SemMéxico, Cd. de México, 27 julio 2017. El Pleno de la Comisión Permanente aprobó ayer varias medidas; en primer lugar, pidió al gobierno de la Ciudad de México fortalecer la seguridad para las mujeres en las instalaciones del Metro; solicitó al INMUJERES reforzar las campañas contra la violencia familiar. También pidió a instancias del Gobierno Federal trabajar para la ratificación del Convenio 156 de la OIT.
El primer exhorto se dirigió al Gobierno de la Ciudad de México para que en coordinación con el Sistema de Transporte Colectivo, (STC) implementen una estrategia integral para prevenir y erradicar toda forma de violencia en contra de las mujeres en las instalaciones del Metro.
De acuerdo con ONU Mujeres, 9 de cada 10 que utilizan cualquiera de las 12 líneas del Metro han sufrido algún tipo de acoso o acto de violencia, según se destaca en el dictamen elaborado por la Primera Comisión y que fue aprobado en la sesión de este miércoles.
Aunque las y los legisladores reconocen que las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y del STC han implementado mecanismos para garantizar que el transporte público sea un espacio sin violencia contra las mujeres, advierten que aún quedan pendientes en la materia, por lo que exhortan a las autoridades a redoblar las acciones de seguridad.
El texto señala que el Sistema de Transporte Colectivo ha identificado 14 puntos con más incidentes de violencia sexual contra las mujeres, estos son: Balderas, Hidalgo, Pino Suárez, Indios Verdes, Tacubaya, Mixcoac, Taxqueña y los Centros de Transferencia Modal (CETRAM) de Huipulco-Estadio Azteca, Indios Verdes, Mixcoac, Pantitlán, Tacubaya y Taxqueña, según datos del programa Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México.
Afirman que resulta preocupante que 6 de cada 10 de las agresiones sexuales se presentan principalmente en el interior de los vagones y durante los trayectos del viaje.
En el año 2008, el Gobierno capitalino implementó el Programa Viajemos Seguras, el cual presta servicios en módulos de atención para denunciar casos de abuso sexual en el STC; servicios de autobuses exclusivos para mujeres (Atenea); separación de hombres y mujeres en el Metro, Metrobús y Tren Ligero.
Sin embargo, sostienen que estas acciones no han sido suficientes para lograr que el transporte público sea un espacio seguro.
La comisión dictaminadora resalta que el transporte de la Ciudad de México se encuentra entre los tres más peligrosos para las mujeres a nivel mundial, según una encuesta en 14 capitales del mundo, incluida Nueva York, realizada por Thomson Reuters Foundation en 2014.
Con el dictamen aprobado también se avaló solicitar al STC para que en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, se refuercen las estrategias para salvaguardar la seguridad de los usuarios y el combate a conductas delictivas.
Lo anterior porque en los últimos años la incidencia delictiva en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo ha venido en aumento. Mientras en el año 2013 se presentaron 376 averiguaciones por robos, en 2014 fueron 401; en 2015, 469; en 2016, 738; y en los primeros cinco meses de 2017 se han presentado 599 denuncias, subraya la Primera Comisión.
El dictamen sumó dos iniciativas, una del grupo parlamentario del PRI en el Senado y otra de la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del senador Daniel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del PAN.
Por otra parte, el pleno también aprobó un dictamen de la Segunda Comisión el cual exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para que, de manera coordinada, impulsen y fortalezcan las campañas de prevención, atención, erradicación y sanción de la violencia familiar.
Las y los integrantes de esta comisión recuerdan que desde 2007 este tipo de violencia está definido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero advierten que el delito de violencia familiar no se encuentra tipificado de manera uniforme en todos y cada una de las disposiciones legales que se aplican en cada entidad federativa.
En 2006, el Fondo de las Naciones unidas para la Infancia (UNICEF) señaló que más de 6 millones de niñas, niños y adolescentes en América Latina son objeto de agresiones, de los cuales aproximadamente 80 mil mueren a causa de la violencia familiar.
De igual forma, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que por lo menos una de cada tres mujeres ha sido golpeada u obligada a tener relaciones sexuales o ha sido objeto de violencia psicológica a lo largo de su vida y que por lo general el agresor es un miembro de su propia familia, se destaca en el dictamen.
Por último, la Comisión Permanente aprobó otro dictamen de la Segunda Comisión para exhortar a “las dependencias competentes del Gobierno Federal para que analicen la viabilidad de realizar las acciones necesarias a efecto de que el Estado Mexicano ratifique el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo de los trabajadores con responsabilidades familiares”.
En el dictamen se destaca que las mujeres en edad de trabajar con hijas e hijos siguen sufriendo discriminación, pues les cierran las puertas por el hecho de ser madres y no encuentran posibilidades para conjuntar su vida laboral con la familiar.
SEM/am/lr
También exhortan al INMUJERES y al DIF a fortalecer campañas contra violencia familiar
Proponen la interrupción legal del embarazo hasta la doceava semana
SemMéxico, Veracruz, Ver., 27 julio 2017.- Las veracruzanas podrían decidir si continúan o no un embarazo hasta la doceava semana, en caso de que se apruebe la iniciativa presentada ante el Congreso del Estado este jueves en el que se busca modificar el Código Penal.
Diversas diputadas y diputados de varios grupos legislativos, presentaron una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Veracruz para que sea considerado como delito el aborto cuando se practique después de las 12 semanas de embarazo y no se encuentre en las causales de exclusión.
Entre las modificaciones que se proponen, para los casos de violación, malformación del feto, riesgo a la salud o a la vida de la madre, no exista un tiempo límite para interrumpir legalmente el embarazo.
También propone como causal de exclusión el riesgo a la salud de la mujer, que hasta el momento no se encuentra contemplada en el Código Penal veracruzano.
Hasta hoy, las veracruzanas enfrentan una regulación restrictiva para el acceso a la interrupción legal del embarazo, en la que destaca la ausencia de la causal de riesgo para la salud en el Código Penal; ello ha permitido una dinámica que contribuye a mantener una tasa alta de muerte materna. Los datos estadísticos señalan que el 10.2 por ciento de los fallecimientos maternos son derivados de un aborto y el 27.1 por ciento por causas obstétricas indirectas, indica la exposición de motivos de la iniciativa.
La propuesta señala si una mujer interrumpe su embarazo después de la semana número 12, las mujeres podrían recibir una pena carcelaria no mayor a dos años.
La propuesta fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, para la Equidad de Género, Derechos Humanos y Atención de Grupos Vulnerables, donde los diputados y diputadas deberán analizarla para presentar un dictamen y su votación.
La iniciativa fue presentada por recomendación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
Ello, luego de que diversas asociaciones civiles solicitaran una segunda Alerta de Violencia de Género -en esta ocasión por agravio comparado- debido a que consideraron que se estaban vulnerando los derechos de las veracruzanas.
SEM/ao/lr
Se castigará también a quien impida su integración a la sociedad, les discrimine, explote o ponga en riesgo su persona, bienes y derechos
SemMéxico, Cd. de México, 25 julio 2017. El Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó modificaciones a leyes capitalinas con las que se castigará hasta con tres años de cárcel a quienes teniendo la obligación de cuidarles, abandonen a personas adultas mayores o personas con discapacidad en la Ciudad de México.
En la sesión extraordinaria de este martes se avaló por unanimidad, con 40 votos a favor, el dictamen propuesto por la diputada Elizabeth Mateos Hernández, del PRD, el cual adiciona y reforma la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Distrito Federal, de la Ley para la Integración y el Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal y del Código Penal para el Distrito Federal.
Así, el reformado Artículo 156 del Código Penal para el Distrito Federal establece que a quien abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma, teniendo la obligación de cuidarla, se le impondrán de tres meses a tres años de prisión si no resultare lesión o daño alguno. Si el responsable es ascendiente o tutor del ofendido se le privará también de la patria potestad o de la tutela.
En tanto, el Artículo 158 prevé la misma pena privativa de la libertad a quien exponga en una institución o ante cualquier persona, a un incapaz de valerse por sí mismo, incluyendo a las personas adultas mayores y/o con discapacidad, respecto del cual tenga la obligación de cuidar o se encuentre legalmente a su cargo.
Los cambios aprobados por el Pleno sancionan también que se les impida su participación plena y efectiva en la sociedad, se les discrimine, explote o ponga en riesgo su persona, bienes y derechos.
Además, se tipifica el abandono como todo acto de aislamiento o hacinamiento sistemático, permanente, consciente y deliberado hacia las personas adultas mayores, entendidos como una exclusión o como actos discriminatorios o de menosprecio hacia su persona.
El dictamen aprobado, que fue presentado por las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Administración y Procuración de Justicia, se remitió al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables destacó que cada día en nuestro país unas 850 personas cumplen 60 años de edad, lo que representa que 306 mil adultos mayores se sumen a los existen al año, cuya población total se duplicará para 2030.
La CDMX está conformada por una densidad de población mucho mayor al resto de las entidades de la República Mexicana, razón por la cual existe una mayor cantidad de personas adultas mayores en crecimiento desde los últimos años, a diferencia de cualquier otro grupo de edad en dicha entidad.
De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social en México cerca de 11 millones de habitantes, 11 de cada 100 mexicanas y mexicanos tiene al menos 60 años de edad, y según el informe del Consejo Nacional de Población, en México existen 10.5 millones de personas mayores de 60 años, lo que representa a cada 9 de 100 mexicanos de ese grupo de población, 82 por ciento vive algún grado de pobreza, ya sea monetaria o alimentaria, señaló la legisladora perredista.
En México, tres de cada cinco personas adultas mayores sufren violencia al interior de la familia y otro 16 por ciento es víctima de maltrato, como golpes, ataques psicológicos, insultos y robo de bienes, a decir del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.
Mateos Hernández puntualizó que otro tipo de maltrato es el abandono, lo cual incide también en que el 62 por ciento de los accidentes que sufren las personas adultas mayores ocurra en casa y un 26 por ciento en la calle; en muchos de los casos, la víctima requiere hospitalización, expuso.
Finalmente, dijo que el dictamen aprobado por la diputación de todas las fracciones parlamentarias promueve un acto de justicia entre los integrantes de ese grupo de la población toda vez que el abandono no estaba tipificado en la Código Penal para el Distrito Federal.
SEM/am/lr
– Hasta el momento, la definición únicamente se encontraba en la Ley de Acceso de las Mujeres
SemMéxico, Veracruz, 25 julio 2017.- El Congreso de Veracruz aprobó ingresar al Código Electoral del Estado la modalidad de violencia política de género, los actos u omisiones que la conforman y sus sanciones.
A partir de la aprobación de la reforma, el Organismo Público Local Electoral formará parte del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y será el encargado de sancionar a aspirantes a cargos de elección popular, integrantes de partidos políticos o personas en el servicio público que ejerzan este tipo de violencia contra las mujeres.
“Violencia Política en razón de género, la acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer o el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público”, señala la nueva definición en la entidad integrada a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Electoral del Estado de Veracruz.
Hasta el momento, la definición únicamente se encontraba en la Ley de Acceso de las Mujeres pero no contemplaba todas las formas en las que se ejerce ni se presentaban sus sanciones, tales como impedir que una mujer que recibió un cargo público tome protesta o restringir las actividades que debe realizar.
Esta modificación únicamente incluye la Violencia Política de Género en el Código Electoral pero todavía se mantiene pendiente la iniciativa que se encuentra en analizar de colocarla en el Código Penal para que constituya un delito.
La diputada Teresita Zuccoloto Feito, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, señaló que en múltiples ocasiones se ha presentado en el estado los casos de violencia política por lo que era necesario los cambios en las leyes.
“Tengo conocimiento que desde el 2009 han venido a este Congreso mujeres funcionarias que les han negado su derecho a ejercer plenamente su tarea pública, mujeres que les pagan la mitad o menos del sueldo que por ley les corresponde ganar, cuántas veces hemos escuchado que una regidora o una síndica es humillada por su alcalde por el simple hecho de ser mujer”, señaló.
SEM/ao/lr
Fiscales de Chiapas Quintana Roo, y Ciudad de México, así como organizaciones de periodistas acudieron a la reunión
SemMéxico, Cd. de México, 21 julio 2017. La presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, Brenda Velázquez Valdez, denunció 35 agresiones contra periodistas, entre amenazas, intimidaciones, ataques físicos y privación de la libertad en Chiapas, Quintana Roo y la Ciudad de México.
En reunión en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el pasado martes, con fiscales de estas tres entidades y organizaciones de periodistas, la diputada Brenda Velázquez Valdez pidió a las autoridades información del estado que guardan las investigaciones de estas agresiones, así como de las indagatorias por abuso de autoridad, amenazas y lesiones contra periodistas.
Sobre la Ciudad de México, la legisladora del PAN dio a conocer que la Procuraduría General de Justicia capitalina reportó dos abusos de autoridad, siete amenazas y cuatro robos, por lo que pidió al titular de la fiscalía información sobre los avances de cada caso y acerca del asalto a las oficinas del medio digital ‘Endirecto.com.mx’, el pasado 11 de julio.
También informó que en el caso de Chiapas se tiene conocimiento de ocho amenazas e intimidaciones, cinco ataques físicos o materiales y dos por abusos de autoridad, así como una privación de libertad; en Quintana Roo se reportaron cuatro ataques físicos y una privación de la libertad, según el informe de la misma fiscalía local.
Destacó que de los 11 asesinatos de periodistas, ocurridos de diciembre pasado a la fecha, sólo han sido presentados sospechosos en los casos de Maximino Rodríguez y Miroslava Breach Velducea. De los otros nueve periodistas, puntualizó “no hemos conocido avances de las investigaciones y las autoridades federales permanecen en la indiferencia”.
El fiscal Especial para Periodistas de Chiapas, Carlos Tovilla Padilla, informó que tiene sólo siete carpetas de investigación orientadas a los delitos de amenazas, robos, lesiones y otras vulneraciones contra el gremio, una dentro del nuevo Sistema de Justicia Penal del 2016 y seis más del 2017.
Afirmó que en Chiapas lo que genera mayor complejidad para el ejercicio de la libertad de expresión es la actuación de algunos funcionarios de los ayuntamientos, “hemos identificado que nos hacen falta mecanismos de actuación en la materia”; por lo que adelantó que la fiscalía ya construye un protocolo, que parte del nuevo Sistema de Justicia Penal, a fin de hacer un análisis de riesgo y medidas de protección, para dar seguimiento y cumplimiento a cada caso.
Resaltó que en la última década, la entidad no tiene ningún documento o evento asociado a los periodistas, en donde se diga que está en riesgo su vida o su libertad; sin embargo, reconoció que existen casos de amenazas, donde ya cuentan con indicios.
Advirtió que aún se tienen tres incompetencias de la Procuraduría General de la República (PGR) remitidas al fuero común sobre el ejercicio del periodismo asociado a la libertad de expresión.
Puntualizó que los delitos de amenazas, lesiones, daños, no son considerados como de prisión preventiva oficiosa por el Código Nacional de Procedimientos Penales, y se está en interlocución para mitigar la situación de riesgo, pero también para obtener la reparación del daño y sobre la investigación ejercer las acciones, porque “si no se atiende el tema del riesgo en el momento y la medida de protección, entonces, se puede tener una noticia lamentable”.
A su vez. Miguel Ángel Pech Cen, fiscal General de Quintana Roo, dijo que de un total de 45 denuncias interpuestas en las diferentes agencias del ministerio público, hoy fiscalías, sólo una ha sido por el delito contra la libertad de expresión, y que en Cancún se ha tenido la mayoría de estas denuncias.
No obstante, admitió que no se ha instalado el Comité para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, aun cuando la ley ha sido normada, sin embargo, dijo, están en discusión diversos grupos sociales en aras de ajustar la ley en la materia o abrogarla.
Tampoco, dijo, existe una fiscalía para atender delitos contra los periodistas y aclaró que los mecanismos de protección están ya contenidos en una ley, tanto de protección de periodistas como para grupos defensores de derechos humanos.
Margarita Vázquez Sánchez, fiscal Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales de la Ciudad de México, consideró imperante legislar el delito de amenaza en las redes sociales, por lo que pidió a la legislatura analizar la posibilidad de normar las intimidaciones cibernéticas, ya que en muchos casos las compañías no facilitan información para esclarecer esos casos.
Indicó que otro hecho grave, es que las y los periodistas agredidos no denuncian y los que lo hacen, en muchas ocasiones no regresan para dar continuidad al proceso, por lo que queda sin resolver.
Teodoro Rentería Arróyave, presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo (Conalipe), subrayó que “los informes emitidos por las fiscalías son terribles y todos los asuntos quedan en total impunidad. Desde hace 16 años se creó el primer grupo que buscaba la protección a los periodistas, aquí, en la Cámara de Diputados, y desde aquel tiempo no se ha avanzado nada”.
Afirmó que es indispensable la federalización de los delitos contra informadores y medios de comunicación; se logró una iniciativa de ley en la que se comprometieron los líderes políticos de distintos partidos; sin embargo, no se ha hecho nada, pese a que es una ley que debería ser defendida desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Resaltó que un estudio de Artículo 19 refiere que las agresiones a periodistas provienen primordialmente de funcionarios de los tres órdenes de gobierno, entonces, se requiere que estos delitos en contra de la libertad de expresión se reconozcan con un fuero federal.
Teodoro Rentería Villa, de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, A.C. (Faparmex), estimó que se debe impulsar una iniciativa para elevar a rango constitucional la protección del secreto profesional de comunicadores y una Ley de Equidad Publicitaria Gubernamental como medida para lograr un periodismo libre.
Además, destacó que debe otorgar a los periodistas contrato de trabajo y seguridad social, pues cerca del 90 por ciento del gremio no tiene esas garantías.
En la reunión de trabajo de la Comisión también participaron la diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa y el diputado Miguel Ángel Salim Alle, del PAN: el diputado de MORENA, Virgilio Caballero Pedraza; y el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del PRI.
SEM/am/lr
Las rutas más peligrosas en la entidad son Periférico Norte, Gustavo Baz, Texcoco, Vía López Portillo, Avenida Central, Adolfo López Mateos y la Vía Morelos
SemMéxico, Cd. de México, 20 julio 2017.- Ante los casos de feminicidio y altos índices de violencia e inseguridad que padecen usuarias y usuarios del transporte público en el Estado de México, ayer la Comisión Permanente aprobó exhortar al gobierno encabezado por Eruviel Ávila Villegas a reforzar la estrategia de seguridad en las unidades de transporte público.
De igual forma, el Pleno llamó al gobierno mexiquense a fortalecer los procedimientos de evaluación y certificación para los conductores de las unidades de dicho transporte, así como fortalecer la estrategia para disminuir los accidentes viales y garantizar la protección y vida de las personas.
El dictamen retoma datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (RNVIPR) 2016, que indican que el robo o asalto en la calle o en el transporte público se encuentra catalogado como el delito más frecuente en esa entidad.
Se puntualiza que el Estado de México ha sido señalado como la entidad con mayor número de casos de feminicidio y acoso sexual hacia mujeres en el transporte público; por ello, resulta fundamental que se refuercen las medidas de seguridad en esta materia “para evitar la incidencia de feminicidios”.
Además, se destaca que el Estado de México ha desarrollado una serie de problemas en términos de movilidad, tiempos de traslado, calidad de transporte y seguridad vial, que conllevan a múltiples afectaciones, tanto a la salud, como a la competitividad y, por tanto, a la calidad de vida de más de 17 millones de habitantes en la región.
El texto indica que la seguridad que se ofrece a las y los usuarios a bordo de las unidades es nula, pues también se dan casos de maltrato de los conductores hacia las y los pasajeros, tanto de manera verbal, como en la forma de conducir.
El dictamen aprobado concentró tres proposiciones con puntos de acuerdo que fueron presentadas el 21 y 28 de junio pasados, después del feminicidio de la niña Valeria, cometido por el conductor de una combi de la ruta 40, en el municipio de Nezahualcóyotl. Las iniciativas fueron presentadas por la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del PAN; el diputado Jesús Serrano Lora, del grupo parlamentario de MORENA; y por el diputado del PRD Felipe Reyes Álvarez.
Los asaltos a mano armada dentro de las unidades cada vez son más frecuentes y con mayores pérdidas materiales y humanas; según datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana mexiquense, las rutas más peligrosas en la entidad son Periférico Norte, Gustavo Baz, Texcoco, Vía López Portillo, Avenida Central, Adolfo López Mateos, Vía Morelos, ubicados en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Atizapán, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Coacalco y Tultitlán, destaca en su punto de acuerdo el diputado Jesús Serrano.
SEM/am/lr
La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género afirma que los menores entre 15 y 18 años quedan desprotegidos
SEM México, Chilpancingo, Gro., 20 julio 2017.- Con el propósito de proteger a los menores de 18 años de la comisión de delitos como violación equiparada, entre otros, la diputada Yuridia Melchor Sánchez, propuso reformar el Artículo 179, del Código Penal del Estado de Guerrero.
Durante la sesión de este jueves, la legisladora local perredista, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, presentó la propuesta para reformar la fracción I, del Artículo 179 del Código Penal del Estado de Guerrero, al argumentar que, con las reformas aprobadas por la actual legislatura, el 16 de marzo del año 2017, al Código Penal del Estado Número 499, se derogó el Artículo 187, que tipificaba el Delito de Estupro, y se estableció el de Violación Equiparada.
Dicho delito se define como la comisión de una conducta sin violencia, en que se realiza cópula a persona menor de quince años de edad; pero con ello quedaron desprotegidos los menores de entre quince y dieciocho años de edad que sufran este tipo de conductas.
Melchor Sánchez argumentó que un Estado que se dice democrático, debe aspirar como principio fundamental a proteger los bienes jurídicos más importantes de las mujeres, a través de la prevención del delito y la protección de los derechos humanos, pero sobre todo, procurar una igualdad en el trato y rechazar de manera contundente aquellos actos que atenten contra la dignidad y la persona.
“Para alcanzar estos fines es necesario que la legislación que sanciona los delitos contemple los tipos y sanciones que inhiban la comisión de conductas delictivas, y, en el caso de presentarse, se castiguen con la mayor decisión y presión por parte del Estado, porque una conducta delictiva que atenta contra la mujer, atenta contra toda la sociedad en su conjunto. De ahí, la necesidad de que en nuestra legislación penal se deben establecer instrumentos jurídicos eficaces y humanistas, dotados de garantías y acordes a los Tratados Internacionales”, expuso la legisladora local.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia, para su estudio y dictaminación.
SEM/ja/lr
La Permanente exhortó al Gobierno de Nuevo León a combatir violencia y secuestros
SEMMéxico, Cd. de México, 20 julio 2017.- La Comisión Permanente presentó un dictamen de la Segunda Comisión que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para que continúe con la atención de la problemática del Centro Ciudad de las Mujeres, en Tlapa de Comonfort, Guerrero.
En la sesión de este miércoles, el Pleno solicitó también un informe a dicha Secretaría sobre las acciones que ha tomado para resolver el conflicto laboral de la llamada Ciudad de las Mujeres.
Además, la Permanente también solicitó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, en el proceso de análisis y discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, “considere la posibilidad de asignar recursos al Centro Ciudad de las Mujeres de Tlapa, Guerrero”.
A finales de junio de este año, ante la falta de respuesta por parte de los responsables de la SEDATU, las más de 30 trabajadoras y trabajadores de Ciudad de las Mujeres, ubicada en Tlapa de Comonfort, iniciaron paro de labores y toma de oficinas, luego del anuncio de que el 50% del personal sería despedido, y la reducción del mismo porcentaje del salario de quienes permanezcan laborando.
Debido a estos recortes presupuestales, legisladoras de Guerrero han denunciado que al menos mil 500 mujeres víctimas de violencia de la región de la Montaña, podrían dejar de ser atendidas al no existir una certeza en el funcionamiento del Centro Ciudad de las Mujeres.
Mientras que en Nuevo León, las y los legisladores también aprobaron exhortar al gobierno estatal para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública lleve a cabo las acciones tendientes a combatir e inhibir los casos de violencia, secuestros y casos de feminicidios en esa entidad.
El dictamen de la Primera Comisión destaca que en 2017 se han cometido 36 asesinatos de mujeres, pero el gobierno estatal únicamente reconoce 16 casos; menciona el caso de Leslie Rubí, quien fue secuestrada el pasado 8 de junio y el 24 del mismo mes fue encontrado su cuerpo sin vida en la colonia Mirasoles.
También puntualiza que el 30 de junio de este año, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León reconoció el incremento de 350 ejecuciones y muertes en el primer semestre de 2017, respecto al año pasado.
Desde el viernes entró en vigor la violencia simbólica y mediática
SemMéxico, Cd. de México, 17 julio 2017.- Este martes entrará en vigor en la Ciudad de México la modalidad de violencia política en razón de género, luego de la modificación hecha por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, luego de la publicación hecha hoy en la Gaceta Oficial de la CDMX.
También, en la Gaceta Oficial capitalina se publicaron el pasado jueves los cambios legislativos que adicionan la violencia simbólica y la violencia mediática, que ya está vigente desde el viernes 14 de julio.
Todas estas reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia capitalina fueron aprobadas por la ALDF el 23 y 24 de mayo pasado, para fortalecer las medidas para prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres en la Ciudad de México.
Así, en la fracción IX del artículo 6 de dicha Ley, el tipo de violencia simbólica quedó definida como: “La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad”.
De igual forma, la modalidad de la violencia mediática contra las mujeres se define, en la fracción VIII del artículo 7 de la Ley de Acceso, de la siguiente manera:
“Aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio de comunicación local, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres”.
En tanto, la modalidad de violencia política en razón de género quedó establecida en la fracción IX del artículo 7 de la misma Ley como sigue: “Es toda acción u omisión ejercida en contra de una mujer, en el ámbito político o público, que tenga por objeto o resultado sesgar, condicionar, impedir, restringir, suspender, menoscabar, anular, obstaculizar, excluir o afectar el reconocimiento, acceso, goce o ejercicio de los derechos político electorales de una mujer, así como el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o función en el poder público”.
De acuerdo a estas modificaciones la violencia política en razón de género “se manifiesta en presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida en razón del género”.
Además, se agregaron 19 incisos para considerar diversos actos de violencia política en contra de las mujeres, como:
“a) Obligar, instruir o coaccionar a realizar u omitir actos diferentes a las funciones y obligaciones de su cargo, establecidas en los ordenamientos jurídicos, incluyendo aquellos motivados por los roles o estereotipos de género.
“b) Ejercer cualquier tipo de violencia señalada en la presente Ley, en contra de las mujeres, de sus familiares o personas cercanas, con el fin de sesgar, condicionar, impedir, acotar o restringir la participación y representación política y pública, así como la toma de decisiones en contra de su voluntad o contrarias al interés público.
“c) Coartar o impedir el ejercicio de la participación, representación y facultades inherentes a los cargos públicos y políticos de las mujeres, o bien coartar e impedir aquellas medidas establecidas en la Constitución y los ordenamientos jurídicos dirigidas a proteger sus derechos frente a los actos que violenten o eviten el ejercicio de su participación y representación política y pública, incluyendo la violencia institucional”.
También se definió como violencia política contra la mujer ocultar información o documentación para limitar o impedir el ejercicio de sus derechos político-electorales o inducir al ejercicio indebido de sus atribuciones o facultades.
Asimismo, obstaculizar o impedir el ejercicio de licencias o permisos justificados a los cargos públicos a los cuales fueron nombradas o electas, así como la reincorporación posterior; igualmente, acosar u hostigar mediante la acusación o aplicación de sanciones sin motivación que contravengan las formalidades, el debido proceso y la presunción de inocencia, con el objetivo o resultado de impedir o restringir el ejercicio de los derechos político-electorales, entre otros.
SEM/am/sj
Necesarios procedimientos menos burocráticos de adopción
SemMéxico, Cd. de México, 17 julio 2017.- Unos 30 mil niños y niñas huérfanas, así como otros más de 600 menores que viven con sus madres en centros penitenciarios constituyen la otra infancia mexicana, por lo que la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó diversos dictámenes para implementar políticas públicas y acciones que buscan favorecer su condición de vulnerabilidad.
Primero, el pleno avaló exhortar al Gobierno Federal y a los gobiernos de las entidades federativas a coordinarse en la implementación de políticas públicas relacionadas al uso de espacios adecuados, para la estancia de las hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad en los centros penitenciarios.
Con ello, también solicitó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informe sobre las acciones que se han llevado a cabo, hasta el momento, para atender las recomendaciones y observaciones realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), respecto de las condiciones que afectan el desarrollo integral de la población infantil en los Centros Penitenciarios del país.
El dictamen aprobado por el Pleno indica que de acuerdo al Informe Especial sobre las hijas e hijos de las Mujeres Privadas de la Libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana, realizado por la CNDH, al mes de agosto de 2016, se tuvo registro de que en 30 de las 32 entidades federativas y en un Centro Federal, había una población total de 618 niños y niñas, dato que confirma que la población infantil en los Centros ha aumentado de manera progresiva, de tal forma que casi se ha duplicado en cuatro años.
El mismo informe detalla la persistencia de condiciones que dificultan la vida digna y segura, así como situaciones que vulneran los derechos humanos de las hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad.
Por tanto, las y los legisladores destacaron la necesidad de buscar mecanismos y políticas públicas tendientes a mejorar las condiciones de los centros penitenciarios del país, a fin de garantizar el respeto a los derechos humanos y el acceso a una estancia digna de las hijas e hijos de las mujeres que purgan una condena por algún delito.
30 mil niñas y niños viven en casas hogar
Por otra parte, la Comisión Permanente también hizo un llamado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para que, en coordinación con los gobiernos locales, continúen instrumentando acciones que optimicen los procedimientos y fomenten una cultura de adopción en el país.
La senadora del PRI, Lisbeth Hernández Lecona, precisó que 30 mil niños y niñas viven en albergues, casas hogares, orfanatorios públicos o privados o se encuentra en espera de ser adoptados. El 77 por ciento tiene entre 7 y 17 años.
Ante la problemática que enfrentan las niñas, niños y adolescentes huérfanos en el país, es indispensable generar entre la sociedad una cultura de la adopción, por medio de la cual se den a conocer los múltiples beneficios para aquellos que se han visto privados de la protección de una familia.
El dictamen destaca que México ocupa el segundo lugar en América Latina en cantidad de niños huérfanos con 1.6 millones de casos, después de Brasil, que encabeza la lista con 3.7 millones de los 10 millones 700 mil censados en toda Latinoamérica.
Se señala que a pesar de los esfuerzos legislativos e institucionales, la figura de la adopción en México es compleja, ya que la edad de los niños se convierte en factor clave que posibilita o inhibe el proceso. Los niños y niñas menores de ocho años presentan mayores posibilidades de ser adoptados, en comparación con los mayores de nueve o jóvenes menores de 18 años, que esperan también ser acogidos por una familia.
La adopción es un esquema que transforma no solo la vida de los adoptantes que se convierten en padres o madres, que por diversas circunstancias no tienen hijos con parentescos biológicos, sino también de los niños, niñas y adolescentes que, por razones excepcionales, no son parte de un núcleo familiar, puntualiza el documento.
Finalmente, la diputada del PRD, Maricela Contreras Julián, afirmó que es necesario flexibilizar los procesos de adopción en el país, ya que debido al sistema burocrático para realizarlos, es que el número de niñas y niños adoptados es mínimo, “debemos garantizar las posibilidades para que el derecho a tener una familia se cumpla”.
En 2010, había en México 229 mil hogares compuestos por parejas del mismo sexo
SemMéxico, Cd. de México, 17 julio 2017.- Con el objetivo de identificar realidades de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual, transexuales (LGBTTTI), la Comisión Permanente solicitó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que incluya en los censos que habitualmente realiza a nivel nacional a este sector de la población.
El dictamen, avalado por el Pleno en la sesión pasada del 12 de julio, destaca “el valor que tiene la información estadística para el Estado, como un recurso esencial para la toma de decisiones y como consecuencia implantar acciones focalizadas a demandas globales y específicas de la población”.
Señala la importancia de la comunidad LGBTTTI, pues el propio INEGI informó en el censo poblacional 2010, que en el país hay alrededor de 229 mil hogares compuestos por parejas del mismo sexo.
También destaca que la Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012 refiere que se entrevistaron a cinco mil jóvenes; el 1.5 por ciento de las mujeres encuestadas indicó ser bisexual, mientras que el 1.4 por ciento se definió como lesbiana; de los hombres tres por ciento indicó ser homosexual, 1.3 por ciento bisexual y 94 por ciento heterosexual.
Además, retoma que la Segunda Encuesta Nacional sobre Discriminación, realizada en 2010, apunta que el 52 por ciento de personas homosexuales, lesbianas y bisexuales consideraban que el principal problema que vivían es la discriminación, la cual puede en tratos denigrantes que en muchos de los casos puede generar pensamientos suicidas.
En el 2005, la Secretaría de Desarrollo Social y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, realizaron la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación, que señaló que el 90 por ciento de la población homosexual en México percibía discriminación hacia su persona por su condición humana, además de que el 48 por ciento de la población en México manifestó que no estarían dispuestas a vivir con personas homosexuales.
El dictamen indica también que a nivel nacional no se cuentan con datos o cifras oficiales actuales sobre este grupo poblacional, “solo existen algunas estimaciones en torno al mismo”.
Finalmente, señala que «como todo ser humano, los miembros de la comunidad
LGBTTTI, requieren ser reconocidos y tomados en cuenta en la toma de decisiones a nivel nacional, revirtiendo con esto la exclusión social en que se les ha colocado históricamente.»
SEM/am/sj
No hablen por mi
Mi boca es un buzón
Hacer periodismo con visión de género es un nuevo estándar de calidad
SemMéxico, 17 julio 2017.- “Mi abogado (…) solicitó, en los últimos días, que por favor se tratara el caso con perspectiva de derechos lo que implica, entre otras cosas, resguardar mi intimidad y preservarme, junto a mi entorno, de situaciones que me expongan a un proceso de revictimización”. Este es un extracto de la carta que escribió a los medios la sobreviviente del ataque femicida ocurrido en Punta Lara el sábado pasado.
La carta fue dirigida a algunos medios que difundieron detalles innecesarios acerca del hecho. De más está decir, que el mal tratamiento de los casos de violencia de género en los medios de comunicación es una constante en el periodismo. Sin embargo, indigna que siga sucediendo en este tiempo en que las buenas prácticas están al alcance de todos.
Sabemos que el tratamiento informativo no sólo condiciona el encuadre de las noticias, sino que transmite también una determinada forma de entender por parte de las audiencias ¿Qué aporta el amarillismo a la construcción de estas noticias?. Nada. Lo único que hace el sensacionalismo es robustecer el ideario equivocado con el cual es digerida.
Así se instala la idea de que cada hecho de violencia machista se trata de cuerpos ensangrentados, cuando en realidad es una cuestión socio -cultural. Así se instala también que la solución está en la justicia, haciendo de la sanción la fórmula para un mundo mejor.
Siempre digo que hacer periodismo con visión de género es pensar en implementar un nuevo estándar de calidad. Es decir que la noticia sea un servicio, que aporte a un cambio. El periodismo con visión de género es pensar en el otro o la otra y por eso vale recordar que las malas construcciones de la noticia pueden redundar en ahondar el trauma de una sobreviviente.
Por eso no hablen por ellas. Detengan la rutina para pensar que la contextualización puede ser otra, es decir que se puede referir al problema de la violencia machista como una violación a los derechos humanos, dejando de lado cuánta sangre había esparcida por el suelo. Porque detrás de cada hecho hay una persona y a la par de cada persona hay un derecho. Por eso, “no hablen por mí”.
Diputada pide intervención del Alto Comisionado de DH
SemMéxico, Cd. de México, 12 julio 2017.- La presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, Brenda Velázquez Valdez, acudió ante las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, para entregar la denuncia presentada en junio pasado en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto por la violencia contra periodistas.
La diputada federal dio a conocer que además solicitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, que la Relatoría Especial considere un esquema de prevención y protección exclusivo para periodistas.
En un comunicado, la legisladora panista explicó que previo a la visita que realizará la Relatoría Especial de este organismo internacional a México, la cual se prevé sea en agosto próximo, es necesario que tome en cuenta un mecanismo de prevención y protección aplicable solo a periodistas.
Dijo que a pesar de que la legislación en México contempla la protección de las y los periodistas en conjunto con las personas defensoras de derechos humanos, en la práctica estas medidas son poco eficientes, por lo que es necesario un modelo de prevención y protección único para el gremio periodístico.
Recordó que de diciembre 2016 a la fecha, han sido asesinados 11 periodistas. Recientemente, el caso de Edwin Rivera, periodista hondureño, quien buscó en México la seguridad que en su país no tenía y, lamentablemente, fue asesinado hace tres días en Veracruz.
Ante este hecho, afirmó que “México se confirma como el país más peligroso para ejercer el periodismo en el Continente Americano”.
“He acudido a instancias internacionales para que nos ayuden a resolver esta grave crisis de violencia en contra de la libertad de expresión que continúa cobrando vidas de periodistas. No podemos permitir que continúen los homicidios, las desapariciones, el espionaje y las agresiones a periodistas”, expresó.
SEM/am/sj
Abrió camino en política a las guanajuatenses
SemMéxico, Cd. de México, 12 julio 2017.- El Pleno de la Comisión Permanente guardó un minuto de silencio por el fallecimiento, el pasado viernes 7 de julio, de la diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam.
En la sesión de este miércoles, diputados y diputadas de todas las fracciones parlamentarias externaron sus condolencias, además de aludir al trabajo de la legisladora en pro de los derechos políticos de las guanajuatenses.
La diputada Gloria Himelda Félix Niebla, presidenta en funciones de la Comisión Permanente, expresó sus condolencias a sus amigos y familiares, “fue una política muy respetada, apreciada y reconocida por la sociedad en Guanajuato y todos los integrantes de la LXIII Legislatura lamentamos el sensible fallecimiento”.
Asimismo, la senadora Dolores Padierna Luna, coordinadora en el Senado de la República del grupo parlamentario del PRD, refirió que la diputada fue una pionera para abrir el Ayuntamiento de León a la participación de las mujeres, ya que ella fue la primera secretaria y ocupó los cargos de representación más importantes a nivel local, estatal y nacional.
El diputado panista Miguel Ángel Salim Alle señaló que su compañera de bancada fue una luchadora incansable de los derechos e igualdad de la mujer, “siempre se le va extrañar en Guanajuato y en la Cámara de Diputados”.
En tanto, la diputada del PRD, Maricela Contreras Julián, manifestó que es urgente que se le ponga mayor atención al problema que representa el cáncer de mama, “ya que sólo la prevención y la atención permitirán que las mujeres tengamos una vida mucho más larga”.
El diputado de MORENA, Vidal Llerenas Morales, aseguró que siempre fue una diputada muy comprometida con los temas de transparencia, “es una pérdida importante para la Cámara de Diputados y muy sentida para muchos de nosotros”.
La diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del PRI, expresó que su fallecimiento representa una gran pérdida en la Cámara de Diputados, “ella siempre actuó de manera solidaria, con humildad y siempre trabajó, pese a sus condiciones de salud”.
Urgen que entidades apliquen Protocolo con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio
SemMéxico, Cd. de México, 12 julio 2017.- Ante la creciente ola de casos de feminicidio en todas las regiones del país, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó varios dictámenes con puntos de acuerdo para atender tanto el feminicidio, como la violencia y acoso contra las mujeres en México.
En la sesión de este miércoles, la Permanente exhorta a las autoridades de Procuración de Justicia y Órganos Judiciales Federales y Locales apliquen de manera rigurosa el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio y señalaron que en México se registraron más de 27 mil asesinatos de mujeres entre 2000 y 2015.
Al argumentar los 24 dictámenes presentados por la Segunda Comisión, aprobados por el Pleno, la diputada Maricela Contreras Julián calificó de “lamentable que se nieguen a reconocer este delito y los asesinatos contra las mujeres, catalogándolos exclusivamente como homicidios simples. Esto es una constante en todas las entidades de la República que minimizan la violencia de la que son objeto las víctimas de feminicidio”.
Agregó que la negación del delito de feminicidio genera impunidad “desde Baja California, Chihuahua, Guerrero, Chiapas, la Ciudad de México y hasta Yucatán, todo el país está siendo omiso en garantizar la justicia con perspectiva género”.
La legisladora perredista destacó que en las nueve reuniones de trabajo de la comisión que preside el grave problema del feminicidio ha estado presente y recordó los casos de Lesvy, asesinada en Ciudad Universitaria de la UNAM, y los feminicidios de Alondra y Joana cometidos en el Estado de México.
Contreras Julián adelantó que para la siguiente sesión de la Permanente “tendremos el punto de acuerdo del asesinato de Meztli, en Puebla”.
Exhortos a dependencias del Ejecutivo
En otro dictamen, la diputación pidió a los gobiernos locales que, en coordinación con las autoridades de la federación competentes, realicen las acciones para prevenir, atender, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, en especial para combatir los feminicidios y se garantice el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Las y los diputados solicitaron al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) que remita un informe a la Comisión Permanente para conocer el estatus de las solicitudes de emisión de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en las diversas entidades federativas.
En el dictamen, se indica que de acuerdo con las cifras de homicidios publicadas anualmente por el INEGI, entre los años 2000 y 2015, se registraron en México un total de 251 mil 035 homicidios, de los cuales 28 mil 175 que representan 11.2 por ciento, fueron homicidios de niñas y mujeres.
Otro punto de acuerdo aprobado es un exhorto a la Procuraduría General de la República (PGR) y a las autoridades locales a fortalecer la investigación de delitos sexuales relacionados con el ‘grooming’, que es una práctica que se caracteriza por el contacto inicial en redes sociales, para intercambiar mensajes e imágenes con contenido sexual, el cual puede desembocar en un encuentro entre una persona adulta y un o una menor de edad, que generalmente da pie a otros delitos, como la trata de personas, abuso sexual o violación sexual.
El dictamen puntualiza que el acoso sexual a menores de edad por parte de adultos, a través de redes sociales, conocido como grooming, se ha triplicado en los últimos años y, al menos, uno de cada siete casos ha recibido solicitudes de amistad de perfiles falsos, con la posibilidad de que termine en la comisión de algún delito.
La diputada Maricela Contreras Julián señaló que el acoso sexual en las redes ha sido poco estudiado, pero con frecuencia está presente en nuestra sociedad, dijo que es inaceptable que un adulto, a través de las redes sociales, se gane la confianza de menores de edad para obtener imágenes o videos con contenido sexual.
Finalmente, otro de los dictámenes aprobados exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para que apruebe las medidas legislativas necesarias para la prevención, atención y sanción de la violencia política de género.
SEM/am/sj