* Pide
dirigente del blanquiazul la verdad sobre muerte de gobernadora de Puebla
* Que AMLO no
tenga la tentación de buscar a un incondicional en la CNDH
Elda Montiel
SemMéxico, Cd.
de México, 26 agosto 2019.- El dirigente de Acción Nacional, Marko Cortés
Mendoza, exigió al gobierno federal conocer la verdad sobre el accidente aéreo
en el que fallecieron la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, el
coordinador de los senadores del PAN, Rafael Moreno Valle, y tres personas más.
A ocho meses señaló
que es “preciso que, si no fue el mal clima, si
no falló el helicóptero y los pilotos eran expertos, empezamos a sospechar que
alguien lo hizo y queremos saber entonces quién fue”, aseguró.
Pidió al
presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl González
Pérez, que haga suya esta demanda, ya que es el organismo que no sólo puede
girar recomendaciones, sino también puede presentar acciones de
inconstitucionalidad para la revisión de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.
El líder
panista, fue entrevistado durante el Primer Informe del trabajo legislativo de
la senadora Kenia López Rabadán como presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Senado de la Republica.
Marko Cortés le
hizo un llamado al gobierno de López Obrador para que no tenga la tentación de
buscar a un incondicional en la CNDH, y confió que los legisladores del PAN,
PRI, PRD, MC y el independiente, no lo van a permitir.
Llamó a los
legisladores de su partido a cerrar filas para lograr que en la CNDH se
confirme o renueve a una persona verdaderamente autónoma, como lo ha sido Luis
Raúl González Pérez.
“El
Senado de la República va a tener en breve una altísima responsabilidad,
confirmar a quien se encuentra y ha desempeñado dignamente el cargo de
presidente de la Comisión Nacional Derechos Humanos. Para la fortuna de México
se requiere mayoría calificada”.
Félix Barra y E. Méndez Docurro, exsecretarios, también estuvieron en prisión
* Rosario Robles
no es la primera ex secretaria en ingresar a un reclusorio
Jorge Herrera
Valenzuela
SemMéxico, 26 agosto
2019.- A raíz del encarcelamiento de María
del Rosario Robles Berlanga, como principal responsable de lo que se conoce
como la estafa maestra, se aseguró
que era la primera ocasión de que un miembro del gabinete presidencial
ingresaba a un reclusorio y quedaba sujeto a un proceso penal del orden federal
y es tan incierta tal afirmación como aquella de que “Rosario es un chivo
expiatorio” y más falsa que aquella otra de “No te preocupes Rosario”.
Pues bien, con este
suceso, que levanta todo tipo de especulaciones y da margen a que se mencionen
nombres de funcionarios de la pasada administración y del mismo presidente Enrique Peña Nieto, recuerdo que en el
siglo veinte también entraron a prisión y fueron procesados penalmente el
licenciado Félix Barra García y el
ingeniero Eugenio Méndez Docurro,
titulares de las secretarías de Reforma Agraria y la de Comunicaciones y
Transportes, respectivamente.
Los dos funcionarios
formaban parte del gabinete del presidente Luis
Echeverría Álvarez. En ambos casos, como se registró en otros que
comentaré, los finales fueron similares: la Procuraduría General de la
República terminó por desistirse, de aligerar trámites y de que los presuntos
responsables de varios delitos, junto con sus supuestos cómplices, recobraron
la libertad. Ciertos o no los cargos imputados, los personajes quedaron con un
expediente manchado y con el sello de “presos políticos”.
Félix Barra García, a quien sus amigos le llamaban “El Diablo”, fue
secretario de la Reforma Agraria en el último año del régimen echeverrista;
ascendió de director de la CORETT (Comisión Reguladora de la Tenencia de la
Tierra) a titular cuando el maestro Augusto
Gómez Villanueva fue designado secretario general del comité nacional del
PRI, en la campaña del candidato José
López Portillo.
El efímero director,
un año y seis días en el cargo, fue acusado de extorsionar al agricultor
coahuilense Manuel Alonso Blasio,
quien aseguró que por medio de funcionarios de la SRA, Barra García le exigió
millones de pesos para frenar una expropiación de tierras. Se involucró al
entonces oficial mayor y al secretario particular del propio secretario. La
detención policíaca fue en abril de 1977 y los procesados recuperaron su
libertad 564 días después, tras desistimiento del acusador y aval de la PGR.
También en el sexenio
de López Portillo se consignó
penalmente a uno de los más ilustres mexicanos, calificado así entre los
egresados del Instituto Politécnico Nacional y en las universidades Harvard y
de París. Era el ingeniero Eugenio
Méndez Docurro. Distinguido veracruzano que murió hace 4 años, el 23 de
agosto. Titular de la SCyT, primer director general del Conacyt y director
general del Instituto Politécnico Nacional, además de subsecretario de
Educación Tecnológica, en la SEP.
Bueno, pues de hombre
ejemplar fue acusado de peculado, de fraude maquinado y de tentativa de fraude.
Su detención fue en marzo de 1978 y solo duró 16 días como huésped del Reclusorio Oriente, donde fue defendido por el abogado Andrés Iglesias Baillet. Hubo varias
versiones del caso que uno de los propios juzgadores no dudó en afirmar que el
caso era “más político que jurídico”. Se dijo que el ingeniero Méndez Docurro
había devuelto 400 mil dólares que sustrajo de las arcas oficiales, otra
información fue en el sentido de que recuperó la libertad mediante una fianza
de 75,000 pesos y el abogado defensor aseguró, enfáticamente, que su cliente
era inocente.
P.D.
Dos casos “muy sonados” en el ambiente político fueron los juicios penales en
que se involucró al exdirector de Petróleos Mexicanos, ingeniero Jorge Díaz Serrano y a la profesora Elba Esther Gordillo Morales. En el gobierno de Miguel de la Madrid se procedió contra
Díaz Serrano, bajo el cargo de fraude por más de 5 mil millones de pesos en la
compra de dos barcos-tanques para Pemex. El presidente Enrique Peña Nieto carga con la responsabilidad de haber puesto en
celda penitenciaria a la lideresa del SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación), como presunta responsable de una cadena de delitos. Ambos
personajes pasaron más de 5 años tras las rejas y salieron absueltos. Usted
piense si fue o no venganza política.
* Los derechos humanos no son propiedad de partidos
políticos
* Debemos evitar que los discursos de odio se
vuelvan moneda común
Elda Montiel
SemMéxico, Cd. de México, 26 agosto 2019.- Un Poder
Legislativo sin autonomía o independencia, que sea un apéndice operativo de
gobiernos o autoridades de cualquier corte ideológico no conviene a nadie,
advirtió Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.
Así lo expresó después de que, en la tribuna de la
Comisión Permanente del Senado, las fracciones legislativas mayoritarias
impidieran que comparecieran los titulares de las dependencias que no aceptaron
la Recomendación 29/2019 sobre estancias infantiles, durante el Primer Informe
de la senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Senado de la República.
González Pérez afirmó que estas acciones debilitan
la institucionalidad democrática y abre la puerta a decisiones autoritarias en
las que aún los propios derechos humanos pueden desconocerse, relativizarse o
dejarse de lado.
La defensa de los Derechos Humanos y trabajar por su
respeto y vigencia es obligación del Estado Mexicano, no es algo que distinga o
dependa de banderas, colores o partidos.
Los derechos humanos no son patrimonio de partidos
políticos, grupos o personas en lo individual, afirmó categórico.
La recomendación Recomendación 29/2019 especifica
que la decisión de cancelar las estancias infantiles viola los derechos humanos
de la infancia y de las mujeres, principalmente.
Había
una solicitud de la CNDH para que los titulares de la Secretaria Bienestar; de
Hacienda y Crédito Público, y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de la Familia explicaran el motivo de su negativa.
Conciencia crítica
En
el informe de la actividad legislativa de 2018-2019 de la senadora panista,
González Pérez, hizo énfasis en que el
ejercicio de la conciencia crítica frente a decisiones de gobierno debe dar
pauta al debate plural e informado y el Poder Legislativo es la tribuna idónea
para ello.
Demandó que México no pierda los espacios existentes
de encuentro, respeto, pluralidad, diálogo y desarrollo.
La función legislativa debe contribuir para generar
un entorno donde se respete el derecho a disentir y se eviten los discursos de
odio y polarizantes, que dividen y propician que la mentira, el encono, el
insulto y la descalificación infundada, se vuelvan moneda común en la vida pública
de México.
Quienes tienen a su cargo el ejercicio de la función
legislativa, tienen la responsabilidad y la capacidad de lograr, mediante la
emisión de instrumentos normativos pertinentes y oportunos, que México sea un
país donde los derechos humanos tengan un reflejo real en la vida cotidiana de
las personas, y en el que la ley sea efectivamente cumplida y aplicada, aseguró
el ombudsperson nacional.
Propuesta
de iniciativa para desplazamiento forzado
A la senadora Kenia Rabadán la insto a continuar con
su compromiso con la defensa y respeto de los derechos humanos, así como con la
apertura y el debate objetivo y responsable, en la Comisión legislativa que
encabeza.
Destacó el papel relevante del trabajo legislativo
de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, lo que permitió
que la CNDH presentara una propuesta de iniciativas de Reforma Constitucional
para darle anclaje constitucional y también una propuesta legislativa sobre el
tema de desplazamiento forzado interno.
Es un instrumento que tiene el trabajo de
interacción tanto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como la
participación de la relatora de Naciones Unidas en el tema, y aprovecho para
señalar que recientemente tuvo la oportunidad de tratar diversos temas de
preocupación en México con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la
ONU.
El trabajo de México debe cumplir, a través de sus
leyes, con los contenidos de su Constitución, así como de los múltiples
instrumentos internacionales que ha suscrito y lo vinculan.
Demandó que tarea legislativa, en el ámbito de los
derechos humanos, asuma un enfoque estratégico que haga viable la vigencia de
los derechos, orientando su actividad para obtener resultados prácticos, y que
se escuche a la sociedad, a las organizaciones civiles, a las víctimas, a la
academia, a las instituciones y, en general, a los destinatarios de la norma,
para que los instrumentos sean lo más adecuados y posibles.
Insistió en
que el legislativo debe seguir siendo, parte activa y central de nuestro
sistema constitucional de pesos y contrapesos, donde las consignas políticas,
las ideologías, las creencias o los deseos y aspiraciones personales o de
grupo, no pueden ser la base sobre la que se construyan y emitan nuestras
leyes.
Se refirió también a la problemática y retos
diversos a los que se enfrentan los derechos humanos en nuestro país, como la
seguridad, la impunidad, la violencia, la protección de la salud, las
prestaciones sociales, la inclusión, la libertad, los derechos de la infancia,
las cuestiones que tienen que ver con las personas en contexto de migración, un
problema lacerante, el abatimiento de la pobreza, la defensa del medio
ambiente, la igualdad sustantiva entre hombre y mujeres.
Acceso
a viudos a los derechos de sus cónyuges
La Senadora se refería, efectivamente al tema de la
igualdad y ahí hay recomendaciones también de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos para que los viudos puedan acceder a los derechos que ya
generó su cónyuge o esposa, como también hemos recomendado que hagan efectivo
sus pensiones los matrimonios del mismo sexo, la viuda o viudo que hubiese
estado casado bajo esta particularidad.
En la antigua sede del Senado en Xicoténcatl, en el
centro histórico de la Ciudad de México, estuvieron presentes el presidente del
Partido Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza; el coordinador del Grupo
Parlamentario, Mauricio Kuri González, y Elenita
Álvarez de Vicencio, consejera Nacional Vitalicia de Acción Nacional.
* “Decidimos cerrar filas por la unidad de Morena”
Redacción
SemMéxico, Cd. de México,
26 agosto 2019.- La elección de la presidencia de la Mesa Directiva del Senado
de la República se realizó de manera ejemplar y ante un notario público que
atestiguó los hechos, señaló Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo
Parlamentario de Morena.
Detalló que la renovación
de la Mesa Directiva, que estará encabezada por la senadora tabasqueña Mónica
Fernández, fue un proceso en el que predominó el consenso, pues la elección se
dio por unanimidad.
Al aclarar la
participación de las legisladoras del Partido Encuentro Social (PES) en la
elección, dijo que “siempre han acompañado las decisiones de Morena y contaban
con la autorización del coordinador de la bancada y del presidente de la Mesa
Directiva, Martí Batres para participar en este proceso.
El legislador zacatecano
indicó que las y los senadores decidieron no ir al pleito ni a la
confrontación. “Decidimos cerrar filas por la unidad de Morena”, remarcó en un
mensaje en redes sociales.
Ahora se debe actuar con
madurez, serenidad y tolerancia. “No vamos a responder ataques ni
descalificaciones vamos a convocar a la unidad y a la tolerancia”, apuntó.
En este nuevo régimen, el
“hombre público” está sujeto al
escrutinio, a la descalificación, a la infamia y a la calumnia. “Debemos actuar
con altura de miras, con prudencia y con serenidad, por el bien del país y de
Morena”, puntualizó.
Diputada asegura que el asesinato de mujeres se ha duplicado en 4 años.
Sostiene que suceden más de dos asesinatos cada hora
Redacción
SemMéxico.
Ciudad de México. 26 de agosto 2019.- El presidente de la República, Andrés Manuel
López Obrador debe decretar que el feminicidio en México debe declararlo como
un Asunto de Seguridad Nacional a fin de lograr la estabilidad política y
social, propuso la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario
del Partido del Trabajo.
Su proposición con punto de acuerdo, fue turnada a
la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, de
la Comisión Permanente que sesiona en el Senado.
Sostuvo que la mitad de la población de mujeres y niñas en nuestro país está en un riesgo latente de violencia de
género. Y que de acuerdo con Amnistía Internacional, México ocupa el primer
lugar con feminicidios en Latinoamérica. Tan sólo durante el primer bimestre
del 2019, se registraron en nuestro país 568 asesinatos contra mujeres, de los
cuales sólo 147 son investigados como feminicidios.
La
proposición recoge las palabras de Olga
Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación y encargada de la política interior
del país, que habría señalado que en
México «al menos nueve mujeres y niñas son asesinadas por día, muchas sólo
por el hecho de ser mujeres; en 2018 se registró la cifra de tres mil 580 víctimas», es
decir «cada 160 minutos –más de dos
cada hora- una mujer o una niña es asesinada en manos de conocidos o en el
espacio público comunitario, sin importar dónde».
La
proposición también argumenta que “estamos
ante una tendencia nacional creciente de feminicidios”, según la diputada los
asesinatos se han duplicado en cuatro
años y en el primer semestre de 2019 ya alcanzaron la cifra total de todo
2015.
Por ello urge al Gobierno Federal a plantarse a la
violencia por razones de género en sus todas las modalidades: íntimo, no
íntimo, infantil, familiar, por conexión, sexual sistémico, sexual sistémico
desorganizado, sexual sistémico organizado, por prostitución o por ocupaciones
estigmatizadas, por trata, por tráfico, transfóbico, lesbofóbico, racista,
entre otras modalidades delictivas que transgreden la vida digna de las mujeres
y las niñas, detalló.
Además,
indica que estamos ante un fenómeno de dimensiones mayúsculas, donde las
instituciones del Estado ya fueron rebasadas. En virtud de lo anterior, expresa
que el titular del Poder Ejecutivo debe considerar al feminicidio como un
asunto de Seguridad Nacional.
La
proposición con punto de acuerdo fue turnada directamente a la Primera Comisión
de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, de la Comisión
Permanente.
SemMéxico, 26 agosto 2019.- Hace apenas unas semanas
escribí que sentía envidia de la revolución feminista que se está llevando a
cabo en Chile iniciada por las jóvenes universitarias y de las enormes
manifestaciones en Bilbao contra la violencia machista. Ahora la llamada “Furia
Mexicana” es la envidia en varios países.
Aquí en Pachuca, simple y llanamente la marcha del
16 de agosto, que inició en la Plaza Juárez, ha sido la mejor en la historia
del feminismo hidalguense. Se convocó por las redes sociales, ¿quién la
inicio?, no importa, lo mejor es que nos fuimos sumando una a una.
No sólo ha sido la marcha más nutrida, sino que la
dinámica que se dio de manera espontánea es un ejemplo de verdadera democracia,
así es, el feminismo es eminentemente un movimiento democratizador. Primero nos
concentramos a los pies del monumento a Benito Juárez, ahí se informó sobre los
puntos a seguir, así la gente supo exactamente lo que ocurriría.
Después nos ubicamos en el centro de la plaza donde
se colocaron en el piso cartulinas con siluetas de mujeres para recordar a
aquellas que fueron asesinadas por el hombre que prometió quererlas y cuidarlas
o por algún conocido. Aquí es necesario reflexionar que si bien ésta técnica de
denuncia tuvo su impacto hace varios años, ya no lo tiene ahora, porque no logró
cambiar nada.
Por otra parte las pintas en el piso de la plaza,
resultaron ser algo muy similar a lo que pasó con el Ángel de la Independencia
en Ciudad de México, que por cierto y si usted no lo sabe, unas 200 mujeres que
se dedican a la restauración propusieron que no se repare el monumento hasta
que los mexicanos dejen de matar, violar, hostigar y discriminar a las
mexicanas, ¡eso sí sería libertad!
Posteriormente y en círculo se abrió el micrófono
para quién quisiera expresar el motivo por el cual acudió al llamado, hablaron
no sólo mujeres, además hombres, niños y niñas. Entre dramático y conmovedor
escuchar a una pachuqueña de diez años, que nunca se había manifestado y jamás
había hablado por micrófono ante una multitud decir: ¡Estoy aquí porque tengo
miedo, no quiero que me maten, quiero vivir!
No sé qué tanto le importe al gobierno de Omar
Fayad, pero le informo que una ciudadana hidalguense menor de edad, se siente
insegura y cómo ella muchas.
Luego empezó la dimantinada de manera muy festiva y
la continuamos por las calles de la ciudad. Consignas, cantos, cuando pasamos
frente a La Villita, ahí sí retumbó la tierra. ¡Saquen sus rosarios de nuestros ovarios!, ¡Saquen sus doctrinas de
nuestras vaginas!, siguió el coro hasta Hidarte.
Recorrimos Avenida Revolución, para ése punto ya no
parábamos en las boca calles esperando la luz verde y no entorpecer el
tránsito, al contrario, lo paramos, cómo queremos parar al país, que nos vean y
nos escuchen ¡Estamos hartas de tanta
violencia, estamos hartas de los feminicidios, de las violaciones y de los
hostigamientos, esto tiene que terminar!
Seguimos por la Avenida, automovilistas que
mostraban su apoyo a la marcha se llevaban gritos de alegría y besos lanzados
al aire, los que nos mentaban la madre, con mayor razón nos deteníamos y
gritábamos más fuerte.
Lo mejor estaba por venir, al tomar Matamoros y a
punto de regresar a la Plaza Juárez, nos topamos con un grupo de motociclistas,
de ésos con chamarra imitación piel, brillitos y estoperoles conviviendo por
igual, calaveras pintadas en sus cubre bocas.
Ellos empezaron a dilapidar gasolina haciendo rugir
los motores amenazando con echársenos encima. ¡Ninguna se movió!, el volumen de
las consignas ¡hasta el cien!, seguimos gritando y para sanjar el asunto
lanzamos ¡El que no brinque es macho, el
que no brinque es macho! Todas brincamos, menos los motociclistas.
Terminamos felices en Plaza Juárez.
No vamos a parar, seguiremos haciendo marchas y
manifestaciones, por una sencilla razón: Nuestras ancestras lucharon por
conseguir el derecho a votar y ser electas, mi generación por todos los
derechos que nos han sido escamoteados, las jóvenes feministas luchan por su
vida y su integridad, ésa es la enorme diferencia.
El pliego de periodistas en Veracruz norte que dice mucho
* Los temores de ser periodista en la Huasteca
Rogelio Hernández López
SemMéxico, 26 agosto
2019.- Desde antes de las diez de la mañana, dos hombres de camisa blanca se
colocan en una mesa del restorancillo de la Posada San Javier de Tantoyuca. Disimuladamente
observan a quienes entran y salen del pequeño salón de eventos. Es que allí
dentro se realiza, inusualmente, una minicumbre de periodistas de la región
norte de Veracruz.
Están 19 periodistas de
esta cabecera electoral y comercial, también de Álamo, Huayacocotla, Tempoal,
Poza Rica, Chicontepec, Tuxpan y hasta de Huejutla, Hidalgo. Entre ellos, solo
dos mujeres, Isabel y Rocío.
Hay más periodistas en
la región, pero es día de reportear. Logran llegar representantes de cuatro
organizaciones. La veintena sabe que su presencia respaldará la entrega de un
pliego para el Congreso del estado con siete peticiones.
Su documento de 10
mil caracteres perfila los temores de ser periodista en la Huasteca: ambiente general
de inseguridad; agravios constantes, sobre todo de servidores públicos; omisiones
oficiales para atender denuncias de agravios; precariedades más que extremas
para trabajar.
Esta atmósfera de la
Huasteca, preocupante para quienes informan, es muy similar a otras regiones:
Tierra Caliente en el vórtice de Guerrero, Michoacán y Estado de México, en la
costa y bosques de Tamaulipas, de Morelos, de Oaxaca…
Su pliego refleja
esos temores y destella también la creencia, demasiado extendida entre colegas
de ciudades medianas y pequeñas, de que el gobierno tiene que darles, además de
protección y justicia –cómo es su obligación–, apoyos económicos permanentes
y también extraordinarios, además de implementos y equipos para trabajar, como
cámaras fotográficas, grabadoras, chalecos…
Espera de tres
meses
Eliseo Bautista, el
abogado y periodista oriundo de la región, es el promotor y organizador
principal. Desde las 9 de la mañana llegó a supervisar. Desde mayo solicitó, que
se reuniera allí con los periodistas de la zona, la diputada local presidenta
de la Comisión para la Atención y Protección a Periodistas, María Josefina
Gamboa Torales. Desde entonces también invitó a este reportero. El encuentro
pudo hacerse tres meses después, el 20 de agosto.
El saloncillo se
llena. Casi todos se conocen entre sí. De pronto parece un acto político
partidista. La Mesa principal la ocupan las diputadas locales por el PAN Josefina
Gamboa y Judith Pineda, el fiscal regional, Jaime Cisneros la fiscal distrital
Cristal Pacheco y el director de la Contraloría de la Fiscalía Regional, Jair
Ramírez. Al ladito, fuera de la mesa, Eliseo, el periodista promotor.
Entre sus colegas están
Julián Osorio Santiago de la Unión de periodistas de la Huasteca; Roberto
Matías Del Ángel de la Asociación Veracruzana de Periodistas Independientes;
Genaro Hernández Osorio del Colectivo de Periodistas y Cleofas Hernández
delegado del Club de Periodistas de México. Bromeamos: “pocos, pero bien
divididos”.
Recargones
Del total de intervenciones
resaltan dos insistencias que darían para noticias independientes de esas sesgadas
y escandalosas:
En siete de sus participaciones
la diputada Gamboa insiste en que “debe reestructurarse la Comisión Estatal
para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP)… porque ha hecho poco en
su favor… tiene olvidada a la región Norte… estoy en desacuerdo con el gasto de
20 millones de pesos anuales porque sólo dedica dos millones para
ustedes…porque asigna apoyos solo a determinados periodistas…”. Al final logra
el compromiso que los colegas le preparen una carta pidiendo la
reestructuración de la CEAPP y ella les ofrece un asesor jurídico que ayude a
la redacción.
La otra insistencia que
también consume mucho tiempo es de varios colegas sobre el punto 2 de su
pliego. “Que el fiscal de seguimiento a la denuncia (C.I.05/17/PC) contra Pedro
Alberto Díaz Cruz, periodista comisionado de la CEAPP” (también oriundo de la
región) … “el cual se dedica a extorsionar a políticos, líderes sociales y
funcionarios públicos”. El tiempo que dedican y datos que ofrecen muestran el
desafecto que se ha ganado el periodista ausente. El fiscal regional ofrece dar
seguimiento al caso.
Acuerdos
Casi cuatro horas de
intervenciones sin descanso. Todos toman notas, fotos, videos. En mucho tiempo
no habían tenido una reunión así, que los juntara y construyera consensos. Los
acuerdos con diputadas y fiscales toman la numeración de las siete peticiones
del pliego de los periodistas:
“1.- Caso de Rodrigo
Acuña, director del Diario de Tepetzintla, agredido a balazos el 21 de
noviembre del 2018.” Resultado: el fiscal Cisneros Gómez se compromete a
revisar personalmente el expediente; las dos diputadas lo buscarán para
ayudarle económicamente incluidas las gestiones para que eche la cimbra de su
casa y deje de pagar renta.
“4.- Instalar un protocolo de seguridad o
Mecanismo de Protección en la zona Huasteca…” Resultado: La diputada Gamboa
y el fiscal regional aceptan organizar un curso de medidas de protección el 29
de agosto. Ella rechaza la propuesta de este reportero de hacer un taller de
autoprotección con periodistas experimentados de la Ciudad de México. “Mejor
con gente de aquí”.
“6.- Solicitar que el
Congreso Local de Veracruz se pronuncie en contra de los alcaldes y
funcionarios públicos que reprimen la Libertad de Expresión. Así como con los
patrones y/o empresarios que acosan a sus empleados para actuar en base a una
línea editorial, lo cual coarta la libertad de expresión.” Resultado:
Las diputadas se comprometen a promover el pronunciamiento.
“7.- Impulsar una
mayor presencia física de la CEAPP y/o de la Comisión Legislativa para la
Atención y Protección a Periodistas en la zona Huasteca, con oficinas de
atención regional en Tantoyuca y Pánuco.” Resultado: la diputada Gamboa
ofrece atenderlos personalmente.
“3.- Gestionar apoyos
en especie de implementos y equipo utilizados en la actividad periodística,
tales como cámaras fotográficas, grabadoras, chalecos, etcétera.”
“5.- Gestionar un sistema de apoyo económico permanente
o crear un fideicomiso para periodistas y reporteros independientes, debido a
las condiciones laborales y económicas que actualmente se viven, como
consecuencia de los recortes presupuestales y severa austeridad del gobierno
estatal y federal.”
Resultado. La diputada Gamboa se compromete hacer gestiones para
los puntos 3 y 5; a cambio ella se encargará que con recursos del Congreso se
instalen oficinas en Tantoyuca y Pánuco, para que las compartan periodistas de
todos los medios, con dos computadoras y acceso a internet. Informa que ya
logró centros similares en el sur y centro del estado.
Si sopesan el pliego
y los resultados, fue poco lo avanzado por los limitantes lógicos que tienen
los legisladores. Distinto sería que los atendiera el Poder Ejecutivo local, la
CEAPP, que la CEAP hiciera su trabajo. Lo mejor fue la convergencia de
periodistas.
Antes de las 15 horas,
la mayoría de los colegas sacan grabadoras, hacen entrevistas para su caudal de
notas del día que deben entregar más tarde, toman más fotos. Y antes de irse,
buscan la placa colectiva, como se acostumbran en estas reuniones.
Ocho se quedan para
escuchar un resumen de lo que este reportero lleva a quienes quieran
escucharle. Primero les informa que, en solidaridad y coincidencia con Eliseo, llegó
pagando con sus recursos el transporte, alojamiento, comidas y que el
acompañamiento, charla y asesoría son gratuitos. Al final puede decirles:
“La protección para
periodistas debe ser integral, preventiva, reducirles las seis grandes
vulnerabilidades que padecen, una de ellas es la falta de unidad. El fin es que
puedan trabajar con seguridad, con independencia y con ética. Los reporteros
además de informar tienen que proteger la información de interés público para
que no se oculte o sea sesgada por políticos, empresarios o por dadivas
convenencieras … Cuando la información periodística se produce con veracidad,
transparencia y honestidad genera credibilidad, diálogo, paz y democracia”.
Los observadores de
camisa blanca, se retiraron después de todos.
SemMéxico. Oaxaca, Oax. 23 de agosto de 2019.- Trabajadoras eventuales de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (Sapao) denunciaron al organismo paraestatal por el adeudo salarial al personal femenino inscrito en una “lista de raya”, como en la época del Porfiriato.
En una carta dirigida a la directora del organismo, Laura Vignon Carreño con copia a la opinión pública, las trabajadoras del área de cuadrillas operativas que “laboran en las calles de sol a sol, con o son lluvia” exigen el pago de los salarios devengados.
“Ahora bien –apuntan– si su deseo es despedirnos, hágalo, pero liquide lo que adeuda”.
En otra parte de la misiva, el personal auxiliar lanza la pregunta: “¿Cuándo se dignarán a pagarnos?, y perdone que lo haga de manera anónima, pero ambas sabemos que los de “lista de raya”, sólo estamos de paso”
En su desesperación las afectadas piden a la ex diputada local priista solidaridad de género, “quiero pensar que usted también es madre, y a los hijos difícilmente se les puede decir que no, que tenemos que cumplir con sus expectativas en su caso, pero en el mío se las he negado”.
“He tenido que pedir prestado para poder continuar con los faltantes de la casa, y en estos momentos comprar útiles para el regreso a clases”, dice.
Las afectadas exponen a Vignon Carreño que recurrieron a la carta pública porque desde su nombramiento en junio pasado, oficializado por el gobernador, Alejandro Murat, “no se les ha acercado, desestimándolas por estar en la “lista de raya”, personal emergente, que no figura en la estructura del organismo, pero que desahoga el trabajo operativo.
“Pensamos que una vez llegando usted las cosas cambiarían, que lo que no nos dio el arquitecto Marcelo Díaz ( el antecesor de Vignon) mejoraría con la llegada de usted, pero no ha sido así”.
“Crezca codo a codo con su personal de trabajo, no los abandone y le repito soy madre, al igual que usted, y también necesito sacar adelante a mis hijos. ¡Páguenos, por favor!”, termina la carta pública.
SemMéxico. Cd. de México. 23 de agosto de 2019.- El próximo año la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) sólo destinará recursos para prevención, para el poder judicial y acciones concretas, no para documentos, anunció la comisionada Candelaria Ochoa Ávalos en Colima, al presidir un foro con autoridades y mujeres. Detalló que el presidente de la República considera que este país está sobre diagnosticado.
Así lo dijo al participar en el segundo Foro de Consulta a las Mujeres para la elaboración del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (PIPASEVM) 2019-2024. Explicó que en la tarea para eliminar la violencia contra las mujeres la responsabilidad debe ser compartida, refiriéndose a la responsabilidad de los gobiernos estatales y municipales.
Luego de señalar que la falta de estructura institucional impide el buen uso de los recursos humanos y materiales afirmó que el Programa debe ser transversal, porque no se ha logrado ver a la violencia feminicida como un todo.
Informó que no habrá recursos a las entidades del país para elaborar diagnósticos, ni para programas específicos, ni para capacitación. Tampoco para equipamiento.
La Consulta Nacional para la elaboración del PIPASEVM que arrancó en Oaxaca el 16 de agosto, y terminará el 9 de septiembre. Se realizan 3 foros regionales, el tercero será en Sinaloa y se concluirá con una reunión nacional. El objetivo de estos foros es crear un espacio de comunicación e intercambio de ideas, preocupaciones y propuestas entre los distintos órdenes de gobierno y la sociedad civil, señala la convocatoria publicada por CONAVIM.
La comisionada, luego de realizar al menos 15 visitas a las entidades del país donde está declarada la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) concluyó que en los planes estatales no se ha involucrado a los municipios y no existen planes territorializados, ello también impide el buen uso de los recursos humanos y materiales.
Sostuvo que el PIPASEVM debe ser transversal, donde los gobiernos locales deben garantizar su eficacia, porqué las mujeres “estamos expuestas a las violencias desde que nacemos” y consideró que no hay una estructura institucional que permita transitar libremente la vida, sin violencia.
Luego explicó que es necesario integrar la multiculturalidad, porque las mujeres viven las violencias de una manera distinta en las comunidades que en la ciudad, por tanto, la interculturalidad permitirá entender las condiciones específicas. Siempre, dijo, estamos en esos supuestos de violencia. Hoy “debemos integrar procesos analíticos para comprenderla y combatirla. Para Ochoa Ávalos todas las violencias se tocan e interactúan,” por eso debemos analizar el fenómeno como un todo”.
Es necesario, dijo, reconocer que el grueso de la violencia contra las mujeres se produce desde los hombres de su familia, tanto como reconocer que las mujeres saben cómo parar esas violencias. Es común que la vivan, que la sufren, a ellos no se les separa o ellas no lo hacen y los hombres regresan y entonces las matan.
Fue cuando ello anunció que para 2020, solo se destinarán recursos para prevención, Fiscalías y Tribunal Superior de Justicia. Nada para equipamiento, nada para diagnósticos y programas, nada para capacitación. El Presidente dice que este país está sobre diagnosticado y que hay que invertir en acciones concretas, no en documentos.
La Consulta Nacional para la elaboración del PIPASEVM 2019-2024 se hace en cumplimiento al artículo 42, fracción III de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Secretaría de Gobernación por conducto de la CONAVIM es responsables de los foros de consulta para la elaboración del Programa Integral.
Esas consultas se enriquecerán con propuestas en línea. CONAVIM llama a participar de esa forma y explica que en los foros de consulta ciudadana que permitirán definir los objetivos, estrategias y líneas de acción para el Programa y así, dice el portal “juntas y juntos enfrentar la actual situación nacional que nos demanda políticas públicas efectivas para atender, prevenir y erradicar las violencias que afectan a niñas, adolescentes y mujeres mexicanas”.
Los temas a discutir y donde se espera recabar propuestas son: Violencia feminicida, violencia familiar, violencia laboral y docente, violencia comunitaria y violencia institucional
Los foros aglutinan a varias entidades. Región Sur/Sureste, Oaxaca 16 de agosto, Región Occidente/Centro, Colima 22 de agosto, Región Norte; Sinaloa 3 de septiembre y el foro nacional Estado de México el 9 de septiembre.
SemMéxico. Guadalajara, Jalisco. 23 de agosto de 2019.- La bancada del PRI en Jalisco presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para tipificar los crímenes de odio e incrementar hasta 50 por ciento las penas a quien lo cometa.
La diputada local Mariana Fernández, coordinadora del grupo parlamentario del PRI, junto con la diputada Sofía García Mosqueda, presentó la iniciativa que reforma el artículo 219 del Código Penal, en relación a las Reglas Comunes para los Delitos de Lesiones y Homicidios.
La propuesta establece como grupos vulnerables a crímenes de odio aquellos que sean lesionados o víctimas de homicidio derivado de sus preferencias sexuales, expresión de género, condición social o económica, origen étnico, apariencia, nacionalidad y origen, religión o creencias, color de piel o discapacidad.
“Hablamos de un reforma al Código Penal para incluir los crímenes de odio, existe el delito de feminicidio, pero hoy queremos incluir los crímenes de odio. Desgraciadamente ni siquiera es un tema que visibilice la Fiscalía del Estado, vemos notas periodistas de ‘matan un hombre vestido de mujer’ o todos los crímenes que vemos que se cometen contra la diversidad sexual los ponemos que son pasionales. Queremos visibilizar que hay gente que está matando, que está agrediendo por orientación sexual, por condición social o por preferencias religiosas distintas, algo que hemos visto mucho estos últimos días”, explicó .
La iniciativa impulsada por el grupo parlamentario del PRI propone que las penas aumenten 50 por ciento para lesiones y crímenes de odio, así en el caso de lesiones la pena incrementaría de 5 a 8 años, mientras que en caso de homicidio de 12 a 18 pasaría a 20 a 40 años de prisión.
“En la agravante explica muy bien que para acreditar crimen de odio es para la gente que durante el homicidio o la agresión haya manifestado odio hacia a ese grupo o persona, o en sus redes sociales o en sus posicionamientos diarios personales. La agravante se comprueba en las manifestaciones de odio que tengan hacia estos colectivos”, explicó Fernández.
En la última década a nivel nacional se han registrado 500 crímenes de odio, de los cuales en Jalisco se cometieron más de 100, lo que coloca a la entidad en cuarto lugar a nivel nacional con más casos.
Únicamente 6 estados a nivel nacional cuentan con una legislación en crímenes de odio, sin embargo, solo Ciudad de México, Coahuila y Nuevo León contemplan todos los grupos vulnerables en su legislación.
SemMéxico. OAXACA, Oax. 23 de agosto de 2019.- La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) exigió a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) agilizar la investigación por el asesinato de su compañera, la alcaldesa de San José Estancia Grande, Carmela Parral Santos ocurrido al inicio de la semana.
El dirigente sostuvo que si bien la Fiscalía inicio las carpetas de investigación correspondiente, por este y otros homicidios registradas durante los últimos años, no se han castigado a los responsables intelectuales y materiales.
“No ha habido resultados”, consideró.
Dijo que sus compañeros docentes lo enteraron que la presidenta municipal fallecida , profesora de matemáticas e integrante de esta gremial disidente, estuvo presionada por las Sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), contraparte de la CNTE.
Por lo que no descartó que el crimen de Parral Santos haya sido cometido por integrantes de esa gremial.
A la edil la asesinaron la semana pasada junto con el delegado regional de Protección Civil, Hugo Castellanos Ortega, en la costa chica de Oaxaca. El doble crimen ocurrió la noche del viernes en la población El Faisán, municipio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo; los cuerpos estaban dentro de una camioneta con varios disparos de proyectil.
Según el conteo de las organizaciones civiles, con los asesinatos ocurridos esta semana, el más reciente ocurrió hoy viernes el de Adalberta Luis, de 45 años, en Santo Domingo de Morelos, por disparos con armas de grueso calibre, se elevan a 88 el número de muertes violentas de mujeres en Oaxaca, sólo en este año.
El Grupo de Estudios Sobre la Mujer Rosario Castellanos, reporta en el Istmo 25 asesinadas, Cuenca 16, en los Valles Centrales 15, la Costa 13 y en la Mixteca, once fallecidas en condiciones violentas.
SemMéxioc. Cd. de México. 23 de agosto de 2019.- Justicia Pro Persona A.C. y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. con el acompañamiento del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, exigen a la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, presidida por Gabriela Rodríguez, solicitar a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México la emisión de la Alerta de Género.
Luego de que fuera negada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), al ser solicitada desde el 7 de septiembre de 2017, los casos que acompañamos y tal como lo han dejado ver las recientes manifestaciones, la demanda de las mujeres que han sufrido violencia de género en la Ciudad, exige respuestas contundentes de las autoridades, de todos los niveles de gobierno.
Ante la negativa de la CONAVIM, es facultad de la Secretaría de las Mujeres solicitar la Declaratoria de dicha Alerta de forma inmediata a la Secretaría de Gobierno, por lo que, como organizaciones peticionarias de la primer solicitud, hoy 23 de agosto entregamos de manera formal ante la Secretaría de las Mujeres, una carta solicitando haga ejercicio de dicha facultad.
Vivir una vida libre de violencia es un derecho humano fundamental, por lo que es arbitrario y contraproducente esperar más tiempo para evaluar medidas, siendo una realidad que desde el año 2017, cuando se realizó la solicitud de la primer Alerta, se inició ya un proceso legal que por mucho tiempo se alargó de manera dilatoria para evitar su emisión, sin embargo, se desarrollaron medidas e indicadores por atender, a las que el Gobierno de la Ciudad de México tendría que apegarse para dar seguimiento puntual a la erradicación de la violencia de género,de forma conjunta con organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones de mujeres y víctimas de la violencia.
“La declaratoria inmediata es una oportunidad para encaminar un proceso que a pesar de los avances legislativos e institucionales sigue siendo insuficiente para garantizar los derechos de las mujeres, sin embargo, la Secretaría de las Mujeres la puede solicitar de manera inmediata, según sus facultades marcadas en la Ley la declaratoria de AVGM en la Ciudad de México. Esto posibilita la emisión de un mecanismo vinculante que permitirá atender de manera integral la violencia feminicida” señaló el OCNF en un comunicado de prensa.
Cabe mencionar que de enero a junio de 2019 fueron asesinadas 1,812 mujeres en el país, es decir, un promedio de 10 mujeres al día.
“A casi dos años de la solicitud de la Alerta de Género, seguimos exigiendo este mecanismo como una posibilidad para, de manera conjunta con organizaciones y víctimas, construir acciones que puedan erradicar la violencia contra las mujeres y nos permita vivir de manera plena, libre y segura”.
Es urgente, señalan las organizaciones, que se tomen decisiones que se traduzcan en hechos que impacten de manera positiva en la vida y seguridad de mujeres, niñas y adolescentes que viven o transitan en la Ciudad de México, dilatar esta decisión significa aumentar la deuda histórica con quienes representamos más de la mitad de la población.
SemMéxico. Puebla, Puebla. 23 de agosto de 2019.- Crear una alerta especial para parar la violencia política y tipificar esta violencia contra las mujeres, acciones no simuladas, impulso a la paridad, recursos económicos suficientes, información equilibrada, sin estereotipos y capacitación para nuevos liderazgos, demandaron políticas, funcionarias electorales y del Instituto Nacional de las Mujeres ( Inmujeres) durante el Tercer Encuentro de Observatorios de Participación Política de las Mujeres, celebrado en la ciudad de Puebla.
También exigieron a los partidos políticos que cumplan con las leyes y los estatutos para apuntalar las mujeres y la igualdad de condiciones en su participación paritaria.
Hicieron una crítica velada, luego de varios años desde que se creó el Observatorio Nacional, para que ahora éste cuente con una base de datos nacional, información con mayor eficacia; datos desagregados por condición, para identificar si las mujeres son indígenas, afromexicanas, con discapacidad, lesbianas, trans, y otras; así como construir una agenda mínima de género en todos los observatorios.
Fundamental que los observatorios tengan una metodología mínima para adoptar resoluciones a los institutos electorales cuando haya quejas.
Ahí Nadine Gasman Zylbermann, presidenta del Inmujeres dijo que el 3 por ciento del presupuesto de los partidos políticos para promover a las mujeres es insuficiente, mientras que Mónica Díaz de Rivera Álvarez, Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género en Puebla, señaló que los partidos deben tomar en serio a las mujeres. Exigió acciones reales y no simuladas, capacitación continua, elección de las mejores candidatas que sean competitivas para “ganar”
Con la participación de representantes de 32 entidades del país, integrantes de los observatorios locales y el nacional, creado en 2017, discutieron las condiciones de su participación política para el 2021 en que habrá procesos electorales en 15 entidades del país, gubernaturas y la renovación de la Cámara de Diputados.
Durante el desarrollo de los trabajos del Encuentro se abordaron los alcances y retos del principio de paridad en México y América Latina; las lecciones que dejaron los procesos electorales en 6 entidades; identificaron los retos para la participación política paritaria de indígenas y afromexicanas.
La priista diputada Rocío García Olmedo, responsable de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de Puebla advirtió que la mayor participación femenina en los comicios ha traído una creciente violencia de género.
Dijo que los observatorios deben atender a las mujeres que viven violencia en cualquier etapa del proceso electoral, en las precampañas, campañas, en la selección de las candidaturas y en el ejercicio de los cargos.
La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) Dania Ravel, habló de la paridad, dijo que ésta debe ser horizontal para todos los espacios, en la postulación de gubernaturas, en la Presidencia de la República. “Tenemos que ver cómo vamos a hacer posible la paridad para las 15 gubernaturas a elegir en 2021 y se logren al menos, siete postulaciones para mujeres”, detalló.
Ahí la senadora morenista Martha Lucía Mícher Camarena, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género les dijo que propuso al TEPJF que se declare una «Alerta de Género Político-Electoral» en el país, los estados y los municipios donde se atente contra el derecho a la participación política de las mujeres.
Luego advirtió: » los hombres otra vez intentan sacarnos de nuestros espacios y no respetan la reforma en materia de paridad, por eso se necesita una alerta de género política electoral».
A su vez Wendy Briseño Zuloaga, Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados dijo que ahí existe el compromiso de avanzar en la dictaminación de al menos 7 iniciativas sobre violencia política contra las mujeres, se trata de hacer efectivo el Acceso de una Vida libre de Violencia para las Mujeres, de Delitos Electorales, de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos y de la Fiscalía General de la República.
Mónica Aralí Soto, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF externó que sentencias, tesis y jurisprudencias dictaminadas se ha contribuido a erradicar la discriminación y violencia política contra las mujeres que participan en política o ejercen un cargo de elección popular.
Por su parte Martha Tagle Martínez, diputada federal por el Movimiento Ciudadano afirmó que “es tiempo de las mujeres en el poder, pero con poder”. Consideró que falta conquistar o espacios en los cargos ejecutivos y en alcaldías y ayuntamientos, donde aún se enfrentan muchas resistencias y hechos de violencia política. Dijo que un reto es trabajar en la democratización de la vida interna de los partidos para garantizar la participación efectiva de las mujeres.
El Inmujeres hizo el compromiso de trabajar con los Observatorios, de modo que la paridad en todo transforme la vida de las mujeres y de los hombres en la toma de decisiones públicas.
La reunión hizo un balance de buenas prácticas, en las lecciones que dejaron los procesos electorales de Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo y Puebla y se revisó cómo retomar los elementos mínimos el monitoreo de medios de comunicación con perspectiva de género.
Este Tercer Encuentro de Observatorios de Participación Política de las Mujeres fue convocado por el INE, el TEPJF y el INMUJERES, reunió a representantes del Observatorio Nacional, a los Observatorios Locales de cada una de las 32 entidades del país lo que permitió compartir buenas prácticas respecto del papel de los observatorios, que no debe ser un repositorio de información sino mecanismos de vigilancia, monitoreo y análisis de la participación política de las mujeres, sobre todo en tiempos de paridad.
Al término de la jornada las participantes concluyeron que los observatorios deben trabajar en: Generar una base de datos nacional para que todos los observatorios puedan informar acerca de la participación política de las mujeres con mayor eficacia; contar con datos desagregados por condición, con el fin de identificar si las mujeres son indígenas, afromexicanas, con discapacidad, lesbianas, trans, entre otras categorías; construir una agenda mínima de género que deberán impulsar todos los observatorios. Los temas identificados fueron: el impulso de la paridad, de la tipificación de la violencia política en razón de género y del aumento del recurso etiquetado para el liderazgo político de las mujeres; monitoreo de los medios de comunicación y los spots de los partidos políticos, con el fin de aminorar su impacto cuando reproducen estereotipos de género y establecer una metodología mínima que permita adoptar resoluciones a los institutos electorales cuando haya quejas; fortalecer los derechos políticos y la toma de decisiones de las mujeres indígenas y afromexicanas.
COLOFÓN
La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el anteproyecto para el financiamiento público a los partidos en 2020, cuyo monto total asciende a 5,239 millones de pesos, 273 millones de pesos más que este año. El 3 por ciento para apuntalar a las mujeres es insuficiente.
En 2019, el presupuesto asignado a los partidos es de 4,965.8 millones de pesos.
