• Corte notificó la Opinión Consultiva 31 sobre el contenido y alcance del derecho al cuidado
• Un precedente que puede transformar el panorama jurídico y social de América Latina

Micaela Márquez

SemMéxico. Cd. de México. 8 de agosto de 2025.- La Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) reconoció que el cuidado es un derecho humano autónomo y que todas las personas tienen derecho a cuidar, a ser cuidadas y a auto cuidarse.

Por ello, el organismo internacional exige a los Estados garantizar el derecho al autocuidado con la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva que promuevan el acceso a información precisa y oportuna sobre salud reproductiva a todas las personas, así como la obtención del consentimiento previo, libre e informado en este ámbito.

Este jueves la Corte notificó la Opinión Consultiva 31 sobre el contenido y alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos con lo que marca un hito para el derecho internacional de los derechos humanos y para los movimientos feministas y sociales que durante décadas han exigido el reconocimiento del cuidado como una cuestión de justicia social.

Destaca que este reconocimiento histórico se da a días de la celebración en México de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe cuyo tema principal es avanzar hacia la sociedad del cuidado y la igualdad de género.

Establece el precedente que puede transformar el panorama jurídico y social de América Latina, al dejar claro que el cuidado es una responsabilidad colectiva que involucra a las familias, las comunidades, las empresas, la sociedad civil y el Estado; y que la sociedad en su conjunto debe respaldar tanto a quienes cuidan como a quienes requieren cuidados. 

El Derecho al Cuidado Autónomo implica que los Estados deben garantizar que las personas tengan acceso a tiempo, espacios para ejercer ese derecho en decisiones de proyectos de vida vinculadas a la salud sexual reproductiva como el embarazo, el parto y la maternidad, así como la obtención del consentimiento previo, libre e informado en este ámbito.  

En particular les exige que adopten políticas públicas, reformas legales, educativas y laborales que promuevan la distribución equitativa del cuidado, que incluya el reconocimiento al valor económico del cuidado; licencias de paternidad obligatorias, pagas y que sean equiparables a las de maternidad; flexibilidad laboral para personas cuidadoras; redes comunitarias de apoyo.

El más alto tribunal de derechos humanos precisó que tomó en cuenta los argumentos del Centro de Derechos Reproductivos, Ipas Latinoamérica y el Caribe y una amplia coalición de organizaciones feministas y de derechos humanos.   

Mujeres dedican 3,2 veces más al cuidado que los hombres

Las mujeres realizan el 76,2 por ciento de todo el trabajo de cuidado no remunerado; es decir, que dedican 3,2, veces más tiempo que los hombres a las labores que sostienen la vida. Esta feminización del cuidado profundiza las desigualdades de género, afecta la autonomía reproductiva y limita la igualdad de oportunidades, lo que perpetúa la discriminación estructural contra las mujeres.

La Corte reconoció que esta situación se agrava cuando se entrecruzan otros factores de discriminación como la edad, la raza, la etnia, la posición socioeconómica, el estatus migratorio, la discapacidad y fenómenos como el embarazo adolescente.

Las expresiones de reconocimiento al avance histórico de este fallo por parte de organizaciones internacionales no se hicieron esperar como Ipas Latinoamérica y el Caribe y el Centro de Derechos Reproductivos.

“Reconocemos el avance que representa que la Corte IDH declare el cuidado como un derecho humano autónomo y vincule el autocuidado con la salud sexual y reproductiva. Este fallo reafirma que para alcanzar la igualdad de género los Estados deben garantizar que las mujeres y personas con posibilidad de gestar decidan sobre sus cuerpos y cuenten con la información y los recursos necesarios para ello. señaló Marisol Escudero Martínez, subdirectora de Incidencia en Ipas Latinoamérica y el Caribe.

Martha Tagle, política feminista consultora en derechos de las mujeres destacó que es momento que México lidere con hechos y presupuesto un Sistema Nacional de Cuidados. También preciso que para México, la decisión implica además de Impulsar políticas para cuidados accesibles y sostenibles, concretar infraestructura (guarderías, centros de atención, apoyo a personas mayores y con discapacidad).   

Le marca arroba a Citlali Hernández Mora, secretaria de las Mujeres al señalamiento de garantizar derechos laborales y sociales para quienes cuidan, especialmente mujeres e incorporar el cuidado como eje transversal en políticas sociales y de desarrollo.

Martha Tagle detalla que el proceso fue histórico porque Argentina solicitó esta opinión en enero del 2023 y se convirtió en el segundo más participativo en la historia de la Corte con 129 contribuciones recibidas de organizaciones civiles, Estados y expertos. 

También precisa que el derecho al cuidado se reconoce como un derecho humano que incluye tres dimensiones: Proveer cuidados; recibir cuidados, y el autocuidado, y se relaciona con otros derechos como igualdad, salud, educación y vivienda digna.

Este reconocimiento obliga a los Estados a implementar sistemas integrales de cuidado con perspectiva de género, interseccionalidad, igualdad y corresponsabilidad social y estatal.

Hito histórico

El 20 de enero de 2023, la República de Argentina presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de Opinión Consultiva sobre “El contenido y el alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos”, con fundamento en el artículo 64.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y conforme a los artículos 70.1 y 70.2 del Reglamento de la Corte. 

La Secretaría de la Corte transmitió la solicitud a los Estados miembros de la OEA y a otros órganos pertinentes, e invitó a personas y organizaciones interesadas a presentar observaciones escritas. En total se recibieron 129 escritos provenientes de 267 actores, incluyendo Estados, organismos internacionales, instituciones estatales, comunidades, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y personas a título individual. 

Concluido el procedimiento escrito, se celebró una audiencia pública en la sede de la Corte interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, los días 12, 13 y 14 de marzo de 2024. En total, comparecieron ante la Corte 67 delegaciones. La Opinión Consultiva fue deliberada por las juezas y jueces de la Corte durante sus sesiones de abril, mayo y junio de 2025, y fue adoptada el 12 de junio de 2025. Finalmente, la Opinión Consultiva 31 de 2025 fue notificada el 07 de agosto de 2025. 

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• La Región enfrenta una crisis de cuidado cuya demanda creciente por el envejecimiento y los movimientos migratorios
• Reconocen persistencia de brechas laborales, discriminación y desigualdad de género

Elda Montiel

SemMexico, Ciudad de México, 8 de agosto, 2025.- A pesar del marco internacional en materia de derechos humanos de las mujeres y las niñas, ningún país de América Latina ha alcanzado la igualdad sustantiva, persisten las brechas laborales, la discriminación y las desigualdades de género.

La Región enfrenta una crisis de cuidado cuya demanda creciente por el envejecimiento y los movimientos migratorios rebasan los servicios e infraestructura, tiempos y personal para atender la demanda. Los países de la región ven la oportunidad de un cambio de paradigma para la construcción de una sociedad de cuidado al reconocer los cuidados como una necesidad, un derecho, un bien público y un trabajo clave.

Después de la adopción del Compromiso de Buenos Aires en la XV Conferencia Regional en la que se debatieron la importancia de la sociedad del cuidado como horizonte para impulsar una “recuperación transformadora” tras las crisis múltiples que caracterizaron el período de la pandemia, sirvió para profundizar y consolidar la propuesta.

En 2025 la reunión en la Ciudad de México tiene el propósito de promover las transformaciones políticas, económicas, sociales, culturales y ambientales urgentes para alcanzar la sociedad del cuidado.

En la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe que inicia este 12 y 15 de agosto en la Ciudad de México, se hará un llamado a una década de acción para la igualdad sustantiva y la sociedad del cuidado, con lo que llevan de los territorios al ámbito nacional, y de la región al mundo, un multilateralismo renovado y una acción colectiva decidida y decisiva para lograr la igualdad sustantiva, la paz y el desarrollo.

¿Cómo? avanzar a una sociedad del cuidado

En el documento de posición “La sociedad del cuidado; gobernanza, economía política y diálogo social para una transformación con igualdad de género”  se busca el ¿Cómo? avanzar hacia una sociedad del cuidado, con diagnósticos y recomendaciones que destacan la gobernanza, la economía política y el diálogo social, junto con el cambio cultural, la medición y el financiamiento, como elementos clave para lograr las transformaciones indispensables para alcanzar un desarrollo sostenible con igualdad de género.

Para ello convoca a dialogar sobre las formas y características de la gobernanza, las capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas de las instituciones encargadas de dichas transformaciones, los espacios de diálogo social, la economía política de los cuidados, la cooperación internacional y el financiamiento suficiente y sostenible de las políticas y sistemas de cuidados.

Se reconoce el liderazgo de América Latina en el posicionamiento del cuidado como un derecho humano, un bien público global y un pilar central del desarrollo sostenible, y ha contribuido de manera significativa al debate internacional, a la vez que los países avanzan en políticas nacionales y locales.

La Agenda Regional de Género se ha ido consolidando gradualmente como la hoja de ruta para las políticas  públicas a cincuenta años después de la realización de la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer (Ciudad de México, 1975) y 30 años después de la aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995), así como a cinco años de que se cumpla el plazo establecido para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha insistido en que los países de América Latina y el Caribe enfrentan tres trampas de desarrollo: una de baja capacidad para crecer; otra de alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social; y una tercera de bajas capacidades institucionales y de gobernanza poco efectiva.

La crisis de los cuidados afecta de manera desproporcionada a las mujeres

Estas trampas se entrelazan con una crisis prolongada de los cuidados, donde la organización social injusta del trabajo de cuidados afecta de manera desproporcionada a las mujeres y agrava las desigualdades de género. A esto se suman cambios demográficos, tecnológicos, climáticos y geopolíticos que reconfiguran nuestras sociedades y plantean nuevos desafíos, a la par que brindan nuevas oportunidades para situar las políticas de cuidado y la igualdad de género en el eje de un nuevo estilo de desarrollo.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha planteado un cambio de paradigma, la sociedad del cuidado, una forma de organización social y renovado multilateralismo que prioriza la sostenibilidad de la vida, el cuidado de las personas y del planeta (CEPAL, 2022).

Implica superar la división sexual del trabajo y transitar hacia una justa organización social de los cuidados, en el marco de un nuevo estilo de desarrollo que impulse la igualdad de género en las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible. Este paradigma reconoce los cuidados como una necesidad, un derecho, un bien público global y un trabajo clave para dinamizar la economía en su conjunto.

Fortalecer mecanismos para el adelanto de las mujeres

Si bien se reconoce que los países de América Latina han avanzado en términos de igualdad formal con la adopción de marcos normativos en materia de igualdad y la progresiva eliminación de leyes discriminatorias, así como el fortalecimiento de la arquitectura de género en el Estado y en los sistemas de información se hacen recomendaciones para un nuevo modelo de desarrollo.

Se recomienda fortalecer los mecanismos para el adelanto de las mujeres sobre todo cuando establecen alianzas con la sociedad civil y el sector académico, pueden generar redes de gobernanza que les permiten incidir exitosamente en el diseño de políticas de cuidados, en la inclusión de las personas cuidadoras como población prioritaria de las políticas y en la transversalización del enfoque de género en el conjunto de dichas políticas. Contribuyen a superar la injusta división sexual del trabajo y avanzar hacia la sociedad del cuidado, y se pide un modelo de gobernanza que evite fragmentación de los servicios.

En concordancia con lo que se señala en el Compromiso de Buenos Aires, considera fundamental que se garanticen  mecanismos de participación de organizaciones y movimientos de mujeres y feministas, incluidos los de mujeres jóvenes, mayores, indígenas, afrodescendientes, rurales, con discapacidad, que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), los de personas LGBTI+, de organizaciones de personas cuidadoras y de personas en situación de dependencia, así como la de sindicatos, organizaciones de trabajadoras remuneradas del hogar y organizaciones y cooperativas de cuidado comunitario.

Cambio cultural

La desigualdad de género en cuanto al uso del tiempo en relación con el trabajo de cuidados no remunerado resulta visible desde la niñez y se acentúa en la adolescencia (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2024), lo que hace evidente la necesidad de promover cambios en los patrones culturales en la crianza.

La promoción del cambio cultural necesario en relación con las políticas de cuidados no se refiere únicamente a la modificación de prácticas o políticas aisladas, sino a la transformación de narrativas, estereotipos y sesgos profundamente arraigados en la sociedad. En este sentido, es imprescindible promover un enfoque integral e interseccional que permita articular esfuerzos de difusión desde ámbitos clave como la educación, la salud y el trabajo, buscando el reconocimiento del cuidado como un pilar fundamental del bienestar social y económico.

Financiamiento en cuidados potencializa el crecimiento

La CEPAL sostiene que la inversión en políticas de cuidados y de igualdad de género constituye una estrategia clave para el desarrollo económico y social. La inversión en cuidados tiene el potencial de dinamizar el crecimiento, crear empleo directo e indirecto, incrementar la recaudación fiscal y fortalecer la autonomía económica de las mujeres y es la base para dinamizar la economía en su conjunto. En este sentido, la igualdad de género no solo representa un principio de justicia social, sino que también puede contribuir al crecimiento económico (CEPAL, 2019).

Desde una perspectiva normativa, como lo plantea la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030 (CEPAL, 2017), esto implica reconocer el papel del Estado en el diseño, implementación y evaluación de políticas macroeconómicas y fiscales desde un enfoque de igualdad de género y derechos humanos y movilizando los máximos recursos disponibles.

SEM/em/sj