• Deberán liberarla antes de la reunión AMLO/TRUMP

• México incumple términos del Tratado que entró en vigor hoy

• Le atribuyeron delitos falsos a la abogada, se trata de una represalia por defender a las y los trabajadores de la frontera

Miriam Ruiz 

SemMéxico. Cd. de México. 1 de julio de 2020.-  Congresistas estadounidenses, encabezados por el demócrata Bill Pascrell, solicitaron al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, intervenir para que México libere a la abogada laborista Susana Prieto Terrazas, detenida el pasado 8 de junio con delitos fabricados en represalia a su trabajo como defensora de los derechos laborales de la clase obrera en la frontera norte del país.

En una carta, los congresistas advierten que la detención y encarcelamiento de Susana envía un mensaje de incumplimiento de los acuerdos en materia laboral realizados en el marco del T-MEC y manda el mensaje equivocado de que no se protegerán los derechos laborales de las y los trabajadores.

Carta

Traducción:

El Honorable Michael Pompeo Secretario de Estado

Departamento de estado de los Estados Unidos

2201 C Street, N.W. Washington, D.C.20520

Estimado Secretario Pompeo:

Escribimos para solicitar que su departamento trabaje agresivamente para ayudar a asegurar la liberación inmediata de la abogada laboral mexicana encarcelada Susana Prieto Terrazas. El 8 de junio de 2020, la Sra. Prieto fue arrestada y detenida por el Estado de Tamaulipas por cargos falsos de «motín, amenazas y coerción» 1.

Estamos de acuerdo con el Representante de Comercio de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, quien calificó el arresto como un «mal indicador» del cumplimiento del gobierno mexicano con las nuevas normas laborales.2 Le instamos a plantear el problema del arresto de la Sra. Prieto a los niveles más altos con sus homólogos en México, incluso en el período previo a la próxima cumbre de la Casa Blanca entre Donald Trump y el Presidente de México, y pedirle que exija la liberación inmediata de la Sra. Prieto. La continuación del caso de la Sra. Prieto envía un mensaje equivocado a los trabajadores y activistas de que las autoridades en México en todos los niveles del gobierno no protegerán los derechos de los trabajadores de amenazas y violaciones.

La Sra. Prieto tiene una larga historia de abogar por los derechos laborales de los trabajadores en fábricas cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. En su trabajo, la Sra. Prieto ha exigido salarios más altos para los trabajadores en las fábricas mexicanas y ha defendido a los trabajadores que protestan por medidas adecuadas de salud y seguridad para protegerse contra COVID-19 en las instalaciones reabiertas.  El trabajo de la Sra. Prieto ha sido importante, ya que el virus mortal ha matado a docenas de trabajadores. Activistas como la Sra. Prieto están luchando para implementar leyes laborales mexicanas recientemente mejoradas al tratar de registrar un nuevo sindicato independiente para reemplazar un acuerdo de contrato de protección relacionado con la compañía, que es una protección central garantizada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) renegociado y Ley de México.

Si bien fue alentador ver que el Ministerio de Trabajo de México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos exigen el debido proceso en el juicio de la Sra. Prieto, es un comentario trágico para la reforma laboral en México que los procedimientos judiciales sobre este asunto incluso están ocurriendo debido a la Sra. Prieto está detenida porque buscó organizar sindicatos independientes y ayudar a los trabajadores mexicanos a defender sus derechos. Además, su vida está en riesgo mientras espera una resolución final de su caso.

Esperamos sinceramente que todos los niveles del gobierno mexicano respeten los derechos laborales, la libertad de organizar sindicatos independientes y los poderes de negociación independientes consagrados en la ley mexicana y el TLCAN renegociado. Sin embargo, cuestionamos este compromiso considerando el arresto de la Sra. Prieto, el tratamiento posterior que ha sufrido.

A medida que nos acercamos a la entrada en vigor el 1 de julio para el TLCAN renegociado, el arresto de la Sra. Prieto envía la señal equivocada de que el TLCAN renegociado no está en camino de ofrecer las mejores condiciones laborales mexicanas y, por lo tanto, menos incentivos para la subcontratación laboral estadounidense prometida por esta administración. Le instamos a plantear estos problemas con sus homólogos lo antes posible, especialmente antes de la visita informada del presidente Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos.

—————–

1 https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-mexico-labor/arrest-of-mexican-labor-activist-raises-concerns-for- worker-rights-idUSKBN23H02P).

2 Audiencia del Comité de Medios y Arbitrios sobre la Agenda de Política Comercial 2020, miércoles 17 de junio de 2020 porque las cárceles mexicanas, como las de los Estados Unidos, son focos de transmisión de COVID-19. Esto empeora porque a la Sra. Prieto se le negó la libertad bajo fianza.

Redacción 

SemMéxico. Ginebra. 30 de junio de 2020.- Una experta de la ONU expresó su grave preocupación por la intimidación, las amenazas y los asesinatos de los que son objeto las defensoras de derechos humanos en México, y pidió al Gobierno del país que garantice la protección de las mujeres activistas.

Mary Lawlor, la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, expresó su preocupación después de una serie de amenazas contra integrantes del Consorcio Oaxaca, una organización que lucha contra la impunidad y promueve los derechos de las mujeres y la igualdad de género. “El nivel de vulnerabilidad en el que se encuentran las personas defensoras en ciertas regiones de México es sumamente preocupante. Es aún más preocupante observar los extraordinarios riesgos a los que se enfrentan las defensoras de derechos humanos y aquellas personas que se dedican a luchar por los derechos de las mujeres”, dijo Lawlor.

“La impunidad y la corrupción en los sistemas de justicia fomentan la criminalidad y socavan la lucha contra la violencia de género, a la vez que se alimenta la continuación de la violencia contra las personas defensoras en el país”, dijo la experta.

El 15 de junio, en la puerta de la oficina del Consorcio Oaxaca se encontró una bolsa que contenía restos de lo que parecía ser la cabeza de un animal, junto con una nota amenazadora atribuida a un grupo de crimen organizado. 

El incidente se produjo a raíz de las demandas de justicia de la organización por el feminicidio de María del Sol Cruz Jarquín, ocurrido el 2 de junio de 2018. La madre de Jarquín es una integrante destacada de la campaña “Hasta que la Justicia Llegue”, en la que las defensoras luchan contra el feminicidio y exigen justicia, verdad y reparación.

La experta recuerda que México tiene obligaciones internacionales y en particular debe garantizar la protección de las defensoras de los derechos humanos contra las violaciones cometidas por sus agentes, pero también por entidades privadas, así como adoptar medidas para prevenir violaciones futuras y tomar medidas retrospectivas en respuesta a las violaciones ya infligidas.

Lawlor dijo que la incorporación de una perspectiva de género para responder a los riesgos y necesidades de seguridad específicos de las defensoras y de quienes trabajan en el ámbito de los derechos de la mujer o las cuestiones de género es de suma importancia en un contexto como el de México, donde la violencia de género no cesa.

«Insto al Gobierno de México a que adopte las medidas adecuadas ante cualquier amenaza previsible a la vida o la integridad física de cualquier defensora de los derechos humanos», dijo la Relatora Especial.

El llamamiento de la Sra. Lawlor ha sido respaldado por la Sra. Dubravka Šimonović, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, el Sr. Clément Nyaletsossi Voulé, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación y por el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas: Elizabeth Broderick (Presidenta) Sra. Alda Facio, Meskerem Geset Techane, Ivana Radačić y Melissa Upreti (Vicepresidenta).

Las expertas y el experto están haciendo un seguimiento del tema con las autoridades mexicanas.

• Priscila Guadalupe Ramírez Prieto, advierte que la ignorancia y la indolencia de la población multiplica los contagios

Nicolás Cruz Hernández

SemMéxico/Billie Parker Noticias. Xalapa, Ver. 30 de junio 2020.- En la lucha contra el COVID 19, la enfermera Priscila Guadalupe Ramírez Prieto, de Villa Cuichapa, municipio de Moloacán, hace un llamado a toda la población para que se queden en sus casas, porque la situación puede empeorar ante el nulo respeto a las medidas sanitarias.

“¿Qué les cuesta estar en su casa, con su familia? ¿o quieren estar aquí, esperando en cualquier momento que te digan tu familiar murió?”, dijo a través de la cuenta de Facebook del Ayuntamiento de Moloacán.

Denunció que pese a los números sobre el repunte del coronavirus, los ciudadanos de esa región no le han dado la dimensión adecuada a la pandemia y por ello advirtió que si la gente no atiende las medidas preventivas la situación empeorará.

“Para nosotros es muy difícil día con día entrar y saber que estás dando todo, pero por más que una realice las medidas adecuadas, tú estás luchando, pero hay personas que no lo están valorando, no tienen la capacidad de entender la magnitud de lo que es esto hasta que ven la desgracia y, en este caso, son sus seres queridos”, expresó.

En el sur de Veracruz, el COVID-19 ha cobrado la vida de 203 personas en Coatzacoalcos, 91 en Minatitlán, 38 en Cosoleacaque, 32 en Nanchital, 18 en Las Choapas, 14 en Agua Dulce, nueve en Ixhuatlán del Sureste y dos en Moloacán, entre otras que no contabiliza la secretaría de salud, como en Acayucan, Jáltipan, y localidades aledañas a esta zona que es foco rojo en los datos no así en el semaforo que los ubica en naranja.

La trabajadora del sector dijo que la gente que padece enfermedades crónico-degenerativas sale a la calle sin cubrebocas y por ello no descartó que la situación tienda a empeorar ante la indolencia de las y los ciudadanos que no atienden.

“Salgo de compras y hay personas que no llevan cubrebocas, no comprenden la magnitud que en verdad esto está pasando, no nos estamos enfermando los de adentro, se están enfermando las personas de afuera, que no están llevando las medidas adecuadas”, cita la preocupada enfermera.

• Nuevo informe del UNFPA llama a terminar con las prácticas nocivas que afectan a las niñas 

Redacción 

SemMéxico. Nueva York. 30 de junio de 2020. – Todos los años, millones de niñas se ven sometidas a prácticas que les provocan daños físicos y emocionales con el conocimiento y consentimiento plenos de sus familias, amigos y comunidades. Esta es la situación plasmada en el informe Estado de la Población Mundial 2020, que publica hoy el UNFPA, el organismo de las Naciones Unidas que se encarga de la salud sexual y reproductiva.

Según dicho informe, existen al menos 19 prácticas nocivas (desde el planchado de los senos hasta  las pruebas de virginidad) que tienen la consideración de violación de los derechos humanos. El documento se centra en los tres tipos más preponderantes: la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil y la preferencia por los hijos varones muy en detrimento de las hijas.

“Las prácticas nocivas que afectan a las niñas ocasionan un trauma grave y duradero que les roba el derecho a desarrollar todo su potencial”, afirma la Dra. Natalia Kanem, Directora Ejecutiva del UNFPA.

Se calcula que, este año, 4,1 millones de niñas sufrirán una mutilación genital femenina. Hoy mismo, 33.000 niñas menores de 18 años se verán obligadas a casarse; por lo general, sus maridos son hombres mucho mayores que ellas. 

Además, en algunos países, la preferencia desaforada por los hijos varones ha promovido la selección del sexo con sesgo de género o casos de desamparo extremo que han desembocado en la muerte de las niñas. El resultado son 140 millones de mujeres “desaparecidas”.

Algunas prácticas nocivas están decayendo en los países en los que sucedían con mayor frecuencia. Sin embargo, debido al crecimiento demográfico de estas naciones, la cifra de niñas damnificadas aumentará en los próximos decenios a menos que se adopten medidas urgentes.

Los países que han ratificado tratados internacionales tales como la Convención sobre los Derechos del Niño tienen la obligación de poner fin al sufrimiento de las niñas sin importar si los perpetradores son sus parientes, las comunidades religiosas, los proveedores de servicios de salud, las empresas privadas o las instituciones públicas. Muchos gobiernos han reaccionado con instrumentos legislativos, pero no basta con promulgar leyes.

El informe del UNFPA es claro: decenios de experiencia e investigación han demostrado que, cuando se trata de lograr cambios, los enfoques ascendentes que tienen su base en el seno de la comunidad dan mejores resultados. “Las soluciones para erradicar las prácticas nocivas pueden variar de un país a otro, pero en todo caso deberán alinearse con las medidas para lograr el progreso en cuanto a la igualdad de género y los derechos de las mujeres desde el nivel familiar y comunitario, hasta las instituciones y la sociedad como un todo”, manifestó Harold Robinson, Director Regional para América Latina y el Caribe del UNFPA.

El informe señala que es necesario reestructurar las economías y los sistemas jurídicos en los que se apoyan a fin de garantizar que todas las mujeres gozan de igualdad de oportunidades. Por ejemplo, modificar las normas relativas a la herencia de propiedades haría que desapareciera un fuerte incentivo que motiva a las familias a dar prioridad a los hijos varones y contribuiría a erradicar el matrimonio infantil.

La práctica nociva de mayor impacto en América Latina y el Caribe, es el matrimonio infantil. Una de cada cuatro niñas se casa o establece unión informal antes de cumplir 18 años; en algunas partes de la región, la cifra es superior a una de cada tres, detalla el informe del Estado de la Población Mundial 2020.

Es posible eliminar el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina a escala mundial en el plazo de 10 años si se amplían las iniciativas destinadas a que las niñas prolonguen su escolarización, a enseñarles competencias para la vida y a implicar a los hombres y niños en la transformación social. Según el informe, invertir 3.400 millones de dólares de los Estados Unidos al año de aquí a 2030 serviría para acabar con estas dos prácticas nocivas y con el sufrimiento de unos 84 millones de niñas.

Si bien se han logrado avances encaminados a suprimir algunas prácticas nocivas en todo el planeta, la pandemia de COVID-19 amenaza con desbaratar estas conquistas. Un análisis reciente reveló que, si los servicios y programas permanecen suspendidos seis meses, puede que otras 13 millones de niñas se casen por obligación y que 2 millones más de niñas sean víctimas de una mutilación genital femenina de aquí a 2030.

Poner fin al matrimonio infantil y a las uniones tempranas en América Latina y el Caribe 

En América Latina y el Caribe, 60 millones de niñas se casan antes de cumplir los 18 años. Más del 60 por ciento de estas niñas pertenece al grupo poblacional de menores recursos y, por lo tanto, están más expuestas a sufrir violencia basada en género, a tener menos ingresos y niveles de educación. Además, corren con mayor riesgo de estar aisladas socialmente y a tener hijos a una edad más temprana. 

Estos riesgos se dan entre los hogares más pobres, que viven en áreas rurales, y entre grupos indígenas y afrodescendientes. Es más, la prevalencia del matrimonio infantil en algunos países de la región es comparable a la de África Subsahariana. Países como República Dominicana (36%), Nicaragua (35%), Honduras (34%) y Guatemala (30%), presentan las tasas más altas. 

Las niñas casadas antes de los 18 años en Brasil y México, ocupan el cuarto y el octavo lugar en las cifras mundiales del tema. La falta de acciones o inversiones para solucionar esta situación afectaría a 9,7 millones de niñas hasta 2030, en una región donde las uniones no maritales son más frecuentes que los matrimonios legales y formales. 

América Latina y el Caribe es la única región del mundo donde los matrimonios infantiles y las uniones tempranas no se han reducido en los últimos 25 años, de hecho, una de cada cuatro niñas se ve afectada por esta práctica. Por esta razón fundamental la iniciativa Spotlight, un programa conjunto liderado por ONU Mujeres, UNICEF, UNFPA, gobiernos y socios estratégicos, busca darle fin a esta realidad oculta que continúa negándoles mejores oportunidades a las niñas y adolescentes. 

Desde 2017, la iniciativa conjunta regional interagencial Spotlight en la región ha decidido alinearse con los estándares internacionales sobre la ley del matrimonio y equidad de género, rompiendo el silencio y generando una plataforma regional para fortalecer la abogacía, la promoción de políticas y servicios, y el empoderamiento de jóvenes y niñas, al tiempo que busca transformar las prácticas de género más nocivas hacia ellas. En una primera etapa, la iniciativa incluye a Colombia, El Salvador, Guatemala, México y República Dominicana.

Los logros más relevantes en el 2019 incluyen la eliminación de todas las excepciones legales en matrimonio infantil en El Salvador y Guatemala; la inserción de un objetivo en el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia para eliminar la práctica, y una hoja de ruta nacional intersectorial en Belice, que incluye acciones en sectores sensibles como la salud, la educación y la justicia. 

Esta iniciativa busca generar un impacto en las vidas de 107 millones de niñas y adolescentes entre los 0 y los 19 años, que viven en la región. De esta manera, se apunta a la reducción de la inequidad de género con un gran énfasis en la promoción de los derechos de las niñas y adolescentes para que sean respetados y reconocidos en la región y se dé fin a esta práctica nociva. 

• No entiende que la salud materna es signo de bienestar.

• Se reducen presupuestos en todas las áreas de salud sexual.

• Informan sobre reducción de recursos en Salud Materna, hasta 50 por ciento.

• Parteras desairadas en la 4T, falta de estrategia y calidad.

• 2 millones de nacimientos al año con aumento de muerte materna y reducción hospitalaria.

 Sara Lovera/ Segunda Parte 

SemMéxico. Cd. de México. 30 de junio de 2020.- En este gobierno no toca el presupuesto para los campos de béisbol, pero sí reduce el de la salud materna; no para la construcción del Tren Maya, pero se deja sin dinero a centros de emergencia obstétrica en las Casas de la Mujer Indígena (CAMI); da indicadores de bienestar cuando en cuatro meses creció la muerte materna 3 veces respecto de 2019 y hace peligrar el presupuesto para la Salud Sexual y Reproductiva (SSR).

Así dice, David Meléndez Navarro, Secretario Técnico del Comité Promotor para una Maternidad Segura (CPMS) y sostiene que se trata de una contradicción ya que sin salud materna no hay desarrollo. Todo lo que hace el gobierno sobre la salud materna es “inmoral, injusto e ilegal”. Además, hay una parálisis en Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) cuando nacen 10 mil criaturas al año de madres menores de 15 años.

En entrevista, el Secretario Técnico el (CPMS), quien vive y conoce lo que sucede en las zonas del sureste de México, en Chiapas, Quintana Roo, Oaxaca o Tabasco, recordó que el presupuesto para la salud sexual y reproductiva es irreductible, “no se puede tocar”, todo ello para explicar que no se entiende cómo la actual administración ofreció atemperar la desigualdad, la pobreza y que se haría una transformación, cuando se hace todo lo contrario, en materias de Salud Sexual y Reproductiva.

La entrevista sucede en el contexto del segundo aniversario del triunfo del movimiento que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República el primero de julio de 2018. Para David Meléndez Navarro, los indicadores de mortalidad materna son muy sensibles por su impacto en la vida social y económica de un país.  La salud materna es un indicador para países de mediano desarrollo y cualquier anuncio de política o de programas, leyes o reglamentos, sin dinero “es letra muerta”.

Por su parte Guadalupe Hernández, presidenta de la Asociación de Parteras Profesionales a la Vanguardia también en entrevista con SemMéxico, afirmó que, en muchos programas, cierto, “había corrupción”, pero “así no se hace”, sin estrategia y sin planeación.

En plena crisis del COVID-19 la reducción inmediata al Capítulo mil, ramo 12 del Presupuesto de la Federación, ha dejado a muchas entidades sin presupuesto para contratar parteras profesionales y vía el golpe a las CAMIS, dejó sin recursos el trabajo de las parteras tradicionales. Ese presupuesto, según el plan hecho por AMLO, tendrá una reducción alta, en algunas entidades los jefes de salud reproductiva hablan de una pérdida del 50 por ciento.

Resultado de esta política: parteras desperdiciadas, ahorro en las CAMI de poco más de 25 millones, dejando a 35 casas apenas con 20 mil pesos al mes; parálisis en el trabajo del ENAPEA, reducción de anticonceptivos, 75 por ciento menos en la administración y por tanto a la salud y no hay rendición de cuentas. Antes, las parturientas eran atendidas por el Seguro Popular; escasez de recursos para contratar parteras, psicólogas, laboratoristas. 

Desafíos para la salud materna

El Secretario Técnico del CPMS sostiene que hay tres desafíos a atender: disponibilidad para las mujeres que demandan servicios de SSR; accesibilidad es el segundo desafío, que haya posibilidades de acceder y ser recibidas, en estos momentos está al 50 por ciento y los servicios siempre son reducidos, debían atender dos millones 300 mil nacimientos al año, es decir unos 130 mil al mes, y nunca hay suficientes.

La partera Guadalupe Hernández, señala que tiene años que las mujeres tienen que ir de un lugar a otro, buscando un lugar a donde parir. En SemMéxico recordamos cuántas veces contamos con notas cómo las mujeres dan a luz en los estacionamientos de hospitales, o en los parques de algunas ciudades. Efectivamente, dice Hernández, además, los servicios obstétricos comandados por los médicos con poder no ayudan a las mujeres. Por eso hay una sistemática denuncia de lo que se conoce como violencia obstétrica, señaló. 

Un tercer desafío “un gran asunto” es el tema de la calidad que se necesita ofertar en los servicios de salud sexual y reproductiva. Hoy, con los datos disponibles y lo que se sabe, “no puede haber ecuación peor”, sin servicios obstétricos hoy reconvertidos para COVID -19; expulsión de mujeres y sobresaturados los servicios de parteras independientes; partos en casa sin apoyo profesional; y muy pronto desconfianza en los hospitales.

Reiteró que el descuido a las políticas para atender la mortalidad materna revela, como indicador de desarrollo, los límites de la Política Social, un indicador de no bienestar. Por ello no es poca cosa el aumento de la mortalidad materna en 4 meses, de 11 por ciento. Ya en 2019 fue de 3 por ciento, luego que durante 15 años consecutivos se habían bajado los porcentajes, de un problema que en 1998 significaba la muerte de 18 mujeres diariamente.

En este orden, dijeron a quienes entrevistamos, que es muy preocupante que ante el panorama y los hechos, la reducción del presupuesto; un cambio no claro en las políticas de salud sexual y reproductiva y el desprecio a las alternativas, como el trabajo de las parteras, ya que aprovecharlo reduciría la presión de sobrecupo en los hospitales; todos los partos sin complicación, serían atendidos en lugares donde las mujeres no corran peligro de contagios; se atendería a las más afectadas  por la pobreza; y se aprovecharía la fuente cultural de la partería tradicional. 

Guadalupe Hernández recordó que en las modificaciones a la Ley de Salud en 2017 se dio identidad profesional a la partería y México firmó al Comité Internacional de las Matronas –en algunos países todos los partos normales se atienden en casas de parto o en las casas de las parturientas-, sin embargo, hay conceptos de trasfondo en México, el poder médico, representado por hombres, principalmente. Eso hace de la ley, inoperante.

El CPMS está formado por 60 organizaciones civiles, funcionarios gubernamentales y representantes de Organismos Internacionales, en abril entregó a las autoridades de Salud todos los antecedentes y un paquete de propuestas para evitar que las murieran.

Y la Asociación de Parteras Profesionales a la Vanguardia en México nació en 2017, la formaron enfermeras obstetras, universitarias, luego de vivir las realidades de la atención materna en los hospitales, donde se abusa por dinero de las cesáreas; hay maltrato y violencia obstétrica. Muchas parteras profesionales hoy atienden a muchas mujeres en todo el país, aunque su identidad, la heredada de los pueblos originarios, sea una alternativa, el poder médico no las deja crecer.

Te puede interesar: Salvar a las mujeres de la muerte materna

• Es urgente monitorear, evaluar y difundir el impacto socioeconómico de la pandemia por COVID-19 en las mujeres de distintas poblaciones.

• La sociedad civil contribuye a la creación de futuros donde la igualdad de género y la justicia sean el marco de acción en la nueva normalidad.

Redacción 

SemMéxico. Cd. de México. 30 de junio de 2020.- Con el objetivo de dar seguimiento a los obstáculos para la garantía y el ejercicio de los derechos de las mujeres, organizaciones de la sociedad civil y activistas crearon el Observatorio Género y COVID-19 en México, como un ejercicio de contraloría social respecto a las obligaciones del Estado y una iniciativa que muestre las contribuciones de la sociedad civil para la creación de futuros donde la igualdad de género y la justicia sean el marco de acción en la nueva normalidad.

De acuerdo con un comunicado de prensa, en este espacio se  busca visibilizar algunos temas que, dadas las condiciones de desigualdad que imperan en México, afectan de manera diferenciada a las mujeres de distintas poblaciones debido a las fallas estructurales, el distanciamiento social, el trabajo en casa y los riesgos de permanecer más tiempo en entornos de violencia, entre otros.

El contexto actual pone de manifiesto la necesidad de monitorear, evaluar y difundir el impacto socioeconómico de la pandemia por COVID-19, así como la importancia de tomar medidas específicas ante las posibles violaciones a derechos humanos, producto de las políticas implementadas por el Estado mexicano para enfrentar la emergencia sanitaria.

“Si bien la pandemia nos coloca ante grandes retos para la defensa de los derechos humanos, vamos juntas y estamos seguras de que el esfuerzo colectivo plasmado en este Observatorio contribuirá a la creación de contextos que permitan a las mujeres tomar decisiones y definir sus proyectos de vida en libertad”.

Para conocer el impacto de la pandemia por COVID-19 —desde una perspectiva de género, derechos humanos, multiculturalidad e interseccionalidad— en temas como aborto seguro, acceso a anticonceptivos, cuidados, muerte materna y violencia obstétrica, mujeres con discapacidad, mujeres con VIH, mujeres de población callejera, mujeres indígenas y afromexicanas, mujeres migrantes, mujeres privadas de la libertad, personas LGBTIQA+, trabajadoras del hogar, y violencia familiar y refugios pueden consultar: http://genero-covid19.gire.org.mx/.

Las organizaciones participantes son: Balance, Católicas por el Derecho a Decidir; Gire, IMUMI, Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Médicos del Mundo, EQUIS Justicia para las Mujeres, El Caracol, Equidad de Género, FOCA A.C, IPAS México, Kaltsilaltik , Red de Juventudes Trans, Population Council, Voces Mesoamericanas, Una Mano Amiga, Red Nacional de Refugios, OCNF, Mexfam, entre otras. 

SEM/GR