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Piden excarcelación de mujeres y personas mayores por COVID-19

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* Organizaciones llaman a cambiar prácticas de detención y despresurizar sus cárceles ante pandemia

* Centros penitenciarios sin condiciones idóneas para evitar la pandemia

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 19 de marzo 2020.- Organización civiles demandaron que los gobiernos, federal y estatales, tomen medidas ante el COVID-19 para mitigar los contagios en los centros penitenciarios del país, que explican tienen carencias para garantizar la seguridad de las personas privadas de su libertad y también para el personal.

En un comunicado difundido por Equis Justicia para la Mujeres proponen cuatro medidas: Una, adoptar una política de no detención de personas por delitos no violentos, como es el caso del transporte y posesión de sustancias ilícitas o infracciones administrativas. En asuntos penales, debe privilegiarse, como la Constitución mandata, el uso de las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

Dos, liberar a mujeres privadas de la libertad por delitos no graves o que no involucraron violencia. Esta propuesta forma parte de la Ley de Amnistía, la cual ya ha sido presentada en el Congreso y cuya aprobación debe acelerarse para ponerlas a salvo a ellas y a sus hijas e hijos.

Tres, excarcelar, tal como lo señala la Ley Nacional de Ejecución Penal en su artículo 146, a personas adultas mayores, o con alto riesgo de desarrollar complicaciones por COVID-19, entre ellas, mujeres embarazadas, personas con diabetes, hipertensión y VIH.

Y cuatro, adoptar medidas de carácter urgente al interior de los centros de detención para garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad.

Señalan que la suspensión de visitas no es una medida suficiente y antes de optar por ello, los gobiernos deben tomar en cuenta que en varios centros penitenciarios son las familias y no las instituciones quienes proveen alimentos, medicamentos, agua y otros enseres a la población. En ese sentido, negar la entrada a visitas pondrá en mayores riesgos a las personas privadas de la libertad.

En el comunicado explican que ante el brote del COVID-19, algunos países han tomado medidas para mitigar los contagios dentro de las cárceles. Por ejemplo, señalan el caso de Irán, donde se liberó a 85 mil personas de sus prisiones, mientras que en Nueva York se ha pedido la liberación de las personas privadas de la libertad con alto riesgos de salud.

Jueces en Ohio ordenaron también la liberación de detenidos en cárceles municipales y, en Los Ángeles, han liberado a 678 personas en las últimas dos semanas por la creciente preocupación por la pandemia.

Por ello, sostienen, México debe tomar medidas similares para evitar la propagación del virus. Debido a las condiciones de estrecha proximidad, el encarcelamiento genera las condiciones idóneas para el contagio y éstas se agravan cuando existe hacinamiento, falta de agua y condiciones de higiene.

De acuerdo con el INEGI, en México actualmente hay 202 mil 337 personas en los reclusorios y el 37 por ciento de las prisiones presentan sobrepoblación. A nivel nacional, 46 por ciento de las personas privadas de la libertad comparten celda con más de 5 personas y en algunos estados el número de personas por estancia es mucho mayor.

En el Estado de México, la entidad con mayor población penitenciaria, 37 por ciento de las personas recluidas comparten celda con más de 15 personas. Una política de sana distancia simplemente no es posible bajo estas circunstancias. Además, según el INEGI, 11.2 por ciento de esta población es mayor de 50 años y entre ella existe una alta incidencia de enfermedades que pueden provocar formas más graves de COVID-19.

Por si fuera poco, las carencias de agua y artículos de aseo personal hacen imposible lograr las condiciones de higiene que permitirían prevenir contagios masivos en los centros penitenciarios. Según datos del INEGI, 30 por ciento de las personas privadas de la libertad no tienen acceso a agua potable en su celda (en el Estado de México este porcentaje asciende a 52 %) mientras que, en centros estatales y municipales, solo 7.6 por ciento de las personas recibe artículos de limpieza por parte de la institución.

Además de las condiciones deplorables en las que están las cárceles en México, es importante recordar que el 38.5 por ciento de quienes están privadas de la libertad ni siquiera cuentan con una condena, según la última edición publicada del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional (octubre 2019).

Los riesgos de contagio, sin embargo, no solo son para las personas privadas de la libertad, sino también para el personal que ahí labora y para los familiares que visitan los centros. En este sentido, vale la pena preguntarse: ¿qué medidas, acorde con los derechos humanos, se están adoptando para mitigar los riesgos en estos lugares? ¿Están preparadas las instituciones de salud para atender a estas poblaciones?

Lo cierto es que, durante la pandemia, las instancias de seguridad no pueden continuar actuando de la misma forma. Dado que cada nueva persona ingresada al sistema genera riesgos adicionales, habría que limitar el encarcelamiento como medida de control social.
 

Las organizaciones urgimos a las autoridades a cumplir con su obligación de proteger los derechos de las personas privadas de la libertad, incluido el derecho a la salud. Proteger la salud pública en general, necesariamente implica velar por la salud de las personas que se encuentran en prisión.

La petición fue planteada por CAIFAM: Centro de Apoyo Integral para Familiares de Personas Privadas de la Libertad; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juarez A.C. (Centro Prodh); Colectiva Hermanas en la Sombra
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Documenta A.C.; Elementa DDHH A.C.; EQUIS Justicia para las Mujeres A.C.;
Intersecta, Organización para la Igualdad A.C.; México Unido Contra la Delincuencia A.C.; Mujeres en Espiral; Mujeres Unidas por la Libertad; Red de Juventudes VIRAL, y Reinserta A.C.

SEM/sj

Nuevo marco normativo de violencia política, fortalece la justicia

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* Obsevatorio de Participación Política de las Mujeres celebra las reformas

*  Un paso más para garantizar el avance de las mujeres en todos los ámbitos

Lorena Vaniezcot

SemMéxico, Cd. de México, 18 de marzo 2020.- Con la aprobación del marco normativo de violencia política de género, el primer Congreso de la Unión paritario reivindica y fortalece la justicia para todas las mujeres que han abierto y, a la par, han reducido brechas para dotarnos de libertad de acción, decisión y participación pública y política.

Así lo señaló el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en un carta pública en la que además sostiene que “este es un paso más para garantizar el avance de las mujeres en todos los ámbitos, así como para lograr su empoderamiento y coadyuvar en el ejercicio pleno de sus derechos, sin ningún tipo de discriminación ni violencia”.

Celebra y reconoce el trabajo legislativo realizado por el Congreso de la Unión al aprobar el dictamen que reforma y adiciona diversas leyes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres, así como para establecer medidas de protección y reparación del daño para todas aquellas mujeres que han sido víctimas del machismo, discriminación y exclusión.

El mecanismo plural integrado por instituciones, organizaciones de la sociedad civil, activistas y academia, en una carta pública señala que reformas como la realizada en materia de violencia política son el resultado del compromiso de las y los legisladores de ambas Cámaras, pero también es el producto de haber logrado la consolidación de un Congreso de la Unión paritario, donde las voces y demandas de las mujeres son escuchadas y atendidas.

La exigencia por el reconocimiento de la violencia política en razón de género representaba un gran pendiente en la agenda nacional, demandado enérgicamente por las instituciones, colectivos de mujeres, presidentas municipales, legisladoras y en general por aquellas que participan en la vida política y pública del país.

Por ello, celebran los cambios legislativos y llaman a todas las mujeres y las instituciones competentes para hacer uso de estas herramientas y ponerle un alto a la nueva modalidad de violencia “que lacera la democracia y vulnera los derechos por los que todas y todos hemos luchado”.

Las integrantes del Observatorio de Participación Política de las Mujeres hacen un recuento de las modificaciones que implicó la reforma: se establece el tipo penal de violencia política, se señalan atribuciones a distintas instituciones para promover una cultura de no violencia, se instauran sanciones administrativas, así como medidas cautelares y de reparación del daño. Todos estos, elementos integrales para combatir esta problemática.

Además, consideramos de gran relevancia la obligatoriedad a los partidos políticos de garantizar la paridad en candidaturas y en la dirección de sus órganos internos, con lo cual se pone de manifiesto que nunca más debe dejarse fuera de los espacios de toma de decisiones a las mujeres.

SEM/lv/sj

Acuerdan medidas de prevención por COVID-19 con personal del Senado

* Mujeres embarazadas, con hijos mejores de 8 años podrán ausentarse

* De la misma forma personas mayores de 65 años

Redacción
SemMéxico, Cd. de México, 19 de marzo 2020.- Mujeres embarazadas o en lactancia, madres con hijos menores de ocho años, mayores de 65 años y personas con factor de riesgo, que laboran en el Senado de la República, podrán no acudir a sus lugares de trabajo, hasta nuevo aviso, como medida preventiva ante el Covid-19.

En dichos casos, los titulares de las unidades administrativas, legislativas y técnicas determinarán las formas de contacto, como medios electrónicos, digitales o videollamadas, entre otros mecanismos, para solicitar el apoyo de las y los trabajadores, en caso de ser necesario.

La propuesta fue planteada por el senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, y presidente de la Junta de Coordinación Política, la cual fue aprobada por la asamblea como de urgente resolución.

De igual forma solicitaron que personal que presente síntomas asociados al coronavirus deberá reportarlo inmediatamente a su jefe directo y éste al titular del área de adscripción, el cual lo hará del conocimiento a la Dirección General de Recursos Humanos.

Lo anterior para que, en conjunto con la Dirección General de Servicios Médicos del Senado, atiendan de manera inmediata y directa el o los casos que se pudieran presentar, conforme al protocolo establecido en coordinación con las autoridades sanitarias correspondientes.

SEM/sj

Feministas piden al Congreso de Guerrero legislar apegados a derecho

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* Demandan homologar legislación local con la federal

* Legislar sin moralismos ni a la religión exigen las mujeres

Josefina Aguilar Pastor

SemMéxico, Chilpancingo, Gro., 19 de marzo 2020.- Activistas de distintas organizaciones de mujeres, exhortan a los diputados del Congreso local a cumplir su obligación de legislar con apego a derecho y estado laico, dejar de lado formas morales, religiosas y personales de pensar y cumplir con la obligación que adquirieron al momento de ser elegidos.

El pasado 12 de marzo, ante el Pleno del Congreso Local, se presentó una iniciativa de Decreto para reformar el Artículo 159 del Código Penal 499 del Estado, en el que se establece que en caso de violación se elimine la autorización del Ministerio Público para que las mujeres puedan acceder de manera libre, segura e informada a la interrupción del embarazo, propuesta que fue turnada a Comisiones para su análisis y dictaminación.

En un escrito enviado a los diputados, Omar Jalil Flores Majul (PRI), Moisés Reyes Sandoval (Morena), Servando de Jesús Salgado Guzmán (Sin partido), Guadalupe González Suástegui (PAN) y Ossiel Pacheco Salas (Morena), que conforman la comisión de Justicia a la que fue turnada la iniciativa, las mujeres y organizaciones feministas promoventes exigen la homologación Código Penal 499 con la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046).

De manera concreta señalan la Fracción I del Artículo 159 del citado Código, y así garantizar a todas las víctimas de violación sexual acceder a servicios integrales de salud que incluyan la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) sin que ésta tenga que ser autorizada por el Ministerio Público. 

Hacen un llamado a “que los intereses personales o las creencias religiosas no prevalezcan entre las diputadas y los diputados en este Congreso Local; y que al momento de cumplir su obligación de legislar lo hagan con apego a los tratados internacionales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes generales nacionales aplicables, que mandatan la protección, promoción, garantía y respeto de los derechos humanos”.

Refieren que en México, cada año 11 mil niñas se convierten en madres -34 cada día-, producto de hechos de violencia sexual, los cuales ocurren principalmente en el seno de la familia. La mayoría son menores de 15 años y Guerrero es uno de las entidades con una prevalencia alta de fecundidad en niñas y adolescentes de 10 a 14 años.

Al mismo tiempo, mencionan la solicitud de la declaratoria de la segunda Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, presentada el 8 de marzo del 2019, cuya finalidad es eliminar las desigualdades producidas por un ordenamiento jurídico o políticas públicas que impidan el reconocimiento o el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres protegidos en todos aquellos instrumentos internacionales reconocidos y ratificados por el Estado mexicano, a través de acciones gubernamentales.

Precisan que el agravio comparado se presenta cuando un ordenamiento jurídico vigente o una política pública contenga alguno de los siguientes supuestos y éstos transgredan los derechos humanos de las mujeres; distinciones, restricciones o derechos específicos diversos para una misma problemática o delito, en detrimento de las mujeres de esa entidad federativa o municipio; no se proporcione el mismo trato jurídico en igualdad de circunstancias, generando una discriminación o consecuente agravio; o se genere una aplicación desigual de la ley, lesionándose los Derechos Humanos de las Mujeres, así como los principios de igualdad y no discriminación.

Dichos supuestos se cumplen y así fue constatado por el Grupo de Trabajo que atiende el proceso de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado que recomendó al Estado de Guerrero, entre otras cosas, revisar y reformar la legislación relacionada a la interrupción legal del embarazo por causal excluyente de violación, que implica que el Poder Ejecutivo coadyuve con el Poder Legislativo para hacer efectiva la propuesta de reforma planteada y, con ello, homologar el Código referido con la NOM-046, sin que esto se haya cumplido hasta el momento.

SEM/jap/sj

Presenta Xóchitl Gálvez denuncia ante Fiscalía contra Hospital de PEMEX

* Pide que se investigue la probable comisión del delito de homicidio en perjuicio de 8 personas

* Por la aplicación de fármaco contaminado, que provocó daños a la salud de más pacientes

Elda Montiel

SemMéxico, Cd. de México, 19 de marzo 2020.- La senadora panista Xóchitl Gálvez, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investigue la probable comisión del delito de homicidio en perjuicio de ocho personas y el delito de lesiones en contra de otras personas más a quienes se les suministró Heparina Sódica contaminada en el hospital de Pemex, en Villahermosa, Tabasco.

La denuncia dirigida al fiscal Alejandro Gertz Manero, señala que, de acuerdo a informaciones periodísticas a lo largo de estas dos últimas semanas, dan cuenta de fallecimientos de ocho personas y mal estado de salud en el que se encuentran otras, tratadas por insuficiencia renal con un fármaco contaminado en sus procedimientos de hemodiálisis aplicados en el Hospital Regional de Petróleos Mexicanos en Villahermosa, Tabasco.

 “Que la responsabilidad de esos ilícitos, así como la posibilidad de la presencia de otros delitos de corrupción, podrían recaer en servidores públicos de la Federación, lo cual lleva el asunto al ámbito de su competencia”, establece la denuncia.

La senadora afirmó que es momento de que el gobierno asuma su responsabilidad ya que éste compró los medicamentos y su suministro tuvo como consecuencia la muerte de personas y el grave estado de salud de otras más.

Además de la denuncia, la senadora panista señaló que se enlisto en la Gaceta Parlamentaria un punto de acuerdo para que el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, comparezca ante Comisión de Salud del Senado de la República, a fin de que informe lo sucedido, así como las medidas sanitarias que se realizan en el Hospital Regional de Villahermosa, Tabasco.

También se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que se investigue los hechos posiblemente violatorios de derechos humanos, y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), para que brinde, de manera urgente, las medidas y atención inmediata a las víctimas directas e indirectas de este caso.

Exhorta a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que inicie y dé prioridad a las investigaciones que permitan deslindar las responsabilidades administrativas correspondientes y, finalmente, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para que refuerce las acciones de fármaco-vigilancia que aseguren que no exista más medicamento contaminado.

SEM/em/sj

Ley de Amnistía favorecerá a sentenciadas o procesadas por aborto

* Aprueban la minuta con proyecto de decreto, se envió a la mesa directiva del Senado

* La condición de las mujeres en reclusión es de pobreza, desconocen sus derechos

Elda Montiel

SemMéxico, Cd. de México, 19 de marzo 2020.- La Comisión para la Igualdad de Género aprobó por unanimidad la opinión sobre la minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Amnistía por diversos delitos, entre ellos aborto, que fue enviada a la Mesa Directiva del Senado para su proceso legislativo correspondiente.

En reunión extraordinaria, la senadora por Morena, Martha Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión, destacó el esfuerzo por ampliar la protección de los derechos humanos a grupos vulnerables históricamente discriminados como son las mujeres procesadas o sentenciadas por aborto, homicidio debido al parentesco, delitos contra la salud, robo simple y sin violencia y sedición.

Así como las personas de pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, o con alguna condición de discapacidad permanente, cometidos por indicación de cónyuge, concubinario o concubina, pareja sentimental, pariente consanguíneo o por afinidad sin limitación de grado, por temor fundado, u obligado por grupos de la delincuencia organizada a cometerlo.

La senadora de Morena explicó que es necesario que las acciones de reinserción social se integren y armonicen en una ruta de acción que atienda las necesidades económicas, sociales y educativas de las personas beneficiarias, para asegurar condiciones de vida digna y alternativas de vida ajenas a la delincuencia.

La condición de las mujeres en reclusión es de pobreza, desconocen sus derechos, no hablan el idioma y son las que sostienen a sus familias, lo que no se consideró como lo más importante para decidir si debían o no estar en reclusión.

También se refirió a la situación de las mujeres embarazadas en reclusión que solo tienen dos opciones, cuando no hay quien cuide de sus hijas e hijos, y es que nazcan en reclusión y permanecen hasta los tres años con la madre, o que sean asignados a una casa hogar o de asistencia social, y en ambos casos se vulnera el interés superior de la niñez, ya que resultarían víctimas fáciles del crimen organizado y del tráfico de drogas y de personas.

La legisladora expresó que es importante ampliar las posibilidades jurídicas con los delitos de aborto y con relación al parentesco, debido a que, existen mujeres sentenciadas por otras modalidades de homicidio calificado en las que el sujeto pasivo es el producto de la concepción.

Por su papel histórico de cuidadoras las mujeres además de la responsabilidad de hijas e hijos, lo son de sus dependientes y, en el caso de ser personas mayores o con alguna condición de discapacidad, cuando están privadas de la libertad dejan a su familia en una situación de indefensión económica y social.

Al respecto, el senador morenista Martí Batres señaló que al abordar temas como la amnistía vinculados a cuestiones de criminalidad, al castigo y prisión es relevante determinar qué conductas son realmente criminales para la sociedad y no criminalizar a las mujeres, menos cuando estamos en un país donde se cometen tantos delitos, donde la ola de homicidios creció de manera exponencial a partir del 2007.

Por otra parte, las personas transexuales, intersexuales y transgénero en reclusión sufren graves violaciones a sus derechos humanos, puesto que, muchas veces no se considera su identidad y expresión de género en la asignación del centro de reinserción social, por lo que son víctimas de violencia física y sexual, tratos crueles y discriminación.

 SEM/em/sj

Juego de Palabras

¿Y el feminismo donde quedó?

* Ayer dijeron sí, hoy lo niegan

Yaneth Angélica Tamayo Ávalos

SemMéxico, 19 de marzo 2020.- Recién empezado el mes de marzo, en México se hablaba sobre feminismo, del alto a todas las formas de violencia, del 8 de marzo y sobre todo de la visibilización de las mujeres que se generaría durante el paro nacional femenino.

A este tren del feminismo, empezaron a montarse bajo la máscara de solidaridad, empresas, personas de la función pública, pero sobre todo la clase política que buscaba evidenciar el actuar de un gobierno en turno; y claro, conseguir simpatizantes que olviden su falta de interés social, –en su arrogancia aun creen que tratan con una ciudadanía ingenua-.

Creencia que la clase política mantiene y ejecuta. Tan solo el día de ayer en el Estado de Querétaro y bajo pretexto de contingencia sanitaria por el COVID-19, la LIX Legislatura de Querétaro sesionó a puerta cerrada la iniciativa de ley para la despenalización del aborto; la cual obviamente fue votada en contra por las fuerzas políticas conservadoras.

Fuerzas políticas que, hasta hace pocos días suscribían la agenda feminista y eran enfáticos en manifestar públicamente que se consideraban feministas y que estaban en contra de la discriminación y todas las formas de violencia en contra de las mujeres; claro, estas declaraciones las hacían previo a la conmemoración del 8M y a manera de evidenciar las endebles acciones del Gobierno Federal.

Sin embargo, ayer mágicamente en Querétaro desaparecieron los deseos de incidir a favor de los derechos humanos de mujeres y niñas; situación que, encontró justificación en no querer contribuir a más muertes por motivo de una pandemia mundial; como si los abortos clandestinos y mal practicados no registraran muertes. 

Y refiero tal justificación, porque no existió motivo diferente para sesionar a puerta cerrada; sin haber realizado un análisis previo; sin la presencia de medios de comunicación y sin darle oportunidad a las mujeres interesadas en escuchar los argumentos hipócritas y moralistas de las y los legisladores que votaron en contra.

Es absurdo que, después de la emisión de criterios, estándares y recomendaciones internacionales; en donde ya se tiene por superado el tema del aborto, las y los legisladores sigan fundamentando sus decisiones, no solo en argumentos absurdos, sino bajo creencias propias, sostenidas en dogmas religiosos y criterios desinformados; que solo propician desigualdad e injusticia.

Es preciso que las personas y sobre todo los encargados de administrar el Estado y los que legislan; entiendan que las normas son instrumentos vivos cuya interpretación tiene que adecuarse a la evolución de los tiempos y, en particular, a las condiciones de vida actuales.

Ya no es dable que, una sociedad mantenga patrones y contextos de violaciones de derechos humanos en perjuicio de las mujeres y mucho menos que estas sigan siendo avaladas por el orden social.  

Bien lo dijo la académica Rita Segato, -la prohibición del aborto se equipara a una violación que es ejecutada por el Estado; en donde este a través de las instituciones prefiere el control y la subordinación de la mujer y no la protección de sus derechos-.

La violencia en contra de las mujeres, también se traduce en el control que se hace sobre sus cuerpos y su capacidad de decisión; imponiéndoles la voluntad de unas personas que no toman en cuenta la vida y el libre desarrollo de esas mujeres, por mantener una creencia que ni ellos mismos practican.

Es ilógico que la ciudadanía de un país se considere religiosa, cuando impera la corrupción y la violencia; donde queda el evangelio cuando violan y matan a una mujer, denigran a la comunidad indígena y violentan a la infancia.

La hipocresía esta disfrazada en los creyentes que solo hacen uso de la palabra de Dios cuando necesitan un sacramento y no cuando ven a su prójimo sufriendo. -Religiosas católicas feministas de la Congregación Dominicana-

Solo queda decirles, a las mujeres que mantengan presente en la memoria los nombres de todas y todos aquellos que han hecho un circo político de sus derechos y necesidades; para que, en las próximas elecciones cuando pretendan colgarse de la lucha feminista y concurran a solicitar el voto, se les recuerde las veces que les han negado el derecho a decidir y acceder a la justicia.

Es necesario que los partidos políticos, entiendan que las mujeres no aceptan más el oportunismo ni la burla.

Entresemana

Miedo y gandallas

* Terreno para el pánico

Moisés Sánchez Limón

SemMéxico, 19 de marzo 2020.- Infundir miedo entre la población es, sin duda alguna, un crimen porque éste siempre conlleva el riesgo de transitar hacia el pánico, incluso prohijado por depositarios de la representación popular en perjuicio de la colectividad.

Ética y moralmente, aún más, reprobable que en ese escenario de desconcierto social se tomen decisiones que entrañan un beneficio sectario, de grupo y personal, acto que se conoce como agandalle, en buen romance, práctica que en el ámbito político nacional suele ocurrir aunque no necesariamente en un situación de emergencia sanitaria como la que se cierne sobre México con esto del COVID-19.

Anoche –miércoles 18 de marzo– se conoció el primer deceso registrado en el país a consecuencia de ese virus; la víctima es un hombre de 41 años de edad que, además, padecía diabetes. La Secretaría de Salud, formal y responsablemente, para no generar confusión, lo confirmó vía tweet y expresó las condolencias del secretario Jorge Alcocer Varela.

¿Dónde contrajo el virus esta persona? La información disponible, anoche, refiere que el pasado 3 de marzo asistió, con un acompañante, a un concierto al Palacio de los Deportes de la capital del país, presuntamente ahí se infectó. El deceso ocurrió en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER).

Bien que la Secretaría de Salud acompañe con información oficial este caso porque, debe insistirse, eso inhibe a los fake news y posibilita evitar que haya precipitaciones y el reguero de una versión dislocada de verdad que genere miedo y se convierta en terreno fértil para derivar en pánico. Y entonces sería el caos que nadie, nadie en su sano juicio desea.

Mal que el licenciado López Obrador trate con un simplismo que pretende ponerse en línea con la voluntad y opinión popular, pero linda en la ofensa al sentido común, enhieste una imagen religiosa para presumir que ésta como otras de otras religiones lo protegen.

Cada quien, con sus creencias, respetables indudablemente, cada cual con sus supersticiones igual de respetables. Pero esta pluralidad religiosa, de libre credo constitucional, no otorga carta blanca a quien fue elegido Presidente de México y que se toma a la ligera cualquier asunto que no le agrade.

El problema es que tenemos a un presidente al que sus más cercanos colaboradores pretenden alzar como el estadista que no es ni el hombre culto que dista un abismo se serlo. Sus razones tendrá la doctora Irma Eréndira Sandoval Ballesteros para asegurar que López Obrador es el presidente más culto que ha tenido México.

Quizá por haber estudiado en el extranjero, la señora de Johnny Ackerman no sabe que ha habido presidentes cultos e inteligentes, que dicho sea de paso no los curó contra la parentela y amigotes corruptos. En fin.

Pero bueno, estábamos en este imperativo de impedir que versiones anárquicas inyecten miedo a la población con esta pandemia del COVID-19 que ayer rebasó la cifra de cien infectados y crece exponencialmente sin que ello mueva al señorpresidente a dejar de blofear y comportarse a la altura de su investidura.

Si él tiene confianza en sus chamanes y supersticiones, muy sus convicciones y atavismos, pero ello no le otorga ninguna libertad, por respeto al cargo, para despreciar medidas sanitarias e informar como dicta el sentido común sin contradecir a los especialistas que diariamente informan del status de esta situación.

Mire usted, el doctor Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, podrá tener antecedentes que discrepan de su actual proceder y defensas a ultranza del señorpresidente, pero es la voz autorizada y si no creemos en sus reportes –en sus reportes no en sus deslices verbales—no hay alguien más, oficialmente, que pueda ser el heraldo de lo bueno y lo malo que entraña este proceso del coronavirus en sus diferentes fases.

Por eso la importancia de la información que confirmó anoche la Secretaría de Salud porque se alza como un dique a la desinformación que se genera precisamente ante la ausencia de respuestas puntuales, no de regaños y reproches, de acusaciones perversas como aquella de culpar a los conservadores –López Obrador dixit—de estar apostándole a que las cosas salgan mal.

Por eso, también, la importancia de los contrapesos en estos temas para no avivar esa postura mesiánica del señorpresidente que se ríe de lo que ocurre en los hospitales, de los reportes que llegan del exterior, en una pueril convicción de que aquí no pasa ni pasará nada, porque se sustenta en una apuesta, el salto al vacío, a la suerte.

Y la suerte es eso, suerte. Si gana el lado al que le apostó, sus seguidores le aplaudirán sus críticos le cuestionarán que juegue con el presente y futuro del país. El tema ya se politizó y fue el licenciado López Obrador el responsable de dar esa pauta que, hay que decirlo, la oposición tomó como un reto con la mirada puesta en la elección intermedia de 2021, por supuesto sin pasar por encima de la prioridad que demanda atender un problema, grave problema, de salud nacional que está considerado ya como pandemia.

Agandalle. En esa consideración política, lo ocurrido en el Congreso de la Unión, este miércoles 18 de marzo, tuvo un subrayado contraste entre lo políticamente correcto, en el Senado, y el golpe gandalla en la Cámara de Diputados.

En ambas Cámaras la oposición legislativa se negó a asistir a la sesión ordinaria. Las bancadas del PT, PES y Movimiento Ciudadano, con menguada del PRD en el Senado, decidieron asistir a la sesión, aunque en la negociación el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal refirió que el problema no trata de la protección de un senador o de una fracción parlamentaria, sino de proteger a la población.

“Nosotros, como representantes populares, tenemos la obligación de enfrentar, con el mayor de los éxitos, esta pandemia que está azotando al mundo”, acotó Monreal y sostuvo que por eso ha insistido en sesionar, en escuchar el consejo de los científicos y los técnicos, quienes han asegurado que no es necesario detener actividades, que no existe la posibilidad de contagio ni de elevar o imprimir velocidad la transmisión del virus.

Pero, y ese es el punto relevante, puntualizó que “el día que nos aconsejen concluir las sesiones ordinarias, sin ninguna actitud de titubeo lo vamos a hacer”.

Elemental la postura de Monreal, respetable que senadores de oposición hayan decidido no sesionar, pero ese mensaje no es el mejor que el Legislativo puede enviar a la población que hoy abriga temores, un paso hacia el miedo y, luego, hierba seca para el pánico.

Así, el contraste, albazo o agandalle en medio de esta emergencia sanitaria lo dio Morena en la Cámara de Diputados, es decir, las huestes encabezadas por Mario Delgado Carrillo, que sin notificación previa ni sesión en comisiones que aprobaran el dictamen, en fast track aprovechó la ausencia de la oposición y avaló, junto con sus satélites del PT y del PES modificaciones a las leyes electorales, para que diputados y senadores puedan buscar la reelección sin necesidad de dejar sus curules.

Con 254 votos a favor, 20 en contra y tres abstenciones, Morena se salió con la suya y logró reformas a las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la de Partidos Políticos, para establecer la elección continua de legisladores federales. Sí, continua y sin mayor problema.

Mire usted, se dispensaron todos los trámites, no hubo siquiera dictamen previo y la minuta fue enviada al Senado de la República, cuyos integrantes podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos, mientras que las diputadas y los diputados al Congreso de la Unión, hasta en cuatro ocasiones seguidas, en los términos y condiciones que determine la ley.

Contrastante mesura legislativa la de Monreal con la del agandalle de Mario Delgado Carrillo que aprovechó el río revuelto, una situación de crisis para acarrear agua al molino. El prócer diría que legalmente es posible pero ética y moralmente condenable. Miedo y agandalle en tiempos del coronavirus. Cada quien con su cada cual, en el pecado –apenas acorde con el símil del Niño Fidencio—llevarán la penitencia. Conste.

sanchezlimon@gmail.com

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CNDH atrae el caso de María Elena y emite medidas cautelares

* Demanda al Instituto Nacional de Rehabilitación de la Secretaría de Salud Federal atención a la salud

* Al gobierno de Oaxaca y a la Fiscalía General de ese estado pide acceso a la justicia y seguridad jurídica

Lorena Vaniezcot

SemMéxico, Cd. de México, 19 de marzo 2020.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) atrajo el caso de María Elena Ríos Ortiz y emitió medidas cautelares dirigidas al Instituto Nacional de Rehabilitación de la Secretaría de Salud Federal, al Gobierno de Oaxaca, así como a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

El organismo señaló, que atrajo el caso para evitar daños irreparables y garantizar los derechos humanos de la víctima de 26 años, atacada por un hombre que le arrojó ácido, resultando con quemaduras en gran parte del rostro y el cuerpo, hechos que ocurrieron en septiembre pasado en Huajuapan de León, Oaxaca, y para evitar daños irreparables y garantizar sus derechos humanos

Las medidas cautelares dirigidas a los organismos antes señalados buscan salvaguardar la vida, integridad y seguridad de Ríos Ortiz y de sus familiares, así como tutelar sus derechos de acceso a la justicia, a la salud y seguridad jurídica.

La familia denunció la omisión en la atención médica inmediata que requería la madre de la víctima, exigieron una debida procuración y administración de justicia en las investigaciones iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, y demandaron la intervención del Gobierno Local y Federal en la pronta resolución del caso, lo cual trascendió en diversos medios de comunicación que hicieron públicas tales exigencias.

De esta forma, la CNDH acordó ejercer la atracción del expediente radicado en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, iniciado ante la posible existencia de presuntas violaciones a derechos humanos, por lo que la este Organismo Nacional continuará con su investigación, en el ejercicio de las atribuciones que le son conferidas respecto de actos que puedan configurar violaciones a derechos humanos, entre ellos el derecho de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y por tratarse de un asunto que trasciende el interés de la entidad federativa e incide en la opinión pública nacional.

El comunicado de la CNDH señala que es primordial incidir en casos de violencia de género contra las mujeres y recuerda que en el Estado de Oaxaca desde el 30 de agosto de 2018 se encuentra declarada la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres.

SEM/lv/sj

Mujeres y Política

Vivir en tiempos del coronavirus

* Dos epidemias asolan el mundo

Soledad Jarquín Edgar

SemMéxico, 18 de marzo 2020.- Dos pandemias enfrentamos hoy en el mundo. Las dos tienen reflejos distintos. La impronta de una no borra las huellas de la otra. Las dos pueden ser mortales. Una la que generó Covid o Coronavirus, la otra la violencia machista contra las mujeres.

Y las alarmas mundiales suenan y mucho. Miles de recomendaciones van y vienen en las redes sociales, ochenta mil conferencias de prensa, declaraciones de expertos, chistes y memes…eso me recuerda al caricaturista Abel Quezada cuando con sus monos nos decía que oíamos hablar tanto de la crisis económica (esto en los ochenta) que de pronto, toda la población mexicana éramos expertos y expertas en esa materia. Así más o menos nos está pasando con el susodicho virus, incluso con la violencia contra las mujeres.

La que podría ser una solución en un caso resulta un grave temor fundado para la otra. En el caso de la pandemia de salud física se ha tomado la medida de “decretar” cuarentenas, nadie se mueve más allá de los dinteles de la casa familiar, como ya sucede en diversos países de Europa, donde se les multa, se echó al ejército y a los cuerpos policiacos –por lo visto inmunes- a la calle para evitar el tránsito. La explicación científica es válida, entre menos contacto se pueda tener con otros seres humanos, menor será el contagio.

El pero está en que el dulce hogar no es un lugar idóneo para un enorme porcentaje de mujeres que conviven con sus parejas. Hay un reflejo que tenemos que mirar, ya sucede en esas ciudades del primer mundo, hay reportes sistemáticos de violencia de género contra ellas. Es decir, la pandemia por esa violencia sigue su camino, no cambia la ruta. Difícil decirlo, pero es cierto estar en casa “toda la familia” no siempre es un ambiente de felicidad, hay hostilidad, recargas de trabajo para las mujeres y mucho aburrimiento para ellos a pesar de sus entretenimientos caseros. La molestia cunde, el enfado también y deviene en lo que sabemos, a veces, con daños irreparables.

Parafraseando el título de la novela de Gabriel García Márquez pensé en ¿cómo es esto de Vivir en los tiempos del Coronavirus y la pandemia de la violencia contra las mujeres dentro del hogar?

Quizá haya respuestas y me atrevo a asegurar una o dos, por ejemplo, se tendrían que implementar toda clase de acciones por parte de las instancias responsables de atender, prevenir y castigar estas fallas de origen de la construcción social, cultural, política y económica humanas que siguen permitiendo la perpetuación de la violencia contra las mujeres. Acciones concretas y respuestas rápidas. Todos los hombres con denuncias formales e informales por agresiones contra mujeres, sus parejas, tendrían que ser confinados a refugios temporales, mientras pasa la contingencia. Una medida “radical” para un problema radical.

O, que se decrete, una metodología más eficiente de justicia real, es decir, pronta de verdad, ante los hechos consumados de violencia contra las mujeres por parte de sus parejas dentro del hogar y con sanciones ejemplares.

Lo que digo es como soñar despierta, mientras escribo. Imaginemos ese contexto, donde ahora sí, que todo acto de agresión perpetrado contra una mujer tenga una respuesta efectiva y eficiente. No se pide más que de lo de costumbre, lo demandado desde hace décadas por las mujeres, las feministas.

Si los sistemas nacionales o estatales, o los consejos municipales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres está vez sí responden, habría la posibilidad de que esta cuarentena que se avecina en México tenga una respuesta certera y concreta para las mujeres.

A las ciudadanas se nos permite soñar, al funcionariado no. Su tarea es cumplir con sus mandatos.

Las chavas frente a la violencia

Dicen que el ejemplo cunde. Las jóvenes universitarias de la UNAM seguirán en plantón pese al coronavirus, porque aseguran que sus demandas y denuncias contra sus agresores no avanzan y todavía más porque sus peticiones ante la institución siguen igual que siempre, sin una respuesta que las convenza.

El movimiento de las universitarias y estudiantes de bachillerato se ha propagado por todo el país, ellas, como muchas otras generaciones antes, viven el acoso y el hostigamiento cada día. Ahora dicen ¡Basta! Con justa razón.

Lo que hemos vivido en los últimos meses revelan el tamaño del problema. Cada día una nueva institución o varias de educación media superior y superior denuncian, hacen sus “tendederos” con los carteles mencionando nombres de compañeros estudiantes, pero sobre todo de sus profesores, machos peligrosos con licenciaturas, maestrías y doctorados que siguen pensando como cavernícolas.

Ellas despojadas de la sumisión de varias generaciones de universitarias son sometidas a lo usual en estos casos, son ahora objeto de todo tipo de ataques, el desprestigio, amenazadas, acusadas por su atrevimiento, cuestionadas y señaladas por ese sector que por años fue intocable.

Ellas rompieron el cerco del silencio y ahí seguirán, porque no están dispuestas a que esas historias se repitan.

Medidas de emergencia por contingencia piden consejeras de INMUJERES

  • Proponen cuatro acciones concretas en materia económica y para evitar la violencia en casa
  • Afectarán medidas de distanciamiento la economía informal, donde las mujeres son mayoría

Lorena Vaniezcot
SemMéxico, Cd. de México, 18 de marzo 2020.- El Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres propusieron que se apliquen cuatro medidas de emergencia para las mexicanas, de tipo financiero-económica y para prevenir la violencia contra las mujeres, ante la contingencia del COVID 19.

En un comunicado, las integrantes del Consejo Social del INMUJERES manifestaron su preocupación por la situación de precariedad que ya atravesaban millones de mexicanas en el ejercicio de sus derechos —especialmente en el ámbito doméstico, laboral, económico, de salud y otros—.

Les preocupa también la falta de un Sistema Nacional de Cuidados y de beneficios de la asistencia social porque en contingencias de esta magnitud, las mujeres en sus hogares están más expuestas a experimentar episodios de violencia.

Refieren que las medidas de distanciamiento tomadas por el gobierno de México afectarán de manera especial a las mujeres que desempeñan labores dentro de la economía informal.

Por ello, proponen cuatro medidas al INMUJERES como órgano rector de las políticas de igualdad en este país.

La primera es el diseño de una política pública nacional urgente con perspectiva de igualdad de género, derechos humanos, multiculturalidad e intersectorialidad, para apoyar a las mujeres, niñas y niños que viven de manera cotidiana situaciones de violencia por parte de agresores con los que viven.

Otorgar apoyos extraordinarios a las organizaciones de la sociedad civil que están a cargo de líneas telefónicas de atención a la violencia, centros de atención externa de la violencia, refugios para mujeres, niñas y niños en situación de riesgo de violencia extrema en el país, para garantizar su funcionamiento ante el incremento de casos de violencia y violencia extrema que se presentarán como consecuencia de las medidas de aislamiento social emitidas por la Secretaría de Salud y del periodo de un mes sin actividades escolares.

Segunda, promover que el gabinete paritario, gestione ante el Poder Legislativo, recursos extraordinarios para que sean operados a través de las diversas instancias del Gobierno Federal, Inmujeres (Fondo de Transversalidad, Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres, FOBAM, FONDEN, Secretaría de Economía, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Bienestar (Paimef, Fondo de Coinversión de Indesol), Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otros, con el objetivo de que adecuen sus programas sociales que benefician a la población a la realidad que atraviesa el país actualmente, buscando atenuar el impacto negativo que afectará a las mujeres.

Tercera, otorgar estímulos laborales, fiscales, suspensión de pagos de créditos hipotecarios para mujeres que son el único sostén del hogar, así como apoyos para las familiares que realizan el trabajo de cuidado de menores, personas con discapacidad, personas enfermas y personas dependientes y adultas mayores.

Cuarta, realizar una campaña en medios de comunicación, para incentivar la participación de los hombres en el trabajo doméstico y los trabajos de cuidado para niñas, niños, personas enfermas o personas con discapacidad para la prevención de daños a la salud, la recuperación y su rehabilitación.

Por último aseguran que están convencidas de la voluntad del Gobierno Federal para generar un Plan Emergente, coordinado y de gran escala, no sólo sanitario sino de bienestar para que las mexicanas más precarizadas y en situación de pobreza tengan las condiciones para sobrellevar esta contingencia.

SEM/lv/sj

Aprueban reformas que sancionan la violencia política contra las mujeres

  • Las remiten al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales
  • El documento forma parte del compromiso de todos los grupos parlamentarios para priorizar los dictámenes en favor de las mujeres: Laura Rojas

Redacción

SemMéxico. Ciudad de México. 18 de marzo 2020.- Las y los diputados aprobaron por unanimidad la minuta que reforma diversas leyes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política en contra de las mujeres, así como establecer medidas de protección y reparación del daño.

Ese paquete de reformas tiene su origen en un dictamen de la Cámara de Diputados, aprobado el 5 de diciembre de 2019. En esa fecha se remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales y hoy fue devuelta la minuta con modificaciones, por lo que se le dispensaron los trámites para su aprobación.

Dichas reformas  modifican las leyes generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de Instituciones y Procedimientos Electorales, del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de Partidos Políticos, en Materia de Delitos Electorales y la de Responsabilidades Administrativas, así como las leyes orgánicas de la Fiscalía General de la República y del Poder Judicial de la Federación. Fue enviado al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

Por su parte la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Laura Angélica Rojas Hernández, precisó que esta minuta, junto con el dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, forma parte del compromiso que todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados han hecho para priorizar los dictámenes de mujeres durante este mes de marzo “de las mujeres y de las niñas”, y particularmente estas reformas sobre violencia política.

Recordó que estas reformas son producto de un gran esfuerzo de consenso de esta Cámara de Diputados y que el día de hoy se están aprobando y entrarán en vigor muy pronto.

Las reformas que tipifican la violencia política de género como las conductas que restrinjan o anulen el derecho al voto libre y secreto, que obstaculicen sus derechos de asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones, o que impidan su registro como candidatas, ya sea al realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una candidata, basándose en estereotipos de género, entre otras prácticas.

Aunado a ello, se describe el tipo penal y administrativo de la violencia política en razón de género y establece las penas correspondientes. Que van de 2 a 6 años de cárcel, de acuerdo a la falta en la que se incurra; así como 200 a 300 días de multas.

Por lo que le tocará al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los Organismos Públicos Locales Electorales promover la cultura de la no violencia, e incorporar la perspectiva de género al monitoreo de transmisiones sobre las precampañas y campañas electorales en los programas de radio y televisión que difundan noticias.

También estas reformascontemplan sanciones administrativas para quienes cometan violencia política en razón de género. Precisa que cuando se acredite esta circunstancia el INE ordenará que el infractor ofrezca disculpa pública para reparar el daño, utilizando el tiempo concerniente, con cargo a las prerrogativas de radio y televisión del partido político.

Y se incluyen medidas cautelares y de reparación del daño en casos de violencia política de género, con el objetivo de garantizar la mayor protección a las mujeres.

Al igual que establece la obligación de los partidos políticos de garantizar la paridad de género en sus candidaturas, así como la igualdad de condiciones entre mujeres y hombres, en sus órganos internos de dirección y espacios de toma de decisiones.

SEM/IL

Avanza selección de aspirantes a ser consejeros o consejeras del INE

* Colectivo 50+1 solicita que las personas seleccionadas defiendan las causas de género

* Comité Técnico de Evaluación refiere que aseguran la paridad de género

Lorena Vaniezcot

SemMéxico, Cd. de México, 18 de marzo 2020.- En tanto el Comité Técnico de Evaluación de Aspirantes para Consejeros del INE dio a conocer que ha seleccionado a 60 aspirantes que pasarán a la siguiente etapa, el Colectivo 50+1 solicitó que las personas seleccionadas “defiendan y continúen impulsando las causas de género.

El acuerdo del Comité señala que evaluó 164 expedientes con base en la metodología y emitió la lista definitiva para continuar la cuarta fase, una entrevista, a 60 aspirantes con las más altas calificaciones asegurando la paridad de género.

A su vez el Colectivo 50+1, además de solicitar que las personas que serán seleccionadas defiendan y continúen impulsado las causas de género, pidió que se comprometan a impulsar acciones afirmativas que tiendan a prevenir y erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres.

Y propusieron formatos de carta, para que de considerarlo pertinente sean firmados por las y los aspirantes que serán entrevistados, “como un compromiso ante la ciudadanía, en la búsqueda de lograr en realidad el cambio estructural que México necesita”.

También establecen en su petición que aquellos que después de la revisión curricular hayan tenido algún tipo de antecedente o denuncia de hostigamiento o acoso sexual, no sean considerados como idóneos para la siguiente etapa de entrevistas.

La carta que proponen sea firmada por los aspirantes comprende una hoja de declaraciones y otra de compromisos. En la primera señalan que “nunca han realizado o consentido actos de acoso, hostigamiento, agresión o abusos de carácter sexual o de cualquier otro tipo con mis colaboradoras o colaboradores, a mis compañeras o compañeros, a ninguna persona en mi lugar de trabajo o fuera de él, así como el caso, no he participado en casos de violencia intrafamiliar o violencia política”.

Deben también manifestar en contra de este tipo de comportamientos nocivos que dañan a la sociedad y se comprometan a no llevar a cabo este tipo de violencias y trabajar para que estos espacios sean libres y seguros para todas y todos.

La carta compromiso incluye un cuadro en el que afirman o niegan cuatro oraciones en sobre actos de violencia contra las mujeres.

60 aspirantes

El Comité Técnico de Evaluación de Aspirantes para Consejeros INE señaló en un comunicado que la lista de 60 aspirantes es resultado de una evaluación a profundidad de los documentos presentados por las personas que aspiran a ser consejeros del INE.

A fin de garantizar máxima objetividad en dicha evaluación, cada expediente fue revisado por dos integrantes del Comité seleccionados al azar y excluyendo de esa revisión a cualquiera de los revisores que se excusara por motivos de conflicto de interés. La regla de distribución aleatoria de expedientes también incluyó el evitar que los binomios de evaluadores proviniesen de la misma instancia nominadora.

Por otra parte, y con el propósito de contar con criterios y escalas de evaluación claros y compartidos, el Comité Técnico de Evaluación generó, conjuntamente, guías de evaluación para cada uno de los documentos a ser calificados. Tales guías incluyeron, de acuerdo con su relevancia para cada documento, los siguientes rubros:

  • Autonomía e independencia.
  • Trayectoria profesional.
  • Logros y participación en materia democrática.
  • Valores democráticos, de género y de inclusión.
  • Claridad y calidad en la expresión escrita.
  • Capacidad de argumentación.
  • Capacidad de detección de problemáticas y soluciones del Sistema Electoral. 

SEM/lv/sj

Morelos presenta tres casos más sospechosos de COVID-19

  • Titular de Salud en Morelos, reconoce que en el estado como en el país no hay capacidad para contener la pandemia en caso de que ésta llegue a estallar.
  • Se suspenden todas las actividades masivas  en la entidad.

Estrella Pedroza

SemMéxico. Cuernavaca, Morelos. 18 de marzo 2020.- En Morelos se atienen tres casos sospechosos de Covid 19, informó  Marco Antonio Cantú Cuevas, titular  de la Secretaria de Salud estatal, tras la instalación del  Comité Estatal de Seguridad en Salud donde se acordó suspender toda actividad masiva en toda la entidad.

 “Tenemos  10 pacientes de los cueles  siete están negativos  en coronavirus  y  tenemos tres sospechosos  que  para el día de mañana se tendrán los resultados  del  laboratorio”,  destacó  el  funcionario estatal, durante una conferencia de prensa que se ofreció al termino del citado  Comité.

En ese espacio, (en el que también participó el secretario de gobierno Pablo Ojeda, además del  encargado de despacho de la subdirección de  Salud Pública, Cesar Erosa Osorio y Daniel  Alberto Madrid  Gonzales, director general  de coordinación y supervisión de la Secretaria de  Salud) se   informó  que entre los 10 pacientes atendidos hasta el momento   se encuentran algunos  turistas que arribaron a la entidad.

Esta mañana fue instalado el Comité para definir las medidas ante la emergencia sanitaria del  COVID-19  y sesionó por primera  ocasión  encabezada por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

En esa sesión – en la que también  participaron  presidentes municipales- se  determinó que  todas las  actividades públicas masivas como fiestas y carnavales, quedan suspendidas.

“Se acordó que en los municipios se suspende todo tipo de actividades masivas como ferias ,  mismas  y festividades propias  del municipio (carnavales  y festivales)”por 15  días,  confirmó , Adrián Cázares González, presidente municipal  de Zacualpan de  Amilpas  y vocero de los alcaldes. 

También se  determinó que en las 36  alcaldías se quedará solo con el 50 por ciento del personal y quienes se irán a sus casas principalmente personas de la tercera edad y mujeres embarazas. 

Mientras que el gobierno estatal  determinó suspender  todos los eventos en Plaza de  Armas – la plaza principal en la entidad- hasta el mes de mayo y se busca que el Instituto Nacional de  Antropología e Historia (INAH) cierre la  zona arqueológica de Tepoztlán.  

Hospital  dispuesto para la atención de COVID 19

En tanto, se  destacó  que  por ahora  el  Hospital General Doctor Parres, situado en el municipio de Cuernavaca,  ha  sido  habilitado como primer  centro  de atención  a personas que presenten síntomas  de COVID 19.

 Y ahí se dispuso únicamente 8 camas  en una  zona aislada y  se tiene  por lo menos  200 equipos reservados para la atención especializada y también para el personal  médico.

Marco Antonio  Cantú Cuevas, reconoció  que en Morelos, como  en el resto del país, no se tiene la capacidad para entender la pandemia en caso de que ésta llegue a escalar.

Por ello, se planea  poder  habilitar  espacio  como  un hospital ambulante  para el que sería  necesario un recurso  aproximado de  125  millones de pesos  para adquirir equipo  especializado.

SEM/ep/IL

Ante el Covid-19, el Inmujeres llama a reconocer su impacto en las mujeres

  • La necesidad de permanecer en los hogares incrementa los riesgos para las mujeres que sufren violencia de pareja. También aumenta el riesgo de violencia sexual en el hogar para mujeres y niñas.

Redacción 

SemMéxico. Cd. de México. 18 de marzo de 2020.- Ante la puesta en marcha de las medidas destinadas a contener la pandemia del COVID-19, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) hace un llamado a reconocer que este fenómeno tiene impactos diferenciados para las mujeres y las niñas que pueden incidir en mayores índices de violencia, por lo que es necesario que las instituciones dedicadas a prevenir, atender y sancionar la violencia hacia las mujeres refuercen sus medidas de información y de actuación en el marco de sus competencias para mitigar la violencia de género. 

Asimismo, a través de un comunciado de prensa, convoca a los centros de trabajo y a la ciudadanía a adoptar acciones de corresponsabilidad en el trabajo de cuidados en los hogares.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016, en México, del total de mujeres casadas o unidas, 40% ha sufrido uno o varios tipos de violencia conyugal a lo largo de su vida, lo que indica que la violencia hacia las mujeres en el marco de las relaciones de pareja es un problema de importante magnitud, que puede agravarse ante la necesidad de permanecer en confinamiento en los hogares. Asimismo, en hogares ampliados o compuestos, también aumenta el riesgo de violencia sexual para niñas y jóvenes.

En este sentido, el Inmujeres recuerda que el número 911 es una de las vías para recibir llamadas para atender emergencias relacionadas a distintos tipos de violencia hacia las mujeres, abuso sexual, acoso u hostigamiento sexual, violación, violencia de pareja y violencia familiar. El equipo humano de la línea tiene la responsabilidad de brindar la respuesta inmediata y de activar las rutas necesarias para atender y canalizar cada caso.

Por otra parte, señala que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados recae principalmente sobre las mujeres y es uno de los factores que las coloca en mayor desigualdad para el goce de sus derechos. Si bien, ya realizan hasta tres veces más este trabajo no remunerado en comparación con los hombres, el confinamiento en los hogares puede duplicar o triplicar ese trabajo para ellas.

“Recordamos la importancia de que el cuidado de niños, niñas, personas enfermas, con discapacidad y adultas mayores se debe de realizar en un ejercicio de corresponsabilidad que involucre a los hombres y a todas las personas que integran el hogar. Para el desarrollo de las actividades y funciones en los hogares, proponemos que las familias realicen reuniones para distribuir equitativamente las tareas domésticas y de cuidados”.

También, invitan a los centros de trabajo de los sectores público, privado y social a brindar alternativas que contribuyan a la corresponsabilidad en la redistribución de las tareas del cuidado, como horarios flexibles o trabajo a distancia para madres, padres o personas que tienen a su cargo el cuidado de alguna persona.

SEM/GR