* Congreso local
aprobó modificaciones al Código Penal
* Piden
fracciones parlamentarias modificaciones al presupuesto estatal
Soledad Jarquín
Edgar
SemMéxico, Oaxaca, 15 de abril, 2020.- El Congreso local
aprobó hoy las modificaciones al Código Penal para sancionar delitos a
servidores públicos que pertenezcan al Sistema Estatal de Salud, cometidos
durante la contingencia sanitaria, para sancionarlos con una pena más “dura”
hasta con seis años de prisión, el doble de lo que se tenía contemplado, apuntó
en la presentación de la iniciativa la diputada Migdalia Espinosa Manuel.
En sesión ordinaria, en la que también se clausuró el
primer periodo del segundo año legislativo, las y los diputados aprobaron, por
obvia y urgente resolución, la modificación del Capítulo IV de los delitos
cometidos contra servidores y funcionarios públicos, del Título Cuarto del Libro
Segundo, adicionando el artículo 187 Bis y, se le agrega un tercer párrafo al
artículo 412 Bis recorriéndose los subsecuentes, del Código Penal para el
Estado.
De esta
manera el Artículo 187 contempla que “al que cometa un delito contra un
servidor o funcionario público o agente de la autoridad en el acto de ejercer
lícitamente sus funciones, o con motivo de ellas, se le aplicarán de tres días
a tres años de prisión, además de la que le corresponda por el delito cometido”.
La
adición al artículo 187 Bis agrega específicamente que cuando se trate de un
servidor público que pertenezca al Sistema Estatal de Salud durante el periodo
que comprenda la emergencia sanitaria, la pena de prisión deberá aumentarse
hasta en tres años más, además de la que le corresponda por el delito cometido.
En el supuesto anterior, el delito se perseguirá de oficio.
Estas
modificaciones se refieren a las cometidas contra el personal médico y de
enfermería y demás profesionistas similares y auxiliares de cualquier personal
de salud del sector privado o público que presten sus servicios en el Estado,
durante el período que comprenda la declaración de una emergencia sanitaria, la
pena de prisión se incrementará en una mitad o de doscientos veinticinco a
cuatrocientos cincuenta días de trabajo a favor de la comunidad y hasta
cuatrocientos días multa.
La reforma contempla que al servidor público que, por las razones previstas
en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un
trámite, servicio o prestación a que tenga derecho se le aumentará en una mitad
la pena prevista en el segundo párrafo del presente artículo, y además se le
impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo,
empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad
impuesta.
No
serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la
protección de los grupos socialmente desfavorecidos.
Cuando
las conductas a que se refiere este artículo sean cometidas por persona con la
que la víctima tenga una relación de subordinación laboral, la pena se
incrementará en una mitad.
Asimismo,
se incrementará en una mitad la pena cuando los actos discriminatorios limiten
el acceso a las garantías jurídicas indispensables para la protección de todos
los derechos humanos. Este delito se perseguirá por querella.
El congreso local amplió el plazo de suspensión de todas
las actividades no esenciales, retomándose las actividades hasta el 20 de
abril.
Una crisis de
salud y económica en puerta
En su intervención, por el PAN, María de Jesús Mendoza
Sánchez, se refirió a las denuncias en medios de comunicación sobre la falta de
material y equipo de protección para el personal médico, así como del supuesto
robo en el hospital general Dr. Aurelio Valdivieso. Asimismo, dijo que la
diputación debe hacer algo ya que más del 50 por ciento de la población vive
del comercio informal, “busquemos la forma de que la deuda de 3 mil 500
millones de pesos que se aprobó…que se redirecciones el dinero, chingao, busquemos la forma que se haga
un programa para las personas que no tienen dinero…y poder llevar dinero esa
gente”.
También denunció que empresa están corriendo a la gente,
entre ellas, citó los casos de Farmacias del Ahorro y Liverpool de Oaxaca.
Aleida Serrano Rosado, del grupo parlamentario de Mujeres
Independientes, planteó que en la entidad el 80 por ciento de la población
económicamente activa lo hacen en actividades informales, por lo que el impacto
por el aislamiento recomendado ante el COVID 19 será un gran golpe.
Se refirió también a la deuda aprobada el año pasado, y
pidió a la Legislatura vigilar el programa planteado por el gobierno estatal
para que esos recursos lleguen a los grupos más vulnerables, que se compre el
equipo médico y medicamentos necesarios, a fin de transparentar el ejercicio
anunciado por Alejandro Murat.
Un decálogo
En su momento el diputadoNoé Doroteo Castillejos del PT sostuvo que el gobernador Alejandro
Murat planteó el Programa de Incentivos y Apoyo para la Estabilidad Económica
por un monto de mil 270 mil millones de pesos, que es insuficiente.
Por ello dijo que la bancada del Partido del Trabajo
propuso un decálogo: 1) Modificar el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2022 que
ha quedado rebasado con la pandemia; 2) Suscribir el convenio de adhesión al INSABI,
que no ha firmado Oaxaca, y que de los recursos que ya se designaron, 500 millones
de pesos se utilicen a la brevedad con la fiscalización, rendición de cuentas,
seguimiento de la comisión de salud del congreso; 3) instalar el comité de
seguimiento de los programas de la emergencia sanitaria con las áreas de
gobierno y comisiones del congreso necesarias.
4) Asegurar el abasto de insumo y medicamentos para
pacientes y personal que laboran en las instituciones; 5) Reducción o
eliminación de partidas viáticos, gastos suntuarios, gastos de comunicación,
recortes que se puedan hacer en la administración pública; 6) De los proyectos
de infraestructura anunciados derivados de la aprobación del refinanciamiento
que aprobó el Congreso, se atiendan solamente los que tengan soporte técnico,
que se privilegie los que tengan impacto social y económico. Entre ellos
consideró los de agua potable.
7) Implementación de un plan de reactivación económica
que contemple el apoyo al sector formal como informal, y dijo que el gobernador
anunció 190 millones de pesos, insuficientes, por lo que propuso que esos
recursos se conviertan en fondo de garantía líquida se puedan mezclar con
Nacional Financiera y posiblemente lleguemos al orden de los mil 500 millones
de pesos; 8) Un plan emergente de atención al campo oaxaqueño, debemos
privilegiar el autoconsumo, siembra de traspatio y alimentos básicos, que va a
paliar la alimentación.
9) Establecer un esquema de cocinas comunitarias. Para
evitar la repartición de despensas, y 10) Establecer urgentemente mecanismos
para la mezcla de recursos con autoridades municipales, estatales y el gobierno
federal para re priorizar en obras como agua, saneamiento, actividades
productivas. Puso el ejemplo de cinco presidentes municipales de la costa que
destinaron recursos al equipamiento de hospitales.
Política
carroñera
El diputado Jorge Villacaña Jiménez del PRI irónicamente
sostuvo que frente a la crisis sanitaria y económica que se avecina, “hay un
caldo de cultivo que le cae como anillo al dedo a la política carroñera,
aquella política que busca el lucro personal en medio de las peores tragedias”.
Dijo que el priismo ofrece “a cambio de nuestro apoyo”
unidad, respeto, actuar con mesura, prudencia y hacer a un lado “la visión
pueblerina, de buenos contra malos , fifís contra chairos, acueérdense que en
unos meses todos vamos a hacer conservadores, vamos a conservar nuestra casa,
nuestro coche”.
En plan más serio –dijo- hay dos cosas que nos preocupan,
la crisis fiscal que se avecina, que pone en riesgo 12 mil millones de pesos solo
del Ramo 28, para nuestro estado, vemos estados del norte de la República están
denunciando el pacto fiscal actual de manera concertada y egoísta, poniendo a
los estados del sur, como Oaxaca, en calidad de parias, sin pensar en lo que
los estados sureños le hemos aportado a la federación, tenemos que impedir que
este despropósito fructifique.
Reformular el
presupuesto de Egresos estatal
Por último, la diputada de Morena, Delfina Elizabeth Guzmán
Díaz, exhortó al gobernador Alejandro Murat a constituir una comisión
intersecretarial para la planeación, implementación, coordinación, vigilancia y
evaluación de las medidas que se emitan para la atención y contención del COVID
19 y sus consecuencias, bajo un enfoque de derechos humanos y con perspectiva
de género.
Propuso establecer una mesa técnica con el Congreso del
estado para reformular el Presupuesto de Egresos, incluyendo la revisión de los
recursos previstos a los Poderes para hacer frente a la epidemia, priorizando
la atención a la salud, abasto de agua y alimentario.
Además, solicitó subsidios, rentas básicas y otras
medidas de apoyo a los grupos en situación de vulnerabilidad. Garantías al
personal médico para que cuente con recursos para la realización de su trabajo
y protección personal, así como seguridad, y que se aclare el supuesto robo de
equipo médico en el Hospital General.
También llamó a que los poderes Judicial y Ejecutivo
realicen pre liberaciones, por semi libertad, multas o prisión domiciliaria,
cuando sea jurídicamente procedente, a personas mayores de 60 años, mujeres
embarazadas y aquellas que tienen hijos menores de edad para evitar contagios.
