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La Opinión| Democracia: naufragio en las aguas bravas

“El peligro de los programas sociales masivos bajo regímenes populistas, alerta Garton Ash, radica en su mutación de justicia social a control clientelar…”.

Francisco Ortiz Peniche

SemMéxico, Ciudad de México, 29 de mayo, 2026.- Coincidieron esta semana la aprobación por mayoriteo de Morena y cómplices de nuevas reformas constitucionales que erosionan aún más la ya maltrecha democracia mexicana, y el otorgamiento del premio Princesa de Asturias en Ciencias Sociales al historiador británico Timothy Garton Ash, tal vez el más destacado analista del mundo en la disección del populismo actual y los riesgos del desmontaje «legal» de las democracias. Ambos hechos tienen una obvia, sorprendente relación.

En una sesión maratónica, muy a su estilo, la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados impuso por fast track en un periodo extraordinario cuatro reformas constitucionales impulsadas por Claudia Sheinbaum Pardo: el aplazamiento de la Elección Judicial a 2028, la prohibición de candidaturas vinculadas al crimen organizado, la nulidad de elecciones por “injerencia extranjera” y la reelección de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ahora podrán ocupar el cargo hasta por 18 años.

Todo ello, en el marco de un control prácticamente absoluto por parte de la autollamada Cuatroté, además del propio Congreso, del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, del Instituto Nacional Electoral (INE) y del mismo TEPJF… Todo.

La reciente distinción al profesor Garton Ash ocurre en un momento de profunda urgencia global. Historiador del Presente –como se le define internacionalmente– y analista de las grandes transiciones políticas, ha acuñado una metáfora que define con precisión el signo de nuestros días: seguir la actualidad se ha vuelto equivalente a navegar “en un río de aguas bravas”, donde la velocidad de las corrientes impide ver con claridad los escollos que se avecinan y el riesgo del naufragio es permanente.

Al escudriñar en sus postulados y advertencias, encontré que el también periodista británico considera que esta vertiente de la «Historia del Presente» no es un mero ejercicio académico, sino un método riguroso que combina la documentación histórica con la observación periodística directa sobre el terreno. Su propósito explícito es entender de dónde venimos y dónde estamos para intuir hacia dónde nos dirigimos en medio de la turbulencia actual.

Su pensamiento, forjado en la observación de la caída de los totalitarismos en la Europa del Este durante los años ochenta y consolidado en sus cátedras de Estudios Europeos en la Universidad de Oxford y Stanford, se vuelca hoy hacia una advertencia central: el peligro de la regresión. La democracia, lejos de ser una estación de llegada irreversible, experimenta un desmontaje invisible y constante desde su propio interior.

Me parece que el mayor valor del análisis de Garton Ash —galardonado previamente con los premios George Orwell de escritura política y el Carlomagno por sus servicios a la unidad europea— radica en su capacidad para diseccionar los mecanismos del populismo contemporáneo, despojándolo de sus ropajes locales para exhibir su esqueleto autoritario. “A diferencia de las dictaduras del siglo veinte, los regímenes antiliberales del siglo veintiuno no necesitan de tanques en las calles ni de golpes de Estado espectaculares”, resume.

Y advierte que el desmantelamiento de las repúblicas modernas, ojo, se ejecuta ahora al amparo de la ley, utilizando las mayorías parlamentarias obtenidas legítimamente en las urnas para asfixiar, de manera gradual pero sistemática, los contrapesos constitucionales. Esta estrategia opera mediante la colonización de los tribunales de justicia, la desaparición de los órganos autónomos de transparencia y la captura de las instituciones encargadas de arbitrar los procesos electorales. Ojo de nuevo.

Bajo la óptica del pensador premiado ahora en España, el populismo se fundamenta en una falsificación radical de la representación política. Los liderazgos de este signo asumen que el triunfo en las urnas les otorga una delegación absoluta y sin restricciones de la soberanía, autoproclamándose como los únicos intérpretes legítimos de la voluntad popular. Esta premisa introduce una división maniquea y binaria en el cuerpo social: por un lado, el pueblo supuestamente puro, el pueblo bueno, encarnado en el movimiento gobernante; por el otro, los adversarios, quienes no son vistos como contradictores políticos legítimos, sino como enemigos de la nación o traidores al proyecto de refundación colectiva. Esta retórica destructiva anula el pluralismo y degrada la deliberación pública, transformando la política en un ejercicio de confrontación diaria e identitaria que fragmenta la cohesión social.

Una de las advertencias más agudas de Garton Ash, quien cuenta con seis doctorados honoris causa y dirige el proyecto internacional sobre Libertad de Expresión en Oxford, se enfoca al ecosistema de la verdad factual: el autoritarismo moderno no requiere necesariamente de la censura violenta del pasado, sino de la saturación y la devaluación sistemática de los hechos objetivos.

Al establecerse una maquinaria de comunicación oficial dedicada a descalificar diariamente los datos de la realidad, la academia, el periodismo independiente y la investigación técnica quedan reducidos a simples conspiraciones facciosas de supuestas élites corruptas. Sin un consenso social mínimo sobre la verdad y las cifras reales, las instituciones pierden su autoridad moral ante la ciudadanía, facilitando que el poder político imponga su propia versión ideológica como la única verdad incuestionable del Estado.

Este marco conceptual adquiere una resonancia ineludible cuando se proyecta sobre la reality contemporánea de aquellas naciones que experimentan procesos de centralización acelerada. Aunque el autor fundamenta sus estudios históricos en el ámbito transatlántico, las constantes sociológicas de su diagnóstico encajan con precisión quirúrgica en los fenómenos de concentración del poder que se expanden por el mundo. La entrega de facultades civiles, presupuestos opacos y proyectos estratégicos de infraestructura a corporaciones militares, la instauración de una retórica de transformación radical basada en el resentimiento social, y el uso de la estructura burocrática y los programas de asistencia para perpetuar una hegemonía partidista, son los síntomas inequívocos de la dolencia que el autor describe en sus tratados sobre la degradación democrática.

Garton Ash considera el debilitamiento de la división de poderes no es un accidente de los liderazgos carismáticos, sino un objetivo central de su consolidación política. Cuando un solo movimiento logra subordinar al poder legislativo para que actúe sin cambiarle una sola coma a las iniciativas del Ejecutivo, y asume el control de la judicatura mediante el nombramiento de perfiles incondicionales, el principio de legalidad se extingue.

El ciudadano común queda entonces completamente desprotegido frente a los abusos de la autoridad, pues las instancias independientes creadas para defender sus derechos frente al poder absoluto se convierten en oficinas subordinadas a las directrices del gobernante en turno.

El peligro de los programas sociales masivos bajo regímenes populistas, alerta, radica en su mutación de justicia social a control clientelar. “Al vincular la entrega directa de dinero a la figura del gobernante o su partido y desatender los servicios públicos estructurales, se genera una dependencia que reduce al ciudadano a un votante cautivo”, dice. “Así, las necesidades legítimas de la población terminan instrumentalizadas para financiar la permanencia de proyectos que erosionan la democracia y limitan la verdadera libertad”.

El peligro definitivo, asume el galardonado, estriba en la conformación de regímenes híbridos: sistemas que mantienen la fachada de la democracia, celebrando elecciones periódicas, pero donde la cancha electoral se encuentra completamente sesgada a favor del aparato oficial. El uso clientelar de los recursos públicos y la cooptación de las instancias de control transforman el sufragio en una mera simulación legalista que asegura la continuidad del régimen.

Cualquier semejanza con una Nación llamada México es mera coincidencia, digo yo…

Vale aclarar que las advertencias del nuevo Premio Princesa de Asturias no son un llamado al pesimismo, sino una exhortación a la lucidez ciudadana. En medio del oleaje de estas aguas bravas, comprender los mecanismos de la erosión institucional es el primer paso indispensable para defender las libertades republicanas antes de que el cauce de la historia arrastre consigo los fundamentos de la sociedad abierta. Válgame.

@fopinchetti

Propone defensor legislar para romper la burocracia institucional de la Consejería Jurídica

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  • Expresidente municipal de San Juan Mazatlán y esposa son señalados culpables de suplantación de persona y falsificación de documentos
  • Pijy continuará la lucha contra su violador

SemMéxico, Oaxaca, 29 de mayo, 2026.- El defensor Joaquín Galván José llamó al Congreso local y a la Cámara de Diputados federal a legislar en materia procesal para establecer mecanismo que eviten la suplantación de personas y rompa la burocracia institucional en la Consejería Jurídica.

Se refirió específicamente al “Pijy”, mujer ayuujk quien tuvo que añadir cuatro años a su proceso por la justicia, con lo que suman ya 13, primero al denunciar la violación sexual cometida en su contra cuando tenía 15 años, su agresor Plácido N (presidente municipal de San Juan Mazatlán Mixe) y su esposa incurrieron en el delito de suplantación su identidad para en una audiencia desistirse de la denuncia.

Pijy denunció la suplantación, por lo que en el juzgado penal de Matías Romero declaró culpable a su presunto violador y su pareja Karla N. por los delitos de uso de documentos falsos y falsedad de declaraciones. Este 28 de mayo fueron declarados culpables, la lectura de sentencia será este próximo 4 de junio., sin embargo, estas penas deberían ser robustecidas.

Joaquín Galván José considera que la relevancia se encuentra en que una vez que se realice la etapa de ejecución, Plácido N, de tendrá que ser procesado por el delito de violación que cometió en el año 2013 contra la víctima Pijy.

Es por ello, que el defensor consideró que los y las legisladoras deben cerrar cualquier espacio que permita actos de impunidad, para ello propuso que en materia procesal se identifique y ratifique la identidad tanto de las víctimas como de las personas imputadas.

También, añadió, se deben revisar los posibles actos de corrupción y complicidad por parte de las personas juzgadoras y de agentes de Ministerio Público, “porque hasta ahora en el caso de Pijy, quien denunció la suplantación, nadie ha sido sancionado”.

Recordó que entonces la víctima interpuso una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, organismo que se declaró incompetente en este caso.

En opinión de Galván José el proceso se simplificaría a través de la colaboración de la Defensoría, para reducir la burocracia, habría una intervención más eficaz y se rompería el esquema burocrático de la Consejería Jurídica, de otro modo se seguirán rebasando los actos arbitrarios de las personas juzgadoras.

Menstruación digna ya es un derecho en la Ciudad de México

  • En San Luis Potosí avanza licencia menstrual
  • En CDMX garantiza el acceso gratuito a productos de gestión menstrual

Micaela Márquez

SemMéxico, Ciudad de México, 29 de mayo ,2026.- Mientras el Congreso de la Ciudad de México aprobó el derecho a una menstruación digna, en el Congreso de San Luis Potosí avanza en comisiones la licencia hasta por dos días con goce de sueldo por dolores incapacitantes o endometriosis.

El derecho a una menstruación digna quedó establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México al aprobarse los artículos 6 y 9 de la Carta Magna capitalina. Con ello, las autoridades deberán instrumentar acciones y políticas públicas transversales en materia de salud, educación, servicios sociales e infraestructura, orientadas a la realización efectiva del derecho a la menstruación digna.

Se garantiza el acceso gratuito a productos de gestión menstrual -toallas, tampones y copas-, infraestructura adecuada con agua y saneamiento, y educación menstrual libre de tabúes y discriminación.

La diputada Valeria Cruz Flores recalcó que con este derecho se da un paso importante para contar con una sociedad más justa, pues siete de cada 10 mujeres no tienen información cuando llega su primera menstruación. El 60 por ciento tienen molestias en este proceso biológico, sin embargo, solo cuatro de cada 10 acude a una revisión médica; el 30 por ciento ha tenido dificultad para comprar toallas sanitarias; 21 por ciento han dejado de ir a trabajar por esta causa, y una de cada cuatro no cuenta con la infraestructura para garantizar una gestión menstrual con dignidad.

“A partir de ahora, todas las niñas, y mujeres tienen el derecho a desarrollar el proceso biológico de la menstruación en condiciones dignas, seguras e informadas, pero sobre todo libres de toda violencia y discriminación motivadas por el género y los estereotipos”, puntualizó la diputada Xóchilt Bravo Espinosa.

Al fundamentar la iniciativa a nombre las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Igualdad de Género, la diputada Bravo Espinosa explicó que el dictamen busca crear el derecho a la gestión menstrual y establecer un día para visibilizarlo. Esto último, precisó, con el fin de concientizar a la sociedad sobre la relación entre la menstruación y la salud e higiene, así como eliminar tabúes y estigmas en torno a este tema.

Recordó que 28 de mayo, día instaurado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para impulsar el lema «La Salud Menstrual es un Derecho».

La coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA expuso que dicha leyenda también será promovida en la capital del país, como un reconocimiento a la lucha organizada de la sociedad civil, las colectivas feministas y los movimientos sociales que han construido las bases para visibilizar a las mujeres.

La diputada Valentina Batres Guadarrama señaló que este mandato implica que las autoridades instrumenten otro tipo de acciones y políticas públicas transversales en materia de salud, educación, servicios sociales e infraestructura, orientadas a la realización efectiva del derecho a la menstruación digna.

Enlistó medidas concretas que podrían derivarse de esta obligación como campañas mediáticas para desmitificar la menstruación y promover información basada en evidencia; programas escolares integrales de educación sexual y reproductiva con perspectiva de género, y protocolos antibullyng menstrual en las escuelas.

Así como talleres en centros de salud en los que se entreguen productos con información sobre salud reproductiva y la inclusión de los hombres en procesos educativos sobre gestión menstrual.

 A su vez, la congresista Leonor Gómez Otegui detalló que esta reforma incorpora el derecho a la gestión menstrual digna en el Artículo 6º de la Carta Magna de la Ciudad de México, y que ello no es casual porque hablar de este tema es hablar también de salud pública, autonomía corporal y de igualdad sustantiva.

Agregó que garantizar una menstruación digna significa proteger el derecho a la salud; asegurar el acceso a la educación sin interrupciones; promover la igualdad, y respetar el libre desarrollo de las personas.

Avanza en Congreso de San Luis Potosí licencia por menstruación

La Comisión de Igualdad de Género del Congreso de San Luis Potosí aprobó un dictamen para reformar la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas. La iniciativa permite a las personas menstruantes con dolores incapacitantes o endometriosis ausentarse hasta dos días con goce de sueldo. 

Se prioriza el trabajo a distancia (home office). En caso de que la naturaleza del puesto no lo permita, el trabajador podrá dejar de asistir físicamente hasta por dos días.

Para hacer uso del beneficio es indispensable contar con una prescripción médica expedida por instituciones públicas de salud o por un médico particular (debe incluir número de cédula profesional). Los días utilizados no afectarán las prestaciones laborales establecidas en las normas aplicables.

El dictamen señala que el dolor menstrual afecta entre un 45 y un 90 por ciento de las mujeres que experimentan este proceso, de las cuales alrededor de un 20 por ciento padece dolores incapacitantes que limitan la vida cotidiana y laboral.

La diputada Roxanna Hernández Ramírez, presidenta de la Comisión destacó que entidades como Colima, Hidalgo, Tamaulipas, Quintana Roo, Campeche y Nuevo León ya contemplan en sus legislaciones la llamada licencia menstrual, lo que representa un avance en la sensibilización del tema. “Ante esto, es que resulta necesario actualizar nuestro ordenamiento estatal para garantizar los derechos humanos y fundamentales de igualdad, la salud y el bienestar de las personas menstruantes”, señaló.

Mientras, la diputada Jessica Gabriela López Torres reconoció que es un paso muy importante que este tema se aborde en el Congreso del Estado. Consideró que la reforma podría enriquecerse más adelante en aspectos como el diagnóstico médico u otras causas de ausentismo laboral, como la migraña menstrual.

El dictamen será turnado al Pleno del Congreso para su análisis y votación correspondiente.

SEM/mm/sj

Aprueba Congreso de Oaxaca nulidad de elecciones por intervención extranjera

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  • La minuta constitucional fue enviada por el Congreso de la Unión
  • Su objetivo es proteger la independencia política del Estado mexicano

Redacción

San Raymundo Jalpan, Oax., a 29 de mayo de 2026.- En un acto de corresponsabilidad constitucional y defensa de la soberanía nacional, el Congreso del Estado aprobó en Sesión Extraordinaria, con 38 votos a favor y dos en contra de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se avala la minuta constitucional enviada por el Congreso de la Unión. Éste introduce una nueva causal de nulidad para los procesos electorales en los que se acrediten y demuestren actos de intervención o injerencia extranjera que influyan de manera directa en los resultados de las votaciones.

En su participación, la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputada Tania Caballero Navarro, expresó el respaldo contundente de la bancada de Morena a esta reforma impulsada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, subrayando que la soberanía nacional es un pilar fundamental de la vida democrática y que el destino de la nación corresponde exclusivamente a las y los mexicanos.

La legisladora calificó de vergonzoso que sectores de la oposición pretendan buscar ayuda en el extranjero ante su falta de apoyo en las urnas, advirtiendo que quienes incurran en presiones extranjeras o traición a la patria deberán responder ante la ley.

En el mismo sentido, el Grupo Parlamentario de Morena coincidió plenamente en la urgencia de blindar los procesos democráticos contra cualquier intento de injerencia externa. El presidente de la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales, diputado Benjamín Viveros Montalvo, así como el diputado César David Mateos Benítez y la legisladora Dulce Belén Uribe Mendoza coincidieron en que este dictamen fortalece el sistema electoral mexicano al garantizar, bajo un debido proceso, que ninguna fuerza extranjera se coloque por encima del mandato popular.

Asimismo, el diputado Dante Montaño Montero, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT); la legisladora Elvia Gabriela Pérez López, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y el diputado Mauro Cruz Sánchez, del Grupo Parlamentario Plural, se posicionaron a favor del dictamen al señalar la necesidad de blindar la soberanía frente a cualquier riesgo que ponga en peligro la libertad del pueblo, manifestando su apoyo al proyecto de la Presidenta Sheinbaum Pardo.

La iniciativa, analizada y dictaminada en sentido positivo por la comisión dictaminadora, modifica el sistema de nulidades regulado en la base VI del artículo 41 de la Carta Magna, mediante la adición de un inciso d), con el objetivo prioritario de blindar la estabilidad institucional y garantizar que la renovación de los poderes públicos derive exclusivamente de la voluntad popular libre y auténtica.

De acuerdo con el dictamen, para que la nulidad de una elección sea procedente bajo esta nueva causal, el marco jurisdiccional exigirá de manera concurrente dos supuestos: la acreditación plena de los actos de intervención extranjera y la comprobación de que éstos hayan tenido una influencia determinante en el resultado de la votación. De este modo, se evita la aplicación automática o abstracta de la norma y se respeta el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados.

SEM/sj

Proponen pacto por una educación libre de violencia en Guerrero

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* Durante la vigésima quinta sesión ordinaria de la Comisión de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres

* Sociedad civil propone que las direcciones escolares cuenten con certificación en perspectiva de género

Redacción

SemMéxico/Ceprovysa, Chilpancingo, a 29 de mayo de 2026.- Un pacto por la educación libre de violencia, inclusiva, no discriminatoria e igualitaria, firmado por todas las escuelas y niveles educativos del estado, propuso la titular de la Unidad de Género de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CEDH), Teresa Gutiérrez Jiménez, durante la vigésima quinta sesión ordinaria de la Comisión de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

Gutiérrez Jiménez planteó organizar las mesas de trabajo por nivel —primaria, secundaria, media superior y universidades tecnológicas— y designar desde la Unidad de Género de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) a una persona para dar seguimiento a los acuerdos y solicitó la incorporación de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro).

Durante los asuntos generales una representante de la sociedad civil reiteró la necesidad de que las direcciones escolares cuenten con certificación en perspectiva de género y urgió la instalación de la mesa interdisciplinaria, para garantizar que maestras y maestros dispongan de las herramientas necesarias.


Las acciones buscan garantizar a alumnas y alumnos entornos escolares seguros, libres de violencia y discriminación, en los que el derecho a la educación se ejerza en condiciones de igualdad y dignidad.

Por su parte, el secretario de Educación en Guerrero, Ricardo Castillo Peña incluyó la presentación del informe de actividades realizadas por las dependencias y municipios que integran la Comisión, así como una serie de propuestas en materia de perspectiva de género en las instituciones educativas.


Ante las propuestas, Castillo Peña instó a formalizarlas por escrito para enriquecerlas de manera colegiada y resaltó “Todo lo que tengamos que hacer a nosotros nos ayuda y el tema educativo es nuestra actividad principal”.


SEM-Ceprovysa

Causa de justicia social, la salud de las mujeres dice gobernadora de Guerrero

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  • Guerrero pasó de los primeros lugares nacionales en mortalidad materna a registrar una reducción histórica
  • Entrega Patronato espacio de usos múltiples y comedor renovado que beneficia a más de 500 trabajadores del HMNG

Redacción

SemMéxico/Ceprovysa, Chilpancingo, 29 de mayo, 2026.- En el marco del Día Mundial de Acción por la Salud de las Mujeres, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda refrendó su compromiso con el bienestar de las guerrerenses al entregar equipamiento médico especializado al Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense, con una inversión superior a los 23 millones de pesos.

“La salud de las mujeres es una causa de justicia social y bienestar para Guerrero. Sigamos trabajando juntas y juntos con el corazón por delante para garantizar atención digna, respetuosa y con calidad para todas”, señaló Evelyn Salgado Pineda.

Durante el evento, la mandataria estatal destacó que la salud de las mujeres es una prioridad para su administración y afirmó que se continúa impulsando una política pública que coloca en el centro la vida, la salud y el bienestar de la población, especialmente de las mujeres.

Evelyn Salgado subrayó que, gracias al fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, la capacitación del personal médico y las acciones preventivas implementadas en los últimos años, Guerrero ha logrado pasar de ocupar los primeros lugares nacionales en mortalidad materna a registrar una reducción histórica en este indicador.

De acuerdo con el director general, Carlos Michel González Jiménez, desde 2021 el Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense ha brindado atención hospitalaria a 14 mil 897 mujeres que egresaron en condiciones favorables de salud. Asimismo, 455 pacientes con diagnósticos críticos recibieron atención especializada que permitió salvaguardar su vida y bienestar.

Además, se han otorgado más de 37 mil 500 consultas externas en especialidades como ginecología, odontología, psicología, medicina interna y nutrición, fortaleciendo la atención integral y la salud sexual y reproductiva de las mujeres guerrerenses.

La titular del Ejecutivo estatal reconoció el compromiso y la vocación de servicio del personal médico, de enfermería, administrativo, técnico y operativo que labora en el Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense. Destacó que su entrega, experiencia y trato humano permiten brindar atención oportuna, cercana y de calidad a miles de mujeres y sus familias.

Como parte de esta inversión, el hospital recibió equipo médico de última generación para distintas áreas estratégicas, entre ellos un autoclave de vapor autogenerado, equipo para el Banco de Leche Humana, electrocardiógrafos avanzados, unidades de anestesia intermedia, desfibriladores con marcapasos, monitores de signos vitales, ventiladores de traslado, lámparas de fototerapia, monitores materno-fetales, cunas de calor radiante y un equipo móvil digital avanzado de rayos X.

Asimismo, por gestiones del Patronato del HMNG, se realizó la rehabilitación del comedor-terraza, un espacio de usos múltiples gestionado por el Patronato del hospital que beneficiará a más de 500 trabajadores de la institución, afirmó la presidenta Olivia Fuentes Brito.

SEM-Ceprovysa

Hostigamiento coercitivo ya es delito en Ciudad de México

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  • Se agrava la pena cuando se utilicen armas
  • Los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, no prescriben

Elda Montiel

SemMéxico, Ciudad de México, 29 de mayo, 2026.- El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas al Código Penal que tipifican el hostigamiento coercitivo, cuya pena será de hasta siete años de prisión y una multa que alcanzará los 117 mil pesos, cuando una persona, a través de violencia física o moral, pretenda obligar u obligue a otra a hacer, dejar de hacer o tolerar cualquier acción u omisión.

La pena se agravará cuando se utilicen armas, instrumentos peligrosos u otro objeto con apariencia, forma o configuración de arma de fuego; cuando se utilice a personas menores de edad, y cuando la víctima sea persona mayor, con discapacidad, niña, niño, adolescente o embarazada.

Desde la tribuna, Alberto Pérez Urrincho, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, señaló que este dictamen se deriva del Pacto de la Lucha Contra la Extorsión, firmado por instituciones, sociedad civil, empresarios y otros sectores, en el cual se planteó la creación del delito de “hostigamiento coercitivo”.

“Como parte de los esfuerzos que se realizan desde la capital del país, propongo a este H. Congreso la adición de un nuevo tipo penal a la legislación de la ciudad, en el que se contemple una conducta que, aunque es cotidiana y tiene grandes afectaciones a la seguridad y la tranquilidad de las personas, no se encuadra dentro de la descripción típica que ha previsto el legislador federal para sancionar la extorsión”, señala la propuesta en su apartado “Exposición de Motivos”.

El dictamen a la iniciativa enviada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, también propone tipificar como un delito el uso de la Inteligencia Artificial para la usurpación de identidad e incluye reformas para armonizar el delito de extorsión con lo mandatado en la Ley General en la materia.   

“Hoy, tanto la jefa de Gobierno como diputadas y diputados de este Congreso han unido esfuerzos para poder crear esta reforma al Código Penal y que, de igual manera, se pueda combatir la violencia física o moral en la cobranza ilegal sin afectar derechos de acreedores, pero salvaguardando siempre a las y los ciudadanos de nuestra capital del país”, enfatizó.

Al razonar su voto, el diputado morenista Luis Alberto Chávez García aseveró que el Poder Legislativo local tiene la responsabilidad de salvaguardar a la población de manera integral y fortalecer el tejido social, y que ello implica combatir el uso de la tecnología para cometer delitos.

Advirtió que los criminales han adoptado herramientas tecnológicas avanzadas para generar y manipular videos; clonar la voz de sus posibles víctimas, y suplantar la identidad de las personas en tiempo real, por lo que se requiere de un marco jurídico firme. “Votar a favor de esta propuesta es mandar un mensaje contundente: el Estado mexicano está evolucionando para hacer frente a la ciberdelincuencia”.

A su vez, el legislador Manuel Talayero precisó que ese dictamen pretende alinear la política de combate a la delincuencia presentada hace unas semanas por la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX) al Congreso local, y que las sanciones sean realmente ejemplares. “No más llamadas desde reclusorios; no más llamadas de personas que dicen pertenecer a grupos delincuenciales. Sí más seguridad para las personas y su patrimonio”, recalcó.

En materia de hostigamiento, se establece que se impondrá de diez a 15 años de prisión y multa de dos mil a tres mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), a quien utilice medios ilícitos, actos de violencia física o moral, hostigamiento o intimidación, para cobrar una deuda.

 También se impone agravante por motivo de reincidencia en el delito de extorsión derivado de un hecho de tránsito o “montachoques”, y se contempla la armonización con la legislación federal en la materia, con el fin de prevenir, investigar y sancionar estas conductas. 

No prescriben los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes

También se aprobaron dos reformas al Código Penal local; ya no prescriben los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, y se castigará con mayor severidad el homicidio y el maltrato infantil.

Como un acto de justicia humanitaria, los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México ya no prescribirán. Esto luego de que el Congreso capitalino aprobó, por unanimidad, reformas a los artículos 108 y 111 del Código Penal local para proteger a este sector de la población de los delitos de violación, abuso sexual y pornografía infantil.

Al fundamentar el dictamen, la diputada América Alejandra Rangel Lorenzana señaló que las modificaciones responden a una deuda histórica con la niñez y las adolescencias de la capital del país, pero sobre todo a una urgencia de justicia humanitaria para este sector de la población. Dio a conocer que en México se registran casi diez mil casos anuales de abuso sexual infantil. “Sin embargo, sabemos que esta cifra es sólo la punta del iceberg. Miles de víctimas callan por miedo, vergüenza o manipulación de sus agresores”, lamentó.

Explicó “¿Cómo podemos aceptar que un violador quede libre sólo porque su víctima, entonces una niña, tardó 20 años en romper el silencio?”, subrayó la legisladora panista.

Aseveró que, con la aprobación de este dictamen, el Congreso capitalino envía un mensaje contundente a la sociedad y a quienes cometen delitos sexuales en contra de las niñas, los niños y adolescentes.

“No habrá refugio en el tiempo para quien violente a una niña, a un niño o a un adolescente. Las heridas del abuso no caducan en el alma de una víctima. Por tanto, la capacidad del Estado para perseguir y castigar este delito tampoco debe caducar”, sentenció.

De 40 a 70 años de cárcel a quien cometa homicidio infantil

Las y los legisladores capitalinos aprobaronpor unanimidad, un dictamen para reformar el Código Penal capitalino, con la finalidad de castigar con mayor severidad el homicidio y el maltrato infantil.

En la Sesión Ordinaria del miércoles, el diputado Israel Moreno Rivera a nombre de la Comisión de Administración y Procuración Justicia, resaltó la importancia de fortalecer el marco jurídico para sancionar con mayor rigor este tipo de delitos.

Destacó que dos mil 478 niñas, niños y adolescentes fueron privados de la vida en México durante 2024, mientras que en la capital del país los homicidios de menores pasaron de 51 en 2023, a 64 hace dos años, según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México. “Cada cifra representa una historia interrumpida, una familia destrozada, una infancia marcada por el abuso, la violencia y la tortura. En el peor de los escenarios, la privación de la vida de nuestras niñas y niños”.

De acuerdo con el dictamen, el Artículo 123 quedaría de la siguiente manera: “Al que prive de la vida a otro, se le impondrá de ocho a 20 años de prisión. La pena de este artículo se agravará hasta lo previsto por el Artículo 125 del presente ordenamiento cuando la víctima sea niña o niño menor de 12 años o persona menor de 18 años”.

En el caso del Artículo 129 TER determina que: “Comete el delito de homicidio infantil quien prive de la vida a una persona menor de 18 años. A quien cometa esta conducta se impondrá una pena de 40 a 70 años de prisión y de dos mil a cinco mil días multa”.

SEM/em/sj

La Opinión| Playa del Carmen en el laberinto: Descontrol político, sargazo y el vacío de gobierno

Haidé Serrano

SemMéxico, Cancún, 29 de mayo, 2026.- A casi año y medio de haber asumido la presidencia municipal de Playa del Carmen, la administración de Estefanía Mercado enfrenta una tormenta donde convergen la crisis política interna, el descuido ambiental y un alarmante vacío en inversión en obra pública, servicios públicos deficientes e inseguridad.

Estamos frente a un gobierno que ha perdido el control de su propio equipo y el rumbo del municipio. El síntoma más evidente ocurrió recientemente cuando la presidenta municipal Estefanía Mercado tuvo que recurrir al uso de la fuerza pública para desalojar a miembros de su propio equipo de trabajo.

Según reportaron medios locales, elementos de la policía ingresaron a las oficinas de gobierno para sacar a directores de áreas clave como Desarrollo Urbano y Catastro. A esto se suma la renuncia del tesorero con carácter irrevocable. La salida del funcionario responsable de las finanzas ocurre en medio de versiones poco claras sobre la salud financiera del municipio.

En este contexto, Estefanía Mercado lanzó un canal directo —incluso vía WhatsApp— para que la ciudadanía denuncie actos de corrupción de funcionarios. En principio, suena bien, pero abre preguntas como: ¿Por qué Estefanía Mercado necesita que la ciudadanía le diga quién de su propio equipo está incurriendo en corrupción? ¿No confía tampoco en el Órgano Interno de Control? ¿Quién seleccionó a estos perfiles? ¿Bajo qué criterios de honestidad y eficiencia armó su gabinete? ¿No es esto, en el fondo, una admisión pública de que no tiene control sobre la administración?

Denunciar la corrupción interna como si fuera un problema ajeno es un intento de deslinde que no convence.

Mientras esto ocurre, Playa del Carmen se ahoga bajo toneladas de sargazo. Denuncias de comercios locales señalan que no solo daña la imagen internacional del destino, sino que golpea los bolsillos de miles de familias que dependen del turismo.

Sí, hay esfuerzos federales y de la Marina, pero también hay una percepción clara en la ciudadanía y en el sector turístico: falta personal, falta equipo, falta capacidad de respuesta suficiente.

Manejar una crisis ambiental excusándose en la falta de recursos en un municipio que recauda miles de millones de pesos al año por concepto de saneamiento ambiental, predial y licencias comerciales, es negligencia. El sargazo no es únicamente una crisis natural. Es, sobre todo, una prueba de gestión pública.

Y cuando los problemas se acumulan sin resolverse, el costo no es solo para la administración que encabeza Estefanía Mercado, sino para todo el municipio que depende de sus decisiones o la falta de ellas.

Por cierto, Estefanía Mercado tiene la mirada puesta en la sucesión estatal; busca la gubernatura de Quintana Roo. Solo que perdió de vista que las cartas credenciales se construyen con resultados. Si no puede coordinar a sus funcionarios, ¿cómo planea gobernar todo un estado? Primero que saque a Playa del Carmen del laberinto en el que ella misma lo metió.

Feminicidio en el Soconusco evidencia el deterioro del tejido social: 50 Más 1

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  • Preocupa persistencia de la violencia estructural contra las mujeres

Gabriela Coutiño
SemMéxico, Tuxtla Gutiérrez, 29 de mayo, 2026.- Un hombre identificado como Víctor Manuel N, presuntamente asesinó a machetazos a su madre en la comunidad de Jalapa, municipio de Acacoyagua, en la región del Soconusco. Tras el crimen, el presunto responsable huyó y es buscado por la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con fuentes policiacas, los hechos ocurrieron durante la madrugada de este jueves, cuando vecinos escucharon gritos y una fuerte discusión al interior del domicilio familiar, por lo que solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Al arribar al lugar, paramédicos y elementos de seguridad encontraron a Marcelina Mendoza Castañeda, de 45 años de edad, con una lesión grave en el cuello provocada presuntamente con un machete, lo que le provocó la muerte.

El caso fue dado a conocer públicamente por la Comisión Estatal a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres de la Colectiva Feminista 50 Más 1 Chiapas, que condenó el crimen y lo calificó como un feminicidio cometido con extrema violencia.

A través de un pronunciamiento, la organización expresó su “profunda indignación, dolor y enérgica condena” ante los hechos, al considerar que el asesinato evidencia el deterioro del tejido social y la persistencia de la violencia estructural contra las mujeres.

“La violencia contra las mujeres no distingue edades, espacios ni relaciones familiares. El hogar, que debería ser el lugar más seguro para una madre, se convirtió en el escenario de una tragedia”, señaló la colectiva.

La agrupación feminista subrayó que el matricidio representa una de las expresiones más dolorosas de la violencia y advirtió que las agresiones verbales, psicológicas y físicas dentro de los hogares suelen anteceder hechos irreparables.

Asimismo, alertó sobre la gravedad de la violencia feminicida en Chiapas, al precisar que el caso de Marcelina representa el segundo feminicidio registrado en mayo y el número 18 en lo que va del año en la entidad.

Apenas el pasado 25 de mayo, la Colectiva Feminista 50 Más 1 también condenó el feminicidio de Carla Esmeralda, una joven de 28 años de edad que fue encontrada sin vida en un campo de futbol del municipio de Bochil, hecho que volvió a encender las alertas por la violencia contra las mujeres en Chiapas.

Ante ello, la Colectiva 50 Más 1 exigió a la Fiscalía General del Estado realizar una investigación inmediata, exhaustiva y con perspectiva de género, aplicando el protocolo de feminicidio para garantizar que el responsable enfrente la justicia.

También hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para fortalecer las políticas públicas de prevención de la violencia intrafamiliar y comunitaria, así como ampliar la atención en salud mental y adicciones, factores que —advirtió— suelen estar relacionados con hechos violentos.

“La región del Soconusco continúa siendo un foco rojo en violencia contra las mujeres”, señaló la organización.

De igual forma, convocó a la sociedad civil a no minimizar ni normalizar ninguna expresión de violencia dentro del hogar y reiteró que la denuncia oportuna puede salvar vidas.

Finalmente, la colectiva expresó su solidaridad y acompañamiento a la familia de Marcelina y aseguró que continuará vigilante del desarrollo del proceso legal.

“Seguiremos alzando la voz hasta que todas las mujeres puedan vivir libres de violencia”, concluyó.

SEM/gc/sj

Avanza en comisiones reforma que amplía derechos de trabajadoras durante el posparto

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  • Establece que durante los períodos de descanso no podrán realizar actividades laborales en casa
  • La reforma “impactará directamente en su bienestar y el de las infancias”

Redacción

SemMéxico, Ciudad de México, 29 de mayo, 2026.- Por mayoría se aprobó un dictamen para garantizar la ampliación de los derechos de las madres trabajadoras sobre los periodos de descanso durante su etapa de posparto y el respeto a sus días de vacaciones.

La aprobación de la minuta se realizó como parte de los trabajos de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que preside la diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado (Morena) y consiste en adicionar las fracciones II Ter y V Bis al artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo en el que se establece que durante los períodos de descanso no se permitirá hacer actividades laborales en casa, ni a acudir por cualquier requerimiento laboral a la empresa o institución a la que pertenezca la madre trabajadora, para evitar la interrupción de la recuperación puerperio de la madre y el cuidado de su infante o infantes.

Conforme a lo previsto en el Capítulo V, la madre trabajadora si así lo decide, podrá disfrutar los días de vacaciones a que tiene derecho, en tiempo posterior inmediato a los periodos de descanso, comunicándolo de manera oportuna a la persona empleadora.

La diputada Karen Yaiti Calcaneo Constantino (Morena), promovente de la iniciativa, expuso que el puerperio es la etapa en la que el cuerpo de la madre regresa a su estado previo al embarazo, en donde el organismo femenino experimenta numerosos cambios que varían según el tipo de parto y lactancia, e implica cambios biológicos y ajustes en el estilo de vida debido a la llegada del bebé al hogar.

Por ello, aseguró que la iniciativa busca blindar y ampliar los derechos laborales de las madres trabajadoras durante dicho periodo. Pidió a las y los integrantes de la Comisión emitir un voto favorable en defensa de las mujeres y las infancias, “porque el bienestar físico y emocional de las madres depende en gran medida del bienestar familiar y social”.

La diputada Gómez Maldonado dijo que debe haber empatía hacia quienes tienen hijos o hijas, porque la responsabilidad es muy grande y las mamás son siempre quienes cargan con mayores obligaciones y deberes.  

Del PVEM, la diputada Gabriela Benavides Cobos destacó que la iniciativa garantizará que las mujeres trabajadoras puedan ejercer plenamente su derecho al descanso y recuperación después del parto, lo que impactará directamente en su bienestar y el de las infancias.  

La diputada Patricia Mercado Castro (MC) señaló que la maternidad en la vida laboral es muy sancionada, por lo que aprobar ese tipo de reformas es importante. “Necesitamos que las mujeres se sientan seguras y piensen que vale la pena desarrollar su profesión y también decidir ser madres y formar una familia”.

Para la diputada Margarita García García (PT) la iniciativa representaría una sobrerregulación, ya que el tema ya se encuentra plasmado en la ley. Consideró que hace falta incidir para que realmente se cumpla y respete. Agregó que las mujeres deben presentar las denuncias concretas cuando sus derechos no están siendo respetados.  

De Morena, el diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo indicó que independientemente de que existe una sobrerregulación, cuando hay un patrón que incumple con los derechos se deben realizar mayores esfuerzos para incrementar las sanciones, así como proteger a las mujeres que se enfrentan a despidos injustificados.

También de Morena, la diputada Julia Arcelia Olguín Serna mencionó que es importante considerar el tema de la salud mental, ya que el puerperio puede ser un momento emocionante e intenso; por ello, las mujeres deben tomar el tiempo necesario para descansar y prevenir la depresión posparto.

CNDH emite recomendación por malos tratos a mazateca, que provocó muerte del bebé

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  • Los hechos ocurrieron hace tres años en la población de Huautla de Jiménez
  • IMSS debe reparar integralmente el daño a las víctimas directa e indirecta

Micaela Márquez

SemMéxico, Ciudad de México, 29 de mayo 2026.- Una mazateca perdió a su hijo recién nacido y acusó malos tratos del personal médico, por lo que poco después de tres años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 20/2026 al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La mujer acudió al Hospital Rural Bienestar Número 43, ubicado en Huautla de Jiménez, en la sierra Ricardo Flores Magón, donde hizo el seguimiento de su embarazo y fue mal atendida durante el parto, el 26 de marzo de 2023, donde llegó cuando se encontraba en trabajo de parto.

De acuerdo con lo documentado, el personal médico residente sin supervisión de las personas responsables, quienes la trató de manera violenta mientras sufría contracciones, provocando estrés prenatal.

El personal médico incurrió en actos y omisiones durante la atención, como la falta de estudios clínicos pese a un cuadro de infección, por lo que el seguimiento obstétrico resultó deficiente tras la ruptura de membranas.

El estado de salud de la paciente se agravó por lo que hubo complicaciones obstétricas que tuvieron un impacto directo en el bienestar del producto de la gestación, lo que provocó afectaciones a su salud y su posterior fallecimiento.

La paciente también refirió al personal de la CNDH que, mientras se encontraba en trabajo de parto, el personal médico hablaba por teléfono y se dirigía a la paciente “de manera muy grosera”, indicándole agresivamente que se callara y dejara de gritar.

Se comprobó que el parto ocurrió a las 9:00 horas del 27 de marzo de 2023, pero fue hasta las 16:30 horas, aproximadamente, cuando el personal médico les informó a sus familiares sobre el estado de salud del recién nacido y, por la noche, les indicó que no se pudo “hacer nada por la vida” del menor.

La CNDH como resultado de las investigaciones solicitó al IMSS reparar integralmente el daño a las víctimas directa e indirecta del caso, brindarles atención psicológica y/o tanatológica, colaborar con las autoridades investigadoras en el seguimiento del expediente administrativo iniciado en el Órgano Interno Específico en el IMSS, contra el personal médico involucrado, por las irregularidades señaladas.

Además de implementar un ciclo de formación continua, con perspectiva de género, sobre los derechos humanos de las mujeres indígenas durante la gestación, el parto y el puerperio, dirigido al personal médico adscrito a los servicios de Urgencias, Ginecobstetricia y áreas homólogas del Hospital Rural Bienestar 43, con el fin de que no se repitan hechos similares y se garantice una atención médica de calidad.

El IMSS también deberá remitir las evidencias que acrediten que dicho hospital cuenta con equipo de ventilación mecánica para la atención de personas recién nacidas que requieran cuidados intensivos o, en su caso, realizar las acciones necesarias para su equipamiento, así como garantizar la presencia permanente de personal médico especialista, capacitado y suficiente.

SEM/mm/sj

Condena al agresor de Thelma Fardin, una victoria en Argentina

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  • Una esperanza en un sistema donde las mujeres encuentran obstáculos para denunciar violencias
  • A la actriz la sostuvo una enorme estrategia colectiva

Redacción

SemMéxico/El País, Buenos Aires, 29 de mayo, 2026.- La condena definitiva al actor Juan Darthés por abuso sexual contra la actriz Thelma Fardin se vivió en Argentina como una enorme victoria. Siete años y medio después de aquella conferencia de prensa de diciembre de 2018 en la que Fardin contó llorando los abusos sufridos cuando tenía 16 años y Darthés 45, la sentencia a seis años de prisión no solo representa una reparación para ella; también funciona como una esperanza dentro de un sistema donde las mujeres todavía encuentran enormes obstáculos para denunciar violencias y, sobre todo, para que les crean.

Cuando Thelma habló públicamente acompañada por el colectivo Actrices Argentinas, ocurrió algo inédito. La línea contra el abuso sexual en las infancias recibió un mil 200 por ciento más de llamadas y las consultas a la línea de atención para víctimas de violencia de género aumentaron un 123 por ciento. El caso fue leído como el comienzo del MeToo argentino. Pero también dejó otra evidencia: sola, probablemente no hubiese sido escuchada con tanta contundencia.

Antes que ella, otras tres mujeres —Calu Rivero, Ana Coacci y Natalia Juncos— ya habían denunciado situaciones de acoso y abuso por parte de Darthés. Todas relataban escenas similares. Todas repetían la misma frase atribuida al actor: “Mirá cómo me ponés”. Ninguna logró credibilidad ni apoyo mediático. Incluso fueron demandadas por Darthés por calumnias, injurias y daños a la imagen.

Thelma sí logró quebrar la desconfianza porque apareció una estrategia colectiva capaz de sostenerla: “Yo me acerqué a este colectivo de mujeres actrices y ellas pensaron: ‘Tenemos que estar todas’. O sea, fue una construcción colectiva”.

El cuestionamiento nunca estuvo solo en el acusado, sino también en la víctima. Qué hizo. Cómo reaccionó. Por qué tardó. Por qué habló. Por qué calló. Uno de los jueces del fallo condenatorio lo sintetizó con claridad: “La responsabilidad que le adjudican a una niña de 16 años es exactamente a la inversa. ¿Por qué se preguntan por qué ella obró de tal modo y no se preguntan por él, que era un adulto de 45 años?”.

La sospecha sobre las mujeres suele atravesar todo el proceso judicial y social. Thelma fue sometida a años de ataques, especialmente en redes sociales. “Siempre estuvo esa intención clara de demonizarme. Me parece que el mensaje va más allá y es silenciarnos”, dice Thelma. Es que no se trata solamente de desacreditar a una mujer que denuncia, sino de enviarle un mensaje al resto.

  • Publicación original de El País

Oaxaca, primer estado en aprobar la minuta en materia de Reforma Judicial

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* La reforma aplaza la elección judicial a junio de 2028

Redacción

SemMéxico, Oaxaca, 29 de mayo, 2026.- En Sesión Extraordinaria del Tercer Periodo Extraordinario, realizada la medianoche de este jueves, el Congreso del Estado aprobó con 31 votos a favor y 01 en contra del Partido Revolucionario Institucional (PRI) la minuta del Congreso de la Unión que modifica la Constitución Política en materia del Poder Judicial.

Con esta reforma se aplaza la elección judicial de 2027 hasta el primer domingo de junio de 2028 y se precisa que la revocación de mandato será el primer domingo de junio del cuarto año del periodo constitucional.

Asimismo, se modificó el artículo cuarto transitorio para precisar que las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral en funciones podrán ser elegibles para un nuevo periodo en la elección federal de 2028.

El decreto determina que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se compondrá de nueve integrantes y funcionará en Pleno o, con su aprobación, en dos salas. Su presidencia se renovará cada dos años de manera rotatoria, correspondiendo a quienes obtengan la mayor votación en la elección respectiva.

Por otra parte, el nuevo artículo séptimo transitorio subraya que las magistradas, magistrados, juezas y jueces electos en 2028 durarán ocho años en su cargo, venciendo en 2036, mientras que el octavo transitorio deroga las disposiciones que se opongan a este decreto.

SEM/sj

En tareas de cuidado, mujeres de entre 15 y 29 años, que no estudian ni trabajan

  • Informe de Oxfam México revela que los hombres apenas dedican 1.5 horas al día
  • En zonas rurales, las jóvenes cuidadoras dedican hasta 2.7 horas más por semana al trabajo doméstico que las cuidadoras de zonas urbanas

Micaela Márquez

SemMéxico, Ciudad de México, 29 de mayo 2026.- Las mujeres jóvenes que no estudian ni trabajan, cuyas edades van de 15 a 29 años, se dedican exclusivamente a labores de cuidados, cuando los hombres jóvenes dedican apenas 1.5 horas diarias al cuidado desde hace una década.

El informe “No nos llames ninis: mujeres jóvenes que cuidan”, realizado por Oxfam México revela que casi ocho de cada 10 jóvenes catalogadas popularmente como «ninis» (porque no estudian ni trabajan) son en realidad mujeres que realizan trabajo de cuidados no remunerado.

El 95 por ciento de estas jóvenes dedica entre 5.2 y 7.6 horas diarias al cuidado de familiares o tareas del hogar sin recibir ningún tipo de pago, “parece haber una penalización social para las mujeres por cuidar”, señaló Mariana Belló, coordinadora de la estrategia de Justicia de Género y Cuidados en Oxfam México.

“Mientras los cuidados sigan sin reconocerse como un trabajo valioso, que debe ser distribuido de manera equitativa entre toda la sociedad, seguirán siendo una de las piedras angulares de la desigualdad de género”, añadió.

Labores domésticas y de cuidados constituyen el sector productivo más importante de México, representando el 23.9 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional (PIB), por encima de la industria manufacturera (20.1 %) o el comercio (18.7 %).

De ahí que, las jóvenes que cuidan “están funcionando como un subsidio y como una verdadera red de amortiguación para la crisis de cuidado, asumiendo una responsabilidad que otros actores sociales no están asumiendo, principalmente el Estado, el mercado e incluso sus familias”, expuso Belló.

La diversidad de experiencias entre las mujeres jóvenes que cuidan evidencia que alejarse de la educación o el mercado laboral, en la mayoría de los casos, no es por decisión propia. Sobre las jóvenes mexicanas recae un mandato social y de género para abandonar sus proyectos de vida y entregar su tiempo y recursos al sostenimiento de la sociedad sin la corresponsabilidad de otros actores sociales e institucionales.

Avance engañoso

Aunque la brecha de cuidados se redujo una hora en la última década, al pasar de 6.1 a 5.1 horas diarias, el avance es engañoso. Los datos revelan que la participación de los hombres jóvenes se mantiene estancada en solo 1.5 horas al día, sin importar su edad o estado civil. Mientras que hitos como la maternidad o la vida en pareja redefinen el proyecto de vida de las mujeres jóvenes absorbiendo casi siete horas de su día, para ellos es un evento que prácticamente no altera su rutina.

De acuerdo con el estudio, las adolescentes de 15 a 19 años que cuidan sin paga son en la mayoría solteras, sin hijos y con estudios hasta secundaria. Dedican en promedio 3.8 horas diarias a labores domésticas y al cuidado de hermanos, abuelos o familiares enfermos.

Las jóvenes adultas dedican seis horas diarias, el grupo más grande de cuidadoras no remuneradas, son las mujeres de 25 a 29 años que son madres, viven en pareja y tienen escolaridad básica.

En zonas rurales, además, las jóvenes cuidadoras dedican hasta 2.7 horas más por semana al trabajo doméstico y de cuidados que las mujeres urbanas, en un contexto marcado por la falta de servicios e infraestructura básica.

La Ciudad de México presenta una paradoja, hay menos mujeres jóvenes que no estudian ni trabajan y se encuentran cuidando, pero quienes lo hacen enfrentan una mayor intensidad de trabajo, debido al cuidado directo. En promedio, dedican 58.5 horas semanales a las tareas del hogar, de cuidado y acompañamiento; una cifra que supera por mucho la jornada laboral legal. Esta triple carga ocurre a pesar de que, a diferencia de la tendencia nacional, la mayoría cuenta con estudios de nivel medio superior y superior. Asimismo, cuando son madres, la brecha se profundiza: dedican 55.6 horas semanales al cuidado, casi diez horas más que sus pares a nivel nacional (46.1 horas).

“Resulta urgente reconocer la labor de estas mujeres jóvenes para que el estado asuma la rectoría en la creación, diseño e implementación de políticas de cuidados con ellas en mente. Solo así podemos hablar de un avance en la justicia social y de género en nuestro país”, enfatizó Alexandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México.

SEM/em/sj

Aprueban el Sistema de Cuidados en la Ciudad de México

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  • Congreso determina su presupuesto anual y responsabilidad compartida
  • 30 % de la economía de la CDMX es sostenida por personas cuidadoras; 90 % no reciben ningún pago

Elda Montiel

SemMéxico, Ciudad de México, 29 de mayo, 2026.- Por unanimidad el Congreso local aprobó la Ley del Sistema de Cuidados, iniciativa suscrita por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y como resultado de un proceso de consulta con organizaciones civiles, colectivas feministas y cuidadoras, cuyas opiniones y experiencias fueron recabadas en audiencias públicas.

La Ley reconoce que la carga de trabajo recae en las mujeres por lo que busca distribuir las tareas de manera más equitativa. Establece un marco legal para reconocer, reducir y redistribuir las labores de asistencia, históricamente asignadas a las mujeres. Garantiza el derecho humano a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, convirtiendo estas tareas en una responsabilidad compartida entre el Estado, la sociedad y el sector privado.

Así como también establece las responsabilidades que debe tener cada nivel de gobierno, desde la Jefatura de Gobierno a las alcaldías, y plantea la infraestructura social que se va a desarrollar como comedores, centros de cuidado infantil, casas de día para las personas adultas y para personas en situación de calle.

“Hay que reducir el peso del trabajo que se ha recargado en las mujeres; hay que redistribuir. Como hombres, hay que asumir esta responsabilidad, quitar el rol de género del trabajo de los cuidados. Nada tiene que ver la orientación sexual, el género, con una actividad concreta como son los cuidados”, señaló el diputado Víctor Gabriel Varela López, quien fundamentó el dictamen.

La Ley del Sistema de Cuidados, cuyo presupuesto deberá ser incrementado de manera anual establece un plazo de 180 días para la creación del Programa Especial de Cuidados, el cual georreferenciará la demanda y oferta de servicios en las distintas alcaldías.

La diputada Cecilia Vadillo Obregón, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, resaltó que la consulta de esta ley requirió un esfuerzo técnico y físico muy grande, y que con este ordenamiento se reconoce a las mujeres que han renunciado a sus sueños por dedicarse a cuidar. Resaltó que “hoy el 30 por ciento de la economía de la ciudad la sostienen las personas cuidadoras, y que en un 90 por ciento no reciben ningún pago”.

“Es un acto de justicia social, de igualdad, de reconocimiento para millones de personas que durante décadas han sostenido la vida cotidiana desde el trabajo invisible del cuidado”, puntualizó la diputada Xóchitl Bravo Espinosa, coordinadora de la Bancada de MORENA.

Con la aprobación de esta Ley se reconoce a los cuidados como un derecho y se construye una ciudad más justa y de igualdades, porque los cuidados dejaran de verse como obligación coincidieron las y los diputados morenistas Valentina Valia Batres Guadarrama, Valeria Cruz Flores, Juana María Juárez López, Martha Ávila, Miguel Ángel Macedo Escartín y Víctor Hugo Lobo Rodríguez.

Mientras las y los legisladores panistas Lizzette Salgado Viramontes y Andrés Atayde Rubiolo expusieron que se puede avanzar en conjunto cuando se ponen el centro a las personas y sus necesidades y con el diálogo se puede construir un mejor dictamen.

Las diputadas Claudia Neli Morales Cervantes y Paula Alejandra Pérez Córdova reconocieron a las mujeres de pueblos y barrios originarios.

La petista Jannete Elizabeth Guerrero Maya reconoció que la expedición de la Ley del Sistema de Cuidados nace de años de lucha de personas que se esforzaron por hacerla posible.

Por otra parte, Royfid Torres González y Patricia Urriza Arellano, de Movimiento Ciudadano, externaron la necesidad de seguir fortaleciendo este ordenamiento, en particular desde la perspectiva de las personas con alguna discapacidad. También señalaron que sin recursos para infraestructura no podrá materializarse lo plasmado en la ley, por lo que su partido cuidará que se haga una distribución homogénea del presupuesto en ese sentido.

El perredista Pablo Trejo Pérez expuso que los cuidados representan más de 460 mil millones de pesos y poco más de cuatro puntos del PIB, por lo que la economía del cuidado debe estar en el centro del desarrollo económico y social de la ciudad.

La legisladora Tania Nanette Larios Pérez, del PRI, consideró que aún falta camino para reivindicar este acto de justicia, y que para hacerla efectiva se necesitan los recursos, la infraestructura, el monitoreo y seguimiento que indica la ley para su efectividad.

Por la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación, la diputada María del Rosario Morales Ramos destacó que esta norma busca reducir las brechas de desigualdad y generar mejores condiciones de vida para millones de personas en la ciudad.

La diputada Diana Sánchez Barrios, de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, expresó que esta ley sostiene la vida y la sociedad, y que defender el Sistema de Cuidados es una responsabilidad colectiva y del Estado.

SEM/em/sj