquetes de prostitución a domicilio

• AbolicionistasMX y CATWLAC demandan una legislación de “cupo laboral” para las víctimas

Elda Montiel

SemMéxico, Cd. de México, 11 de mayo, 2020.- La contingencia sanitaria por COVID 19 no detiene la explotación sexual. Tras 26 años, el retorno desde Nueva York de tratantes y proxenetas y, al menos 5 mil mujeres en condición de trata, enciende las alertas, explica Teresa Ulloa Ziáurrich, quien sostiene que esta es la oportunidad para una legislación de “cupo laboral” a favor de las víctimas.

Al igual que lo hacían antes de la pandemia de COVID 19 en la capital más global del planeta, Nueva York, ahora comenzaron a operar de la misma manera en Puebla y Tlaxacala, en la vía corta que va de Santa Ana Chiautempan a la ciudad de Puebla.

Escaparon de la pandemia pero podrían morir por VIH-Sida, señala el testimonio de una de las víctimas.

Teresa Ulloa Ziáurrich, directora de Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC), informó que en plena fase 3 de contingencia sanitaria, se estima que en el país alrededor de 5 mil mujeres en explotación sexual siguen operando en hoteles que fueron “cerrados” por la pandemia en la Ciudad de México, Mérida, Puebla, Tlaxcala, Zacatecas –todas capitales de entidades mexicanas del mismo nombre-, así como en Cuernavaca, Cuautla y Jojutla, en el estado de Morelos.

En marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como pandemia, tras 26 años de ausencia regresaron los tratantes de la región, para pasar la crisis sanitaria en sus pueblos y con sus familias, ya que Nueva York es la ciudad de Estados Unidos con mayor cantidad de personas que han dado positivo al COVID-19 y quizá del mundo.

Pronunciamiento de Abolicionistas y CATWLAC

Por ello, Abolicionistas Feministas Mexicanas y CATWLAC, expresan su preocupación en un pronunciamiento, por la situación de extrema vulnerabilidad y riesgo de las personas en situación de prostitución, agravada por la pandemia del COVID-19 y exigen al gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas, que expidan una Ley abolicionista, inspirada en el Modelo Nórdico.

Que el Congreso Federal y los Congresos de las entidades federativas legislen una ley de “cupos laborales” que les garantice a las mujeres oportunidades de trabajo decente, de acuerdo a la definición de la OIT o bien una renta básica universal, además de una ley que les garantice derechos sociales, económicos y culturales, con el fin de contar con un piso básico de bienestar.

En el pronunciamiento advierten sobre la depresión económica severa que viene, por lo que piden a los gobiernos que pongan en marcha opciones de salida digna y fondos de emergencia para apoyar las necesidades básicas de estas mujeres y niñas a quiénes se les han negado oportunidades de vida digna, que les permitan reconstruir su proyecto de vida.

Explican que las víctimas y sobrevivientes confían más en las OSC que en las instituciones gubernamentales, lo que haría sentido al fortalecimiento económico de las Organizaciones de la Sociedad Civil, que son las que han acumulado experiencia.

Que se garantice que las 5 instalaciones de asistencia, los programas de protección, las investigaciones y los tribunales sigan funcionando durante las posibles futuras medidas de confinamiento y distanciamiento social. Tomando en cuenta la posibilidad de una segunda ola de COVID-19 a finales de este año, para que se planifique con anticipación y se pueda responder adecuadamente.  

Exigen rendición de cuentas a los mecanismos contra los delitos en materia de trata de personas, tanto al federal como a los de las entidades federativas, sobre las medidas y políticas que han echado a andar para ofrecer opciones de salida dignas a las mujeres, adolescentes y niñas en situación de prostitución y otras formas de explotación durante la pandemia.

Consideran que todas las políticas que justifican, promueven o califican la prostitución como “trabajo sexual” son incompatibles con la legislación internacional en materia de Derechos Humanos, e incumplen los compromisos internacionalmente adquiridos por el Estado mexicano.

México es Estado parte de los tratados mencionados y tienen la obligación inexcusable de contribuir a la eliminación de cualquier forma de explotación y violencia sexual, trabajar hacia la prevención y la erradicación de la prostitución y la protección de las víctimas.

La prostitución no es ni sexo ni trabajo, es una actividad ilícita

Las Abolicionistas Feministas Mexicanas y CATWLAC explican que la raíz del problema está en cómo socialmente se ha naturalizado la prostitución, la mercantilización y la explotación sexual del cuerpo de las mujeres, y la escasa importancia que generan las violencias que se ejercen contra ellas en las y los servidores públicos del gobierno federal y los gobiernos locales.

Si se concibe a las mujeres como mercancías y no se reconoce la prostitución como una modalidad de violencia contra ellas y una actividad precarizada que las mantiene en constante riesgo, se favorece a las redes delincuenciales del sistema prostitucional y a los hombres que las violentan y las consumen.

La prostitución no es ni sexo, ni trabajo y representa un constante peligro para las mujeres que son explotadas en esta actividad ilícita.

La trata cumple la función de adquirir y proveer de mujeres y niñas a la industria sexual, se mueve primordialmente por la demanda de prostitución y pornografía. Los prostituyentes o puteros alimentan a una industria global ilícita multibillonaria.

Por eso debemos abordar la demanda de prostitución y pornografía a través de leyes y políticas públicas, destacan.

Ante la situación de emergencia sanitaria y con el propósito de no disminuir sus ganancias, se han ideado nuevas formas para seguir explotándolas, ya sea por servicios eróticos por Internet o llevándolas a brindar los servicios a domicilio, lo que las coloca en grave riesgo de ser infectadas con el nuevo coronavirus.

Precisan que gobiernos locales y municipales decidieron cerrar los hoteles, lo que provocó que, sobre todo, las víctimas de trata, se quedaran sin techo, porque ellas vivían ahí. Cuando se dieron cuenta que era un error, les volvieron a permitir entrar a los hoteles, pero no se ha verificado si siguen dando servicios o sólo utilizan los hoteles como vivienda para resguardarse durante el confinamiento.

El cierre y reapertura de hoteles representaba una oportunidad que las autoridades desdeñaron, pues se pudo haber investigado las condiciones en que las mujeres se encuentran en la prostitución. ¿Si tienen o no proxenetas?, Sus necesidades para salir de la prostitución. ¿Si tienen hijas e hijos?, ¿Dónde están y quién los tiene?

En lugar de eso, se les proporcionó una ayuda económica mínima que de ninguna manera representa una política pública que ofrezca opciones de salida digna para las mujeres.

Esta crisis es una oportunidad para nuestros gobiernos para perseguir sin tregua a los proxenetas y los prostituyentes que están determinados a explotar a las mujeres más vulnerables a pesar de los riesgos sanitarios masivos, para ellas y para la sociedad en general. Las únicas mujeres que quedan ‘trabajando’ en este clima de riesgo son las más desesperadas.

Las Abolicionistas Feministas Mexicanas y la CATWLAC se unieron este pasado 9 de mayo a la Segunda Marcha Abolicionista Europea virtual con los hashtags  #M2MarchaAbolicionista y #9M2anAbolitionistMarch y a la Jornada Abolicionista que concluirá el 26 de septiembre.