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Refugiadas abandonadas

* Han solicitado asilo y esperan una respuesta

* Por dormir en la calle, les roban su dinero

Esther Gómez-Portillo

SemMéxico/AmecoPress, Madrid, 4 julio 2019.- “Yo me he enfrentado a la muerte en Venezuela desde el 2010, me he salvado de la muerte muchas veces para enfrentarla aquí en España”. Érica, una joven venezolana de 24 años, duerme cada noche en la calle. Huyó de su país junto a su pareja por la violencia a la que tenían que hacer frente cada día.

Con la voz quebrada pero todavía con fuerza, se lamenta de que una noche, mientras dormían cerca de la estación de Aluche, les robaron el poco dinero que habían conseguido traer. Cuando acudieron a poner una denuncia, la policía les dijo que fuesen a la estación de Atocha diciendo que era un lugar más “seguro” para dormir en la calle. “Que la policía me dijese eso, fue para mí fue peor que haber recibido bombas lacrimógenas en Venezuela”, comenta.

Érica es sólo una de las cerca de 40 personas que, en las últimas tres semanas, han solicitado asilo internacional y se encuentran en una situación de desamparo total por parte de las instituciones españolas. A la concentración no asistieron todas las personas refugiadas, muchas de ellas se encuentran durmiendo en la calle y no tienen forma de enterarse.

Las que sí pudieron asistir, se manifestaron ayer frente al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para presentar un requerimiento y exigir que se respeten sus derechos fundamentales. Todas son solicitantes de asilo y están bajo el paraguas de protección internacional, pero la protección que reciben es poca o ninguna. Cada día ven como se incumple su derecho a ingresar en un centro de acogida. Muchas, se ven obligadas a dormir en la calle porque la oficina de asilo dice que tienen que esperar, pero no hay un lugar donde esperar. La parroquia San Carlos Borromeo y las vecinas que les ayudan a nivel individual -y sin ningún apoyo público- se encuentran desbordadas.

Ana lleva tan solo una semana en España y ya ha vivido la angustia de no saber dónde dormir. La joven salvadoreña ha huido por la extorsión que sufría de las maras y tras llegar a España pensando que iba a recibir ayuda, ha tenido que dormir varios días en la calle con sus dos hijas de cuatro años y tres meses.

Gracias a la ayuda de la parroquia San Carlos Borromeo ya no tendrán que pasar la noche en la calle, pero se lamenta de todas las personas que siguen preguntando de albergue en albergue para no pasar otra noche a la intemperie. Actualmente Ana ha presentado la petición para concertar la entrevista con la policía, el paso previo para solicitar el asilo.

“El problema ahora es que desde que hago la entrevista hasta que consigo una cita con la UTS -unidad de trabajo social- puede pasar mucho tiempo. ¿Y en ese transcurso qué hago? Pues subsisto como puedo, me desespero todo lo que puedo, sufro un montón y si tengo suerte, quizás, encuentre una plaza en el Samur social o en un albergue para familias sin hogar compartiendo habitación con otras 15 o 20 personas: hombres, mujeres y niños. Todos hacinados” Cuenta Ana, perteneciente a la Red Solidaria de Acogida y que se ha convertido en una de las voces de las personas solicitantes de asilo que muchas veces, por problemas con el idioma, no pueden denunciar su situación.

Todas las personas concentradas ante el ministerio de Trabajo, Migración y Seguridad Social vienen huyendo de guerras, de una situación de inestabilidad en su país y de unas condiciones que, sarcásticamente, parece que tienen que seguir viviendo hasta el último momento. Todas ellas son solicitantes de protección internacional y por derecho, les corresponde un programa de acogida que no llega. Estas personas no están pidiendo nada excepcional, piden acogida y que se cumpla la legalidad y el Estado tiene la obligación de dársela. Necesitan protección, necesitan amparo y no se les está dando. En su lugar, están viviendo una situación indigna, insuficiente y profundamente precaria.

SEM-AmecoPress/egp

Anulan cálculo de pensiones de trabajo “parcial”, porque discrimina a las mujeres

* Tribunal Constitucional español considera que vulnera el principio de igualdad

* 70 % de mujeres tienen contratos a “tiempo parcial”, lo que afectaría sus jubilaciones

Redacción

SemMéxico/Amecopress, Madrid, 4 julio 2019.- El Tribunal Constitucional ha anulado la norma para calcular la pensión de jubilación en el trabajo a tiempo parcial, al considerarlo «discriminatorio” para las mujeres, que, según datos oficiales, ocupan el 70 por ciento de estos contratos.

Así, el Constitucional considera que la forma en la que se calcula la pensión de las personas que trabajan a tiempo parcial, diferente a la utilizada para quienes trabajan a tiempo completo, es doblemente discriminatoria: vulnera tanto el principio de igualdad –entre quienes trabajan a tiempo parcial y quienes lo hacen a tiempo completo- como el principio de no discriminación por razón de sexo, ya que “estadísticamente” la mayor parte son mujeres.

El tribunal ha decidido anular un inciso, recogido en la Ley General de la Seguridad Social, que regula las pensiones de las personas que trabajan a tiempo parcial. Ese artículo establece un coeficiente que se aplica al número de días trabajados y con el que se obtiene la pensión resultante.

Según la resolución, dicho precepto obvia los requisitos de «justificación objetiva y razonable» en las diferencias entre las personas trabajadoras. De igual modo, prosigue, rompe con la proporcionalidad exigida, pues estos contratos no sólo suponen una «reducción razonable de la base reguladora», sino que «añaden una reducción del periodo de cotización» para establecer la cuantía de la pensión, que no se hace con quien trabaja a tiempo completo.

Toda esta diferenciación conduce, por tanto, a un «resultado perjudicial en el disfrute de la protección de la Seguridad Social», con «incidencia predominante en el empleo femenino», como defendió hace tres meses la fiscal general del Estado, María José Segarra, por escrito ante el tribunal.

No obstante, el Pleno descarta la retroactividad y señala que, a fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la declaración de nulidad no afectará ni a los conflictos individuales juzgados con anterioridad ni a las situaciones administrativas decretadas en firme.

Con la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Cándido Conde-Pumpido, el Constitucional recoge el testigo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que el pasado mayo resolvió que España debía revisar la normativa del cálculo de las pensiones para los trabajadores a tiempo parcial al poder acarrear discriminación por razones de sexo.

No es la primera vez que el derecho comunitario se pronuncia sobre los derechos de este tipo de empleos. En noviembre de 2017, el TJUE falló en contra del sistema utilizado por la Seguridad Social para calcular la duración del subsidio de paro en contratos parciales, por idénticos motivos.

El pasado mayo, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social anunció su intención de revisar este cálculo, que ya fue modificado en 2014 para que los trabajadores pudieran llegar a los 15 años mínimos de cotización necesarios para acceder a una pensión contributiva. Pese a ello, desde la propia cartera reconocían que la mayor parte de las personas con empleos a tiempo parcial y derecho a la prestación no llegan al importe mínimo garantizado por ley, por lo que cobran el complemento de la pensión con cargo al Estado.

SEM-AmecoPress

OIT aprueba convenio contra la violencia y acoso laboral

* Presentan en Madrid el convenio 190, aceptado por 439 votos

* Se espera que en 12 meses entre en vigor

Júlia Oller

SemMéxico/AmecoPress, Madrid, 4 julio 2019.- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó un nuevo convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. El convenio número 190 de la organización, fue aprobado con 439 votos a favor, 7 en contra y 30 abstenciones, durante su pasada reunión celebrad en Ginebra, Suiza.

Junto con este, la OIT emitió una recomendación que aporta orientaciones específicas sobre la aplicación del convenio. Ambos documentos han sido presentados en Madrid en una rueda de prensa que ha contado con las intervenciones de Joaquín Nieto, director de la oficina de la OIT para España, y de Manuela Tomei, directora de condiciones laborales e igualdad de la OIT. El convenio entrará en vigor doce meses después de que dos estados miembros lo ratifiquen.

Algunos delegados y medios de comunicación se han referido a este convenio, que establece el derecho a un ambiente laboral libre de violencia y acoso, como la respuesta al #MeToo en el ámbito de trabajo.

El objetivo de la nueva normativa internacional del trabajo es proteger a empleadas y empleados -reconociendo que las más vulnerables son las mujeres y las niñas-, con independencia de su situación contractual, incluidas las personas que realicen actividades de pasantías y formación profesional, los trabajadores y trabajadoras cuyo contrato se haya rescindido, las personas que realicen labores de voluntariado o busquen trabajo, y quienes se encuentren en búsqueda de empleo, ya que la situación de acoso o violencia puede darse en una entrevista de trabajo.

Asimismo, el texto reconoce que “los individuos que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador” también pueden ser objeto de casos de violencia y acoso.

Lo novedoso del convenio es la ampliación del ámbito de aplicación: la norma recoge los cambios que están operando en los mercados de trabajo, donde las relaciones ya no se circunscriben a un solo espacio físico; por ello, será de aplicación ante las situaciones de violencia y acoso que ocurran dentro del trabajo, en relación al trabajo o como resultado del mismo.

Esto se traduce en que, por ejemplo, de modo similar a los accidentes in intinere, que son considerados accidentes laborales, el convenio emplaza a considerar que la violencia o el acoso sufridos de camino al trabajo (o de vuelta de él) sean vistos como cuestiones que atañen a lo laboral. El texto también indica que en los casos de violencia y acoso pueden participar terceras personas, como consumidoras y proveedoras.

La norma tiene en cuenta que las jerarquías laborales no siempre se corresponden con las relaciones de poder: por ejemplo, una mujer negra puede ser la jefa de un equipo de ingenieros blancos más jóvenes y laboralmente subordinados a ella, que, sin embargo, pueden ejercer algún tipo de discriminación contra ella por constituir una minoría dentro del grupo mayoritario y por pertenecer a dos grupos sociales históricamente oprimidos.

En la línea de responder a los desafíos de la actualidad, el nuevo convenio recoge las situaciones de acoso y violencia que se producen a través de las tecnologías de la información y la comunicación, como una nueva realidad de los mercados de trabajo, con el fin de dar respuesta al llamado ciberacoso, incluido el ciberacoso de género.

En este sentido, el presidente de la OIT para España, Joaquín Nieto, ha manifestado que, ante casos como el de la trabajadora de IVECO que se suicidó después de que se difundiera un vídeo sexual suyo, el Convenio deja claro que la empresa tiene una responsabilidad y proporciona pautas de actuación.

En España, un 15% de trabajadores y trabajadoras sufre mobbing (el término anglosajón utilizado para designar el acoso laboral), según un estudio de la Asociación contra el Acoso Psicológico y Moral en el Trabajo con datos de 2017.

No hay datos globales sobre el acoso en el trabajo; se trata, de acuerdo con Manuela Tomei, directora de condiciones laborales e igualdad de la OIT, de una tarea pendiente, porque los distintos países utilizan en sus estadísticas diferentes definiciones para un mismo concepto, y viceversa (un mismo concepto se utiliza para designar distintas realidades). Para Tomei, “una definición de violencia-acoso muy precisa hubiera hecho que el convenio naciera muerto, condenándolo a la no ratificación”.

El convenio está limitado porque no es vinculante, por lo que el éxito de su aplicación dependerá de la voluntad de los estados que lo ratifiquen, ya que la OIT no tiene potestad para sancionar a los gobiernos. Una vez un país ratifica un convenio, este sí se convierte en jurídicamente vinculante para él.

La vicepresidenta Carmen Calvo ha manifestado en la inauguración de uno de los cursos de verano de la Universidad Complutense el interés de España en ratificar el convenio, aunque el escenario de ingobernabilidad actual puede retrasar esta ratificación. Para Joaquín Nieto, que también ha comentado la buena disposición de Pedro Sánchez respecto al convenio, la ratificación supondría el impulso definitivo para que España avanzase por un camino en el que, a pesar de que en nuestro país ya se han dado pasos, todavía queda mucho por hacer.

SEM-AmecoPress/jo

Presentan Inactiva Spotlight ante funcionariado de Guerrero

* Chilpancingo uno de los cinco municipios donde se pondrá en marcha

* Busca reducir la violencia contra las mujeres

Josefina Aguilar Pastor

SemMéxico, Chilpancingo, Gro., 4 julio 2019.- El funcionariado del gobierno estatal conoció los alcances y metas de la Iniciativa Spotlight, que busca promover la equidad de género y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres en el municipio de Chilpancingo, capital de este estado.

Leonardo Mier Bueno, oficial nacional de UNICEF, y coordinador de la iniciativa en Guerrero, expuso el proyecto, del que conocieron, entre otros servidores y servidoras públicas, el Secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame; el fiscal General, Jorge Zuriel de los Santos Barrila; el secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca, y la subsecretaria de Coordinación, Enlace y Atención de Organizaciones Sociales, Violeta Parra.

La Iniciativa Spotlight es un proyecto impulsado por la Unión Europea (UE) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se pondrá en operación también en otros cuatro municipios de tres entidades del país: Chihuahua y Ciudad Juárez, Chihuahua; en Ecatepec y Naucalpan, en el Estado de México.

Entre los objetivos del proyecto destacan mejorar las políticas públicas para la eliminación de toda violencia contra la mujer; fortalecer las instituciones responsables de prevenir, investigar y sancionar las agresiones contra las mujeres; cambiar normas sociales y formas de pensamiento en sociedad.

Así como garantizar servicios legales, policiales y de salud a las víctimas, mejorar la recolección de datos sobre violencia contra la población femenina y fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos de las mujeres.

En su momento, el secretario General de Gobierno reiteró el interés del gobernador, Héctor Astudillo Flores, de disminuir niveles de violencia contra las mujeres y trabajar mano a mano con la Organización de las Naciones Unidas con esta iniciativa.

SEM/jap/sj

Diputación de Guerrero condena agresiones a legisladora de Morena

* Responsabilizan a los cuerpos de seguridad de Estado

* Violaron sus derechos al libre tránsito y a la presunción de inocencia

Josefina Aguilar Pastor

Semméxico, Chilpancingo, Gro., 4 julio 2019.-  Diputados locales condenaron los abusos y arbitrariedades cometidas por cuerpos de seguridad pública y responsabilizan al propio Legislativo, por no emitir un protocolo de seguridad para prevenir, atender, sancionar y reparación sobre cualquier violencia contra las mujeres en razón de género.

Durante la sesión de la comisión permanente, la diputada de Morena, Norma Otilia Hernández Martínez, subió a tribuna y expuso el caso de intimidación y hostigamiento en contra de su compañera de bancada, Nilsan Hilario Mendoza, ocurrido la semana pasada en Chilpancingo, supuestamente por parte de elementos de la policía estatal.

“Lo sucedido a nuestra compañera diputada Nilsan Hilario Mendoza, no es un caso aislado, la recurrencia del acoso y de la arbitrariedad que ha padecido por grupos que dicen ser de seguridad pública del Estado, obliga a la exigencia de que esto ya termine, que el gobierno del Estado garantice los derechos de todos los guerrerenses al libre tránsito, a la presunción de inocencia”, expuso la legisladora morenista. 

Sostuvo que el exceso de violencia y el uso de la fuerza, por parte de los policías involucrados, confirma la falta de protocolos para atender estos eventos, que tienen efectos colaterales de consecuencias fatales para muchas familias; además de reconfirmar, la impunidad, por falta de voluntad de la autoridad para impartir justicia, para esclarecer hechos para verdades ciertas que den certeza al acto de autoridad.

De manera directa, Hernández Martínez, acusó al gobierno del Estado, como el responsable de estos hechos “se equivocan quienes desde el gobierno creen que con la intimidación habrán de silenciar la voz que no piensa y actúa igual”, dijo y exigió al gobierno municipal de Chilpancingo y del Estado, una investigación seria  para esclarecer los hechos, se detengan las agresiones y actos intimidatorios, y se castigue a los responsables.

En respuesta, el diputado local del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez, a nombre de su fracción, condenó los hechos en contra de la diputada morenista, se pronunció a favor de terminar con el clima de violencia, pero pidió a la diputación de Morena, ser mesurados en sus posiciones y no responsabilizar a un nivel de gobierno en concreto, sin tener pruebas de ello.

En tanto que la perredista, Dimna Guadalupe Salgado Apatiga, responsabilizó al propio Congreso del Estado, el cual desde el pasado mes de febrero, luego de la agresión a la diputad Erika Valencia Cardona, aprobó un acuerdo parlamentario con el que exhortan a la Junta de Coordinación Política, emitir un protocolo para la prevención atención, sanción y reparación sobre cualquier violencia contra las mujeres en razón de género, lo cual hasta el momento no ha ocurrido.

SEM/jap/sj

Celebra Red Nacional de Refugios entrega de recursos

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* Hoy se inició la transferencia de recursos de la primera ministración

* Favorece el acceso a la justicia de más de 25 mil mujeres, sus hijas e hijos

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 4 julio 2019.- La Red Nacional de Refugios celebró que esta mañana se realizaron las primeras transferencias de la primera ministración del presupuesto, asignado y aprobado en abril pasado en curso a los Refugios y Centros de Atención Externa.

En un comunicado señalan que los refugios que recibieron esta primera ministración participaron y sus proyectos fueron aprobados mediante la Convocatoria Pública para la asignación de subsidios para la prestación de servicios de Refugios para Mujeres, sus hijas e hijos que viven en violencia extrema y en su caso a sus Centros de Atención Externa 2019 del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaria de Salud.

Por ello, manifiestan su “inmenso reconocimiento” a todas las organizaciones, feministas, académicas, instancias federales, personas de la sociedad y del legislativo, que hicieron eco a nuestras solicitudes de acceso a la justicia y el derecho de más de 25 mil mujeres e infantes víctimas de violencias a contar con atención integral especializada y espacios de protección.

Asimismo, al personal de los Refugios y Centros Externos que resistieron con esperanza la ausencia de recursos por su invaluable labor profesional ética.

La liberación del presupuesto etiquetado en el Anexo 13, Ramo 12 “Subsidios para refugios y centros de atención externa de refugios para mujeres víctimas de violencia”, permitirán que miles de mujeres e infantes en diversas partes de la república mexicana puedan continuar recibiendo atención integral gratuita y especializada, “restituyendo sus derechos y reparando las secuelas físicas y emocionales que las violencias han dejado en su cuerpo, en su alma y, como organizaciones de la sociedad civil continuaremos previniendo feminicidios en todo el país”.

Se trata de 45 Refugios y 24 Centros de Atención externa, aprobados en la primera convocatoria, y que ya cuenten con las transferencias correspondientes, por lo que esperan que se publique en este mes la segunda convocatoria pública para que los refugios que no accedieron a esta primera puedan acceder.

SEM/sj

Entresemana

Hermanas de la caridad

* Cosas de poca importancia para AMLO

Moisés Sánchez Limón

SemMéxico, 4 julio 2019.- Que los policías federales tienen derecho a manifestarse como refirió el licenciado Andrés Manuel López Obrador, es parte de las libertades de las que gozamos en México desde antes del arribo de la 4T y que costó muchas vidas, desde aquellos tiempos de crispación social en la disputa de la lucha por el poder.

Que el Presidente tiene el derecho a practicar béisbol mientras los uniformados cierran carreteras y crispan a los ciudadanos y avivan la inseguridad, es un tema que evidencia el nivel de prioridad que López Obrador otorga a asuntos de suyo delicados.

Minimizar el grave problema generado por el sargazo en costas de Quintana Roo, es faltar el respeto al sentido común, aunque en tribuna el senador Cristóbal Arias, aspirante eterno al gobierno de Michoacán, defendió al Presidente y negó haya restado importancia al caso, en ése ánimo que pinta el grado de mimetismo, disciplina o llámele usted como quiera, a esta postura del morenismo encaramado en el poder.

Pero, vaya, siempre hay un día siguiente, un momento para negar lo dicho, pretender desdecirse y responsabilizar a la prensa fifí de la derecha conservadora e integrante del hampa del periodismo, de dimensionar una declaración, cuando precisamente ello ha posibilitado que, como no queriendo, se busque atender un problema creado sin soluciones previstas.

Precisamente en ese nivel se ubica al conflicto que se veía venir en la Policía Federal, un tema al que el licenciado López Obrador le resta importancia, sin otear al horizontes que entraña el recrudecimiento de la inseguridad, como si no fuera suficiente la crisis que priva en prácticamente todo el país y amaga y genera zozobra todos los días entre los habitantes de la Ciudad de México, una realidad que la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum minimizó al grado de negar que se requería la participación de la Guardia Nacional en el combate al crimen organizado que tiene secuestrada a la capital de la república, pero ya cuenta con ella.

Manifestaciones de descontento, videos subidos a las redes sociales en los que policías federales integrados a la Guardia Nacional expresaban descontento por el trato que se les daba, porque debían pagar con recursos propios sus traslados; molestos por los calificativos que les endilgaba el propio Presidente; inquietos porque desconocían el futuro de su trabajo; en zozobra porque lo que atisbaban era la pérdida del empleo.

Sí, en las corporaciones policiacas no hay hermanas de la caridad. Y la Policía Federal no es la excepción. Con cierta frecuencia se acusa a sus integrantes de maltratos hacia civiles, de excesos varios con abuso de autoridad, pero lo cierto es que siempre han sido visibles para ser sancionados. No se soslaya, empero, la impunidad que ha privado en algunos casos, y no se justifica, por nada, el hecho de que sean civiles incorporados a tareas que les ha costado la vida en ese combate al crimen organizado que no para.

Pero, cuando se planteó y propuso formalmente la creación de la Guardia Nacional, que en la reforma constitucional implica su carácter civil, para alimentar sus filas se aprobó incorporar a policías federales que junto con policías militares y marinos, integrarían a este cuerpo de élite para recuperar la seguridad que los mexicanos perdimos desde hace tiempo, mucho antes de que Felipe Calderón declarara la guerra al crimen organizado que se ha convertido en poder fáctico en muchas regiones del país.

Era y es una prioridad la Guardia Nacional y no se puede regatear el apoyo a sus tareas e integración, pero de antemano el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, y el señorpresidente López Obrador debieron haber tenido en mano las previsiones de los problemas que acarrearía la integración de este cuerpo, es decir, tener soluciones frente a escenarios futuros. Pero no, todo indica que este gobierno tiene como praxis la creación y generación de problemas para luego buscar las soluciones.

¿Era necesario ofender a los policías federales cuando se iba a requerir que voluntariamente se incorporaran a la Guardia Nacional? El licenciado López Obrador los ofendió y el secretario Durazo no explicó con la vastedad del caso cómo serían incorporados, cómo se respetarían sus derechos, cómo estaría protegida su familia y el nivel garantizado de seguro de vida y de salario mensual.

Porque, reitero, no se trata de hermanas de la caridad que irán a recorrer el país para convencer a almas descarriadas de que vuelvan al redil. No, no es defensa oficiosa; los federales han salido a la calle a protestar, a cerrar carreteras y amagar con un paro nacional. Ellos se defienden solos, pero el ciudadano debe enterarse más allá de las descalificaciones en voz del Presidente de lo que demandan estos policías que tienen la enorme y delicada responsabilidad de combatir a los criminales que han instalado a México como un país violento e inseguro.

¿Se dimensiona el tema? Bueno, cuando el licenciado López Obrador acusa que hay mano negra en este movimiento, debiera reflexionar y no echarle gasolina a la fogata que puede derivar en incendio nacional. Le dejo el texto de lo que dijo anoche. Saque usted sus conclusiones.

“(…) ¿Por qué no espero hasta mañana en la mañana? De una vez informo sobre lo que está sucediendo con la Policía Federal: se amotina, toman las calles, ofrezco disculpa a los ciudadanos por las molestias que se ocasionan, pero quiero también decir que no hay ningún motivo ninguna razón, no es una causa justa, no se está despidiendo a ningún policía federal, lo que está sucediendo es que están pasando, voluntariamente, unos elementos de la Policía Federal, alrededor de diez mil que han pasado la prueba, porque no se acepta a cualquiera en la Guardia Nacional.

“Entonces, buenos elementos están pasando a la Guardia Nacional, otros no sólo porque no pasan la prueba, ahora en la manifestación están diciendo que no los examinen, los oficiales del ejército, no solo por eso de que no pasan la prueba, no están en buenas condiciones, no tienen conductas aceptables y también porque tienen problemas de salud. Entonces, no van a poder estar en la Guardia Nacional pero van a seguir trabajando en la Policía Federal; figúrense que en el gobierno neoliberal se contrataba a policías privados en un negocio que tenían desde el gobierno, alrededor de 50 mil policías privados cuidaban oficinas públicas y eran guardaespaldas de funcionarios, entonces pues ya no se van a tener esos 50 mil elementos, porque no van a haber guardaespaldas, no hay guardaespaldas, pero sí hay que cuidar oficinas, sí hay que cuidar instalaciones estratégicas, las instalaciones estratégicas del sector energético Pemex la Comisión Federal (de Electricidad) están a cargo de las Fuerzas Armadas pero hay otras instalaciones como museos, parques, las mismas instalaciones de las secretarías del gobierno requieren de cuidado y van a estar trabajando en estas actividades.

“No se va a despedir, repito, a nadie a nadie, a nadie, además ya lo saben y mantienen sus prestaciones, entonces ¿por qué las manifestaciones?, está raro ¿verdad?, esta policía se creó hace como 20 años y la verdad no se consolidó, se echó a perder y con más intensidad se pervirtió en el tiempo que estuvo dependiendo de la Secretaría de Gobernación, entonces de arriba hacia abajo imperó la irresponsabilidad y la corrupción.

“Entonces, si se manifiestan tenemos que, los ciudadanos, resistir, aguantar pero es en bien de todo, esto se tiene que arreglar y se tiene que arreglar manteniendo el orden sin autoritarismo, el diálogo y con el uso de la razón, como decía Juárez: Nada por la fuerza todo por la razón y el derecho. El derecho de manifestación es sagrado, se pueden manifestar el tiempo que sea, no van a ser reprimidos, porque ya no estamos en los tiempos de antes, no somos iguales a los gobiernos de los sexenios pasados.

“Entonces, a manifestarse, pero es importante que todos conozcan esta información, sobre todo los que actúan de buena fe, hay mano negra en este asunto, esto se manejaba antes desde Bucareli, desde los sótanos de Bucareli y piensan que va a ser lo mismo, no, no vamos a reprimir, no somos iguales y se va a resolver este asunto porque no se está cometiendo ninguna injusticia. Que quede muy claro. Un abrazo”.

¿Es el mensaje de alguien que busca solucionar un problema grave pero califica de pervertido y corrupto al de enfrente? Reitero: los policías federales no son hermanas de la caridad. Y si hay mano negra, como acusa el Presidente, pues que proceda contra él o los autores y punto, pero no ofenda al sentido común con desprecio otorgándole prioridad a una práctica de beis mientras los capos echan redes a río revuelto.

¿Quién asesora al licenciado López Obrador? Insulta a los federales. Antes ofende a los militares, los mejor calificados por la ciudadanía y reconocidos por su labor, porque considera debieran desaparecer las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina e integrarse como guardia nacional. ¡Caray!, el pasto seco y él con el encendedor en ristre. Digo.

sanchezlimon@gmail.com

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Coordenada

La Comisión “Virtual” de búsqueda de personas desaparecidas en Jalisco

* Gobierno no entiende su responsabilidad

Lupita Ramos Ponce

SemMéxico, 4 julio 2019.- La declaración de Margarita Sierra a medios de comunicación y a pocos días de que se elija al nuevo Comisionado Estatal de Búsqueda de Desaparecidos; refleja la ignorancia que sobre el tema prevalece en Jalisco y la displicencia para su atención.

La secretaria de Planeación y Participación Ciudadana en Jalisco, Margarita Sierra, “aclara” que la Comisión Estatal de Búsqueda de personas desaparecidas operará bajo un nuevo “esquema virtual” y que se encargará exclusivamente de la recolección de información:

“Y hemos llegado a este acuerdo, nuestra comisión de búsqueda va a ser una búsqueda virtual, vamos a tener acceso a todas las bases de datos y a generar bases de datos con la Fiscalía, con el Semefo, con los Semefos al interior del Estado, con los municipios, para que la persona pueda llegar a esta comisión y podamos darle información acerca de la persona que busca, la búsqueda en campo, será responsabilidad exclusiva de la Fiscalía”.

Con estas declaraciones, evidentemente el gobierno estatal sigue sin entender la responsabilidad que tiene en el tema de desapariciones y en las instituciones que por ley se han creado para la búsqueda de las personas desaparecidas. Lo primero que salta a la vista es que la secretaria de Planeación y Participación Ciudadana sea quien asuma “llegar a acuerdos” para determinar el nuevo funcionamiento de la Comisión de Búsqueda y sea quien emita públicamente estas declaraciones.

Legalmente, esta Secretaría no tiene ninguna injerencia ni en el sistema nacional ni estatal de búsqueda y tampoco tiene facultades para cambiar las funciones de una institución que ha sido creada a nivel nacional y estatal con el empuje de las y los familiares de las personas desaparecidas y de las organizaciones de la sociedad civil que acompañan en estos casos.

La Ley general en materia de Desaparición Forzada de personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; establece con claridad cuáles son las funciones de estas instituciones. Y aunque no se cuenta aún con la ley armonizada en Jalisco, la Ley General es de orden público, interés social y observancia general en todo el territorio nacional.

El Artículo 50 de la Ley establece que: “La Comisión Nacional de Búsqueda es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que determina, ejecuta y da seguimiento a las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en todo el territorio nacional… Tiene por objeto impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas… Cada Entidad Federativa debe crear una Comisión Local de Búsqueda, la cual debe coordinarse con la Comisión Nacional de Búsqueda y realizar, en el ámbito de sus competencias, funciones análogas a las previstas en esta Ley para la Comisión Nacional de Búsqueda”.

¿Así o más claro?, no hay tiempo para que sigan inventando sus comisiones “virtuales”, en Jalisco esperan sus familias de regreso a más de siete mil desaparecidos.

lupitaramosponce@gmail.com

@lupitaramosponce

Piden a titular de CONAVIM que visite la Ciudad de las Mujeres de Tlapa

* La funcionaria federal acusa corrupción, las trabajadoras señalan que no tienen recursos

* Sin las mujeres no hay 4T, señalan en una carta

Josefina Aguilar Pastor

Semméxico, Chilpancingo, Gro., 4 julio 2019.- Sin las mujeres no hay una verdadera 4T, sostienen trabajadoras del Centro Ciudad de las Mujeres de Tlapa, quienes pidieron a Candelaria Ochoa Avalos, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), acudir a dicho espacio y conocer el trabajo que realizan, sin recursos, a favor de las mujeres de la montaña de Guerrero.

Derivado de la entrevista realizada por SemMéxico a la titular de la Conavim, en la que afirma que la Ciudad de las Mujeres, impulsada en el pasado sexenio no tiene estatuto jurídico y hubo corrupción, trabajadoras de dicho centro celebraron que la funcionaria federal se dé cuenta de la situación que viven como empleadas y el funcionamiento de una dependencia que busca atender la violencia hacia las mujeres.

En un escrito dirigido a Ochoa Avalos, subrayan que aún sin recursos de ningún tipo y sin el apoyo de las instituciones dedicadas a la atención de mujeres, en el Centro de Tlapa, siguen atendiendo a las mujeres que lo necesitan. 

Le piden les dé a conocer los requisitos para decidir si este centro es funcional y cómo, en su calidad de funcionaria comprometida con este tema, puede apoyarlo. Subrayan que sólo requieren atención para a seguir funcionando, independientemente de si es municipal, estatal o federal.

De la corrupción que la funcionaria federal afirma ha prevalecido en el Centro de Atención de Tlapa, sostienen “jamás se ha recibido dinero en esa institución. Ojalá de verdad venga a Tlapa a conocer el Centro y no “conocerla” desde los supuestos, sino desde la realidad. La esperamos usted dice cuándo”, emplazan.

De dicha información se desprendieron comentarios, entre ellos, de Yuri Sierra, quien exige solución a la situación que enfrentan en el Centro Ciudad de las Mujeres; mientras que Mely Barrera es más contundente “no es una verdadera 4T si no visibiliza a las mujeres, el Centro Ciudad de las Mujeres ubicado en el corazón de la montaña no ha recibido solución a la problemática que atraviesa”.

El centro de atención de Tlapa fue un proyecto impulsado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, inaugurado el 20 de julio de 2013, según se dijo, daría asistencia a 189 mil mujeres de 19 municipios de la región de la montaña, “esta obra era y es parte de este esfuerzo para dar atención focalizada, especial y dedicada a las mujeres de México”, dijo en el acto inaugural el mandatario federal.

Sin embargo, a los cuatro meses de haber sido iniciado sus actividades surgieron los primeros visos de que algo no andaba bien, se dieron a conocer las primeras denuncias de trabajadoras que habían sido despedidas y otras tantas a las que les adeudaban sus salarios de varios meses, falta de material, entre otras irregularidades. Dicho centro, pasó a la administración de la entonces Secretaría de Desarrollo social o la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

A la fecha, nada ha cambiado, han sido distintas las ocasiones en que el funcionamiento del centro se ha visto amenazado y aún persiste el peligro de que sea cerrado.

SEM/jap/sj

Denuncian filtración de fotografías de víctima de feminicidio

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* Personal de Semefo de Chilpancingo debe ser castigado

* Contribuyen a la naturalización de la violencia contra las mujeres

Josefina Aguilar Pastor

Semméxico.Chilpancingo, Gro., 4 julio 2019.- Feministas exigieron al gobierno del Estado y a la Secretaría de Salud investigue y castigue a los responsables del Servicio Médico Forense (Semefo), que filtraron fotografías de María Guadalupe Memije Bazán, quien fue encontrada muerta el domingo por la mañana en las inmediaciones del hospital Raymundo Abarca Alarcón”, en esta ciudad.

Yolitzin Jaimes Rendón, representante de la organización civil “Las Revueltas”, expresó su malestar y condena por la difusión de una fotografía de la víctima, cuyo cuerpo desnudo sobre la plancha de SEMEFO, es exhibido en grupos de WhatsApp y la página de Facebook “Esto en Guerrero”.


“No es solamente la espectacularización de la noticia, sino por la repetición de la noticia, que hace que a la mujer la maten mil veces en el día. Eso es una idea de incitación y promoción, que de alguna manera incita a la naturalización de ese crimen, eso contagia a la sociedad”, citó la activista, un fragmento de la investigadora Rita Segato.

“Exigimos el cese inmediato a la guardia de esa noche. Es terrible vivir en un ambiente donde se hace mofa de la violencia feminicida”, acusó Yolitzin Jaimes.

Por otra parte, durante la quinta sesión de la comisión de Atención a Mujeres víctimas de violencia, realizada este miércoles, Beatriz Eslava Borja, presidenta de la organización “kaniche Eslava”, puso el tema sobre la mesa, señaló que se no se trata de fotografías tomadas por periodistas, sino que salieron del propio Semefo.

La activista exigió una investigación a fondo, que dé resultados pronto, y se castigue a los responsables, “si tienen que rodar cabezas que rueden”, exigió.

Marisol Cuevas Serrano, titular de la dirección municipal de Atención a la Mujer, del ayuntamiento de Chilpancingo, externó la misma exigencia y preocupación debido a que con esta publicación, que evidencia la falta de capacitación con perspectiva de género de los funcionarios y servidores públicos.

Michelle Chen Araujo, enlace de la Secretaría de Salud, se mostró sorprendida por el hecho, luego de que los Semefos, dependen de dicha dependencia, por lo que se comprometió a llevar la información al titular Carlos de la Peña Pintos y tomar cartas en el asunto.

Esta es la segunda ocasión, que servidores públicos, filtran fotografías de mujeres, el pasado 2 de marzo de este año, personal médico del hospital general “Raymundo abarca Alarcón”, compartió y difundió fotografías en las que se observa a dos jóvenes colombianas gravemente heridas, con el rostro desfigurado y notables quemaduras en sus cuerpos después de un aparatoso accidente automovilístico ocurrido en la autopista del Sol.

En aquella ocasión, la Secretaría de Salud, dijeron, habrían realizado una investigación y actuado en contra de los responsables, aunque de manera pública, no se conocieron resultados.

SEM/jap/sj

Puerto Vallarta, foco rojo por trata y violencia contra mujeres

CEDHJ advierte que el municipio no ha cumplido con las alertas de género local y federal.

* Es uno de los municipios del país con más casos de violencia machista

Analy S. Nuño

SemMéxico, Guadalajara, Jal., 4 julio 2019, – Puerto Vallarta es un foco rojo por la trata de personas y la violencia contra las mujeres, a tres años de haberse decretado la alerta de género local y seis meses de la federal.

Así lo advierte la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco (CEDHJ) en el “Informe especial sobre la situación de violencia contra las mujeres en correspondencia con los mecanismos de alerta de violencia contra las mujeres y alerta de género”, mismo que entregó al municipio señalado por la Organización de las Naciones Unidas como uno de los 15 puntos a nivel nacional con mayor incidencia en trata de personas.

La Relatoría de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Igualdad de Género, encargada de realizar el informe, recordó que al activar los mecanismos de alerta de género se consideró como prioritario a Puerto Vallarta en función de la problemática sobre trata de personas y del número de casos de muertes violentas de mujeres registradas por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Pues, esta localidad se encuentra en el lugar 82 de los 100 municipios con mayores índices de violencia contra las mujeres en el ámbito nacional, de acuerdo con el informe mensual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Enero- Abril 2019.

El informe señala que al correlacionar las acciones reportadas por los municipios con los indicadores que se debían de cumplir en los dos mecanismos de alerta, con respecto al mecanismo estatal, no se han realizado las acciones necesarias para cumplir los requerimientos.

En cuanto al patrullaje y la vigilancia en zonas de riesgo, se indica que sólo se adquirió un vehículo, pero falta informar de las actividades realizadas. De igual forma, faltan avances en la mejora del alumbrado público en las zonas de riesgo.

Además se detalla que pese a que se firmó un convenio para colaboración y derivación para la instalación de un refugio de mujeres en situación de violencia a un particular, falta revisión del mismo.

Con respeto a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres federal, la CEDHJ encontró que no hay un grupo especializado de búsqueda y reacción inmediata y no hay reportes de seguimiento de órdenes de protección.

“Los colectivos solicitaron coordinación con estados vecinos para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas”, señala el informe.

De acuerdo al documento, el municipio reportó como parte de las acciones realizadas la instalación de un módulo de atención, que están dirigidos a consolidar esfuerzos en la prevención de la violencia contra las mujeres; la instalación de un Centro de Desarrollo para las Mujeres (CDM) con recurso de INMUJERES que consistía en contratar tres  profesionistas que conformaron un equipo multidisciplinario para atender a mujeres en situación de violencia, y la apertura del Centro de Justicia para las Mujeres en Puerto Vallarta, dependiente de la Fiscalía General del Estado.

Además se indica que cumplió con el diagnóstico de necesidades de capacitación de servidores públicos que atienden violencia y las campañas de difusión para prevenirla.

La conclusión a la que llegó la CEDHJ de acuerdo a la información obtenida, es que “se constata que después de tres años de haber decretado la alerta local y seis meses de la alerta federal, existe un contexto de violencia y ausencia que las autoridades, deben atender con mayores esfuerzos”.

Por ello, el organismo sugiere atender de forma urgente la problemática de trata de personas con fines sexuales que “ha sido documentada a través de diversas investigaciones y medios en donde hacen evidente el riesgo eminente que tienen las niñas y mujeres de ser víctimas de este delito en Puerto Vallarta”.

Asimismo, con el fin de proteger los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia, tener la unidad especializada de reacción y búsqueda inmediata de niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas para coadyuvar con los trabajos de búsqueda de conformidad con el Protocolo Alba; contar con un marco normativo que rija la política municipal en materia de igualdad de género; realizar la instalación del Consejo Municipal de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, adoptando como modelo el Consejo Estatal (CEPAEVIM).

Realizar las acciones necesarias para concretar la instalación de cuando menos un refugio o casa de medio camino para toda la región costa norte que sirva para el resguardo de mujeres víctimas de violencia, así como de sus hijas e hijos de manera inmediata y en condiciones dignas. Se sugiere al ayuntamiento de Puerto Vallarta, revisar el funcionamiento del refugio privado localizado en el municipio y que es coordinado por un particular.

También se exhorta al municipio a que se realice e implemente un programa de formación especializada para el funcionariado que atiende a mujeres en situación de violencia. Trabajar en la implementación del plan de mejora para la emisión, control
y seguimiento de las órdenes de protección de acuerdo con las recomendaciones y al informe especial sobre medidas y órdenes de protección realizado por la defensoría. Y elaborar un Programa de Prevención de la Violencia contra las Mujeres que pueda ser ejecutado por la comisaría de policía del municipio.

Además, coordinarse con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEAV); analizar la viabilidad de instalar en el ayuntamiento una Unidad de Atención a Víctimas de Violencia con la finalidad de que se implementen acciones conjuntas e integrales que permitan reforzar las medidas para la atención de la violencia contra las mujeres en el municipio de Puerto Vallarta.

Asimismo sugiere realizar campañas de prevención, atención y erradicación de la violencia contra ellas, principalmente dirigidas a hombres, que logren hacer visibles las violencias que se ejercen contra las mujeres, principalmente las que ocurren en el hogar. Así como crear una estrategia para prevenir el embarazo adolescente acorde con los ejes estratégicos previstos en la estrategia nacional (ENAPEA).

Y finalmente, tener un presupuesto etiquetado para la plena aplicación de los programas, proyectos y acciones que en materia de igualdad de género se establezcan de forma transversal en el Plan Municipal de Desarrollo y los que se establezcan en el Programa Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2018-2021.

El informe analizó la violencia contra las mujeres como un fenómeno multifactorial, enlazado a factores de vulnerabilidad estructural que prevalecen en una sociedad desigual. Por ello, se tomaron en cuenta las condiciones que las vulneran por sus contextos económico, educativo, institucional y presupuestal, entre otras, “que les reducen las posibilidades de enfrentar las amenazas de su cotidianidad”.

Ráfaga

Restringen las Visitas a Palacio Nacional, por “Recomendación” del INAH

Jorge Herrera Valenzuela

SemMéxico. Cd. de México. 3 de julio de 2019.- Se acabó la era de la entrada libre a Palacio Nacional. Ahora quien desee recorrer las instalaciones del edifico colonial, deberá de registrarse en la vía del Internet y en la entrada será checado el nombre del visitante, ya sea nacional o turista extranjero, trátese de visita individual o de grupo. Habrá un tope de admisión “porque a veces es demasiada gente la que está adentro”.

Las medidas están en vigor desde las últimas semanas del pasado junio, para tener un mayor control del movimiento de personas “porque con el Presidente aquí (en Palacio Nacional), es necesario ese control y más cuando llegue su familia”, según lo dijo el vocero presidencial apoyándose en  “la recomendación” que para restringir el número de visitantes hizo Protección Civil (no especificó de qué dependencia) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Es del dominio público que desde el martes 3de julio de 2018, como candidato triunfador en las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, de hecho tomó posesión de Palacio Nacional y dio su primera conferencia en el Salón de la Tesorería, donde acude a sus “mañaneras”. En esa ocasión fue invitado por su antecesor, suceso inédito que sorprendió a todos.

“Mis adversarios, que no mis enemigos, dicen se va a vivir a Palacio y van a cerrar el Palacio. Todo el Palacio para Andrés Manuel. No. Si yo nada más necesito muy poco espacio”, esto lo ha manifestado el Presidente de México, quien determinó no residir en Los Pinos y transformar en un museo la casa que ordenó construir el presidente Lázaro Cárdenas del Río, cuando Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano era un inocente bebé. Algunos presidentes vivieron en el Castillo de Chapultepec, entre 1920 y 1934.

Oficialmente se informó que para la familia López Gutiérrez se remodelará el departamento que existe desde los días del sexenio de Felipe Calderón, que consistía en una recámara, sala, comedor y cocina. Obvio es que resulta reducido para los nuevos huéspedes de Palacio Nacional e inclusive deberá tener un espacio para recibir distinguidas personalidades, así como a los amigos de la familia. También se adaptarán oficinas para “el staff” del tabasqueño.

CIERRAN LA ESCALINATA PRINCIPAL

Para empezar, comentaré que ha quedado cerrado el paso por la escalinata principal, misma que se encuentra a la izquierda después de pasar por la puerta central de Palacio Nacional, el acceso que, por otros motivos, desde hace tiempo estásupervigilado por soldados de la Primera Zona Militar. Se colocó un cordón para impedir el paso, por lo cual el visitante “debidamente registrado” recibirá información para llegar al segundo piso y desde ahí observar el mural que Diego Riverapintó, en los años 40, parte de la Historia de México.

Los turistas nacionales y extranjeros podrán recorrer algunos pasillos del edificio, construido hace más de quinientos años, visitando los museos, el del propio Palacio Nacional  el Recinto Benito Juárez y el del Parlamento, local del cuarto piso, donde tuvieron lugar las sesiones del histórico Congreso Constituyente de 1857, en el que participaron egregias figuras y que dio origen a una Constitución Política inicialmente muy polémica.

No hay acceso al Jardín de la Emperatriz, donde se encuentra la Esfera Plateada, una obra de Ivonne Domenge; tampoco podrán caminar por el pasillo en que están 12 esculturas, así como la Sala Raúl Anguiano donde se exhibían 28 obras donadas, por la viuda del artista, a la Presidencia de la República. El ala Sur del colonial edificio tendrá una vigilancia especial, por encontrarse en esa zona el despacho presidencial y las oficinas de los inmediatos colaboradores. Salen de Palacio las oficinas que aún tenían la Secretaría de Hacienda y la Consejería Jurídica, dando paso a la nueva residencia oficial del Presidente López Obrador.

BODA, BAILE Y VELATORIOS, EN PALACIO

En mis archivos periodísticos me encontré con datos interesantes sobre diferentes sucesos registrados en Palacio Nacional, entre ellos también una versión sobre un doble asesinato. En el histórico lugar se realizó la fastuosa boda religiosa, el domingo 24 de octubre de 1858, del general Miguel Miramón y Conchita Lombardo. Después de la ceremonia litúrgica, el banquete para la sociedad imperialista y luego el baile. A sus 27 años de edad, Miramón fue Presidente de la República; el más joven en nuestra historia.

En habitaciones del ala Norte del Palacio, con balcón a las calles de Moneda, la noche del 18 de julio de 1872, falleció el más ilustre Presidente de México, el indio oaxaqueño, el Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez. Ahí se velaron sus restos y fueron llevados al Panteón de San Fernando (hoy en la Colonia Guerrero), acompañado porcientos de personas; tardaron cinco horas en el recorrido, pues iban a paso lento.

Manuel González Flores, “El Manco”, compadre preferido de Porfirio Díaz, murió en su hacienda de Chapingo, Estado de México. El oaxaqueño dispuso que el cuerpo fuera velado en Palacio Nacional y después los restos depositados en la entonces Rotonda de los Hombres Ilustres. Manuel fue presidente de 1880 a 1884 y entregó la estafeta a su compadre Porfirio. Después fue,tres veces consecutivas, gobernador de Guanajuato.

Por instrucciones del presidente PlutarcoElías Calles, en Palacio Nacional se instaló la capilla para velar los restos del general Álvaro Obregón, asesinado el 17 de julio de 1928, a la edad de 48 años, en el restante “La Bombilla”, en San Ángel, D.F. Obregón es el único  Presidente Reelecto, en la época posrevolucionaria.  

El patio central de Palacio, fue el escenario para rendirle homenaje póstumo al colimenseMiguel de la Madrid Hurtado, el mediodía del 9 de abril de 2012. La ceremonia fue encabezada por el presidente Felipe Calderón, autor de este insólito acto. Un presidente PANista rindiendo honores a un expresidente PRIista. 

La versión de que el presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron asesinados en las caballerizas de Palacio Nacional y no en la Penitenciaría del Distrito Federal, el Palacio de Lecumberri, fue de un militar de nombre Francisco Cárdenas y del porfirista Guillermo Luengas. Reitero, es una versión que aparece inclusive publicada en un diario de la época.

DOS PREGUNTAS PARA MEDITAR:

¿Por qué insiste el gobierno federal en cerrar las puertas al TURISMO, nacional y extranjero? ¿Cuál es el temor de que haya entrada libre a Palacio Nacional?

jherrerav@live.com.mx

Secretaría de Salud de Veracruz fortalece atención de la salud sexual y reproductiva

  • Se trabaja en la sensibilización para prevenir el embarazo en la adolescencia y enfermedades de transmisión sexual.

Redacción

SemMéxico/Billie Parker Noticias. San Andrés Tuxtla, Veracruz. 03 de julio de 2019.- La Secretaría de Salud (SS) impartió un curso de actualización a personal médico y de enfermería con el objetivo de garantizar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, como parte del programa de Planificación Familiar.

A través de la Jurisdicción Sanitaria 10 capacitó a 130 trabajadores de los hospitales “Héctor M. Moreno Mendoza” de Catemaco y “Bernardo Peña” de San Andrés Tuxtla, en torno a métodos anticonceptivos temporales y permanentes, derechos sexuales y reproductivos, embarazo en la adolescencia, sexo seguro, anticoncepción de emergencia y mortalidad materna.

Posteriormente, el personal participará en tareas de sensibilización para prevenir el embarazo en la adolescencia y enfermedades de transmisión sexual; así como propiciar la inclusión de las zonas rurales en dicho programa.

De esta manera, la SS brindará una mejor atención y acceso a servicios médicos de calidad para las y los veracruzanos.

Urge que el Estado intervenga para despenalizar el aborto

Unas 75 mil niñas se han expuesto al aborto clandestino.

 Por Sara Lovera

SemMéxico. Cd. de México. 3 de julio de 2019.- En breve podría legislarse sobre la interrupción legal del embarazo (aborto). Diputadas y especialistas han llegado a esa conclusión, tras 16 foros realizados en el país.Reconocen que la clandestinidad pone en riesgo la vida y la libertad de mujeres, niñas y adolescentes,especialmente las más pobres.

Por ello el Estado debe de intervenir, dijo a SemMéxico, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada María Wendy Briceño Zuloaga.

Dijo estar convencida de una realidad evidente: se estima que en México se realizan entre 750 mil y un millón de abortos clandestinos cada año, según cálculos de la doctora Fátima Juárez, en un estudio del Instituto Guttmacher, así como la dirección médica de Marie Stopes México y la directora general de Fondo María, organizaciones dedicadas a facilitar que las mujeres accedan a interrupciones legales del embarazo (ILE) en Ciudad de México y otras ciudades del mundo.

Explicó que es hora de dar una dimensión social a estos hechos, y reconocerlos como un problema de justicia y de salud. 

Sostuvo que las investigaciones indican que el 10 por ciento de los abortos clandestinos, esto es al menos 75 mil casos registrados, indican que se trata de niñas abusadas sexualmente, violentadas, una cifra desconocida, probablemente mayor persiste a causa de la secrecía familiar.

Los foros de discusión están organizados por la diputada Sandra Paola González Castañeda (Morena), como coordinadora nacional de los foros regionales sobre Progresividad de Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres. Ella  comentó que en este asunto importantísimo no hay colores de partido.

María Wendy Briceño Zuloaga, aseguró que el estudio del Instituto Guttmacher es muy serio.  Y es grave que afecte principalmente a mujeres de bajos recursos. Además, la otra realidad es la ausencia de una buena educación sexual, por lo que en los foros se analiza cómo se deben poner en marcha estrategias de prevención.

La diputada morenista consideró fundamental que en los foros se aborden todos los temas y advirtió que ello obliga a quitar el “tabú de que son cosas que no podemos hablar. El embarazo de niñas y adolescentes es violencia hacia las mexicanas y debe parar; tenemos que trabajar desde la prevención, así como la atención, pero sin cerrar los ojos a temas más amplios, como la despenalización del aborto”, detalló.

Entrevistada luego de participar hace unos días en el foro Educación Sexual Integral: Experiencias Educativas, celebrado en el palacio Legislativo de San Lázaro, dijo que la apuesta debe ser al aprendizaje como herramienta de prevención para que las mujeres no tengan que llegar al aborto. Le preocupan especialmente las de 15 a 19 años.

Fue cuando informó que se han realizado foros sobre la despenalización del aborto en más de 16 entidades, en algunas hasta en dos sedes, en donde hay una gran apertura para dialogar y avanzar. Estos foros son es parte del parlamento abierto, agregó.

Por su parte Sandra Paola González Castañeda (Morena), aseguró que el derecho de las mujeres a decidir ya está sancionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y forma parte de los tratados internacionales firmados por México, así como en los organismos multinacionales.

Wendy Briceño Zuloaga puntualizó que muchos de los embarazos no deseados que culminan en una interrupción se debe al inicio de una vida sexual sin información ni acceso a métodos anticonceptivos. Además, la clandestinidad de los procedimientos puede incluso provocar la muerte de niñas, adolescentes y mujeres que no tienen recursos económicos.

El aborto inseguro 

Oriana López, directora de Balance, la organización que creó el Fondo María, reconoce en una entrevista con mexico.com que ese número – entre 750 mil y un millón- más el subregistro, es alarmante, no por dónde se hacen, sino en las condiciones que se hacen.

Y da otra cifra: la de interrupciones legales del embarazo realizadas por personal de salud de la Ciudad de México, de acuerdo con el Gobierno de la ciudad, desde que es legal (2007), se han realizado 199 mil 230 abortos, esto es, 16 mil 600 abortos al año tan solo en centros de salud.

Ante esos números, la pregunta es cómo y cuántos abortos ocurren en otros estados. 

“Hay muchas formas en que las mujeres podrían tener abortos seguros. Con información, acceso a Internet y un poco de dinero, pueden tener acceso a cómo se utilizan de forma adecuada medicamentos que están al alcance de todas las personas en las farmacias”, dice Oriana, quien lleva casi dos décadas promoviendo los derechos sexuales de las mujeres.

Para la prevención, las diputadas consideran como hecho histórico que la reforma educativa contenga temas de perspectiva de género y educación sexual, colocando a México como un país avanzado en este campo, así: “Veremos cambios en las mentalidades que nos permitan transitar a sociedades de mayor inclusión, con más diálogo y pacíficas”.

Por su parte la presidenta de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, destacó que en la Reforma Educativa se sugiere realizar planes y trabajos sobre educación sexual integral en todos los niveles, y advirtió que se han recibido fuertes críticas.

Las entrevistadas coinciden en que los foros y los encuentros ayudan a reforzar el aprendizaje y pueden hacerle ver a padres de familia y grupos conservadores la importancia del tema porque que se pueden evitar embarazos adolescentes, no deseados reconociendo el problema, la importancia de la educación sexual y los abusos.

La morenista Wendy Briseño Zuloaga dijo que diálogos y la toma de conciencia se traduce en que es una realidad que no es parte de una sola ideología o un partido político; sin embargo, alertó, la Ley General de Salud sigue omisa en la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. “El Estado no protege a la mujer si decide o no continuar con su embarazo”.

Para la sexóloga Livier Elizabeth Gutiérrez es importante abundar sobre los derechos sexuales y reproductivos, así como vivir la sexualidad de manera integral, responsable y placentera, promoviendo la salud y la educación en la materia, así como la sensibilización de la población desde una visión interdisciplinaria. “México ya está preparado para la educación integral, de la cual muchas personas especializadas somos parte”. Recalcó que los espacios de discusión, como los del parlamento abierto son primordiales para dar a conocer las acciones importantes, pero aún aisladas, del trabajo educativo que se realiza desde el nivel básico y que conforma las bases para una orientación sexual que forme parte del currículo del sistema educativo.

El contexto 

Los tratados internacionales, como en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de la que México es parte, se incluye al aborto como un derecho sexual de las mujeres.

Además para salvar vidas existe: la guía de la Organización Mundial de la Salud para el aborto seguro, dirigida a sistemas de salud.

“El protocolo de la OMS para abortos es un bien común porque es información, las mujeres tienen derecho a la información basada en avances científicos”.

En México, las causas de aborto son diversas y grupos feministas y por los derechos de salud reproductiva como GIRE señalan que los gobiernos estatales y hospitales no siempre garantizan el acceso al aborto en caso de una violación o cuando la salud de la madre o el feto están en riesgo.

En Veracruz, el Congreso está obligado por un juez federal a legislar en la materia, pero se resiste a hacerlo e interpuso un recurso ante la Suprema Corte.

Hasta hace unos años, en Guanajuato, cuatro mujeres estaban presas por el delito de homicidio en razón de parentesco, el cual se atribuye a mujeres que han tenido abortos, aunque estos sean espontáneos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha tenido una postura firme ante los derechos de salud reproductiva de las mujeres en México. Solo se ha limitado a decir que los derechos ya conquistados no se echarán para atrás.

Riesgos 

Un riesgo generado por la prohibición del aborto, es la exposición a instrumental que no esté esterilizado y puede causar infecciones mucho más severas.

Cuando no se despenaliza aborto, y éste ocurre en las peores condiciones y afecta directamente a las mujeres. Como es clandestino, las mujeres no pueden preguntar mucho o exigir ciertas cosas.

En estas circunstancias, las mujeres o las adolescentes llegan a ser víctimas de violación. Hay testimonios del Fondo María que señalan que hay casos en los que a las mujeres que se someten a abortos clandestinos, los médicos les dicen que es necesario hacer una dilatación y que la forma más barata es teniendo relaciones sexuales y que el personal médico les va a ayudar con eso.

“Las mujeres sin recursos son las que requieren que el Estado intervenga para que puedan hacerlo de la mejor manera. A las que estamos dejando afuera son las mujeres más pobres; el resto de nosotras no necesitamos al Estado para muchísimas cosas, incluido abortar”.

#Mirada Violeta

Los cuerpos que No importan

María Guadalupe Ramos Ponce 

SemMéxico. Jalisco. 3 de julio de 2019.- El 23 de junio pasado, diversos medios de comunicación informaban del hallazgo de 12 cuerpos mutilados en el municipio de Tlaquepaque; las notas señalaban además que los restos humanos correspondían a 8 mujeres, 2 hombres y 2 más sin determinar; es decir, la mayoría de los cuerpos corresponden a mujeres. Es un hecho inédito e insólito para las crónicas policiacas locales. Nunca se había visto tal masacre en la ciudad en contra de cuerpos femeninos. 

En los notas se informa que los restos fueron llevados al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para que se les practicara la autopsia que marca la ley para determinar las causas de muerte. 

Las 15 bolsas negras con restos humanos fueron encontradas en la Colonia Cajetes de Tlaquepaque, Jalisco; las autoridades señalaron que la cifra podría aumentar debido a que faltaban restos por analizar.

El hallazgo de estos cuerpos es una tragedia para la ciudad en que vivimos. No podemos ni debemos permitirnos acostumbrarnos a tales acontecimientos. No se puede normalizar la barbarie. Alguien tiene que informar sobre lo ocurrido. ¿Quiénes son? ¿Por qué les asesinaron? ¿Dónde están los responsables de su muerte? ¿Por qué se trata en su mayoría de mujeres? ¿Qué edades tenían?, ¿Contaban con reporte de desaparición? ¿Contaban con alguna otra denuncia u orden de protección? ¿Ya fueron identificadas? ¿Cuál es la causa de la muerte? ¿Son originarias de Jalisco?, ¿alguno de los cuerpos contaba con identificación? ¿Cuentan los cuerpos con alguna señal en particular o tatuajes que puedan permitir suidentificación? ¿Cuál es la evolución cadavérica de cada uno de los cuerpos?

Son muchas las interrogantes y ninguna respuesta. El silencio institucional se suma al pasmo social. ¿Dónde está la indignación social? ¿Dónde la rabia y el coraje? ¿Dónde se encuentra la exigencia por la verdad, la justicia, las garantías de no repetición? ¿Dónde está la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Los silencios cómplices de la barbarie son los únicos presentes. Esos restos humanos envueltos en bolsas negras de basura son lo que Judith Butler señala como los cuerpos que no importan. En su libro: “Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del sexo” Butler comienza con esta interrogante: ¿Cuáles y cómo son los cuerpos que no importan? ¿Cómo se construye la línea divisoria que separa a los sujetos que importan en la sociedad de los rechazados? El hallazgo de estos cuerpos nos interpela para  afrontar el hecho de que hay cuerpos que importan y otros que no. Si bien Butler centra sus reflexiones en las corporalidades sexuales; sus planteamientos nos confrontan con la realidad que vivimos al reconocer que hay cuerpos “valuados y valorables”. En el caso de los cuerpos encontrados en Tlaquepaque, el hecho de ser mujeres, en un mundo misógino y machista, las sitúa en el ámbito de los cuerpos que no importan. Se sumaran a la estadística, a los números y a las cifras de mujeres asesinadas sin que exista un responsable de su asesinato. Los cuerpos que no importan, en la ciudad que no importa, con un gobierno al que no le importa. 

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