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La invasión de la brillantina rositamorada

* El maravilloso descubrimiento de la poderosísima diamantina rositamorada

Carolina Ramírez Suárez*

SemMéxico, 15 agosto 2019.- Jamás me hubiera interesado buscar videos y blogs para aprender a hacer diamantina de brillitos rositamorados, hasta que descubrí el maravilloso poder de este elemento y la urgencia de que todas y cada una tengamos un poco de ésta mágica poción en nuestros bolsillos. De hoy en adelante, no podemos salir sin una dotación suficiente de ésta.

El efecto inimaginable que produce en la cara y cabellera de las autoridades encargadas de la (in)seguridad de las mujeres, ¡nos ha dado la clave! De haberlo sabido antes, hubiera ya puesto una gran fábrica de diamantina indeleble rositamorada y darle a cada feminista su bolsita, a cada víctima, a cada madre su bolsita repleta de éste explosivo material para usarse a diestra y siniestra en sus tortuosos procesos de exigencia de justicia, ya que ataca masculinidades misóginas de autoridades -lo menos omisas, o indolentes o de plano cómplices.

Así también las procuradurías, fiscalías especializadas, los ministerios públicos, las policías ministeriales, los juzgados de todo tipo, las salas de los tribunales, todo estaría lleno de brillitos rosamorado, marcando y recordando una agresión más, una víctima más, una violación más, una desaparecida más, un feminicidio más y así, poco a poco las oficinas, las calles, toda la ciudad, todas las ciudades, pueblos quedarían marcadas de este poderoso polvo brillante.

Las fachadas de casas, veredas, parques y lugares donde se ha cometido un abuso, una violación, un feminicidio, un rapto, una omisión al investigar y sancionar, una revictimización se tornarán con manchas de brillantina rositamorada.

Imaginemos que cada espacio por donde exigimos justicia, se manchará poco a poco con este poderoso polvo brillante y así, sólo así, la sociedad, las autoridades, las personas todas se darían cuenta de la dimensión del asunto, del tamaño del problema. La impunidad no sería nunca más invisible, ¡sería color brillantina rositamorada!

Imagínense, a partir del martes 13 de agosto del 2019, día del descubrimiento del letal polvo de los movimientos feministas que claman y exigen justicia, hartas de tanta impunidad, violencia e indolencia, quedará en el calendario como el día en que inició la invasión de la diamantina rositamorada.

En cada espacio y a cada persona que no haga su trabajo para combatir este flagelo, se le aparecerá una mancha de brillantina rositamorado, cada rincón donde están los inherentes expedientes y carpetas de (no) investigación de todas las asesinadas, violadas, vejadas, desaparecidas empezaran a aparecer en las paredes y gavetas, manchas de brillantina rositamorado, recordando los enormes y desorbitantes pendientes que la justicia tiene con las mujeres.

Asimismo, en cada rincón dónde se cometa un acoso, abuso, violencia, secuestro, jaloneo, hurto, violación, feminicidio o dónde han arrojado los restos de las mujeres, se tornarán rosado diamantina. 

Los juzgados serán invadidos de insoportables manchas de brillantina rositamorada, por cada caso que no lleve el debido proceso, que no tenga perspectiva de género, cuya sentencia quede a deber a las mujeres, cada amparo a feminicidas dejará una mancha de brillantina indeleble y pegajosa que molestará enormemente a los jueces y magistrados que no les quedará más remedio que trabajar por la justicia, expedita, con la debida diligencia, con la odiosa perspectiva de género para no tener semejante monserga de las terribles e insoportables manchas de la brillantina rositamorado en sus juzgados y tribunales.

Ha llegado el momento de la invasión de la diamantina rositamorada, hemos dado con la invención del siglo de las mujeres, ponerle color a la impunidad.

* Feminista mexicana.

Juego de Palabras

Mujeres libres, objeción de conciencia y Estado laico

*  Asimetría del poder

Yaneth Angélica Tamayo Ávalos

SemMéxico, 15 agosto 2019.- Hace unos cuantos días las mujeres obtuvieron un triunfo en la lucha por su derecho a decidir sobre su cuerpo, ante un Estado omiso e indolente de las necesidades de las mujeres el criterio jurídico emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación resultó un bálsamo, el cual dota de seguridad y esperanza de vida a las mujeres que por circunstancias de agresión sexual resultan embarazadas.

Ya que la modificación de la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005, sobre “violencia familiar y sexual contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención”; ahora y gracias a la Corte estará ajustada a lo previsto en la Ley General de Víctimas, esto es, las niñas y mujeres víctimas de violación podrán acceder sin restricción alguna a la interrupción legal del embarazo en cualquier centro de salud, sin la necesidad de la existencia de una denuncia previa.

La palabra de las mujeres y niñas será suficiente para recibir atención médica necesaria y de calidad por parte de las instituciones de salud, lo cual disminuirá los impactos físicos y psico-sociales que sufren, pero además la tasa de mortandad por abortos clandestinos se verá reducida.

No obstante, también existe a favor del personal del sistema estatal de salud el derecho de objeción de conciencia, para que puedan excusarse de practicar los servicios de salud antes mencionados; lo cual representa un problema en sí y no por que la objeción de conciencia sea un derecho inadecuado, sino por la indebida manipulación que se hace de este.

Es necesario recalcar, que este derecho personalísimo no debe verse como algo perjudicial, ya que su naturaleza jurídica se basa en la protección del derecho fundamental de las personas a la libertad de pensamiento, ideología y de opinión; cuya la finalidad es que puedan definir su propia concepción del bien y del mal y aplicarla a casos concretos donde consideren que no se afecta su libertad de conciencia, la cual está ligada a sus valores, principios éticos o creencias religiosas.

Sin embargo, también debo mencionar que este derecho implica que el personal médico se enfrente a un conflicto entre sus valores personales, los de la paciente o familiares y lo dispuesto en algunas normas institucionales o legales. Pues ante este tipo de situaciones surge un problema con la conciencia moral del profesional que le impide ejecutar técnicas como la interrupción legal del embarazo.

Estas situaciones propician la colisión de derechos entre las mujeres que exigen su derecho a decidir sobre su cuerpo y el derecho de los profesionistas que bajo una creencia moral o religiosa deciden no practicar procedimientos médicos como la interrupción legal del embarazo.

Tal colisión es generada como parte de las estrategias de lucha política que en ocasiones se encuentra vinculada a grupos religiosos, que utilizan inadecuadamente la objeción de conciencia para oponerse a la práctica de servicios de aborto legal; donde la manipulación que se ejerce a la libertad individual de conciencia del personal médico impacta directamente en los intereses y derechos fundamentales de las mujeres.

Ya que entorpecen la disponibilidad de información sobre servicios de salud sexual y reproductiva, o restringiendo el acceso a los mismos; provocando riesgos para la vida, la salud y la integridad física de estas; violentando su derecho a acceder a la salud, a su autodeterminación, a una vida libre de violencia, a la dignidad y al derecho a la igualdad y no discriminación.

Debido a que la asimetría de poder entre el personal médico y la mujer, puede atentar contra el principio de autonomía, al verse impedida de disfrutar los beneficios de la recomendación de métodos anticonceptivos de emergencia o del aborto terapéutico, incrementando con el riesgo o el daño por retrasar la atención.

Por todo lo anterior, resulta importante que la sociedad civil que no se encuentra alineada a un dogma religioso exija al Estado el respeto al principio laico y se restringa la intervención de líderes religiosos que atenten contra la progresividad de los derechos humanos y fundamentales.

La objeción de conciencia y los intereses político religiosos no debe estar por encima del derecho de las mujeres a decidir; se deben fijar límites que eviten comportamientos impulsivos o caprichosos que no se deriven de una reflexión crítica, pero además se debe arrojar soluciones alternativas que eviten la colisión entre el derecho a decidir sobre el cuerpo y el derecho a la libertad de conciencia.

Las instituciones públicas deben ofrecer todas las prestaciones que la ley autoriza, por ser entidades que representan al Estado. Y a su vez el Estado debe garantizar que las mujeres reciban los cuidados de salud que requieren cuando su vida y su integridad estén amenazadas, incluso en casos en los que la objeción de conciencia de los profesionales de salud sea un obstáculo para el acceso a servicios de salud para las mujeres.

En conclusión, el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia no puede constituir un mecanismo de discriminación y vulneración de los derechos humanos y fundamentales de las mujeres; se deben establecer los acuerdos necesarios entre las instituciones públicas de tal manera que se respete el pluralismo propio de las sociedades contemporáneas.

Entresemana

TP01, EstafaEscolapia de la 4T

* De pena ajena

Moisés Sánchez Limón

SemMéxico, 15 agosto 2019.- Cuando al señorpresidente se le pilla con los dedos en la puerta, con algún tema contrario a su espíritu justiciero y delator, suele escurrir el bulto. De pena ajena.

Y lo hace con la parábola juarista, lecciones de historia patria que generalmente tienden mantos de impunidad o estigmatizan e insultan al adversario, al crítico, al que piensa diferente, al periodista que no cuadra con su pléyade mercenaria de insultante incapacidad para leer las preguntas, sembradas o no que dan pie a la retórica presidencial, soporte para responder en ese vulgar libre albedrío desde el púlpito del poder.

Así, salir con una gracejada es lo más recurrente junto con el enorme archivo de los otros datos o negarse a contestar porque tiene prisa y deja dudas sembradas, como deslizar que Rosario Robles Berlanga es un chivo expiatorio, vísperas de que la señora cayera en la celada tendida por un juez de burdo complaciente que le dictó prisión preventiva dizque porque carece de domicilio confirmado en la Ciudad de México y evidencia mentira el que haya tramitado licencia de conducir con una dirección diferente a la aportada en el expediente judicial. ¡Sopas!

Difícil sustraerse al affaire RRB en esta opereta que tiene todo el estilo de los nacientes gobiernos priistas en el ajuste de cuentas, aunque el licenciado López Obrador diga que “eso sí calienta”, es decir, que lo encabrona ser comparado con sus antecesores.

Pero ayer en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hubo dos temas que pintan ese lado de impunidad y mentira en el que transitan los primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Y es que, su palabra es una y nada más. Se asume honesto, presume no mentir ni robar, mas lo referido, con datos reales, los que oculta el señorpresidente, por la diputada Dulce María Sauri Riancho y el senador Manuel Añorve Baños demuestran que López Obrador miente y engaña con la estridencia elemental de repetir una mentira mil veces hasta hacerla verdad.

Priistas no vergonzantes, la yucateca Dulce María y el guerrerense Manuel Añorve, remaron a contracorriente de la mayoría de legisladores de Morena que frenó acuerdos para, uno, solicitar que las secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana remitieran a la Comisión Permanente informe detallado de la estrategia para implementar la nueva política migratoria y el impacto presupuestal que generaría su implementación.

Y un exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, para que, envíen un informe del estado que guarda el proceso de venta del avión presidencial –el TP01–, así como un balance del costo beneficio que se derivaría de la venta de dicha aeronave.

Además del exhorto al gobierno federal para acatar las sentencias de amparo a favor de las   estancias infantiles. Así, de la mal llamada o bien llamada “Estafa Maestra”, que ha derivado en prisión contra Rosario Robles, pasamos a la “Estafa Escolapia del TP01”, por estar sustentada en un engaño pueril de deshacerse de un avión carísimo con pérdida para el vendedor que no es propietario, pero aparenta serlo de la aeronave comprada en 2012.

La información pormenorizada con datos duros la aportó en tribuna la diputada Dulce María Riancho. Abuso del espacio y de su tiempo, pero lo dicho por la experimentada política priista no tiene desperdicio. A saber.

“Vengo a hablar en contra del dictamen que desecha el punto de acuerdo que fue enunciado en el tercer resolutivo, es el que se refiere a solicitar información a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, respecto al costo de la implementación de la nueva política migratoria y el procedimiento de venta del avión presidencial.

“Ustedes se preguntarán qué tiene que ver el costo de la política migratoria con el procedimiento para vender el avión presidencial.

“No fui yo, no fuimos la Primera Comisión los que vinculamos este tema, fue el propio Presidente de la República cuando señaló en una de sus conferencias matutinas lo siguiente: “vamos a ayudar a los centroamericanos para que tengan trabajo en sus lugares de origen y trabajo en México, porque va a haber para todos, donde come uno comen millones ¿De dónde va a salir el dinero? de lo que vamos a recibir por la venta del lujoso avión presidencial”.

“Por eso en el radar, el avión presidencial apareció, porque en esos momentos el Presidente dijo que una estrategia que obviamente requería recursos adicionales para poderse instrumentar, iba a proveerlos a partir del procedimiento de venta.

“De allá que empecé a indagar para formular la propuesta de punto de acuerdo, alguna información sobre el procedimiento de venta.

“El avión presidencial Boeing TP-01, también conocido como José María Morelos y Pavón, fue adquirido en noviembre de 2012, mediante contrato de arrendamiento financiero, en términos más claros, la factura de la aeronave presidencial aún no es del gobierno mexicano.

“Se ha informado que la estrategia de venta que se ha estado desarrollando, ha intervenido la oficina de las naciones unidas de servicios para proyectos. 

“En marzo se publicó la solicitud de expresión de interés para potenciales compradores, misma que según se ha dicho en los medios de comunicación, ha generado el interés de más de 14 intenciones de compra.

“Esto no implica que su venta sea rápida, ni que sea beneficiosa para el gobierno mexicano, y mucho menos sea la fuente de financiamiento de una política pública como la migratoria.

“Nuevamente en una conferencia de prensa matutina, el Presidente dijo lo siguiente: “ayer recibí el avalúo de la ONU sobre el avión presidencial, mínimo 150 millones de dólares y de ahí para arriba. Me quedé con la duda de 130 o 150, pero este dinero saldría de lo que vamos a recibir del lujoso avión presidencial, de nombre, como burla, José María Morelos y Pavón, el que buscaba que se acabara la opulencia que se viviera en la justa medianía”, fin de la cita.

“Si bien la cifra mencionada por el presidente es bastante alentadora, la realidad es otra, ya que para obtener ganancias de la venta de la aeronave presidencial, se requiere primero pagar la deuda existente.

“De acuerdo con el programa de pagos de Banobras, al mes de junio faltaba por cubrir 2 mil 150 millones de pesos.

“Si sumamos esa cifra al costo de la nueva política del gobierno respecto a no usar la aeronave y viajar en aviones comerciales, si consideramos que desde el 2 de diciembre el avión presidencial fue enviado a los Estados Unidos generando costos como el pago de una renta mensual de aproximadamente 1.2 millones de pesos en un hangar de California, más los gastos de mantenimiento y la mensualidad programada a Banobras, que no pude dejarse de pagar, tenemos como consecuencia que en seis meses esta política ha costado 235 millones 525 mil pesos para pagar el pasivo a Banobras de un avión que no se usa, y 7 millones 200 mil pesos por tenerlo simplemente estacionado. 

“La cifra crece si consideramos que además de pagar por un avión que no se usa, se está pagando en paralelo el rubro destinado a los viajes comerciales que realiza el Presidente para desarrollar su agenda. 

“Es decir, que mientras se vende el avión, gastamos más de lo que ahorramos para transportar al Ejecutivo federal.

“Por otro lado, las declaraciones del propio Secretario de Comunicaciones y Transportes el pasado 9 de abril, en el marco de su comparecencia ante la Comisión de este Senado de la República, desalientan, porque dijo, cito: “no habrá recuperación de dinero por la venta del avión presidencial”.

“Los datos anteriores no pasarían de ser un problema estrictamente económico, si no fuera por esta vinculación al fondeo de la política en materia migratoria.

“De ahí la razón del punto de acuerdo que propuse, si ya la Secretaría de Gobernación y la de Seguridad y Protección Ciudadana informan de que han hecho uso de los recursos provenientes del fideicomiso Fondo Yucatán, que por cierto, tenía o contaba con casi 2 mil millones de pesos, 100 millones de dólares cuando se inició a finales de junio la afectación de esos recursos para dar los 30 millones de dólares a El Salvador, bueno, pues que nos digan que ya está resuelto cuando menos temporalmente el fondeo de la política migratoria, al menos en relación a los países de Centroamérica.

“Y, en el caso del avión presidencial, que digan con toda claridad, eso va por cuerda separada, cuando se venda de lo que aparezca pues qué bueno, y si no aparece nada por esta política tan dudosa, cuando menos en términos económicos de venta del avión presidencial, también que lo digan.

“Y reitero, la vinculación entre el avión presidencial y la política migratoria, la realizó el Presidente de la República. Por eso, solicito que se reconsidere la negativa a pedir la información que nos permita despejar las dudas sobre esta cuestión”.  Hasta aquí el texto de la legisladora yucateca.

Entonces, ¿es o no una vulgar estafa pueril con dinero que no es del Presidente? Vaya, se vende un avión que no está pagado y se vende para perder. El engaño, la mentira del justiciero señorpresidente.

 Y luego la impunidad, el pasar por encima de un ordenamiento judicial, con el estilo de aldiablolasinstituciones.

El senador Manuel Añorve Baños lamentó se haya desechado el punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal a atender las determinaciones del Poder Judicial en materia de estancias infantiles. Ese fue el punto de acuerdo que se desechó, enfatizó.

“Vale la pena decir que hay jurisprudencia, que efectivamente, hay amparos que han prosperado en todo el país a favor de las estancias y de sus beneficiarios, y que esta Comisión Permanente no puede ser omisa y no dar apoyo a las madres y padres de familia que lo siguen reclamando en cada uno de los estados de nuestra República Mexicana.

“Por supuesto que no puedo estar de acuerdo con las manifestaciones, extrañamientos que se han hecho contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la cual la Comisión de Derechos Humanos señaló, dictaminó que se vulneran los derechos de niños, padres de familia, así como de responsables de las guarderías.

“Y los derechos humanos no es una institución a modo, ni partidista. Es una institución que creamos los mexicanos y que por supuesto debemos de apoyar sus resoluciones, nos incomoden o nos apoyen, pero al final de cuentas es una institución seria y que no podemos tampoco estarla denigrando o no estar aceptando las recomendaciones que emite”. Concluyo parte del argumento de Añorve en defensa del exhorto.

Pero, vaya, es evidente que la consigna es pasar por encima de lo que sea, al grito de ¡aldiablolasinstituciones! Rosario creyó, acudió a la cita y la encarcelaron por la Estafa Maestra; ¿quién responderá por la Estafa Aérea o llamémosla EstafaEscolapia? Ofende al sentido común y más la violación a una orden jurisdiccional. Hágase justicia en los bueyes de mi compadre. Conste.

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Ráfaga

Urge que AMLO fije una posición digna ante Trump

* Los amagos del estadounidense no cesan

Jorge Herrera Valenzuela

SemMéxico, 15 agosto 2019.- Durante los doce años de campaña política del actual Presidente de México, no pocas veces se mostró molesto por la inacción del Gobierno Federal frente a las agresiones nada diplomáticas del gobierno estadounidense, sobre todo en materia económica. Cierto es que a partir del sexenio salinista se impuso una serie de medidas que poco o nada beneficiaron a México, particularmente en 1994 al entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio.

Bueno, en los últimos casi nueve meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el presidente norteamericano ha dedicado la mayor parte de su tiempo en estar amenazando, insultando, agrediendo, dentro y fuera de su territorio, a la población mexicana. Sus discursos han propiciado una era de racismo similar a la que, tiempo atrás, hubo contra los hombres de color (hoy llamados afroamericanos) y ahora el ataque es hacia los mexicanos, como ocurrió el 3 del presente mes en El Paso, Texas.

Donald Trump comenzó su plan contra el pueblo mexicano al anunciar la construcción de un muro, a lo largo de más tres mil kilómetros de frontera, cuando ya sus antecesores habían colocado las barreras para impedir el paso de indocumentados o “mojados” como se le calificó durante mucho, porque cruzan a nado el Río Bravo o Río Grande. El empresario republicano reiteradamente ha dicho que ese murro lo pagará el gobierno de México.

Al presentarse el tiempo para la revisión del Tratado de Libre Comercio, Trump amenazó con eliminarlo. El infundado argumento era que México había sacado el mayor provecho, perjudicando a la economía yanqui. Durante el último año del gobierno anterior, la delegación mexicana batalló mucho. Los encuentros fueron constantes con los norteamericanos y los canadienses, lográndose una solución, en principio aparentemente equitativa. Sin embargo, los amagos de Trump no cesan.

Una tercera ocasión se presentó al anunciar Trump que impondría nuevos aranceles a todas las importaciones de productos de origen mexicano. Ahora el motivo fue que el gobierno mexicano debería de tener una actualización en su política migratoria. En pocas palabras, frenar el paso de centroamericanos, asiáticos, africanos y cubanos, que emprendían la aventura para llegar a la frontera y pasar a territorio norteamericano. Ni tardo ni perezoso López Obrador desplazó a la Guardia Nacional, cuya función es policial urbana y no contendedora de migrantes.

En fecha más reciente el hombre que despacha en el Salón Oval de la Casa Blanca, se sacó del bolsillo la nueva orden para las autoridades mexicanas. Esta fue la de combatir con más fuerza el narcotráfico y si en un año no hay resultados que le satisfagan a Trump, éste “descertificará” a nuestro país, reduciendo en un 50 por ciento el apoyo económico y bloqueando préstamos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. No necesita proceder en esto último, porque López Obrador ha dicho que no se sujetará a los lineamientos y políticas de esos bancos.

A todo lo anterior, comentado en forma sintetizada, se suma la permanente agresión física e intimidatoria de la policía yanqui y lo más grave, las redadas para deportar a los que no tienen documentación para residir o bien que son sospechosos de tener antecedentes como delincuentes. Las deportaciones están a la orden del día. Aunque los Cónsules mexicanos acreditados en Estados Unidos trabajen horas, Trump da órdenes de proceder para sacar de su país a millones de indocumentados. Ya en otra etapa, recordemos, como separó a los niños de sus padres.

 ¿Y? Pues que López Obrador se concreta a decir que no buscará enfrentamiento con Trump; que quiere el diálogo. Su frase más reiterativa es que guarda respeto porque hay muy buenas relaciones con el hombre que anda en campaña para reelegirse. Pero, el pero que nunca falta, lo que deseamos los mexicanos es que el gobierno federal deje de cumplir las órdenes norteamericanas y que busque los antecedentes de los gobiernos sexenales del siglo pasado, donde encontrará un discurso muy objetivo, respetuoso, del presidente Gustavo Díaz Ordaz defendiendo la dignidad y la soberanía de México.

Por lo que estamos viviendo, cabe citar el diálogo que al encontrarse, en 1928, el general Pershing y el abogado poblano Luis Cabrera sostuvieron: Pershing dijo: “El problema con ustedes, mexicanos, siempre están pensando, pero no actúan” y contestó Cabrera: “El problema con ustedes americanos, siempre actúan, pero nunca piensan”.

Pregunta para meditar:

¿López Obrador seguirá pensando o decidirá actuar, mientras que Trump continuará actuando, sin importarle pensar?

jherrerav@live.com.mx

Mujeres y Política

La locura feminista

* La ignominia gubernamental

Soledad Jarquín Edgar

SemMéxico, 15 agosto 2019.- Las feministas nos hemos vuelto locas porque queremos justicia pronta y expedita. Estamos bien chifladas porque demandamos no más feminicidios, quizá nos falta un tornillo porque protestamos por todas las violencias, desde los indeseables piropos callejeros, la violación sexual y el feminicidio, peor aún las feministas somos unas dementes porque queremos que los gobiernos y sus aparatos de justicia sean eficientes y eficaces. Somos unas enajenada e imprudentes porque protestamos y gritamos hartísimas de tanta violencia institucional.

No hay duda. Las buenas personas y sus buenas conciencias siempre se toman la razón. En ellas hay cordura y poder. Las locas iracundas de la calle son argüenderas, provocadoras. Capaces de romper vidrios y lanzar diamantina rosita, catalogada ya como la más peligrosa de las bombas feministas, jamás utilizada.

Lo que sucede en la ciudad de México y que se hizo visible en sólo unas cuantas horas es el pan nuestro de cada día en el resto del país. Lo que hay en realidad es hartazgo frente a la terrible impunidad. Hay en la historia oculta de nuestro país una lista de agresiones hechas por cuerpos policíacos y de seguridad contra las mujeres en las sierras de Oaxaca, Chiapas y Guerrero o en las calles de BC, Aguascalientes, Edomex o Coahuila, por citar algunos de los vergonzosos casos. Al final del día, ninguna de esas mujeres ha tenido justicia real, gracias a la Falta de repuesta de las autoridades y algunos, solo unos cuántos, se litigan aún en tribunales internacionales.

De la protesta de este lunes me quedo con esa imagen viralizada del jefe policiaco Jesús Orta tras sentir en su cabeza y rostro un puño de diamantina. Enojo total. Y eso nos lleva a pensar en el rostro de una chica de 17 años agredida por policías en la capital mexicana. Y en la expresión de miles de familias cuando el feminicidio toca a sus hijas, hermanas, madres, abuelas…

La insensible respuesta de las autoridades que dirige la Sheinbaum es el rostro de otros 31 gobernantes del país y de 32 procuradores o fiscales, como Ernestina Godoy, que dice no criminalizar la protesta, pero advierte que no la va a tolerar. Se llama lenguaje verbal machista, lo que la lingüista feminista Mercedes Bengoechea llama “mensajes contradictorios”, condescendientes, pero cuando se expone el otro lado de la moneda entran en conflicto.

Y todavía este miércoles, sorprendió, a mí en particular, que destacadas feministas y funcionarios puedan destinar una mañana de trabajo para dar -como se dice en política- el espaldarazo a la jefa de gobierno y no para unirse a cientos de víctimas de la violencia patriarcal que se enfrentan a la simulación de las fiscalías y procuradurías que hacen como que trabajan abriendo carpetas de investigación que poquísimas veces llegan a ser vinculadas a proceso y por lo tanto no alcanzan un debido proceso y en consecuencia no existen sentencias. Se llama como lo sabemos bien en México, y en especial las mujeres, IMPUNIDAD. Igualito que en la ciudad de México. Sin duda hoy por hoy hacer política es hacer mítines y a Sheinbaum se le dan bien. Así las feministas de renombre y funcionarias de gran nivel, hicieron lo que Andrés Manuel López Obrador realizó recientemente, le levantaron simbólicamente la mano a la jefa de gobierno y sin decirlo, corearon ¡No estás sola, no estás sola! Solas las otras, las de la alteridad. Las que sin ser oídas siguen gritando ¡Justicia, justicia!

Sí, esas políticas están ausentes en la cotidianidad de obreras, campesinas, empresarias, profesionistas, artistas, deportistas, fotógrafas y periodistas, jefas de familia, estudiantes de todos los niveles y todas las mujeres en general que se la rifan sin nadie sosteniendo sus dichos como víctimas y menos las autoridades que contrario a toda política de igualdad siguen cuestionando su vida personal.

Hoy sabemos qué el color se pinta la injusticia cuando se lanza brillantina rosita en polvo, la indeleble marca de la ignominia burocrática.

Y si seguirán las marchas, los gritos de justicia, las demandas contra la ominosa impunidad, seguirán los espectaculares denunciando las complicidades, seguirán, las pintas y quizá uno que otro vidrio roto, seguirán rayando las hojas blancas de sus cuadernos bonitos del aparato gubernamental, seguirán eso que las autoridades llaman provocaciones. Frente a todo ello no se puede esperar nada, porque hasta hoy la impunidad, el cuestionamiento a las víctimas sigue, ¿sabrán qué significa eso en la vida de las personas afectadas?

Ellas, que dirigen las políticas públicas “de género” en México están para la foto, para el foro, para las reuniones, eso se les da bien.

Pide Lorena Villavicencio se emita AVGM para CDMX

* Propone se constituya una Comisión de Expertas que dé seguimiento a cada una de las medidas de prevención, seguridad y justicia hacia las mujeres.

*Hace un llamado a las autoridades encargadas de la procuración de justicia y seguridad pública, para que lleven a cabo una investigación imparcial y apegada a la legalidad, en el caso de la menor víctima de violación por policías capitalinos.

Redacción

SemMéxico. Ciudad de México. 15 de agosto 2019.- La diputada federal,  Lorena Villavicencio Ayala, integrante de las comisiones de Justicia, y de Derechos Humanos, pidió que se emita una declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para la Ciudad de México.

 “Que se decrete la Alerta de Género en la CDMX, adoptando todas las medidas de prevención y contención de la violencia, así como el acceso a la justicia restaurativa”, manifestó en un comunicado.

La diputada federal,  exigió lo anterior por el caso de violación  una joven menor de edad, presuntamente, por cuatro elementos de la policía de la Ciudad de México, en la alcaldía Azcapotzalco.

De igual forma, ante este hecho,  lamentó la omisión de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México no haya actuado con la celeridad, profesionalismo e imparcialidad en este delicado asunto, y solo reacciona ante eventos de protesta de diversos colectivos femeninos que buscan a acabar con la violencia contra mujeres, niñas y la impunidad de los delitos de género que crecen día a día en México, dijo.

 “Ninguna mujer está a salvo en el espacio público con estos policías que afectan a toda la institución. Por ello, hago un llamado a las autoridades encargadas de la procuración de justicia y seguridad pública, para que lleven a cabo todas y cada una de las acciones necesarias para una investigación imparcial y apegada a la legalidad”, manifestó.

Cabe destacar que el artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que el Ministerio Público y la Policía están obligados a proceder sin mayores requisitos a la investigación de los hechos de los que tengan noticia. Tratándose de delitos que deban perseguirse de oficio, bastará para el inicio de la investigación la comunicación que haga cualquier persona, en la que se haga del conocimiento de la autoridad investigadora los hechos que pudieran ser constitutivos de un delito.

Por su parte el artículo 174 del Código Penal para el Distrito Federal, define el tipo relativo a la violación y solo en el caso, de que se trate de violencia entre cónyuges o concubinos se hará por querella.

Por ello la legisladora morenista exigió que se otorguen medidas de protección a la joven de Azcapotzalco, para que pueda continuar con su proceso, sin tener ningún riesgo, y se detenga a los policías que cometieron el delito grave.

Asimismo, planteó que se constituya una comisión de expertas que dé seguimiento a cada una de las medidas de prevención, seguridad y justicia que deben instrumentarse para salvaguardar la integridad, seguridad y la vida de las mujeres.

Hizo un reconocimiento a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por mostrar empatía con mujeres de la sociedad civil organizada, después de los hechos acontecidos durante la marcha de mujeres feministas para exigir justicia, el pasado lunes 11 de agosto.

 “Reconozco que nuestra Jefa de Gobierno, que ha trabajado incansablemente con programas que, en un corto plazo, ofrecerán alternativas a quienes hoy viven en condición de desigualdad y sé que comparte nuestra indignación por la violencia que nos acompaña en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, es hora de actuar, la integridad y la vida de las mujeres está de por medio”, finalizó.

SEM/IL

Inminentes: las acciones para frenar la violencia feminicida en la CDMX

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Ante los recientes hechos de violencia sexual visibilizados públicamente en la Ciudad de México, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), reitera que la violencia feminicida en esta Ciudad.

Redacción 

SemMéxico. Cd. de México. 14 de agosto de 2019.- Ante los recientes hechos de violencia sexual visibilizados públicamente en la Ciudad de México, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), reitera que la violencia feminicida en esta Ciudad, requiere de la implementación de medidas específicas de acuerdo al contexto y a los obstáculos que se enfrentan, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, como lo advirtieron las organizaciones peticionarias de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, desde el 7 de septiembre de 2017.

En un comunicado de prensa señala el OCNF que las prácticas inadecuadas de las autoridades al filtrar información, revictimizar a las mujeres y poner en entredicho su palabra, pone en riesgo, no sólo las investigaciones sino la seguridad de las víctimas que se atreven a denunciar. Tal es el caso de la joven violentada sexualmente por policías capitalinos, cuya respuesta no asertiva, derivó en actos que evidencian el hartazgo social como el ocurrido el pasado 12 de agosto en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX).

“Como defensoras de los derechos de las mujeres, hemos documentado la prevalencia y no disminución de la violencia feminicida en el país, y en particular en la Ciudad de México. De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,  en el primer semestre del año se han registrado 118 asesinatos de mujeres en esta ciudad, siendo investigados como feminicidio sólo el 16%, es decir, 19 casos, lo que -una vez más- evidencia que no se está investigando con perspectiva de género”.

Por otra parte, en el caso de violencia sexual, en los primeros seis meses de este año, se documentaron 369 denuncias de violación sexual, ubicando a la Ciudad de México en el primer lugar a nivel nacional en este tipo de delito.

Si bien durante los ocho meses del Gobierno de la Ciudad de México, se han anunciado diversas acciones para combatir la violencia contra las mujeres, en la práctica, éstas distan mucho de ser materializadas en el mejoramiento de la prevención, atención y sanción de la violencia, por lo que nos parece que es oportuno que las autoridades capitalinas reconozcan que es necesario el fortalecimiento de las acciones emprendidas, con la mirada y expertise de la sociedad civil, el movimiento feminista, defensoras de derechos humanos y víctimas, señalan. 

“En este sentido, vemos de manera de positiva el establecimiento de la estrategia “Cero impunidad y justicia absoluta para las mujeres y niñas víctimas de violencia”, encabezada por la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum y la Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Dicha estrategia fue presenciada por diversas autoridades federales, locales y organizaciones feministas de la sociedad civil”

Ante ello, como defensoras de derechos humanos hacen un llamado para que a la brevedad:

-Se instale una mesa técnica para la elaboración del Plan de Acción a la Violencia Feminicida.

-Las autoridades informen sobre los avances en la investigación de los casos de violencia sexual en donde estén implicados policías y funcionarios públicos.

-Se establezcan los indicadores de evaluación de resultados que permitan monitorear los avances y obstáculos en la atención, prevención y sanción de la violencia feminicida en la CDMX.

-Fortalecer la mesa de atención a víctimas de violencia feminicida, instalada a partir de la solicitud de la Alerta de Violencia de Género.

Como Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio refrendamos nuestro compromiso con las víctimas de violencia feminicida y nuestra disposición de seguir construyendo de manera conjunta una ciudad segura y libre de violencia para las mujeres, niñas y adolescentes.

SEM/GR

Nestora Salgado buscará que Ciudad Mujeres de Tlapa trabaje adecuadamente

Pondrá marca personal para que Ciudad Mujeres de Tlapa, siga funcionando, y paguen al personal conformado mayormente por mujeres.

Josefina Aguilar Pastor 

SemMéxico. Chilpancingo, Guerrero, 14 de agosto de 2019.- Nestora Salgado García, senadora por Morena, pondrá marca personal para que Ciudad Mujeres de Tlapa, siga funcionando, y paguen al personal conformado mayormente por mujeres, al que le adeudan nueve meses de salario.

Rosario Robles Berlanga, tuvo mucho que ver en la situación en la que se encuentra Ciudad Mujeres de Tlapa, centro que desde un principio, tuvo muchos problemas para funcionar adecuadamente y ella –la entonces Secretaria-, no resolvió la situación, sobre la cual, fue cuestionada durante su última comparecencia ante el Senado, expuso Salgado García.

Ciudad Mujeres de Tlapa, ha venido haciendo un buen trabajo que no puede quedar abandonado “voy a seguir apoyando, para que las trabajadoras de ahí, reciban su sueldo de nueves meses sin cobrar”, dijo la Senadora.

De manera personal, aseguró Salgado García, ha expuesto este tema al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, quien le habría afirmado que ha tomado cartas el en asunto, comentó Salgado García.

Agregó que se ha comprometido con el personal del Centro, a buscar una reunión con el presidente de la república, y apuntalar el apoyo necesario para Ciudad Mujeres de Tlapa, que atiende a mujeres abusadas física, sexual, y emocionalmente, pero no solo a ellas, también a niños, jóvenes, algunos hijos de estas mujeres o víctimas de algún tipo de violencia.

Sería lamentable que por falta de organización y apoyo, un centro de apoyo para víctimas de violencia se cerrara, asentó la senadora, dijo que de ser necesario, presentaría una iniciativa para garantizar un techo financiero para su funcionamiento.

“Vamos a hacer todo lo posible lo que este en mis manos, yo ya lo prometí, que lo vamos a trabajar  a mí no me gustaría que se cierre es algo muy importante estuve ahí se del trabajo tan hermoso que hacen las personas que están apoyando y no podemos dejarlo, no podemos permitir ese lugar se cierre”, recalcó la senadora morenista.

Instala Gobierno de la CDMX mesa de diálogo con organizaciones de la sociedad civil

  • Llama Sheinbaum a un acuerdo para avanzar hacia una ciudad que erradique la violencia de género
  • No se criminalizará la protesta social pero tampoco se permitirá la violencia: Godoy Ramos

Redacción

SemMéxico, Ciudad de México, 14 de agosto de 2019.- En el Diálogo «Cero impunidad y justicia absoluta para las mujeres y niñas víctimas de violencia”, funcionarias y legisladoras federales y locales dieron su respaldo a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por las acciones que su administración ha emprendido contra la violencia hacia las mujeres, en tanto que integrantes de organizaciones feministas advirtieron que continuarán con sus demandas y exigencias.

Sheinbaum indicó que esta mesa de trabajo es un acuerdo para avanzar hacia una ciudad que erradique la violencia de género. Por su parte, la secretaria de las Mujeres, Gabriela Rodríguez, se pronunció por cero impunidad y una justicia absoluta para las mujeres, en tanto que la procuradora de Justicia de la CDMX, Ernestina Godoy Ramos, reiteró que no se criminalizará la protesta social pero no se permitirá la impunidad ni la “violencia que se infiltra entra nosotras”. Si queremos un trato justo “vámonos respetando y vamos respetando todos los derechos de las mujeres”, agregó.

Entre las actividades que se han llevado a cabo, Sheinbaum y Rodríguez mencionaron la creación de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), el Gabinete de Género, la capacitación con perspectiva de género a ministerios públicos, la Red de Mujeres, los 27 centros de atención (Lunas), los centros de justicia de la procuraduría local, los recursos para refugios de organizaciones y el uniforme neutro en las escuelas. La reclasificación de delitos,

Con el Programa de Abogadas de las Mujeres se han asesorado a más de 20 mil mujeres y abierto de marzo a la fecha 3,579 carpetas de investigación. En los módulos y las líneas de la Semujeres se han atendido a 60 mil mujeres, además de que se han capacitado a 4,560 servidoras/es públicas/os.

Las secretarías y alcaldías están colaborando para la integración del Programa de Atención, Prevención y Acceso para una Vida Libre de Violencia, dando atención directa a las recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim). Se firmará un convenio para la formación con una visión de género de la policía de investigación, la auxiliar y preventiva y para el gobierno, en general, así como una campaña educativa y pedagógica que erradique el machismo.

Godoy Ramos reconoció que en los procesos de cambio y de diseños institucionales en favor de la democracia, los derechos humanos y la paz, las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales, la academia, entre otros actores, han jugado un papel importante. Muchas instituciones actuales no podrían explicarse sin tomar en cuenta la intervención estratégica de todas ellas.

Ante integrantes de unas 15 organizaciones feministas, las convocó a generar dos acciones específicas: el Plan de Atención a la Violencia Feminicida y el Programa de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, a través de una Mesa Técnica de Análisis. Detalló otras propuestas que retomó de las organizaciones que incluyen capacitación, revisión de protocolos, modelos y metodologías en atención a la violencia.

La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman, las senadoras Citlali Hernández Mora y Malú Mícher, y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, Nashieli Ramírez Hernández, reconocieron el trabajo que Sheinbaum ha llevado a cabo y respaldaron las iniciativas gubernamentales.

Hernández Mora hizo un llamado a mujeres cuya primera bandera es la lucha feminista a que entiendan que este gobierno está dispuesto a trabajar de manera conjunta. Las causas se articulan con propuestas, denuncias y exigencias claras y firmas, pero de manera respetuosa y articulada, puesto que hoy hay autoridades que escuchan.

Por otra parte, Julia Pérez, de Vereda Themis, afirmó que el movimiento feminista es el que ha logrado más avances en favor de las mujeres. A pesar de que las activistas sean atacadas y denostadas, seguirán trabajando para construir un Estado de derecho y para dialogar, pero sin ceder en ninguna de las demandas, como lo es el derecho a decidir.

María de la Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, al igual que las otras participantes de las organizaciones que fueron invitadas al diálogo, pidieron acciones concretas para acabar con la impunidad y frenar la violencia. Apuntó que en 2018 fueron asesinadas 167 mujeres y solo el 25% se iniciaron investigaciones como feminicidio, con lo que sigue viendo grandes fallas en investigación criminal.

Asimismo, en el primer trimestre de 2019 se registraron 369 casos de violencia sexual, principalmente en las alcaldías de Gustavo A. Madero, Iztapalapa e Iztacalco. A pesar de las iniciativas mencionadas, siguió, las organizaciones desconocen sus avances, por lo que es necesaria una mesa de información para conocer lo que ha pasado con la Fiscalía para el feminicidio, con la procuración de justicia o con los hechos de violencia ocurridos en el Sistema de Transporte Colectivo, Metro, para no actuar solo en coyunturas.

Anayeli Pérez Garrido, de Justicia Pro Personas, puntualizó que el contexto de violencia feminicida en la Ciudad de México que se vive hoy fue permitido por la falta de su atención, por los obstáculos de acceso a la justicia para las víctimas. Las acciones adicionales deben estar concentrados en un plan estratégico para saber quiénes serán los responsables de coordinar y ejecutar esas acciones, indicadores y plazos.

Por su parte, la académica Marta Lamas está muy orgullosa del gobierno de la CDMX que se tiene. Más allá de las críticas, de los conflictos, dijo, tenemos una jefa de gobierno que da la cara, que quiere trabajar con la sociedad civil, pues no toda la cuarta T quiere trabajar con ella.

Por otra parte, en redes sociales el evento fue criticado, puesto que al Diálogo no convocaron abiertamente sino por invitación. En sus muros de Facebook, diversas activistas consideraron que no había representatividad de las organizaciones feministas ni estaban las que llamaron a la marcha contra las agresiones policiacas. Señalaron que las asistentes se prestaron a una simulación. Un portal de noticias (CDMX) habló de las “adulaciones” y “espaldarazo” de feministas a Sheinbaum.

SEM/gl/IL

El insostenible terrorismo de género y la violencia institucional

Rubí de María Gómez Campos

                                               A Valentina por su ejemplo de valor, amor y dignidad.

SemMéxico. 14 de agosto 2019.- El reciente caso de violación cometido por cuatro policías preventivos en la Ciudad de México a una joven de 17 años, no ha estremecido tanto a la sociedad mexicana, como la protesta ciudadana contra la violencia sexual llevada a cabo mayoritariamente por mujeres, quienes lanzaron pintura en polvo al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, rompieron la puerta de la PGJ y realizaron pintas en el inmueble.

La Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum calificó reiterada y “categóricamente” la protesta como “provocación” y aseguró que la Procuraduría ha abierto carpetas de investigación con el fin de “hacer las investigaciones conducentes”. Los hechos que motivaron las protestas fueron, además de la violación cometida a pocas cuadras de la casa de la víctima, la filtración de datos de la menor y posterior liberación de los acusados (quienes continúan en funciones) bajo el argumento de falta de continuidad en el trámite de la denuncia, que fue detenida como consecuencia del temor y desconfianza en las autoridades, a raíz de las filtraciones.

La procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, declaró que no se ha podido integrar la carpeta de investigación y por ello los presuntos delincuentes podrían regresar a sus cargos. “Si no existe imputación, no existe razón alguna para que sean separados de la dependencia”, afirmó; como si la violencia sexual por parte de agentes gubernamentales fuera equivalente a delitos cometidos entre particulares.

Las funcionarias ignoran con sus dichos la responsabilidad directa que les corresponde en materia de Derechos Humanos y muestra su profunda ignorancia de los compromisos de México a nivel internacional. En las observaciones finales sobre el informe periódico de México ante la CEDAW, en vista de que los delitos de violencia contra las mujeres, “a menudo son perpetrados por agentes estatales”, se recomienda reiteradamente (actualizando una recomendación previa) “como cuestión prioritaria” que se “investigue, enjuicie y sancione como corresponda a los responsables, incluidos los agentes estatales”.

La diligencia y la actitud oficiosa en el caso de las protestas, contrasta de manera alarmante con la postura oficial de indiferencia y aparente complicidad con actos de violencia y tortura cometidos por agentes gubernamentales; lo que puede ser interpretado legítimamente como terrorismo de género y violencia institucional en contra de las mujeres, que podrían ser englobadas en la definición de Terrorismo de Estado.

Después de más de seis décadas en que las mujeres se propusieran luchar y trabajar intensamente desde el plano teórico y político para lograr ser reconocidas en su valor humano y respetada su dignidad, las condiciones de vida para ellas se han recrudecido dramáticamente. Las formas de violencia y discriminación contra mujeres y niñas, llega a grados inimaginables de sadismo y crueldad, sin que estas puedan contar con la mínima garantía de seguridad ciudadana.

Los recurrentes casos de agresiones sexuales: acoso, violaciones tumultuarias, exhibiciones cibernéticas, asesinatos frecuentes (alrededor de 10 diarios) tanto en el espacio público como en el privado, y otras degradaciones a las que se ven sometidas cotidianamente las hijas y las nietas de aquellas feministas de la segunda ola, son tan insólitas como los cambios, sólo aparentes, ocurridas en todos estos años. A diferencia de sus madres y abuelas, quienes tuvieron que soportar un orden ideológico autoritario, represor de sus derechos y de su sexualidad, las jóvenes generaciones de mujeres del siglo XXI, nacidas en un contexto de avances significativos en el orden jurídico de derechos humanos a nivel internacional, han tenido que ir comprendiendo la injusta condición de ciudadanas de segunda con la que los gobiernos las siguen concibiendo.

Al recibir una formación de madres ejemplares que se han adaptado a las nuevas funciones de cuidado y —en más del 30 % de los hogares mexicanos como jefas de familia— también con su manutención, a lo largo del proceso de su inserción social han constatado que —aunque cumplan ineludiblemente sus obligaciones ciudadanas (civiles, fiscales, electorales, etc.) y se esfuercen cotidianamente por aportar al mundo que aspiran a transformar, con inteligencia y creatividad— no alcanzan todavía la condición de sujetos plenos de derecho. En el proceso de crecimiento y consolidación de su identidad, las jóvenes no se conciben atadas a los límites morales, políticos ni teóricos que las ciudadanas de generaciones anteriores tuvieron que tolerar. Su presencia es admirable en campos como el deporte, la ciencia, el arte, etc. No obstante, el mundo masculino parece haberse detenido en una anacrónica idea de sí mismo que no permite avanzar.

Los jóvenes varones comparten con los viejos la mayoría de los criterios con que fueron educados sus propios padres y hasta sus abuelos. Sin haberse enterado de los cambios democráticos del mundo, las prácticas, las ideas y los valores de muchos jóvenes son casi idénticos a la idea de un poder omnímodo, violento y autoritario que convierte al mundo en un infierno intolerable para las mujeres. Si bien la violencia sexual fue el arma predilecta de luchas fratricidas durante toda la historia de la humanidad, el recurso de la violación y la tortura sexual se reservaba para momentos límite de sus cruentas batallas. En tanto avanza el siglo XXI, y a pesar de los supuestos avances jurídicos que intentan garantizar la seguridad de las mujeres, la misoginia creciente es capaz de ahogar cualquier intento de participación de ellas en un plano de igualdad.

Es necesario apoyar con firmeza la indignación de las jóvenes por los sucesos ocurridos. Sus luchas son aún las nuestras. La impunidad no cabe en estos casos donde debería darse una sanción ejemplar. No las dejemos solas. Es momento de pasar de la estrategia de capacitaciones ineficientes a la depuración de cuerpos policiacos y de seguridad. Si aspiramos a un verdadero cambio que penetre las raíces culturales de la vida en común, ha llegado el momento de hacer que las autoridades entiendan que la dignidad humana, la vida y la integridad de las mujeres y las niñas no es un asunto menor.

Militarización tiene impactos discriminatorios sobre las indígenas

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* Informe sombra para el Comité CERD revela desigualdad por discriminación racial

* Políticas punitivas como la política antidrogas y prisión preventiva contribuyen a la exclusión racial y sexista

Soledad Jarquín Edgar

Segunda parte de tres

SemMéxico, Cd. de México, 14 agosto 2019.- La prisión oficiosa, la política de drogas y la militarización tienen impactos negativos sobre las mujeres indígenas, revela el Informe Sombra para el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (Comité CERD), Acceso a la Justicia para Mujeres Indígenas.

En el segundo capítulo del informe sombra denominado Criminalización considera que al menos tres políticas punitivas exacerban la discriminación racial y sexista que viven las indígenas: la prisión preventiva (oficiosa), la política prohibicionista de drogas y la militarización de la seguridad pública.

Sobre la prisión preventiva oficiosa procede una vez que a las personas se les vincula a un proceso relacionado con la comisión de ciertos delitos. En cuanto esto ocurre, el juez tiene que decretar la prisión preventiva automáticamente, sin que pueda evaluar la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida para cada caso. Por lo mismo, es una privación arbitraria de la libertad, como han reconocido distintas instancias internacionales de derechos humanos.

Detectan que a partir de 2008 el porcentaje de mujeres encarceladas sin sentencia ha crecido de manera importante, rebasando, incluso, la proporción de hombres en la misma situación. La prisión preventiva, en otras palabras, tiene un impacto desproporcionado en las mujeres.

Los datos que ofrece la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) revela que la prisión preventiva afecta a las mujeres indígenas de manera desproporcionada. En 2016 de las mujeres encarceladas que hablaban una lengua indígena, el 42.2 % no tenía aún una sentencia, cifra que es mayor a la de los hombres, tanto los que hablaban una lengua indígena (26.9%), como los que no (26.6%).

Por ello, el informe sombra recomienda: Derogar los preceptos constitucionales que disponen la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos, y asegurar que la detención preventiva se aplique como último recurso y durante el plazo más breve posible, aplicando, siempre que sea pertinente, medidas sustitutorias, conforme a los estándares de derechos humanos.

Con respecto a la política de drogas, las organizaciones que elaboraron el informe encontraron que de acuerdo al Censo de Población Indígena Privada de la Libertad, estos delitos ocupan el quinto lugar en la lista de delitos por los cuales las personas indígenas se encuentran privadas de la libertad.

Tres casos

EQUIS ha monitoreado el impacto que esta persecución ha tenido en las mujeres y ha encontrado que también afecta a las mujeres indígenas. Tal es el caso de Gloria, que habla zoque y español, vendía leña y tortillas y lavaba ropa en el estado de Oaxaca, fue arrestada por el ejército tras una “llamada anónima” y posteriormente encarcelada de manera oficiosa.

O como el caso de Lorena, una ama de casa proveniente de Chiapas, que tiene un hijo con parálisis cerebral, fue condenada a 10 años de cárcel por transportar marihuana desde su pueblo hasta la Ciudad de México.

O como el caso de Lucilda, que fue detenida en un retén y, en el Ministerio Público, fue obligada a firmar su “confesión”, mientras se le recordaba que “los indios” “tienen esa fama de dedicarse a las drogas”.

Estos casos ilustran una variedad de problemas del sistema penal mexicano: la injusticia de la prisión preventiva; la arbitrariedad con la que las autoridades arrestan sin realizar una investigación previa (según la ENPOL, solo el 9.5 % de las mujeres y el 13.3 por ciento de los hombres encarcelados en el 2016 habían sido arrestados con una orden de detención); la violencia que ejercen las autoridades en los interrogatorios (el 33.5 % de las mujeres y el 23.9 % de los hombres encarcelados en el 2016 que se declararon culpables lo hicieron por amenazas de la autoridad); y la desproporción de las penas, por mencionar algunos.

Las recomendaciones son: reforma a la política de drogas actual, para transitar de un modelo prohibicionista, violatorio de derechos humanos, a un modelo basado en el respeto a los derechos humanos, la promoción de la salud pública y la reducción de daños, en el que el consumo, la posesión y el comercio de drogas no estén penalizados.

Se implemente un mecanismo para la liberación legal de las personas que han sido víctimas de la injusta política prohibicionista de las drogas, incluidas las mujeres indígenas. Y se implementen políticas públicas para garantizar la reinserción social integral de las personas encarceladas por delitos relacionados con drogas, basadas en el respeto a los derechos humanos y que tomen en cuenta la perspectiva de género e interculturalidad.

La militarización: aumenta homicidios y desapariciones

Sobre la militarización exponen que la presencia de las fuerzas armadas en comunidades indígenas en México no es novedad, como tampoco lo es el hecho de que las fuerzas armadas han vulnerado sus derechos y señalan como ejemplo los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, que denunciaron las violaciones que sufrieron por parte de elementos del ejército, en el 2002 y gracias a las cuales se logró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH) condenara al Estado mexicano, en el 2010, por distintas violaciones asociadas a la militarización.

La realidad, sin embargo, es que, desde finales del 2006, con el lanzamiento de la “guerra contra las drogas” para reducir la violencia, la militarización de la seguridad pública ha desatado un aumento de los homicidios, las desapariciones, las violaciones a los derechos humanos y del desplazamiento forzado. Por ejemplo, solo en el 2017, se calcula que 12 mil 323 personas indígenas tuvieron que desplazarse de sus comunidades por la violencia a la que han estado expuestas.

Pese a ello, el gobierno actual decidió mantener e incluso robustecer el despliegue militar. Por una parte, el gobierno logró que se reformara la Constitución para formalmente autorizar a las fuerzas armadas a desempeñar labores de seguridad pública por los próximos cinco años –algo que constitucionalmente estaba prohibido–.

Si bien esta autorización debería ir acompañada por una serie de controles, en la práctica, estos controles son débiles o inexistentes. La opacidad de las fuerzas armadas sigue siendo la norma.

Por ejemplo: la recién aprobada Ley Nacional del Registro de Detenciones excluye a las fuerzas armadas de la obligación de registrar sus detenciones cuando realizan funciones de seguridad pública. Desde el 2014, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) decidió dejar de publicar los números de civiles heridos y muertos en sus enfrentamientos.

La Guardia Nacional convertida en una institución militar

La Guardia Nacional debe ser una institución civil. Pero, a pesar del mandato constitucional, el gobierno la está convirtiendo en una institución de facto militar. De manera adicional, se le han otorgado facultades preocupantes por el impacto que pueden tener en la discriminación racial. Por ejemplo: se le ha otorgado la facultad de inspeccionar “los documentos migratorios de personas extranjeras”. Una facultad discrecional que se presta para que una autoridad decida interrogar a una persona con base en sus prejuicios racistas.

Considerando que el gobierno anunció que la Guardia Nacional va a ser desplegada en la frontera sur del país para combatir el “problema migratorio”, es preocupante el impacto que va a tener específicamente sobre comunidades indígenas y migrantes. Aunque en el discurso político la “guerra contra las drogas” ha acabado; en la práctica, el aparato que ha servido para perpetrarla sigue vivo y ya se está dirigiendo a un nuevo objetivo: poblaciones (indígenas y migrantes) que históricamente han sufrido discriminación, violencia y persecución.

Las recomendaciones son: Garantizar que las tareas de seguridad pública estén a cargo de autoridades civiles y no militares. Garantizar el mando civil de la Guardia Nacional, a fin de preservar su independencia. Que los soldados y marinos que se incorporen a la Guardia Nacional no estén sujetos, de ninguna forma, a las instituciones castrenses de las cuales provienen. Que se reforme el artículo 39 de la Ley de la Guardia Nacional para garantizar que la profesionalización de sus elementos y se abrogue la facultad que se le confirió de “inspeccionar los documentos migratorios de personas extranjeras”,

Se recomienda además que se reforme el artículo quinto transitorio de la Ley Nacional de Registro de Detenciones para garantizar que todas las autoridades que realizan labores de seguridad pública, sin excepción, tengan las mismas obligaciones de registro de información. Y hacer públicas las cifras de personas muertas, heridas y detenidas durante los operativos de seguridad, incluidos los que han realizado y realizan las fuerzas armadas.

SEM/sj/gr

En la puerta de su casa asesinan a mujer en Tehuantepec

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  • El crimen es el segundo ocurrido esta semana y se suma a la lista de 85 mujeres asesinadas en la entidad en este año.

Patricia Briseño

SemMéxico. OAXACA, Oax. 14 de agosto 2019.- Una mujer de 43 años de edad fue asesinada a balazos a las puertas de su vivienda en Santo Domingo Tehuantepec, en la región del Istmo, reportaron corporaciones policiacas estatales.

Los habitantes  del Barrio de San Sebastián identificaron a su vecina  como Felipa A, dedicada a la labores del hogar, lugar a donde llegó su agresor a dispararle a quemarropa.

Elementos de la Policía Municipal de Tehuantepec, Estatal y de la Fiscalía General del estado acudieron a las puertas de la vivienda de la mujer zapoteca para iniciar las indagaciones, y ordenar el levantamiento del cuerpo, para el trasladado al anfiteatro donde le realizaron  la necropsia.

El crimen es el segundo ocurrido esta semana y se suma a la lista de 85 mujeres asesinadas en la entidad en este año, según el recuento del centro de documentación del Grupo de estudios sobre la mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer).

De su lado, la organización feminista Consorcio Oaxaca, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio expuso su   preocupación por que los «homicidios dolosos», es decir, aquellos en los que el criminal busque intencionadamente la muerte de la víctima, podrían no estar siendo tipificados como feminicidios. A pesar de que la Fiscalía ha reconocido un aumento considerable en homicidios dolosos contra mujeres y feminicidios.

En su comunicado consideró de suma importancia que la Fiscalía General del estado retome el Acuerdo 04/XLIII/27 del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) en el que se pactó que la Procuraduría General de la República (PGR) y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las 32 entidades federativas “iniciarán la investigación de toda muerte violenta de mujeres de carácter doloso bajo protocolos de feminicidio».

Exigió a las autoridades de procuración de justicia que todas las muertes violentas de mujeres inicien sus investigaciones como feminicidio; se apliquen los protocolos en la materia y las investigaciones sean realizadas con la debida diligencia, perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad.

Presentan estrategia ALE para seguimiento de AVG en Jalisco

Dicha iniciativa contará con un  presupuesto de 4 MDP para 11 municipios que cuentan con la declaratoria de Violencia

Yunuen Mora

SemMéxico/El Informador.mx Guadalajara, Jalisco. 14 de agosto 2019.- Con el objetivo de tener una ruta de seguimiento a las Alertas de Violencia de Género Contra las Mujeres (AVGM) declaradas en Jalisco, la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Hombres y Mujeres (SISEMH), Fela Pelayo y María Elena García Trujillo, subsecretaria de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la SISEMH, anunciaron la estrategia ALE, a partir de la cual se destinarán cuatro millones de pesos para los 11 municipios que tienen esta declaratoria.

Según informó Pelayo, cada municipio podrá acceder a un máximo de 350 mil pesos para acciones en pro de la protección de las mujeres, como la adquisición de dijes “Un Pulso de Vida”, sin embargo tendrán que presentar un proyecto con las especificaciones requeridas para su posterior aprobación. Apuntó que a partir de septiembre, ya podrán acceder al recurso.

Agregó que aunque los municipios tienen avances en las AVGM, no sabe cuáles son, pese a que se necesita la coordinación con los mismos para generar una estrategia:

 “Ahí sí habrá que sentarnos con cada uno porque ellos tienen sus propios avances. Nosotras la información que compartimos es dentro de las atribuciones y capacidades que tenemos, sin embargo, hay una labor más amplia que vale la pena preguntar directamente a los presidentes (municipales). Tampoco vamos a anunciar sus avances”.

Agregó que ya se tiene homologado el protocolo para el seguimiento de órdenes de protección en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), pero hace falta que sea aprobado por el Consejo de Jalisco para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres para publicarse y que el resto de los municipios, lo adopten, aunque “eso sí va a depender de la voluntad de cada uno”, según dijo.

Por su parte, García Trujillo subrayó que ya realizan diferentes acciones como la capacitación y seguimiento a las medidas de órdenes de protección. En ocho de los 11 municipios con la Alerta de Género, ya se capacitaron a mil 068 policías y funcionarios, además de que se instalaron módulos de atención en varias localidades de Jalisco.

Seis meses después, sin avances en brazaletes para agresores

Aunque en febrero de este año se aprobó el uso de brazaletes electrónicos para monitorear agresores de mujeres, Pelayo destacó que aún no se aplica porque “la Coordinación de Seguridad, está revisando los elementos para poder implementar esta acción”, como el costo y las notificaciones internacionales que los señalan como violatorio a los derechos humanos.

Por otra parte, García detalló que en lo que va del año, se han contabilizado 154 muertes violentas de mujeres donde fue aplicado el protocolo de feminicidio. De estas, solo en 23 se integraron carpetas por feminicidio.

DATOS

Municipios con Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres federal:

El Salto, Guadalajara, Lagos de Moreno, Mezquitic, Puerto Vallarta, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá, Zapotlán el Grande y Zapopan.

Municipios con Alerta de Violencia Contra las Mujeres local:

Ameca, El Salto, Guadalajara, Lagos de Moreno, Mezquitic, Puerto Vallarta, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá, Zapotlán el Grande y Zapopan.

Robles, sin privilegios y con monitoreo las 24 horas en penal de Santa Martha

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Redacción

SemMéxico/Proceso (apro) Ciudad de México. 14 de agosto 2019.- La exsecretaria de Estado, Rosario Robles, está recluida en un área de acceso controlado del penal de Santa Martha Acatitla, con monitoreo las 24 horas del día y cámara de vigilancia, donde recibirá “el mismo trato que todas las personas privadas de su libertad”, informó la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

En una nota informativa, la dependencia explicó que la mañana de este martes recibió el oficio del juez de control federal para el ingreso de María del Rosario Robles Berlanga al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, el cual ocurrió alrededor de las 08:35 horas.

Agregó que la exsecretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Enrique Peña Nieto fue ubicada “en la zona de ingreso del centro de detención, área de acceso controlado, donde contará con monitoreo de vista las 24 horas del día por personal femenino de seguridad y custodia, así como cámara de vigilancia”.

La Subsecretaría manifestó el respeto a los derechos humanos de “la señora Robles” y confirmó que al interior del penal “recibirá el mismo trato que todas las personas privadas de su libertad”.

Al respecto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que “en realidad se busca que quien esté en los reclusorios, en las áreas de detención, todos tengan un buen trato”.

Sobre la acusación contra Rosario Robles por el presunto desvío de más de cinco mil millones de pesos, la mandataria local dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) y los jueces “tendrán su razón” para que la inculpada esté bajo prisión preventiva. Luego, evitó pronunciarse sobre si se trata de una persecución política.

-¿Se está haciendo justicia el que (Robles Berlanga) esté en prisión?

-Ahí está la Fiscalía General y tendrán su razón los jueces por haber presentado, por haber dado esta orden de aprehensión.

Al término de un acto oficial en el Bosque de Chapultepec, Claudia Sheinbaum fue cuestionada por la prensa sobre la acusación de los abogados de la exjefa de gobierno de presunta persecución política, a lo que respondió:

 “No, no me voy a meter en ese tema, la verdad”.

La prensa le insistió sobre si la vinculación a proceso de la experredista significaba un golpe al gobierno anterior, a lo que reaccionó: “Ya me parece a mí que en este caso los jueces tienen que decir y también está a evaluación de la propia gente la vida de esta mujer”.

Luego, dejó al aire una respuesta:

-¿A nivel local, también se espera próximamente alguna detención?

-Pues depende de la Procuraduría, aquí es la procuración de justicia y de los jueces, así que…

Y sobre la posibilidad de que el gobierno capitalino solicite el envío de la expresidenta nacional del PRD a un penal federal, Sheinbaum Pardo contestó: “Ya se verá, esto está en manos de la Fiscalía General”.

SEM/Proceso (apro)

Inicia el Curso de la OEA para candidatas electorales de Bolivia

Esta iniciativa de formación incorpora entre algunos temas claves como liderazgo político con enfoque de género y organización de una campaña electoral.

SemMéxico. La Paz, 14 de agosto de 2019-. Por la mañana de este martes se realizó la inauguración del Curso para Candidatas Electorales “Remedios Loza”, de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con la participación de altas autoridades de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM/OEA), la Escuela de Gobierno (EG/OEA), el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Órgano Electoral Plurinacional y el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización.

Luz Patricia Mejía, representante de la Comisión Interamericana de Mujeres empezó dando las gracias por el apoyo en este proyecto y destacó el rol de las mujeres líderes de todos los sectores “quienes han sido la principal fuerza detrás de la conquista de los derechos. Por ello, de la democracia esperamos más y exigimos más: que el terreno de juego esté nivelado para mujeres y hombres y que las mujeres puedan participar en el liderazgo de los países sin importar el lugar donde han nacido, ni su condición social, ni su raza, ni género, ni orientación sexual.»

En el mismo sentido, María Fernanda Trigo de la Escuela de Gobierno de la OEA resaltó que justamente una de las tareas principales de la Organización es el fortalecimiento de la democracia en las Américas. “Lograr una mayor participación de las mujeres en la política es una cuestión no solo de justicia, también fortalece la gobernabilidad y las instituciones democráticas de un país”, indicó Trigo durante la inauguración.

Esta iniciativa de formación incorpora temas claves para llevar adelante una campaña electoral exitosa, como liderazgo político con enfoque de género, organización de una campaña electoral, comunicación política y manejo de medios, simulación de entrevistas y debates electorales y estrategias para identificar y enfrentar situaciones de violencia contra las mujeres en la política.

Esta es la séptima edición del Curso, que ya ha formado a más de 300 participantes de 12 países del continente americano y es la primera a nivel nacional para Bolivia. La convocatoria estuvo dirigida a mujeres de todos los partidos y organizaciones políticas de todo el país que decidieron postularse como senadoras o diputadas en las próximas elecciones generales del 20 de octubre de 2019.

La OEA tuvo en cuenta especialmente la participación de mujeres pertenecientes a grupos tradicionalmente excluidos de la política, ofreciendo para ello becas completas de matrícula a todas las candidatas seleccionadas, además de becas limitadas de traslado o alojamiento a participantes que viven fuera de La Paz o el Alto.