* No somos criminales, sí somos estudiantes exponen al menos 15 colectivas

* La fecha límite que dan al Consejo Universitario es el 10 de febrero

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 7 de febrero 2020.- Mujeres organizadas de al menos 15 planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México rechazaron tener intereses egoístas y oscuros y ratificaron su exigencia de una reforma que reconozca la violencia de género como una falta grave dentro de la legislación universitaria. También propusieron como fecha límite de entrega de la propuesta el próximo 10 de febrero.

En un pronunciamiento público señalan que han solicitado modificaciones a los

artículos 95, 98 y 99 del Estatuto General de la UNAM, como una demanda conjunta de todas las Mujeres Organizadas de los diferentes planteles de la Universidad, en la que se busca reconocer la violencia de género como una falta grave dentro de la legislación universitaria.

Apuntan que el actual estado de los artículos hace que el proceso de denuncia sea inservible ya que las sanciones son insuficientes; obligando a las denunciantes a seguir conviviendo con Ios denunciados, al mismo tiempo, que perpetúa discursos históricos y coloniales de odio e invisibilización hacia las mujeres.

En ese sentido exigieron que se haga pública y accesible a toda la comunidad la propuesta de reforma hecha por el Consejo Universitario y todas aquellas que desde otros planteles y facultades se le han presentado. La fecha límite de entrega será el día lunes 10 de febrero a Ias 8:00 am. pues sabemos que las propuestas han sido trabajadas, pero falta transparencia en el proceso de reforma.

También piden que la sesión extraordinaria del Consejo se transmita y televise en vivo a nivel nacional, para que las modificaciones sean del conocimiento público.

En su manifiesto señalan que de acuerdo al artículo octavo constitucional, podrán ejercer su derecho de petición, sin embargo, apuntan la UNAM se ha caracterizado por su falta de transparencia e irresponsabilidad hacia la comunidad, especialmente con las mujeres.

“No permitiremos que tomen los resultados de nuestra lucha y Ios utilicen de manera poco éticas. No permitiremos que los procesos de la universidad se lleven a cabo en la oscuridad de manera impune”.

Además, califican de criminales los comunicados, que son amenazantes y sin acciones pese a que buscan simular un cambio.

Por ello reiteran que, “aunque no reconozcan la dignidad de nuestra lucha y nos llamen criminales, e incluso aseguren que tenemos intereses egoístas y oscuros, o digan que no somos estudiantes Nosotras y nosotros trabajamos desde el amor, reconocemos nuestra digna rabia, nos organizarnos y decimos ¡Ya basta!

Entre las firmantes se encuentran la Colectiva Independiente Revueltas-CCH Naucalpan; Asamblea de Resistencia Disidente y Morras de la ENES Morelia; Colectiva Artemisas Veterinarias – Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia; Colectiva Valkirias Negras- ENP9; Mujeres Organizadas Facultad de Ingeniería;

Colectiva Feminista Prepa 7 – ENP 7; Mujeres Organizadas de la Facultad de Derecho; Mujeres Organizadas de la Facultad de Arquitectura; Colectiva Violetas de FES Aragón; Mujeres Organizadas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Mujeres Organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras; Mujeres Organizadas Facultad de Psicología; MujerENTS Organizadas – Escuela Nacional de Trabajo Social; Colectiva de Resistencia Feminista Dalias Revolucionarias – ENP 2, y Estudiantes Organizadas de la Facultad de Artes y Diseño.

SEM/sj

Redacción

SemMéxico. Cd. de México. 7 de febrero de 2020.- Frente a las ocurrencias y confusiones que ha generado la intención del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, de eliminar el tipo penal del feminicidio, y la posterior Iniciativa con proyecto de decreto presentada por el Senador Ricardo Monreal Ávila para incorporar el tipo penal de feminicidio en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) advierte que ambas propuestas desvían la atención de lo realmente importante, que es el asesinato de al menos 10 mujeres al día en México y el efectivo acceso a la justicia.

“Quienes desde hace 13 años trabajamos para visibilizar, sancionar y erradicar el feminicidio, cuestionamos severamente la propuesta del Senador Monreal que plantea derogar el segundo párrafo del artículo 21 y adicionar un título V a la LGAMVLV, en materia de feminicidio, con el que pretende derogar la normatividad penal federal y local en la materia, que sea contraria al análisis de dicha iniciativa.

En un comunicado el OCNF explica que desde el 14 de junio de 2012, el feminicidio está tipificado en el artículo 325 del Código Penal Federal como delito a escala federal y, actualmente, en los códigos penales de las 32 entidades federativas. Y señalan que si bien es necesario homologar el tipo penal a nivel nacional, hacerlo a través de la Ley General de Acceso implica, en primer lugar, desconocer que sería necesaria una reforma constitucional, pues el feminicidio no se encuentra contemplado entre los tipos penales en los que el artículo 73 fracción XXI inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al Congreso federal a legislar y derogar un tipo penal que de forma concurrente se ha emitido a nivel federal y estatal. En segundo lugar, la falta de consulta ciudadana en este tema implica desconocer que la tipificación del feminicidio fue impulsada desde el dolor de muchas familias y desde el movimiento de mujeres.

Ante estos actos irresponsables, que generan confusión y sirven como cortina de humo frente al grave nivel de violencia que vivimos las mujeres en México, el OCNF exige al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial:

Presentar propuestas claras para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los feminicidios en México, así como la ruta de acción para su implementación que partan de diagnósticos serios sobre la problemática y los obstáculos que persisten en el acceso a la justicia para las víctimas.

Acciones contundentes para romper la cadena de impunidad que fomenta la continuidad del delito en todos los rincones de nuestro país, tanto en contextos urbanos como comunitarios.

Impulsen e implementen acciones serias y profundas en materia de prevención que contribuyan a la disminución paulatina a corto y mediano plazo de los feminicidios.

Sean las mujeres quienes lideren las propuestas de reformas y acciones que impactarán directamente en la vida de más del 50% de la población a nivel nacional. Mientras que las autoridades varones propongan lo que van a hacer con sus pares para que dejen de violentar y asesinar a las mujeres, evitando así eliminar la participación de las mujeres y echar por la borda lo que nos ha costado construir como movimiento feminista.

Las acciones que se impulsen, contemplen los contextos criminales que incrementan la brutalidad y la saña con la que se asesina a las mujeres mexicanas.

Existan sanciones a las y los servidores públicos que por su acción u omisión violenten el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y al acceso a la justicia.

En caso de que inicien las discusiones sobre la creación del Código Penal Único, se contemple el feminicidio como un delito autónomo que describan las razones de género de manera objetiva, considerando como punto de partida el tipo penal contemplado en el artículo 325 del Código Penal Federal actual, y no reducirlo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Consulten a las víctimas y a la sociedad civil sobre las necesidades apremiantes y las acciones que han impulsado desde hace muchos años y que tienen como único fin contribuir al ejercicio y garantía de nuestros derechos.

Como defensoras de los derechos humanos, reiteramos que la violencia feminicida en México es grave, y que los avances realizados no requieren inventar el hilo negro, sino acciones contundentes que combatan la impunidad, que prevengan su continuidad y pongan fin a la violencia generalizada en contra de las mujeres y niñas en México.

sem/gr

* CLADEM pide a la Fiscalía una investigación, está ubicado en Guadalajara

* Demandan al gobierno de la ciudad que asuma su responsabilidad de resguardarlo

Redacción

SemMéxico, Guadalajara, Jal., 7 de enero 2020.- El Colectivo de Familias Unidas Contra los Feminicidios y El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, denunció que fue retirada la placa del Memorial de los Feminicidios, así como los listones con los nombres de las víctimas, por lo que demandan una investigación y las sanciones correspondientes.

El Memorial ubicado en el Parque Rojo de esta ciudad fue instalado por las propias familias para promover, por una parte, la memoria de las víctimas de violaciones graves de sus derechos humanos como es el caso del feminicidio.

El hecho, afirma CLADEM en un comunicado provoca una profunda Indignación y rechazo para quienes sin respeto alguno por el Memorial de los Feminicidios.

La importancia que tiene para las familias de estas víctimas el conocer la verdad de los hechos implica también la memoria viva de su recuerdo y de la forma en que el Estado no garantizó su seguridad y su derecho a vivir una vida libre de violencia. En este sentido, el derecho a la verdad, tiene como fin reivindicar la memoria de las miles de mujeres que han sido asesinadas.

La Ley General de Victimas afirma que el derecho a la verdad contribuye al acceso a la justicia, a la reparación integral del daño con un enfoque transformador y a garantizar la no repetición. Es el Estado, quien debe esclarecer los hechos violatorios de derechos humanos, sancionar y reparar.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirma que el derecho a la verdad ha surgido como respuesta frente a la falta de esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción de los casos de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de los Estados. Es a través de los esfuerzos para combatir la impunidad que los memoriales plantean una parte de la reparación del daño y del resguardo de la memoria de quienes fueron asesinadas en un Estado machista.

Pedimos a la Fiscalía del Estado que realice una amplia investigación por el atentado realizado al Memorial de los Feminicidios instalado en el Parque Rojo por el Colectivo de Familias Unidas contra los Feminicidios y solicitamos al Gobierno de Guadalajara asuma la responsabilidad de resguardar el Memorial y reponer la placa alusiva que nos recuerda que ninguna mujer debe ser asesinada por las violencias machistas.

SEM/sj

*  La funcionaria del TSJ CDMX pidió a legisladores reincorporar la alienación parental

* La figura fue eliminada desde 2017, por no ser un instrumento científico

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 6 de febrero 2020.- Feministas llaman a firmar una petición para que la magistrada Patricia Gudiño Rodríguez no puede ser ratificada al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en virtud de su propuesta expresa de reincorporar la alienación parental en el marco legal de esta ciudad y castigo penal a quien lo ejecute.

La experiencia y reflexión crítica feminista ha eliminado esa figura apenas en el 2017.

Lo anterior, luego de que este miércoles en el Congreso de la Ciudad de México, se llevó a cabo la primera parte de las entrevistas a magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, propuestos para ser ratificados en el cargo y donde compareció la magistrada Patricia Gudiño Rodríguez, quien en su presentación sugirió a las y los diputados del Congreso local, considerar volver a incluir la alienación parental en la legislación civil, así como en la penal.

Además, refirió que son las mujeres quienes manipulan a sus hijos e hijas cuando están inconformes con la pensión alimenticia que dan los hombres, lo que refuerza estereotipos de género y la propuesta en general es violatoria de derechos humanos.

Así, la juzgadora desconoce la perspectiva de género en su tarea como magistrada del Tribunal Superior de Justicia: igualdad es juzgar por igual a mujeres y hombres; y apela a una figura no científica, como lo es la alienación parental, como un mecanismo que le brinde herramientas para resolver a favor de niñas, niños y adolescentes en casos de violencia familiar, señala el documento que circula en redes sociales.

Entre alguno de los problemas ante el supuesto síndrome de alienación parental, el cual no es una figura reconocida por instrumento médico o psicológico auditado, lo que se pone en juego es la voz de las víctimas infantiles cuando otorgan su testimonio en los casos de abuso sexual en la infancia.

Muchas veces ese testimonio es la prueba inicial con la que cuenta el sistema de justicia para iniciar una investigación. Enmarcar ese testimonio como parte de la alienación parental, deja de lado el considerar la capacidad evolutiva de niñas y niños como sujetas de derecho, en tanto se afirma que niñas y niños carecen de autonomía.

El documento puede ser leído y firmado en:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa8QUpKK2On5clivVyEGP1h37St4NoHD-vOyOR_DmLmAa1TQ/viewform?usp=sf_link

SEM/sj

* Cuestionan estudiantes el Protocolo de Género de la institución

* Denuncian desinterés en el feminicidio de Mary Chuy Jaimes Zamudio

Lorena Vaniezcot

SemMéxico, Cd. de México, 6 de febrero 2020.- El Frente Estudiantil contra la Privatización del IPN, sostuvo que el Protocolo de Género publicado en diciembre pasado “viene de manera retardada dadas las condiciones de violencia de género contra las mujeres en el país y en el mundo y llaman a las y los estudiantes a organizarse para acompañar las denuncias.

En una publicación presentada hoy en sus redes sociales, enfatizan que este protocolo no es “voluntad de la institución”, sino que responde a un llamado que en 2016 hizo la ONU a las instituciones educativas mexicanas, entonces para sumarse a la campaña She for she, sin embargo, entonces el Instituto Politécnico Nacional (IPN) no se sumó, caso contrario a la UAM y al fallido protocolo que existe en la UNAM.

Cuestionan también las declaraciones, en el protocolo, del director Mario Alberto Rodríguez Casas, quien asegura que el protocolo se da en el contexto de los objetivos de la Agenda Estratégica de Transformación del IPN, la agenda que transformará el modelo educativo, es decir, la educación 4.0.

“La educación 4.0, no es otra cosa más, que la tecnificación y la eliminación de la innovación educativa, se trata de un modelo educativo que creará egresados funcionales para las empresas privadas transnacionales que invertirán en montar estructuras extractivistas de recursos naturales en México, para su beneficio.

¿Es bajo este contexto cuando les preocupa la violencia de género?”, preguntan las integrantes del Frente Estudiantil del IPN, al tiempo de señalar que “¡las mujeres no somos mercancía de su capital, no utilicen la consigna de “cero tolerancia para la violencia de género” si vemos a diario que miles de mujeres mexicanas y migrantes padecen de violencia económica, sexual, social y cultural debido a los megaproyectos! ¡No queremos ser parte de las manos que arrebatarán territorios, agua y recursos naturales a otras mujeres y hombres!”

Luego analizan el contexto mexicano y apuntan la precariedad laboran que ocasionan los megaproyectos industriales en la Ciudad de México, Estado de México y Matamoros, Tamaulipas, entre otros.

Por ello sostienen que el Protocolo de Género del IPN no se puede atribuir a la buena voluntad del actual director de la institución sino al movimiento político feminista que atañe a nivel mundial y nacional y a la presión que se ha hecho por las denuncias desde diferentes centros educativos como ESCOM y el CIIDIR en Oaxaca.

Por ello afirman que el cese a la violencia de género no se discute, ni debe estar bajo una agenda politécnica que atenta contra los derechos humanos más fundamentales, en contra del pueblo de México.

Se refieren al origen de la violencia y señalan que se trata de un problema estructural, la falta de justicia para las víctimas en cada plantel o del gobierno, “son estas estructuras las que alimentan al machismo, la misoginia, la discriminación por orientación sexual, la revictimización, el racismo, etcétera. No podemos fiarnos de mecanismos institucionales, es por ello que millones de mujeres en el mundo han alzado la voz y rechazan la falsa justicia”.

Ponen en duda la capacidad de dicha Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género y de la Coordinación de la Red de Género, así como de la estructura jurídica general.

“Las mujeres politécnicas no sólo vivimos la violencia de género dentro de las instituciones, sino también en los caminos hacia la casa y la escuela, durante ese trayecto muchas compañeras han sufrido de violencia, están desaparecidas o incluso han perdido la vida”.

Por lo que sostienen que se debe garantizar a las familias ayuda gratuita en asesoría legal, psicológica y económica en esos casos. Además de no solapar la falta de seguridad en las inmediaciones educativas, sin que ello amerite la criminalización de la juventud por parte de policías u otras instancias.

Exponen que el protocolo no marca sanción a administrativos que incurran en estos delitos. No existe un límite de tiempo para que la sanción ocurra, únicamente existe el plazo de cinco días después de la primera entrevista para que se realice una segunda entrevista con todo el cuerpo jurídico.

No señalan las condiciones de las entrevistas, es decir, la denunciante debería tener el derecho a asistir acompañada de quién decida, inclusive si no es menor de edad. Tampoco menciona en qué casos el agresor será dado de baja o bien en qué casos sólo se cambiará de plantel con la garantía que el problema se acabó, ¿qué pasa si el agresor del plantel A, reincide en el plantel B?.

El protocolo ya aprobado no exige a los sindicatos que tengan un protocolo que prevenga, atienda y sancione al trabajador y/o profesor implicado.

El protocolo de género demuestra la nula atención psicológica en los planteles, cuando deberían existir psicólogas/psicólogos en cada plantel, sólo menciona que la atención será en el Centro Interdisciplinario de Ciencia de la Salud Santo Tomás, no importando que seas foránea.

Y tampoco aborda la violencia por motivos de orientación sexual. Denuncian que no sólo existe el acoso u hostigamiento sexual, también existe acoso académico, ese también debe ser visibilizado y sancionado. Necesitamos espacios libres de toda violencia.

Tareas urgentes

El l Frente Estudiantil contra la Privatización del IPN señala algunas tareas urgentes para que resuelvan las redes de género y la estructura jurídica: por un lado, el feminicidio de María de Jesús Jaimes Zamudio, estudiante de Ingeniería y Arquitectura Ticomán, los responsables señalados son el profesor Julio Iván y tres estudiantes más de dicha institución, que ahora ya trabajan en PEMEX.

En aquel momento las autoridades responsables de llevar a cabo el peritaje y las diligencias, recurrieron en múltiples fallas; lo que ahora, a cuatro años, se tiene como resultado es la falta de justicia y que los feminicidas sigan en total libertad.

En este caso, aseguran, el IPN no lo ha atendido y han sido indiferentes; incluso el profesor implicado siguió dando clases hasta finalizar el 2018. Es decir, dos años después del feminicidio. El IPN no está comprometido a erradicar la violencia y dar castigos ejemplares a quién incurra en delitos, los solapa.

El otro caso es por demás preocupante, se trata de una presunta red de trata y prostitución bajo el cargo de Luis Arizmendi, profesor de la Escuela Superior de Economía en el IPN y profesor de la Facultad de Economía en la UNAM. Es señalado por agrupar a estudiantes bajo el pretexto académico para después obligarles a limpiar su casa, transcripción de sus conferencias, dar dinero, así como invitarlos a charlas políticas en las que luego les incita a tener relaciones sexuales entre integrantes del grupo o a tener relaciones sexuales con él. Ninguna de las dos instituciones ha investigado, máxime cuando en ambas instancias existan denuncias públicas de tales atrocidades.

La alternativa es organizarnos

Por ello elFrente Estudiantil llama a las y los estudiantes que han padecido de acoso, hostigamiento sexual, acoso académico o cualquier otra violencia a que denuncien, pero que su denuncia legal vaya acompañada de una campaña pública para presionar a las autoridades politécnicas a que ejerzan justicia.

Son conocidos los casos de la ESCOM en dónde existen denuncias ministeriales y la impunidad es la que está vigente. No debemos callarnos las vejaciones que atentan contra nuestra vida, agregan y apuntan que merecen espacios escolares libres de violencia de género.

Organizarnos contra la violencia de género o contra cualquier otra discriminación dentro y fuera de los espacios institucionales es exigir simplemente a las autoridades que hagan su trabajo y evidenciar la nula justicia para las estudiantes y trabajadoras de México, por ello debemos crear redes de apoyo entre estudiantes de diversas escuelas y acompañarnos de los procesos en búsqueda de justicia que existen fuera de la institución, es decir, acompañar las luchas por los y las desparecidas y por los feminicidios existentes para que juntas podamos vencer la injusticia.

Organizarnos contra la violencia de género, también significa luchar por la prevalencia de la educación pública, científica y de calidad en todas las instituciones, pues de esa manera garantizamos que las mujeres y hombres de escasos recursos tengan mayores oportunidades de mejorar la calidad de vida.

SEM/lv/sj