* Fiscalía de la ciudad de México no ha judicializado la carpeta de investigación

* En el Legislativo de la CDMX las opiniones son encontradas, él niega las acusaciones

Elda Montiel

SemMéxico, Cd. de México, 6 de febrero 2020.- Con opiniones divididas entre las y los legisladores de la Ciudad de México por las acusaciones de violencia sexual en contra de sus hijas de 5 y 7 años de edad, y bajo el argumento de presunción de inocencia, se dio la comparecencia del magistrado Manuel Horacio Cavazos López, quien busca ser ratificado de forma vitalicia como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, al igual que otros candidatos.

Cavazos López, quien estaba adscrito a la Segunda Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales de la capital, enfrenta una denuncia desde el pasado mes de septiembre por violencia sexual contra sus dos hijas, un delito que amerita prisión preventiva y que de ser culpable se sanciona con cárcel.

Sin embargo, la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha determinado si el caso se judicializa, es decir, si se lleva ante un juez, a pesar de que la denuncia tiene cerca de cuatro meses.

A pesar de que en la carpeta de investigación hay pruebas periciales médicas, valoraciones psicológicas, declaraciones de las niñas ante el Ministerio Público y psicólogos especializados, así como audios en los que narran a su mamá las presuntas agresiones.

Al respecto, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), Rafael Guerra Álvarez, ha rechazado desde el mes de enero que se esté protegiendo al magistrado Manuel Horacio Cavazos López, y tras acudir a una sesión del Congreso descartó que estos casos manchen la imagen del Tribunal.

“Definitivamente no, no es tanto que manche, la afectación. Es una cuestión personal del señor magistrado, por un lado”, sostuvo.

Diputados del PRD no avalaran ratificación: Jorge Gaviño

Durante la comparecencia el diputado del PRD, Jorge Gaviño, dejó en claro que los legisladores no eran “ni jueces ni verdugos”, pero que su bancada no avalará su ratificación en atención a que no cuenta con reputación o “fama pública”, ya que la honorabilidad también se toma en cuenta en la evaluación de los magistrados, además del perfil y desempeño profesional. 

Al respecto, la diputada morenista Paula Soto, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, señaló a Cavazos López, que “uno de los elementos que más daño ha hecho al servicio público es justamente no tener el cuidado suficiente con el cumplimiento de la fama pública de las y los servidores públicos”

Como legisladora y como feminista, dijo que ella personalmente no aprobaría la ratificación de su encargo. “Espero por usted y por sus hijas, y por este desagradable momento que todo se resuelva en favor de todas las partes, en especial de sus hijas”.

El diputado independiente Guillermo Lerdo de Tejada, en la tribuna dijo que la Comisión de Administración y Procuración de Justicia estaba en una situación muy complicada, pero que no acompañaría el proceso de ratificación, y que esperaba que el magistrado limpiara el nombre; o bien, si era culpable, que sobre él cayera todo el peso de la ley.

Manuel Horacio Cavazos López al presentarse ante las y los legisladores, tras hablar de su experiencia profesional y sus consideraciones en torno a la ejecución penal, negó las acusaciones y argumentó que fueron hechas por parte de su esposa después del divorcio y con el afán de afectarlo porque es un servidor público en proceso de ratificación.

Cavazos López mencionó que en abril pasado pidió la custodia de sus hijas, pero se le otorgó a la madre y explicó que tenía un régimen de visitas para ver a las niñas, pero tras la “falsa denuncia” se eliminó toda posibilidad de contacto con ellas.

Sin mencionar que la denuncia es por un delito de violación de sexual, aseguró que se trata de un aleccionamiento inducido de las niñas y, aun así, dijo, se sometió a una pericial para acreditar que no tenía tendencias pedófilas ni incestuosas como una forma de comprobar su inocencia, aunque eso no le correspondía.

A favor de Cavazos López participaron la diputada Janet Guerrero Maya del PT y el morenista Nazario Norberto Sánchez, este último, incluso alabó que hubiera hombres que “dan la cara” y lamentó que existieran casos de hombres a los que se les fabrican acusaciones, como las que él había visto cuando era litigante. 

Por otra parte, y en claro apoyo a Cavazos López, la magistrada en materia familiar, Patricia Gudiño Rodríguez, quien también busca la ratificación de su cargo, hizo una disertación sobre la alienación parental, una figura que no ha sido reconocida, pero que ha sido utilizada en los juicios de divorcio, de violencia familiar y de violación sexual para desestimar las denuncias de mujeres, niñas y niños.

En esta reunión también comparecieron los magistrados, Jorge Guerrero Meléndez Jorge y Rosalba Guerrero Rodríguez, quienes también buscan la ratificación de su cargo.

Dentro de cinco días, las y los legisladores de la Comisión de Justicia, integrada por 19 diputados deben elaborar el dictamen, que debe ser aprobado por 10 diputados (mayoría simple) para pasar al pleno el 18 de febrero. 

Las niñas han tenido varias sesiones psicoterapéuticas ante el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA), que reportó que la hija mayor muestra evasión, ansiedad y angustia al hablar sobre una posible agresión sexual, y en la menor “se identifica ansiedad, enojo, miedo, tristeza y confusión, sintomatología asociada a víctimas de agresión sexual”.

Sin embargo, los reportes del CTA no cuentan como peritajes y preocupa que el peritaje psicológico que, sí se realizó el mismo día de la denuncia a la hija mayor, aunque da por cierto el hecho denunciado, dice que no fue percibido como una agresión cuando sucedió.

Las niñas están acompañadas por la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas ADIVAC, que se especializa en dar atención psicológica a niñas y niños que han vivido algún acto de violencia sexual.

SEM/em/sj

• Que se aplique hasta 60 años de prisión a quienes cometan este delito.
• Funcionario negligente de 8 a 10 años de prisión y separación del cargo

Redacción
SemMéxico. Ciudad de México. 06 de febrero 2020.- El senador Ricardo Monreal Ávila presentará una iniciativa para incluir un título V en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde se establezca de manera clara y uniforme para todo el país la tipificación del feminicidio, así como las sanciones y perspectiva de género en su investigación y enjuiciamiento.

En la propuesta del coordinador de Morena en el Senado se señala que comete el delito de feminicidio “quien prive de la vida por razones de género a una mujer o a una persona por motivos de su identidad de género como mujer”.

Se considerará que existen razones de género o por motivo de la identidad de género, cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, se le hayan infligido lesiones o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida, haya actos previos de violencia del sujeto activo en contra de la víctima, ya sea en el ámbito familiar, laboral, profesional, escolar o social, entre otras.

También, añade, cuando haya existido o exista, entre el sujeto activo y la víctima, una relación personal de índole sentimental, afectiva, de amistad o de confianza, si la víctima fue incomunicada, con o sin ánimo de lucro, cualquiera que haya sido el tiempo previo a la privación de la vida, y cuando el cuerpo sea arrojado o depositado en un lugar público.

La iniciativa sugiere que a quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de 40 a 60 años de prisión y de 750 a mil 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

De la misma manera, plantea que el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima y ofendidos, incluidos los de carácter familiar y sucesorio, así como aquellos relacionados con los hijos en común.

Precisó que en caso de que no se acrediten ninguna de las hipótesis antes descritas, se aplicarán las reglas del homicidio.

Otro de los objetivos de la propuesta es que el delito de feminicidio sea considerado como imprescriptible.

Monreal Ávila también plantea que las penas se incrementen hasta en un tercio, cuando un servidor público, aprovechándose de su encargo, interviene en la realización de esta conducta delictiva, y cuando la víctima fuere una persona menor de edad, estuviere embarazada, presentare algún tipo de discapacidad o perteneciere a un pueblo o comunidad indígena.

Asimismo, al servidor público que retarde, entorpezca maliciosamente o por negligencia, la procuración o administración de justicia se le impondrá prisión de tres a ocho años y de 750 a 2 mil doscientos 50 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, además, será destituido e inhabilitado de tres a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena busca que las autoridades investigadoras y de impartición de justicia, cuando se encuentren ante un probable delito de feminicidio, deberán ejercer sus atribuciones conforme al respectivo protocolo de actuación correspondiente al delito.

Expone que con el fin de preservar la evidencia que pudiera revelar nuevas líneas de investigación para el esclarecimiento de los hechos, el Ministerio Público prohibirá, estrictamente, la cremación de todo cadáver respecto del que se presuma la comisión de un feminicidio.

Por último, señala, se pretende que con la aprobación y publicación de esta reforma se derogue toda disposición federal o de los estados que sea contraria a este decreto. Incluye que los congresos, federal y locales, tendrán un plazo no mayor a 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor de esta modificación, para realizar los cambios en sus códigos penales u ordenamientos correspondientes.

Josefina Aguilar Pastor

SemMéxico. Chilpancingo, Guerrero, 5 de febrero de 2020.- Diputada local de Morena, Erika Valencia Cardona, presentó el proyecto de decreto, para incluir y tipificar la violencia hospitalaria, laboral, escolar, institucional y digital,  en la ley 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Guerrero.

En la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles, fue presentada la propuesta de decreto enviada –al no ser parte de este órgano por encontrarse en receso legislativo-, por la legisladora de Morena, a la que su homóloga Perla Xochitl García Silva, dio lectura.

En un documento muy escueto, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, propone adicionar las fracciones VI, VII, VIII, IX y X del artículo 9, de la  ley 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Guerrero, para incluir la violencia hospitalaria, laboral, escolar, institucional y digital.

Sin mayores detalles, la propuesta fue turnada a la Comisión para la Igualdad de Género, para  su análisis y dictaminarían.

• La violencia contra las mujeres no puede esperar afirma la diputada.

• Exhorta al gobierno nombrar titular Instituto veracruzano de las mujeres

Nicolás Cruz Hernández

SemMéxico/Billie Parker Noticias. Xalapa, Veracruz. 05 febrero 2020.- Veracruz, enfrenta graves problemas de violencia contra niñas, jóvenes y mujeres. Durante 2019, cada dos días se registró la muerte de una mujer veracruzana clasificada como feminicidio, señaló la diputada local del PAN, Nora Jessica Lagunes Jáuregui.

La diputada del PAN indicó que a esto se suman denuncias por violencia familiar, agresiones violaciones entre otras violencias contra las mujeres, por lo que no puede esperar la justicia y atención.

Abundó que la erradicación de las violencias contra las mujeres sólo podrá lograrse, con acciones integrales y participación activa de la ciudadanía y la eficiencia y eficacia de las instituciones competentes.

Indicó que en Acción Nacional trabajan para que haya cambios que impacten en la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, por ello el congreso aprobó el pasado 23 de enero la reforma a la ley que propuso como diputada, para crear el Instituto veracruzano de las mujeres y se establecen nuevas líneas de acción para la prevención de violencia contra la violencia de género.

La reforma, también plantea fortalecer las acciones del Instituto veracruzano de las mujeres, para coordinarse con otros órganos públicos “trasvizalizar” las perspectivas de género en todas las acciones de gobierno.

Deberá facilitar la coordinación con la fiscalía General del Estado, el Poder Judicial, la Comisión ejecutiva de atención integral a Víctimas y la Comisión estatal de derechos Humanos, para conocer oportunamente de las denuncias y quejas que presenten las mujeres víctimas de violencia.

Esto permitirá medir el problema establecer coordinación interinstitucional y tener mejores mecanismos de atención. La reforma incorpora el servicio civil de carrera con perspectiva de género el primero a nivel nacional. Con esto los trabajadores podrán asegurar su estabilidad laboral.

La legisladora Nora Jessica Lagunes Jáuregui, exhortó al gobierno a nombrar una titular del Instituto veracruzano de las mujeres que cumpla los requisitos que marca la ley, ya que están por cumplirse nueve meses, que el Instituto veracruzano de las mujeres no tiene una directora. Así que como integrante del Consejo integral del Instituto, “hago un llamado enérgico a la junta de gobierno para que emita la convocatoria para elegir a la titular de este instituto”.

Manifestó que en el PAN, son conscientes de los retos que enfrenta Veracruz en igualdad de género y respeto a las mujeres y sabemos que es un asunto que nos compete a todos y a todas y debemos actuar desde la sociedad civil y la academia y cada uno de los poderes que integran el Estado y los tres niveles de gobierno, para generar resultados efectivos e inmediatos.

Estamos alzando la voz, para exigir un alto contra la violencia contra las mujeres y justicia para las víctimas de feminicidio.

Redacción

SemMéxico. Cd. de México. 5 de febrero de 2020.- La Comisión para la Igualdad de Género del Senado Mexicano manifiesta su preocupación ante la propuesta de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la posibilidad de reclasificar el delito de feminicidio del Código Penal Federal.

Si bien el Senado de la República no ha recibido ninguna propuesta formal, la FGR ya fijó una postura institucional a través de un comunicado de prensa emitido la tarde de este martes donde sostiene que enfrentan una serie “condiciones, requisitos y circunstancias que complican inútilmente la judicialización del feminicidio”.

Aunado a que esta postura representa un retroceso en los derechos ganados para reconocer y visibilizar la máxima expresión de la violencia contra las mujeres, la Fiscalía parte de un diagnóstico equivocado ya que afirma que sólo 28 estados y la federación reconocen al feminicidio como delito, siendo realmente las 32 entidades del país que lo reconocen, junto con la federación, señala la Comisión para la Igualdad en un comunicado de prensa.

La propuesta de la FGR busca considerar el asesinato de una mujer como homicidio calificado con agravante de feminicidio. Esta intención ya fue rechazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver el amparo directo en revisión 5267/2014, donde declaró inconstitucional el primer párrafo del artículo 126 del Código Penal del Estado de Chihuahua, ya que esta redacción contraviene el derecho a la igualdad y no discriminación, considerados como fines a perseguir del Estado, por ello, aun cuando se busque garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, el espíritu del artículo no permite alcanzar esos fines, ya que el homicidio es cometido por razones de género, señala la sentencia.

Además, la postura de la Fiscalía contraviene lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su sentencia conocida como “Campo Algodonero” donde se afirma que los asesinatos de mujeres por razones de género deberán ser considerados como feminicidios.

“Por lo tanto, la propuesta de la FGR podría incurrir en la inconstitucionalidad y contravenir mandatos internacionales que establecen la prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres y que obligan al Estado mexicano a atender las causas y consecuencias del mismo, particularmente el feminicidio”.

Argumentar las dificultades que enfrentan las y los impartidores de justicia para calificar el delito, evidencia la enorme urgencia de seguir profesionalizando al sistema judicial mexicano en la protección, respeto y garantía de los derechos humanos de las mujeres y, lamentablemente, no expresa la obligación de salvaguardar el derecho a la justicia de las mujeres que se ha estancado hasta este momento.

“Quienes integramos esta Comisión hemos escuchado todos los puntos de vista para avanzar en el derecho a tener a tener derechos de todas las mujeres y niñas, y no debemos dar un solo paso atrás en lo ya logrado”.