Por Stella Paul

SemMéxico/IPS Noticias. 17 de abril de 2020.- Trabajadoras sexuales en la ciudad de Chennai, en el sur de India, consideran que la nueva reforma que amplía y mejora la ley del aborto no va a eliminar la discriminación y estigma que sufren al tratar de acceder a la interrupción segura del embarazo en los centros públicos de salud donde debe practicarse en forma gratuita.

Arti Zodpe vive en la ciudad de Sangli, en el estado de Maharashtra, en el centro-occidental de India, y es bailarina de tamasha, un arte escénico tradicional de baile y canto propio de la región. Después de las presentaciones nocturnas, algunas cantantes y bailarinas ofrecen sus servicios sexuales a clientes.

«Nosotras (las trabajadoras sexuales de tamasha) vivimos fuera de la ciudad ya que la gente se siente perturbada por el sonido de nuestras “ghunghroo (pulseras tobilleras con campanillas)” y nuestra música”, cuenta Zodpe.

También asegura que “cuando vamos a la ciudad, especialmente a una clínica de salud sexual y reproductiva, el personal dice: ‘ya vienes a esparcir tu suciedad aquí’ y si nos practican un aborto nos hacen limpiar el piso después».

La vida de Zodpe sintetiza algunas de las dificultades que enfrentan las mujeres vulnerables de India para interrumpir voluntariamente su embarazo, y explicita las capas de discriminación social y estigma que las mujeres marginadas enfrentan en la sociedad tradicional de este país de 1300 millones de personas.

El aborto seguro sigue siendo un sueño

La inducción del aborto es una práctica legal y gratuita en el país desde 1971, pero en la realidad son millones de mujeres en este país asiático que no pueden acceder a un aborto en condiciones seguras.

Según un informe sobre la salud mundial,  publicado en 2018 por la revista científica The Lancet, se produjeron 15,6 millones de abortos en India en 2015 y de ellos 78 por ciento se realizaron fuera de los centros de salud.  En estos casos, las mujeres obtuvieron medicamentos químicos para practicárselo por parte de personal sanitario o vendedores informales que se los vendieron sin receta.

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos  estima, por su parte, que los abortos inseguros causan entre nueve y 20 por ciento de todas las muertes maternas en el país.

Un estudio más reciente, realizado por la oenegé india Mahila Sarvangeen Utkarsh Mandal (Masum) y la  y la Alianza de Asia por un Aborto Seguro (ASAP, en inglés) en siete de los 29 estados de India, reveló que  80 por ciento de las mujeres desconocen la ley vigente y, como resultado, temen buscar servicios seguros para la interrupción del embarazo.

El estudio, publicado en marzo,  entrevistó a 200 mujeres y descubrió que todas habían tenido un aborto en algún momento, mientras que algunas tuvieron hasta seis. Sin embargo, ninguna de ellas había contado esto a sus familiares o amigos, principalmente por miedo al estigma social.

Según Hemlata Pisal, coordinadora del proyecto en Masum, se encontraron varios problemas  en cuanto a los servicios de aborto en los centros de salud pública, en especial en tres aspectos:

Casi nunca estaban disponibles los medicamentos abortivos y cuando lo estaban había una gran variación de tipos de píldoras y dosis recetadas.

El antiguado método de dilatación y legrado se mantiene como el protocolo estándar en muchos de los centros de salud.

Y lo peor, el personal trata a las mujeres con un alto nivel de estigma.

«Las mujeres que entrevistamos informaron que cuando se acercaban al centro de salud para practicarse un aborto muy a menudo eran rechazadas o sometidas a humillaciones y abusos extremos», dijo Pisal a IPS.

Reforma ampliatoria de la ley

El 17 de marzo, una semana antes de que el país entrara en cuarentena nacional para contener la propagación de la pandemia de covid-19, el parlamento indio votó a favor de una reforma de la ley del aborto de 1971, la Ley de Interrupción Médica del Embarazo (MTP, en inglés), para hacerla más flexible y adaptada a la realidad actual.

Una de los cambios más destacados de la reforma fue el ampliar el límite para poder interrumpir el embarazo, de 20 a 24 semanas.

Una extensión que, eso sí, se restringe a “categorías especiales”, como mujeres víctimas de violación o de incesto, aquellas con capacidades diferentes y menores de edad.

También permite inducir el aborto dentro de las 24 semanas cuando se detecten anomalías fetales, una demanda que se había incrementado en los últimos años, incluso con recursos ante los tribunales.

El ministro de Salud, Harsh Vardhan, calificó en el parlamento la reforma como muy progresista y garante de la seguridad de las mujeres.

Los médicos y los profesionales de la salud también acogieron con beneplácito el cambio legal.

Noor Fathima, una alta funcionaria de salud pública y ginecóloga en la ciudad suroriental de Bangalore, dijo a IPS que el aborto sería a partir de ahora «menos engorroso para los proveedores de servicios».

«La enmendada Ley MTP es particularmente una bendición para las mujeres que enfrentan condiciones de embarazo que las estresan y agotan emocionalmente», dijo Fathima a IPS.

La falta de responsabilidad alimenta la discriminación

Sin embargo, muchos consideran que el estigma social no va a desaparecer con la modernización de la ley y sigue amenazando su efectividad, aunque en el nuevo texto se otorga a la mujer el derecho a la privacidad total sobre su interrupción del embarazo.

Pero los grupos vulnerables de mujeres rara vez disfrutan de este derecho a la privacidad, dijo Kousalya Periasamy, directora de la Red de Mujeres Positivas (PWN, en inglés), un grupo con sede en la también sureña ciudad de Chennai (antigua Madrás), que aboga por la igualdad de derechos para las mujeres portadoras de VIH en India.

«El personal de cualquier centro de aborto con frecuencia nos preguntan ‘¿por qué duermes con tu pareja si tienes VIH’? También se nos pide que enviemos documentos de identidad y cartas de consentimiento de los miembros masculinos de la familia. Y frecuentemente se nos niega un aborto incluso sin una razón”, dijo Periasamy a IPS.

«Y después del aborto, debemos limpiar la habitación», dijo, en una agresión que repite la de las bailarinas y trabajadoras sexuales de Sangli.

La razón detrás de tal humillación, dice la ginecóloga y coordinadora de ASAP,  Suchitra Dalvie, con sede en la occidental ciudad de Mumbai, es que actualmente no hay responsabilidad por la calidad de la atención del aborto o por los rechazos.

«Las mujeres aún mueren por abortos sépticos y/o por soportar un inmenso dolor, actitudes de vergüenza pública y otros abusos. A menos que eliminemos estos prejuicios, la situación no cambiará dramáticamente porque  80 por ciento de las mujeres, para comenzar, desconocen la ley”, dijo a IPS.

Estigma: un desafío pendiente

Katja Iversen, directora ejecutiva de Women Deliver, un grupo de defensa mundial de los derechos de las mujeres con sede en Nueva York, está de acuerdo en que el estigma es un serio obstáculo para los derechos al servicio de aborto en todo el mundo.

«El aborto es una necesidad básica de atención médica para millones de niñas y mujeres, y la interrupción segura y legal del embarazo salva la vida de las mujeres todos los días”, dijo la especialista a IPS.

Pero, añadió Iversen, “desafortunadamente, el aborto se ha estigmatizado para evitar que las personas hablen al respecto y también para mantener el control sobre los cuerpos de las mujeres, y ese silencio conduce a retrocesos políticos y mitos peligrosos».

El estudio de Masum también encontró algunos de estos mitos y creencias infundadas que existían entre las mujeres de todas las regiones de India.

Algunos de ellos son:

La interrupción médica de un embarazo es ilegal.  El aborto es legal solo hasta 12 semanas. El aborto no está permitido para el primer embarazo.  El aborto causa infertilidad permanente.  La firma del esposo es obligatoria para un aborto.

«Estas creencias en última instancia bloquean las formas en que la sociedad ve y discute el aborto como un problema de salud normal y discute de manera transparente», dijo Pisal.

Según Iversen, el acceso gratuito y regular a la salud sexual y reproductiva, incluida el servicio de la práctica del aborto, puede conducir a mejores condiciones generales de vida de las mujeres y también promueve una mayor igualdad de género en el mundo.

«Cuando las niñas y las mujeres tienen acceso a servicios de salud reproductiva, incluido el aborto, es más probable que permanezcan en la escuela, accedan y permanezcan en la fuerza laboral, se vuelvan económicamente independientes y vivan todo su potencial. Es un ciclo virtuoso y beneficia a las personas, comunidades y países «, afirmó la activista.

El tres de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), convenidos dentro de las Naciones Unidas y a cumplirse para 2030, el que busca garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos apunta en su meta 3.7 la necesidad de dar «acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva».

En India, sin embargo, lograr este objetivo podría necesitar más que un cambio legal.

Ravi Duggal, un consultor sénior de salud con sede en Mumbai, la capital de Maharashtra, plantea que hay que hay que fortalecer el sistema de salud pública, para que garantice y regule los costos y el acceso a los servicios sanitarios como un derecho.

La ginecóloga Fathima, en Bangalore, está de acuerdo.

«Un sistema de salud pública más fuerte es una necesidad perentoria. Si el personal no juzga, es confidencial, respeta la privacidad y de una pronta respuesta, hará que las mujeres busquen instalaciones probadas (del sistema público) en vez de en lugares inseguros”, afirmó.

• Un recorrido por distintas voces de mujeres bolivianas que narran las violencias que hay en su entorno y los muros con los que se encuentran en medio de la violencia patriarcal que contamina múltiples esferas de sus vidas

Por Marta Molina

SemMéxico/Amecopress. Madrid, 16 abril. 2020.- Las distintas voces feministas, dentro de todas sus diversidades, luchan en Bolivia para transformar las formas de hacer política y están empezando a hablar también de formas de economía orientadas a la reproducción de la vida. “No queremos sólo leyes en contra de la violencia y queremos que las que hay, se apliquen”, comenta Silvia Fernandez, del colectivo Feministas Pluridiversas y una de las personas que acompañó el proceso de construcción de la Ley 348/2013 en contra de la violencia contra las mujeres. “No es cuestión de ordenar y mandar como hace el patriarcado. Lo nuestro es deconstruir”. A las Feministas Pluridiversas, no les interesa este poder sino restituir las condiciones que hacen posible la vida, y eso supone posicionarse con un firme “no más feminicidios, no más violencia en contra de las mujeres, no al extractivismo, no más despojo de los territorios, respeto a los saberes y conocimientos ancestrales y un cambio de patrones de consumo”.

“A nosotras nos interesa la vida, no nos interesan las sillas”

Las feministas pluridiversas (las comunitarias, las indígenas, las campesinas, las autónomas, las anarquistas, las socialistas) se organizan desde distintas posiciones políticas. Se trata de un intento de articulación que no tiene que ver solamente con la sensibilidad de las feministas, sino también con que el sistema patriarcal se ha profundizado. Adriana Guzmán, de las feministas comunitarias antipatriarcales, insiste en remarcar que organizarse y articularse es un asunto de supervivencia y no de claridad política ni de convicción: “Nos están matando y si no lo enfrentamos juntas es mucho más posible que nos maten”.

Bolivia es el país que tiene uno de los índices más altos de feminicidios de toda la región suramericana y en el que cada dos días y medio es asesinada una mujer. “¿De qué democracia estamos hablando, si el estado de violencia es permanente?, ¿vamos a defender esta democracia que nos mata?”, se pregunta Fernández.

“El patriarcado lo tiene fácil porque sólo se preocupa de una ley, pero las feministas pluridiversas no se ocupan sólo de una cosa: a nosotras nos interesa la vida, no nos interesan las sillas”, sentencia Fernández. Este es uno de sus lemas y a partir de ahí siguen tejiendo formas distintas de hacer y caminar en todas las esferas de la vida. Las feministas pluridiversas no dejaron de reunirse incluso en la situación de convulsión y tensión que vivió el país a inicios del golpe de Estado en octubre de 2019 y con las dificultades que tenía seguir unidas en un contexto político que empujaba a la extrema polarización.

Nos están matando

Cada 1 de noviembre (Día de los muertos) los y las difuntas regresan a sus casas en forma de muñecas de pan (las tantawawas) y toman lugar en un altar repleto de frutas y comida que los familiares preparan para honrarlas. A los lados, se coloca una escalera de pan para que el difunto descienda y regrese a su casa sin contratiempos. Un caballo, también de masa de pan, le llevará la comida y un árbol de caña de azúcar le servirá de bastón y sombra. Tampoco falta el agua, para que el tránsito sea fluido. El altar se completa con panes en forma de cruz y platillos típicos, refrescos y hojas de coca. El festejo se prolonga en los cementerios, donde la música acompaña a las almitas para que tengan una despedida alegre.

Color, alegría, comida, canto y música son los elementos que predominan durante los dos primeros días de noviembre, incluso en casa de Marcelina que vive en un barrio muy humilde de la ciudad de El Alto y que hace ya dos años que pide justicia para el asesinato de su hija Estefanía Arias. Tenía 20 años. Su foto preside el altar. Está todo preparado para recibir a su almita y estar con ella hasta el mediodía del día 2 de noviembre que se irá después de que sus familiares y amigas hayan compartido una gran comida en su honor.

Estefanía estaba en el último año de la carrera de Química Industrial en la Universidad Mayor de San Andrés. Quería graduarse para que su madre dejara de trabajar. Amaba el folklore y el baile. Por eso el altar está lleno de muñecas bailarinas vestidas con trajes tradicionales. La violaron y la mataron hace dos años. La encontraron muerta y maniatada en una autopista y su hermana nos cuenta que lo último que supieron de ella fue a través de un amigo al que le escribió por WhatsApp diciendo que el taxista estaba tomando otro rumbo distinto al de su casa y al que intentó llamar pidiendo auxilio. Pero ese día no regresó.

“Estefanía ha tenido que pagar con su vida la ineficiencia de la justicia porque su victimario ya estaba acusado de violación en Cochabamba y no le llegaron a sentenciar porque la familia de la chica violada no pudo aportar pruebas”, comenta su hermana. La familia está indignada porque la Fiscalía les pide que aporten pruebas para que se sigan las investigaciones. “La única prueba que tengo es el cuerpo de mi hermana, y son incapaces de seguir con la investigación”, sostiene.

Según la Ley 348 aprobada en Bolivia en el año 2013, se habla de feminicidio no sólo cuando la mujer tiene una relación con el autor del crimen sino también cuando hay “un grado de vulnerabilidad” en la mujer que es asesinada. 

Los hermanos de Estefanía dejaron de trabajar para poder hacer el seguimiento del caso y la economía familiar (y la salud) se sigue deteriorando. Ya gastaron más de 5.000 dólares (más de 4.600 euros) y están todavía a la mitad del proceso. “Te hacen volver una y otra vez a los juzgados pidiéndote papeles y pruebas. Parece que te quieren cansar. Además, cada vez que vamos a la Fiscalía tenemos que revivir todo lo que pasó y ver a los que participaron en el asesinato y la violación de mi hermana”, cuenta su hermana.

El caso de Estefanía todavía no está resuelto. No hay sentencia para el taxista y no se ha podido demostrar que hubo otras personas implicadas en su asesinato como corroboran las pruebas de las primeras investigaciones. “Hay muchas familias que, como nosotros, viven con miedo a represalias. En nuestro caso son cuatro personas las que han salido con medidas cautelares y me da miedo encontrármelos en la calle”, explica su hermana. “Además, aquí tiene justicia el que tiene dinero, y parece que es el caso de los cuatro acusados”, añade.

No hay un acompañamiento a los familiares de las víctimas por parte del Estado, pero sí lo hay por parte de organizaciones de mujeres como Acción 8 de Marzo. “Gracias a ellas sentimos que no estamos solas y nos ayudan a que perdamos el miedo, a contar nuestras historias, a romper el silencio y dar a conocer al mundo lo que está pasando”, comenta la hermana de Estefanía.

Según el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, Bolivia es el país donde se registran más asesinatos a mujeres en Sudamérica. También apunta que al menos 3.529 mujeres han sido víctimas de feminicidio en 2018 en 15 países de América Latina y el Caribe. La misma fuente recoge que en 2018 Bolivia registró un total de 130 feminicidios, la cifra bajó para el 2019 con 117 asesinatos de mujeres y ya se han registrado 21 casos de feminicidios en el país solamente entre enero e inicios de febrero de 2020. Cinthya, de 30 años, es la víctima 21. Fue apuñalada en el cuello por su pareja en una habitación.

Justicia patriarcal

En el año 2012 Analí Huaycho, periodista de la ciudad de El Alto, fue víctima de feminicidio. La mató su expareja (integrante del cuerpo de policía), y padre de su hijo. El caso tuvo mucha repercusión en los medios de comunicación y la impunidad y protección estatal del feminicida (llamado “Clavijo”) indigna a las mujeres, representadas en ese momento por un pequeño grupo de jóvenes activistas, que toman las calles, autoconvocadas para manifestarse contra el patriarcado. Interpelan al Gobierno demandando sanción a los feminicidas.

Un año después del feminicidio, la policía dio por muerto al feminicida sin la identificación del cuerpo por parte de la familia de Huaycho. No era el primer caso de impunidad y complicidad estatal con el feminicida, estaba precedido por otros muchos casos impunes en Bolivia. Pero el caso de Huaycho sirvió para que el 8 de marzo de 2013 llegara la respuesta estatal con la promulgación de la ley 348 que incorpora el feminicidio como delito de orden público.

La ley sale adelante cuatro años después de la aprobación la Constitución Política del Estado Plurinacional, que incluye ya el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Según la activista Silvia Fernandez, se trata también de un intento de acallar las protestas feministas por la impunidad y complicidad estatal en los casos de violencia contra las mujeres.

La Ley 348/2013 se empezó a elaborar por colectivos de mujeres feministas y especialistas en temas de violencias y fue aprobada, con recortes sustanciales, en la Asamblea Legislativa. Según la abogada penalista Jennifer Guachalla, la ley “envía a las víctimas de violencia a un sistema de justicia corrupto y colapsado”. Además, como sostiene Adriana Guzmán, el Estado no ha puesto el esfuerzo necesario ni hay las condiciones para que la ley se implemente “y eso tiene que ver con la mirada patriarcal tanto del Estado como de los operadores estatales a los que no les parece importante”. Guzmán recuerda que a la ley se le asignó el presupuesto de impuesto directo de los hidrocarburos, lo que hace que el cumplimiento de esta ley esté a merced del mercado y muchos departamentos del país sigan sin poder aplicarla por falta de presupuesto.

Muchos de los casos de feminicidio siguen impunes porque el poder económico y el poder político juegan un papel muy importante y no piensan en las consecuencias que tienen para las familias.“Mi tía todavía vive con miedo”, comenta Shezenia Hannover, la prima de Analí Huaycho. “Ha asumido la responsabilidad de cuidar a su nieto y ambos están recibiendo acompañamiento psicológico porque el pequeño vio como asesinaron a su madre”, narra. No se puede hacer nada más en términos legales porque ya han asumido que el feminicida está muerto, pero para la familia el caso sigue abierto porque nunca reconocieron el cuerpo.

“Estos son los motivos que tengo para para accionar y cambiar este estado de violencia permanente en todas las esferas de nuestras vidas”, comenta Shezenia. Ella forma parte de COMPA, un colectivo de la ciudad de El Alto que trabaja para sanar las violencias a través del cuerpo, del teatro y del arte.

“Llevamos la violencia tatuada en nuestros cuerpos, a través de nuestras madres, de nuestras abuelas y de mucha violencia normalizada no solo en las familias, también en el sistema en el que vivimos. Hay que sacarla y deconstruir para construir de nuevo desde otros lugares, desde otras miradas y sin violencias”, afirma Shezenia.

Defensa cuerpo-territorio

En la cuenca del río Beni, en las tierras bajas de Bolivia, existe otro tipo de violencia que afecta a la tierra, al territorio y a sus defensoras. Para Ruth Alipaz Cuqui, dirigente indígena Uchupiamona de la Amazonía boliviana, la violencia patriarcal contra las mujeres ha transcendido la mal llamada violencia doméstica, no solo con el feminicidio, también con el desplazamiento de las empresas transnacionales a los territorios indígenas campesinos y originarios, que quieren apropiarse de los territorios y de sus recursos provocando migraciones y desplazamientos de comunidades locales.

Durante la gestión de Evo Morales, como parte de su política energética, se impulsó la construcción de un conjunto de megaproyectos hidroeléctricos que se consideraron estratégicos para la generación de energía, principalmente para la exportación. Uno de ellos es la hidroeléctrica Chepete-El Bala, ubicada en los departamentos de La Paz y Beni. De acuerdo con un informe técnico de Geodata, la empresa italiana encargada de diseñar el proyecto, los embalses inundarían 771 kilómetros cuadrados, desplazando a 5000 persona y afectando a 48 comunidades indígenas y campesinas.

Testimonio de Ruth Alipaz

Ruth Alipaz lideró la resistencia en el río Beni en contra del megaproyecto hidroeléctrico y el proyecto se paró. Mejor dicho, se pausó. “Aquí seguimos atentas a lo que pueda pasar porque gobierne quien gobierne, si este proyecto sigue, generará un impacto irreversible en el ambiente y más de 5000 indígenas perderán sus tierras. Estamos siempre en alerta”, sostiene. Alipaz cuenta que su historia personal es fruto de esta violencia que ha habido hacia los pueblos indígenas y esa forma en la que los han relegado, postergado y olvidado siempre. “Pero hemos resistido y seguimos viviendo y sobreviviendo en estos espacios que son nuestros territorios de vida: Esta tierra es nosotras mismas, nosotras no existimos si no existe el territorio porque es algo intrínseco en nuestra existencia: territorio, cuerpo, mujer”, afirma.

Alipaz siente que, como defensora del territorio, su más profundo ser está amenazado de desaparecer. “No es algo que tú decides hacer en algún momento sino simplemente es algo natural que asumes hacer. Es como si tu familia estuviera amenazada. ¿Qué vas a hacer? Defender tu casa, tu familia. Este pueblo es mi familia, mi sangre, mi cuerpo, mi memoria, están aquí mis ancestros, mis lugares sagrados. Las montañas que tienen nombre, los ríos que tienen nombre, los lagos que tienen nombre, es el todo”, explica.

Para Ruth Alipaz el territorio es el cuerpo y significa vida, significa reproducción, significa cuidados. Para ella, la lucha por la vida es la lucha por el cuerpo y es la lucha por los aspectos más fundamentales “y el Estado no puede decidir cuál es el patrón de nuestras vidas. Por eso nosotras la defendemos”.Para Alipaz la reproducción de la vida está en todo, en los cultivos, en las semillas, en cómo afrontamos temas de salud, en la contaminación, en el acceso a la educación, en el cómo nos cuidamos y sostiene que no podemos tener una mirada fragmentada o sectorial de las violencias: “Por eso creo que hay que construir los nuevos feminismos también desde esta visión indígena de la defensa de la tierra-cuerpo-territorio que ponga la vida en el centro de todo”.

Testimonio de Paola Gareca

Paola Gareca es la secretaria ejecutiva de la Subcentral de Tariquía y principal dirigente de la resistencia en contra de la exploración petrolera en un área protegida, la Reserva de Flora y Fauna de Tariquía en la región sureste del departamento de Tarija, en el sur del país.

El año 2015 el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) aprobó tres Decretos Supremos de forma consecutiva que establecen modificaciones normativas al proceso de Consulta Previa a comunidades indígenas, la apertura de actividades hidrocarburíferas en “las diferentes zonas y categorías de áreas protegidas” y modificaciones a la normativa ambiental sobre los límites permitidos para descargas sobre agua y aire de contaminantes producidos por el sector hidrocarburífero. Estos decretos permitirían a la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos -Chaco, junto con la brasileña Petrobras, perforar pozos exploratorios.

Desde entonces las comunidades empiezan a movilizarse en defensa de este área natural, que está protegido desde hace 30 años por su biodiversidad y su condición de fuente de agua para la región.

Gareca se convierte en la primera mujer que lidera la lucha contra las empresas petroleras a pesar de las agresiones, ataques y violencia gubernamental y empieza a revelar el carácter profundamente patriarcal y machista del capitalismo en su fase más salvaje: el extractivismo depredador de la Madre Tierra. Para Gareca hay que defender la Tierra porque ella nos alimenta. Es parte de nosotras.

Exposición Transmedia

El pasado mes de marzo inauguramos la exposición transmedia Tejiendo Voces contra la violencia patriarcal en Bolivia en el Ateneu del Raval de Barcelona. Como consecuencia de las medidas de confinamiento no hemos podido recibir a más grupos para vivir la experiencia transmedia en el Ateneu y hemos elaborado una versión On Line de la misma para que podáis disfrutar de los contenidos desde vuestras casas.

Se trata de una presentación PREZI con la que queremos continuar con la idea Transmedia de usar distintos soportes para la realización completa de su recorrido. 

Este reportaje forma parte del proyecto ‘Voces, narrativas y prácticas por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias en Bolivia’, de la Fundación InteRed que ha recibido el apoyo de la Beca DevReporter 2019 que otorga LaFede.cat, a través del financiación del programa Frame, Voice, Report!, de la Unión Europea, de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) y del Ayuntamiento de Barcelona.

• La crisis de la Covid-19 evidencia desigualdades y plantea la necesidad de un cambio de paradigma

Por Nora Fernández Fernández

Semméxico/AmecoPress. Madrid, 17 abr. 20.- En plena crisis sanitaria, el curso escolar ha intentado continuar de puntillas con una docencia a distancia que, a falta de medios e infraestructura, está lejos de ser adecuada. Lo cierto es que la pandemia de COVID-19 ha creado muchas incertidumbres en todos los ámbitos, y el área educativa no iba a ser menos. Sin embargo, ayer 15 de abril, se conoció la decisión final del Ministerio de Educación que ha acordado otorgar el aprobado, no general, pero casi sistemático al alumnado mientras trabaja para el mantenimiento y mejora de los programas de refuerzo y ocio, ya habituales en los centros durante los meses de verano.

Ante este escenario sin precedentes que ha creado la crisis del coronavirus, el ámbito educativo ha intentado sostenerse apoyándose en la tecnología y la docencia online que, sin lugar a dudas, ha fracasado. El sistema educativo español no estaba preparado para dar el salto, de un día para otro, a esa forma de educación y lo único que ha hecho es resaltar de nuevo las fuertes desigualdades a las que muchas familias están expuestas diariamente.

“Una parte del alumnado no está siguiendo el ritmo y corre el riesgo de desvincularse de la escuela, e incluso, de abandonar. Para el país con mayor tasa de abandono escolar temprano de Europa este es un coste económico y social muy alto” así lo expresaba Save the Children en una carta abierta a la Ministra de Educación y a los Consejeros y Consejeras que se reunieron ayer para debatir el final del curso y el futuro de todas las personas que se han visto obligadas a abandonar las aulas por esta crisis

La carta de Save The Children, firmada por 12 organizaciones educativas (entre ellas, la Confederación de asociaciones de familiares de alumnos CEAPA) y por más de 30 personas expertas de Universidades, ha demandado al Ministerio que, ante esta situación, se frene la brecha entre el alumnado más aventajado y más desfavorecido, y “garantizar, con medidas contundentes y decididas, la equidad y la calidad de nuestro sistema educativo sin dejar a nadie atrás”.

Efectivamente, la realidad es que en muchos hogares se presentan dificultades que impiden totalmente recibir esa docencia online que se ha estado impartiendo durante este último mes, y que ha afectado exactamente a un 10% de los 8,2 millones de personas que conforman el alumnado que se ha visto recluido. Primeramente, porque hay muchas familias que no tienen ni los dispositivos ni los conocimientos necesarios para tener conexión a Internet, y en segundo lugar, por la necesidad de nivel cultural necesario de las familias para poder acompañar a las niñas y niños en esta forma mucho más autónoma de aprendizaje, a la que el ambiente del hogar también influye y dificulta, sobre todo a la hora de concentrarse.

De eso mismo hablaba Virginia López, educadora social en la ciudad de Madrid, en entrevista con AmecoPress, cuando aseguraba que, desde la perspectiva de su trabajo con familias en situación de vulnerabilidad, “lo que vemos es que la situación es muy difícil, ya que toda la dinámica educativa se ha estado gestionando por internet y medios telemáticos y un gran porcentaje de las familias con las que trabajamos – que se puede extrapolar a toda la población- no tiene acceso a esas tecnologías”. “Todo se mueve por tablet, ordenador…y en los hogares donde trabajamos no hay ni lo uno ni lo otro, y los dispositivos móviles cumplen las funciones básicas de comunicación, pero no sostienen la actividad de horas y horas de tareas, presentación de trabajos, clases online…”. Otra cosa que ha podido observar desde su trabajo es la comunicación con los colegios, “que ha sido muy dispar”. Según cuenta, ha habido colegios que se han volcado desde el minuto uno y otros que se han despreocupado de esas familias que, en estos duros momentos, necesitaban un apoyo y atención.

“No pasa nada distinto a lo que ya pasaba antes: el sistema educativo hace aguas”

Justamente eso es lo más preocupante, que, salvo casos excepcionales, “la diversidad o las distintas situaciones no se están contemplando” cuenta Virginia López. “Hacer llegar los trabajos ya es difícil para quien no tenga acceso a los recursos tecnológicos necesarios, y luego para quienes acceden, no es tan fácil que tengan en su casa un entorno o un espacio donde hacer las tareas, y por supuesto no tienen la atención necesaria para realizarlas, ya que no todas las familias la pueden cubrir”.

Todo ello va a significar – y de hecho ya significa – que la brecha de desigualdad crezca más, al no facilitar a las familias que lo necesitan los medios básicos para continuar con la educación de sus hijos e hijas de esta forma. “En realidad – dice Virginia López- no pasa nada distinto a lo que pasaba antes del confinamiento, es decir, que el sistema educativo hace aguas y no se preocupa del estudiante en su complejidad de situaciones, sino que adopta una perspectiva sistemática y normativa, sin atender a las necesidades especiales en los casos que lo requieran”. Siguiendo la idea de la educadora, al final las perjudicadas son las mismas, las de siempre: las familias más vulnerables, y concretando aún más, las mujeres.

Lo cierto es que el confinamiento ya planteaba un serio problema en materia de conciliación desde el principio, con el cierre de centros educativos y la carga de teletrabajo de muchas personas: “Una de las muchas cosas de las que nos hemos percatado mis compañeras y yo estos días es que las mujeres, en esta situación y por norma general, tienen una carga terrible; son las que trabajan, se ocupan de la casa y de la crianza, lo que provoca en ellas una situación de estrés importante”, cuenta Virginia López. Además, es importante tener en cuenta todas esas familias monomarentales, en las que en el 83% de los casos están encabezadas por una mujer con sus hijos e hijas, que se traducen – en datos de FAMS (Federación de Asociaciones de Madres Solteras) – en más de 1.500.000 hogares para los que el cuidado de sus menores va a ser más que un reto ante esta situación excepcional de alarma.

Por otro lado, poniendo la mirada en los institutos, Virginia López cuenta que en ese caso “la desigualdad se acentúa aún más y la percepción que hemos podido tener como educadoras es que se está exponiendo al alumnado a una sobre carga de trabajo que no se puede afrontar desde casa, cuando además las materias tampoco son correctamente explicadas utilizando esas vías telemáticas”. Esta brecha es también más grande debido a un nivel educativo más alto y más complejo, que intenta suplirse con más tarea pero que lo único que produce es más agobio y estrés en la persona y en sus familias, que querrán ayudar y “no todo el mundo puede ayudar a resolver una duda de ecuaciones de segundo grado” comenta la educadora.

La clave de todo, sin duda, es la igualdad de oportunidades, que desde luego no se ha contemplado “ni ahora, ni previamente, pero ahora menos que nunca” apunta Virginia López, “y mientras los centros no puedan asegurar la igualdad de oportunidades, la situación es una injusticia”. Lo cierto es que si en una clase ordinaria ya hay situaciones de diversidad que requieren atención, es inimaginable las situaciones que habrá en cada familia y en cada hogar, y por supuesto, en cada persona, entonces “es bastante contradictorio que se haga una evaluación generalizada cuando el propio sistema educativo no puede ofrecer las mismas oportunidades” sentencia López.

Investigación sobre posibles escenarios de evaluación

Ante todo este panorama de educación telemática y deberes online, desde el Ministerio de Educación no se daba una respuesta concreta a las evaluaciones o promociones de curso, ni cómo la plantilla de profesorado debía afrontar la crisis marcando una ruta orientativa. Por ello, se puso en marcha una investigación conjunta de la Universidad de Granada y la Universidad de Málaga, dirigida por Fernando Trujillo, profesor de la primera, titulada “Escenarios de evaluación en el contexto de la pandemia por COVID-19”, destinada a conocer la opinión del conjunto de la docencia del sistema educativo en relación a la evaluación del tercer trimestre y la evaluación final del curso 2019-2020.

La investigación dio la opinión de más de 3000 docentes y reveló que la mayoría rechazaba el aprobado general, que permitiría pasar de curso a todo el alumnado sin importar las notas obtenidas en los dos trimestres anteriores. La encuesta planteaba cuatro posibles escenarios: en el primero, no hacía falta ningún tipo de intervención por parte de la Administración y los centros continuaban con la docencia y la evaluación propias de una situación de normalidad. En el segundo, las exigencias se ajustaban a la situación de confinamiento y el profesorado evaluaba únicamente los contenidos mínimos. En el tercero, se optaba por una evaluación positiva para todos, pero con condiciones: la elaboración de una serie de tareas y su entrega en junio. Por último, como cuarto escenario, se planteaba el famoso aprobado general, sin condiciones, pensado especialmente para no perjudicar al alumnado más desfavorecido y sin acceso a Internet en sus hogares.

El 12% de los profesores y las profesoras de secundaria se decantaron por el aprobado general; el 16% de los de Bachillerato y el 30% en el caso de los de primaria. “La clave para entender las respuestas reside en la etapa en la que trabaja cada docente: los de infantil y primaria son más partidarios de la opción tres, el aprobado con condiciones; mientras que los de secundaria y bachillerato se decantan por el escenario dos, en el que se reducen los contenidos y se evalúa a los alumnos”, detallaba Trujillo en unas declaraciones a El País. En la plantilla de infantil (el 42% escogió el aprobado general), la mayoría de profesores consideraba que es necesario valorar el trabajo realizado durante el confinamiento, lo que se traduce como una falta de visión de conjunto y de igualdad de oportunidades por las que debe abogar un sistema público de educación, al no contemplar el caso de estas familias sin recursos tecnológicos, ni para realizar tareas ni para recibir docencia.

Escenario definitivo

Finalmente, tras el análisis de las distintas peticiones que recibía el Ministerio de Educación y las investigaciones (como la mencionada) que se realizaron en el ámbito educativo, la ministra Isabel Celáa anunciaba ayer la decisión final adoptada por el Gobierno: “aprobado general”, pero con excepciones. De esta manera, se hacía efectivo el acuerdo con las Comunidades Autónomas para que el alumnado de infantil, primaria, secundaria y de primero de bachillerato promocionen (salvo en casos muy puntuales) pero no con la misma nota, por eso no es un aprobado general al uso. Se tendrán en cuenta, pues, las notas obtenidas en los dos primeros trimestres, períodos que, según ha señalado la ministra en la entrevista del informativo nocturno de Telecinco, “se han desarrollado con total normalidad y podrán orientar al profesorado a la hora de evaluar”.

Asimismo, en la Conferencia Sectorial mantenida por videoconferencia entre Isabel Celáa y las Consejerías, se ha dictaminado que los casos de suspenso dependerán “del profesorado y del marco que regulen las distintas Administraciones educativas”. Ante la pérdida de conocimientos y contenidos, también se ha anunciado el refuerzo de los planes de verano de los planes de apoyo usuales en verano para las personas que lo necesiten, así como el despliegue de más docentes que cubran esas horas perdidas y que, entre los meses del verano y el curso que viene, se esperan recuperar con más horas de refuerzo.

En un intento de no perjudicar a los alumnos y las alumnas que no disponen de dispositivos digitales o Internet en casa, el acuerdo contempla que la repetición será una medida “excepcional”, de forma que los equipos docentes necesitarán la autorización de la Administración (no se detalla cuál, aunque fuentes del ministerio señalan que corresponderá a las inspecciones educativas de cada región) para hacer repetir a un o una estudiante. Lo que no contempla es que estudiantes sin medios digitales estarán en una situación mucho más vulnerable ante la adquisición de conocimientos disponibles de forma online, incluso apoyo del profesorado

Ya en la carta de Save The Children, que ha visto en este acuerdo muchas de las medidas que demandaba cumplidas, se abogaba por “dotar a los centros educativos y a los estudiantes de la tecnología y la formación necesarias para tener educación a distancia” ya que la competencia digital no está tan lejos como se cree si se invierte y se apuesta por ella, y se le otorga el valor que en estos momentos se ve que tiene.

La educadora Virginia López apuntaba algo interesante sobre este punto, ya que “es lógico que si un profesor pide las tareas vía email, se garantice que en cada hogar haya mínimo un ordenador, y eso sería posible, aunque los recursos que den los ayuntamientos sean mínimos”. Además, cree que los colegios deberían trabajar inmediatamente en la alfabetización digital de las familias, facilitando así el aprendizaje digital, sobre todo si ese va a ser el recurso en el que se sostenga el sistema educativo el día de mañana.

La verdad es que cae de cajón que las tareas que se impongan estén supeditadas a los recursos disponibles y no al revés. Aunque ella se posiciona en el aprobado general, el quid de la cuestión no es aprobar o no, sino incorporar en el alumnado los contenidos y aprendizajes que van a necesitar en su siguiente etapa, buscando las formas de “garantizar que todos hayan podido tener acceso a los contenidos para que haya igualdad real de oportunidades” concluye la educadora.

“El punto de vista de la educación no puede ser únicamente lo académico, el punto de vista debe ser lo humano, la igualdad, el trato, y es una buena oportunidad para cambiarlo”

Desde el punto de vista del profesorado, Marian Moreno Llaneza, actualmente profesora de Lengua Castellana y Literatura en el IES Emilio Alarcos de Gijón, ha querido recordar que “el esfuerzo por parte del profesorado ha sido brutal, y se ha hecho de la noche a la mañana, a velocidad del rayo, intentando seguir para adelante, incluso trabajando vía móvil para esa parte del alumnado que no tenía otros recursos”. En entrevista con AmecoPress, Moreno Llaneza, referente en coeducación – creadora de Skolae y presidente de la Asociación Clavico- ha resaltado que el verdadero problema es “que desde las autoridades no se han dado desde el principio instrucciones claras y concisas que dijeran ‘a ver, ante esta situación hay que hacer esto, esto y esto’ y eso no se ha dado en ningún momento”.

La situación del profesorado ha dado un giro tremendo y ha sido responsabilidad de la propia persona docente, con sus propios medios también en cuarentena, coordinarse e intentar continuar con su labor profesional. Marian Moreno cuenta como, en algunos casos, “la gente tiene reuniones a diario con resto del equipo docente, con el equipo directivo, luego con las familias… y creo que no se está visualizando el esfuerzo brutal que ha supuesto para unas personas profesionales de un día para otro, ante esta situación tan excepcional, y se hace como se puede”.

Por otro lado, tampoco hay que olvidar la diferencia de medios del profesorado para aquellas personas a las que les haya cogido la cuarentena en zonas rurales, con poca conexión a internet, “aparte de que muchos de los contenidos de nuestro trabajo están en los centros educativos y eso ha sido también un problema” señala la docente.

“No es para que se nos aplauda, pero sí que es necesario hacer un llamamiento a la calma, dar tiempo” continúa Marian Moreno, “también hay una parte del profesorado que debe cuidar a sus mayores y que está viviendo una situación personal complicada. Todas las responsabilidades de este cambio brutal se nos han cargado a las espaldas y desde el equipo docente solo pedimos tranquilidad”.

Justamente ayer, el último responsable en materia educativa, el Ministerio dirigido por Celáa, anunciaba el procedimiento de calificación que se seguirá ante este panorama, que como ha dicho Marian Moreno no es nada diferente a lo que se hace todos los años; “quiero decir, tener en cuenta el trabajo que se ha hecho presencial, tener en cuenta el no presencial (con excepcionalidad de las personas que no han podido hacerlos por falta de medios) e ir siempre en favor del alumnado, eso se ha hecho siempre. Hay excepciones, como en todo, pero esta manera de calificar sí que no es excepcional, aunque sí que es verdad que tranquiliza”.

Lo que también ha resaltado la docente experta en coeducación ha sido el grave problema de conciliación de aquellas familias en las que la falta de medios haya complicado aún más esta situación ya complicada. Hay hogares sin ningún medio digital y otros, donde si hay suerte, habrá un ordenador, que tendrá que repartirse entre el teletrabajo y los deberes del alumnado. Así, Marian Moreno mostraba su admiración por las familias que hayan podido hacer seguimiento y un buen trabajo en sus hogares con el tema de la educación “pero no puede olvidarse la parte más vulnerable del alumnado que ahora es doblemente vulnerable, y esas personas son las que preocupan de verdad al profesorado. Personalmente, me preocupa más si mis alumnos tienen luz o agua caliente que si hayan podido hacer los deberes o no”.

El retorno a los centros educativos el curso que viene aún es una incógnita, que dependerá en gran medida de las recomendaciones sanitarias que se impongan. Para Marian Moreno va a ser sin duda “una explosión emocional brutal” el volver a reencontrarse con el alumnado y poder seguir avanzando en educación. Segura de que el contenido podrá recuperarse sin ningún problema el curso que viene, se pregunta cómo se podrá recuperar el tiempo perdido en el plano emocional del alumnado, “qué habrá pasado con esa niña que tiene una situación de violencia de género en su casa estos meses, cómo habrá pasado ese niño LGTBI que tiene problemas familiares por su condición sexual este confinamiento”.

Sin embargo, hay algo que hace la hace mostrarse positiva y querer aprovechar esta excepcional oportunidad “para cambiar las cosas, para cambiar la educación y el punto de vista de la educación, que no puede ser únicamente académico, sino que ha de ser desde lo humano, desde la igualdad, el trato, el respeto, las relaciones igualitarias y, en definitiva, una lucha por una sociedad mejor”.

Redacción 

SemMéxico/ONU Noticias. Nueva York. 17 de abril de 2020.-  El subsecretario general adjunto de la ONU y director regional de América Latina y el Caribe, Luis Felipe López-Calva, analiza en este artículo cómo las medidas de contención del virus afectan más a las personas más vulnerables en nuestra región:

Uno de los pilares de las políticas de contención para restringir la propagación de COVID-19 es alentar a las personas a quedarse en casa. El distanciamiento social, los estados de emergencia y las cuarentenas se han vuelto esenciales en la lucha por aplanar la curva de contagio en todo el mundo.

Sin embargo, como un artículo reciente mostró usando datos de ubicación de teléfonos celulares de aproximadamente 15 millones de usuarios en los EE.UU., la capacidad de quedarse en casa durante el brote de coronavirus puede ser un lujo que muchos no pueden permitirse.

Los datos muestran que en los EE. UU., si bien las personas de todos los grupos de ingresos se trasladaron menos que lo que lo hacían antes, los ricos tendieron a permanecer más en casa y comenzaron a hacerlo varios días antes que las personas de ingresos más bajos.

Así, estos datos desnudan las desigualdades presentes en la capacidad de protegernos a nosotros mismos y a nuestras comunidades del virus ya que a fin de cuentas son los menos quienes tienen el privilegio de quedarse y trabajar de forma remota desde la seguridad de su propio hogar.

En América Latina y el Caribe, una región con altas tasas de pobreza donde más de la mitad de la fuerza laboral está empleada en el sector informal, quedarse en casa representa un desafío aún más difícil para muchos porque simplemente no pueden permitirse quedarse en casa y no generar ingresos. 

Por lo mismo, para que las estrategias sanitarias implementadas por los gobiernos tengan éxito, es necesario compensar económicamente a grupos vulnerables, no solo los pobres. Dada la urgencia de hacerlo, no es el momento de preocuparse de errores de inclusión.

Cambios de comportamiento en América Latina

Con los datos publicados por Google en sus informes de movilidad comunitaria COVID-19, podemos ver cómo los cambios en los patrones de movilidad han estado tomando forma en América Latina.

Los datos son del 29 de marzo de 2020 y muestran cómo cambian las visitas, y su duración, a diferentes lugares en relación a un valor de referencia. La línea base es el valor promedio, para el día correspondiente de la semana, durante 5 semanas entre el 3 de enero y el 6 de febrero de 2020. Los datos incluyen cambios en la movilidad a destinos que son relevantes para los esfuerzos de distanciamiento social, así como el acceso a servicios esenciales.

Específicamente, los informes incluyen datos para los siguientes tipos de destinos: venta minorista y recreación (lugares como restaurantes, cafeterías, centros comerciales, parques temáticos, museos, bibliotecas y cines); supermercados y farmacias (lugares como mercados de comestibles, almacenes de alimentos, mercados de granjeros, tiendas especializadas de alimentos, farmacias y farmacias); parques (lugares como parques nacionales, playas públicas, marinas, plazas y jardines públicos); estaciones de tránsito (lugares como centros de transporte público, como estaciones de metro, autobús y tren); lugares de trabajo; y lugares de residencia.

Los datos muestran que a raíz del COVID-19, los países de América Latina y el Caribe han visto una disminución en las tendencias de movilidad fuera del hogar, con grandes variaciones entre países y tipos de destinos.

En ausencia políticas compensatorias, el COVID-19 puede continuar siendo un virus que discrimina a los pobres.

En promedio, en todos los países los viajes disminuyeron 71% a las estaciones de tránsito, 69% a tiendas y lugares de recreación, 63% a parques, 48% a tiendas de comestibles y farmacias, 44% a lugares de trabajo, y aumentaron 20% a ubicaciones residenciales.

Los cambios generales más grandes en los patrones de movilidad se han producido en Bolivia, Aruba, Colombia, Argentina, Ecuador, y los cambios generales más pequeños se han producido en México, Trinidad y Tobago, Nicaragua y Haití.

Si bien estos datos muestran informaciones de varios países en Américo Latina, para obtener una imagen holística de lo que está sucediendo en la región, es importante tener en cuenta que los datos en todos los países pueden no ser estrictamente comparables, ya que la descripción de Google de los datos señala que la precisión y la definición de los lugares categorizados varía según el país.

Para tener una mejor idea de las desigualdades en los patrones de movilidad, deberíamos considerar cómo estas tendencias difieren según dimensiones de género, origen étnico y estado socioeconómico.

Desafortunadamente, los datos no están disponibles actualmente en un formato tan desagregado. Sin embargo, al comparar los cambios en los patrones de movilidad con la proporción de la población que vive en la pobreza en un país, comenzamos a ver aproximadamente cómo las desigualdades económicas en la movilidad pueden estar tomando forma.

Menos movilidad a mayor pobreza

Específicamente, los datos de Google muestran que a raíz del COVID-19, los países de América Latina con una mayor proporción de personas que viven en la pobreza han visto reducciones menores en las tendencias de movilidad fuera del hogar.

Esta asociación entre movilidad y pobreza es válida para todos los tipos de destinos no residenciales incluidos en el conjunto de datos y todas las líneas internacionales de pobreza ($ 1.90 por día, $ 3.20 por día y $ 5.50 por día).

A nivel de políticas, esto sugiere que para que las medidas de contención sean exitosas, se debe considerar una compensación a aquellos que no pueden generar ingresos, particularmente en contextos de alta pobreza y alta informalidad.

Por ejemplo, los enfoques de redes de seguridad social para proporcionar a los trabajadores informales fuentes alternativas de ingresos pueden ayudar a permitir que esta población reduzca sus viajes fuera del hogar.

En ausencia de estas políticas, el aislamiento podría simplemente no ser una opción para algunos, y COVID-19 puede continuar siendo un virus que discrimina a los pobres.