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Susan Sarandon y Geena Davis, 30 años después de ‘Thelma y Louise’

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  • El rodaje, hace tres décadas, de la película icono del feminismo, reunió a dos actrices que continúan siendo amigas y activistas

Maite Nieto/El País

SemMéxico/El País. Madrid. 07 de febrero 2020.- En mayo de 1991 un estreno cambió muchas vidas. Susan Sarandon y Geena Davis, que se habían encontrado un año antes para rodar la película Thelma y Louise, de Ridley Scott, reventaron la taquilla y movilizaron vidas aletargadas con una fábula que se convirtió en grito de supervivencia a pesar de que las dos protagonistas acabaran lanzándose por un acantilado, cogidas de la mano y a todo gas, subidas en el mismo coche con el que habían conseguido huir de la rutina y el maltrato. 

Nos enseñaron a hacernos un selfi con una cámara Polaroid, a creer que triunfarían tras años de vejaciones y humillaciones machistas, a que un polvo con Brad Pitt (que encarnaba a un guapísimo ladrón) bien valía un robo y que ese rubio angelical había llegado a nuestras vidas de cinéfilos para quedarse. Y, aunque su final no estaba destinado a ser digno del clásico «fueron felices y comieron perdices», también nos mostraron que uno podía salir gratificado de la sala del cine agarrado a la efímera sensación de triunfal libertad que las dos actrices destilaban en el filme, aunque para mantenerla tuvieran que despeñarse. 

De todo eso, del momento en el que Scott decidió que Sarandon y Davis serían Louise y Thelma, respectivamente, han pasado 30 años y las dos actrices continúan siendo amigas y compartiendo en su vida real la rebeldía que tenían en su juventud o que les inoculó la película que protagonizaron. Entonces marcaron dos hitos: dos mujeres se convirtieron en protagonistas absolutas de una película taquillera –las actrices hoy siguen reivindicando para ellas papeles complejos en Hollywood–, y un filme puede ser un éxito sin quedarse en la anécdota y convertirse en símbolo para el feminismo. Ahora, en su espléndida madurez, continúan dando lecciones de vida.

Susan Saradon, izquierda, y Geena Davis en una escena de la película de Ridley Scott ‘Thelma y Louise’. En vídeo, tráiler de la película.

Susan Sarandon tiene 73 años, dos relaciones sentimentales largas a su espalda –un matrimonio con Chris Sarandon de 1967 a 1979, y una unión con el también actor Tim Robbins, entre 1988 y 2009–, dos hijos con este último, Jack y Miles, de 30 y 27 años respectivamente, y una prolífica carrera que la ha convertido en una actriz respetada que ha recibido un Oscar, un Premio del Sindicato de Actores, un Bafta y el reconocimiento a su carrera en el Festival de Cine de San Sebastián, entre otros.

Pero Sarandon se ha convertido con el paso de los años en más que una actriz; es también un ejemplo para muchas mujeres. Defiende sus arrugas como signo de vida y coherencia, su escote como símbolo de que las mujeres no tienen por qué renunciar a ser sexis condicionadas por la edad, y lleva el activismo por bandera, una forma muy lúcida de reivindicar que su fama sirve para más que para pasearla sobre la alfombra roja. En 2010 fue nombrada embajadora de buena voluntad de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). No duda en manifestarse –y sentirse orgullosa de haber sido detenida– si la causa lo merece y no le amedrenta ni el mismísimo Donald Trump si la política migratoria se pone entre esta neoyorquina y el presidente de su país. 

Su militancia frente a temas candentes que afectan a las mujeres no ha decaído con los años. Si hay que vestirse de negro en los Globos de Oro para reivindicar a las mujeres y apoyar el movimiento Me Too, lo hace. Si hay que protestar contra la pena de muerte, lo hace. Si tiene que dar su opinión sobre un político, republicano o demócrata, no duda. Si contar que su compañero Paul Newman cedió parte de su salario cuando se enteró que ella cobraba menos que los hombres coprotagonistas sirve para luchar contra la brecha salarial, lo cuenta. Y si tuviera que elegir entre ser actriz y renunciar a la política, lo tiene claro: para ella ser mujer o madre es más permanente que su profesión y por eso considera su activismo como prioritario.

Susan Sarandon y Geena Davis, en 'Thelma y Louise'.
Susan Sarandon y Geena Davis, en ‘Thelma y Louise’. CORDON PRESS

Geena Davis no le va a la zaga a su compañera de reparto y amiga. Tiene 64 años, un coeficiente intelectual superior al del 98% de la población, requisito que le permite formar parte de Mensa, la Sociedad del Alto Cociente Intelectual. Ha estado casada tres veces, un año con Richard Emmolo y después 13 años con el actor Jeff Goldblum. Desde 2001 comparte su vida con Reza Jarrahy, un médico con quien ha tenido tres hijos Alizeh, de 17 años, y los gemelos Kian y Kaiis, de 15. Posee dos Oscar y un Globo de Oro y como en el caso de su compañera, Susan Sarandon, el activismo forma parte indisoluble de su vida, especialmente en temas relacionados con la defensa de los derechos de la mujer. 

No ha dudado en reconocer que Thelma y Louise la convirtió en feminista. A ella, como a muchas otras mujeres, le cambió la vida. Apoya la Women’s Sport Foundation, defiende leyes centradas en la igualdad de oportunidades deportivas y en prohibir la discriminación de género, y creó en 2007 el Instituto Geena Davis sobre género en los medios de comunicación. Su objetivo: aumentar la presencia de personajes femeninos en los medios. Y, por si esta militancia feminista les sabe a poco, Davis también es la promotora del Festival de Cine de Bentonville que busca visibilizar la igualdad de género y la diversidad, además de convencer a la industria de que hacerlo resulta rentable. 

Susan Sarandon y Geena Davis demuestran que lo que unió Thelma y Louise no lo ha separado el pasar de los años. Muchas mujeres también se sentirán reconocidas en ellas, porque a ver quién no ha dicho en algún momento, «mándalo todo a la mierda y vamos a hacernos un Thelma y Louise». Aunque el final de la aventura haya sido más feliz que el de la película y no contemple acabar volando hacia el abismo en el Gran Cañón del Colorado. 

Buscan a Mariana, periodista desaparecida en Chiapas

  • La periodista Mariana Guadalupe Salinas Gómez desapareció desde el pasado martes en Chiapas; autoridades, familia, amigos y medios la buscan. 

Redacción

SemMéxico/Tiempo la Noticia Digital. Chiapas. 07 de febrero 2020.- A través de redes sociales, desde el pasado 4 de febrero, se reportó la desaparición de la periodista Mariana Guadalupe Salinas Gómez, quien trabajó en los años recientes como reportera y colaboradora en diferentes medios de comunicación de Chiapas.

A través de redes sociales, sus amigos y conocidos han estado publicado el siguiente mensaje:

 “Mariana Guadalupe Salinas Gómez trabajó en los años recientes como reportera y colaboradora en diferentes medios de comunicación locales. La reconocemos como nuestra compañera; por eso hoy pedimos atentamente a la Fiscalía General del Estado que intensifique los esfuerzos para encontrarla con vida y a salvo.

Su familia la reportó ayer como desaparecida, un hecho que nos preocupa dado el escenario de violencia que prevalece en el país, sobre todo contra las mujeres; y también despierta la solidaridad no solo de quienes han tenido la oportunidad de convivir con ella.

Queremos que siga sonriendo, trabajando, cumpliendo sus metas, compartiendo momentos con sus seres queridos. Quienes nos dedicamos en Chiapas a la labor de informar, nos unimos a la exigencia de su búsqueda inmediata.

Que Mariana regrese con los suyos y con bien”.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Chiapas activaron una alerta para pedir a la ciudadanía ayuden a ubicar a esta periodista.

Violentadores y deudores de pensiones no podrían ser candidatos

* Propone Elisa Zepeda adiciones a ley electoral y asegura que hay varios ejemplos en Oaxaca

* IEEPCO también hará su propia lista. No tendrán candidaturas quienes cometan violencia política y en razón de género

Lorena Vaniezcot

SemMéxico, Oaxaca, 7 de febrero 2020.- La diputada local Elisa Zepeda Lagunas propuso que aquellas personas que ejercen o han ejercido violencia contra las mujeres o que sean irresponsables con la manutención de sus hijas e hijos no podrían ser candidatos a un cargo de elección popular.

En tanto el IEEPO aprobó también los lineamientos para la publicación de personas que han sido sentenciadas por cometer actos de violencia política, incluida la violencia política en razón de género por lo que no podrían competir para un cargo público.

La legisladora local de la fracción parlamentaria de Morena, propuso una adición a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca. “Se trata de un mecanismo de justicia social, una medida para rechazar de manera contundente la violencia contra las mujeres, niñas y niños” reiteró la legisladora.

Sin mencionar nombres la legisladora dijo: “Tenemos vamos ejemplos de violentadores de mujeres en cargos públicos en la política oaxaqueña” y aseguró que por ello cobra sentido la iniciativa que presentó, pues aseguró que “difícilmente pueden ser buenos servidores públicos”.

Detalló que en Oaxaca según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2018 existieron más de cinco mil carpetas de investigación por el delito de violencia familiar, un promedio de 15.6 carpetas al día (por hablar sólo de un ámbito de violencia contra las mujeres).

La diputada Elisa Zepeda señaló que en Oaxaca se ha avanzado en políticas orientadas prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; por ejemplo, en relación a la violencia política, no obstante, no es el único tipo de violencia contra las mujeres, y en cumplimiento con los marcos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, ningún tipo de violencia política puede ser respaldada o tolerada.

Es necesario desnaturalizar la desigualdad de género y como consecuencia es urgente desnormalizar la violencia de género contra las mujeres, por lo que es en este momento en el que se deben reforzar las reformas implementadas en materia de paridad.

La propuesta radica en una adición de las fracciones VI y VII al artículo 21.1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca.

IEEPCO también hará su lista por violencia política

Por otra parte, esta misma semana el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana informó la aprobación de los Lineamientos para el Registro de Personas de las cuales se tiene Desvirtuada la Presunción de tener un modo Honesto de Vivir. Personas que han sido sentenciadas por cometer actos de violencia política, incluida la violencia política en razón de género por lo que no podrían competir para un cargo público, señaló la consejera Rita Bell López Vences.

Esto en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que mandató a realizar este registro que deberá contener: el nombre de la o el ciudadano sancionado; el periodo en que deberá considerarse desvirtuada la presunción de tener un modo honesto de vivir; los datos de identificación del expediente o determinación que resolvió al respecto; clave de elector, y el partido político por el que la persona fue postulada, y en su caso, al partido al que se haya adherido durante el ejercicio de su cargo.

López Vences explicó que en diciembre pasado la Sala Xalapa modificó las sentencias del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca que ordenaron al presidente municipal de Santa Catalina Quierí, Oaxaca, pagar a la regidora de Equidad de Género y al regidor de Obras del citado municipio las dietas correspondientes a sus cargos, convocarlos fehacientemente a las sesiones ordinarias de cabildo; así como, declaró la inexistencia de los actos de violencia política en razón de género, en el caso de la regidora, y por la condición de adultos mayores, en el caso de ambos.

De acuerdo con un comunicado de la Sala Xalapa del TEPJF la magistrada y los magistrados de la Sala indicaron que el Tribunal Electoral no analizó correctamente los agravios relacionados con la acreditación de la violencia política por razón de género y por la condición de adultos mayores, aún y cuando se tuvo por acreditado el incumplimiento de la sentencia dictada en el JDCI/14/2019 y acumulado, donde se ordenó el pago de dietas y convocar a sesiones de cabildo a la regidora y al regidor.

Se consideró que, el incumplir reiteradamente una sentencia judicial bajo las mismas violaciones de garantía que el acto reclamado, se traduce en la acreditación de la violencia política por razón de género y por la condición de adultos mayores.

En consecuencia, se tiene por desvirtuada la presunción del presidente municipal de tener un modo honesto de vivir, ello, como medida de no repetición del acto impugnado.

Asimismo, se ordenó al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca que, dentro del ámbito de su competencia, lleven un registro de ciudadanos que no cumplen con un modo honesto de vivir, para el caso de que el presidente municipal, en el próximo proceso electoral local, pretenda postularse como candidato a edil, diputado o gobernador.

Además, se ordenó dar vista al Instituto Nacional Electoral, a fin de que en caso de que el actual presidente municipal, para el próximo proceso electoral federal, decida postularse como candidato a diputado, determine lo que en derecho corresponda.

SEM/sj

Exigen universitarias que se reconozca la violencia de género como grave

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* No somos criminales, sí somos estudiantes exponen al menos 15 colectivas

* La fecha límite que dan al Consejo Universitario es el 10 de febrero

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 7 de febrero 2020.- Mujeres organizadas de al menos 15 planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México rechazaron tener intereses egoístas y oscuros y ratificaron su exigencia de una reforma que reconozca la violencia de género como una falta grave dentro de la legislación universitaria. También propusieron como fecha límite de entrega de la propuesta el próximo 10 de febrero.

En un pronunciamiento público señalan que han solicitado modificaciones a los

artículos 95, 98 y 99 del Estatuto General de la UNAM, como una demanda conjunta de todas las Mujeres Organizadas de los diferentes planteles de la Universidad, en la que se busca reconocer la violencia de género como una falta grave dentro de la legislación universitaria.

Apuntan que el actual estado de los artículos hace que el proceso de denuncia sea inservible ya que las sanciones son insuficientes; obligando a las denunciantes a seguir conviviendo con Ios denunciados, al mismo tiempo, que perpetúa discursos históricos y coloniales de odio e invisibilización hacia las mujeres.

En ese sentido exigieron que se haga pública y accesible a toda la comunidad la propuesta de reforma hecha por el Consejo Universitario y todas aquellas que desde otros planteles y facultades se le han presentado. La fecha límite de entrega será el día lunes 10 de febrero a Ias 8:00 am. pues sabemos que las propuestas han sido trabajadas, pero falta transparencia en el proceso de reforma.

También piden que la sesión extraordinaria del Consejo se transmita y televise en vivo a nivel nacional, para que las modificaciones sean del conocimiento público.

En su manifiesto señalan que de acuerdo al artículo octavo constitucional, podrán ejercer su derecho de petición, sin embargo, apuntan la UNAM se ha caracterizado por su falta de transparencia e irresponsabilidad hacia la comunidad, especialmente con las mujeres.

“No permitiremos que tomen los resultados de nuestra lucha y Ios utilicen de manera poco éticas. No permitiremos que los procesos de la universidad se lleven a cabo en la oscuridad de manera impune”.

Además, califican de criminales los comunicados, que son amenazantes y sin acciones pese a que buscan simular un cambio.

Por ello reiteran que, “aunque no reconozcan la dignidad de nuestra lucha y nos llamen criminales, e incluso aseguren que tenemos intereses egoístas y oscuros, o digan que no somos estudiantes Nosotras y nosotros trabajamos desde el amor, reconocemos nuestra digna rabia, nos organizarnos y decimos ¡Ya basta!

Entre las firmantes se encuentran la Colectiva Independiente Revueltas-CCH Naucalpan; Asamblea de Resistencia Disidente y Morras de la ENES Morelia; Colectiva Artemisas Veterinarias – Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia; Colectiva Valkirias Negras- ENP9; Mujeres Organizadas Facultad de Ingeniería;

Colectiva Feminista Prepa 7 – ENP 7; Mujeres Organizadas de la Facultad de Derecho; Mujeres Organizadas de la Facultad de Arquitectura; Colectiva Violetas de FES Aragón; Mujeres Organizadas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Mujeres Organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras; Mujeres Organizadas Facultad de Psicología; MujerENTS Organizadas – Escuela Nacional de Trabajo Social; Colectiva de Resistencia Feminista Dalias Revolucionarias – ENP 2, y Estudiantes Organizadas de la Facultad de Artes y Diseño.

SEM/sj

Acciones, no ocurrencias, la necesidad frente a los feminicidios: OCNF

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Redacción

SemMéxico. Cd. de México. 7 de febrero de 2020.- Frente a las ocurrencias y confusiones que ha generado la intención del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, de eliminar el tipo penal del feminicidio, y la posterior Iniciativa con proyecto de decreto presentada por el Senador Ricardo Monreal Ávila para incorporar el tipo penal de feminicidio en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) advierte que ambas propuestas desvían la atención de lo realmente importante, que es el asesinato de al menos 10 mujeres al día en México y el efectivo acceso a la justicia.

“Quienes desde hace 13 años trabajamos para visibilizar, sancionar y erradicar el feminicidio, cuestionamos severamente la propuesta del Senador Monreal que plantea derogar el segundo párrafo del artículo 21 y adicionar un título V a la LGAMVLV, en materia de feminicidio, con el que pretende derogar la normatividad penal federal y local en la materia, que sea contraria al análisis de dicha iniciativa.

En un comunicado el OCNF explica que desde el 14 de junio de 2012, el feminicidio está tipificado en el artículo 325 del Código Penal Federal como delito a escala federal y, actualmente, en los códigos penales de las 32 entidades federativas. Y señalan que si bien es necesario homologar el tipo penal a nivel nacional, hacerlo a través de la Ley General de Acceso implica, en primer lugar, desconocer que sería necesaria una reforma constitucional, pues el feminicidio no se encuentra contemplado entre los tipos penales en los que el artículo 73 fracción XXI inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al Congreso federal a legislar y derogar un tipo penal que de forma concurrente se ha emitido a nivel federal y estatal. En segundo lugar, la falta de consulta ciudadana en este tema implica desconocer que la tipificación del feminicidio fue impulsada desde el dolor de muchas familias y desde el movimiento de mujeres.

Ante estos actos irresponsables, que generan confusión y sirven como cortina de humo frente al grave nivel de violencia que vivimos las mujeres en México, el OCNF exige al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial:

Presentar propuestas claras para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los feminicidios en México, así como la ruta de acción para su implementación que partan de diagnósticos serios sobre la problemática y los obstáculos que persisten en el acceso a la justicia para las víctimas.

Acciones contundentes para romper la cadena de impunidad que fomenta la continuidad del delito en todos los rincones de nuestro país, tanto en contextos urbanos como comunitarios.

Impulsen e implementen acciones serias y profundas en materia de prevención que contribuyan a la disminución paulatina a corto y mediano plazo de los feminicidios.

Sean las mujeres quienes lideren las propuestas de reformas y acciones que impactarán directamente en la vida de más del 50% de la población a nivel nacional. Mientras que las autoridades varones propongan lo que van a hacer con sus pares para que dejen de violentar y asesinar a las mujeres, evitando así eliminar la participación de las mujeres y echar por la borda lo que nos ha costado construir como movimiento feminista.

Las acciones que se impulsen, contemplen los contextos criminales que incrementan la brutalidad y la saña con la que se asesina a las mujeres mexicanas.

Existan sanciones a las y los servidores públicos que por su acción u omisión violenten el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y al acceso a la justicia.

En caso de que inicien las discusiones sobre la creación del Código Penal Único, se contemple el feminicidio como un delito autónomo que describan las razones de género de manera objetiva, considerando como punto de partida el tipo penal contemplado en el artículo 325 del Código Penal Federal actual, y no reducirlo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Consulten a las víctimas y a la sociedad civil sobre las necesidades apremiantes y las acciones que han impulsado desde hace muchos años y que tienen como único fin contribuir al ejercicio y garantía de nuestros derechos.

Como defensoras de los derechos humanos, reiteramos que la violencia feminicida en México es grave, y que los avances realizados no requieren inventar el hilo negro, sino acciones contundentes que combatan la impunidad, que prevengan su continuidad y pongan fin a la violencia generalizada en contra de las mujeres y niñas en México.

sem/gr

Indignación por robo de placa de Memorial de los Feminicidios

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* CLADEM pide a la Fiscalía una investigación, está ubicado en Guadalajara

* Demandan al gobierno de la ciudad que asuma su responsabilidad de resguardarlo

Redacción

SemMéxico, Guadalajara, Jal., 7 de enero 2020.- El Colectivo de Familias Unidas Contra los Feminicidios y El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, denunció que fue retirada la placa del Memorial de los Feminicidios, así como los listones con los nombres de las víctimas, por lo que demandan una investigación y las sanciones correspondientes.

El Memorial ubicado en el Parque Rojo de esta ciudad fue instalado por las propias familias para promover, por una parte, la memoria de las víctimas de violaciones graves de sus derechos humanos como es el caso del feminicidio.

El hecho, afirma CLADEM en un comunicado provoca una profunda Indignación y rechazo para quienes sin respeto alguno por el Memorial de los Feminicidios.

La importancia que tiene para las familias de estas víctimas el conocer la verdad de los hechos implica también la memoria viva de su recuerdo y de la forma en que el Estado no garantizó su seguridad y su derecho a vivir una vida libre de violencia. En este sentido, el derecho a la verdad, tiene como fin reivindicar la memoria de las miles de mujeres que han sido asesinadas.

La Ley General de Victimas afirma que el derecho a la verdad contribuye al acceso a la justicia, a la reparación integral del daño con un enfoque transformador y a garantizar la no repetición. Es el Estado, quien debe esclarecer los hechos violatorios de derechos humanos, sancionar y reparar.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirma que el derecho a la verdad ha surgido como respuesta frente a la falta de esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción de los casos de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de los Estados. Es a través de los esfuerzos para combatir la impunidad que los memoriales plantean una parte de la reparación del daño y del resguardo de la memoria de quienes fueron asesinadas en un Estado machista.

Pedimos a la Fiscalía del Estado que realice una amplia investigación por el atentado realizado al Memorial de los Feminicidios instalado en el Parque Rojo por el Colectivo de Familias Unidas contra los Feminicidios y solicitamos al Gobierno de Guadalajara asuma la responsabilidad de resguardar el Memorial y reponer la placa alusiva que nos recuerda que ninguna mujer debe ser asesinada por las violencias machistas.

SEM/sj

SCJN puede terminar con la opacidad judicial

Redacción 

SemMéxico. Cd. de México. 7 de febrero de 2020.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió estudiar la demanda que el colectivo #LoJustoEsQueSepas integrado por EQUIS Justicia para la Mujeres (EQUIS), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), México Evalúa, Borde Político, Artículo 19, Controla tu Gobierno y Fundar, interpuso el 23 de marzo de 2018 ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, en contra de juezas, jueces y magistrados de Zacatecas por no hacer públicas sus sentencias.

Así, el máximo tribunal de justicia podría pronunciarse a favor de la publicación de todas las sentencias, la cual es una condición necesaria para poder evaluar la forma en que se imparte justicia en el país.

En su momento, el Poder Judicial zacatecano argumentó que ninguna de sus sentencias era de interés público y, por lo tanto, ninguna debía publicarse. Un argumento recurrente, pues el 96.9% de los poderes judiciales locales siguen sin publicar la totalidad de sus sentencias, con la excusa de que no todas son de interés público.

Por ello, el colectivo #LoJustoEsQueSepas señala en su demanda la inconstitucionalidad de la fracción II del artículo 73 de la Ley General de Transparencia y la fracción II del artículo 43 de la Ley de Transparencia de Zacatecas, al considerar que éstas no garantizan el derecho de la ciudadanía a saber cómo se está impartiendo justicia en México, por establecer que únicamente las sentencias de “interés público” deben ser publicadas. Ahora, la SCJN deberá emitir un criterio respecto a este concepto.

Desde 2018, el colectivo #LoJustoEsQueSepas ha impulsado la causa de la transparencia judicial, reconociendo que la publicación de sentencias permite que la ciudadanía ejerza libremente su derecho de acceso a la información para el ejercicio de otros derechos como la libertad de expresión y opinión respecto a la impartición de justicia. Sin embargo, actualmente solo 1 de 32 poderes judiciales locales del país publica todas sus sentencias.

“Este contexto de opacidad judicial contribuye a la corrupción y la impunidad en la impartición de justicia y permite que se dicten sentencias discriminatorias, que carecen de perspectiva de derechos humanos”, señala el colectivo en un comunicado.

La exposición de las sentencias al escrutinio público abonaría a que la justicia se dé en condiciones de igualdad y no discriminación.

Dado que la transparencia judicial, junto con la participación de la ciudadanía, contribuyen a combatir la corrupción en los poderes judiciales, incentivar la participación ciudadana en la justicia y fortalecer la independencia y legitimidad del Poder Judicial, el colectivo #LoJustoEsQueSepas confía en que la decisión final de la Corte se apegará a estos criterios y a su propia práctica, pues la SCJN publica todas sus sentencias.

Sem/gr

“El escándalo”, acoso sexual en la televisión de Estados Unidos

Por Mercedes Arancibia

SemMéxico/Periodistas en Español. 7 de febrero de 2020.- Coincidiendo con las primeras sesiones del proceso contra Harvey Weinstein, el todopoderoso magnate de la industria de Hollywood dueño de la productora Miramax, acusado de violaciones y abusos sexuales por más de ochenta mujeres, entre ellas las actrices Rosanna Arquette y Annabella Sciorra, así como mujeres aspirantes en castings, secretarias, y otras empleadas del planeta cinematográfico, se estrena la película “El escándalo” (Bombshell)

Cuenta en el reparto con Charlize Theron (“Casi imposible”, “Atómica”), Nicole Kidman (“Los otros”, “La seducción”) y Margot Robbie (“Érase una vez en Hollywood”, “Yo, Tonya”) interpretan a tres presentadoras del canal Fox News que en 2016 denunciaron por acosador y acabaron con la carrera de Roger Ailes, el hombre al que el propietario Rupert Murdoch había elegido para dirigir el imperio mediático más poderoso, acérrimo partidario y defensor de Donald Trump, desde hacía más de veinticinco años.

Un año antes de iniciarse las denuncias contra Weinstein, y del nacimiento del movimiento #MeToo, este caso significó la primera vez que unas cuantas mujeres adoptaron la valiente decisión de denunciar lo que hasta entonces había sido una práctica habitual: que, en algunos ambientes como la televisión (lo mismo que el cine en el caso Weinstein), las mujeres tenían que “tragar” todo tipo de presiones sexistas y conductas machistas prepotentes (abusos, acosos e incluso violaciones) para conseguir un puesto (o un papel) relevante.

Dirigida por Jay Roach (“Trumbo”, “Los padres de ella”, “Austin Powers”) “El escádalo” cuenta también en su reparto con John Lithgow (“Cementerio de animales”,  “El caso Sloane”) Kate McKinnon (“Yesterday”), Connie Britton (“American Horror Story”), Mark Duplass (“The Mindy Project”), Rob Delaney (“Fast & Furious: Hobbs & Shaw”), Malcolm McDowell (“Star Trek: La próxima generación”) y Allison Janney (“Yo, Tonya”).

Megyn Kelly (Charlize Theron) y Gretchen Carlson (Nicole Kidman) son las dos presentadoras estrella de la mañana en el canal de información continua Fox News, que apoyó la candidatura de Donald Trump a la elección presidencial de 2016; de Megyn Kelly se recuerda todavía el enfrentamiento que tuvo en directo con el candidato conservador.

Tras negarse a aceptar su traslado a una franja horaria menos prestigiosa como consecuencia de rechazar el acoso del director Roger Ailes (John Lightgow), Gretchen es despedida y presenta una denuncia esperando que la secunden otras mujeres del canal. Su colega Megyn, quien se encuentra en una situación parecida, vacila sobre lo que debe hacer mientras que una joven periodista recién contratada, Kayla Pospisil (Margot Robbie, en este caso es un personaje ficticio que encarna a todas las demás mujeres que fueron víctimas de Robert Ailes durante todos los años que estuvo al frente del canal), está pasando por la misma situación y dudando sobre la conducta a seguir.

El trío de actrices –muy recauchutadas las dos mayores- se esfuerza meritoriamente para intentar convencer de una historia que no necesita mucho para despertar solidaridades, si tenemos en cuenta que es algo así como la antesala del caso Weinstein.

Sin embargo, a la película le sobra intención pero le falta contenido dramático y muchos detalles de la investigación, que por lo visto tampoco fue gran cosa y terminó enseguida con el despido fulgurante de Ailes. Sin ninguna duda –porque los acosadores no se curan- fueron muchos más los casos de mujeres trabajadoras de Fox News que optaron por callar y seguir adelante, mucho más relajadas una vez desaparecido el motivo de sus pesadillas.

Una de las virtudes de la película es que no elude el momento en que muchos colegas de las querellantes dudan de la veracidad de las acusaciones, exactamente igual que sucede cada vez que se plantea un caso similar en nuestras sociedades, que mal que nos pese siguen siendo mayoritariamente patriarcales, lo mismo que expone las situaciones de vergüenza y temor que viven las mujeres que se deciden a denunciar lo que les pasa; uno de los defectos es que pretende ser excesivamente didáctica: en casos como estos, no hay que esforzarse tanto para conseguir el apoyo de  al menos la mitad de la sociedad. Incluso aunque no convenza el tratamiento que ha recibido el asunto.

Sin embargo, y eso no se cuenta en la película, estamos hablando, es cierto, de mujeres acosadas pero en absoluto feministas, más bien todo lo contrario, excesivamente conservadoras. Algunos críticos estadounidenses conocedores de la realidad de esta historia han lamentado que la película “convierta en heroínas feministas” a las mujeres más importantes del canal – Gretchen Carlson y Megyn Kelly-, personalidades muy conocidas por su adscripción a los planteamientos de la derecha más conservadora, e incluso por algunos de sus comentarios racistas y transfóbicos.

Michoacán el primer estado mexicano con protocolo de atención a la violencia digital

  • El protocolo es coordinado por la Seimujer y se trabaja junto a la sociedad civil, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado

 Redacción
Morelia, Michoacán, a 07 de febrero de 2020.- Michoacán se convertirá en el primer estado del país en contar con un protocolo de atención a la violencia digital, anunciaron este día la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), Nuria Gabriela Hernández Abarca, y la activista Olimpia Coral Melo.
 
Durante el anunció, la impulsora de la Ley Olimpia, reconoció al Gobernador Silvano Aureoles Conejo, por el acompañamiento y trabajo coordinado que se ha venido realizando para construir el protocolo que será presentado el próximo 9 de marzo, y que se coordina desde la Seimujer junto a la sociedad civil, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y la Fiscalía General del Estado (FGE).
 
Asimismo, dieron a conocer que desde la promulgación de la ley que castiga la violencia digital, ya se tienen documentados 11 casos que se presentarán de manera conjunta ante la FGE, con el acompañamiento de la Seimujer, quién les estará dando atención psicológica y jurídica a las presuntas víctimas.
 
“Las víctimas de violencia digital no sabemos que somos víctimas y nos sentimos culpables; por eso, juntas, buscamos justicia y estamos organizadas para que las denuncias sigan el mejor cauce legal, es algo inédito que tengamos ya denuncias a semanas de la promulgación de la ley eso habla del acompañamiento y de la confianza en la norma”, explicó Olimpia Coral.
 
El protocolo, indicó la titular de la Seimujer, se realiza bajo tres perspectivas, acciones de primer impacto que estarán relacionadas con platicas y campañas de prevención en las escuelas, capacitación a las y los servidores públicos, para que sepan cómo actuar cuando les llega un caso para evitar la revictimización y con perspectiva de género.
 
Además, dieron a conocer que, en las próximas semanas de manera coordinada con el Frente Nacional por la Sororidad y Defensoras Digitales Michoacán, se estará trabajando en las escuelas con las y los estudiantes, con padres, madres, maestros y maestras, para que conozcan el delito y sus consecuencias legales.
 
Algunos datos:
• La ley entró en vigor el 14 de enero en Michoacán, y penaliza de cuatro a ocho años de prisión y el pago de 86 mil a 172 mil pesos cuando se compartan imágenes íntimas y con contenido sexual de otra persona sin su consentimiento.
 
• De acuerdo con cifras del Inegi, en 2012 las personas pasaban 90 minutos conectados a internet, mientras que en 2019 llegaron a las 8 horas.

SEM/IL

Ambigú

Comité de la Constitución Moral, se hace guaje o a Amlo ya no le urge

+ No vaya a pasar lo mismo que con la Cartilla

Por Martha Elba Torres Martínez

SemMexico. 06 de febrero 2020.- Con casi 15 meses de retraso, finalmente y parece ser, que a mediados de este 2020 quedará redactado el anteproyecto de la Constitución Moral de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo al tuit que emitió, acompañado con la fotografía de la reunión que sostuvo con los encargados de la elaboración: Verónica Velazco, esposa de Epigmenio Ibarra; José Agustín Ortiz Pinchetti, Enrique Galván Ochoa y Jesús Ramírez Cuevas, todos, funcionarios de Amlo.

Presuntamente, el documento quedaría listo antes del 1 de diciembre de 2018, para convocar a un Constituyente. ¿Por qué el retraso? No lo dijo, pero sí que “los integrantes de la comisión siguen recabando opiniones para elaborar la Constitución Moral que se someterá a debate, consulta y, en su caso, aprobación de los ciudadanos”.

Pero a falta de Constitución, el 15 de enero de 2019, López Obrador desde la mañanera anunció la distribución masiva y gratuita de la “Cartilla Moral” que el apreciado filósofo mexicano Alfonso Reyes (1889-1959) redactó hace 76 años.

Según el Presidente, serían 8.5 millones de ejemplares que se repartirían a beneficiarios de los programas sociales y escuelas. Pues lo engañaron. Entre mis conocidos que reciben apoyos, a ninguno les llegó, y menos se difunde y discute en las escuelas públicas. Nada se sabe de su destino, pero se gastaron 10 millones de pesos en su impresión.

Pero como estoy en el ánimo del enfoque chairista, de que todo va bien, sin problemas y todos contentos y felices, no encuentro mayor dificultad de que en una de esas, la Cartilla finalmente aparezca, y la Constitución Moral abone a la recuperación de los valores éticos en nuestro país, como dice López Obrador. Aunque mantengo mis dudas sobre su real efectividad contra la violencia y criminalidad, que es un modo de vida generacional.

Lo que no queda claro, cómo es que el comité organizador todavía sigue recabando opiniones, si la convocatoria estableció un plazo que se cerró desde el 30 de abril de 2019. Como sea, no creo que no cobren por el trabajito.

El 24 de agosto de 2018, que López Obrador presentó al comité, su vocero Jesús Ramírez, desde ese momento, aclaró que sería un compendio de valores e ideas éticas y morales sobre la vida social, no un documento de carácter legal.

Por eso su constituyente, no será el Constituyente Permanente que conocemos, que integran el Congreso de la Unión y las legislaturas locales, los únicos en conjunto con facultad de modificar las leyes que rigen en el Estado Mexicano. Fuera de eso, todo lo demás son buenas intenciones que insisto, no se hace daño a nadie.

Para el 26 de noviembre, ya estaba la convocatoria ciudadana para participar. ¿Cuántos lo hicieron, qué plantearon? Nunca volvió a saberse nada hasta el tuit de esta semana.

Desde ese día de la presentación de la convocatoria, López Obrador aclaró que el término “Constitución” que empleó fue para que se hablara del tema y provocar debate, pero que el nombre será definido en la consulta, una vez que se presente el anteproyecto.

Pero Verónica Velasco fue muy clara: “no es la Constitución Moral. No es una Constitución jurídica, no es un intento por normar la vida privada. No es un pretexto para construir un modelo autoritario de gobierno. No se va a obligar nada, ni a imponer nada a nadie. No se pretende que alguna institución se vuelva garante de la moral. No es un catequismo. No son mandamientos ciudadanos. Vivimos en un Estado laico, democrático, soberano, que debe garantizar la protección jurídica y la libertad de las personas a elegir y decidir sobre sus propias conductas y creencias”.

De acuerdo a las bases de la convocatoria que ya venció, pero no importa, las aportaciones a la redacción del documento se enviaron al correo constitucionmoral2918@gmail.com, la temática fue: Respeto a nuestra persona, Respeto a la familia, Respeto a la sociedad, Respeto a la patria, Respeto a la especie humana, Respeto a la naturaleza.

Punto 4. También pudieron presentarse nuevos “respetos” para ampliar el catálogo ético; el 5. Según avance el ejercicio, se organizarán foros en diversas ciudades de la República sobre temas torales de la Constitución Moral -que no sucedió- y el 6. El ejercicio culminará con una convención el 31 de julio de 2019 en la que se aprobaría el texto final. Mucho menos.

Cabe aclarar que la cuenta de correo electrónico ya no existe. Entonces, ¿dónde siguen recabando opiniones?

Por eso no hay más que dos: el comité redactor se hace guaje y engaña al Presidente, o a este no le urge, a pesar de que recuperar los valores morales es la piedra angular de su estrategia contra la criminalidad y violencia desatada…

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Igual esta sucediendo con lo del avión.

No me voy a enganchar en el juego perverso, y mantengo la perspectiva chaira: hoy decide qué hacer. Lo mejor es dejar de hacerle al cuento y usarlo por su propia seguridad y la de muchos más. Si sus cuates, jefes de Estado, de Venezuela, Cuba, Argentina y en su momento, Evo Morales, usan aeronave presidencial, ¿por qué no?

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LA COMIDILLA

Ayer se dio a conocer las detenciones del ex alcalde de Churintzio (2015-2018), de extracción priísta, y de su ex director del Sistema de Agua Potable en el periodo 2015-2018, que son señalados por los presuntos delitos de peculado y desvío de recursos públicos.

En este caso, la Fiscalía General del Estado fue rápida en el desahogo de los procesos iniciados por las auditorias superiores de la Federación y Michoacán. Pero ¿por qué en el caso del ex alcalde de Morelia, Alfonso Martínez y algunos de sus colaboradores, las denuncias siguen durmiendo el sueño de los justos?

Hay querellas concretas por presuntos malos manejos en las obras del Parque Lineal del Río Chiquito, como la del ex panista -hoy en Movimiento Ciudadano-, Miguel Ángel Chávez, y las presentadas por el gobierno del morenista, Raúl Orozco, y nada. ¿Entonces?… Por cierto, el alcalde moreliano debe tomar con mucha seriedad, los señalamientos de la regidora María del Carmen Cortés Cortés, respecto a la existencia de acoso sexual y laboral en el ayuntamiento, y asegura que ya se presentó una denuncia penal por parte de una de las afectadas. Del tema, están enterados la síndica Labinia Aranda, el abogado general y hasta el encargado de derechos humanos del municipio. ¿El único que lo ignora es el presidente municipal?

Nora Liz desapareció en Xalapa, Fiscalía no da ningún resultado

* Ahora tendría un embarazo de seis meses

* Su madre pide al gobernador de Veracruz que la apoye en la búsqueda

Nicolás Cruz Hernández

SemMéxico/BillieParkerNoticias, Xalapa, Ver.- 6 de febrero 2020.- Claudia Ivonne Saldívar Estrada demandó públicamente a las autoridades para que aceleren la investigación por la desaparición de su hija Nora Liz López Saldívar, quien tendría seis meses de embarazo y desapareció el pasado 12 de noviembre en esta ciudad, cuando se dirigía a recoger a su hija.

Lamentó que a casi tres meses de la desaparición Claudia Ivonne, aún la Fiscalía no tenga ningún indicio de su paradero. “Quisiera que las autoridades me apoyaran un poco más en encontrar a mi hija, tiene casi seis meses de embarazo y desapareció el pasado 12 de noviembre en Xalapa, ella tiene una niña de cinco años y ahora pregunta más por su mamá”.

Señaló que ya se tiene la denuncia formal, sin tener hasta la fecha información de nuevos avances, y lo único que recibieron fueron dos llamadas de extorsión. “Yo sé que haya muchos casos, pero quisiera más el apoyo del Gobernador, de la Policía. Yo sé que hay infinitos casos y que no nada más es el mío, mi hija acaba de cumplir 24 años”.

Manifestó que su hija, desapareció en el trayecto de su casa con dirección en el circuito Tajín de la colonia Sebastián Lerdo de Tejada, al jardín de niños, donde recogería a su hija, pero nunca llegó, sospecha del último hombre con el que tuvo contacto su hija, que identificó como escolta.

Asimismo, aseguró que sí hubo un detenido en el caso pero que ya fue liberado, pues no se le encontró culpabilidad. “Yo pedí que se le llamara a declarar a este joven, se llama Francisco Reyes Contreras, pero hasta el momento seguimos igual”.

SEM-BPN/nch

Revictimización y violencia, sufre madre de Fátima

* Lorena Gutiérrez recuerda a su hija a cinco años del asesinato

* Uno de sus victimarios saldrá libre este año, pronto habrá una audiencia

Penélope Ventura

SemMéxico, Toluca, Edomex, 6 de febrero 2020.- A cinco años del feminicidio de la pequeña Fátima, su madre, Lorena Gutiérrez, dijo que tiene miedo de acudir a las audiencias por el temor de volver hacer revictimizada y amenazada por familiares de los asesinos de su hija .

Pues dijo que desde el 5 de febrero del 2015 en que fue asesinada su hija en la comunidad “La Lupita casas viejas”, del municipio de Lerma, Estado de México, tuvo que ser desplazada con su familia fuera del estado.

Acompañada por familiares de mujeres que han sido víctimas de feminicidio y desaparecidas, Lorena Gutiérrez expresó que están a la espera de la resolución de un juicio de amparo interpuesto ante el Poder Judicial de la Federación para impedir que se deje en libertad a uno de los tres implicados en el feminicidio de su hija.

“Siento que no hay justicia” pero, dijo, espero que este próximo 10 de febrero el Poder Judicial del Estado de México sí realice la audiencia con perspectiva de género.

Pues sigue la revictimización y la violencia interinstitucional en contra de mi familia que nos hemos tenido que desplazar fuera del estado, por las amenazas de muerte que hemos recibido.

“Que no se vuelva a revictimizar a los testigos, que mi familia tenga que acudir para recordar los hechos, que los entrevisten y vuelvan hacer revictimizados”, lamentó la también activista.

Recordó que, en octubre de este año, uno de los tres implicados, en el asesinato de su hija saldrá en libertad, después de estar tres años recluido en la Quinta del Bosque de Zinacantepec, ya que cuando participó en el feminicidio, era menor de edad, por lo que no es justo, dijo, que aunque la sentencia sea de cinco años, solo tres años esté en prisión.

Además, de externar que tiene miedo de que salga uno de los feminicidas de su hija, pues eso significa que no va a poder regresar a su casa. Pues al momento tiene un protocolo de protección.

Finalmente señaló que su activismo ahora es por todas las niñas asesinadas en el Estado de México en memoria de su hija.

Se debe informar a víctimas de violación de su derecho a un aborto legal

* Senadora Patricia Mercado propone incorporar la NOM-046 a leyes de Salud y de Acceso a una vida libre de violencia

* México, país de la OCDE con mayor tasa de embarazos adolescentes

Redacción 

SemMéxico, Cd. de México, 6 de febrero 2020.- La senadora Patricia Mercado presentó una iniciativa con Proyecto de Decreto que pretende incorporar el derecho a la interrupción legal del embarazo para mujeres víctimas de violación sexual dentro de las disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y de la Ley General de Salud.

La senadora ciudadana explicó que cuando una mujer llega al Ministerio Público o a los servicios de salud como víctima de violación sexual tiene derecho a ser informada sobre la opción del aborto legal, al igual que su madre, padre o tutores en caso de ser menor de edad. Sin embargo, esta disposición que está contenida en la NOM-046 desde el año 2009, frecuentemente no se cumple.

La Norma establece los criterios mínimos que deberán observar todas las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud para la detección, prevención, orientación y atención médica que proporcionen particularmente a aquellas y aquellos que se encuentren involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual.

“Los delitos sexuales contra niñas y adolescentes no solamente es un tema de castigar a quien comete este delito, sino que tiene consecuencias para cientos de miles de niñas y adolescentes, y una de las consecuencias es quedar embarazada producto de una violación”, dijo.

Indicó que se cometen al menos 600 mil delitos sexuales cada año; nueve de cada diez víctimas son mujeres; de ellas, cuatro de cada diez tienen menos de 15 años de edad. A ello sumó la alarmante cifra que advierte que diariamente 34 niñas son embarazadas en hechos de violencia sexual.

México es el país de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos con mayor tasa de embarazos adolescentes, pero la problemática se agrava en el segmento de niñas de 10 a 14 años, pues en el 70 por ciento de esos casos fueron embarazadas por hombres que tienen entre 18 y 78 años, indicó Patricia Mercado.

“Hace unas semanas la Suprema Corte nos dijo que es la palabra de las mujeres, en este caso de las niñas y adolescentes, acompañadas por sus madres o sus tutores, que basta esta palabra para, si así lo desean, poder interrumpir el embarazo. El problema es que las instituciones de salud que están obligadas desde el 2009 no dan esta información”, señaló.

La iniciativa tiene por objeto incorporar plenamente el contenido de la NOM 046 en la LGAMVLV y a la Ley General de Salud, en la cual pretende establecer para la Secretaría de Salud que todos los casos de violencia sexual deben tratarse como urgencias médicas de atención inmediata y se deberá garantizar a las víctimas todos los procedimientos necesarios e informarlas oportunamente sobre los mismos, de conformidad con las normas oficiales mexicanas vigentes en la materia. 

Asimismo, explicó que la propuesta busca garantizar a toda víctima de violencia sexual, o cualquier otra conducta que afecte su integridad física o psicológica, el acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo, de acuerdo con lo establecido en las leyes, sin discriminación y con perspectiva de género.

SEM/sl

Llaman feministas a no ratificar a la Magistrada Patricia Gudiño Rodríguez

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*  La funcionaria del TSJ CDMX pidió a legisladores reincorporar la alienación parental

* La figura fue eliminada desde 2017, por no ser un instrumento científico

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 6 de febrero 2020.- Feministas llaman a firmar una petición para que la magistrada Patricia Gudiño Rodríguez no puede ser ratificada al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en virtud de su propuesta expresa de reincorporar la alienación parental en el marco legal de esta ciudad y castigo penal a quien lo ejecute.

La experiencia y reflexión crítica feminista ha eliminado esa figura apenas en el 2017.

Lo anterior, luego de que este miércoles en el Congreso de la Ciudad de México, se llevó a cabo la primera parte de las entrevistas a magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, propuestos para ser ratificados en el cargo y donde compareció la magistrada Patricia Gudiño Rodríguez, quien en su presentación sugirió a las y los diputados del Congreso local, considerar volver a incluir la alienación parental en la legislación civil, así como en la penal.

Además, refirió que son las mujeres quienes manipulan a sus hijos e hijas cuando están inconformes con la pensión alimenticia que dan los hombres, lo que refuerza estereotipos de género y la propuesta en general es violatoria de derechos humanos.

Así, la juzgadora desconoce la perspectiva de género en su tarea como magistrada del Tribunal Superior de Justicia: igualdad es juzgar por igual a mujeres y hombres; y apela a una figura no científica, como lo es la alienación parental, como un mecanismo que le brinde herramientas para resolver a favor de niñas, niños y adolescentes en casos de violencia familiar, señala el documento que circula en redes sociales.

Entre alguno de los problemas ante el supuesto síndrome de alienación parental, el cual no es una figura reconocida por instrumento médico o psicológico auditado, lo que se pone en juego es la voz de las víctimas infantiles cuando otorgan su testimonio en los casos de abuso sexual en la infancia.

Muchas veces ese testimonio es la prueba inicial con la que cuenta el sistema de justicia para iniciar una investigación. Enmarcar ese testimonio como parte de la alienación parental, deja de lado el considerar la capacidad evolutiva de niñas y niños como sujetas de derecho, en tanto se afirma que niñas y niños carecen de autonomía.

El documento puede ser leído y firmado en:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa8QUpKK2On5clivVyEGP1h37St4NoHD-vOyOR_DmLmAa1TQ/viewform?usp=sf_link

SEM/sj

Llaman a organizarse frente a la violencia de género en el IPN

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* Cuestionan estudiantes el Protocolo de Género de la institución

* Denuncian desinterés en el feminicidio de Mary Chuy Jaimes Zamudio

Lorena Vaniezcot

SemMéxico, Cd. de México, 6 de febrero 2020.- El Frente Estudiantil contra la Privatización del IPN, sostuvo que el Protocolo de Género publicado en diciembre pasado “viene de manera retardada dadas las condiciones de violencia de género contra las mujeres en el país y en el mundo y llaman a las y los estudiantes a organizarse para acompañar las denuncias.

En una publicación presentada hoy en sus redes sociales, enfatizan que este protocolo no es “voluntad de la institución”, sino que responde a un llamado que en 2016 hizo la ONU a las instituciones educativas mexicanas, entonces para sumarse a la campaña She for she, sin embargo, entonces el Instituto Politécnico Nacional (IPN) no se sumó, caso contrario a la UAM y al fallido protocolo que existe en la UNAM.

Cuestionan también las declaraciones, en el protocolo, del director Mario Alberto Rodríguez Casas, quien asegura que el protocolo se da en el contexto de los objetivos de la Agenda Estratégica de Transformación del IPN, la agenda que transformará el modelo educativo, es decir, la educación 4.0.

“La educación 4.0, no es otra cosa más, que la tecnificación y la eliminación de la innovación educativa, se trata de un modelo educativo que creará egresados funcionales para las empresas privadas transnacionales que invertirán en montar estructuras extractivistas de recursos naturales en México, para su beneficio.

¿Es bajo este contexto cuando les preocupa la violencia de género?”, preguntan las integrantes del Frente Estudiantil del IPN, al tiempo de señalar que “¡las mujeres no somos mercancía de su capital, no utilicen la consigna de “cero tolerancia para la violencia de género” si vemos a diario que miles de mujeres mexicanas y migrantes padecen de violencia económica, sexual, social y cultural debido a los megaproyectos! ¡No queremos ser parte de las manos que arrebatarán territorios, agua y recursos naturales a otras mujeres y hombres!”

Luego analizan el contexto mexicano y apuntan la precariedad laboran que ocasionan los megaproyectos industriales en la Ciudad de México, Estado de México y Matamoros, Tamaulipas, entre otros.

Por ello sostienen que el Protocolo de Género del IPN no se puede atribuir a la buena voluntad del actual director de la institución sino al movimiento político feminista que atañe a nivel mundial y nacional y a la presión que se ha hecho por las denuncias desde diferentes centros educativos como ESCOM y el CIIDIR en Oaxaca.

Por ello afirman que el cese a la violencia de género no se discute, ni debe estar bajo una agenda politécnica que atenta contra los derechos humanos más fundamentales, en contra del pueblo de México.

Se refieren al origen de la violencia y señalan que se trata de un problema estructural, la falta de justicia para las víctimas en cada plantel o del gobierno,son estas estructuras las que alimentan al machismo, la misoginia, la discriminación por orientación sexual, la revictimización, el racismo, etcétera. No podemos fiarnos de mecanismos institucionales, es por ello que millones de mujeres en el mundo han alzado la voz y rechazan la falsa justicia”.

Ponen en duda la capacidad de dicha Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género y de la Coordinación de la Red de Género, así como de la estructura jurídica general.

“Las mujeres politécnicas no sólo vivimos la violencia de género dentro de las instituciones, sino también en los caminos hacia la casa y la escuela, durante ese trayecto muchas compañeras han sufrido de violencia, están desaparecidas o incluso han perdido la vida”.

Por lo que sostienen que se debe garantizar a las familias ayuda gratuita en asesoría legal, psicológica y económica en esos casos. Además de no solapar la falta de seguridad en las inmediaciones educativas, sin que ello amerite la criminalización de la juventud por parte de policías u otras instancias.

Exponen que el protocolo no marca sanción a administrativos que incurran en estos delitos. No existe un límite de tiempo para que la sanción ocurra, únicamente existe el plazo de cinco días después de la primera entrevista para que se realice una segunda entrevista con todo el cuerpo jurídico.

No señalan las condiciones de las entrevistas, es decir, la denunciante debería tener el derecho a asistir acompañada de quién decida, inclusive si no es menor de edad. Tampoco menciona en qué casos el agresor será dado de baja o bien en qué casos sólo se cambiará de plantel con la garantía que el problema se acabó, ¿qué pasa si el agresor del plantel A, reincide en el plantel B?.

El protocolo ya aprobado no exige a los sindicatos que tengan un protocolo que prevenga, atienda y sancione al trabajador y/o profesor implicado.

El protocolo de género demuestra la nula atención psicológica en los planteles, cuando deberían existir psicólogas/psicólogos en cada plantel, sólo menciona que la atención será en el Centro Interdisciplinario de Ciencia de la Salud Santo Tomás, no importando que seas foránea.

Y tampoco aborda la violencia por motivos de orientación sexual. Denuncian que no sólo existe el acoso u hostigamiento sexual, también existe acoso académico, ese también debe ser visibilizado y sancionado. Necesitamos espacios libres de toda violencia.

Tareas urgentes

El l Frente Estudiantil contra la Privatización del IPN señala algunas tareas urgentes para que resuelvan las redes de género y la estructura jurídica: por un lado, el feminicidio de María de Jesús Jaimes Zamudio, estudiante de Ingeniería y Arquitectura Ticomán, los responsables señalados son el profesor Julio Iván y tres estudiantes más de dicha institución, que ahora ya trabajan en PEMEX.

En aquel momento las autoridades responsables de llevar a cabo el peritaje y las diligencias, recurrieron en múltiples fallas; lo que ahora, a cuatro años, se tiene como resultado es la falta de justicia y que los feminicidas sigan en total libertad.

En este caso, aseguran, el IPN no lo ha atendido y han sido indiferentes; incluso el profesor implicado siguió dando clases hasta finalizar el 2018. Es decir, dos años después del feminicidio. El IPN no está comprometido a erradicar la violencia y dar castigos ejemplares a quién incurra en delitos, los solapa.

El otro caso es por demás preocupante, se trata de una presunta red de trata y prostitución bajo el cargo de Luis Arizmendi, profesor de la Escuela Superior de Economía en el IPN y profesor de la Facultad de Economía en la UNAM. Es señalado por agrupar a estudiantes bajo el pretexto académico para después obligarles a limpiar su casa, transcripción de sus conferencias, dar dinero, así como invitarlos a charlas políticas en las que luego les incita a tener relaciones sexuales entre integrantes del grupo o a tener relaciones sexuales con él. Ninguna de las dos instituciones ha investigado, máxime cuando en ambas instancias existan denuncias públicas de tales atrocidades.

La alternativa es organizarnos

Por ello elFrente Estudiantil llama a las y los estudiantes que han padecido de acoso, hostigamiento sexual, acoso académico o cualquier otra violencia a que denuncien, pero que su denuncia legal vaya acompañada de una campaña pública para presionar a las autoridades politécnicas a que ejerzan justicia.

Son conocidos los casos de la ESCOM en dónde existen denuncias ministeriales y la impunidad es la que está vigente. No debemos callarnos las vejaciones que atentan contra nuestra vida, agregan y apuntan que merecen espacios escolares libres de violencia de género.

Organizarnos contra la violencia de género o contra cualquier otra discriminación dentro y fuera de los espacios institucionales es exigir simplemente a las autoridades que hagan su trabajo y evidenciar la nula justicia para las estudiantes y trabajadoras de México, por ello debemos crear redes de apoyo entre estudiantes de diversas escuelas y acompañarnos de los procesos en búsqueda de justicia que existen fuera de la institución, es decir, acompañar las luchas por los y las desparecidas y por los feminicidios existentes para que juntas podamos vencer la injusticia.

Organizarnos contra la violencia de género, también significa luchar por la prevalencia de la educación pública, científica y de calidad en todas las instituciones, pues de esa manera garantizamos que las mujeres y hombres de escasos recursos tengan mayores oportunidades de mejorar la calidad de vida.

SEM/lv/sj