- Como en el caso de la estudiante Diana: Poder Femenino Nayarit
- En Sinaloa 96% de delitos no se denuncian, las cifras negras que se ocultan: Priscila Salas
- A dos años reclaman el recorte presupuestal y desmantelamiento de políticas públicas dirigidas a la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Elda Montiel
SemMéxico. Cd de México. 7 de julio de 2020.- Los feminicidios y homicidios dolosos en Nayarit registraron un aumento del 72.5 % en el primer cuatrimestre del 2020 en comparación con el mismo periodo del año 2019. La tasa de feminicidios y homicidios dolosos contra mujeres, en Nayarit, fue de 0.6 por cada 100 mil mujeres en el primer cuatrimestre de 2019, cifra que llegó a 1.1 en los primeros cuatro meses de 2020.
Estas cifras ubican a Nayarit en el quinto lugar de entidades con mayor número de este tipo de delitos que encabeza Yucatán con el 394%, Zacatecas con el 120%, Michoacán con 90% y Guanajuato con 80%.
De acuerdo con la información presentada por Xóchitl Libertad Mejía de la organización Poder Femenino Nayarit en la conferencia semanal de “Nosotras tenemos otros datos” destacó que, a nivel nacional, la tasa de mujeres víctimas de asesinatos aumentó 6.9% entre enero y abril de 2020, cuando se asesinaron a 11.2 mujeres diariamente, en promedio, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En el caso particular de Nayarit, refirió que han salido varias organizaciones a las calles a exigir justicia, guardando las medidas pertinentes por la contingencia sanitaria por los feminicidios ocurridos y por el caso de Diana una estudiante de Derecho que denunció previamente el acoso sufrido sin obtener respaldo de las autoridades.
Esto dio origen, al reciente ejercicio #MeTooAcadémicos en Nayarit que detectó que el 39% de las agresiones fueron denunciadas a las autoridades educativas sin obtener respaldo institucional; y que el 86% de las agresiones fueron de profesor a alumna. Lo que confirmó después del feminicidio de Diana que este tipo de situaciones no son aisladas, sino signo de alerta, de acuerdo con la “Colectiva Feminista Nayarit”.
La Colectiva también reporta que, durante la segunda quincena de abril 2020, ante el vigente escenario de cuarentena por COVID 19, en Nayarit hubo alrededor de 300 reportes de violencia familiar tan sólo en Tepic-Xalisco.
Xóchitl Libertad Mejía destacó que ante la violencia feminicida, junto con otras organizaciones y colectivas, hicieron entrega a las autoridades de Nayarit de una carta pública en la que exigen debido proceso y obligatoriedad y caracteres de investigación por feminicidio, principalmente después del feminicidio de Diana, joven nayarita que permanecía en su casa durante el confinamiento de COVID19.
Exigen respeto a la dignidad de las víctimas y la exclusión de prejuicios y estereotipos como la “defensa de un supuesto honor familiar o grupal” como pretexto para justificar la vulneración de los derechos de las mujeres.
La activista recordó que el 4 de agosto de 2017 se declaró la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en siete municipios, que son Acaponeta, Bahía de Banderas, Del Nayar, Ixtlán del Río, Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tepic. Asimismo, establece acciones específicas para los municipios con predominante población indígena como Del Nayar, La Yesca y Huajicori.
Con una población de 595 mil 050 mujeres, Nayarit es el tercer estado a nivel nacional que encabeza las cifras de embarazo adolescente y también con cifras de mortalidad materno infantil.
El grado de escolaridad promedio de la población de 15 años es la secundaria, y se hablan lenguas indígenas como el huichol, cora, tepehuano y náhuatl. También las características geográficas de la entidad hacen difícil que la población tenga acceso a servicios básicos.
El discurso institucional oculta incluso los datos oficiales de violencia contra las mujeres
La doctora Priscila Rebeca Salas de la Colectiva “No se metan con nuestras hijas” de Sinaloa advirtió que los datos que muestran son los oficiales y explicó que “Son otros datos” porque el discurso de las autoridades es el que omite y niega los datos que sus mismas instituciones están procesando.
Los datos oficiales del Sistema Estatal de Seguridad Pública de enero a junio del 2020, señalan que fueron asesinadas 20 mujeres, de ellas 13 casos se investigan como feminicidio. El 35% de los casos son tipificados como homicidios dolosos contra mujeres.
Denunció el uso institucional de la estadística oculta, comúnmente, las cifras negras del delito. En Sinaloa el Consejo Estatal de Seguridad Pública señala que la cifra negra de delitos que no se denuncian es del 96% según la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) de INEGI.
Debido a la cuarentena y la reducción de movilidad disminuyeron las posibilidades de que la ciudadanía acudiera a denunciar.
Detalló que las autoridades, de los distintos niveles de gobierno son omisas para diagnosticar, planificar, presupuestar, evaluar e implementar una política pública transversal desde la perspectiva de género. Además de que las metodologías de las instituciones para registrar el mismo hecho son muy diferentes, y ocultan las cifras negras.
De acuerdo con los datos del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) durante la contingencia en Sinaloa abril-mayo 2020. Las diferencias entre las llamadas al 911 y las denuncias por violencia familiar nunca bajaron de más de 80% por mes de enero, febrero, marzo y abril, sólo en mayo fue del 76%.
En Sinaloa los datos oficiales del Sistema Estatal de seguridad pública (SESESP) De enero a junio del 2020, si bien señalan que la violencia sexual ha disminuido con respecto de años anteriores, cabe señalar que se ha detectado un incremento en la distribución de material de abuso sexual infantil en las redes sociales.
Se ha denunciado el hostigamiento sexual en redes sociales de algunos docentes de educación básica, nivel secundario.
Sobre los delitos cometidos durante la pandemia, elaboración propia de “No se metan con nuestras hijas”, los casos más reportados fueron de abuso sexual a menores con 151 casos en total, de los cuales 109 fueron niñas de uno a 12 años, y violación con 93 casos, la mayoría adolescentes, de 13 a 17 años.
Por acoso sexual un total de 37 casos, con un caso de una niña de uno a 12 años; 5 casos de 13 a 17 años; 5 casos de 18 a 20 años y 26 de 21 años o más.
Casos de pornografía infantil se registraron 2 casos en adolescentes de 13 a 17 años.
Las feministas no somos sus adversarias somos la mayoría de la población: Nosotras tenemos otros datos.
La Red de feministas “Nosotras Tenemos Otros Datos”, a dos años de haber sido electo Andrés Manuel López Obrador como Presidente de la República señalaron que las feministas no son sus enemigas o adversarias, le recordaron que son la mayoría de la población y él como jefe del Estado mexicano es el principal responsable de promover, garantizar, respetar y proteger los derechos humanos de todas las mujeres, feministas o no.
Le señalaron puntualmente que debe responder a ocho puntos entre los que le reclaman el recorte presupuestal y desmantelamiento de políticas públicas dirigidas a la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
La ausencia de una política de Estado que de manera clara y decidida haga reconocer que la violencia de género contra las mujeres, es un asunto de seguridad nacional, por lo que debe ser tratado al más alto nivel de las autoridades.
La militarización del país como política de seguridades una traición histórica hacia las mujeres, el despliegue de fuerzas armadas y la ocupación de los territorios han representado siempre violaciones a los derechos humanos de las mujeres.
Ante la falta de acceso a la justicia para las mujeres le piden actúe, se demuestre y garantice el acceso a la justicia y la reparación del daño de las víctimas, así como el fin de la impunidad y sanciones adecuadas a la gravedad de los hechos denunciados.
Se actúe firmemente contra la impunidad en delitos de violencia de género contra las mujeres.
Se suscriban los convenios de colaboración con el Poder Judicial para coadyuvar a que se garantice la creación de capacidad sistemática y obligatoria del para el personal de juzgados, fiscalías, defensorías públicas, agencias de policía federal, estatal y local, sobre los derechos de las mujeres.
Se adopten medidas para garantizar la aplicación del Protocolo para Juzgar con perspectiva de género en lo que respecta a los sistemas judiciales a nivel federal y estatal.
Le reclaman el extrañamiento, la descalificación y persecución a la sociedad civil cuando no puede haber ningún régimen que se diga democrático sin la participación sustantiva de la sociedad civil.
No hay nada más incompatible y alejado del feminismo que la derecha y sus postulados anti derechos, así como el conservadurismo político y el fundamentalismo religioso.
Uno de los cimientos más fuertes en una democracia es contar con instituciones fuerte, confiables y eficaces, sin embargo, en los últimos meses y cada vez con mayor frecuencia se ha incrementado la descalificación, subestimación y amenaza a las instituciones encargadas de promover, proteger y garantizar los Derechos Humanos, bajo la consigna de que son entes burocráticos, inoperantes e innecesarios.
Exigieron instituciones fuertes que desde una visión interseccional cumplan con su responsabilidad constitucional con el respeto a los derechos humanos, integradas por personal capacitado y sensible, la especialización del personal en servicio público que debe operar la igualdad y la eliminación de la discriminación y la violencia contra las mujeres, así como la garantía de un trabajo digno.
Precisaron que a 2 años de gobierno no ha sido aprobado, presentado y en consecuencia ejecutado, el Programa Nacional para Prevenir y Atender la Violencia Contra las Mujeres. El programa Pro Igualdad desde el inicio de esta administración ha sufrido cambios estructurales, y dejo de ser un programa dirigido a erradicar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.
Reducción de presupuestos dirigidos a las entidades federativas con Alerta por Violencia de Género y para la operación de los Centros de Justicia, al amparo de la austeridad violando la Ley de Presupuesto Público y Responsabilidad Hacendaria.
Exigen instituciones incluyentes que fortalezcan su función con el acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil e implementen.
“No olvidemos que, en este mes de julio de 2020, el Estado mexicano está emplazado a informar ante el Comité de la CEDAW especialmente en aspectos de violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres derivado de las observaciones finales al Noveno Informe presentado en 2018 por la anterior administración.
El actual gobierno deberá informar de manera escrita y detallada sobre las acciones emprendidas en materia de: Feminicidios, Desapariciones, Alertas por Violencia de Género, y Acceso a la justicia y tortura sexual”.
