La Guardia Nacional de México, con funciones de policía. Imagen: Gobierno de México
La Guardia Nacional al depender directamente de los mandos de las Fuerzas Armadas, cambio que expresa militarización de la seguridad, con riesgos para los derechos humanos.
ONU-DH: A diez años de Ayotzinapa, es con base en el diálogo como se podrá auspiciar una búsqueda e investigación efectivas.
SemMéxico/ONU Noticias, Ciudad de México 27 de septiembre, 2024.- En el marco del décimo aniversario del inicio de la desaparición forzada de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reconoce la dignidad inquebrantable de las familias de los normalistas. Las madres y padres siguen reivindicando con claridad y firmeza el único objetivo que les ha impulsado desde el primer día: encontrar a sus hijos y lograr que se haga justicia, sancionando a los responsables.
Al mismo tiempo expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas expresaron su alarma ante la reforma constitucional que avanza en México y que militarizaría la seguridad ciudadana, al colocar a la Guardia Nacional a órdenes de las Fuerzas Armadas, en una declaración divulgada este martes 24.
“Nos alarma que, de aprobarse la propuesta de reforma constitucional, ésta asignaría de forma permanente funciones de seguridad pública a las Fuerzas Armadas”, dice la declaración rubricada por una decena de especialistas independientes que actúan bajo el paraguas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza.
Sobre el caso de los 43, ONU informa que la extrema gravedad de lo ocurrido, los resultados insatisfactorios — así reconocidos por todos los actores— y la perseverancia de las familias hacen imprescindible recuperar el diálogo, restablecer la confianza y adoptar acciones renovadas que permitan esclarecer plenamente lo ocurrido, develar la verdad y castigar a todas las personas que participaron por acción u omisión en los hechos.
En este contexto, volvemos a saludar el importante encuentro sostenido entre la Presidenta electa de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo y los padres y madres de Ayotzinapa el pasado 29 de julio. El diálogo franco y constructivo es indispensable para revertir el estado actual del proceso y generar resultados tangibles.
Desde ONU-DH, reconocemos los esfuerzos desplegados por aquellos servidores públicos que se han comprometido con la búsqueda de la verdad y la justicia y nos solidarizamos con aquellos que han enfrentado consecuencias negativas inaceptables por su determinación. Alentamos al Estado en su conjunto —tanto a las autoridades civiles como militares— a superar los obstáculos que han impedido alcanzar los objetivos deseados.
A lo largo de esta década, valoramos el acompañamiento profesional que han brindado las organizaciones de la sociedad civil a las familias de los normalistas. Su contribución ha sido fundamental y merece ser reconocida de manera objetiva.
El caso de los normalistas de Ayotzinapa ilustra los desafíos que enfrenta el Estado para proteger a las personas contra las desapariciones forzadas. Desde ONU-DH reiteramos nuestro llamado del Día de las Víctimas de Desapariciones Forzadas a adoptar una agenda vigorosa, basada en diez temas prioritarios, que impulse las soluciones que las víctimas y sus familias merecen, atendiendo la naturaleza específica de cada caso. Hacemos un llamado para que las movilizaciones y expresiones de solidaridad de esta jornada se realicen dentro de los cauces propios de una sociedad democrática en la que se ejerce, respeta y protege el derecho de reunión pacífica.
Finalmente, como ONU-DH, refrendó su de seguir acompañando a las familias de los normalistas desaparecidos y a las autoridades que están dispuestas a materializar la verdad y la justicia.
Alarma Internacional por militarización en México
Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas expresaron su alarma ante la reforma constitucional que avanza en México y que militarizaría la seguridad ciudadana, al colocar a la Guardia Nacional a órdenes de las Fuerzas Armadas.
“Nos alarma que, de aprobarse la propuesta de reforma constitucional, ésta asignaría de forma permanente funciones de seguridad pública a las Fuerzas Armadas”, dice la declaración rubricada por una decena de especialistas independientes que actúan bajo el paraguas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
La propuesta de reforma constitucional fue aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de septiembre -con una cómoda mayoría calificada de las bancadas favorables al gobierno-, y está previsto que se someta a votación en el Senado esta semana, donde el oficialismo también espera reunir los dos tercios de votos necesarios.
Los expertos de la ONU consideran que “el potencial impacto de esta modificación en el aumento de las desapariciones forzadas y la impunidad es extremadamente preocupante”.
Desde hace varios años, expertos y relatores de la ONU han advertido que México incrementó progresivamente el papel de las Fuerzas Armadas en su modelo de seguridad interior, a través de políticas públicas y diferentes iniciativas de reforma legislativa y constitucional.
La propuesta de reforma constitucional sometería a los miembros de la Guardia Nacional a la jurisdicción militar y elevaría a rango constitucional su facultad para participar en actividades de investigación criminal.
También ampliaría las funciones de las Fuerzas Armadas en la vida pública del país, más allá de lo estrictamente relacionado con la disciplina militar, según los expertos.
“De aprobarse, México contravendría numerosas recomendaciones formuladas por órganos de tratados y procedimientos especiales de Naciones Unidas que, desde 1999, han señalado la necesidad de asegurar que las labores de seguridad pública sean realizadas por fuerzas de seguridad civiles”, indica la declaración.
Recuerda recomendaciones de documentos y entidades de la ONU para garantizar que la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública sea “estrictamente extraordinaria, complementaria, subordinada a la autoridad civil y supervisada”.
«Además, México debe garantizar el alcance restrictivo y excepcional de la jurisdicción militar para prevenir la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, tales como la tortura, detención arbitraria, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada”, según el texto de los responsables en derechos humanos.
Los expertos “reconocemos los desafíos en materia de seguridad que tiene México, pero “hacemos un llamado para que las medidas implementadas para enfrentarlos sean conformes con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, insistieron.
“Nos preocupa, además, que funcionarios y funcionarias de las Fuerzas Armadas han sido señalados en el pasado por presuntas violaciones a los derechos humanos. Estas alegaciones deben ser investigadas y los responsables deben comparecer ante la justicia”, agrega la declaración.
Para los expertos de la ONU “la Guardia Nacional debe seguir dependiendo de las instituciones civiles, y es necesario fortalecer sus capacidades desde un paradigma de seguridad ciudadana, así como fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas para garantizar su eficacia”.
“También es importante generar las condiciones para un diálogo reflexivo que analice y discuta las acciones a seguir para avanzar en un plan de retiro gradual de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública», agregaron.
Finalmente informaron que están en contacto con las autoridades mexicanas y expresan al Gobierno su disposición a brindar cooperación y asistencia técnica.
El objetivo de estos contactos es “garantizar que se respeten los derechos humanos de las víctimas, y que cualquier caso de desaparición forzada sea investigado de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos”.
Los expertos que firman la declaración son las integrantes del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas e involuntarias, que preside Aua Baldé; Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, y Gina Romero, relatora sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.
Asimismo, Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, y los integrantes del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, que preside Matthew Gillett.
