Durará cuatro años con participación del gobierno, sociedad civil y academia.
Elda Montiel
SemMéxico. Monterrey. 3 de julio de 2019.- El Estado de Nuevo León se posiciona como pionero en el combate integral de los feminicidios en México con la iniciativa “Ni un feminicidio más” por el consulado de Estados Unidos en Monterrey, mediante la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
La iniciativa, única en el mundo, tiene como objetivo reconocer que la prevención y sanción de los homicidios y el combate de la impunidad de estos delitos debe garantizar una vida libre de violencia a mujeres y niñas, precisó el cónsul general William H. Duncan.
Al inicio de la campaña, el cónsul William Duncan, asevero “hemos dado un paso firme hacia la seguridad y justicia para las mujeres en Nuevo León”.
El cónsul destacó que impulsar un esfuerzo así de ambicioso solo es posible con el entusiasmo y apoyo de una gran red de personas que trabajan desde diferentes esferas, desde el gobierno, la sociedad civil, la iniciativa privada y la academia, entre otras.
“Ni un feminicidio más” está proyectado para trabajar cuatro años de la mano de organizaciones como la Fundación IDEA, Equis Justicia para las mujeres y Fortis Consultores, quienes implementarán asistencia técnica y acompañamiento a las principales instituciones de seguridad, atención a víctimas y de justicia del estado.
La intención es mejorar las capacidades de las áreas de procuración de justicia para prevenir feminicidios, investigarlos y sancionarlos de manera efectiva y con perspectiva de género, por lo que se trabajará en coordinación con los municipios de Monterrey, Guadalupe y Escobedo y sus policías
Así como con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Fiscalía General de Justicia del Estado, los Centros de Orientación, Protección y Apoyo a Víctimas de Delitos (COPAVIDE) y el Poder Judicial del Estado.
Estuvo presente la secretaria ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres, Juana María Nava y Daniel Torres, responsable del seguimiento de la AVGM. Así como los titulares de las instancias participantes.
Más del 60 % de las mujeres preguntadas declararon estar obligadas a llevar tacones altos en el trabajo, o en el momento de buscar trabajo.
Mercedes Arancibia
SemMéxico/Periodistas En Español. 3 de julio de 2019.- La denuncia de una japonesa en Twitter se ha transformado en una palabra clave internacional, una petición en línea e incluso un debate parlamentario en Japón acerca de la discriminación que muchas mujeres padecen en su lugar de trabajo, donde se les fuerza a un «sufrimiento» de más obligándoles a llevar tacones altos, como cuenta Nevin Thompson en el digital Global Voices.
En 2018, Yumi Ishikawa, también conocida como Sachiko Ishikawa, exmodelo y actriz convertida ahora en escritora, trabajaba a tiempo parcial en una funeraria y se dio cuenta de que si pudiera, como su colega masculino, trabajar con zapatos planos se sentiría mucho más cómoda, y su trabajo saldría beneficiado, lo que explicó lo mejor que pudo en un tuit.
Sin embargo, resulta que su patrón puede, como cualquier otro empresario japonés, obligar a sus empleadas a llevar tacones de aguja durante la jornada laboral, pese a que muchas mujeres se quejan de dolores en las piernas y de que algunas han tenido incluso que pasar por el quirófano para reparar problemas causados por el calzado inapropiado.
Aunque la ley japonesa de igualdad de oportunidades en el trabajo prohíbe la discriminación profesional basada en el género, las distintas normativas sectoriales permiten que los empresarios puedan imponer ropa de trabajo diferente para hombres y mujeres.
En enero de 2019, Yumi Ishikawa tuiteó que era injusto que en las condiciones del hotel donde habían seleccionado su curriculum para un puesto figurara la obligación de llevar tacones altos. Su mensaje, que hacía hincapié en las desigualdades entre mujeres y hombres en el trabajo fue inmediatamente difundido y compartido por decenas de miles de internautas.
Animada por la reacción creó una cuenta con la palabra clave #KuToo –una combinación de zapatos (kutsu), sufrimiento (kutsuu) y Metoo- en la que mujeres de todo el mundo han contado sus propias historias en relación con esa obligación de calzar zapatos con tacones de envergadura.
Según Global Voices, en una investigación reciente de la que no da ninguna otra referencia, más del 60 % de las mujeres preguntadas declararon estar obligadas a llevar tacones altos en el trabajo, o en el momento de buscar trabajo.
En febrero de este año 2019, Ishikawa puso en marcha una petición en change.org, pidiendo al Ministerio de Trabajo japonés que impida que los empresarios puedan obligar a sus empleadas a trabajar con taconees altos. El pasado 5 de junio presentó las firmas recogidas al ministro Takumi Nemoto quien, tras reconocer que «los tacones altos no son necesarios en todas las profesiones», añadió que «cada profesión tiene exigencias únicas y la obligación de llevar tacones altos debería quedar reducida a las profesiones en que son necesarios y apropiados para la realización del trabajo».
En una entrevista con el diario digital Huffington Post Japon, Sachiko Ishikawa ha manifestado haberse sentido acosada en las redes a causa de las referencias a su pasado como modelo: «A pesar de que eso ha ocurrido y es espantoso, yo sé que mucha gente comprende la situación, que la petición la han firmado decenas de miles y que eso al menos ha abierto un debate sobre el asunto».
21 % de las 230 mil personas con sida, son mujeres.
Elda Montiel
SemMéxico. Cd. de México. 3 de julio de 2019.- La población de mujeres que viven con VIH y Sida en México representan 21% de las 230 mil personas que el Centro Nacional para la Prevención y el Control de VIH Sida (Censida) estimaba vivía en 2017.
Existe la incógnita para este sector de la población de cuál será la política a seguir en la prevención del sida, al cancelar los recursos a las organizaciones de la sociedad civil que colaboraban con el gobierno en la atención y acompañamiento desde el año 2006.
Tan sólo en 2018 Censida benefició a 98 organizaciones de la sociedad civil, que ha sido la principal promotora de acciones frente a la epidemia que llego en 1983 al país, la partida de este año ascendía a más de 116 millones de pesos, pero el recurso, en lugar de darse a las organizaciones civiles, al cancelarse la convocatoria, se ha planteado enviarlo a las secretarías de salud estatales.
Actualmente se optimizó el esquema de consolidación de compras de los antirretrovirales, pero se sabe que existen las intenciones de convertir el al Censida en el Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas, con lo que la política contra el VIH y Sida pasarían a ser un área dentro de su estructura.
En el 2018, el Censida registró 164 mil 675 casos de VIH y de sida en personas que se encuentran vivas, de las cuales 16 mil 755 son casos nuevos; es decir, 2 mil 575 más que el año anterior. Se estima que una de cada tres personas desconoce que es portadora del virus.
El Censida es un organismo descentralizado del gobierno, creado en 2001 para fungir como rector de las acciones en salud contra el sida y otras infecciones de transmisión sexual (ITS), cuya titular era la doctora Patricia Uribe Zúñiga, quien ocupó el cargo desde 2013, actualmente el encargado del despacho del Censida, el director de Prevención y Participación Social Agustín López González.
La reestructuración en el sector salud ha sembrado la incógnita en las personas que viven con VIH y Sida, ya que en lo que va de este año hasta marzo, se diagnosticaron 190 mujeres con sida y 269 portadores de VIH. La tasa de mortalidad por VIH se calcula en 3.8 defunciones por cada 100 mil habitantes, en mujeres es de 1.3 y 6.5 en hombres.
Desde el 2006 existía el acuerdo entre el gobierno federal y las organizaciones de la sociedad civil que trabajaban a través de campañas, aplicaciones de pruebas rápidas y acompañamiento a tratamiento en sectores que no son cubiertos por el gobierno.
Sin embargo, este acuerdo desaparece debido a la circular 1 que prohíbe transferencias de recursos a las OSC.
Hay que recordarle que en este país, el cual gobierna desde el primero de diciembre, están asesinado a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos y que su gobierno nada está haciendo al respecto.
Graciela Machuca Martínez*
SemMéxico- 02 de
julio 2019.- Mientras el Estado mexicano continúe denostando la función social
de la prensa en una sociedad que aspira a la democracia, los grupos de poder
seguirán asesinando a personas periodistas y a defensoras de derechos humanos y
para revertir esa tendencia se requiere del diseño y puesta en marcha de
políticas públicas que vayan de acuerdo a la normatividad jurídica que se ha
diseñado a nivel internacional y que se puede contrastar con las buenas
prácticas en otras latitudes.
Si desde los tres Poderes de la Unión, no se cambia de
mentalidad y de estrategias para controlar la violencia contra ambos sectores
de la población y si periodistas y defensoras de derechos humanos no se unen
para delinear acciones contundentes, como se ha dicho, seguiremos contando
asesinatos y seremos cómplices del silencio y de la orfandad informativa en que
está quedando la sociedad mexicana.
A un año que el electorado de México decidió que su próximo
presidente de la república sería Andrés Manuel López Obrador, la violencia
contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos continua como en
los tiempos de Felipe Calderón Hinojoza y Enrique Peña Nieto, lo que me lleva a
la conclusión de que en México no basta cambiar el color del partido político
para garantizar la Libertad de Expresión, sino que se debe generar una cultura
democrática y los gobernantes en turno deben entender que el ejercicio
periodístico no es para aplaudirle sus acciones sino para vigilar que esas
acciones sean en beneficio del pueblo.
Si el gobierno no cambia su forma de actuar respecto al
ejercicio de la Libertad de Expresión y otros derechos humanos, las personas
periodistas no se convencen que sólo con ética y profesionalismo podrán
defenderse y si la sociedad no se construye una cultura para ejercer su Derecho
a la Información, y al contrario, se siente mejor con fanatismos hacia un
líder, la violencia no cesará.
De esta manera, seguiremos reproduciendo caso tras caso, las
cifras negras, las cifras de la impunidad y de las complicidades en las que
participamos como sociedad.
Cada que asesinan a una persona periodista o defensora de
Derechos Humanos, conocemos pronunciamientos como el siguiente:
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el pasado
12 de junio, dio a conocer que con el homicidio de Norma Sarabia “suman ya 149
los periodistas asesinados desde el año 2000 (16 eran mujeres), y 8 en el
transcurso de 2019, cifras que demuestran la crítica situación que nuestro país
enfrenta en materia de libertad de expresión, y la urgente necesidad de brindar
condiciones óptimas para que periodistas y medios de comunicación puedan
realizar sus labores con seguridad”.
Este órgano público, autónomo y ahora más incómodo que
nunca, considera que los ataques contra periodistas dañan no solamente a las
víctimas y sus familiares, sino que constituyen una afrenta a nuestro sistema
democrático en su conjunto, aprovechándose de las debilidades y carencias
institucionales en materia de seguridad y procuración de justicia, y provocando
espacios y zonas de silencio en el país, donde quienes ejercen el periodismo ya
no escriben ni hablan.
Cinco días antes, el presidente de la CNDH, había dicho que
México se coloca como el país latinoamericano con el mayor número de homicidios
contra periodistas, lo que sustenta y justifica que se considere el ejercicio
de la actividad periodística en México como de alto riesgo.
Lo anterior, sin que las autoridades responsables acierten a
implementar políticas públicas que permitan vislumbrar que la violencia contra
el gremio pueda tener un próximo fin.
Las entidades federativas con mayor número de homicidios de
periodistas son Veracruz (22 casos), Tamaulipas (16), Guerrero (16), Oaxaca
(16) y Chihuahua (14), recapituló la CNDH.
Un análisis, ya clásico, realizado por la CNDH a las
indagatorias relacionadas con homicidios de comunicadores, determinó que en
cerca del 90% de los casos existe impunidad, cifra que se eleva a 100% en los
21 casos de comunicadores desaparecidos y de los 52 atentados a instalaciones
de medios de comunicación que se han presentado desde el 2005 y 2006,
respectivamente.
La oficina en México de la organización internacional
Artículo 19 documentó que durante el gobierno del presidente de la República
Vicente Fox Quesada (2000-2006) se registraron 22 asesinatos y cinco
desapariciones.
En el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojoza
(2006-2012) se perpetraron 48 asesinatos y 15 desapariciones.
Mientras que en la administración del presidente Enrique
Peña Nieto, se documentaron mil 986 agresiones diversas contra periodistas del
primero de diciembre de 2013 al 31 de diciembre de 2017, así como 45 asesinatos
al mes de junio de 2018.
Las cifras de agresiones contra periodistas varían entre
instituciones gubernamentales, así como entre organizaciones de la sociedad
civil, en función a la metodología de documentación que utilicen y de sus
intereses que motiven la documentación que van desde políticos a financieros.
También recordemos que Celia del Palacio y Alberto J. Olvera
en su ensayo, Acallar las voces, ocultar la verdad, violencia contra los
periodistas en Veracruz, sostienen que el poder criminal “se ha extendido al
control de los medios locales y coexiste con la continuidad de las prácticas
del Estado mexicano: el clientelismo y la violencia. Las principales víctimas
de estas formas de control mediático han sido los periodistas más precarios,
empleados de medios de comunicación pequeños, locales y sin trascendencia
estatal o nacional”.
El número de agresiones contra periodistas se incrementó
considerablemente a partir de 2007 y coincidió con las acciones gubernamentales
del entonces presidente de la República Felipe Calderón Hinojoza al declarar la
guerra a los carteles de la droga y ordenas el despliegue de militares en las
calles del país para desempeñar funciones de seguridad pública.
Ante esta crítica situación, en tiempos que el Presidente de la República se dedica a festinar lo que dice que son logros de su gobierno, con datos que él solo tiene y que quizás obtenga con metodologías que él solo conozca, hay que recordarle que en este país, sí México, el cual gobierna desde el primero de diciembre de 2018, están asesinado a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos y que su gobierno nada está haciendo al respecto.
El presidente de México debe saber, que en la Secretaría de
Gobernación existe una institución que se llama Mecanismo de Protección para
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero que sus facultades
legales están rebasadas, por las limitaciones de su normatividad, por la
burocracia que opera la Junta de Gobierno y por un Consejo Consultivo que ya no
representa a la sociedad civil, sino a grupos sectarios que operan en la
oscuridad de sus intereses personales y de grupo.
Si Andrés Manuel López Obrador no está enterado, hay que
decirle que en la Fiscalía General de la República, existe la Fiscalía Especial
de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), la cual se
dedica a litigar para impedir que los jueces la obliguen a atraer los casos de
violencia contra periodistas, en lugar de asumir la responsabilidad que le
confiere el Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Para defender la vida, la integridad física y salud mental
de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, así como garantizar
que puedan realizar sus labores profesionales de manera libre, lo que se
requiere en México es cambiar el paradigma de la protección por un sistema de
políticas públicas cuyo objetivo primordial sea la prevención.
Ya se ha repetido en múltiples ocasiones, que ningún recurso
público o privado es suficiente para atender a cada uno de los casos de
violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, además,
porque hoy en día en nuestro país están asesinando a médicos, sacerdotes,
ingenieros, empresarios y el Estado ha demostrado su incapacidad para atender
este fenómeno. Como país debemos trabajar de manera paralela en la extinción de
la impunidad y en la formación de una cultura de la prevención y para ello, hay
que adaptar los estándares internacionales ya desarrollados a la realidad
mexicana.
*Periodista en el
estado de Quintana Roo, defensora de derechos humanos de mujeres e integrante
suplente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección de Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas dependiente de la Secretaría de
Gobernación.
La 4T se pasa la Constitución por debajo del puente fronterizo
Yaneth Angélica Tamayo
SemMéxico. Cd. de México. 2 de julio de 2019.- El desplazamiento humano ha sido una constante a lo largo del tiempo, las civilizaciones han construido parte de sus culturas gracias a la coexistencia de personas de diversos orígenes, que han dando paso a variados intercambios culturales.
Lo cual ha propiciado la modificación de los mapas demográficos, del progreso, de la disparidad económica y de las necesidades humanas; por ello, las personas de manera voluntaria o forzada han tenido que migrar en búsqueda de recursos económicos hacia países poderosos; aunque, en las últimas décadas también lo han hecho de países muy pobres hacia otros menos pobres.
Sin embargo, en la mayoría de casos las personas que se ven obligadas a migrar de manera forzada lo hacen clandestinamente, es decir, su tránsito migratorio lo realizan sin documentos de identificación que amparen su pertenencia a un país de origen, lo que trae como consecuencia una fuerte repercusión en la comisión de violaciones a sus derechos.
En su afán de encontrar una mejor vida, las personas migrantes afrontan múltiples problemas, como robos, maltratos, falsas acusaciones, engaños, violaciones físicas, entre otras transgresiones que en muchos casos culminan con la muerte; circunstancias que se suscitan debido a la fuerte carga de discriminación por sexo, condición social, pertenencia étnica y analfabetismo.
Quiero dejar claro que la intención no es resaltar el aspecto negativo de la migración ni fomentar un sentimiento compasivo, sino visibilizar las situaciones por las que pasan estas personas y que contribuyen a que los nacionales tengan una percepción errónea que fomenta la xenofobia en contra de los que se desplazan; pero además, reconocer las violaciones a derechos humanos de las cuales el Estado es omiso.
Hecha esta salvedad, se debe tener en cuenta que en el caso de México existe una situación compleja debido a que se trata de un país receptor de migrantes en el que las personas que se desplazan conforman una población flotante que permanece por cortas temporadas en los lugares que transitan pues su objetivo se centra en la frontera con Estados Unidos.
Sin embargo aun cuando su estancia por el territorio es corta, a lo largo de su trayecto se va ejerciendo en contra de ellos violaciones a sus derechos que los convierten en víctimas potenciales de situaciones negativas y delictivas.
Pues la mayoría de las personas que conforman las caravanas migrantes, carecen de instrucción básica, son analfabetas, nunca antes habían salido de sus comunidades; en muchos casos solo hablan una lengua indígena; su fisonomía es típica de pueblos afrodescendientes; no cuentan con dinero suficiente para suministrarse necesidades básicas; lo cual los coloca en un estado de indefensión y más si se trata de mujeres y menores de edad.
En el país se tiene registrado que algunos migrantes muren debido a la falta de alimentos, cansancio y al terror que les provoca el acoso de agentes migratorios; en otros casos son obligados por traficantes de humanos a consumir drogas para “aguantar” el viaje y suelen ser utilizados para transportar pequeñas cantidades de droga, por si llega a ser detenidos además de todo lo padecido sean acusados de tráfico de estupefacientes.
Son utilizados cada vez más infantes para el tráfico de humanos; la delincuencia organizada los obliga a trabajar; mujeres y niñas son sometidas a abusos sexuales, los organismos de derechos humanos reportan que el 95% de las sexo servidoras son indocumentadas, la mitad tienen edades entre 13 y 17 años, muchas de ellas son raptadas en su tránsito por México y son obligadas a prostituirse o son vendidas.
Estas no son las únicas circunstancias por las que lamentablemente pasan los migrantes, ya que además enfrentan actitudes racistas y discriminatorias, pues los atacan por considerarlos invasores, lo que propician que sean estigmatizados y discriminados por los nativos de los lugares donde van transitando, los rechazan, los acusan de generar violencia, de ser delincuentes, prostitutas, violadores y además rateros, razones por las cuales son discriminados; esto no quiere decir que no existan excepciones, pero no se debe generalizar.
Otros son incomprendidos por sus diferencias culturales, su vestimenta, su aspecto descuidado, su fisionomía, color de piel y forma de hablar.
Situaciones que les provocan impactos psicológicos y físicos que alteran su entorno social, pues aparte de su pobreza y condición de indocumentados, son discriminados.
Los anteriores escenarios se han incrementado debido al arribo de las caravanas migrantes; al ingreso de más de 20 mil personas extranjeras de forma ilegal en lo que va del año; a la irresponsabilidad del actual Presidente al prometer asilo y ayuda a todo migrante, aun cuando las condiciones de pobreza y falta de oportunidades no son superables para los propios mexicanos; a la falta de actuación por parte del gobierno federal para frenar en su momento la entrada de migrantes y a la polarización que el propio gobierno ha fomentado.
Aunado a ello, la desacertada decisión de negociar con Donald Trump la suspensión de medidas arancelarias para los productos mexicanos, a cambio de ejecutar una política migratoria represiva de contención en contra de los migrantes, solo para satisfacer los aires de grandeza de un xenófobo, agravando con ello las violaciones a los derechos de las personas desplazadas.
La forma arbitraria e inhumana en que los agentes fronterizos realizan redadas sorpresa y detenciones masivas sin tener las facultades para hacerlo y además desprovistas de protocolos, así como la pretensión de enviar 6 mil efectivos de la Guardia Nacional; no abonan en nada para eliminar las prácticas discriminatorias ni disminuir el arribo de migrantes, antes bien agudizan las violaciones a derechos humanos y fundamentales de las personas indocumentadas que se encuentran en el territorio mexicano.
Dejando a un lado lo establecido en la Constitución en la cual se ordena que todas las personas en el país gozaran de los derechos humanos, no serán discriminados y no se atentara contra su dignidad, sus derechos y libertades de personas.
Al Estado se le olvida que las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, establecieron que en México los migrantes son el tercer sector de la población más discriminado, después de los homosexuales y los indígenas.
Expresando su preocupación por la información que confirma la práctica de malos tratos, extorsiones y robos cometidos por funcionarios en contra de hombres, niños y mujeres que carece de documentos migratorios, así como por los recurrentes actos de violencia y agresiones a migrantes por parte de la delincuencia organizada, que resultan con frecuencia impunes.
En conclusión, no se pretende que el Estado mexicano satisfaga las necesidades de los migrantes y a las que indebidamente se comprometió; pero si, que se reconozca la necesidad de realizar acuerdos multilaterales, bilaterales e interinstitucionales que cuenten con la participación de los involucrados directa e indirectamente, con formatos vinculantes de dialogo e intercambio de buenas prácticas y todo lo que pueda ser de utilidad.
Pero además, es necesario sensibilizar a los mexicanos para que comprendan que las personas ante la falta de oportunidades tienen la necesidad de migrar y que en carne propia sufren la injusticia, la invisibilidad y las lacerantes violaciones discriminatorias solo por el hecho de ser pobres o ser considerados diferentes; se requiere que sus derechos sean respetados.
Sin resultados sustantivos llega la AVGM a su segundo año en Quintana Roo.
Graciela Machuca Martínez
SemMéxico. Quintana Roo. 2 de julio de 2019.- Sin mayores resultados que den cuenta deque la ola de crímenes contra las mujeres se detenga en Quintana Roo, así llega la Alerta de Violencia de Género al segundo año de su declaratoria en la entidad, en medio de la opacidad, permisividad y normalización de la violencia contra las mujeres.
El próximo domingo 7 de julio la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) cumple dos años de haberse declarado en Quintana Roo, por parte de la Secretaría de Gobernación con base en el artículo 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y que a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujeres (CONAVIM), implementó acciones emergentes para los municipios de Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad.
Cifras oficiales contrastan con las cifras registradas por organizaciones. Hasta mayo del 2019 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reconoce 5 feminicidios y Maya Sin Fronteras registra 33 mujeres asesinadas. En personas ejecutadas Maya Sin Fronteras registra 299 casos, el SESNSP da cuenta de 1, 985 homicidios y 272 homicidios dolosos. En esas misma fechas, en el 2018 se registraron en los primeros cinco meses 34 asesinatos de mujeres. Para finales de ese año el registro de Maya Sin Fronteras fue de 84 asesinatos violentos de mujeres, mientras que en las cifras oficiales fueron 6 en el estado.
Al año, la CONAVIM planteó al gobierno estatal ampliar la AVGM a dos municipios más ante la ola de crímenes contra las mujeres, sumándose los municipios de Tulúm y Othón Pompeyo Blanco, fecha en que las cifras oficiales a diciembre del 2018 se registraron 55 feminicidios ocurridos mayoritariamente en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres.
En lo que respecta a la argumentación para incorporar al municipio de Othón Pompeyo Blanco se desprende de un punto de acuerdo tomado en el senado en diciembre del 2018, donde el senador morenista José Luis Pech Varguez , planteó atender la violencia de género contra las mujeres en Quintana Roo.
Para esa fecha la argumentación fue la siguiente: el senador hizo referencia a la incompetencia e insensibilidad de las autoridades, pese a contar con instrumentos específicos para atender los casos, y prevaleciendo la impunidad, el influyentísimo y la re victimización de las mujeres que sufren violencia.
Y ejemplificó con el caso de Addisbel que impactó fuertemente el ánimo social en toda la entidad e incluso a nivel nacional e internacional.
Y destacó cómo “en Chetumal se han dado manifestaciones de personas frente a las instituciones encargadas de atender la violencia contra las mujeres, órganos que a su vez han hecho públicas sus posturas en favor de una pronta solución y un reclamo de justicia”. Hoy el caso de Addisbel sigue en total impunidad.
Para desgracia de la sociedad del municipio de Othón P. Blanco, argumentó hace 7 meses, “este caso solamente es la punta del iceberg, pues en el periodo de enero de 2017 a agosto de 2018, según cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, en el municipio se han registrado 13 mil 228 casos de violencia contra las mujeres de los cuales el 94 por ciento son casos de violencia familiar”.
Y agregó que “ mientras que en los municipios donde se encuentra activa la alerta de género, en el mismo periodo se han registrado 23 mil 918 víctimas en Benito Juárez, 9 mil 995 en Solidaridad y 4 mil 124 en Cozumel. Esto posiciona al municipio de Othón P. Blanco como el segundo municipio con mayor número de casos de violencia contra las mujeres y sin embargo no se encuentra dentro de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres”.
Bajo esta argumentación se desprende el punto de acuerdo para que un municipio más, y que a solicitud de CONAVIM al gobierno de Quintana Roo, se sumaran Tulum y Othón P. Blanco a la AVGM.
La alerta tiene como fin implementar acciones emergentes para el cese de la violencia extrema contra las mujeres, y que terminan en femincidio. Sin embargo, para las organizaciones sociales feministas no hay resultados tangibles que demuestren que las medidas emergente solicitadas a las autoridades de los municipios mencionados sobre prevención, atención, sanción y erradicación hayan tenido resultados para parar la ola de violencia contra las mujeres en Quintana Roo.
Entre las acciones se planteó crear un programa de atención a mujeres victimas de violencia y protocolos de actuación, así como el programa único de capacitación, elaborar un protocolo de actuación en el estado para la implementación de las ordenes de protección de las mujeres, niñas y niños, así como asegurar la operación de centros de justicia para las mujeres en Benito Juárez, así como fortalecer y publicar los protocolos para investigar y juzgar con perspectiva de género casos de femincidios y delitos sexuales en el resto del estado.
Solo para ilustrar, Benito Juárez, es uno de los tres municipios que se encuentra en la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), y donde se ubica la emblemática ciudad de Cancún, conocida por su alto turismo. Ahí solo se cubre el 25% del territorio ante la falta de patrullas para prevenir los delitos. Benito Juárez, es el municipio con 661, 176 habitantes, de los cuales 326, 231 son mujeres (49%) y 334, 945 son hombres (51%), y donde solo se cuenta con 100 patrullas, y solo 30 de ellas son utilizadas para dar vigilancia a la población, mientras que 70 patrullas son utilizadas para el servicio de tránsito y policía turística. Este municipio registró 51 de los 84 asesinatos violentos de mujeres cometidos en el 2018 de acuerdo al observatorio registrado en Maya sin Fronteras.
El total del gasto reportado por el Gobierno de Quintana Roo y que CONAVIM coloca en la página oficial, incluye los años 2016, 2017 y 2018, una erogación de gasto por 11, 647, 265.81 (once mil seiscientos cuarenta y siete millones doscientos sesenta y cinco mil ochenta y un pesos), “destinados a atender el mecanismo de AVGM”.
Presentación del “Protocolo para garantizar el derecho a la no discriminación por identidad y expresión de género de las personas que laboran en el Instituto Nacional Electoral”.
Redacción
SemMéxico. Cd. de México. 2 de julio de 2019.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subrayó la necesidad de impulsar, aún más, el diseño e implementación de normas contra la discriminación que incluyan categorías protegidas como la orientación sexual, la identidad y la expresión de género, para lo cual se requiere generar un clima de respeto y la definición de sanciones para quienes, desde el servicio público, cometan actos motivados por homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia, lo que es delicado cuando esos actos ocurren entre personas que comparten un mismo entorno laboral.
En un comunciado de prensa señaló su preocupación porque, desde el desconocimiento de la teoría de género y de la complejidad cultural, se haga uso de la llamada “ideología de género” para descalificar los derechos humanos, en especial de los vinculados con la igualdad y la no discriminación, por lo cual reconoció a la teoría de género y al feminismo por ofrecer categorías de análisis y herramientas interpretativas para cuestionar el orden sociocultural y desmontar aquello que se concebía como “natural”, sobre todo en lo relacionado con el ejercicio de la sexualidad.
Lo anterior, ante hechos como que el 49.4% de la población encuestada en la ENDOSIG 2019 tuvo que ocultar su orientación o identidad de género, ya que en su vida cotidiana las personas del colectivo LGBTTTIQ experimentan de manera frecuente expresiones de violencia y restricciones sociales que afectan su bienestar y desarrollo, por lo que aún es un gran desafío para los derechos humanos poner fin a estas prácticas de rechazo y discriminación.
Así lo expresó el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, al participar, acompañado por el Presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, en la presentación del “Protocolo para garantizar el derecho a la no discriminación por identidad y expresión de género de las personas que laboran en el Instituto Federal Electoral”, que evidencia que en el INE hay una intención de sumar a su lógica institucional procedimientos para fortalecer el derecho a la no discriminación y el respeto a las diferencias, por lo cual se espera que otras instituciones y órganos autónomos decidan transitar por rutas de inclusión, no discriminación y promoción de los derechos. Llamó a autoridades y sociedad a trabajar en forma conjunta por un México sin discriminación y diverso.
Tras mencionar que los protocolos son mecanismos transitorios para visibilizar situaciones específicas y ofrecer garantías de no repetición mediante pautas de actuación, de atención y de sanción, expuso que lo trascendente es que las instituciones construyan una cultura de respeto pleno a la otredad, una cultura de derechos en la que no se requieran este tipo de herramientas, y destacó que el citado protocolo fue sensible a los resultados de la Encuesta ENDOSIG 2018.
González Pérez recordó que en 2008 la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género y el Comité DESC emitió su Observación General No. 20 “La no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales”, de julio de 2009, en tanto que nuestra Constitución General reconoce en su Artículo 1° los derechos humanos, incluyendo los que han sido suscritos mediante convenios y tratados internacionales, lo que fue posible tras la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos y a la lucha histórica de personas, colectivos y organizaciones que defendieron que la diferencia no debe implicar la discriminación; hombres y mujeres de la diversidad sexual se hicieron ver por una sociedad y unas instituciones que durante mucho tiempo los hicieron invisibles.
Por su parte, Lorenzo Córdova destacó que organismos autónomos como el INE y la CNDH son instituciones que promueven la defensa de los derechos humanos desde sus diversos ámbitos, y sin éstos no se puede explicar la democracia en México. Indicó que el objetivo de este Protocolo es establecer criterios que aseguren el ejercicio pleno de todas las personas que trabajan en ese Órgano electoral para salvaguardar los derechos de identidad y expresión de género, al libre desarrollo de la personalidad, a la seguridad personal, protección a datos personales y, con ello, lograr que todas las personas en el INE se sientan libres y seguras.
La Consejera Electoral Dania Ravel Cuevas mencionó que el Protocolo es producto del trabajo del INE y surgió del compromiso para garantizar los derechos humanos de la ciudadanía en igualdad de condiciones, para que todas y todos los trabajadores sean conscientes de las dificultades que enfrentan las personas trans. Destacó la creación de espacios más seguros libres de discriminación que contribuyan a generar una sociedad más justa.
Posteriormente, en entrevista conjunta con el Consejero Presidente el INE, el Ombudsperson nacional lamentó que el Gobierno federal no haya entendido el sentido propositivo de la Recomendación 29/2019 de la CNDH, ya que el tono de respuesta que se le dio es grave y lamentable. Señaló que las descalificaciones no deben ser la guía de convivencia entre las personas y las instituciones, y precisó que no se ha entendido lo que significa ser contrapeso sano de los gobiernos, como lo es la CNDH que en sus más de 29 años de existencia ha tenido visión clara y ha alzado la voz cuando se pueden violentar o se violentan derechos humanos. La CNDH, dijo, ejerce su institucionalidad y sus atribuciones y actúa dentro del diálogo y el respeto ante violaciones a derechos fundamentales.
Esta Comisión Nacional precisa que en los próximos días dará a conocer su posicionamiento respecto de la respuesta que dieron las autoridades por la no aceptación de la citada Recomendación, al tiempo que subraya que la negativa a aceptar tal documento recomendatorio lastima, principalmente, los derechos fundamentales de niñas, niños y madres trabajadoras.
Ya cerraron dos refugios, no se puede cerrar uno más, señala la Red Nacional de Refugios.
Elda Montiel
SemMéxico. Cd. de México. 2 de julio de 2019.- En demanda de la liberación inmediata del Presupuesto 2019 asignado y etiquetado para los refugios y sus centros externos, y en un pronunciamiento pacifico a través del arte, se reunieron en el zócalo capitalino, frente a las oficinas de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, las integrantes de los diversos refugios de la Republica, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, académicas, feministas, periodistas y mujeres sobrevivientes de violencias.
Demandan que en los próximos tres días se liberen los recursos que ya fueron debidamente tramitados y aprobados, de acuerdo a la convocatoria
Tienen conocimiento que el día de ayer, 1º de julio, la Subsecretaria de Salud instruyo al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva “para que de manera inmediata se transfieran los recursos destinado a los Refugios y sus Centros de Externos”.
La Red Nacional de Refugios tras reconocer la intervención de la SSA para ejercer los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia, expresó su sorpresa de que dichos recursos no fueran transferidos antes.
Expusieron la urgencia de liberar el presupuesto, ya que llevan seis meses sin recursos, y que al igual que en años anteriores se demora la entrega de dichos recursos, aun cuando no se deja de proporcionar la atención integral especializada, por lo que le toca al gobierno cumplir con su palabra de apoyar a los Refugios y Centros Externos.
Precisaron que cada día de atraso en los recursos pone en riesgo a cientos de mujeres e infantes porque propician que desaparezcan estos servicios, como ya ocurrió con dos refugios en Guanajuato y Puebla.
No podemos permitir que cierre uno más, señala el comunicado, pues las mujeres quedarían en un estado de vulnerabilidad e incrementaría los índices de feminicidio.
Al respecto, indico la Red que 64 de cada 100 mujeres sufren varios tipos de violencia de género y requieren atención inmediata en los Refugios y Centros Externos.
Urge garantizar a todas las mujeres víctimas de violencias sus derechos a contar con espacios de protección y atención especializada. Las cifras de la violencia contra las mujeres son alarmantes, tan solo de diciembre de 20018 a marzo de 2019 en México han ocurrido 323 feminicidios, 32% más que el año pasado.
Los refugios para mujeres no deberían estar en la
Secretaría de Salud, pero…
Candelaria Ochoa Ávalos dice que está a prueba por
lo que ha luchado 30 años
Sara Lovera
Parte II y última
SemMéxico. Cd. de
México. 2 de julio de 2019.- María Candelaria Ochoa Ávalos responde sin
problema. Militante y activista quería que un día llegara a gobernar aquello
por lo que ha luchado. Eso no la hace gobiernista como en el pasado. Cuenta lo
que encontró en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia
Contra las Mujeres (CONAVIM), vacantes, comisionadas y sin estructura. Afirmó
que la Ciudad de las Mujeres, impulsada en el pasado sexenio, no tiene estatuto
jurídico y hubo corrupción.
Cree firmemente que va a trabajar por disminuir las
cifras de la violencia, “por eso luché 30 años”; reconoce que hay que hacer una
cruzada para dar a conocer en campañas y acciones, cómo la violencia contra las
mujeres afecta la vida y la democracia; sueña en que todo el gabinete se
involucre y anuncia que le han solicitado declaración de Alerta de Violencia de
Género contra las Mujeres (AVGM), grupos de Chihuahua y de Sonora, ésta en
segundo intento.
No cae en provocaciones. Para nada. Está preocupada
por hacer funcionar a su equipo de trabajo, apenas de 48 personas para atender
y vigilar todo el país; con 5 personas comisionadas en el municipio de Ciudad
Juárez, haciendo el trabajo del municipio. Propuso a la Cámara incluir la
violencia como delito de tortura y que se unifique en el Código Penal Federal el
tipo penal del delito de feminicidio.
La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), informa que esa
dependencia no trabajó nunca con organizaciones sociales de mujeres, y que
todos los recursos de CONAVIM son para los gobiernos de los estados y
municipios, directamente.
Anunció que CONAVIM iniciará hoy, este martes 2 de
julio, pláticas con la Secretaría de Educación Pública para conocer,
diagnosticar y buscar salidas a la violencia en los centros de Educación
Superior, luego de afirmar que lo que está pasando en el Instituto Politécnico
Nacional (IPN), es mucho más grave de lo que se sabe.
SemMéxico averiguó que hace unas semanas renunció la
responsable de la Oficina de Género del IPN, porque no la dejaban trabajar,
porque le quitaron funciones y porque las autoridades no quisieron ver que ahí,
se construía una red de violencia cibernética contra las mujeres; que se ocultó
información sobre hostigamiento, sobre acoso y sobre abusos sexuales y
violaciones.
Marta Tronto, quién anda de viaje, trabajó en la
construcción de acciones para evitar la violencia en la educación superior,
cerca de 10 años, pero desde hace más de 3, no podía avanzar. Actualmente hay
una nueva responsable y el IPN tendrá que atender lo que proponga CONAVIM.
Candelaria Ochoa Ávalos asegura que buscará un
acuerdo con la SEP como una medida estratégica para el cambio cultural, no sólo
en la educación media, sino en los primeros niveles; que ha sacado de un cajón,
olvidado un convenio de CONAVIM con la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior, ANUIES que hará efectivo, luego de afirmar
que se ha avanzado muy poco en la construcción de protocolos para las
universidades, donde crece la violencia contra las mujeres.
Consideró, además que no se puede desdeñar que la
violencia contra las mujeres la tenemos que atender en las universidades, en la
sociedad y en el gobierno, en todos los lugares donde los hombres y mujeres
estamos presentes, tenemos que implementar acciones contra la violencia en
todos esos espacios y por supuesto en los medios de comunicación.
Luego me contó como en CONAVIM son 48 personas y
cuando llegó en marzo, “teníamos diez plazas vacantes”, y cinco personas están
en Ciudad Juárez “haciéndole el trabajo al municipio”, probablemente porque el
origen de la CONAVIM fue una comisión especial creada para atender los
asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.
Por cierto. De acuerdo al último informe del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre
violencia contra las mujeres, de enero a mayo de 2019, y que puede leerse en el
ciberespacio, señala los 10 municipios con mayor número de mujeres asesinadas.
Está en primer lugar Ciudad Juárez, Chihuahua (2º.) y le siguen Xalapa, Veracruz
(3er); Centro, Tabasco (4º.); Chihuahua, Chihuahua (5º.); Ixtapaluca, Estado de
México (6º.); Monterrey, Nuevo León, (7º.); Hermosillo, Sonora, (8º.) Nogales, Sonora,
(9º.) y en décimo lugar Córdoba, Veracruz. Del 5º. al décimo lugar, según el
Secretariado ocurrieron 5 homicidios de mujeres en cada uno, de enero a mayo de
este año.
También destaca el Secretariado que ocurrieron 28
mil 346 denuncias por lesiones en mujeres y 181 mujeres secuestradas.
Para la comisionada hoy hay que considerar un
trabajo nacional, centrado en los municipios, porque la violencia contra las
mujeres es un tema estructural, está en las familias, en la sociedad, en la
vida pública, incrustado socialmente, como resultado de que tenemos la creencia
de que las mujeres no valemos como sujetas de derechos.
Cuando recordó como hace casi 25 años todos los ojos
y acciones fueron para Ciudad Juárez, señaló que es de tomar en cuenta que hoy
no es la misma realidad y que las necesidades a atender, son nacionales.
Los cambios
La mesura de la Comisionada la hace señalar las
omisiones de la política de género, desde una perspectiva muy moderada. Me
contó que cuando llegó a esa oficina que está en la colonia Juárez,” tratando
de configurar todo el personal y las funciones” se dio cuenta que no había “una
coordinación de alertas, las personas encargadas y que ahí estaban jalaban por
distintos rumbos”. Había cosas increíbles, también en los estados “me mandaron
un informe de Colima, con cosas increíbles, de Nuevo León, hasta con faltas de
ortografía, “cada quién hacía lo que se le ocurría”.
Ya se ha creado una coordinación de Alertas, otra de
Centros de Justicia para las Mujeres; otra de políticas públicas, de modo de
ordenar el trabajo.
La comisionada dijo que sí hará cosas sobre la
violencia política en contra de las mujeres. “Encontré que se quejaron por la violencia
política, pero nada de propuestas de cómo atenderla”, dijo que como instancia
que norma y vigila la política pública en materia de violencia contra las
mujeres, la tarea se está tomando muy en serio. Por ahora diagnostica.
Luego criticó cómo los grupos interinstitucionales e
interdisciplinarios donde prevalece la academia, la misma que debiera y tiene
un papel importante en nutrir la política pública, tanto que quienes hacen la
política pública tienen el deber de escucharla, pero, dijo, en muchas ocasiones
las académicas, que tienen grandes planes, por ejemplo para la alerta, temas muy teóricos, muy de investigación, pero no de
políticas públicas. Incluyen en sus peticiones “tareas imposibles de cumplir”,
es conveniente aterrizar sus propuestas. Ello ha dificultado percibir con
claridad si hay avances o no en la AVGM.
Reiteró que hay que mantener un mecanismo específico
para la AVGM, y que los institutos de las mujeres sean una instancia más. Ahí
le pregunté si tiene distanciamiento con Nadine Gasman, presidenta del
Instituto Nacional de las Mujeres y su área sobre violencia. Dijo que, para
nada, “hablo con ella cada tercer día”, pero reitero y aclaró:
“La AVGM debe involucrar a los gobiernos de los
estados, como una acción de Estado, con todas las instancias, porque las de las
mujeres no pueden, no han podido, precisamente porque no hay sinergia
institucional, yo estoy haciendo ese amarrado de nodos, pidiendo a los
gobiernos que se hagan cargo de lo que les toca, coordinar y actuar en las
emergencias y en las urgencias”.
Es fundamental “tejer fino con los supremos
tribunales de justicia”, para abatir la impunidad y garantizar el acceso a la
justicia. Anunció que habrá encuentros
con los fiscales y operadores de las fiscalías, para que las carpetas de
investigación se hagan muy bien, con perspectiva de género.
Candelaria Ochoa Ávalos vuelve a sí misma. Como
militante, para quien crea que se olvidará de las mujeres, y dijo que “para
nada me sirven 30 años de activista, si no hago lo que pedía. Ahora en la función pública me tiene que funcionar”.
Me contó que están trabajando en los Centros de Justicia
para las Mujeres para desarrollar los protocolos. Y dijo que no le afectó el
recorte presupuestal. Para esos centros había 70 millones y hoy “pasamos a 99,
por lo tanto, se invertirá en mejorar y
apoyar a esos centros, donde puede haber la diferencia”.
También dijo que el 93 por ciento del presupuesto de
CONAVIM, dependencia de la Subsecretaría de Gobernación, va directamente a los
gobiernos estatales y municipales.
También la reestructuración dedicará acciones a los
sectores marginados, como la población indígena; la violencia contra las
mujeres periodistas y contra las políticas. Ahí me contó que aclarará criterios
para la tarea, tanto la general como la de las AVGM y que acaba de recibir el
informe de Sonora, donde Leticia Burgos pidió la declaración de Alerta, luego
de un año en que se rechazó esa petición.
Acción inmediata
La comisionada trabaja ideas para convencer a todas
las Secretarías del ejecutivo y a todos los programas sociales para desplegar
una campaña nacional: “Mi sueño es que en la Secretaría de Bienestar todos los
programas lleven un letrero de que la violencia no es natural; que, en la
Secretaría de Educación Pública, suceda igual, que se sume el Instituto de la
Juventud, etc. Que haya una real campaña nacional. Y también sueño en que
trabajemos con hombres. Porque la política púbica también es creatividad. Hay
que hacer cosas audaces, en esas ando”
Piensa que otro asunto importante es que los hombres
le tienen que entrar, habrá alguna forma de comprometerlos, que hablen contra
la violencia con los otros hombres.
En su plan de trabajo está comprometida a coordinar
a los gobiernos estatales y municipales y ellos tienen que coordinar a sus autoridades
y conversar con diputadas y diputados y con el Senado.
Sueña en que en cada entidad haya una policía especializada
– como la anunciada en Guerrero- y agregó “les estoy pidiendo, esa posibilidad,
aunque sé que hay municipios con 5 policías nada más”.
La iniciativa
Sobre la iniciativa multinacional, Spotlight en
México que involucró al Gobierno Federal, a la ONU y a la Unión Europea para
prevenir y eliminar el feminicidio, Candelaria Ochoa confirmó que el pasado
jueves hubo la primera reunión para discutir cómo lo harán, no es galimatías y
señaló que “no hay más que avances” y reiteró que las agencias internacionales
(6 involucradas), harán lo mismo que hace CONAVIM en 180 municipios. “Ellos lo
harán en 5 municipios y van a convocar, contratar, a poner a concurso proyectos”.
No habrá recursos ni para el gobierno federal ni para los estatales.
Se comprometió a dar seguimiento a la puesta en
marcha de la paridad total, e identificar si los obstáculos que puedan surgir,
son o no actos de violencia de género.
Me dijo que tal vez los refugios para las mujeres violentadas
no debería estar en la Secretaría de Salud. Que está pensando cómo atraer o ver
dónde se coordinarán los refugios para mujeres, pero hoy, claramente dependen
de la Secretaría de Salud.
Por último, para cerrar la conversación, la responsable de CONAVIM aclaró que esa dependencia nunca trabajó con organizaciones sociales y que le parece tremendo que las Ciudades de las Mujeres que inventó el sexenio pasado Rosario Robles, estén en el aire, no sabemos, no tienen ningún estatuto jurídico. Irá pronto a Tlapa, dijo que las trabajadoras le han escrito. Pero parecen no tener un futuro claro y que en ese caso sí hubo corrupción.
La mayoría de víctimas no denuncia y la restrictiva legislación hondureña en torno al aborto impide evitar los embarazos producto de una violación.
Redacción
SemMéxico/AmecoPress. Madrid. 02 jul. 19.- Honduras es uno de los tres países de Centroamérica que criminaliza el aborto sin restricciones. El nuevo Código Penal establece penas de entre 3 y 10 años de prisión para las mujeres que aborten, aunque haya sido de manera espontánea. Tras el golpe de Estado de 2009, la prohibición de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) fue una de las primeras acciones que se llevaron a cabo. El impacto de este Acuerdo Ministerial se evidenció en el registro de los partos en adolescentes: Honduras es el segundo país con más adolescentes embarazadas entre los 10 y 18 años.
Desde entonces, desde el Centro de Derechos de Mujeres Honduras (CDM Honduras) han tratado de revertir este Acuerdo Ministerial con ministros, y a través de denuncias ante la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 2014 apoyaron el proyecto de ley presentado al Congreso para volver a acceder a la PAE, a través de la creación del Grupo Estratégico para la Anticoncepción de Emergencia (GEPAE). El grupo participó en la mesa técnica que la Secretaría de Salud conformó para elaborar un protocolo de atención integral a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, incluida la prevención del embarazo. Este protocolo no obtuvo respuesta hasta 2018, cuando el nuevo Ministro de Salud declaró que los anticonceptivos de emergencia eran una decisión política y religiosa, y que no estaba en sus manos.
Con el anterior Estado, las organizaciones de mujeres y feministas tenían espacios de diálogo, y podían vigilar la correcta aplicación de la ley contra la violencia doméstica. Desde el golpe de Estado, el número de feminicidios ha aumentado (235 feminicidios solo en 2017), incluyendo la violencia sexual. “No sabemos qué están esperando. Mientras tanto, al menos 3.000 mujeres denuncian violencia sexual al año. La gran mayoría de las víctimas no lo denuncian, y ninguna tienen acceso a un mecanismo altamente comprobado que puede evitar un embarazo no deseado producto de la violación”, explica Regina Fonseca, coordinadora de CDM Honduras. Como una iniciativa ciudadana, mujeres jóvenes lideraron la campaña #YoNoQuieroSerViolada empapelando las calles de Honduras denunciando la violencia sexual que sufren las mujeres. Este mensaje se masificó, y acabó convirtiéndose en todo un movimiento.
Ahora, a través de la campaña #HablemosDeLoQueEs, CDM pretende desenmascarar mitos y difundir información veraz sobre la píldora anticonceptiva PAE, como una estrategia fundamental para la salud sexual y reproductiva de las mujeres. “Seguimos luchando para que todas las mujeres puedan tener acceso a este método, que garantiza algún grado de justicia reproductiva para las mujeres en Honduras”, señala Fonseca, que opina que sí se están consiguiendo cambios en el pensamiento social, pues cada vez hay más gente expuesta a este tipo de información. Cree que una cuarta parte de la población ya ha puesto en el centro del debate la problemática de la violencia sexual.
Sin embargo, los grupos antiderechos tienen cada vez más influencia en el gobierno y el discurso articulado de la “ideología de género” ha ganado fuerza hasta convertirse en un brazo ideológico de la extrema derecha fundamentalista, que incluye alianzas entre católicos y evangélicos en incluso con organizaciones civiles.
El contexto actual, además, afecta definitivamente a los derechos sexuales y reproductivos. La caravana migrante hondureña es un fenómeno migratorio reflejo de las políticas de criminalización, remilitarización y falta de oportunidades. Sin tener datos globales, en la primera caravana se habla de que el 49% de las personas eran mujeres con niños y niñas, así como mujeres sin marido o sin pareja. Las campañas de detención de la migración criminalizan a las mujeres, y las políticas del gobierno han profundizado la situación de exclusión y pobreza, así como la brecha entre pobres y ricos.
Desde CDM, afirman que seguirán informando y reproduciendo información sobre salud reproductiva, en alianza con otros movimientos, para seguir demandando el protocolo para las supervivientes de violencia sexual, y la anulación del vigente Acuerdo Ministerial. Aseguran que “la institucionalidad en Honduras es tan frágil, que los ministros cambian constantemente y es muy difícil que avancen los discursos y se lleven a término sus solicitudes”.
Detenida la capitana del Sea-Watch tras desembarcar en el puerto italiano de Lampedusa sin permiso.
Roberto Pérez Abella
SemMéxico/AmecoPress. Madrid, 2 julio. 19.– El sábado 29 de junio, Carola Rackete, la capitana alemana de 31 años de la embarcación humanitaria Sea-Watch 3, fue detenida por la Guardia de Finanza (policía financiera y de fronteras italiana) por orden del ministro de interior, Matteo Salvini. La capitana del barco con bandera holandesa desobedeció la prohibición del gobierno italiano de atracar en el puerto comercial de Lampedusa para desembarcar a los cuarenta migrantes que llevaban diecisiete días en el mar mediterráneo. La joven alemana se ha convertido en un icono de lucha contra la férrea política migratoria que lidera Salvini, mientras recibe mensajes de apoyo desde las redes y asociaciones.
Italia les negaba el acceso a poder desembarcar hasta que algún país de la Unión Europea se comprometiera a acoger a los y las migrantes que viajaban a bordo. Pero la necesidad de solucionar lo que Carolina catalogó como desesperación fue lo que la incitó a desobedecer a las autoridades y atracar en el puerto a pesar de las múltiples consecuencias legales que podría recibir. La desesperación había alcanzado a las personas migrantes recogidas en el mar, donde dos de ellas tuvieron que ser evacuadas y muchas ya sopesaban tirarse por la borda después de estar dos días enfrente de un puerto comercial y más de quince en la mar sin obtener una solución real. También habían subido al barco este jueves para transmitir su solidaridad a la capitana y la tripulación los cinco parlamentarios pertenecientes al Partido Demócrata (PD), Izquierda Italiana (SI) y +Europa: Davide Faraone, Graziano Delrio, Matteo Orfini, Nicola Fratoianni y Riccardo Magi.
Rackete atracó el barco de madrugada en el muelle comercial de Lampedusa mientras sorprendía a una patrullera de la Guardia de Finanza y chocaba contra ella accidentalmente. Una vez fondeada en el muelle, la patrona bajó escoltada por las autoridades tras ser detenida por violar el artículo 1.100 del código de navegación sobre resistencia o violencia contra un navío de guerra, un delito que permuta penas de hasta 10 años de prisión. Esto se ha añadido a la imputación del viernes por parte de la Fiscalía de Agrigento de un delito de favorecimiento del tráfico ilegal de personas y por el que será interrogada el próximo nueve de julio. La Fiscalía acusa a Rackete de los delitos de negativa a obedecer a un buque de guerra, resistencia a la autoridad, violencia contra buques de guerra y navegación en zona prohibida. Además, con el nuevo decreto aprobado por el Gobierno italiano, fondear en aguas territoriales sin permiso supondrá la incautación del navío y una multa de entre 20.000 y 50.000 euros en función de los plazos de pago de la misma.
Este lunes por la mañana, Rackete partió desde Lampedusa hacia el tribunal de Agrigento en una lancha de la Guardia de Finanza para someterse al interrogatorio ordenado por el fiscal jefe Luigi Patronaggio, que comenzó a las 15.30 y duró unas tres horas según informa la ONG de la capitana alemana. El abogado de Carola confirmó a la Agencia Efe que tras pasar la noche en la comisaría la juez concedió el arresto domiciliario hasta que se convalidara la acusación. El presidente de Sea Watch, Johannes Bayer, informó por Twitter que están orgullosos de su capitana y que “hizo exactamente lo correcto. Ella defendió la ley del mar y llevó a la gente a un lugar seguro». Desde Alemania vía Twitter, el ministro de Asuntos Exteriores, Heiko Maas, reiteró que, “tras el procedimiento legal debido, solo puede producirse la liberación de Carola Rackete. Eso es lo que le volveré a dejar claro a Italia».
Alessandra Vella, la jueza de instrucción de Agrigento, dictaminó que pasara al menos un día más bajo arresto domiciliario, pese a que la Fiscalía habría pedido su puesta en libertad condicional. También pidieron al juez como medida cautelar alternativa al arresto la prohibición de permanecer en la provincia de Agrigento, a la que pertenece Lampedusa. La juez deberá decidir hoy si queda en libertad o es procesada en Italia. Desde el Ministerio del Interior ya han preparado un decreto de expulsión para que no pueda permanecer en Italia si queda en libertad junto con la prohibición de regresar a territorio italiano en cinco años.
La movilización en las redes ha sacado para adelante una recogida de firmas, que lleva unas 300.000, a través de la plataforma “Change.org” en la que se pide al Ministro de Interior italiano, que libere de inmediato a la capitana Carola Rackete, así como el apoyo a todos las personas voluntarias que están salvando vidas en el Mediterráneo. Ante el altruismo humanitario de Carola, numerosas celebridades alemanas han incentivado a miles de personas para contribuir con el financiamiento legal de la activista. De momento, han recaudado más de 300.000 euros, según señalaron algunos medios de Alemania. En Europa se multiplican los mensajes de apoyo también desde algunos países, como Francia y Alemania, que acusan a Italia de criminalizar a quienes salvan vidas.
Desde España también se han pronunciado algunas políticas como la diputada de Unidas Podemos, Carolina Alonso, que se pregunta cómo puede estar en la cárcel alguien por ser altruista alegando en Twitter que “es la Europa hipócrita, de los corruptos y NO de los pueblos”. Por su parte la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha expresado su apoyo al señalar en su cuenta de Twitter que “salvar vidas no es delito. Dejar morir a la gente en el mar, sí”. La periodista Helena Maleno que también sufrió algo similar a la patrona alemana al ser acusada por el Tribunal de Tánger por tráfico de personas y favorecimiento de la inmigración irregular, denuncia las políticas asesinas de Europa y apoya a Carola mientras aboga vía Twitter que “Frente a su violencia nuestra solidaridad y resistencia”.
Una parte de la opinión pública italiana y también de su clase política han apoyado a la capitana del Sea Watch con multitud de mensajes. Heiko Maas, afirmaba en Twitter que «rescatar vidas humanas es una obligación humanitaria. El rescate marítimo no debe ser criminalizado» y ahora «depende del poder judicial italiano aclarar las acusaciones rápidamente». Por su parte, el ministro de Interior francés, Christopher Castaner, señaló que «el cierre de los puertos es una violación del Derecho del mar», mientras en un llamamiento en Facebook, Jean Asselborn, el responsable de Exteriores de Luxemburgo, denunciaba que «salvar vidas es un deber y no puede ser nunca un delito o un crimen. No hacerlo, sí que lo es».
La ganadora del Premio de las Letras Catalanas Ramon Llull, considerado el Planeta catalán, reflexiona de feminismo en tiempos de auge de nuevos fascismos.
Gloria López
SemMéxico/AmecoPress. Madrid, 02 julio. 19.- Najat El Hachmi nos recibe media hora antes de participar en el festival Princesas y Darthvaders, en La Casa Encendida, donde hablará de los derechos de las mujeres, feminismo en los medios de comunicación, sexualidad, maternidades y lucha en tiempos de auge de nuevos fascismos. Al escucharla narrar cómo ha sido la construcción de su mirada mientras ha profundizado en el proceso migratorio que ha marcado su vida, comprendes que su verbo y su escritura tiene una herencia palpable: la tradición oral de su país de origen y en especial, de las mujeres, que, al contrario de la imagen transmitida por los medios de comunicación, hablan, hablan mucho.
Nació en la ciudad marroquí de Nador y a los ocho años se trasladó a Vic donde residía su padre. En Vic creció y escribió. En su primer libro, ‘Yo también soy catalana’ (2004), abordó en profundidad su experiencia como inmigrante, la cuestión de la identidad y su proceso de arraigo en Cataluña, la lengua, la religión, las mujeres y el sentimiento de pérdida hacia Marruecos. Desde entonces ha publicado cinco libros. Sus dos novelas más recientes, ‘La hija extranjera’ y ‘Madre de leche y miel’ reflejan la diversidad que hay detrás de la expresión “mujer inmigrante” y que la sociedad tiende a convertir en “objeto de estudio”. Lo hace a través de dos puntos de vista: los de la hija y la madre.
Najat El Hachmi reflexiona y responde con clara serenidad a cada pregunta. Critica aquellos términos que tienden a uniformar realidades cargadas de matices y que buscan apresar vivencias cambiantes y diversas: colectivo, integración o sumisión. No huye de la complejidad, sino que se sumerge en ella para extraer enseñanzas tan firmes como incómodas.
¿Qué es para ti la escritura?
Empecé muy joven sin saber qué estaba haciendo, consecuencia directa, pensaba yo entonces, del hecho de ser muy lectora desde pequeña, desde los 8 años, que fue cuando llegué a Cataluña. Poco a poco la escritura se fue convirtiendo en un instrumento muy poderoso. El hecho de ser mujer, hija de la inmigración marroquí, me generaba muchas preguntas que no sabía cómo expresar y la escritura me ayudó a dar cuerpo a esas preguntas, no tanto a encontrar respuestas, sino a profundizar en los interrogantes, a poner un poco en orden.
En principio quería ser escritora para contar historias, pero el motor de la escritura suele ser más profundo. Sentí la necesidad de expresar lo que me pasaba y de expresar toda esa realidad, porque es una realidad que está invisibilizada o tratada de una forma muy tópica.
¿Te refieres a la realidad del proceso migratorio, a la de las mujeres marroquíes?
El proceso migratorio, la cuestión de las mujeres de origen marroquí que han emigrado a España y también el hecho de venir de una zona de Marruecos distinta, porque tiene otra lengua, otra cultura, tiene también la particularidad de pertenecer al mundo rural …es una parte del mundo que no he visto reflejada en ningún sitio. Tal vez un poco en los escritos de Mohamed Sucri, pero él era un hombre y la forma en que escribía a las mujeres para mí era muy violenta, solo hablaba de las prostitutas, de mujeres que están en los márgenes de la sociedad, cuando dentro de las casas las mujeres tenían que soportar muchísima discriminación y violencia,
El proceso de migrar conlleva cosas muy positivas, pero también contradicciones. ¿Cuáles son esas contradicciones y cómo afrontas la búsqueda de identidad?
La identidad es la suma de cómo te sientes que eres y también cómo te ven los demás. Muchas veces, lo que sucede con los hijos de la inmigración es que esas dos visiones entran en contradicción. Yo he crecido en Cataluña y me he sentido catalana, pero nadie de mi entorno, ni las personas de origen marroquí ni las personas catalanas, me miraban así. La escritura tiene ese poder de aunar todas esas parcelas que te configuran y armonizarlas.
Hay muchas contradicciones en ese proceso. Por ejemplo, en relación al origen. Ese tener todo el universo de tu primera infancia, que es muy importante en la vida de una persona, situado en un lugar del que sientes que de algún modo te han expulsado, porque nosotros no nos fuimos porque queríamos. Casi todo el mundo se va de esta zona porque no existen condiciones adecuadas para vivir. Y esto no es algo que suceda de un modo espontáneo o por una maldición bíblica, sino porque políticamente hubo un abandono expreso de la zona por parte del Gobierno de Marruecos durante muchos años, sobre todo del reinado de Hassan II.
Te tienes que identificar con una nacionalidad con la que tienes un conflicto muy importante porque sientes que te han expulsado de tu tierra. Pero al mismo tiempo es un lugar al que quieres profundamente porque tus primeros recuerdos, las personas que quisiste por primera vez, las personas más importantes de tu vida, están vinculadas a él. A mí por ejemplo, volver al pueblecito siempre me provoca sentimientos muy contradictorios, es como una herida que siempre está ahí. Nuestros padres sabían de dónde eran, pero nosotros éramos extraños. A través de la escritura, he podido paliar ese sentimiento de pérdida.
Mujeres inmigrantes, en plural: activas, vivas, protagonistas
Las mujeres migrantes son mujeres, en plural y diversas. Sin embargo, su imagen sigue estando muy estereotipada. ¿Cuáles son los mayores estereotipos, desde tu punto de vista?
Por ejemplo el de sumisa. Es una palabra que odio porque lo que hace es poner sobre las víctimas del sistema patriarcal muy machista la culpa, la responsabilidad. También la idea de que no hay vida, de que lo que les pasa no tiene interés, por ser mujeres, migrantes, que vienen de una zona rural…las mujeres inmigrante aparecen vacías, sin contenido…
O esa imagen de que siempre estamos en el mismo sitio, acabadas de aterrizar. Siempre en el punto de partida. Se construye una foto fija en la que una y otra vez estamos llegando, no podemos salir nunca de esa construcción en la que no hay más vida.
Aparecer en los medios sin ser víctima de nada es muy difícil. Tienes que presentarte como víctima de racismo o de machismo.
Tengo la complejidad de tener que afrontar esos estereotipos y a la vez, las discriminaciones por ser mujer, en el mismo sistema del que procedemos.
Existe una islamofobia que a veces hace que las personas que pertenecen a la comunidad agredida, se replieguen, se defiendan y se afirmen en ciertos valores culturales, relativizando incluso el machismo que encierran ciertas costumbres. ¿Esto así o es que efectivamente el sistema patriarcal es mundial y no hay tantas diferencias entre zonas geográficas?
Hay un sistema patriarcal muy salvaje en los países musulmanes. Eso no es un tópico, es una realidad. Hace pocas décadas las mujeres en estos países empezaron a salir a ocupar los espacios públicos, tener trabajo remunerado, oponerse a la segregación por sexo y a cantidad de elementos que coartan sus libertades y las discriminan.
Y creo que lo que ha habido es una reacción a esa liberación a través del fundamentalismo islámico. Y ese fundamentalismo islámico aquí se está apropiando del discurso frente al racismo, igual que la ultraderecha se apropia del discurso contra el machismo, hablando por nosotras. Es una complejidad grande, pero esa reivindicación identitaria es una trampa porque muchas veces estamos reivindicando aspectos que son perjudiciales para las mujeres. Reivindicamos la religión, reivindicamos una vestimenta que pensamos nuestra pero que es propia del fundamentalismo islámico. Y no estamos reivindicando otras cosas interesantes de nuestra cultura y nuestro origen, como por ejemplo lo que tiene que ver con nuestra lengua…
Tus libros hablan de una tradición oral extraordinaria en tu país, sobre todo de las mujeres. Todo lo contrario a la imagen que transmiten los medios de comunicación. Cuéntanos acerca de este elemento de tu cultura de origen.
Las mujeres hablan mucho. Es una de las cosas a las que se han agarrado para hacer frente a ese sistema tan discriminatorio. Y es una de las cosas que se tiene que reivindicar, esa tradición oral tan rica que nuestras madres dominan, tan llena de elementos muy interesantes. Yo soy hija de una mujer que sabe contar muy buenas historias y que es una gran narradora. Reivindico eso y no la discriminación que sufrió y que tengo que combatir. Quiero rescatar lo bueno, lo poderoso, lo que empodera de verdad.
Madres e hijas
El proceso migratorio lleva implícita una dialéctica generacional, el choque entre el punto de vista de las madres y las hijas, que viven realidades muy diferentes y a la vez comunes. Tú abordas esto en tus libros.
Hay mucho debate en los grupos de mujeres, las familias y me parece muy interesante. Y las hijas podemos aliarnos con las madres para cambiar muchas cosas. Pero para ello tenemos que romper con las barreras que muchas veces tenemos entre nosotras. El sistema nos ha enseñado a vigilarnos las unas a las otras, cuestionarnos, castigarnos. Hay que derribar esos muros y darnos cuenta de que estamos padeciendo el mismo sufrimiento. Si conseguimos dar ese paso vamos a hacer una auténtica revolución.
La religión ha formado parte de la identidad de muchas personas y pueblos, pero también ha sido fuente de conflicto. ¿Cuál es tu punto de vista?
Cuando estás en crisis de identidad, la religión es el elemento más claro que tienes al alcance, te diferencia. Muchas veces, nos aferramos a eso, no solamente porque seamos creyentes, sino porque creemos que es lo que hay que defender. Es una opción, pero hay que empezar a hablar de que muchas veces ya no lo vivimos como algo identitario sino como una creencia, transmitida por nuestros padres, pero que en una sociedad democrática, tendremos que decidir si la seguimos o no y de qué modo.
Convertirla en un elemento tan identitario me parece peligroso. Porque tú eres mucho más que la religión y la religión se puede vivir de maneras muy distintas. Hay que empezar por visibilizar que, dentro de la comunidad musulmana, término muy discutible, en relación a la religión existen posturas muy distintas. Y en el país de acogida no deberíamos estimular eso y convertirlo en un elemento político significativo.
¿Cómo abordas la maternidad en tus escritos?
Es un tema importante porque en relación a la inmigración ese vínculo afectivo con la madre viene cargado con toda la cultura, la religión, las discriminaciones. Ese vínculo madre-hija se convierte en un núcleo de conflicto y tenemos que hacer un esfuerzo por entendernos.
¿Plantear que el movimiento feminista es el antídoto frente al fascismo es adecuado?
Bueno, no sé si es el antídoto. Pero es la respuesta que hay que dar.
El estilo priista de sofocar descontentos, de cooptar voluntades, operar tareas anti insurgentes, el manejo de la información subliminal en los medios.
Moisés Sánchez Limón
SemMéxico. Cd. de México. 2 de julio de 2019.- Cuando a partir del amanecer del 11 de septiembre de 1971 comenzó a reunirse un nutrido grupo de jóvenes convocado a un festival que en principio se organizó como un rally amenizado por un grupo de rock, denominado Rock y Ruedas, en el gobierno echeverrista se cruzaron de brazos sin preocupación alguna.
Pero, al anochecer de ese día y, sobre todo, el 12 de septiembre en que la riada de muchachos, jóvenes que invocaban al peace and love y seguían la ruta hippie de los pantalones acampanados y el pelo largo, desinhibidos, llenaron la ruta que llevaba a Valle de Bravo y seguía cinco kilómetros adelante hasta un llano en Avándaro, entonces los servicios de inteligencia de la Dirección Federal de Seguridad y de la Secretaría de Gobernación se preocuparon.
Estaba fresca la herida, ésta de la masacre del jueves de Corpus, 10 de junio de ese año, en la zona del Casco de Santo Tomás y especialmente en las inmediaciones de la Escuela Normal de Maestros, donde el grupo paramilitar conocido como Los Halcones disparó y arremetió con varas de kendo contra la columna de estudiantes universitarios y politécnicos, esencialmente, que marchaban rumbo al Zócalo de la capital en demanda de respeto a la autonomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, entre otras exigencias como la asignación de presupuesto de 12 por ciento del Producto Interno Bruto a la educación, que estudiantes y maestros controlaran el gasto de las universidades, amén de la libertad de presos políticos.
“El Halconazo”, así se denominó a ese operativo represivo que cobró la vida de un número no determinado de estudiantes; información reciente alude a más de un centenar.
El hecho fue que el gobierno de Luis Echeverría olvidó su oferta de campaña de amnistía, de no represión al libre pensamiento universitario y la libre reunión ni perseguir a estudiantes activistas, que en esos tiempos prácticamente era la inmensa mayoría de estudiantes incluso desde el nivel secundaria.
La movilización del Jueves de Corpus, 10 de junio de 1971 provocó que Echeverría Álvarez diera un manotazo sobre la mesa y dispusiera atajar esta pavesa derivada del 2 de octubre de 1968 y que amagaba con generar un incendio antes que derivar en ceniza.
Y, con los oficiosos apoyos del entonces jefe del Departamento del Distrito Federal, Alonso Martínez Domínguez, dispuso de esa represión. Alfonso luego fue premiado con la gubernatura del estado de Nuevo León por su despido de la regencia bajo la acusación de haber dispuesto el operativo de Los Halcones para reprimir a la marcha estudiantil.
Y usted dirá qué diablos tiene que ver el festival de Avándaro con la represión del 10 de junio. Simple pero maquiavélico y consecuencia de los fantasmas que perseguían y sin duda persiguen al licenciado Luis Echeverría Álvarez, el temor a un nuevo movimiento estudiantil que, con la experiencia vivida tres años antes y el retorno del destierro de las cabezas intelectuales del Movimiento del 68, creciera tanto que incendiara al país y lo llevara al cadalso.
Por eso, conocida la información de que sin partido, líder o sigla alguna se hubiesen reunido más de 250 mil jóvenes para disfrutar del rock, se echó a andar la maquinaria del desprestigio, bien conocida y ejercida en campaña por el Partido Revolucionario Institucional, contra estos jóvenes acusándolos de haber participado en una orgia de rock y drogas, la bacanal de sexo y marihuana.
En fin, la propaganda negativa que utilizó a influyentes columnistas y comentaristas en periódicos, radio y televisión para satanizar a los jóvenes y apoyar la decisión de cerrar los cafés cantantes y prohibir, so riesgo de prisión, cualquier reunión de jóvenes en la vía pública, aunque ello provocó la proliferación de las tocadas en la calle, por supuesto en las zonas populares.
El estilo priista de sofocar descontentos, de cooptar voluntades, operar tareas anti insurgentes, el manejo de la información subliminal en los medios masivos logró apagar esos ánimos rocanroleros que amagaban –dicen que el que con leche se quema hasta al jocoque le sopla—con convertirse en verdaderos focos de inconformidad.
La inconformidad es histórica. Nada nuevo, verdad de Perogrullo; por eso no sorprende cómo personajes que políticamente nacieron de esos ayeres bajo el amparo del echeverrismo hoy proceden con los mismos instrumentos de propaganda para desbrozar su camino en el poder y echan la culpa al pasado, a los malos de la película.
Bueno, fue una práctica que tampoco sorprendía, ésa de aplicar la ley, hacer justicia en los bueyes del compadre y meter a prisión a alguno de los más emblemáticos colaboradores del Presidente anterior, aunque hoy el licenciado López Obrador apenas otea ese escenario con Emilio Lozoya Austin pero deja a salvo a su antecesor Enrique Peña Nieto.
¡Ah!, pero no deja de ver hacia el pasado y culpar de todo, absolutamente todo, no sólo a Peña Nieto, se va hasta el periodo de Miguel de la Madrid, nacencia del neoliberalismo y, en la medida en que busca avanzar en su persona y voluntarista forma de gobernar, de lo que no prospera culpa al viejo estilo priista, a lo que hicieron los malos gobiernos incluidos los dos del PAN en la Presidencia.
Por eso, el presidente López Obrador dispuso la operación que, desde sus tiempos como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, descalifica al opositor, al que demanda su renuncia, a los grupos y personajes que no comulgan con su gobierno, sus disposiciones y caprichos, desplantes ilegales, decisiones que van contra el mandato constitucional.
Los ha llamado pirrurris y fifís, en ese enfatizar las clases sociales. Por eso la descalificación hacia las dos movilizaciones sociales, sin siglas ni nombres personales, de ciudadanos que en lo que va de su gestión demandan su salida, que renuncie, es decir, pida licencia al cargo.
Si las cifras fueran reales y su bono democrático no se desgastara como se desgasta, si sus decisiones no hubiesen perjudicado ya a millones de mexicanos que viven en la zozobra y observan el cierre de fuentes de trabajo, no habría razón para descalificar a la movilización, por ejemplo, del domingo último en varias ciudades capitales, mofándose mediante sus youtubers del número de participantes.
Andrés Manuel López Obrador, más que abrevar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en esos días de la década de los 70, andaba en Tabasco pegado a sus principios priistas, apoyado por personajes como Ignacio Ovalle Fernández, quien fuera secretario particular del entonces presidente Luis Echeverría Álvarez.
Sí, en efecto, en el echeverrismo hubo gobierno, hubo desarrollo, se creó el Infonavit, por citar un logro, pero no dejó de perseguirse a la oposición. Fue la praxis del estilo priista, hoy el viejo estilo priista al que López Obrador responsabiliza de los malos gobiernos, pero del que aprendió sobradamente. Su ascenso en la política fue, ha sido, de la mano de viejos priistas. ¿Investigamos? Sígale de cerca y encontrará esas coincidencias con ese pasado tricolor que insiste en combatir y denostar pero a cada paso imita. Conste.
Considera necesario adecuar legislaciones de
partidos políticos e instituciones y procedimientos electorales, para hacer
efectiva la participación de las mujeres.
Redacción
SemMéxico. Ciudad de México. 2 de julio 2019.- La presidenta
de la Comisión de Igualdad de Género, diputada María Wendy Briceño Zuloaga
(Morena), señaló que la paridad debe hacerse valer en todas las instancias
jurídicas y administrativas, desde las secretarías de Estado hasta gobiernos municipales,
a través de la operación de las unidades de género.
En el Ciclo de conferencias magistrales en materia de
Igualdad de Género, realizadas con el Centro de Estudio de Derecho e
Investigaciones Parlamentarias (CEDIP), la legisladora subrayó que las unidades
de género buscan erradicar de la cultura laboral aquellos justificantes y
motivantes de desigualdades y hacer efectiva la participación de las mujeres,
así como garantizar el ejercicio de igualdad.
Señaló que se requiere incorporar la paridad en el trabajo
técnico legislativo y hacer un análisis con perspectiva de género a decenas de
ordenamientos federales, en particular a las leyes generales de Partidos
Políticos y la de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación y distintas reglamentaciones de
los organismos autónomos.
Afirmó que la paridad de género en la Cámara de Diputados no
sólo es un número, sino la representación de más de la mitad de la población;
por ello, todas las modificaciones legislativas deben contener una orientación
con esta perspectiva y traducirse en acciones concretas para lograr la igualdad
sustantiva e impulsar la distribución equitativa de las responsabilidades del
poder.
La diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez (Morena),
secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, resaltó que esta instancia
trabaja en el análisis de 35 leyes, a fin de acelerar la creación de las normas
secundarias en materia de equidad.
Apuntó que un campo que debe ser abordado con detenimiento
es garantizar el acceso a la justicia de las mujeres para que los juicios se
realicen bajo una perspectiva de género.
Indicó que existe un pendiente en el ámbito del Poder
Judicial respecto a su composición estructural, toda vez que de los once
integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sólo dos son mujeres.
El Secretario de Servicios Parlamentarios, de la Cámara de
Diputados, Hugo Christian Rosas de León, destacó la importancia de este ciclo
de conferencias, ya que desde la reflexión académica, el Congreso puede generar
modificaciones a las disposiciones legales, fundamentadas en el trabajo y
aportaciones de los especialistas.
Resaltó que esta Legislatura tiene el número más alto de
mujeres en su historia, lo cual es el resultado de luchas y reivindicaciones
que se plasmaron en normas legales constitucionales para lograr la equidad en
todos los ámbitos de la sociedad.
En su turno, Juan Carlos Cervantes Gómez, encargado del
despacho de la dirección general del CEDIP, consideró que para llegar a una
total equidad de género en los diversos aspectos jurídicos se requieren
modificaciones en el área de derecho comparado.
Durante la conferencia “Retos en diversos ámbitos del Estado
mexicano para concretar la reforma constitucional en materia de paridad de
género”, la titular de la Unidad para la Igualdad de Género de la Cámara de
Diputados, Beatriz Santamaría Monjaraz, destacó que México es el cuarto país a
nivel mundial en tener un congreso paritario. Resaltó que la llegada de las
mujeres a los puestos de representación es resultado del ejercicio de su participación
política durante tantos procesos de trabajo, movilización y lucha por la
reivindicación de los derechos políticos.
Explicó que con la reciente reforma constitucional en este
tema de equidad se establece el principio de paridad de género y se construye
un piso base común para una transformación cultural. Consideró que se deben
acelerar las reformas secundarias, es decir, traducirlo en un andamiaje
normativo-jurídico para que este principio se pueda materializar en todos los
ámbitos.
Resaltó que se tienen grandes desafíos en la armonización
legislativa de, por lo menos, 35 leyes generales, para lo cual se debe dar una
discusión y conversar sobre distintos temas, porque hay aspectos culturales que
van a permear, obstaculizar la reforma y “uno de ellos es la violencia política
contra las mujeres”.
Por ello, destacó que es urgente tipificar el delito de
violencia política, ya que sólo Oaxaca, Veracruz, el estado de México y
Guanajuato lo tienen tipificado y “las legisladoras ya están trabajando en
eso”.
Estimó que algunos retos para el avance de la reforma
paritaria son superar las barreras estructurales; sentar las bases jurídicas
del sistema de cuidados; cerrar la brecha salarial; impulsar cambios al sistema
de pensiones y redistribuir el gasto público, a fin de que haya servicios
administrativos con perspectiva de género y acceder a puestos en condiciones de
igualdad de oportunidades.
En tanto, el secretario del Tercer Tribunal Colegiado en
materia administrativa del Sexto Circuito del Poder Judicial de la Federación,
Raúl Andrade Osorio, indicó que este tema no debe ser tomado únicamente como
moda, pues de concretarse las acciones que señala la normatividad, se
erradicarían muchos de los problemas en este rubro.
Indicó la necesidad revisar con precisión las normas
antiquísimas, especialmente las que tienen una discriminación indirecta hacia
las mujeres, porque aunque parecen neutras en apariencia, incurren en prácticas
injustas.
“Estas normas
aparentemente neutras son difíciles de identificar, por ejemplo, las que exigen
estaturas mínimas para entrar al Ejército o Fuerza Aérea, lo que sería un claro
caso de discriminación por un requisito aparentemente neutro”.
Para saber si esta norma es neutra, precisó Andrade Osorio,
tendríamos que acudir a las estadísticas del Inegi, quien informará cuál es la
estura promedio de la mujer mexicana, y si ésta es 1:60, entonces veríamos que
sí hay una discriminación.
Luis Andrés Cucarella Galiana, profesor de Derecho Procesal
de la Universidad de Valencia, España, propuso crear una ley integral en
materia de protección del derecho a la igualdad que abarque todos los supuestos
de discriminación y luche contra ésta en los ámbitos educativo, sanitario,
laboral, recursos públicos y proceso legal.
Durante su ponencia titulada “Protección Jurisdiccional del
Derecho a la Igualdad, Especialidades Procesales en la Materia, Igualdad
Efectiva entre Mujeres y Hombres”, puntualizó esta ley debe incluir no sólo la
protección de la mujer y los supuestos de discriminación por motivos de género,
sino por discapacidad, orientación sexual, etnia, motivos religiosos,
pertenencia a cualquier otro ámbito o grupo.
“Esta ley puede
colocar a México en un referente en América como país que aprueba un
ordenamiento integral en materia de protección y el derecho a la igualdad y
avanzar para construir una sociedad justa y democrática, que respete la
dignidad de las mujeres y en general la de todas las personas”, afirmó.
Mencionó que España tiene la Ley General de Publicidad, que
considera ilícita la difusión que presente a la mujer como objeto que perpetúa
un rol de ésta ligado a tareas tradicionales e históricas que se han
considerado propias de la mujer. “Se califica de ilícita porque atenta contra
la dignidad, es discriminatoria y genera a que siga existiendo violencia de
género. Cuando exista una campaña que discrimine a la mujer, el Instituto de
Violencia de Género contra la Mujer, El Instituto de la Mujer o el Ministerio
Fiscal pueden presentar una demanda para cesarla”.
El también doctor en derecho por la Universidad de Bolonia, Italia, informó que desde el año 2000 la Unión Europea legisló en materia de igualdad efectiva entre mujeres y hombres; creó espacios de libertad, seguridad y justicia. Asimismo, en materia de discriminación por motivos de extranjería, discriminación sexual, pertenecer a una etnia o grupos religiosos. “Con esto se contribuye a integrar el continente europeo”.
* Quedó libre esta mañana gracias al apoyo de redes sociales, SMO y CEJUM no intervinieron
– Interpondrá denuncia por graves violaciones a sus derechos humanos
Jazmín Gómez
SemMéxico/PrimeraLínea, Oaxaca, 2 julio 2019.- por más de 12 horas permaneció detenida Guadalupe V. L. Confirman familiares de mujer agredida que fueron más de 12 horas en los separos municipales de San Pedro Ixtlahuaca, quien pretendió huir de violencia machista ejercida en su contra por su pareja, sin que intervinieran las autoridades estatales correspondientes.
Personas cercanas solicitaron la intervención, vía telefónica, de Jazibe Valencia, titular del Centro de Justicia para Mujeres (Cejum) y Ana Vásquez Colmenares, Secretaria de la Mujer de Oaxaca, quienes de acuerdo con sus particulares estaban en reunión y no respondieron al llamado.
De acuerdo a personas que le han brindado el apoyo, la joven vivía una relación violenta con su esposo, con quien tiene una niña y un niño, y hace algunos días decidió dejar su hogar para evitar que la siguieran golpeando, llevándose sólo al niño porque la niña le fue quitada por familiares de él.
Explicaron que el esposo, quien la golpeaba, amenazó en varias ocasiones que se mataría si Guadalupe LV lo dejaba e, incluso, al regresar ella por sus cosas en una ocasión lo vio con un vaso con supuesto veneno y se lo tiró para evitar una tragedia.
En una segunda ocasión, que también quiso regresar por sus cosas, Guadalupe LV acompañada de otra persona vieron que el joven tenía sangre en el rostro pero por su actitud violenta decidieron regresar otro día.
Una tercera ocasión fue ayer, cuando la víctima de violencia cerca de las seis de la tarde llegó al domicilio donde vivía con su esposo encontrándose con la puerta cerrada y fue entonces que le habló a alguien de los familiares para que le abriera y sacar sus cosas, pero fue ahí donde llegaron policías municipales y se la llevaron en calidad de detenida.
Destacaron que los policías alegaron que estaba acusada de intento de homicidio porque su esposo estaba grave, sin ninguna orden de aprehensión de por medio, se buscó el apoyo de la SMO y del CEJUM, donde nadie dio respuesta.
Esta mañana a la joven la liberaron sin darle más explicaciones, quien acudirá a la capital para interponer su denuncia por la violación a sus derechos humanos, así como las agresiones de las que fue víctima por su esposo e incluso por autoridades municipales de San Pedro Ixtlahuaca.
