SemMéxico, La Paz-Bolivia, 29 de mayo de 2026.- A los conflictos sociales difíciles de resolver, a esos enfrentamientos y posiciones aparentemente irreconciliables, los sostienen en el tiempo las palabras. Es que el lenguaje político (desde el gobierno o las organizaciones cívicas y sociales), el lenguaje mediático, de las redes sociales y de los comentarios de la calle producen y reproducen diferencias y jerarquías humanas, donde ciertos cuerpos aparecen como más sacrificables que otros.
Bolivia atraviesa una de las crisis más fuertes en décadas, con un gran movimiento social indígena campesino y popular enfrentado al gobierno, que es más respaldado por la clase media y alta urbana y blanco mestiza. La protesta nació de distintos sectores con demandas concretas y escaló hasta pedir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Se ha paralizado el país con bloqueos de caminos y el punto neurálgico es la sede de gobierno, hasta donde han confluido multitudinarias marchas.
Por más de tres semanas las ciudades de La Paz y El Alto (2,2 millones de habitantes entre ambas y el área metropolitana) han permanecido prácticamente sitiadas, soportando el desabastecimiento de alimentos y de combustible, poniendo al límite a la población en especial la de escasos recursos. Al escribir este artículo, la posibilidad de un estado de sitio parece inminente.
Los odios se han recrudecido. El marco mental que se construye en ambas partes se ha ido configurando con palabras que, como ladrillos, levantan un muro infranqueable que, además, hace aceptables ciertas situaciones violentas, siempre que sea contra el otro bando donde están los cuerpos sacrificables.
Gran parte de la población que reclama la renuncia de Paz es la que le ha votado hace seis meses. Hoy le llama traidor por las políticas “entreguistas” de endeudamiento del país, por aceptar relaciones con otros países (Estados Unidos y Argentina) que ven como intervencionistas, por medidas que atentan contra la propiedad comunitaria de la tierra, por la distribución de gasolina sucia que malogró miles de vehículos y maquinaria, por casos de corrupción poco aclarados.
Quien le rechaza, al presidente le dice de forma despectiva “pollo” (a su padre se le conoce como “gallo”) e “incaPaz”. A su vez, Rodrigo Paz ha calificado como “vándalos” y “delincuentes” a quienes protestan y bloquean. Su gobierno ha utilizado el término “corredor humanitario” para nombrar lo que en realidad fue un operativo militar donde murió un comunario por impacto de bala, algo negado oficialmente; sin embargo, la evidencia del cuerpo se impuso.
El sociólogo Michel Foucault señala que el discurso produce verdad y legitimidad y, en ese sentido, el poder tiene la posibilidad no sólo de matar, sino también de definir qué violencia es legítima y cuál aparece como barbarie.
Una parte importante de la población de la ciudad de La Paz, que incluso ve “timorato” al gobierno, viene reclamando acciones más duras, una intervención militar y detención de quienes bloquean. Se han vuelto a escuchar expresiones de racismo, con el consabido “indios de m…” entre otros, y de total deshumanización de esta población, llamándolas “ovejas”, “llamas” o “bestias”.
Cuerpos desechables e indeseables, por eso hubo expresiones insensibles cuando murió una mujer indígena luego de participar en las movilizaciones.
Los medios que reproducen más la versión oficial gubernamental prácticamente no informan sobre las detenciones, son cientos al parecer y no hay una cifra clara, en las redes se denuncia una especie de cacería étnica. Aunque todo se pone en duda.
Refiriéndose a la violencia machista estructural, la antropóloga Rita Segato habla de la pedagogía de la crueldad, donde la violencia se exhibe públicamente para producir obediencia y miedo.
En esta lucha, hay exhibiciones de violencia también de la parte movilizada. A un dirigente, que sin medir el grado de molestia de sus bases buscó acordar algo con el gobierno, se le vistió de mujer (como desprestigio patriarcal) y chicoteó públicamente para sancionarle. Y hay miedo en la población urbana tanto por los diarios enfrentamientos en las calles como por la carencia de alimentos.
En este enfrentamiento, las posturas son duras en relación a la otra parte, en ambos sentidos. Sin embargo, es el gobierno quien tiene la fuerza policial y militar, mucho más si decreta un estado de excepción. También tiene la responsabilidad. La respuesta debe pasar por humanizar y reconocer a la parte contraria y, también, por ceder posturas, mutuamente.
La organización de elecciones en contextos de violencia y posible captura criminal exige mucho más que lealtades políticas o designaciones por cercanía personal.
María del Carmen Alanís
SemMéxico, Ciudad de México, 29 de mayo, 2026.- En las últimas semanas se ha instalado un debate preocupante: ¿a quién corresponde garantizar la seguridad en las elecciones? Desde el gobierno federal se ha deslizado la idea de que esa responsabilidad recae en el Instituto Nacional Electoral. Mientras tanto, el INE parece guardar silencio frente a uno de los mayores desafíos que enfrenta hoy la democracia mexicana.
La discusión, sin embargo, parte de una premisa equivocada. La seguridad pública es una responsabilidad indeclinable del Estado mexicano y no del INE actuando de manera aislada frente a fenómenos que involucran violencia criminal, control territorial, amenazas, coacción y debilitamiento institucional. Pero, tampoco puede ignorarse que el contexto de violencia sí impacta directamente la integridad de las elecciones.
Durante años, el debate electoral mexicano se concentró en temas como equidad en la contienda, acceso a medios, financiamiento político o imparcialidad del poder público. Hoy enfrentamos una realidad mucho más compleja: procesos electorales desarrollados en territorios con presencia de delincuencia organizada, presión sobre candidaturas, riesgo para autoridades electorales y posibles intentos de captura política desde estructuras criminales. El problema ya no es únicamente de seguridad pública. Es un problema de integridad electoral.
En distintos procesos recientes hemos observado agresiones contra personas candidatas, amenazas, inhibición de la participación ciudadana y condiciones de miedo que afectan la libertad del sufragio. En algunos territorios, la violencia deja de ser un fenómeno incidental y comienza a convertirse en un mecanismo de presión política y control territorial. Eso tiene consecuencias profundas para la democracia.
Como ha advertido recientemente IDEA Internacional (International Institute for Democracy and Electoral Assistance), la criminalidad organizada en América Latina dejó de ser un fenómeno periférico para convertirse en una amenaza sistémica que penetra territorios, economías y procesos políticos. El organismo incluso utiliza el concepto de “política criminalizada” para describir la interacción entre actores criminales, agentes estatales y estructuras políticas con capacidad de influir en candidaturas, financiamiento y control territorial (IDEA Internacional, 2025).
No sólo preocupa la generación de entornos de violencia. Preocupa, sobre todo, la normalización de procesos de captura política y penetración criminal en el propio ecosistema democrático.
Cuando una candidatura es desplazada por amenazas; cuando la ciudadanía vota bajo miedo; o cuando actores criminales intentan influir en candidaturas o estructuras locales de poder, lo que está en riesgo no es únicamente la autenticidad misma de la competencia democrática, sino también la seguridad física de las personas.
Por eso resulta preocupante escuchar posiciones que intentan trasladar toda la responsabilidad al INE, como si la organización de elecciones pudiera desvincularse de las obligaciones constitucionales del Estado en materia de seguridad y control territorial.
Garantizar condiciones de paz para el ejercicio de los derechos político-electorales corresponde al Estado mexicano en su conjunto.
Sin embargo, también sería un error pensar que el INE puede limitarse a organizar procedimientos logístico-administrativos y esperar que otras instituciones resuelvan el problema. Las autoridades electorales no tienen facultades de seguridad pública, pero sí tienen la obligación constitucional de proteger la integridad de los procesos electorales.
Eso exige visión estratégica
Cuando me desempeñé como secretaria ejecutiva del entonces IFE y posteriormente como Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entendimos que los procesos electorales debían blindarse mediante coordinación institucional del más alto nivel. Existían reuniones permanentes con autoridades de seguridad y distintas instancias del Estado para anticipar riesgos, construir diagnósticos territoriales y diseñar mecanismos preventivos de protección. No se trataba de militarizar elecciones. ¡Todo lo contrario! Se trataba de comprender que la integridad electoral también requiere capacidad de anticipación y coordinación interinstitucional.
Hoy el desafío es todavía mayor. El INE tendría que estar construyendo mapas de riesgo, identificando distritos y secciones de atención especial, desarrollando protocolos diferenciados y articulando mecanismos de protección para candidaturas, funcionariado electoral y ciudadanía participante en las casillas.
La protección electoral no puede seguir siendo reactiva. Debe ser preventiva, estratégica y basadaen inteligencia institucional.
Resulta inevitable preguntarse si la actual dirigencia del INE tiene la experiencia, la capacidad técnica y la altura institucional para enfrentar un desafío de esta dimensión. La organización de elecciones en contextos de violencia y posible captura criminal exige mucho más que lealtades políticas o designaciones por cercanía personal. Requiere conocimiento del Estado, capacidad operativa y comprensión profunda de los riesgos que enfrenta hoy la democracia mexicana que se aproxima a 2027 en uno de los contextos más complejos de las últimas décadas. No bastará con instalar casillas, imprimir boletas o administrar procedimientos. La verdadera pregunta es si el Estado mexicano será capaz de garantizar elecciones libres de miedo, violencia y captura criminal.
Porque la integridad electoral no se protege con evasivas burocráticas ni con silencios institucionales. Se protege con responsabilidad de Estado, coordinación, inteligencia y capacidad democrática.
SemMéxico, Ciudad de México, 29 de mayo, 2026.- Ayer, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los indicadores de la pobreza laboral en México para el primer trimestre de 2026. Estos indicadores miden el porcentaje de la población con un ingreso laboral per cápita en el hogar menor al costo de la canasta alimentaria. Las estimaciones diferencian dos canastas alimentarias a nivel nacional: una para el ámbito urbano y otra para el rural.
Al primer trimestre de 2026, se estima que en México el 30.7 por ciento de la población reside en un hogar en condición de pobreza laboral. Es decir, 3 de cada 10 personas no cuentan con ingresos laborales suficientes, sumando los de todos los miembros del hogar, para adquirir la canasta alimentaria. Este indicador es el más bajo reportado en los 21 años de esta medición, iniciada en 2005. En comparación con el último trimestre de 2025, la pobreza laboral a nivel nacional se redujo 1.6 puntos porcentuales (pp), al pasar del 32.3 al 30.7 por ciento de la población. Respecto al primer trimestre de 2025, la pobreza laboral disminuyó 3.2 pp, desde el 33.9 por ciento.
Al respecto, analistas de la institución crediticia, nos señalan que para que la pobreza laboral continúe reduciéndose, debe mantenerse una tendencia en la que el crecimiento del ingreso laboral per cápita se ubique por encima del aumento en el costo de la canasta alimentaria. Para ello, es indispensable impulsar la inversión en el país, que se encuentra en contracción, de manera que se traduzca en mayores niveles de productividad y en la generación de empleos formales de mayor calidad.
Al primer trimestre de 2026, se estima que en México el 30.7 por ciento de la población reside en un hogar en condición de pobreza laboral. Es decir, 3 de cada 10 personas no cuentan con ingresos laborales suficientes, sumando los de todos los miembros del hogar, para adquirir la canasta alimentaria. Este indicador es el más bajo reportado en los 21 años de esta medición, iniciada en 2005. En comparación con el último trimestre de 2025, la pobreza laboral a nivel nacional se redujo 1.6 puntos porcentuales (pp), al pasar del 32.3 al 30.7 por ciento de la población. Respecto al primer trimestre de 2025, la pobreza laboral disminuyó 3.2 pp, desde el 33.9 por ciento.
Tanto en el ámbito urbano como en el rural, la pobreza laboral también se redujo a sus niveles mínimos desde 2005. En el ámbito urbano, que comprende localidades de 2,500 o más habitantes, la pobreza laboral disminuyó al 26.9 por ciento en el primer trimestre de 2026, 1.2 pp menos que lo reportado en el cuarto trimestre de 2025 (28.1%) y 2.8 pp por debajo del primer trimestre de 2025 (29.7%). Por su parte, en el ámbito rural, integrado por localidades de menos de 2,500 habitantes, la población en condición de pobreza laboral fue del 44.2 por ciento, lo que significó una contracción de 2.4 pp en comparación con el cuarto trimestre de 2025 (46.6%) y una reducción de 3.8 pp respecto al primer trimestre de 2025 (48.0%).
Pese a que el porcentaje de personas en pobreza laboral es mucho mayor en las zonas rurales, las zonas urbanas concentran a la mayor parte de la población en esta condición, debido a que gran parte de la población en México reside en áreas urbanas. Al primer trimestre de 2026, el 68 por ciento de la población en condición de pobreza laboral residía en el ámbito urbano y el restante 32 por ciento en zonas rurales.
En fin, la reducción de la pobreza laboral durante los últimos cuatro trimestres se explica principalmente por la mejora del ingreso laboral per cápita real de los hogares en México. Entre el primer trimestre de 2026 y el primer trimestre de 2025, el ingreso laboral per cápita, descontando el efecto inflacionario, creció en promedio 7.4 por ciento a nivel nacional. En el ámbito rural, el aumento fue, en promedio, de la misma magnitud, mientras que en el ámbito urbano el crecimiento fue del 6.8 por ciento anual.
SemMéxico, Ciudad de México, 29 de mayo, 2026.- Conocer las escuelas por dentro siempre fue un desafío. No había manera de que maestras y maestros dejaran entrar a cualquiera. Las madres y los padres podían pasar cuando recogían a sus hijos, tenían una cita o asistían a algún festival escolar.
Un día pedí a la SEP, a través de Comunicación Social, visitar las escuelas para constatar el estado de los inmuebles. Después de muchos trámites dijeron que sí.
Quedamos de vernos en la Secundaria Número 1, en el centro de la ciudad. Aquello parecía procesión. Iban el director de Comunicación Social y su fotógrafo, el supervisor de zona, el jefe de sector, el asesor técnico pedagógico, el fotógrafo de Reforma y yo.
Cuando vi la cantidad de personas, dije, esto es un fracaso informativo.
Llegamos a la escuela y la directora nos recibió sonriente. A cualquier pregunta que hacíamos sobre los baños, las aulas o el patio respondía exactamente lo mismo: “No tenemos ningún problema”.
Todo estaba impecable: Los baños brillaban. Los salones estaban ordenados. El patio limpio.
Luego nos pasaron a un aula y la directora preguntó a los estudiantes cómo estaba su escuela. ¿Y qué creen que respondieron? Exacto. Todo bien.
¿Y la nota? Pues no hubo nota.
Después de que la maestra Gordillo anunciara que rifarían las Hummers para rehabilitar las escuelas, me puse en contacto con el líder de la sección 10, el maestro Antonio y lo convencí de recorrer diversas escuelas en la ciudad. Le dije que eso podía ayudar a poner en la mira de las autoridades el abandono de los planteles.
Fuimos a visitar las escuelas. Lo más impresionante fue el recibimiento. El líder sindical era tratado como eminencia. Lo recibían con asombro, extrañeza y alegría. “Qué gusto que esté por acá”, “es un honor su visita, pásele”.
Tras las presentaciones, el maestro les comentaba la razón de nuestra visita. Y los directores mostraban los desperfectos: baños que no funcionaba, falta de agua, bancas apiladas en los patios que no podían desechar porque eran “bienes de la nación”, que generaba basura, nidos de roedores y quitaba espacio a las y los estudiantes de las áreas comunes.
Recuerdo especialmente una secundaria. Una maestra nos enseñó los salones del segundo piso. Habían hecho pequeños hoyos en las paredes porque cuando llovía el agua se metía desde el pasillo central y los salones se inundaban. Metían un lápiz en el agujero y el agua comenzaba a salir.
En otra escuela, una maestra nos mostró los baños de mujeres: cinco sanitarios cerrados desde hacía dos años porque la tubería se había roto y nadie había ido a repararla. Nos enseñó oficios y más oficios enviados a la SEP y a la delegación. Y nada.
En otra secundaria nos mostraron los laboratorios química y física que no funcionaban, sin materiales y los aparatos descompuestos.
¿Y cómo estudian? Pregunté.
“Con el puro libro”, respondió. “Hay que usar la imaginación”, se río el maestro.
Eran historias del abandono y la indiferencia gubernamental.
SemMéxico, Ciudad de México, 29 de mayo, 2026.- En la contienda diaria que se da hoy en México- y que incluye determinantemente al presidente Donald Trump y su Gobierno -, lo que está en juego es una batalla de narrativas.
Y en esta confrontación ya no hay términos medios.
En un reflejo de lo que en 2018 inició con gran éxito su mentor Andrés Manuel López Obrador al instaurar las llamadas mañaneras desde Palacio Nacional para operar desde ahí una nueva política de comunicación nacional a través de la cual se ejerce el Gobierno la presidenta Claudia Sheinbaum sale hoy como su antecesor, todos los días, a batirse contra prácticamente decenas de contendientes de todos los tamaños, sectores y colores.
Desde ahí construye la narrativa de su mandato. Sabiendo que un tropiezo lleva a la pérdida de credibilidad y de poder.
Sus contendientes integran un universo que lo mismo incluye al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el poderoso y muy conservador equipo de éste, los liderazgos del Senado y la Cámara de Representantes de ese país, y a la oposición PAN, PRI y otros en México, o los medios informativos del mundo desarrollado que como The New York Times, The Wall Street Journal, Los Ángeles Times, las cadenas informativas como Fox o las europeas, a las que se suman los medios mexicanos y las redes sociales, o sectores diversos como la CENTE, los médicos y enfermeras, las madres buscadoras, los productores agrícolas, los transportistas, y muchos muchos grupos y personajes más.
Sin duda el factor más importante en este esquema es la creciente inconformidad social por la falta de crecimiento y los grandes niveles de inseguridad.
Y hoy, a 20 meses de haber iniciado su mandato y con 52 más por cumplir, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una circunstancia nunca vivida por mandatario mexicano alguno.
Mientras ella ve y habla de un México estable, con muy bajo crecimiento ciertamente y con fuertes problemas de inseguridad, pero con gobernabilidad y grandes perspectivas, sus opositores y adversarios consideran que el país bajo su conducción atraviesa por una crisis que se profundiza rápidamente en todos los sentidos.
Ella todo lo circunscribe a una campaña de sus enemigos. Así lo ve:
“… ahora resulta que México está muy mal, que es un fracaso la transformación, que está terrible la situación… vean nada más los medios, es la imagen (narrativa) que quieren dar.
“Bueno, ¿entonces por qué continúan las exportaciones? ¿por qué hubo récord en inversión extranjera directa? ¿Por qué incluso dentro de la situación internacional que es sumamente difícil, con un precio del petróleo que está sobre los 100 dólares el barril cuando estaba a 60 dólares el barril, seguimos dando el combustible sin que haya aumentado… ¿por qué, aún con la inflación que se está dando en muchos países del mundo, nosotros mantenemos una canasta básica al precio?… trabajamos todos los días por el pueblo de México y tenemos obras y resultados…”
Sin aguantar las críticas que recibe de TV Azteca, pidió:
“… no vean TV Azteca”.
Y frente a la ola de críticas y reclamos de dentro y fuera del país por haber hecho esta petición, justificó:
“… ellos (sus críticos) dicen, es una censura, ¡no, no es una censura!, es una opinión porque no los estamos censurando… ayer pudieron decir todo lo que quisieron, decir en sus programas de televisión y toda su barra se dedicó a criticar al Gobierno y a la Presidenta. Y a levantar también muchos falsos, muchas mentiras… pueden seguir hablando, pueden seguir hablando, pero nosotros también tenemos la responsabilidad de informar. Porque el derecho a la información es constitucional”, cuestionó
En reacción a los reclamos del presidente Trump y del gobierno de EU de que entregue a políticos de alto nivel a quienes la justicia norteamericana señala de ser parte de carteles de la droga, la presidenta convocó a una marcha este domingo.
“El domingo no sólo es una celebración (la de su triunfo electoral hace 2 años) … hoy que los Gobiernos de la transformación están siendo atacados tenemos que estar cerca del pueblo movilizados. ¿Por qué? Porque quieren de nuevo en algunos sectores de Estados Unidos, un Gobierno (en México) a modo, un Porfirio Díaz, un gobierno que entregue los recursos naturales, un Gobierno que le digan has esto y has eso…
“Lo que no queremos es que usen a México para su elección de noviembre y tampoco queremos que haya intervención de fuera vinculada con los de adentro para la elección del próximo año en México”.
Entre la multiplicidad de reclamos y críticas a su Gobierno, el senador y presidente del PRI Alejandro Alito Moreno se ha significado por ser el más consistente de sus opositores. Interrogado sobre que a su juicio a representado la llamada 4T, el campechano dijo:
“… es la peor tragedia que le pudo ocurrir a este país, es la mayor desgracia… no lo decimos porque seamos oposición… los ciudadanos lo ven: 255 mil homicidios; 130 mil desaparecidos; 450 mil secuestros; seis mil feminicidios… cero crecimiento económico, destruyeron el sistema educativo junto con el sistema de salud, desbarataron el abasto de medicinas y colapsaron las vacunas y revivieron epidemias como la de la viruela y el sarampión… pero sobre todo han destruido todas las instituciones de la democracia y sus contrapesos, y mantienen bajo asedio a las libertades…
“México se cae a pedazos, más del 60 por ciento del territorio nacional está controlado por los cárteles del narco y del crimen organizado. Lo que pasó en Sinaloa con la firma el pacto que hicieron el gobierno del cínico, corrupto de (Andrés Manuel) López Obrador con el crimen organizado, nos indica que Morena no es un partido político, Morena es un cartel del crimen organizado”.
Hoy sin embargo el más directo y poderoso reto de la presidente Claudia Sheinbaum es el presidente Donald Trump, quien desde su misma toma de posesión advirtió que ella no gobernaba, que estaba aterrada de miedo ante los carteles y que en México había un narcogobierno… que combatiría con todo a los carteles de la droga mexicanos. Eso lo ha repetido a lo largo de los 17 meses que lleva en su segundo período en La Casa Blanca. No sólo eso el mandatario de EU ha alineado todos los recursos legales, económicos e incluso militares para poder intervenir en México. Su propia narrativa mantiene en vilo la relación bilateral México-EU. Y todo apunta a que de entrada va a desechar el T-MEC, esencial para la estabilidad y la gobernabilidad en México.
Todo esto y mucho más, forman el mayor desafío para la viabilidad de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Tan lo sabe, que ella ya acepta que puede haber una intervención, u operativos militares y de otro tipo de Trump en México, por ello convocó a una manifestación en el Zócalo para este domingo que se supone se replicará en todas las capitales del país para que los ciudadanos se expresen contra el intento de intervención que dice ella ve por parte de EU para obligar a México a someterse a sus dictados.
Para no pocos esta convocatoria no es para defender la soberanía sino a los narcos mexicanos, especialmente si son políticos, que EU quiere se les entregue para ser juzgados y encarcelados allá.
Es decir, es una manifestación nacional convocada por ella para advertirle a Donald Trump que podría sacar al pueblo a la calle si el presidente de EU decide lanzar operativos directos en México.
Una convocatoria que sólo refleja que ella está ya sumida en una narrativa de guerra.
Cuando la gestión escolar se limita a administrar, pierde de vista su tarea más importante: hacer posible el aprendizaje de todas y todos.
Este texto propone una pedagogía del cuidado como criterio de dirección escolar para fortalecer la inclusión, el protagonismo docente y el derecho a aprender, especialmente en contextos de vulnerabilidad e interculturalidad.
SemMéxico, Ciudad de México, 29 de mayo, 2026.- Hay escuelas que cumplen bien con lo administrativo, pero pierden de vista lo más importante y dejan a las personas, docentes, estudiantes y familias fuera de las prioridades. Esto no ocurre por mala voluntad, más bien porque la gestión escolar se ha acostumbrado a mirar primero la asistencia, los formatos, los reportes y los temarios, y después a las personas. El problema es que, cuando eso pasa, el aprendizaje deja de ser el centro de la vida escolar.
En contextos de pobreza, violencia, migración o diversidad lingüística, esa distancia entre administrar y educar se vuelve todavía más costosa: lo que está en juego no es sólo la eficiencia institucional, sino el derecho de niñas, niños y adolescentes a aprender con dignidad.
Por ese motivo, conviene recuperar una idea sencilla, pero esencial: la escuela que cuida a las personas enseña mejor. Hablar de cuidado no significa dejar de cumplir o renunciar a la exigencia académica. Significa reconocer que no hay aprendizaje sostenido sin vínculo, sin tiempo, sin escucha y sin condiciones mínimas de bienestar para quienes enseñan y para quienes aprenden.
En esa línea, la UNESCO ha insistido en que una profesión docente empoderada y bien apoyada es condición para una educación de calidad y para la permanencia del profesorado en los sistemas educativos.
La gestión desde el cuidado es un criterio fundamental de conducción escolar. Se expresa en decisiones concretas: cómo se usa el tiempo institucional, qué se prioriza en las reuniones, cómo se acompaña a las y los docentes, qué tipo de clima se construye, cómo se responde al error, cómo se atienden las ausencias y qué lugar se da a la diversidad.
Una dirección escolar centrada en el cuidado no sustituye la administración; la orienta éticamente. No pregunta sólo si la escuela funciona, sino para quién funciona, quiénes quedan al margen y qué habría que modificar para que nadie tenga que intentar aprender en condiciones de exclusión.
Este punto es especialmente importante para pensar la inclusión. Durante años, muchas escuelas han tratado la inclusión como un requisito administrativo: un formato, un protocolo, una adaptación aislada, una declaración genérica de buena voluntad. Pero la inclusión no puede reducirse a una lista de cotejo, debe ser una decisión pedagógica y ética.
Cuando una escuela garantiza que una niña indígena, una estudiante con discapacidad o un adolescente que vive violencia pueda aprender, participar y permanecer, no está “atendiendo un caso”; está definiendo el tipo de comunidad educativa que quiere ser.
La evidencia regional de la UNESCO sobre niñas y adolescentes indígenas muestra que las barreras de acceso, permanencia y aprendizaje siguen estrechamente ligadas a la falta de pertinencia cultural y lingüística, así como a desigualdades de género persistentes.
Si esto es así, la gestión escolar no puede ser neutral frente a las barreras culturales que expulsan silenciosamente. En muchas comunidades, por ejemplo, siguen operando expectativas rígidas sobre lo que deben hacer las niñas, las adolescentes y las mujeres adultas. Esas expectativas pueden afectar la continuidad educativa de las alumnas y también limitar la autoridad pedagógica o el liderazgo de las maestras.
La escuela no puede resolver por sí sola esas desigualdades, pero sí puede dejar de reproducirlas. Puede hacerlo cuando protege el tiempo de estudio de las niñas, cuando escucha a las familias sin renunciar al derecho a aprender, cuando construye acuerdos de convivencia que no permiten la discriminación y cuando vuelve visible que el aprendizaje de cada estudiante importa por igual.
En este marco, el acompañamiento docente ocupa un lugar decisivo: una dirección centrada en el cuidado acompaña para fortalecer la práctica, no para vigilar de manera punitiva. Ese cambio parece menor, pero modifica la cultura escolar. Cuando la observación de clase, la retroalimentación y la planeación colectiva se viven como apoyo profesional, el trabajo docente gana reflexividad y autonomía.
En cambio, cuando todo se reduce al cumplimiento, las y los docentes terminan convertidos en aplicadores de programas. El Informe GEM 2024/5 sobre liderazgo en educación advierte que el liderazgo escolar sigue siendo, con demasiada frecuencia, jerárquico, y que sólo alrededor de la mitad de los países incluye explícitamente, en sus estándares de dirección, el apoyo a la cooperación docente.
Una gestión basada en la ética del cuidado importa también por razones de género. Aunque las mujeres constituyen la mayoría del profesorado en muchos sistemas educativos, siguen enfrentando un techo de cristal para llegar y sostenerse en puestos directivos.
La UNESCO ha subrayado recientemente que esa brecha persiste en la conducción educativa y que una mayor presencia de mujeres en el liderazgo escolar puede favorecer culturas más colaborativas y entornos más sensibles a los desafíos que enfrentan niñas y docentes.
La exposición a liderazgos femeninos, además, contribuye a disminuir estereotipos sobre el papel social de las mujeres y a ampliar las aspiraciones educativas de las niñas.Hablar de protagonismo docente implica, por tanto, reconocer la autoridad profesional de las maestras y abrir condiciones para que su experiencia pedagógica informe la toma de decisiones escolares.
En la misma línea, una pedagogía del cuidado no se agota en el mundo adulto. También redefine el lugar de las y los estudiantes. Si el cuidado se entiende de manera paternalista, el alumnado queda como receptor pasivo de protección. Pero si se entiende desde un enfoque de derechos, las y los estudiantes se vuelven sujetos que participan, opinan, deliberan y comprenden su propio proceso de aprendizaje. Esto exige prácticas concretas: evaluación formativa, espacios de escucha, asambleas o consejos escolares con efectos reales, mediación de conflictos, retroalimentación clara y oportunidades para que la identidad lingüística y cultural tenga presencia en el aula.
El liderazgo escolar para el aprendizaje no consiste sólo en ordenar mejor la escuela; consiste en crear las condiciones para que cada estudiante pueda reconocerse como parte legítima de ella.
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Desde esta perspectiva, cuidar no es proteger a la escuela del conflicto, sino volverla capaz de gestionarlo sin excluir. Por eso vale la pena pensar en una agenda mínima de gestión del cuidado.
Primero, reservar tiempos institucionales para la planeación colectiva, la mentoría entre pares y el acompañamiento pedagógico. Segundo, incorporar el bienestar docente como asunto de calidad escolar y no como tema privado. Tercero, revisar normas, materiales y prácticas para asegurar pertinencia cultural y lingüística. Cuarto, construir mecanismos reales de participación estudiantil. Quinto, identificar y remover sesgos de género en la distribución de responsabilidades, en la convivencia y en la promoción del liderazgo.
Nada de esto elimina, por sí solo las desigualdades estructurales que atraviesan a la escuela. Pero sí cambia el tipo de respuesta institucional que la escuela ofrece. Y eso no es menor.
En tiempos de fatiga docente, fragmentación social y presiones crecientes sobre los centros escolares, insistir en una gestión del cuidado puede parecer ingenuo. En realidad, es una posición profundamente profesional. Supone recordar que dirigir una escuela no es sólo administrar recursos, sino sostener un proyecto ético de aprendizaje compartido. Cuando el cuidado entra en la gestión, la inclusión deja de ser un trámite, la docencia recupera agencia y el estudiantado deja de ser una matrícula para convertirse en comunidad. Allí empieza, quizá, la forma más seria de una buena educación.
El Proyecto de Acompañamiento Docente trabaja este tema mediante procesos de formación, reflexión y acompañamiento situado que fortalecen la capacidad de directivas, directivos y comunidades docentes para colocar el cuidado, la inclusión y el aprendizaje al centro de la vida escolar. Lo hace porque mejorar la enseñanza en contextos de desigualdad exige no solo atender los aspectos pedagógicos, sino también transformar las condiciones institucionales, culturales y de género que limitan el derecho de todas y todos a aprender.
Martha Patricia Chicharro Gutiérrez*. Integrante de MUxED. Especialista en educación, experta en diferentes niveles educativos y con conocimiento del sector educativo, sus actores y diversas temáticas. Ha participado en proyectos de innovación educativa y formación a lo largo de la vida en diversas instituciones y es socia fundadora de Nenemi Paxia, Sinergias Educativas A. C., una organización que promueve la ciudadanía a través de la formación docente.
SemMéxico, Cd. de México, 28 de mayo, 2026.-Llegamos cerca de las 11 de la mañana al preescolar Marie Curie en Copilco, un edificio de 73 años, construido como caballerizas, que creció de manera anárquica.
El diagnóstico: “La escuela está en malas condiciones estructurales de seguridad y funcionamiento. Se propone la construcción de una nueva” y albergaba a cerca de 100 estudiantes de 4 y 5 años.
Intentamos hablar con la directora. Nos dijo que no. Las mamás comenzaron a llegar y les preguntamos:
¿Les han comentado que el edificio está en malas condiciones? ¿Saben que podría caerse con un temblor?
La directora de la escuela pidió a las mamás y a los papás que entraran al plantel.
Tardaron cerca de media en salir y salieron temerosos.
“Aléjense de nuestros hijos”, nos dijo una de las mamás.
Otra pidió vernos más adelante, al acercarnos y nos relató que la directora les había dicho que éramos secuestradores de niños.
Mi compañero fotógrafo y yo, les enseñamos nuestras credenciales de prensa, nuestra identificación oficial y hasta el periódico donde venía la noticia publicada.
Otras mamás comenzaron a unirse a nuestra conversación y nos dijeron que no sabían nada sobre las condiciones de la escuela, que la directora solo les dijo que tuvieran cuidado porque éramos secuestradores.
Una de las mamás regresó junto con otro grupo a la escuela y se llevó el periódico. Quería que la directora les explicara.
Al salir, como media hora después, nos pidió que no le moviéramos.
La directora les había dicho que sus hijos se iban a quedar sin escuela.
Por supuesto que estaba muy enojada con esa maestra que solo decía mentiras a las mamás.
Traté de convencerlas que tenían derecho a que sus hijos estudiaran en escuelas seguras, sin riesgo, y a reclamar que reconstruyeran la escuela.
Entonces, una de las mamás me desarmó.
Me contó que habían luchado mucho por la apertura del preescolar, el único en la zona, por años.
“Nos hicieron el favor de abrir el preescolar”, dijo y no olvido sus palabras.
¿Y qué pasa si tiembla y se cae?, les pregunté.
“Pues ya veremos”, respondió.
Repliqué que no les habían hecho un favor.
Ante mi insistencia, me volvió a repetir, “no le mueva; si se cae, vendremos a rescatarlos”.
Me fui derrotada. Triste. Regresé al periódico, conté la historia que me parece tan injusta. Seguí la nota, pregunté a la delegación qué iba a hacer, le pregunté a la SEP.
Regresé al año y las niñas y los niños habían sido reubicados temporalmente en la primaria que estaba cruzando la calle.
Dos años después regresé al preescolar. Fui a pedir informes, como si fuera una mamá para ver si podía inscribir a mi hijo y pedí verla. La directora me presumió su preescolar, era hermoso, tenía juegos, areneros, salones amplios, baños nuevos y al tamaño de las niñas y los niños.
Si no tiene hijos que hayan venido al preescolar antes, no puede inscribir a su hijo, está lleno, comentó la directora.
Me obsesioné con la infraestructura de las escuelas, y el SNTE fue mi aliado.
* La norma se rige bajo la premisa de que la movilidad es un derecho humano
Redacción
SemMéxico, Oaxaca, a 27 de mayo de 2026.- Como un espacio de diálogo abierto diseñado para escuchar e integrar las propuestas de transportistas de las ocho regiones de la entidad fue considerado el Foro Estatal para la Armonización de la Ley de Movilidad del Estado de Oaxaca y la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Oaxaca.
Presidido por la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Tania Caballero Navarro, el foro busca sentar las bases de una legislación que responda a los tiempos actuales que vive el estado.
En entrevista con diversos medios de comunicación, Caballero Navarro precisó que este foro no es un esfuerzo aislado, sino el resultado de una ruta de trabajo previa en la que se han visitado las regiones para dialogar directamente con concesionarios y diversas agrupaciones del sector.
«La postura de este Congreso y de las dependencias estatales es clara: no venimos a imponer una ley, sino a escuchar las diferentes voces. El eje fundamental que rige esta armonización es que la movilidad es un derecho humano», puntualizó la presidenta de la Jucopo.
La legisladora enfatizó que la nueva ley buscará un equilibrio justo: por un lado, garantizar que las y los usuarios oaxaqueños cuenten con un servicio de transporte más digno e igualitario; y por el otro, brindar certeza jurídica a los transportistas sobre sus derechos.
Asimismo, Caballero Navarro subrayó que la iniciativa tiene una visión profundamente inclusiva, poniendo especial atención en la movilidad peatonal y en las necesidades de las personas con discapacidad para asegurar el uso adecuado de los espacios públicos y las banquetas.
El trabajador del TSJO deja en indefensión a la víctima del caso conocido como Gunnaa Rucaalu´
Un segundo implicado sigue prófugo
Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Oaxaca, 27 de mayo, 2026.- El juez de Control de Tehuantepec, Omar Morales Simón no vinculó a proceso a uno de los presuntos implicados en la acusación de violación sexual en el caso conocido como Gunnaa Rucaalu´ (mujer que lucha en zapoteco), en tanto que la otra persona se encuentra prófugo.
Tras 15 horas de audiencia celebradas en Santo Domingo Tehuantepec, el juez desestimó principalmente el peritaje médico, aduciendo que la víctima no reportaba lesiones severas.
Tanto el peritaje médico como el psicológico fueron desestimados por la defensa del inculpado, así como por el juez Morales Simón, quien omitió que la defensa presentó fotografías del lugar donde se realizó la violación sexual, escena que fue alterada.
Por otra parte, la red Futuros Indígenas, conformada principalmente por mujeres indígenas de Mesoamérica que resistimos la triple violencia del patriarcado, el colonialismo y el capitalismo, denunciaron que la violación sexual cometida en diciembre pasado en la población de San Pedro Comitancillo, Oaxaca.
En aquella ocasión, los imputados, dos hombres que, a base de golpes, la sometieron para lograr su cometido; sin embargo, el juez Morales Simón determinó no vincularlo a proceso, lo que pone en riesgo a la víctima.
Este caso se suma a otros donde se favorece la impunidad por pare del mismo juez, Omar Morales Simón, quien en 2018 no vinculó a proceso a uno de los presuntos implicados en en los feminicidios de M.S.C.J y P.I.T,P, así como el homicidio de A.J,G, en Juchitán de Zaragoza; también ha sido denunciado por aceptar la suplantaron la identidad para «perdonar» a su violador en la región de Mixe en 2022, ahora suma esta no vinculación de un presunto violador sexual en un caso ocurrido en la región del Istmo de Tehuantepec.
Futuros Indígenas señalan que el 95 por ciento de los feminicidios y crímenes sexuales en Oaxaca quedan impunes. Ese número no es una estadística: es el peso de un sistema que decide sistemáticamente que las mujeres no merecen justicia. Existe una deuda histórica de los jueces y tribunales con las denunciantes.
En un pronunciamiento refieren que en 2025 se documentaron 85 feminicidios en Oaxaca, el 30 por ciento concentrados en el Istmo de Tehuantepec (GESMujer).
SemMéxico, Mérida, Yucatán, 27 de mayo, 2026.- La discusión sobre la iniciativa de reforma judicial enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso, parece concentrarse en el afortunado cambio de fecha de la elección de la otra mitad de jueces y magistrados. Programada originalmente para 2027, simultánea con la complicadísima elección de 17 gubernaturas, además de la nueva legislatura de la Cámara de Diputados, ahora se realizará en 2028. La iniciativa mantiene intocado el fondo de la reforma que cimbró al Poder Judicial en 2025, con algunos ajustes. Falta más de lo que se propone, para tratar de paliar los efectos más nocivos de la improvisación y ligereza con las que se actuó hace apenas un año. Sin embargo, detrás del lenguaje administrativo de la iniciativa presidencial se asoma algo más profundo: una disputa sobre la naturaleza del poder que Morena quiere ejercer y sobre el tipo de régimen político que está tratando de construir. La antinomia Quizá el punto menos visible de la controversia es la contradicción entre los artículos 94 y 97 constitucionales respecto a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El primero establece que la presidencia se renovará de manera rotatoria cada dos años, de acuerdo al número de votos obtenido en la elección judicial. Esto es, desde septiembre de 2025 preside quien alcanzó la mayor votación, el ministro Hugo Aguilar. A partir de septiembre de 2027, lo hará el segundo lugar, la ministra Lenia Batres. No obstante, el artículo 97 mantiene el esquema anterior, por el que el Pleno de ministro/as elige a su presidente/a por mayoría y por un periodo de cuatro años. No se trata solamente de una antinomia jurídica. Son dos concepciones distintas del poder judicial. Una, basada en legitimidad plebiscitaria; la otra, en la lógica institucional y el principio del funcionamiento de la Suprema Corte como un órgano colegiado. Por eso, la presidenta Sheinbaum, emulando a Pilato, se lavó las manos del asunto y lo transfirió al poder Legislativo. A su vez, varios diputados han señalado que la SCJN tiene facultades para interpretar si se aplica en 2027 uno u otro precepto constitucional. La eventual llegada de Lenia Batres a la presidencia de la Corte en 2027 ha convertido el tema en una cuestión política compleja. Para diversos sectores empresariales, financieros y técnicos del propio gobierno, Batres representa incertidumbre. Sus reiteradas posiciones sobre la posibilidad de revisar asuntos considerados “cosa juzgada”, así como su visión militante del papel de la justicia, son interpretadas como señales de radicalización. Para otros sectores de Morena, en cambio, ella encarna la continuidad doctrinaria de la llamada Cuarta Transformación y la necesidad de impedir que el viejo aparato judicial sobreviva bajo nuevas formas. Quizá la comparación resulte excesiva, pero inevitablemente aparece la vieja división de la Revolución Francesa entre girondinos y jacobinos. Los girondinos eran revolucionarios, pero temían que la revolución permanente terminara destruyendo las bases mismas de la República. Defendían libertades, legalidad y descentralización. Los jacobinos, encabezados por Maximilien Robespierre, sostenían que la revolución estaba siempre amenazada y que el Estado debía concentrar poder para salvarla. Entre ambos terminó imponiéndose el Terror. Girondinos y jacobinos en Morena No es necesario exagerar paralelismos históricos para advertir ciertas similitudes de lógica política. Dentro de Morena parecen convivir dos impulsos distintos: uno que privilegia institucionalización, estabilidad y gobernabilidad; otro que considera que la transformación sigue amenazada por poderes económicos, mediáticos y judiciales que deben ser contenidos o desplazados. La tensión no es nueva. La candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México lo mostró con claridad. Aunque Omar García Harfuch aparecía como ganador de las encuestas y contaba con la simpatía de la presidenta, terminó imponiéndose Clara Brugada, respaldada por las estructuras territoriales y por los sectores más beligerantes del movimiento. Fue una señal temprana: Sheinbaum no controla por completo a Morena, y Morena tampoco es una fuerza homogénea. Los hermanos Batres simbolizan precisamente esa izquierda militante de larga duración que desconfía profundamente de las élites técnicas, de la neutralidad institucional y de los pactos con los poderes económicos. No son simplemente “radicales”; representan una tradición política forjada en la oposición y alimentada por décadas de confrontación con el Estado neoliberal. El problema para la presidenta es que comparte parcialmente ese origen ideológico, pero gobierna desde una institución cuya lógica es distinta. Porque una cosa es conquistar el poder y otra ejercerlo. La presidencia mexicana obliga a administrar inflación, mercados, inversión extranjera, relación con Estados Unidos, déficit fiscal, violencia criminal y estabilidad monetaria. La revolución puede vivir de consignas; el gobierno, no. Quizá Claudia Sheinbaum tiene alma jacobina, pero la presidencia necesita a una cabeza girondina. El problema es que la realidad no da tiempo para decidir. A diferencia de la Revolución Francesa, el gran factor desestabilizador del México contemporáneo no es la aristocracia ni una invasión extranjera. Es la violencia criminal y la creciente narrativa de colusión entre sectores del poder político y el crimen organizado. Más allá de la veracidad puntual de cada acusación, empieza a consolidarse la percepción de que en varias regiones del país resulta difícil distinguir dónde termina el poder territorial del Estado y dónde comienza el de las organizaciones criminales. Ese es un problema potencialmente devastador para Morena. El movimiento construyó buena parte de su legitimidad sobre la denuncia moral del viejo régimen: corrupción, privilegios y complicidades inconfesables. Si ahora la narrativa dominante se desplaza hacia la sospecha de connivencia criminal, el golpe puede ser mucho más profundo que cualquier derrota electoral. Y ahí aparece otro actor decisivo: Estados Unidos. Las investigaciones, acusaciones o filtraciones provenientes de agencias estadounidenses pueden terminar influyendo directamente en las tensiones internas del oficialismo. Para los sectores más radicales, tales señalamientos constituyen injerencia política y presión imperial. Para los grupos más institucionales o técnicos representan, en cambio, riesgos financieros, comerciales y diplomáticos que amenazan la estabilidad del gobierno mismo. La discusión sobre la presidencia de la Corte podría convertirse entonces en el indicador visible sobre qué corriente logra prevalecer dentro de Morena. Si se armoniza la Constitución para impedir una presidencia automática derivada del artículo 94, la señal será una. Si prevalece la lógica plebiscitaria original y Lenia Batres encabeza la Suprema Corte en 2027, la señal será otra muy distinta. Aunque quizá para entonces otros acontecimientos ya se hubieren impuesto sobre todas las corrientes y facciones. La historia tiene cierta ironía cruel: los movimientos políticos creen conducirla, hasta que descubren que también pueden ser arrastrados por ella. En México, además, la historia no avanza sola: la acompañan la violencia, el dinero criminal, las presiones internacionales y la fragilidad institucional. Tal vez dentro de algunos años la disputa entre jacobinos y girondinos de Morena parezca menos importante que otra pregunta mucho más simple: quién terminó gobernando realmente: el partido, el Estado… o las circunstancias.— Mérida, Yucatán Correo: dulcesauri@gmail.com *Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán
En la detención las 34 mujeres, de las más de 80 víctimas, denunciaron abusos sexuales
Este jueves 28, el TSJO iniciará el procedimiento, “se abre una esperanza”, dice Frente del Pueblo Sol Rojo
Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Oaxaca, 27 de mayo, 2026.- La detención arbitraria de 86 personas, 46 hombres, cinco niñas y un niño, así como 34 mujeres, algunas de ellas reportaron actos de abuso sexual, enfrenta -11 años después- un nuevo episodio de esperanza cuando el TSJO inicie este 28 de mayo un juicio de protección de derechos humanos (JPDH 03/2025) por incumplimiento del gobierno de Oaxaca.
Los hechos ocurridos el 7 de junio de 2015, en el contexto de lucha contra la “reforma educativa” y las reformas estructurales del entonces presidente Enrique Peña Nieto, han dejado como consecuencia de los actos denunciados a dos víctimas en las personas de Javier López Martínez y Luis Enrique López López quienes fallecieron como resultado de la violencia de Estado.
Así lo señalaron hoy desde el zócalo de la ciudad de Oaxaca, integrantes del Frente del Pueblo Sol Rojo, donde anunciaron que este jueves 28 la Sala Constitucional y la Cuarta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, TSJO, aperture la audiencia de apertura del juicio de protección de derechos humanos por el incumplimiento a la recomendación 05/2018 emitida por la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
En conferencia de prensa y acompañados por Consorcio Oaxaca, y el Comité de expresos políticos y familiares del 7 de junio de 2015, a nombre de las víctimas demandaron la judicialización contra todo el aparato opresor del Estado que criminalizó nuestra labor; la reparación integral del daño sufrido en manos de las autoridades estatales; garantías de no repetición, que cancelen las acciones represivas del Estado contra las y los Defensores de Derechos Humanos, y el reconocimiento de responsabilidad por los hechos violatorios a nuestros derechos humanos.
De las 86 personas detenidas entonces, 26 defensores de derechos humanos fueron puestos a disposición de la entonces Procuraduría General de la República siendo recluidos en Centros Federales de máxima seguridad en distintos estados del país. Su absolución, por falta de pruebas en agosto de 2018 cuando el juez tercero de distritito resolvió que “los elementos aprehensores actuaron con mendacidad”.
Puntos sin cumplir
Javier Aluz Mancera, vocero de Frente del Pueblo Sol Rojo, dijo que la recomendación contempla 11 puntos, “algunos de ellos son de trámite”, sin embargo, uno de ellos se refiere a la reparación integral del daño por la detención arbitraria, la tortura, el aislamiento y la estigmatización que sufrieron las personas defensoras detenidas hace 11 años.
Además del reconocimiento de responsabilidad por parte del gobierno del Estado de Oaxaca por los actos violatorios cometidos, actos reconocidos por la Defensoría del Pueblo de Oaxaca y que están sin cumplir, de acuerdo con la demanda del juicio de protección de derechos humanos.
Las víctimas siguen esperando justicia
Yésica Sánchez Maya, defensora de derechos humanos, se refirió al tiempo transcurrido de 11 años y 20 de la represión contra el magisterio de 2006, periodos marcados por la complicidad y permisividad de los gobernadores priistas (los murat), sin embargo, ahora Oaxaca es gobernado por más de tres años y medio por la 4T con una actitud evidentemente más grave, por la expectativa y la narrativa que colocan con respecto a los derechos humanos.
Lo lamentable, agregó la también integrante de la directiva colegiada de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, son las víctimas que siguen esperando justicia, que los aparatos como la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública, la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas que ha sido omisas ante las violencias del Estado como las detenciones arbitrarias prolongadas, la tortura en momento de la detención, por tortura en el momento de la permanencia en prisión y la persecución una vez que estuvieron afuera.
Por ello, señaló que este es un llamado al Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca para que asuma su rol protagónico y que el juicio de protección no sea solo maquillaje, un elefante blanco donde abone la permisibilidad y la impunidad.
El recuento
Tras los hechos ocurridos en 2015, en su momento el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU emitió la Opinión No. 17/2016, demandando su liberación y la reparación del daño causado por el Estado mexicano, calificando como arbitraria su detención.
En 2018 se emitió la recomendación 05/2018, sin que el Estado, misma que no se ha cumplido. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca por fin dará apertura al Juicio de Protección de Derechos Humanos.
Sinaloa, Chiapas, Estado de México y Ciudad de México, concentras el 35.6 por ciento de los casos en el país
Los resultados se atribuyen a las políticas públicas impulsadas por el gobierno de Guerrero
Redacción
SemMéxico/Ceprovysa, Ciudad de México, 26 de mayo, 2026.- De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la entidad se ubica en la posición número 11 a nivel nacional en víctimas de feminicidio durante el periodo de enero a abril de 2026, concentrando el 3.4 por ciento del total de casos registrados en el país y mostrando una tendencia a la baja.
El reporte señala que cuatro entidades concentran el 35.6 por ciento de las víctimas de feminicidio en México: Sinaloa, Chiapas, Estado de México y Ciudad de México, mientras que Guerrero descendió hasta el lugar 11 de la tabla nacional.
En cuanto a la tasa de víctimas de feminicidio por cada 100 mil mujeres, Guerrero también se colocó en la posición 11, alejándose de los primeros lugares de incidencia.
Estos resultados se atribuyen a las políticas públicas impulsadas por el gobierno de Guerrero en coordinación con el Gobierno de México, para atender, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
Entre las acciones implementadas destacan programas como Protocolo Violeta, Transporte Violeta, Tarjeta Violeta y Punto Violeta, así como reformas legales orientadas a fortalecer la protección de las mujeres y erradicar el matrimonio infantil en comunidades de la región Montaña del estado.
Madres y padres reclaman y exigen nueva reunión con la presidenta Sheinbaum
Se cumplieron 140 meses de aquel 27 de septiembre de 2014
Salvador Alejandro
SemMéxico/Ceprovysa, Chilpancingo, 27 de mayo, 2026 -. El caso Iguala- Ayotzinapa “permanece estancado y sin avances sustanciales”, señalan madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en el año 2014, por lo que al cumplirse 140 meses de la desaparición de los normalistas, exigieron una nueva reunión con la presidenta Claudia Sheinbabum.
La desaparición de 140 estudiantes el 27 en septiembre de 2014, las madres y padres de los estudiantes hicieron varios reproches al gobierno federal, como el que el Ejército Mexicano no tenga apertura a toda la información del ataque de esa noche y la posterior desaparición de los 43 alumnos de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa.
Citaron también varios nombres: el de Tomás Zerón de Lucio, ex Director de la Agencia de Investigación Criminal, refugiado en Israel sin que concrete aún su deportación a este país de México.
También citaron a Ángel Aguirre Rivero, ex gobernador de Guerrero sobre las líneas de investigación que permita saber su responsabilidad política y la presunta omisión durante el desarrollo de estos hechos.
A la presidente de México, Claudia Sheinbaum Pardo le pidieron otra reunión de trabajo, con quien buscan, dijeron, no solo acompañamiento, sino también justicia.
La subsecretaria Ingrid Gómez, una de las funcionarias que suenan para ocupar el relevo
Habla sobre el trabajo de la dependencia, tras la salida de Citlalli Hernández
Erika Rosete
SemMéxico/El Pais, Ciudad de México, 27 de mayo, 2026.- Han pasado ya casi 40 días desde que la Secretaría de las Mujeres, la cartera que nació a la par que el primer Gobierno de la primera presidenta mujer en México, se quedó, por primera vez, sin una dirigente oficial. La dependencia que Claudia Sheinbaum anunció que tendría el mismo nivel e importancia que el resto de las secretarías de su Gobierno y que, además, sería emblema de su Administración con el feminismo como bandera, lleva más de un mes sin nombrar al relevo de Citlalli Hernández, una veterana militante morenista llamada a trabajar por su partido de cara a las elecciones de 2027. “Llegó la salida de nuestra compañera Citlalli a una secretaría que tiene rumbo, que tiene programas y en la que estamos trabajando y atendiendo. No voy a decir que no se resiente, pero no hemos parado en ningún sentido en nada”, declara Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, quien, además, aclara que no hay una encargada del despacho formal actualmente.
Gómez Saracibar es la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres desde que esa cartera fue creada en enero de 2025, apenas unos meses después de que Sheinbaum asumiera como la primera mujer presidenta en gobernar al país. Gómez Saracibar ya había acompañado a la mandataria durante su gestión como jefa de Gobierno de la capital, en un periodo en el que dirigió la Secretaría de las Mujeres local, de 2019 a 2024.
La subsecretaria es también uno de los perfiles que más han sonado para relevar a Hernández, que dejó la dependencia el 16 de abril para integrarse al trabajo del partido ante los próximos comicios, una tarea para la que el oficialismo le creó el puesto de presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones. Más de un mes después, la cartera emblema de la primera presidenta mujer mexicana carece de una titular y su nombramiento se debate mientras la presidenta asegura que “pronto” se conocerá su decisión.
Sheinbaum ha asegurado en varias ocasiones que todavía está revisando los perfiles idóneos para relevar a Hernández; sin embargo, voces de la oposición, de activistas y de organizaciones civiles cuestionan que una dependencia en la que se depositó gran parte de la expectativa del “primer gobierno feminista” lleve tanto tiempo sin un nombre oficial al frente. Una de las voces más críticas ha sido la de Adriana Aguilar Ramírez, la secretaria nacional de Promoción Política de la Mujer del PAN, quien lleva un conteo en redes sociales de los días que la dependencia ha pasado sin titular, y en donde denuncia que “el discurso del gobierno feminista no se sostiene” ante la falta del nombramiento. Para activistas y víctimas de violencia, es de mucho peso que la Secretaría encargada de velar por que se respeten los derechos de las mujeres y que lidera los programas que dan el presupuesto para esta y otras causas permanezca acéfala.
En el anuncio de la salida de Hernández, a solo un año de la existencia de la secretaría, la presidenta aseguró que la decisión la tomó por sorpresa, pero en los círculos cercanos a Hernández, su relevo resonaba de meses atrás. En una entrevista a este periódico en febrero pasado, la entonces secretaria respondió a las especulaciones asegurando que dejar la titularidad de Mujeres sería “muy irresponsable” de su parte. “La construcción de la primera Secretaría de las Mujeres ha sido el más grande honor que he tenido de poder servir. Para mí, no hay tarea más importante en este momento que atenderla. Hay ese rumor, soy una militante política; sin embargo, en este momento mi manera de ayudarle a la presidenta, de servir a mi país y el compromiso que siento con echar a andar la secretaría, para mí es inamovible”, dijo.
La creación de la Secretaría de las Mujeres como una dependencia con un rango de cartera del Gobierno Federal sustituyó en 2024 al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), creado en 2001 durante la presidencia de Vicente Fox (2000-2006). La decisión de Sheinbaum supuso una declaración de intenciones muy importante sobre lo que proyectaba su futura administración, así como las prioridades de su Gobierno.
En respuesta, la subsecretaria Gómez Saracibar ha hecho un recuento detallado del trabajo que no ha cesado, pese a la salida de Hernández. Habla de que en 2025 se han realizado unas 600 asambleas con mujeres de todo el país; que hasta ahora se han entregado unas 27 millones de cartillas de derechos de las mujeres; que a su área han llegado directamente unos cuatro mil casos sobre violencia desde varios puntos del territorio mexicano; que se ha fortalecido el tema de los cuidados, con la instalación de unos mil Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECIs) —espacios gestionados por el Gobierno y del IMSS— y que hay dos grandes programas: uno para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y el de proyectos estratégicos para la igualdad sustantiva.
“Son dos herramientas del Estado mexicano, porque no es la Secretaría de las Mujeres nada más; la Secretaría lidera, pero en el tema de combate a la violencia, lo ha dicho la presidenta, no podemos solas, tenemos que ir con todo el Estado”, dice. “Esta es una tarea de infraestructura, de trenes, de salud. Con todos tenemos que hacer este trabajo”.
Ante la demora del nombramiento por parte de la presidenta y frente a las críticas que ha levantado, Gómez Saracibr dice: “Me parece que la decisión debe ser tan cuidadosa que la presidenta está sopesando las propuestas. Me parece que también tiene que ver con pensarlo bien. Yo creo que la presidenta tiene un sello en diversas instituciones, pero aquí la presidenta crea esta secretaría, es parte de la propuesta de su gabinete, le da peso a una instancia de mujeres en la mesa donde se toman las decisiones de gobierno de este país, y pesa tanto como la Secretaría de Infraestructura, como la Secretaría de Salud, y no es menor. Más que ser un olvido o un descuido, hay una valoración cuidadosa, y que no tiene que ver más que con el ejercicio de gobierno”.
La subsecretaria describe esta etapa de la dependencia como “un segundo aire”. Acepta que son todavía una “secretaría muy joven” y que la infraestructura y los alcances con los que cuentan siguen extendiéndose. “Tenemos que consolidar muchas de las acciones en términos, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la infraestructura de atención o de promoción de los derechos, hemos estado creciendo y manteniendo lo que ya se tenía con los centros de justicia y los refugios. Creo que uno de los grandes desafíos tiene que ver con cómo seguimos trabajando y operativizando los mecanismos de alerta. Se ha dicho mucho que los mecanismos de alerta los íbamos a desaparecer; nada más lejano. Reconocemos la importancia que en materia de política pública y de incidencia de la sociedad han tenido estos mecanismos. Creo que hay que fortalecerlos y hay que tener también una mirada crítica para mejorar”.
Posible relevo
Ingrid Gómez Saracibar, psicóloga y administradora pública, ha dedicado toda su vida profesional a los temas de género. Es hija de una maestra normalista que la llevaba a presenciar lecturas en voz alta de los textos que aparecerían en la Revista fem, la primera publicación feminista de la segunda ola de ese movimiento en México y América Latina —fundada en 1976 por Alaíde Foppa y Margarita García Flores—, e hija de un trabajador del servicio público que le daba a leer los periódicos todos los días para que se empapara de la actualidad y ejercitara una visión crítica de su realidad.
Fue estudiante de la Facultad de Psicología de la UNAM e integrante del movimiento estudiantil de 1986. “Me tocó defender la gratuidad de la educación ante las reformas estructurales neoliberales. Me tocó ser parte del Consejo Estudiantil Universitario (CEU), que yo creo que marcó mi visión de la importancia de un Estado que promueva y que garantice los derechos y que la educación y la salud no se vean como privilegios, sino como derechos”, recuerda, sentada en su oficina de la Secretaría en el sur de Ciudad de México.
Desde el 16 de abril pasado, cuando Hernández renunció, Saracibar ha encabezado los trabajos de la dependencia. Asegura que la erradicación de la violencia contra las mujeres, un problema que persiste y en el que es experta en el acompañamiento de las víctimas, es todavía el que más esfuerzos y atención ha requerido a lo largo de este poco más de un año de existencia de la cartera. Señaló que el tema de los cuidados, además de contar con políticas diferenciadas, tiene un presupuesto asignado que es ya “un anexo” de los recursos que ya han sido destinados para ese rubro. Y que la secretaría prepare una campaña para atender, en el contexto del mundial, la violencia doméstica que incrementa durante torneos como este y la seguridad en los espacios deportivos.
Cuestionada por la demora de la decisión, hace una semana, unos días después de que se cumpliera un mes del retiro de Hernández, la presidenta aseguró: “Ya tengo quién, ya la voy a nombrar esta semana. Estaba yo revisando los perfiles de las compañeras, pero ha seguido trabajando la Secretaría con sus tareas”, dijo.
SemMéxico, Pachuca, Hidalgo, 27 de mayo, 2026.-Cada 25 de mayo charlo con Rosario Castellanos (1925-1974) para celebrar la fecha de su nacimiento, ella es una de las mujeres que más admiro. Sí, cada aniversario podemos conversar gracias a sus poemas donde siempre encuentro la respuesta idónea para escarbar mi alma, inventarme y reinventarme, siempre tomada de su mano. Este ejercicio de imaginación es una manera de hacerle un sencillo homenaje y demostrar que siempre su voz sigue viva…
¿Qué te motivo dedicarte a la escritura?
Escribo porque yo, un día, adolescente, me incliné ante un espejo y no había nadie. ¿Se da cuenta? El vacío. Y junto a mí los otros chorreaban importancia. No, no es envidia. Era algo más grave. Era otra cosa. ¿Comprende usted?
No creo comprenderlo todavía, siento que eres muy dura contigo, cuando siempre has sido una mujer de grandes ideas.
¿Mujer de ideas? No, nunca he tenido una. Jamás repetí otras (por pudor o por fallas nemotécnicas). ¿Mujer de acción? Tampoco. Basta mirar la talla de mis pies y mis manos. Mujer, pues, de palabra. No, de palabra no. Pero sí de palabras, muchas, contradictorias, ay, insignificantes, sonido puro, vacuo cernido de arabescos, juego de salón, chisme, espuma, olvido…
Ay, Rosario, a veces te siento tan lejos del gozo, de la alegría, por qué crees que a veces el dolor parece inspirarte más.
Tal vez cuando nací alguien puso en mi cuna una rama de mirto y se secó. Tal vez eso fue todo lo que tuve en la vida, de amor. Porque después (oh, rostro traicionado por la memoria, nudo deshecho en el adiós) nada sino el cilicio de aquella nervadura me exprimió el corazón.
Un corazón lleno de heridas, ¿alguna ha cicatrizado? ¿O en otra parte de tu cuerpo se ha acumulado ese dolor? Tus ojos sin brillo, tu sonrisa triste, este lado donde late tu corazón o…
No me toques el brazo izquierdo. Duele de tanta cicatriz. Dicen que fue un intento de suicidio, pero yo no quería más que dormir profunda, largamente, como duerme la mujer que es feliz.
Rosario, debe haber algo que te reconcilie con la vida, algunos detalles que dentro de la rutina representen otras sensaciones o actitudes antes la vida.
Yo digo que no sé, sino que sobrevivo a mínimas tragedias cotidianas: la uña que se rompe, la mancha en el mantel, el hilo de la media que se va, el globo que se escapa de las manos de mi hijo. Contemplo esto y no muero. Y no porque sea fuerte sino porque no entiendo si lo que pasa es grave, irreversible, significativo, ni si de un modo misterioso estoy atrapada en la red de los sucesos. Pero la verdad es que, aún soñolienta, me levanto, me baño, canturreo pensando en otras cosas. Y luego desayuno, tranquila, sobriamente, leyendo la noticia del viejo avaro al que sus asesinos buscaron las monedas que escondía (a puñaladas) dentro de su entraña. No, me palpo y no siento la herida. Todavía soy una mujer sola.
Pero hasta en esa soledad debe haber algo para aprender, para sentirse fuerte, para continuar en busca de alguna solución. Yo sé que sí has buscado una manera de resolver ese sentir que parte el alma en pedacitos. ¿Cambiar, seguir ejemplos, romper espejos, convertirse en heroínas trágicas estilo Ana Karenina?
No, no es la solución tirarse bajo un tren como la Ana de Tolstói, ni apurar el arsénico de Madame Bovary ni aguardar en los páramos de Ávila la visita del ángel con venablo antes de liarse el manto a la cabeza y comenzar a actuar. Ni concluir las leyes geométricas, contando las vigas de la celda de castigo como lo hizo Sor Juana. No es la solución escribir, mientras llegan las visitas, en la sala de estar de la familia Austen ni encerrarse en el ático de alguna residencia de la Nueva Inglaterra y soñar, con la Biblia de los Dickinson, debajo de una almohada de soltera. Debe haber otro modo que no se llame Safo ni Mesalina ni María Egipciaca ni Magdalena ni Clemencia Isaura.
Otro modo de ser humano y libre.
Otro modo de ser.
Y ese otro modo de ser, no es una receta, ni una fórmula, pero sí un reto para marcar las pautas hacia una vida donde la felicidad sea un destello constante, ¿no crees?
Sería feliz si yo supiera cómo. Es decir, si me hubieran enseñado los gestos, los parlamentos, las decoraciones. En cambio, me enseñaron a llorar. Pero el llanto es en mí un mecanismo descompuesto y no lloro en la cámara mortuoria ni en la ocasión sublime ni frente a la catástrofe. Lloro cuando se quema el arroz o cuando pierdo el último recibo del impuesto predial.
Sin embargo, sé que escribes para hacernos sentir la vida, si bien pareces experta en palpar el dolor, también lo has sido para externar las mil preguntas que surgen cuando naces mujer y debes buscar por ti misma respuestas, no las correctas sino las que permitan reconstruirnos para ser cómplices de nosotras mismas. Ante ello, ¿cuál ha sido el ancla que te sigue sosteniendo ahora que cumples 101 años?
Soy hija de mí misma. De mi sueño nací. Mi sueño me sostiene.
