Recibe más de 75 nuevas recomendaciones de la CEDAW más las 209 no cumplidas

ONU lamenta la debilidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, poniendo en riesgo los de las mujeres

Alicia Castellanos y Sara Lovera

SemMéxico, Cd. de México, 8 de julio, 2025.- México recibió este lunes cerca de 75 nuevas recomendaciones del comité de expertas de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW para cumplir con la igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres, corazón de la Convención a las que se suman a las no cumplidas o parcialmente cumplicas que son 209 desde 2018, lo que profundizó la violencia contra las mujeres, la discriminación y la pérdida de garantías de respeto a los derechos humanos.

Las nuevas recomendaciones están  centradas en la falta de una visión integral de la condición de las mexicanas, en todos sus aspectos, la limitada capacitación en género  a funcionarios de todos los órdenes, la escasa justicia para las mujeres, dice, hoy en riesgo ante la pérdida de autonomía del poder judicial y la militarización  e instó al  Estado a reconocer como defensoras de los derechos humanos a las madres buscadoras, a las defensoras civiles y a las periodistas.

Llamó al Estado a incorporar a la sociedad civil en todos los planes, programas     y medidas a favor de las mujeres,   porque están marginadas. Consideró insuficiente la política de género en todos los rubros, a  pesar de que México avanzó en la legislación, no hay  transparencia, por ejemplo en el uso de recursos.

Le recordó el Estado Mexicano el escaso cumplimiento a las recomendaciones generales del comité de la CEDAW, especialmente para las mujeres indígenas, campesinas, afrodescendientes, trabajadoras sexuales, discapacitadas, trabajadoras  y migrantes.

Afirmó que persiste la discriminación porque no se ha atendido el  cambio en los contenidos de los medios de comunicación, persisten los estereotipos, porque entre otras cosas en el sistema educativo nacional no se ha transversalizado el respeto y promoción de los derechos humanos.

Consideró el comité que los cambios legislativos,  importantes y plausibles para  la igualdad, no tendrán significado si no se aplican eficientemente. Preocupa que la igualdad sustantiva, ahora en la Constitución, no se aplique; lamentó que no haya recursos para crear el Sistema Nacional de Cuidados.

Lamentó y recomienda que con urgencia se tomen medidas para realmente promover la paz, ahora  situada en comités informales. El Comité de Expertas, en un  documento de 19 folios,  tras el décimo  periodo de rendición de cuentas los días 17 y 18 de junio,  lamentó que persista el matrimonio forzado, especialmente en áreas rurales; la ineficiencia para aplicar la promisión y autonomía económica de las mujeres; la escasa difusión  de los derechos garantizados en la CEDAW,  leyes  sin aplicación que  impiden la incorporación de las mujeres en el desarrollo del país.

Advirtió que las nuevas recomendaciones  deberán cumplirse en los próximos 4 años y  lamentó  la inconsistencia de la protección y seguridad de las mujeres, entre otras cosas,  por la debilidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos garante constitucionalmente de la políticas de género y  la  reducción de presupuesto en las áreas críticas de salud sexual y reproductiva. Llamó a despenalizar el aborto en todo el país.

Lamentó  la desaparición del Seguro Popular,  del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales INAI y  planteó medidas urgentes para para proteger  a las defensoras de derechos humanos.

Conminó al Estado de Mexicano a atender las recomendaciones que cada 4 años surgen en la CEDAW, sin dejar de reconocer “los esfuerzos”, planteó que éstos tienen escasos resultados en su aplicación.

En la lectura de las recomendaciones y observaciones se destacan 4 centrales: definir el papel de la nueva Secretaría de las Mujeres; fortalecer el aparto de justicia ante la sospecha de su improvisación; fortalecer la difusión de los derechos de las mujeres y el diálogo con la sociedad civil.

México  recibió cerca de 75 nuevas recomendaciones: resumen

El Comité destaca el papel crucial del poder legislativo para garantizar la plena implementación de la Convención e invita al Congreso de la Unión de México, a adoptar las medidas necesarias para la implementación de las presentes observaciones finales desde ahora hasta la presentación del próximo informe.

Recomienda que se continúe armonizando la legislación penal en los niveles federal y estatal para garantizar la aplicación coherente de protocolos sensibles al género y abolir los procedimientos penales abreviados en los casos de violencia de género contra mujeres y niñas, incluido el feminicidio; revise el uso de la prisión preventiva obligatoria, especialmente contra s los grupos vulnerables de mujeres, incluidas las indígenas, las pobres y las que se dedican al trabajo sexual, y garantice la presunción de inocencia y su derecho a la libertad y la seguridad personales.

Urge a adoptar medidas prácticas para garantizar el acceso a la justicia para las mujeres, asegurando la provisión de medidas de accesibilidad, en lenguas indígenas, y garantizando el acceso a la justicia para las mujeres legalmente incapaces. El Comité observa que, en el contexto de la reforma judicial en curso, se ha anunciado la capacitación y la evaluación del desempeño de los jueces electos; sin embargo, le preocupa que esto pueda no ser suficiente y que la independencia judicial y la capacidad para garantizar la transversalización de género en la tramitación de los casos y la justicia puedan verse afectada.

Recomienda que se fortalezcan los mecanismos de capacitación y evaluación del desempeño de los jueces electos para asegurar la estricta aplicación de las disposiciones del derecho penal en casos de feminicidio, esterilización forzada y desaparición forzada de mujeres, aborde el sesgo judicial de género y continúe priorizando la capacitación sistemática sobre los derechos humanos de las mujeres, con especial atención a las mujeres indígenas, afromexicanas, lesbianas, bisexuales, transgénero, intersexuales (LBTI)y a las personas con discapacidad.

Resumen en español de las Observaciones Finales del Comité CEDAW sobre México (CEDAW/C/MEX/CO/10):

 Aspectos positivos

El Comité felicita a México por la histórica elección de su primera mujer presidenta, un hito significativo a nivel nacional y regional.

Reconoce avances legislativos desde 2018, como:

• La reforma constitucional de 2024 que consagra el derecho a la igualdad sustantiva y una vida libre de violencia.
• La penalización de las terapias de conversión, la violencia vicaria y la ciber violencia.
• Reformas al Código Penal y leyes civiles que fortalecen el acceso a la justicia, en particular para mujeres indígenas, con discapacidad o en situación de violencia.
• La reforma «3 de 3 contra la violencia», que impide a agresores ocupar cargos públicos.
• La reforma de «Paridad en Todo» y el uso de lenguaje inclusivo en leyes federales.

Celebra esfuerzos institucionales como:

• La decisión de la Suprema Corte en 2023 que declara inconstitucional criminalizar el aborto a nivel federal.
• La adopción del primer Plan de Acción Nacional sobre Mujeres, Paz y Seguridad.
• El Programa Nacional para la Igualdad 2020–2024, la política exterior feminista, y la creación de grupos y comisiones para combatir la violencia de género y dar seguimiento a las observaciones de la CEDAW.

Principales áreas de preocupación y recomendaciones del Comité CEDAW para México:

 Visibilidad de la CEDAW y sus recomendaciones

• Aunque México ha tomado medidas para visibilizar la Convención, el Comité advierte que rara vez se aplica en tribunales.
• Recomienda: más difusión entre las mujeres, especialmente en lenguas indígenas, e incorporar la CEDAW en la formación de jueces y autoridades.

⚖️ Marco legal y definición de discriminación

• No existe una definición legal integral de discriminación que incluya formas indirectas, múltiples o interseccionales.
• Se recomienda: reformar la legislación para incluir esta definición y fortalecer la Ley Federal contra la Discriminación para que sea efectiva y exigible.

☮️ Mujeres, paz y seguridad

• Preocupación por la escasa participación de mujeres indígenas, afromexicanas y con discapacidad en políticas de paz.
• Se recomienda: participación significativa de mujeres en mesas de paz, enfoque interseccional, mecanismos de rendición de cuentas claros y financiamiento adecuado.

⚖️ Acceso a la justicia

• Persisten barreras legales, uso de procedimientos abreviados en casos de violencia de género y falta de accesibilidad para mujeres indígenas o con discapacidad.
• Se recomienda: armonizar la legislación penal, eliminar la prisión preventiva obligatoria injustificada y garantizar acceso a la justicia con ajustes razonables.

⚖️ Reforma judicial

• Preocupación por la independencia judicial y falta de enfoque de género en el tratamiento de casos.
• Se recomienda: preservar la independencia judicial, mejorar requisitos para jueces, y capacitar en derechos humanos con enfoque en mujeres indígenas, afrodescendientes, LBTI y con discapacidad.

·  Instituciones de igualdad de género: Preocupación por la independencia limitada de SEMUJERES, falta de consulta con sociedad civil, y acceso restringido a información pública tras la desaparición del INAI.

·  Violencia de género: Persisten altos niveles de feminicidios, violencia digital, tortura sexual y violencia vicaria. Se cuestiona la militarización de la seguridad y la ineficacia de los protocolos de respuesta.

·  Trata de personas y prostitución: Denuncian impunidad, corrupción policial, criminalización de la prostitución y falta de datos y reparación a víctimas.

• Se recomienda implementar estrategias de protección específicas para mujeres en situación de vulnerabilidad (adolescentes, migrantes, indígenas, LBTI, afrodescendientes).
• Fortalecer la coordinación contra redes criminales, sancionar a autoridades cómplices y eliminar la criminalización de mujeres en prostitución.
• Mejorar servicios de atención integral (refugios, salud, apoyo legal) y recopilar datos desagregados.

🗳 Participación política y vida pública

• Aunque hay paridad en el Congreso, persisten barreras estructurales.
• Existen simulaciones en candidaturas y exclusión de mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales y con discapacidad.
• Se recomienda establecer metas concretas, prevenir violencia política y asegurar paridad también en el servicio diplomático.

🆔 Nacionalidad y apatridia

• A pesar del marco constitucional, hay dificultades para el registro de nacimiento y el acceso a documentos, sobre todo en comunidades indígenas, rurales o entre mujeres trans.
• Se recomienda fortalecer los registros civiles y eliminar obstáculos para acceder a documentación.

📚 Educación

• Persisten altos niveles de violencia de género en escuelas, especialmente universidades.
• La deserción escolar por embarazo o violencia es alta y no hay protocolos vinculantes de reingreso.
• Se denuncia la falta de educación sexual integral en varios estados y estereotipos de género en planes de estudio.
• Se recomienda cerrar la brecha digital e incluir a niñas con discapacidad en entornos educativos seguros e inclusivos.

Empleo

• El Comité reconoce la reforma laboral de 2019 que extendió protección a trabajadoras del hogar y programas públicos de cuidado infantil.
• Sin embargo, señala que las mujeres enfrentan dificultades para acceder a protección social y laboral, dada su concentración en empleos informales o de medio tiempo, además de la brecha salarial de género persistente.
• Hay oportunidades económicas limitadas para las mujeres, aumentando su vulnerabilidad a la dependencia económica, explotación, trata y trabajo forzoso, especialmente en grupos marginados.
• La violencia y el acoso sexual en el trabajo son frecuentes, pero poco denunciados y con mecanismos de responsabilidad insuficientes.
• Se carece de recursos adecuados para inspecciones laborales con perspectiva de género.

Recomendaciones:

• Promover el acceso de las mujeres a empleos formales y a la protección social, asegurar igualdad salarial mediante auditorías y transparencia, y completar el desarrollo del sistema nacional de cuidados.
• Crear programas de empoderamiento económico específicos para grupos marginados.
• Implementar mecanismos independientes y confidenciales para denunciar violencia y acoso sexual laboral, proteger a las víctimas y responsabilizar a empleadores.
• Fortalecer las inspecciones laborales con recursos humanos, técnicos y financieros adecuados y formación con enfoque de género.

Salud

• Persisten altas tasas de mortalidad materna, violencia obstétrica y esterilización forzada, especialmente en mujeres indígenas.
• La desaparición del Seguro Popular y su reemplazo por IMSS-Bienestar afectan desproporcionadamente a mujeres pobres, rurales, indígenas y con discapacidad.
• Disminución de servicios preventivos y escasez de medicamentos esenciales, incluidos anticonceptivos y tratamientos oncológicos.
• Mujeres son encarceladas por abortos en estados donde sigue criminalizado, a pesar de avances legislativos federales.
• Acceso limitado a servicios sexuales y reproductivos, obstaculizado por estigma y requisitos injustificados de pruebas de violencia sexual.
• Mujeres institucionalizadas, indígenas y con discapacidad enfrentan coerción y violencia obstétrica, pese a leyes que la prohíben.

Recomendaciones:

• Garantizar cobertura universal de salud mediante un sistema nacional integral y bien financiado, con acceso asequible para grupos vulnerables.
• Fortalecer servicios preventivos y asegurar medicamentos esenciales.
• Revisar y cerrar casos legales contra mujeres por abortos, garantizar acceso efectivo y eliminar barreras y estigmas.
• Eliminar la violencia obstétrica con aplicación estricta de la ley, capacitación especializada y mecanismos de rendición de cuentas.

Empoderamiento económico

• Se valoran iniciativas como microcréditos y el desarrollo del Sistema Nacional de Cuidados.
• Persisten barreras estructurales: pensiones desiguales, distribución desigual del trabajo de cuidado y escasa presencia femenina en cargos directivos.
• Falta una estrategia nacional integral para facilitar créditos sin garantías, leyes de compras públicas con enfoque afirmativo y un banco dedicado al desarrollo de mujeres emprendedoras.
• El Sistema Nacional de Cuidados no está completamente integrado en la política fiscal con presupuestos sensibles al género.
• Mujeres rurales y afectadas por crimen organizado tienen pocas oportunidades económicas.

Recomendaciones:

• Mejorar acceso a pensiones para mujeres mayores, ampliar servicios de cuidado infantil y exigir diversidad de género en cargos directivos con mecanismos de cumplimiento.
• Desarrollar una estrategia nacional para el empoderamiento económico de mujeres, que incluya legislación, políticas afirmativas, un banco para mujeres y préstamos accesibles.
• Integrar el Sistema Nacional de Cuidados en la política fiscal y adoptar un enfoque interseccional para atender a mujeres marginadas, incluyendo medidas reparadoras en contextos de desplazamiento o crisis económica.

Mujeres rurales

El Comité está preocupado porque las mujeres en zonas rurales siguen enfrentando discriminación sistémica para acceder a la propiedad de la tierra y recursos agrícolas. Señala con especial preocupación que:

(a) Las mujeres son excluidas desproporcionadamente de la propiedad de tierras en contextos agrarios comunales (ejidos), donde sistemas patriarcales de herencia y costumbres sociales les niegan el acceso igualitario a títulos de propiedad, además de su limitado acceso a asistencia legal asequible para reclamar sus derechos sobre la tierra;

(b) La tierra heredada por mujeres a menudo les es despojada por familiares o asambleas comunitarias, y la privatización de tierras ejidales mediante programas de certificación agraria pone en riesgo excluir aún más a las mujeres rurales de la titulación formal.

Recordando la recomendación general No. 34 (2016) sobre los derechos de las mujeres rurales, el Comité recomienda al Estado:

(a) Fortalecer medidas para asegurar el acceso igualitario de las mujeres a la propiedad y herencia de tierras en sistemas ejidales, mediante programas de asistencia legal focalizada, campañas de documentación y reformas agrarias con perspectiva de género;

(b) Eliminar prácticas discriminatorias en las asambleas comunales que impidan a las mujeres ejercer sus derechos sobre la tierra y asegurar que los programas de privatización incluyan salvaguardas con enfoque de género.

Mujeres que enfrentan formas interseccionales de discriminación

Mujeres indígenas y afro-mexicanas

El Comité toma nota de la reforma constitucional de septiembre de 2024 que reconoce a las comunidades indígenas y afro-mexicanas como sujetos de derecho público. Sin embargo, expresa preocupación porque las mujeres indígenas y afro-mexicanas:
(a) Sufren significativa marginación económica, con un alto porcentaje viviendo en pobreza, participación mayoritaria en actividades informales sin seguridad social y sin acceso a créditos formales o documentación de propiedad de tierras;

b) Enfrentan barreras para acceder a servicios legales y de salud culturalmente apropiados;

(c) Permanecen invisibilizadas por la falta persistente de datos desagregados sobre violencia de género contra mujeres y niñas indígenas y afro-mexicanas, lo que dificulta estrategias culturalmente adecuadas para su prevención y atención.

Recordando la recomendación general No. 39 (2022) sobre los derechos de mujeres y niñas indígenas, y enfatizando la importancia de fortalecer la colaboración con organizaciones de la sociedad civil que promueven estos derechos, el Comité recomienda:

(a) Ampliar programas para promover su empoderamiento económico, incluyendo formalización laboral, acceso a protección social, crédito financiero y documentación de propiedad de tierras;

(b) Continuar fortaleciendo servicios de salud y justicia culturalmente adecuados mediante capacitación en enfoques interculturales, provisión gratuita de interpretación en lenguas indígenas y expansión de servicios móviles en zonas remotas;
(c) Mejorar la recolección sistemática de datos desagregados sobre violencia de género contra mujeres indígenas y afro-mexicanas, y desarrollar mecanismos de prevención y reparación con su participación significativa.

Mujeres desplazadas, refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes

El Comité recuerda sus observaciones previas y expresa preocupación por la discriminación interseccional y violencia de género contra mujeres desplazadas internas, refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, así como su riesgo elevado de explotación, trata y secuestro. Se preocupa especialmente por:

(a) El aumento abrupto en la detención migratoria de mujeres, traslados forzados internos y abusos documentados cometidos por personal militar y civil;

(b) Barreras para la regularización y acceso a servicios de protección por demoras en emisión de documentos y la suspensión desde 2023 de permisos humanitarios de visitante;

(c) Que las barreras documentales aumentan la exposición a redes criminales y violencia de género severa;

(d) Diferencias en resultados de salud materna por obstáculos en acceso a servicios sexuales y reproductivos;
(e) Baja efectividad en evaluaciones de impacto de género en políticas migratorias.

El Comité recomienda:

(a) Implementar alternativas a la detención para mujeres migrantes, eliminar traslados forzados y asegurar que la vigilancia migratoria sea realizada por personal civil capacitado y supervisado;

(b) Asegurar emisión oportuna e indiscriminada de documentos, restablecer permisos humanitarios y aplicar programas integrales de regularización;
(c) Fortalecer esfuerzos para desarticular redes criminales que atacan a estas mujeres y mejorar medidas de protección en rutas migratorias;

(d) Eliminar barreras para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo para mujeres con discapacidad;

(e) Mejorar la efectividad de evaluaciones sistemáticas de impacto de género en políticas migratorias.

Mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales (LBTI)

El Comité está preocupado por la persistencia de violencia y discriminación de género contra mujeres LBTI a pesar de reformas recientes, y señala:

• Que los homicidios por transfobia están criminalizados solo en CDMX y Nayarit, pero no a nivel nacional;

•  Que a pesar de una sentencia de la Suprema Corte en 2019, diez estados no han implementado procedimientos de reconocimiento legal de género;

• Barreras para acceso a justicia y atención médica de afirmación de género, y discriminación en educación y empleo;

(d) Aplicación insuficiente de leyes contra delitos de odio.

El Comité recomienda:

(a) Adoptar legislación nacional contra delitos de odio que proteja a mujeres LBTI y asegurar su aplicación uniforme;

(b) Garantizar procedimientos administrativos de reconocimiento legal de género en todo el país y capacitar a funcionarios;

(c) Proveer capacitación integral sobre derechos de mujeres LBTI a funcionarios, asegurar acceso igualitario a justicia y salud, y eliminar estereotipos y discriminación en educación y trabajo;

(d) Fortalecer la recopilación sistemática de datos desagregados sobre violencia contra mujeres LBTI y monitorear la efectividad de la legislación protectora.

Mujeres y niñas con discapacidad

El Comité expresa preocupación por la discriminación interseccional que enfrentan las mujeres y niñas con discapacidad y la falta de políticas, servicios y medidas específicas para combatirla. Además señala con preocupación:

(a) La baja representación de mujeres con discapacidad en los órganos consultivos de la sociedad civil para el diseño y desarrollo de políticas públicas;

(b) La ausencia de procesos de evaluación y certificación de discapacidad con perspectiva de género, que afecta particularmente a mujeres indígenas y sobrevivientes de violencia de género, limitando su acceso a rehabilitación, protección social y atención médica, incluyendo salud mental;

(c) Las mayores tasas de violencia contra ellas, incluida violencia sexual en familias, instituciones y otros espacios cerrados y segregados;

(d) La persistencia de la institucionalización en centros psiquiátricos para mujeres con discapacidad psicosocial;

(e) La privación de la custodia de los hijos basada únicamente en la discapacidad de la madre.

El Comité recomienda que el Estado:

(a) Garantice la participación significativa de mujeres con discapacidad en órganos consultivos de sociedad civil para el diseño y desarrollo de políticas públicas, especialmente en igualdad de género y discapacidad;

(b) Desarrolle procesos de evaluación y certificación de discapacidad con perspectiva de género, accesibles para todas las mujeres, especialmente en zonas remotas y para sobrevivientes de violencia de género, asegurando acceso adecuado a rehabilitación, protección social y atención médica especializada, incluida la salud mental;

(c) Tome medidas integrales para combatir la violencia contra mujeres y niñas con discapacidad, fortaleciendo la detección, protección, atención a víctimas y acceso efectivo a la justicia;

(d) Garantice que los servicios de salud mental para mujeres con discapacidad psicosocial sean comunitarios, seguros y sensibles al género;

(e) Derogue leyes y políticas que permitan la pérdida de custodia de hijos únicamente por discapacidad de la madre.

Mujeres defensoras de derechos humanos y “buscadoras”

El Comité está preocupado por la escalada de violencia y ataques contra mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos (DDHH) en el país.

Manifiesta alarma por:

• El alto número de defensoras de DDHH y periodistas asesinadas, agredidas o desaparecidas;

(b) Que enfrentan amenazas, violencia física, vigilancia, ataques digitales y criminalización, en buena parte cometidos o tolerados por actores estatales;
(c) Las graves deficiencias en los mecanismos oficiales de protección, y que estas mujeres sufren ataques incluso estando bajo medidas de protección.

Recomienda al Estado:

(a) Fortalecer el Mecanismo de Protección para Defensoras de Derechos Humanos y periodistas con evaluaciones de riesgo con perspectiva de género e interseccional, garantizar financiamiento adecuado y coordinación efectiva entre instituciones federales y estatales;

(b) Investigar de manera pronta, exhaustiva e imparcial todos los ataques, garantizar la efectiva investigación y enjuiciamiento de responsables, y reparaciones integrales para las víctimas;

(c) Atender las deficiencias graves en los mecanismos de protección para asegurar su efectividad y prevenir ataques, incluso cuando las defensoras estén bajo protección.

El Comité manifiesta particular preocupación por la situación de las “buscadoras”, en su mayoría mujeres (madres, hijas y esposas) que buscan personas desaparecidas. Señala que la violencia y discriminación que enfrentan es persecución de género que refuerza estructuras patriarcales, manifestada en desdén institucional, desánimo e incredulidad basados en estereotipos sobre la credibilidad y roles de las mujeres. Manifiesta alarma porque su labor no se reconoce como defensa de derechos humanos, creando barreras a mecanismos de protección a pesar de iniciativas de verdad y justicia, y que la crisis de desapariciones forzadas coincide con creciente violencia letal contra ellas.

Recomienda que el Estado:

(a) Reconozca formalmente a las “buscadoras” como una categoría especial de defensoras de derechos humanos, estableciendo estándares mínimos nacionales para su definición y medidas de protección, asegurando protección mínima uniforme en todos los estados y extendiendo a ellas los mecanismos de protección para defensoras;

(b) Establezca sistemas de recolección y monitoreo de datos para identificar patrones de violencia y necesidades de protección;

(c) Implemente medidas de protección sensibles al género que aborden la naturaleza de género de la violencia que enfrentan;

(d) Cree programas de reparación con enfoque de género que reconozcan a las “buscadoras” como víctimas de diversos tipos de violencia, incluyendo atención adecuada de salud mental y apoyo psicosocial para mitigar impactos psicológicos por la incertidumbre prolongada sobre sus familiares desaparecidos y prevenir la victimización secundaria;

(e) Asegure la inclusión sistemática de las “buscadoras” en procesos de búsqueda de verdad y conmemoración.

Cambio climático y reducción del riesgo de desastres

El Comité acoge con satisfacción el Plan Nacional de Acción sobre Género, Derechos Humanos y Cambio Climático de 2024, pero expresa preocupación porque el cambio climático y la degradación ambiental afectan desproporcionadamente a las mujeres, en especial rurales e indígenas, quienes enfrentan mayores vulnerabilidades por su dependencia de recursos naturales, acceso limitado a la propiedad de la tierra, exclusión de procesos decisorios climáticos, y efectos adversos como desastres naturales, pérdidas de cosechas, inseguridad alimentaria y de agua.

Recordando recomendaciones generales No. 34 (2016) sobre mujeres rurales y No. 37 (2018) sobre género y reducción del riesgo de desastres, recomienda al Estado asegurar la participación significativa de mujeres, especialmente rurales e indígenas, en políticas y programas de adaptación climática y reducción del riesgo, y fortalecer su acceso a medios de vida resilientes al clima, sistemas de alerta temprana y recursos para recuperación post-desastre.

Matrimonio y relaciones familiares

El Comité expresa preocupación por prácticas discriminatorias en procesos judiciales familiares, señalando:

(a) Que se aplican rutinariamente procedimientos de mediación y conciliación en casos de violencia doméstica, lo que revictimiza, normaliza abusos y genera impunidad;

(b) La persistencia de uniones informales de niñas menores de 18 años, sobre todo en zonas rurales e indígenas, pese a prohibiciones legales, y reportes de que a veces son intercambiadas por dinero o bienes que podrían constituir trata;
(c) La falta de información y datos para monitorear estas uniones;
(d) La insuficiente capacitación y conciencia de autoridades locales sobre igualdad de derechos de las mujeres en relaciones familiares.

Recomienda al Estado:

(a) Prohibir la mediación y conciliación en casos de violencia doméstica en tribunales familiares;

(b) Hacer cumplir la prohibición de matrimonio y convivencia de niñas menores de 18, perseguir uniones forzadas o coactivas, y considerar crear un registro nacional para monitorear uniones tempranas e informales;

(c) Armonizar y monitorear la implementación de leyes familiares en todos los niveles jurisdiccionales para evitar prácticas discriminatorias;

(d) Proveer capacitación adecuada a autoridades locales sobre igualdad de derechos en relaciones familiares.

Recolección y análisis de datos

El Comité valora los esfuerzos del Estado para recolectar datos desagregados para el diseño de políticas a nivel federal, estatal y local, pero expresa preocupación por dificultades persistentes en la desagregación, comparación entre estados y accesibilidad pública de datos en formatos accesibles, especialmente en violencia contra mujeres, trata y situación socioeconómica de mujeres marginadas.

Recomienda continuar fortaleciendo sistemas de recolección de datos mediante indicadores estandarizados en todos los estados para medir violencia de género y trata, mecanismos obligatorios de reporte de datos desagregados, y evaluaciones periódicas de calidad para asegurar precisión y comparabilidad que apoyen políticas basadas en evidencia y presupuestación con perspectiva de género.

• Las omisiones del gobierno han hecho más frecuente, cruenta y descarada la violencia contra mujeres y niñas
• 126 adolescentes, niñas-niños víctimas de homicidios dolosos en Sonora en dos años

Soledad Jarquín Edgar

SemMéxico, Ciudad de México, 7 de junio, 2025.- Organizaciones de la sociedad civil emitieron diversas muestras de rechazo por el asesinato de tres niñas sonorenses, así como de su madre, y otros casos de violencia contra las mujeres en diversas entidades del país, por lo que exigieron justicia, dado que tragedia que evidencia fallas en nuestra capacidad para proteger a las mujeres y niñas.

Por otra parte, las colectivas de la entidad anunciaron hoy, que el próximo domingo habrá una marcha para exigir justicia para las cuatro víctimas, dijo a SemMéxico, Silvia Esquer Núñez, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), quien consideró que este hecho es una muestra más de un retroceso que vive Sonora.

La también informadora expuso vía telefónica que hoy, en conferencia de prensa, las colectivas exigieron que los gobernantes tomen su responsabilidad, porque aseguran no existe en la entidad una política pública de prevención, lo que ha favorecido “un caldo de cultivo” para que se incremente la violencia contra las mujeres, aunado a sus omisiones y actos de negligencia, “dejan todo a la suerte”, además de que es común que responsabilicen a las víctimas.

Sin embargo, en el caso de la madre y las tres niñas hay mucha solidaridad por parte de la población que está impactada por lo sucedido y también por parte de los medios de comunicación que han dejado de criminalizar y revictimizar a las personas en buena medida.

Sin embargo, la falta de respuesta de las autoridades a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, emitida el 20 de agosto de 2021 para los municipios de Cajeme, Empalme, Guaymas, Hermosillo, Nogales y San Luis Río Colorado, ha hecho más frecuente, cruenta y descarada la violencia.

Núñez Esquer dijo que aun cuando han existido asesinatos de personas menores de edad, se ha tratado de “daños colaterales”, sin embargo, con el caso de las niñas encontradas entre los matorrales en la comisaría Miguel Alemán por el Colectivo Buscadoras por la Paz, que dirige la activista Cecilia Delgado, es un caso inédito y muy doloroso.

Recalcó que en la entidad la política es hacer creer que la violencia contra las mujeres es mínima, incluso tratan de reducir los hechos a problemas familiares, no existen, reiteró, políticas públicas de prevención, ni tampoco tienen la convicción para operar mecanismos como las órdenes de protección o la alerta de violencia de género, “esta última no les gusta, la desechan”. Asegura que en su pretensión de contrarrestar la realidad inventan que hacen y han cambiado la narrativa, el discurso no es sobre la violencia y menos contra las mujeres, el discurso es sobre “pactos de paz”, señaló la defensora de derechos humanos.

Gobernador, presidente municipal: no traten de engañarnos: OCNF

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) a través de un pronunciamiento exigieron que se actúe con la urgencia que exige una masacre de esta magnitud y recuerdan que Sonora cuenta con una declaratoria de Alerta de violencia de Género para seis municipios, entre ellos el de Hermosillo, municipio al que pertenece la comisaría Miguel Alemán.

Con el título: Gobernador, presidente municipal: no traten de engañarnos, el OCNF refiere que el sábado 5 de julio fueron encontrados en el monte los cuerpos de tres hermanas, que estaban bajo un árbol, abrazadas y ejecutadas por arma de fuego, en el municipio de Hermosillo. Un día antes, el 4 de julio fue localizado el cuerpo de la madre de las niñas.

“Esta masacre coloca al estado de Sonora en la categoría de una sociedad sin ley, sin reglas, sin autoridades que cumplan el mandato constitucional de garantizar la integridad y seguridad de la sociedad en general, y de las mujeres y niñas en particular”, plantea el Observatorio.

El pronunciamiento sostiene que la violencia contra las mujeres y niñas se ha normalizado. Los asesinatos se multiplican sin consecuencias. Las desapariciones aumentan sin que haya búsqueda inmediata ni justicia. Los datos oficiales lo confirman: entre enero y mayo de 2025, se han registrado 40 asesinatos de mujeres en Sonora; sólo 4 se investigan como feminicidios, mientras que 36 han sido clasificados como homicidios dolosos.

Además, revela que persisten graves omisiones en la tipificación e investigación con perspectiva de género. Las desapariciones, las muertes violentas y los feminicidios no sólo no disminuyen: van en aumento. Lo más alarmante es la crueldad y la espectacularidad con la que se cometen, como si la impunidad fuera una garantía.

En un documento de dos hojas le recuerdan a la autoridad que “ya no nos basta con escuchar que «se investigará» o que «se buscará castigar a los responsables». Hoy el reclamo es directo: tomen con seriedad su papel como autoridades. No es solo responsable quien disparó, quien raptó o quien ejecutó.

También lo son quienes no previnieron, quienes no advirtieron a las comunidades sobre el riesgo, quienes no fortalecieron los mecanismos de protección y permitieron que la violencia feminicida avanzara sin freno.

Exigen justicia porque “las tres pequeñas lo merece, su madre lo merece. Las cuatro mujeres embarazadas asesinadas recientemente en Sonora lo merecen. Lo merecemos todas”.

Finalmente, le solicitan al gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño y al presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez que dejen de repartir culpas y asuman su responsabilidad, por lo que piden se fortalezca la Alerta de Violencia de Género con acciones concretas y que se evalúen los resultados y se activen protocolos reales de prevención, protección y justicia con perspectiva de género.

126 adolescentes, niñas-niños víctimas de homicidios dolosos

La mañana de este lunes,en entrevista para el programa Reporte100, en estéreo 100, Michelle Lucero, de la Fundación Nueva Generación Sonora, señaló que entre el 2022 y 2024 en esa entidad se habían reportado 126 víctimas de homicidios dolosos, todos menores de edad -niñas, niños y adolescentes-.

También explicó que 417 menores fueron víctimas de otros delitos como la privación de la libertad, en tanto 258 desaparecieron el año pasado y 127 en lo que va de este 2025.

Michelle Lucero sostuvo que estás cifras deberían alarmar a la sociedad sonorense y despertar esa desesperación para que las infancias empiecen a ser una prioridad para el gobierno y estén dentro de la agenda pública.

Fundación Nueva Generación Sonora

En un pronunciamiento, la Fundación Nueva Generación Sonora, calificó el crimen de las hermanitas en Hermosillo como “uno de los actos más dolorosos y crueles que hemos presenciado como sociedad”.

“Ninguna niña merece enfrentar un destino así. Ninguna madre merece ser víctima de esta violencia inhumana junto a sus hijas. Lo ocurrido es una tragedia que evidencia fallas en nuestra capacidad para proteger a las mujeres y niñas, y debe convertirse en un punto de inflexión que fortalezca, de una vez por todas, las acciones de prevención y protección”.

Sin titubeos, dice su pronunciamiento, exigen justicia, una investigación pronta y expedita, la detención de los responsables y que, una vez juzgados, reciban la pena máxima. No podemos permitir que estos crímenes queden impunes ni vuelvan a repetirse.

SEM/sj

• Más de 5 millones de personas en condición de pobreza multidimensional
• El grupo etario de adultos mayores fue uno de los más beneficiados

Redacción

SemMéxico, Ciudad de México, 7 de julio, 2025.- En los próximos 25 años es importante que la política social avance de manera sustancial en la agenda de género, derechos sociales y disminución de las persistentes brechas de las mexicanas, particularmente quienes viven en pobreza extrema y en hogares de mujeres indígenas; aumentar en las infancias y adolescencias el consumo diario de frutas y verduras e impulsar el sistema nacional de cuidados en nuestro país.

José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), dijo lo anterior durante su participación en el Seminario Permanente Internacional Interdisciplinario sobre Emergencia Social Comunitaria, organizado a distancia por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM.

En su conferencia magistral titulada Pobrezas y desigualdades sociales en el contexto global: retos y desafíos ofreció un panorama de la evolución de la pobreza en México, en el cual mencionó el descenso de esta condición en el periodo 2018-2022.

De esta manera, se registró un decremento de 41.9 a 36.3 por ciento, equivalente a más de cinco millones de personas en condición de pobreza multidimensional; la extrema no presentó bajas significativas, precisó.

A decir de Cruz Marcelo, ese comportamiento se debió a la política de cambio estructural orientada al aumento del salario mínimo y al aporte de los programas sociales implementados por el gobierno federal a partir de 2018.

El grupo etario de adultos mayores fue uno de los más beneficiados en dicho periodo de evaluación, debido a la universalización de la pensión no contributiva y al incremento económico bimestral que se les asignó, representando para 2024 casi 40 por ciento del esfuerzo presupuestal del universo total de programas sociales federales, puntualizó.

Con relación a la población hablante de lengua indígena enfatizó que 65.2 por ciento (aproximadamente 8.3 millones) se encuentra en situación de pobreza multidimensional; en 2022 una cuarta parte (26.3 por ciento) estaba en pobreza extrema.

Cruz Marcelo refirió que el enfoque multidimensional que CONEVAL utiliza para la medición de la pobreza va más allá del ingreso, e incluye diversas carencias sociales.

No obstante, subrayó la importancia de considerar el acceso efectivo a los derechos sociales como complemento para el análisis de esa condición y la desigualdad.

 Ello implica tomar en cuenta la disponibilidad, calidad y accesibilidad de las garantías básicas: alimentación nutritiva, educación, seguridad social y vivienda. Hizo hincapié en la relevancia de analizar las diferencias por grupos poblacionales y en su distribución territorial.

Asimismo, reconoció que las experiencias de pobreza y desigualdad varían significativamente entre grupos por edad, género, etnia, por ejemplo.

Es fundamental un llamado a la desagregación del análisis para el diseño de políticas públicas, con expectativas objetivas para los próximos años de tendencias favorables a que continúe la disminución de la pobreza, a pesar de la heterogeneidad socio estructural territorial de esta en el país.

SEM/sj

• Esta violencia se traduce en prácticas que degradan y oprimen a las mujeres.
• Especialistas coinciden en que persisten brechas entre la práctica y la norma

Lisandra Fariñas
SemMéxico/SEMlac, La Habana, 7 de julio, 2025.- Aunque han pasado 11 años, Débora Suárez recuerda con detalles el nacimiento de su hijo. Si bien su embarazo llegó a feliz término, algunos aspectos del parto aún la inquietan.

«Fue una noche larga», dice. Conectada a un monitor que medía sus contracciones y vigilaba el estado de salud de su bebé, y apenas vestida con una bata, cuenta que en toda la noche solo una joven residente de medicina tuvo el gesto de cubrirla con una manta. «Por el frío del aire acondicionado, me quedaron contracturas en los pies; esos dolores me duraron semanas», dice.

A la mañana siguiente continuaron las revisiones. «Solo decían ‘sube’ (a la camilla), sin explicar el proceder que llamaban ‘torniquete’. Me sentí invadida, con varios estudiantes mirando y sin que la doctora dijera nada», refiere.

La episiotomía fue otro de los procedimientos que le realizaron sin previo aviso, y no vio ni tuvo a su bebé en brazos hasta horas después. «Ese primer contacto piel a piel no lo viví y me asusté mucho», rememora.

Débora confiesa que no había pensado en su parto desde la perspectiva de reconocerse como una víctima de violencia obstétrica, pero está consciente de que no todo estuvo bien. «Me hubiera gustado saber qué estaba pasando en cada momento. La episiotomía tuvo complicaciones y pasó mucho tiempo antes de volver a tener una vida sexual sin dolor», recuerda.

Su relato puede ser similar a las experiencias de muchas mujeres que, aunque no marcan su vivencia como «violenta», sienten que la atención que recibieron pudo haber sido más humana y respetuosa.

Lo acontecido a Claudia Morán, una habanera de 39 años tiene puntos de encuentro con lo vivida por Débora. Nueve años después, para Claudia persisten varias dudas sobre los procedimientos médicos durante su parto.

«No fue nada agradable y las secuelas siempre quedan, de hecho, decidí no volver a pasar por esos procesos», afirma la joven.

«Estuve 18 horas en trabajo de parto, que en teoría era ‘normal’, pero terminó en cesárea de emergencia porque mi bebé, que venía sin problemas, a última hora hizo una presentación de cara (cuando el bebé viene por el canal de parto con la cara hacia abajo). Fueron horas de dolor, sin información clara ni pedirme mi consentimiento para los procedimientos», relata.

Claudia recuerda con angustia «estar en esa camilla, con médicos y residentes examinándome uno tras otro, sin explicarme qué pasaría conmigo, ni pedirme permiso para exponerme a varios tactos vaginales. Sé que la docencia es importante, pero ¿hasta qué punto pueden ignorar el dolor y la ética?».

En contraste, destaca un gesto humano. «La anestesióloga de guardia fue un alivio; me habló, me sostuvo la mano, me calmó. Pero estuve completamente sola: nadie me preguntó si quería compañía», añade.

La joven agrega que no se respetó su decisión de no ser madre de nuevo: «pedí que me ligaran, pero me lo negaron por tener menos de 30 años y ser primeriza».
Ambos testimonios reflejan una realidad que muchas mujeres enfrentan durante el embarazo y el parto.

Según la profesora de Derecho de la Universidad de La Habana Amy Mae Hernández Espino, esta violencia se traduce en prácticas que degradan y oprimen a las mujeres.

En su artículo «La violencia gineco-obstétrica como expresión de la violencia basada en el género», publicado en 2023 en la Revista Cubana de Derecho, agrega que ello implica una lesión a sus derechos sexuales y reproductivos, así como a la dignidad humana y la autonomía sobre el cuerpo.

Avances y deudas jurídicas

La nueva Ley de Salud Pública cubana, aprobada en diciembre de 2023, establece en su artículo 10 principios clave para una atención obstétrica respetuosa: «atención integrada e integral centrada en la persona» y «respeto a la autonomía de la voluntad».

El artículo 16 del mismo texto subraya la importancia de «servicios de salud libres de violencia y discriminación», mientras que el capítulo II expresa que «todas las personas, con independencia de sus condiciones y circunstancias personales, con respecto a su salud sexual y reproductiva, tienen derecho a recibir información, orientación y atención especializada en las instituciones del Sistema».

Pese a estos avances, especialistas coinciden en que persisten brechas entre la práctica y la norma. La Ley de Salud no tipifica la violencia obstétrica como violación específica, ni contempla mecanismos claros de reparación integral para las víctimas ante estos supuestos, afirma a SEMlac el jurista Yuliesky Amador Echevarría, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Universidad de Artemisa, provincia contigua, al suroeste de la capital cubana.

Uno de los elementos más relevantes en la legislación actual es el reconocimiento del consentimiento informado. Este principio es fundamental para asegurar que las mujeres puedan decidir de manera libre y autónoma sobre los procedimientos médicos que afectan su cuerpo, explica el jurista.

Agrega que la Ley de Salud Pública lo establece como un requisito obligatorio, lo cual refuerza la necesidad de que las pacientes reciban información clara, comprensible y completa, se respeten sus tiempos para decidir y exista una documentación efectiva y verificable del consentimiento.

Sin embargo, la falta de cultura del consentimiento y el predominio del modelo biomédico hegemónico hacen que frecuentemente «las decisiones se concentren en figuras médicas, restando autonomía a las mujeres», advierte Amador Echevarría y añade que muchas prácticas lesivas, como gritos o tactos reiterados sin explicación, se naturalizan.

De acuerdo con la profesora Hernández Pino, este fenómeno refleja relaciones de poder asimétricas basadas en el género, que se perpetúan por desconocimiento y falta de alternativas.

Amador Echevarría, en tanto, considera que, tanto la Constitución de 2019 como el Código de las Familias (2022), fortalecieron el marco normativo que permite enfrentar la violencia basada en género.

Pero uno de los principales obstáculos para abordar la violencia obstétrica como problema de salud pública es la falta de una definición clara y consenso en su conceptualización, tipificación y alcance.

Según el jurista, la Carta Magna reconoce el derecho a una maternidad y paternidad responsables, protege la salud sexual y reproductiva y así establece las bases para rechazar la violencia institucional en el ámbito obstétrico. Mientras, la legislación familiar refuerza la autonomía reproductiva. Aunque no menciona la violencia obstétrica, promueve la dignidad, la igualdad y el trato humanizado como marco para rechazar prácticas abusivas.

Según destaca Hernández Espino, en el Código Penal también se han diseñado un grupo de mecanismos para reprimir conductas cometidas por razones lesivas, discriminatorias o violentas basadas en el género.

Explica la jurista que la norma prevé agravantes cuando los delitos se cometen por motivos de género y, aunque no existe un título único para los derechos sexuales y reproductivos, las conductas que los vulneran están dispersas en la norma penal.

Ello «posibilita apreciar esta circunstancia en aquellos delitos que no fueron concebidos directamente como actos propios de violencia gineco-obstétrica», precisa en su artículo.

Sin embargo, si bien desde el Derecho constitucional, familiar y penal existen mecanismos indirectos de protección, la ausencia de una figura penal específica dificulta la exigibilidad de la responsabilidad, advierte Amador Echevarría.

«El principal desafío es entender que no se busca la penalización de los profesionales de la salud, sino generar conocimiento para prevenir la violencia obstétrica y erradicarla de los centros de atención materna en Cuba», insiste.

¿Qué falta para una atención humanizada?

El camino hacia un parto respetado exige no solo leyes, sino un cambio cultural que ponga en el centro los derechos humanos.

Amador Echevarría sostiene que en Cuba la formación de jueces, fiscales y abogados ya sea en planes de estudio o capacitación, sigue siendo insuficiente en temas como violencia obstétrica, derechos reproductivos y enfoque de género.
Además, aún faltan herramientas y protocolos que articulen derecho, bioética, medicina y psicología, añade.

Hernández Pino recuerda que las mujeres, durante el embarazo y el parto, están en especial situación de vulnerabilidad. Por eso, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) -del cual Cuba es parte- insta a los Estados a garantizar el acceso libre y seguro a servicios médicos, incluidos los de maternidad gratuita y sin riesgos.

Todavía falta conciencia social y del personal médico sobre los efectos lesivos de la violencia gineco-obstétrica y reforzar su capacitación para asegurar una atención de calidad, señala.

Amador Echevarría subraya que se trata de un «fenómeno multifactorial» que requiere una respuesta interdisciplinaria y coordinada entre el Derecho, la salud pública y la participación de las mujeres.

Fortalecer los mecanismos de denuncia de las mujeres, formar al personal de salud en género y derechos humanos, y lograr una respuesta jurídica efectiva son pasos clave para avanzar en ese camino, sostiene.

La atención obstétrica, concluye, debe ser «un proceso respetuoso y humano, donde se reconozcan y protejan los derechos de todas las mujeres».

SEM-SEMlac/lf