• Emite Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados opinión favorable
• Las diputadas sostienen que es derecho de las mujeres

Elda Montiel

SemMéxico, Cd. de México, 6 de febrero 2020.- La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados aprobó una ‘opinión favorable’ para el dictamen que despenaliza el aborto, ya que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de Interrupción legal del embarazo y salud sexual reproductiva.

Presentada por las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena, la iniciativa adiciona la fracción V Bis al artículo 3; el párrafo cuarto al artículo 10 Bis; el capítulo VI Bis “De la Interrupción Legal del Embarazo” y el artículo 71 Bis de la Ley General de Salud, para que la Secretaria de Salud reconozca y garantice el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluida la Interrupción Legal del Embarazo. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud a fin de continuar con su análisis.

Las y los diputados iniciadores consideran que es imprescindible asegurar y garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres sin opugnar la libertad de conciencia.

Por lo que proponen conciliar ambos derechos, asegurando que las instituciones de salud garanticen la existencia de personal que no oponga la objeción de conciencia para realizar los procedimientos de interrupción legal del embarazo a las mujeres que así lo soliciten.

Por los anteriores motivos las y los legisladores del grupo parlamentario de Morena, consideran que todo ello coadyuvará decididamente para garantizar un acceso efectivo de las mujeres a sus derechos sexuales y reproductivos, así como a la no discriminación.

Sobre la importancia de la despenalización del aborto en la protección amplia de   los derechos de las mujeres, las y los diputados iniciadores, señalan que, conforme a la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, es importante considerar que de abril de 2007 a julio de 2019 se realizaron 214 mil 165 interrupciones legales de embarazo a mujeres procedentes de todos los estados de la República, incluyendo a mujeres extranjeras.

En la Iniciativa se establece que la Secretaría de Salud por medio de personal capacitado para tales efectos, deberán proceder a la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas y en aquellos otros supuestos permitidos por la ley, en condiciones de calidad, cuando la mujer interesada así lo solicite.

Para tales efectos, a solicitud de la interesada, la Secretaría de Salud proporcionará servicios de consejería médica y social con información veraz y oportuna.

Asimismo, se establece que el personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud, podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta Ley.

Las instituciones públicas de atención médica, deberán contar en todo momento con personal no objetor de conciencia para los procedimientos médicos que deben garantizar.

Antecedentes, Ciudad de México y Oaxaca

Esta iniciativa toma como base la propuesta de reforma constitucional presentada con anterioridad por el diputado Porfirio Muñoz Ledo en el punto al derecho a la sexualidad, al libre desarrollo de la personalidad y a la autonomía reproductiva, y es donde se cimienta la necesidad de generar ejercicios democráticos de parlamento abierto a través de foros nacionales en dicha materia.

Los foros de parlamento abierto se realizaron en 22 ciudades de 20 estados de la República con la participación de académicas, de personas de la función pública y sociedad civil organizada, quienes tienen la experticia en la generación de políticas públicas para garantizar los derechos que permitan alcanzar la igualdad sustantiva.

La iniciativa fue presentada por el Grupo Parlamentario de Morena el 31 de octubre de 2019 y se turnó, en ese entonces a la Comisión de Salud para dictamen y a la Comisión de Igualdad de Género para opinión.

Con fines de incluir todas las voces, consideraron la iniciativa ciudadana “Con proyecto de decreto para la reforma del Código Penal Federal sobre el aborto, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General de Salud, para despenalizar y legalizar el aborto en nuestro país” que fue canalizada por la organización de mujeres Rosas Rojas.

Esta iniciativa se presentó de manera pública a mujeres feministas independientes y a los miles de mujeres que se han movilizado en todo el país.

Igualmente, manifiestan que la iniciativa objeto de opinión ha retomado elementos del debate normativo que se dio en torno a la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, así como de la reforma recién aprobada en la materia en el Código Penal para el estado de Oaxaca.

En las consideraciones se destacó que la desigualdad económica es un factor determinante en la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pues las mujeres en condiciones económicas favorables y contextos privilegiados logran acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, mientras que las mujeres en condiciones económicas precarias, contextos hostiles y lugares de difícil acceso sufren una doble o hasta triple discriminación entre ser mujer, ser jóvenes, ser indígenas y ser pobres.

Y que el reconocimiento jurídico de los derechos sexuales y reproductivos plenos de las mujeres constituyen acto de justicia social, que forma las bases para que en todo el territorio mexicano se consolide el acceso universal y seguro a la interrupción legal del embarazo.

Es necesario realizar una reforma integral en materia de salud sexual, con la finalidad de lograr una armonía entre las legislaciones y evitar una “antinomia” jurídica.

Como resultado de las diversas propuestas razonadas de los Parlamentos Abiertos se concluyó que, para alcanzar de manera efectiva en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, bajo una perspectiva de género, se debe:

Garantizar y hacer justiciable la interrupción legal del embarazo conforme a los protocolos internacionales en la materia, estableciendo un ejercicio de derecho comparado respecto de las formas y especificaciones de practicar la interrupción del embarazo en los países que ya tienen consolidada dicha práctica de salud pública.

Garantizar cuando en el legítimo uso de su derecho al libre desarrollo de la personalidad, cuando lo soliciten voluntariamente ante la sanidad pública, podrán ser intervenidas con el objeto de no volver a procrear.

Garantizar y hacer justiciable la autonomía reproductiva de las mujeres quienes, en el legítimo uso de su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a través de políticas públicas de la más alta calidad en materia de salud, contando en todo momento con el asesoramiento, acompañamiento y finalización de los diversos tratamientos que esta legislación señale conforme a las políticas de inclusión social.

Se reconoció que existe un rezago a nivel nacional en la protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos, así como a contar con información clara y oportuna.

Por lo que es necesario transformar la concepción que ve a las mujeres como sujetos de tutela, para ser sujetos de derechos capaces de exigir y ejercer derechos y libertades sobre nuestro cuerpo.

Considerar el embarazo adolescente como un grave problema de salud pública, y es obligatorio dar cumplimiento a la recomendación 31 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), consistente en la creación, aplicación y evaluación de protocolos y políticas públicas para proteger y garantizar los derechos reproductivos de las mujeres.

A pesar de que en muchos códigos penales se prevén causales excluyentes del delito en casos de violación, el personal médico, en muchas ocasiones, prefieren evadir la práctica, lo cual significa una violación de los derechos de las mujeres a la salud, la integridad física, psicológica y sexual y los derechos y libertades reproductivas.

Para lograr la progresividad de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, se necesita también re-educar, sensibilizar y capacitar a las y los servidores públicos con perspectiva de género respecto a la protección, respeto y garantía de los derechos de las mujeres.

SEM/em/sj

* Fiscalía de la ciudad de México no ha judicializado la carpeta de investigación

* En el Legislativo de la CDMX las opiniones son encontradas, él niega las acusaciones

Elda Montiel

SemMéxico, Cd. de México, 6 de febrero 2020.- Con opiniones divididas entre las y los legisladores de la Ciudad de México por las acusaciones de violencia sexual en contra de sus hijas de 5 y 7 años de edad, y bajo el argumento de presunción de inocencia, se dio la comparecencia del magistrado Manuel Horacio Cavazos López, quien busca ser ratificado de forma vitalicia como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, al igual que otros candidatos.

Cavazos López, quien estaba adscrito a la Segunda Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales de la capital, enfrenta una denuncia desde el pasado mes de septiembre por violencia sexual contra sus dos hijas, un delito que amerita prisión preventiva y que de ser culpable se sanciona con cárcel.

Sin embargo, la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha determinado si el caso se judicializa, es decir, si se lleva ante un juez, a pesar de que la denuncia tiene cerca de cuatro meses.

A pesar de que en la carpeta de investigación hay pruebas periciales médicas, valoraciones psicológicas, declaraciones de las niñas ante el Ministerio Público y psicólogos especializados, así como audios en los que narran a su mamá las presuntas agresiones.

Al respecto, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), Rafael Guerra Álvarez, ha rechazado desde el mes de enero que se esté protegiendo al magistrado Manuel Horacio Cavazos López, y tras acudir a una sesión del Congreso descartó que estos casos manchen la imagen del Tribunal.

“Definitivamente no, no es tanto que manche, la afectación. Es una cuestión personal del señor magistrado, por un lado”, sostuvo.

Diputados del PRD no avalaran ratificación: Jorge Gaviño

Durante la comparecencia el diputado del PRD, Jorge Gaviño, dejó en claro que los legisladores no eran “ni jueces ni verdugos”, pero que su bancada no avalará su ratificación en atención a que no cuenta con reputación o “fama pública”, ya que la honorabilidad también se toma en cuenta en la evaluación de los magistrados, además del perfil y desempeño profesional. 

Al respecto, la diputada morenista Paula Soto, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, señaló a Cavazos López, que “uno de los elementos que más daño ha hecho al servicio público es justamente no tener el cuidado suficiente con el cumplimiento de la fama pública de las y los servidores públicos”

Como legisladora y como feminista, dijo que ella personalmente no aprobaría la ratificación de su encargo. “Espero por usted y por sus hijas, y por este desagradable momento que todo se resuelva en favor de todas las partes, en especial de sus hijas”.

El diputado independiente Guillermo Lerdo de Tejada, en la tribuna dijo que la Comisión de Administración y Procuración de Justicia estaba en una situación muy complicada, pero que no acompañaría el proceso de ratificación, y que esperaba que el magistrado limpiara el nombre; o bien, si era culpable, que sobre él cayera todo el peso de la ley.

Manuel Horacio Cavazos López al presentarse ante las y los legisladores, tras hablar de su experiencia profesional y sus consideraciones en torno a la ejecución penal, negó las acusaciones y argumentó que fueron hechas por parte de su esposa después del divorcio y con el afán de afectarlo porque es un servidor público en proceso de ratificación.

Cavazos López mencionó que en abril pasado pidió la custodia de sus hijas, pero se le otorgó a la madre y explicó que tenía un régimen de visitas para ver a las niñas, pero tras la “falsa denuncia” se eliminó toda posibilidad de contacto con ellas.

Sin mencionar que la denuncia es por un delito de violación de sexual, aseguró que se trata de un aleccionamiento inducido de las niñas y, aun así, dijo, se sometió a una pericial para acreditar que no tenía tendencias pedófilas ni incestuosas como una forma de comprobar su inocencia, aunque eso no le correspondía.

A favor de Cavazos López participaron la diputada Janet Guerrero Maya del PT y el morenista Nazario Norberto Sánchez, este último, incluso alabó que hubiera hombres que “dan la cara” y lamentó que existieran casos de hombres a los que se les fabrican acusaciones, como las que él había visto cuando era litigante. 

Por otra parte, y en claro apoyo a Cavazos López, la magistrada en materia familiar, Patricia Gudiño Rodríguez, quien también busca la ratificación de su cargo, hizo una disertación sobre la alienación parental, una figura que no ha sido reconocida, pero que ha sido utilizada en los juicios de divorcio, de violencia familiar y de violación sexual para desestimar las denuncias de mujeres, niñas y niños.

En esta reunión también comparecieron los magistrados, Jorge Guerrero Meléndez Jorge y Rosalba Guerrero Rodríguez, quienes también buscan la ratificación de su cargo.

Dentro de cinco días, las y los legisladores de la Comisión de Justicia, integrada por 19 diputados deben elaborar el dictamen, que debe ser aprobado por 10 diputados (mayoría simple) para pasar al pleno el 18 de febrero. 

Las niñas han tenido varias sesiones psicoterapéuticas ante el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA), que reportó que la hija mayor muestra evasión, ansiedad y angustia al hablar sobre una posible agresión sexual, y en la menor “se identifica ansiedad, enojo, miedo, tristeza y confusión, sintomatología asociada a víctimas de agresión sexual”.

Sin embargo, los reportes del CTA no cuentan como peritajes y preocupa que el peritaje psicológico que, sí se realizó el mismo día de la denuncia a la hija mayor, aunque da por cierto el hecho denunciado, dice que no fue percibido como una agresión cuando sucedió.

Las niñas están acompañadas por la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas ADIVAC, que se especializa en dar atención psicológica a niñas y niños que han vivido algún acto de violencia sexual.

SEM/em/sj

• Que se aplique hasta 60 años de prisión a quienes cometan este delito.
• Funcionario negligente de 8 a 10 años de prisión y separación del cargo

Redacción
SemMéxico. Ciudad de México. 06 de febrero 2020.- El senador Ricardo Monreal Ávila presentará una iniciativa para incluir un título V en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde se establezca de manera clara y uniforme para todo el país la tipificación del feminicidio, así como las sanciones y perspectiva de género en su investigación y enjuiciamiento.

En la propuesta del coordinador de Morena en el Senado se señala que comete el delito de feminicidio “quien prive de la vida por razones de género a una mujer o a una persona por motivos de su identidad de género como mujer”.

Se considerará que existen razones de género o por motivo de la identidad de género, cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, se le hayan infligido lesiones o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida, haya actos previos de violencia del sujeto activo en contra de la víctima, ya sea en el ámbito familiar, laboral, profesional, escolar o social, entre otras.

También, añade, cuando haya existido o exista, entre el sujeto activo y la víctima, una relación personal de índole sentimental, afectiva, de amistad o de confianza, si la víctima fue incomunicada, con o sin ánimo de lucro, cualquiera que haya sido el tiempo previo a la privación de la vida, y cuando el cuerpo sea arrojado o depositado en un lugar público.

La iniciativa sugiere que a quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de 40 a 60 años de prisión y de 750 a mil 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

De la misma manera, plantea que el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima y ofendidos, incluidos los de carácter familiar y sucesorio, así como aquellos relacionados con los hijos en común.

Precisó que en caso de que no se acrediten ninguna de las hipótesis antes descritas, se aplicarán las reglas del homicidio.

Otro de los objetivos de la propuesta es que el delito de feminicidio sea considerado como imprescriptible.

Monreal Ávila también plantea que las penas se incrementen hasta en un tercio, cuando un servidor público, aprovechándose de su encargo, interviene en la realización de esta conducta delictiva, y cuando la víctima fuere una persona menor de edad, estuviere embarazada, presentare algún tipo de discapacidad o perteneciere a un pueblo o comunidad indígena.

Asimismo, al servidor público que retarde, entorpezca maliciosamente o por negligencia, la procuración o administración de justicia se le impondrá prisión de tres a ocho años y de 750 a 2 mil doscientos 50 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, además, será destituido e inhabilitado de tres a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena busca que las autoridades investigadoras y de impartición de justicia, cuando se encuentren ante un probable delito de feminicidio, deberán ejercer sus atribuciones conforme al respectivo protocolo de actuación correspondiente al delito.

Expone que con el fin de preservar la evidencia que pudiera revelar nuevas líneas de investigación para el esclarecimiento de los hechos, el Ministerio Público prohibirá, estrictamente, la cremación de todo cadáver respecto del que se presuma la comisión de un feminicidio.

Por último, señala, se pretende que con la aprobación y publicación de esta reforma se derogue toda disposición federal o de los estados que sea contraria a este decreto. Incluye que los congresos, federal y locales, tendrán un plazo no mayor a 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor de esta modificación, para realizar los cambios en sus códigos penales u ordenamientos correspondientes.