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La Ciudad de las Mujeres agoniza bajo el estigma de Rosario Robles

* Tlapa una zona donde la violencia contra las mujeres es endémica

* Hoy la institución está en el limbo, sin recursos desde que inició el gobierno de AMLO

Neldy San Martín

SemMéxico/Proceso, Tlapa, Gro., 7 octubre 2019.- En un conjunto de edificios gubernamentales, entre caminos de terracería a la entrada de Tlapa de Comonfort, se encuentra la Ciudad de las Mujeres, donde un grupo de trabajadoras da atención integral a las habitantes más pobres de la región más pobre de Guerrero.

Pero el lugar está en el limbo y las trabajadoras no han recibido sus salarios hace meses, presumiblemente porque la Ciudad de las Mujeres tiene un estigma: fue creada por Rosario Robles.

Ubicada en una zona de riesgo para las mujeres –en 2017 se decretó la alerta de género en el municipio de Tlapa–, el centro no ha recibido recursos federales desde que comenzó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y está en peligro de desaparecer, pese a que atiende mensualmente a entre mil 500 y 2 mil mujeres, en su mayoría indígenas.

La Ciudad de las Mujeres se compone de siete edificios, en cada uno de ellos las usuarias encuentran gratuitamente diferentes servicios: educación en salud sexual, reproductiva y preventiva para reducir la mortalidad materna y el embarazo adolescente; educación básica y media superior; acompañamiento legal y atención psicológica en caso de ser víctimas de violencia; y clases de computación y cursos de enfermería y estilismo para que desarrollen su autonomía económica.

Ahí dan atención, asesoría y acompañamiento a mujeres como María Aceves, quien ha sido extorsionada y amenazada de muerte por su hermano; a Ofelia Barrera y a su hija, que sufrieron violencia intrafamiliar; a Dominga Juárez con su divorcio y a María Albino, quien lucha por la pensión alimenticia de sus cinco hijos.

Las imágenes de Simone de Beauvoir, la sufragista Elvia Carrillo Puerto, la poeta Sor Juana Inés de la Cruz, la activista Malala Yousafzai y la premio nobel Wangari Maathai y la frase “Todos los días son 8 de marzo”, adornan el salón de usos múltiples del edificio donde se imparte el módulo de atención a mujeres jóvenes.

SEM-Proceso/nsm

Exigen la renuncia de la titular de CONAVIM

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* Firman la petición mujeres y organizaciones de 17 entidades del país

* Omite la ley, trasgrede la justicia federal, paraliza los procesos y evade la transparencia

Sara Lovera

SemMéxico, Cd. de México, 7 octubre 2019.- Feministas peticionarias de la Alerta de Violencia Género contra las Mujeres (AVGM) en el país exigen la renuncia de Candelaria Ochoa Ávalos, como titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), por omitir la ley, trasgredir la justicia federal, paralizar los procesos y judicializar los derechos de las mujeres, evadir la transparencia de los recursos y conducirse de manera irregular.

La petición dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se sustenta en una serie de hechos que en los últimos seis meses ha obstaculizado el curso de 19 declaratorias de AVGM y su desempeño en la práctica no ha generado acciones contundentes que detengan el asesinato feminicida de al menos 10 mexicanas diariamente.

También exigen al gobierno federal que la AVGM vuelva a su origen, sé evalúe su eficacia, se cumpla y reformen la ley y el reglamento de la alerta, se fortalezca el mecanismo y en lo inmediato se transparente el uso de los recursos destinados a la AVGM en los tres niveles de gobierno.

En la carta firmada por 41 organizaciones de 17 entidades del país y que se entregará mañana, promovida por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), y firmado hasta por organizaciones feministas y académicas del país, afirman que el trabajo de la comisionada obstaculiza la participación de la sociedad civil y no responde a los compromisos de campaña del presidente de la República, ni atiende las recomendaciones de las expertas de la ONU.

También argumentan que la comisionada se conduce con falta de compromiso, feminista y no vela por la garantía de los derechos de las mujeres en México.

Hacen un llamado al Presidente López Obrador para que actúe en concordancia con su compromiso de campaña y el discurso oficial, las servidoras y servidores públicos que se desempeñen en su gobierno tengan un alto compromiso con las causas que encabezan, que haya acciones tangibles y en beneficio de la sociedad, y su interés en que las malas prácticas y abusos de poder sean desterrados en esta Cuarta Transformación.

Exigen al Gobierno Federal cinco cosas precisas: La renuncia de la Titular de la CONAVIM; un Plan y acciones reales para el combate y erradicación de la violencia contra las mujeres en México; evaluar y medir resultados en las 19 AVGM declaradas en el país, a partir de conocer el grado de avance y obstáculos en la implementación de las medidas, con el fin de actualizarlas, direccionarlas, tenerlas por cumplidas o, en su caso, denunciar y sancionar a las autoridades omisas.

Además, garantizar que las medidas de las AVGM sean específicas acorde a las problemáticas detectadas, y no se reduzcan en acciones de política pública ordinaria que los estados deben realizar, en cumplimiento de sus obligaciones establecidas en las Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en los Programas de Igualdad y contra la Violencia de Género.

Asimismo, fortalecer el Mecanismo de AVG, a través del diseño de una metodología de seguimiento y evaluación que incluya indicadores de resultado e impacto que permitan identificar qué acciones han funcionado, cuáles deben fortalecerse y qué acciones no coadyuvan a cumplir los objetivos del mecanismo de AVG, a fin de que las AVG puedan evaluar los avances en la disminución de la violencia contra las niñas y mujeres.

Transparencia en los tres niveles de gobierno de las acciones y recursos destinados para garantizar los derechos humanos de las niñas y mujeres y reformar el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para evitar que los vacíos generen un mal uso e interpretaciones a modo de la propia Ley y del procedimiento del mecanismo de AVG, tutelando en todo momento el acceso a la justicia de las mujeres, niñas y adolescentes.

Argumentos

Candelaria Ochos Ávalos tiene una evidente falta de compromiso, inacción y sobre todo por la obstaculización que desde su puesto realiza a la garantía de los derechos de las mujeres en México.

Hemos atestiguado que a más de seis meses de que tomara posesión del cargo, la actual Comisionada no ha impulsado ni realizado acciones contundentes que puedan atender la problemática actual que cada día acaba con la vida de 10 mujeres en nuestro país.

El ejemplo más reciente es la promoción de un recurso de revisión contra el amparo concedido el pasado 13 de septiembre a las organizaciones de la sociedad civil peticionarias de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVGM) para la Ciudad de México, por el Juzgado Tercero de Distrito en materia Administrativa.

Esta acción en sí misma dilata la necesaria activación de la Declaratoria de AVGM y el cumplimiento del amparo concedido por el Poder Judicial de la Federación a las organizaciones peticionarias, víctimas y familiares de víctimas, el recurso interpuesto por la CONAVIM, cuya titular paradójicamente se reivindica como feminista, cuestiona la participación de la sociedad civil, su experiencia y su interés legítimo en actuar en defensa de los derechos humanos de las niñas y mujeres que viven en un contexto de violencia.

En este sentido, la CONAVIM no solo está transgrediendo la justicia federal, omitiendo implementar de manera pronta y expedita lo que se le mandata en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sino también los compromisos internacionales.

La comisionada, argumenta que la concesión del amparo y sus efectos no tienen un alcance al que como autoridad responsable pueda dar cumplimiento. Manifiesta que no depende de ella la designación de recursos ni el deber de transparentar las acciones gubernamentales, particularmente, sobre los informes generados por los grupos encargados para dar seguimiento a las acciones emanadas de la declaratoria. Menciona que todo ese trabajo es “información reservada”, lo que propicia también la falta de transparencia de los recursos y acciones que el Estado está obligado a realizar en cualquier tipo de gobierno.

La negativa de la Declaratoria de AVG para la CDMX, la  Comisionada ha llevado a las organizaciones peticionarias a interponer demandas ante el Poder Judicial de la Federación, quien ha reconocido mediante los diversos juicios de amparo, el actuar ilegal de CONAVIM. Eso pasó en el estado de Zacatecas, ahí las mujeres ante el argumento de judicial de que no se había fundado y motivado la negativa de la solicitud, ordenó que se volviera a resolver sobre la admisión. 

Está pendiente de resolverse un tercer amparo, en este caso relacionado con la tercera solicitud de AVGM para el estado de Veracruz, en donde la CONAVIM nuevamente actuó de manera irregular para impedir el trámite de dicha solicitud, acumulándola a una previa, invisibilizando la problemática de desaparición de mujeres y niñas, denunciada por las organizaciones.

En lugar de dar cumplimiento a sus obligaciones en la implementación del mecanismo de AVG, de diseñar los planes de implementación y la metodología de seguimiento y evaluación de las 19 AVG declaradas y de convocar a los grupos de seguimiento -cómo se le ha solicitado en diversos estados- la actual Comisionada se ha dedicado a orillar a las organizaciones a judicializar los derechos de las mujeres, en lugar de garantizarlos como lo establece su mandato.

Otro ejemplo de actuar indebido por parte de la CONAVIM, que obstaculizó la participación de la sociedad civil y de las defensoras de los derechos humanos se vivió en el estado de Jalisco el 20 de abril de 2019, cuando la Titular quiso impedir la presencia de las organizaciones peticionarias, advirtiendo que solo estarían presentes si el Gobernador estaba de acuerdo, a lo que él respondió que las organizaciones deben estar no solo por ser peticionarias sino para dar seguimiento. Finalmente se garantizó su presencia; esta decisión del ejecutivo, no debería ser una concesión sino una garantía en cumplimiento de la ley.

Reconocimiento de Bachelet a defensoras de derechos humanos

Recuerdan las organizaciones que apenas el 2 de octubre, en el marco de la Plataforma de Dublín para Personas Defensoras de Derechos Humanos 2019, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet reconoció la labor de las defensoras de los derechos de las mujeres y advirtió la importancia de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos, pues el próximo año se cumplen 25 años de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) y dijo “pareciera que la discusión no es ir hacia adelante sino cómo no ir hacia atrás, por eso es que las defensoras de derechos humanos son tan necesarias, porque necesitamos hacer retroceder a quienes nos quieren hacer retroceder”.

También argumentan que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (Comité CEDAW) en julio de 2018 en sus Observaciones finales sobre el noveno Informe de México recomendó al Estado mexicano: “elaborar un plan de acción nacional, en cooperación con las organizaciones de la sociedad civil de mujeres, para garantizar la participación de las mujeres en el tratamiento de la situación de inseguridad, violencia y delincuencia organizada en el país”.

Ese comité recomendó “evaluar la repercusión del Mecanismo de Alerta de Violencia de Género a fin de garantizar una utilización amplia y armonizada y la coordinación de los planos federal, estatal y municipal, y vele por la participación de organizaciones no gubernamentales, expertas del mundo académico y defensoras de la perspectiva de género y los derechos humanos, así como mujeres víctimas de la violencia”.

Por todo ello la CONAVIM no solo está transgrediendo la justicia federal, omitiendo implementar de manera pronta y expedita lo que se le mandata en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sino también los compromisos internacionales que México ha firmado.

Hacen notar que el 6 de marzo de este año el Presidente de la República y la Secretaria de Gobernación, hicieron público el “Plan de Acciones Emergentes para Garantizar la Integridad, la Seguridad y la Vida de las Mujeres y Niñas de México”, hoy ese ofrecimiento no ha tenido avances y en contrario la violencia permanece y se agudiza, lo que incrementa la indignación de la población como lo han dejado ver las diversas manifestaciones realizadas en distintos estados de nuestro país.

Firmas de Organizaciones:

Observatorio de Violencia Social y de Género Aguascalientes;  Mujeres Unidas: Olympia de Gauges Tecate B.C; Observatorio de Violencia Social y de Género, Durango Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas AC-COLEM Chiapas; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Chihuahua; Mujeres por México en Chihuahua; Nuestras Hijas de Regreso a Casa; Justicia para Nuestras Hijas; Red Mesa de Mujeres de Juárez; Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental; Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Edo. de México; Red Mujer Siglo XXI; Justicia, Derechos Humanos y Género ; Justicia Pro Persona; Cátedra Unesco de la UNAM;  Familiares en Búsqueda de Justicia; Red de promotoras de Ecatepec; Servicios de Inclusión Integral AC SEIINAC, Hidalgo; Centro de Derechos Humanos “Victoria Diez” Guanajuato; OBVIO Guerrero AC; Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM-México), Jalisco;  Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos, A.C.;  ARTHEMISAS por la Equidad, A.C. Nuevo León; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca; Comisión de Derechos Humanos Mahatma Gandhi; Colectivo Bolivariano;  Centro de Derechos Humanos YURENI A.C, Oaxaca; Programa de Género y VIH Dirección del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J;  Maya sin Fronteras Quintana Roo; Asociación Sinaloense de Universitarias, A.C.; Frente Cívico sinaloense; OCNF Sonora; Asociación Ecológica Santo Tomás Tabasco; Comité de Derechos Humanos de Tabasco; Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo Local, Tlaxcala; Colectivo Mujer y Utopía, A.C. Tlaxcala;  Red Nacional de Periodistas; Ciencia Social Alternativa, Red Por Nuestros Derechos Mujeres en Red, Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de las Mujeres y las Niñas.

SEM/sl/sj

Con actividad cultural reclaman justicia, en Tatoxcac

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* Un tendero de adioses a Francisco Toledo

* Recuerdan a los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el feminicio de Patricia Mora

Elda Montiel

SemMéxico, Cd. de México, 7 octubre 2019.- ¿Quién podría olvidar el feminicidio de la maestra rural Patricia Mora Herrera, aún impune? ¿Quién no está en deuda con Francisco Toledo? ¿Quién no habría de continuar exigiendo, legítimamente, la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos?

Con estas preguntas, Jacobo Mora Herrera, responsable de la Gestoría Cultural Maestra Rural Patricia Mora Herrera, en colaboración con la Escuela Primaria Rural Abraham Sosa de Tatoxcac, realizó en el Quiosco del zócalo, El tendedero de adioses a Francisco Toledo.

Dentro de las actividades culturales, también está la participación del alumnado de los cinco grados escolares a cargo de la profesora Susana Toledo, quienes han estampado su mano en tinta blanca sobre papel de china color negro.

La elaboración de los papalotes corre a cargo del alumnado de sexto grado que dan continuidad a los de Toledo, allá en Oaxaca en el reclamo internacional de la “¡Justicia y verdad!” sobre los estudiantes normalistas rurales de Ayotzinapa a cinco años de su desaparición. 

Jacobo Mora Herrera, hermano de la víctima de feminicidio, recordó que en la exposición temporal Primera Bienal del Cartel Oaxaca Carteles por Ayotzinapa organizado por Francisco Toledo y el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO), se unieron a la exigencia de justicia para Patricia Mora Herrera, el 2 de junio de 2018. 

La maestra Patricia Mora Herrera tenía 43 años de edad, ingeniera industrial con Maestría en Innovación Educativa, profesora de Matemáticas y Física en la preparatoria José Vasconcelos en la comunidad de Tetelilla de Islas, en la Sierra Nororiental de Puebla.

Fue asfixiada, un viernes 10 de noviembre de 2017, en un intento de abusar sexualmente de ella, cuando regresaba a su hogar después de participar en un curso impartido por la SEP en el municipio vecino de Teziutlán. Su cuerpo fue encontrado desnudo por integrantes del Comité Vecinal de la comunidad de Totoltepec, quienes salieron a buscarla al caer la tarde.

Desde entonces, la familia de Patricia Mora se ha enfrentado a una serie de obstáculos que van desde las prácticas dilatorias en el proceso de investigación hasta el intento de dar carpetazo al caso, en la exigencia de justicia, reparación del daño y verdad para las víctimas y sus familiares.

SEM/em/sj

Trata de personas se disfraza como la oportunidad de la vida en Kenia

  • Fuente y tránsito para el tráfico y la trata
  • Víctimas tratadas como delincuentes

Miriam Gathigah

SemMéxco/IPS, Nairobi, 7 octubre 2019. – Hace seis años, Mary Njambi recibió la noticia de una oportunidad de trabajo única en la vida, lejos de su aldea en el corazón del condado de Kiambu, en el centro de Kenia. Tenía 20 años, era madre soltera y carecía de trabajo.

“Mi mejor amiga me dijo que las familias ricas en Arabia Saudita necesitaban mujeres para trabajar como domésticas. Mi salario sería de 1.000 dólares por mes, más horas extras”, cuenta a IPS esta joven cuyo nombre y apellido son ficticios a su pedido.

Su amiga la llevó a una agencia de reclutamiento en el centro de Nairobi, donde todos los arreglos de viaje se hicieron sin costo alguno para ella.

Tres meses después, Njambi y otras 15 chicas hicieron ese fatídico viaje a Arabia Saudita.

“Nos separaron a todas en el aeropuerto y me llevaron a la casa de mi empleador. En el momento en que entré, una mujer comenzó a ‘ladrarme’ órdenes en árabe a pesar de que no hablaba el idioma”, dice. En aquel momento, ella no tenía como saber que había caído víctima de una red de trata de personas.

Kenia, fuente y tránsito para el tráfico y la trata

El Informe Mundial sobre la trata de personas de 2019, publicado en junio por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, describe a Kenia como fuente, punto de tránsito y destino para las personas sometidas a la trata sexual y el trabajo forzado.

Publicado cada año, el informe clasifica a los países en cuatro niveles según el compromiso demostrado por cada gobierno para eliminar la trata de personas:

  • El Nivel 1, el más alto, incluye a los gobiernos que cumplen con los estándares mínimos de la Ley de Protección de Víctimas de Trata de Estados Unidos (TVPA, en inglés), vigente desde 2000.
  • Un país como Kenia, con una calificación de Nivel 2, no ha cumplido con estos estándares, pero ha realizado esfuerzos significativos para lograrlo.
  • La Lista de vigilancia del Nivel 2, en la que se situó a Kenia hasta 2015, es similar al Nivel 2, salvo que en el primer caso el número de víctimas de la trata es considerablemente alto o aumenta significativamente.
  • El Nivel 3, la peor clasificación, indica que los países, como sucede con Arabia Saudita, no han cumplido con los estándares mínimos para eliminar la trata de personas, y no está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo.

“Estos esfuerzos incluyen la criminalización de la trata de personas y la atención de los sobrevivientes”, dijo a IPS el fiscal Victor Amugo, quien ejerce la acusación pública en los tribunales de Kilifi, una ciudad de la costa del sureste de Kenia que es centro de trata de personas en el país.

Según Wilkister Vera, comandante de la policía del condado de Kakamega, en el oeste de Kenia, los agentes de la ley del país sí luchan contra la trata de personas.

“Estamos apuntando a toda la red de reclutadores, los lugares donde las víctimas son detenidas antes de ser trasladadas, el transporte y siguiendo el rastro que deja el papel, incluidos los permisos de trabajo y pasaportes”, dijo a IPS.

“También existen sistemas para atender a las víctimas a través del Mecanismo Nacional de Referencia”, agregó la comandante.

Las niñas y las jóvenes, las más vulnerables

El Centro Colaborativo de Datos sobre la Trata, que documenta este delito, afirma que, al igual que Njambi, la población infantil y juvenil femenina es especialmente vulnerable a la trata de personas, principalmente con fines de explotación sexual y trabajo forzado.

  • Una de cada seis víctimas de la trata es una niña,
  • Dos tercios tienen entre 18 y 29 años,
  • Diecisiete por ciento tienen entre 30 y 47 años, y
  • Menos del uno por ciento tiene más de 47 años.

“La pobreza y las desigualdades de género son algunos de los factores que hacen que las mujeres y las niñas sean más vulnerables a la trata de personas”, dijo a IPS Zuleikha Hassan, legisladora en el parlamento del condado de Kwale y fundadora de la Asociación Musulmana Tawfiq.

A su juicio, “hay que educar en forma agresiva a las comunidades para identificar situaciones de trata de personas que se disfrazan como el trabajo de la vida”.

Njambi dice que desde el primer día el trabajo como empleada doméstica en Arabia Saudita era matador, con al menos 18 horas al día sin parar y teniendo que dormir en el suelo. Luego, rápidamente, se intensificó tanto la violencia física como la sexual.

Los días se convirtieron en meses sin una sola jornada libre y sin recibir paga alguna. “Un día fui a la azotea y amenacé con saltar si no me devolvían a mi casa y funcionó”, cuenta.

Eso sucedió en 2013, cuando se extendía por todo el país la noticia de que cientos de niñas kenianas estaban angustiadas y varadas en el Medio Oriente.

“Las afortunadas llegaron a casa magulladas y maltratadas. Otras regresaron en ataúdes. En 2014, el gobierno prohibió a los kenianos y kenianas viajar a Medio Oriente por trabajo”, dice Dinah Mbula, otro nombre ficticio a su pedido, que dirige una agencia de empleo en el centro de Nairobi.

“Hubo una ofensiva del gobierno contra las agencias de reclutamiento, pero las historias de terror no asustaron a las personas desempleadas y desesperadas por viajar a Medio Oriente”, atraídas por las historias de rápidas ganancias, explica Mbula a IPS.

Ello pese a que siguen los casos de trata y tráfico, dos delitos distintos, pero interconectados en los casos transnacionales. El primero consiste en la explotación de personas con fines sexuales y otros, dentro o fuera del país y siempre contra su voluntad, y el segundo se refiere al traslado irregular y transfronterizo y suele ser consentido por la víctima.

Víctimas tratadas como delincuentes

En 2000, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niñas, conocido como el Protocolo de Palermo por la ciudad italiana donde se acordó, marcó una transición importante hacia un trato más adecuado del delito de la trata.

Kenia es signataria del Protocolo de Palermo, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Ello condujo a la aprobación en 2010 de la Ley de lucha contra la trata de personas, que entró en vigor dos años después.

“La sección 1 de la Ley contra la trata de personas penaliza la trata sexual y laboral”, dijo el fiscal Amugo.

Aunque el informe sobre la trata de personas afirma que ahora hay más enjuiciamientos y condenas de traficantes en Kenia, Amugo considera que los números podrían aumentar si todos los enjuiciamientos se hicieran en virtud de las leyes contra la trata de personas en lugar de las leyes de inmigración o infracciones laborales más indulgentes.

Los condenados bajo la legislación contra la trata cumplen 15 años de prisión, una multa de no menos de 50.000 dólares, o ambos.

“Las víctimas de la trata de personas son tratadas como criminales. Es por eso que los reclutadores continúan haciendo su trabajo porque saben que las posibilidades de que una víctima se reporte a la policía son casi cero”, explica Mbula.

Kenia prohíbe y luego levanta la prohibición de ciudadanos que trabajan en el Medio Oriente. Además, esta nación de África oriental ha levantado la prohibición de que sus ciudadanos viajen al Golfo por trabajo.

El gobierno de Kenia firmó acuerdos bilaterales con Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos y levantó la prohibición en 2017.

El gobierno insistió en volver a examinar las agencias de reclutamiento después de levantar la prohibición. Pero Mbula dice que más de 1.000 agencias fueron examinadas y solo 100 fueron autorizadas, pero debido a la corrupción “todavía estamos en el negocio con o sin licencia”.

Desde principios de 2019, Kenia permitió a Arabia Saudita contratar nuevamente a trabajadoras domésticas. Según el Ministerio de Trabajo, al menos 130.000 mujeres y hombres kenianos laboran como trabajadores domésticos en el Golfo.

Njambi confirma que es más fácil mantenerse aislada en la aldea o irse porque “la gente te dice que estés agradecida de que hayas vuelto con vida. No hay ningún tipo de apoyo o asesoramiento”.

Ahora dirige una tienda de comestibles en su centro comercial local, fuera de su localidad.

Ella dice que las víctimas a menudo se comparan con otras que fueron a Oriente Medio y tuvieron éxito. “La gente dice que su experiencia fue simplemente mala suerte y le aconsejan que pruebe otros países como Líbano. Mi historia se repite todos los días porque la gente está desesperada”, asegura.

SEM-IPS/mg

En Berriozábal, mujeres proveerán agua a comunidades

* Bajo un esquema comunitario, dirigirán proyectos para recolección y suministro de agua

* Son 46 comunidades apoyadas en asistencia técnica de proyectos

Andrés Domínguez

SemMéxico/ChiapasParalelo, Tuxtla Gutiérrez, 7 octubre 2019.- Más de 150 mujeres jóvenes de 46 comunidades del municipio de Berriozábal llevan más de nueve meses capacitándose para generar proyectos comunales que buscan captar y disponer de agua potable.

Este proyecto forma parte del Organismo Municipal de Servicios Comunitarios de Aguas y Saneamiento (OMSCAS), decreto 245 autorizado en este año por el Congreso del Estado.

Este Organismo Municipal tiene como objeto fundamental, fortalecer la gestión comunitaria del agua y saneamiento, promover la asociatividad entre comunidades, con el propósito de aportar en la garantía del derecho al acceso al agua potable, desinfectada, el saneamiento y el manejo integral de las micro cuencas en las comunidades rurales que se encuentran dentro de su circunscripción territorial.

Yonalli Hernández Ávila, cuarta regidora y encargada de la Comisión de Medio Ambiente de Berriozábal, detalló que junto a Cántaro Azul, organización de la sociedad civil, han decidido trabajar con 156 mujeres de 18 a 29 años, para enlazar temas de empoderamiento de la mujer y el derecho humano al agua.

Este proyecto empodera a las comunidades al poner en sus manos el manejo de sus vertientes, manantiales y sistemas de agua potable con la capacitación y asistencia técnica debida de sus participantes directos, que pertenecen a dos grupos vulnerables y son excluidos en la toma de decisiones comunitarias, ya que son mujeres y jóvenes.

Por tanto, el proyecto busca una participación efectiva de las comunidades entorno al proceso socio ambiental, quienes acompañaran el proceso de fortalecimiento con los Comités de Agua Comunitarios, para garantizar el abastecimiento de agua segura de sus comunidades y de las buenas prácticas para conservar y preservar los recursos naturales con los que se interactúa a diario.

En su implementación, se encuentra vinculado en tres niveles de gobierno con el programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual tiene como objetivo apoyar al as joven para capacitarse y luego desarrollas nuevas actitudes que permitan tener un mejor desempeño y acceso a fuentes de trabajo.

La regidora comentó que durante este año se han encargado de apoyar a las mujeres representantes de 46 comunidades en asistencia técnica de proyectos y en información que puedan llegar a necesitar.

Hernández Ávila aclaró que a partir del próximo año el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (SAPAM) se encargará de la distribución en la cabecera municipal, para que las comunidades que ya tengan sus proyectos obtengan financiamiento y sean sustentantes para su suministro de agua.

Al mismo tiempo comunicó la rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Ciudad Maya, la cual ya podrá limpiar el agua de ríos que conecta a Tuxtla Gutiérrez y finaliza en el Cañón del Sumidero.

“Hemos iniciado una gestión comunitaria, el agua no tiene que llegar contaminada. Hemos normalizado que los ríos estén sucios y huelan mal” añadió.

SEM/ChP/ad

Exigen destitución de titular de IMPAJOVEN en Morelos

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* Criminaliza con comentarios a jóvenes que piden despenalización del aborto

* Feministas piden intervención de IMEN y SIPINNA

Estrella Pedroza

SemMéxico, Cuernavaca, Mor., 7 octubre 2019.- Feministas exigieron la destitución de Erick Joshimar López García, titular de la subdirección de Vinculación y Fortalecimiento del Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes (IMPAJOVEN), por criminalizar, desde sus redes sociales, a las mujeres que exigen la despolarización del aborto.

En el marco del Día por la Despenalización y Legalización del Aborto, el joven funcionario  escribió en su cuenta de  Facebook lo siguiente:

“Sea legal o no el aborto primero prevén un embarazo no deseado. Todos tenemos derecho sobre nuestro cuerpo, pero eso no quiere decir que estamos actuando de forma consciente. Más allá de legalizar y de marchar desnuda, preocúpate por tu concientización y la de tus familiares, de esa forma nadie hablaría sobre el tema. Neta! Te lo juro. Existen métodos preventivos y correctivos muy efectivos, haciendo que el aborto pase a ser como pedirle perdón a un difunto, muy a destiempo por irresponsable. No por gritar más fuerte quiere decir que tengas razón”.

Su opinión generó la indignación de miles de mujeres, por lo que, desde diversos colectivos, entre los que figuraron Morelos Sin Acoso y Red Violeta Morelos, condenaron la opinión del funcionario público y señalaron que “no se puede considerar como una simple opinión personal ya que ejerce un cargo público y dentro de una institución que busca trabajar con las juventudes”.

Entregaron un oficio a las autoridades estatales en el que destacaron que dichas expresiones demuestran una falta de profesionalismo, sensibilización e información que tiene sobre las diversas realidades que viven las mujeres jóvenes en el estado de Morelos.

 “Criminaliza a las mujeres que deciden hacer uso de su derecho a manifestarse y exigir al gobierno que garantice sus derechos sexuales y reproductivos y a las mujeres que ejercen su derecho a abortar bajo las cinco causales legales que existen en el estado de Morelos”, se lee en la misiva.

También, destacaron que revictimiza a las juventudes que no cuentan con suficiente información sobre educación sexual o acceso a algún método anticonceptivo, refuerza estereotipos hacía las juventudes al considerar que no están actuando de forma consciente al elegir libremente cómo manifestarse o cómo vivir, ejercer y disfrutar su sexualidad y minimiza la lucha que diversos colectivos y mujeres feministas realizan día a día por la legalización y despenalización del aborto.

Morelos una de las entidades del país con Alerta de Violencia de Género (AVG) y presenta, además, un incremento de embarazos adolescentes, en menores de entre 12 y 16 años. Datos del 2017 mencionan que los municipios con mayor número de embarazos son: Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec, Temixco, Yautepec, Ayala, Emiliano Zapata, Puente de Ixtla, Xochitepec y Jojutla.

Por ello, las feministas exigieron “la destitución inmediata de Erick Joshimar López García, como Subdirector de Vinculación y Fortalecimiento del IMPAJOVEN, al demostrar con sus publicaciones la incapacidad para realizar su cargo en el Instituto de manera profesional, informada, objetiva y humana”.

También pidieron una explicación y postura clara por parte del IMPAJOVEN sobre los comentarios realizados por el funcionario y solicitaron una serie de medidas por parte del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMEM), el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos (SIPINNA), para que desde el funcionariado se evite la desinformación y criminalización.

Y exhortaron a los medios de comunicación que no contribuyan a la revictimización, la reproducción de estereotipos y no reproduzcan información que vulnere los derechos de las mujeres (de cualquier edad), tanto en sus textos como en sus imágenes y a difundir información laica, científica y con perspectiva de género referente a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Por último, llamaron a la  sociedad en general “evitar emitir juicios sobre la vida, decisiones o sobre el ejercicio de manifestación de las mujeres, respetar los derechos humanos y exigir a  las autoridades la implementación clara y oportuna de políticas públicas que garanticen el acceso a información científica, veraz y laica sobre salud sexual y reproductiva, que garanticen el acceso a métodos anticonceptivos a la población adolescente y joven, que implementen programas que contribuyan a la disminución de embarazos no deseados, embarazos  en niñas y adolescentes”.

SEM/ep/sj

Feminismos

El Desembarco en Chiapas, segundo Congreso Feminista

Inés Castro Apreza

SemMéxico. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 07 de octubre 2019.- Tienen toda la razón quienes observan que el Segundo Congreso Feminista en Chiapas –que tendrá lugar el próximo mes de noviembre los días 27 2 y 29- es “uno más” de tantos eventos similares. Este congreso no pretende ser único en su género, sino un esfuerzo colectivo entre muchos otros, pero aspira en esta ocasión no ser sólo activista in sólo académico, sino esencialmente político- programático. De ahí el llamado: “Mujeres, Poder y Política”.

¿Qué queremos?

Realizar un encuentro colectivo de deliberación y toma de decisiones.

¿Para qué?

Para hacer un balance de la condición y participación de las mujeres, en todos los ámbitos, en todos los órdenes y discutir qué se puede hacer frente a todo ello.

¿Con qué fin?

Llamamos a hacer propuestas, invitamos a la organización, a la acción continuada  y a la resistencia. 

¿Es un esfuerzo más? ¿Uno más entre otros?

Posiblemente sea uno más. Sin embargo, pensamos en la continuidad de este proyecto que nació en el año de 2016, con el interés de recuperar la memoria y la historia de los movimientos y los procesos organizativos de mujeres en la entidad. Ahora se pretende regional: no sólo interesa Chiapas, sino también Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Y además de la memoria y la historia, ahora es central el objetivo programático: poder y política.

Seguramente, en 2020-2021 aspiremos a darle forma nacional.

Mujeres de todas las generaciones están convocadas. Mujeres de todas las profesiones y oficios pueden participar en la forma y los tiempos que decidan. El Segundo Congreso Feminista no pone límites a quiénes pueden hacerlo y cómo. Ningún partido político nos financia; invitamos a mujeres de todos los partidos políticos. El grupo de mujeres que trabajamos en pos del Segundo Congreso tenemos ocupaciones, profesiones y militancias diversas, pero ninguna organización específica está convocando.

Somos artistas, académicas, activistas, jóvenes feministas, mujeres de largas y muy diversas trayectorias. Somos varias mujeres y nos unen algunos objetivos comunes. Sobre tal eje buscaríamos la continuidad. La política, el poder, el arte, la cultura, las violencias contra las mujeres, los feminicidios,  las desapariciones, la trata de mujeres y niñas, los derechos políticos, las distintas vertientes del feminismo, entre otros, son los temas que nos ocuparán durante tres días.

Historia y memoria fueron los ejes en el Primer Congreso Feminista de 2016; política y poder en un sentido amplio imprimen su sello a este Segundo  Congreso Feminista de 2019. Esperamos que se reflejen en un programa de acción específico. Sin embargo, ninguna mujer que participe está obligada a ello. La decisión es propia. De esto también hablamos cuando hablamos de autonomía.

Buscar un programa de acción específico no sería necesariamente algo novedoso. No buscamos alimentar el programa o la base social de ninguna organización en particular. Si algo ha caracterizado al feminismo, desde sus orígenes, es la búsqueda de la autonomía, uno de los sentidos principales de ésta.

También el feminismo, desde sus orígenes, cuestionó y amplió el sentido tradicional de la política. El feminismo radical puso en la mesa del debate, con toda claridad, esta nueva manera de conceptualizar y hacer política. Manera de la que se mofaban organizaciones mixtas. Para todas las vertientes del feminismo sigue siendo válida la frase: «lo personal es político» de 1969. Para todos los feminismos sigue vigente aprender, construir y hacer política desde la experiencia. Nuestra experiencia.

Una experiencia propia que nos muestra que, si bien hemos avanzado, fuertes y añejos problemas se han recrudecido. Por esa la protesta de las jóvenes, por ello la revolución de los pañuelos verdes, por ello la protesta con diamantina morada. Las protestas de vidrieras rotas pueden ser el anuncio de lo que viene, pero no debiera mezclarse ni asimilarse con la protesta masculina de las últimas marchas del 24 de septiembre y del 2 de octubre.

Una interrogante nodal tiene este Segundo Congreso Feminista:

¿Es posible dar forma organizativa continuada y consistente a todas esas expresiones prácticas, virtuales, a veces aisladas, pero también potenciadas por las redes sociales? ¿Es posible hacerlo en medio del pluralismo político?

Sólo la deliberación colectiva lo dirá. Es lo que buscaremos responder en el mes de noviembre próximo. Por ello la idea de incluir una plenaria final de deliberación y toma de decisiones, a diferencia del Primer Congreso Feminista que recogió una relatoría breve de las mesas de trabajo. 

El desembarco de este proyecto que se sabe académico, activista y político en sentido amplio, es en Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas.

Miradas de reportero

Urge protección integral a periodistas de Guerrero; otro riesgo en Iguala

Rogelio Hernández López

SemMéxico. 07 de octubre 2019.- A periodistas de otros estados menos vulnerables les sería más que difícil trabajar como las y los colegas de Guerrero, con las pocas fortalezas que tienen y no obstante desafiar ocho frentes de riesgos en Iguala, Chilpancingo, La Montaña y sobre todo en Acapulco.

Después de Veracruz, Guerrero ocupa el segundo sitio de agresiones y riesgos. Se registran 15 periodistas asesinados (2 de ellos en agosto de 2019: Edgar Alberto Nava López y Rogelio Barragán). Tan sólo la fiscalía especial federal tiene registro de 71 indagatorias por diversos agravios y únicamente de un consignado. Son razones de miedo.

No mejoran. A hombres y mujeres que reportean en Guerrero les hicieron una evaluación de riesgos hace 4 años y hoy se han reducido muy poco las 11 vulnerabilidades detectadas entonces a pesar de que ya cumplió 17 años una ley de dádivas gubernamentales que las contrarresta un poco.

Les detectaron también que tienen muy pocas fortalezas frente a siete fuentes o sujetos de riesgo. En ninguna otra entidad hay tantos factores atemorizantes: policías locales, funcionarios, grupos sociales como la CETEG, policías ciudadanas, policías federales, militares y marinos, líderes transportistas y empresarios, en ese orden. Un temor permanente es por tres grandes grupos del crimen organizado por sí mismos y porque infectaron a muchos de los anteriores.

En ese contexto se explica que el 27 se septiembre de encendieran varias alarmas.

Otro en Iguala

En un mitin, algunos pocos colegas de Chilpancingo pidieron a las autoridades de los tres niveles que brinden seguridades para los colegas que han seguido el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa por la liberación de los implicados en las desapariciones (81 hasta el 7 de octubre).

En iguala se presentan a todas las coberturas alrededor de 50 personas como periodistas de medios locales, estatales y nacionales. los que estuvieron en Iguala los días 26 y el 27 de septiembre de 2014 fueron unos 24. De ellos, varios sufrieron amenazas y pidieron protección del mecanismo federal. Hay mucha desconfianza a las instancias locales y estatales.

Los liberados son ahora la octava fuente de riesgo, y la más concreta, que atiza más los miedos. Desde que comenzaron a salir se registran otra vez ejecuciones en Iguala después de 3 meses de calma.  “Eso pone a los periodistas en alto riesgo”, alertaron sus colegas de Chilpancingo el 27 de septiembre.

Aumentaron los agravios

En 2016 se difundió el resultado de la Evaluación de riesgos de periodistas de Guerrero elaborada durante meses del año anterior por los periodistas: Javier Garza Ramos, Jorge Luis Sierra y Celia Guerrero con el patrocinio de Freedom House, el Centro Internacional de Periodistas y la colaboración de Periodistas de a Píe y Reporteros sin Fronteras. Se levantó una encuesta y se hicieron entrevistas a 25 periodistas de la entidad.

Allí explican que “la evaluación se realizó en el contexto de conflicto en la entidad, en la tensión que se vive tras la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, la colusión de autoridades y grupos del crimen organizado y la radicalización de movimientos magisteriales”. Los municipios más riesgosos para periodistas fueron, en orden de importancia, Acapulco, Chilpancingo, Tlapa, Iguala. Poco de eso ha cambiado y sí empeoró.

Por ejemplo, en 2015 documentaron sólo 11 casos de agresión en Guerrero desde diciembre de 2012. El clima atemorizante creció. En el portal de la fiscalía especial de la FGR hasta julio de 2019 tenían documentados de Guerrero 13 homicidios sin contar a los dos colegas abatidos en agosto, 71 indagatorias, 41 averiguaciones previas, 26 carpetas de investigación y una orden de aprehensión. Faltan los datos que tenga la fiscalía del estado.

Vulnerables, la mayoría

“Los periodistas consultados en Guerrero –dice la evaluación de riesgos– también identificaron las fortalezas y debilidades que tienen para establecer objetivos y medidas que puedan mejorar su protección. Las condiciones de vulnerabilidad (11) son constantes en todas las regiones del Estado”.

“No hay respaldo institucional de los medios y empresas. Bajos salarios. Inestabilidad laboral. No hay seguridad social. No hay seguro de vida. No hay respaldo de medios para sus corresponsales, que son freelance. No hay prestaciones para corresponsales. No hay costeo del equipo de trabajo por parte de las empresas (teléfonos, computadoras, cámaras). Gobierno del Estado ofrece capacitaciones con condiciones y objetivos de corrupción. No hay contactos confiables con fuerzas de seguridad. Hay poco contacto con editores. Éstos exigen publicación de información al momento sin considerar aspectos de seguridad. Poco conocimiento de herramientas de seguridad digital, especialmente para comunicaciones”.

 Y no preguntaron sobre los niveles académicos y la profesionalización continua, que en otros estados sureños los índices oscilan entre media y muy baja. El bajo profesionalismo es factor de riesgo.

Muy pocas fortalezas

El contraste que encontraron los periodistas investigadores al indagar de las fortalezas para el desempeño y seguridad, en 2015 era extremoso: “Pocos medios ofrecen apoyo institucional y seguridad social. Redes de apoyo (algunas). Contactos con organizaciones nacionales/internacionales de defensa de periodistas (de algunos). Capacitación ofrecida por organizaciones nacionales e internacionales”. Y ya.

Desde entonces ha mejorado un poco la atención gubernamental pero todavía no hay en la entidad una ley de protección para periodistas con un mecanismo propio y que les reconozca derechos profesionales.

 En 2010 se promulgó la ley 391 para defensores de los derechos humanos y hasta apenas en octubre de 2017 se creó la Unidad Estatal Para La Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Como Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, pero sin ese marco jurídico propio para los periodistas y, además, se creó un mecanismo incompleto solo para cumplir el compromiso de vinculación con el mecanismo federal.

La única fortaleza que presumen los gobiernos de Guerrero y muchos colegas –pero critican Ongs y periodistas de otras entidades—es la ley 463 promulgada en 2002. Es la única ley de fomento al periodismo vigente en el país. Legaliza un fondo anual que sirve para repartir recursos a periodistas con poca fortaleza social. En otros lados se le llama la “Ley Chayo”.

Desde 2014 ese fondo se estabilizó en alrededor de 5 millones de pesos para repartir a unos 480 periodistas de todos los municipios. Las partidas son para pólizas de seguros de gastos médicos por 50 mil pesos; entrega hasta 10 mil pesos para gasto libre con la condición de facturar al gobierno del estado; becas para preescolar; gastos de maternidad por 25 mil pesos. También ayuda para trámites de Registro Civil, para examen de la vista con lentes y el acceso al seguro popular.

En 17 años demasiadas empresas de prensa han recibido esa “ayuda” indirectamente para no pagar prestaciones y no se sabe de algún informe especial acerca de mejoras en su calidad de vida que hayan tenido los periodistas beneficiados. Según la Evaluación de riesgos de 2015, indicaba que la mayoría de las y los periodistas activos seguían en bajo nivel de condiciones sociales, pero más atados al fondo que maneja el gobierno del estado.

En resumen, habrá que saber qué medidas están tomando las autoridades municipales y estatales para atender la alerta de medidas preventivas y cautelares para los periodistas que han hecho la cobertura del Caso Iguala. El mecanismo federal ya reaccionó.

También parece urgente que se pronuncien contra posibles agresiones a periodistas de Iguala el gobierno federal, el actual de Guerrero y el Congreso del Estado busquen alternativas a lo que existe ahora para allegarles fortalezas profesionales y que ha servido muy poco.

 Por ejemplo, un plan de políticas públicas –y quizá una ley—estatal de protección integral al ejercicio del periodismo como actividad de interés público, para trascender la protección cautelar, lo convenenciero del fondo de dádivas para que realmente les genere derechos, fortalezas laborales y   profesionales a los periodistas verdaderos, para que puedan trabajar con libertad de pensamiento, con seguridad y con ética profesional.

Mujer y Poder

AMLO va por la Suprema Corte

* 19 años de Medina Mora en la burocracia insuficientes para forjar tamaña fortuna

Natalia Vidales Rodríguez                                 

SemMéxico, 7 octubre 2019.- Siendo ya titular del Poder Ejecutivo, y teniendo la mayoría de afines a su causa en el Poder Legislativo (con superioridad calificada en la Cámara de Diputados y con mayoría simple en el Senado), ahora el Presidente López Obrador tiene la posibilidad de mandar también en el Poder Judicial…. con todo y el peligro que ello conlleva para la población.

La ocasión se le presenta con la “renuncia” del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN) Eduardo Medina Mora, quien dimitió –según lo detalló AMLO este viernes en su matiné- “para atender la investigación en su contra en la Fiscalía General de la República” por supuestas transferencias bancarias  por más de 100 millones de pesos,  que no corresponden a sus ingresos como servidor público pese a que, como es del conocimiento público, los sueldos de los Ministros son de un monto anual de más de seis millones de pesos –lo que equivale a 578,186 pesos al mes. Pero… con las dos varas para medir del gobierno morenista, al parecer 19 años de Medina Mora en la burocracia no son suficientes para forjar tamaña fortuna… a diferencia de Manuel Bartlett, a quien con 50 años en el poder sí se le justifica un acumulado de 800 millones. Incongruencias que dejan ver claramente el verdadero motivo de la investigación.  

En una escueta misiva de dos párrafos, el hoy ex Ministro, y sin mas, cita que el artículo 98 Constitucional presentó su dimisión, pese a que esa disposición precisa que debe aducirse la causa grave  que la haga procedente, pero ello ocurre porque,  en realidad,  se trata de un despido disfrazado.

La lectura obvia es que renunció “voluntariamente a fuerzas” esperando –o ya habiendo pactado– su exoneración con  la Fiscalía a cambio de retirarse, sin resistirse,  de la Suprema Corte y dejar libre el paso  a otro incondicional del actual gobierno.

Maledicentes piensan que habiendo sido Medina Mora Secretario de Seguridad Pública cuando Fox, fue   el autor intelectual del desafuero de AMLO para sacarlo de la sucesión presidencial del 2006, cuando el guanajuatense no encontraba cómo, y que ahora  llegó el momento de ajustarle las cuentas. Aunque al final Fox se desistió de aquella  acción, siempre  se la  consideró una ayuda para que Calderón ganara (apenas por una pestaña electoral)  la  elección, y Medina Mora se ganó enseguida  la titularidad de la Procuraduría General de la República en su sexenio. 

AMLO ha tenido la suerte al irse haciendo, poco a poco, de asientos en la SCJN. Apenas llegado al poder,  dos de ellos,  Juan Luis González Alcántara y Yasmín Esquivel  Mossa, propuestos por el Presidente,   sucedieron a uno por fallecimiento del anterior, y a ella cuando Olga Sánchez Cordero terminó su gestión, y en unos meses otro ministro  más terminará la suya. Y si a ello le sumamos la hoy renuncia de Medina Mora, que será sustituido por uno propuesto por  AMLO, entonces  tendrá dentro de poco a cuatro ministros de  su “lado”,  y con esos  votos se podrían impedir las cuestiones inconvenientes al gobierno que requieren de una mayoría calificada en la Suprema Corte.

La idea de que los ministros permanecieran hasta 15 años (dos sexenios y medio) en sus cargos fue para evitarles compromisos por su elección, al Presidente en turno. Pero diversas circunstancias pueden coincidir –como sucede ahora– para que en un sexenio el Presidente logre…lo que ahora AMLO está logrando: poder vetar con votos de “sus “ magistrados los proyectos de ejecutorias non gratas al régimen.

El intento de acotamiento del poder presidencial al interior del Poder Judicial fue parcial, al mantenerse el concepto de que el mandatario manda una terna al Senado para la selección del nuevo magistrado, y una segunda terna si la primera es rechazada. Pero si esa también es devuelta, entonces el Presidente nombra directamente a quien quiera de ella, lo cual solo disfrazó la contención al  presidencialismo: entonces, aunque en el Senado, Morena, el partido de AMLO  no tenga la mayoría calificada…no la necesita para este asunto.   

La única manera de salvar el entuerto sería que el Congreso, como representante del pueblo, cubriera todo el proceso de selección de los ministros, sin participación alguna del Ejecutivo.   

Entresemana

Seamos serios, Presidente

* ¡Ah!, la historia patria…

Moisés Sánchez Limón

SemMéxico, 7 octubre 2019.- ¿Por qué aceptar que el Presidente en turno falte al respeto a la población mexicana, hayan o no votado por él?

Hoy, la desmemoria política y la ausencia de seriedad del inquilino de Palacio Nacional como la de aquel que lo fue en Los Pinos recién derrotado el partidazo tricolor y arrollado el perredé. Uno con baladronadas y simplismos circenses –¡Fuchí!— y el otro lenguaraz con tepocatas y víboras prietas.

Uno con la oferta de pacificar a Chiapas y meter en cintura al EZLN en quince minutos y el otro en ese sueño de opio que imaginó a la delincuencia abatida y la paz retornada al país apenas rindiera protesta ante el Congreso de la Unión.

No hay seriedad; se miente con largueza encaramados en los millones de votos obtenidos en las urnas y que, ley de la vida, se disuelven en la dinámica elemental que descubre paulatinamente el engaño, la demagogia que se enmascaró con echar la culpa a los neoliberales, a los malditos corruptos que, cierto, muy cierto, desbarrancaron al país en ese enorme abismo que divide a ricos ricos con pobres miserables.

¿Por qué aceptar un desplante de una jefa de Gobierno que pasa por encima de la Ley Federal del Trabajo y obliga a sus subalternos a convertirse en vigilantes que contengan a mafiosos sedicentes anarcos que se infiltran, desde hace siete años en marchas y las revientan, violentan y les importa un pito la ley y la fuerza pública?

¿Cuántos detenidos? Millones de pesos en destrozos, policías heridos, civiles lesionados, imágenes que ahuyentan a turistas e inversionistas porque, básico, ¿cómo visitar a una ciudad en poder de jovencitas y jovencitos que impunes transgreden al orden y la ley? ¿Cómo invertir en un país, en una ciudad en la que la jefa de Gobierno está aterrada y carece de protocolos para atender y combatir a la violencia?

¡AH, la historia! Nuestros gobernantes, los que se fueron y están bajo la lupa de la investigación como Al Capone, es decir, por asuntos de dineros corruptos, la defraudación fiscal y el enriquecimiento explicable (son pillos de cuello blanco) pero el licenciado López Obrador dice que no los perseguirá.

Y los nuevos gobernantes que se escudan con el manto de honestidad tendido por Andrés Manuel, político que no explica –porque no se le pega la gana– de qué ha vivido desde que dejó al PRI que, por lo menos, le pagaba bien en Tabasco y en la Ciudad de México.

Sí, estos funcionarios que utilizan al poder para beneficio personal, como la secretaria de la Función Pública que contrata a su suegra para que dicte conferencia magistral en el tema de la honestidad, mientras el marido despedaza a los que se fueron en panegíricos morenistas desde el Canal Once de Televisión, un medio público.

¡Ah!, la historia patria…

En aquellos días en que Vicente Fox Quesada y Marta Sahágun Jiménez irrumpieron en el escenario político como la pareja imperial desprovista de rubor y decidida a romper reglas no escritas y hacer de la Presidencia de la República hacienda familiar, la enorme avalancha nacionalista que votó por el guanajuatense le aplaudió hasta las botas de charol y el desplante de llamarle “mi reina” a la Reina Sofía, o que doña Marta se trepara a una hummer verde olivo atrás de la del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas que estrenaba el cargo con el pase de revista a los aguiluchos del H. Colegio Militar, pero ella no era la primera dama, era la vocera, la jefa de prensa. Diciembre del año 2000.

Hoy la pareja imperial. Ella se niega a asumir el papel de primera dama pero en los hechos actúa como vicepresidenta con todo lo que ello implica. Y con dineros públicos hace tareas privadas y teje la historia nacional a su antojo, como lo hace el marido con ese simplismo del intelectual de biografías de primaria o solapas de libros.

Porque si fuera lector habría aprendido a leer y no diría “hubieron” en lugar de hubo ni incurriría en barbarismos y menos tomaría el pelo a los mexicanos, reitero, todos, los que votaron a favor y en contra de él.

Como ayer, cuando dijo “vamos a recordar en este día los hechos lamentables del 2 de octubre de 1968. Tenemos que tomar en cuenta que el uso de la fuerza no es la opción para resolver problemas que se originan por la falta de libertades y por la falta de justicia”. ¿Sabrá el señorpresidente cuál fue la chispa que encendió el movimiento estudiantil de 1968?

Dijo que saben quiénes son los sedicentes anarquistas, éstos a los que calificó integrantes de la derecha, al servicio de los conservadores. ¿Y por qué no los detienen? ¿Cuál es el temor? Por qué obligar a trabajadores del gobierno capitalino a servir de escudos, integrantes de un llamado “cinturón de la paz” que fueron agredidos por esos vándalos colmados de impunidad.

Y cómo castigarlos, cómo aplicarles la ley si el licenciado López Obrador los amenaza con acusarlos con su mamacita, con su papacito y sus abuelitos para que los regañen y hasta les den un zape, mientras éstos hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, nietos, nietas destrozan mobiliario público y vandalizan comercios y agreden, vejan, insultan a policías, ciudadanos, periodistas, camarógrafos…

“De modo –dijo en la mañanera el licenciado López Obrador– que vamos a estar apoyando a la jefa de gobierno y al mismo tiempo no olvidar el 68 (…).

Y el colega Antonio López, reportero de La Razón, plantea al señorpresidenteuna pregunta, cuya respuesta es preocupante.

–Este lunes –cita Antonio López– La Razón da a conocer que autoridades capitalinas tienen bajo la lupa precisamente a cuatro grupos radicales. Estos cuatro grupos son integrados principalmente de mujeres, pero están liderados por hombres, quienes fungen como ‘halcones’ y se encargan de resguardar la seguridad de estos grupos.

Estos grupos radicales cuentan con chats en WhatsApp, algunos nombrados Muerte al pito’‘Anarcas violadoras, y en estos grupos ellas establecen sus logísticas para violentar las manifestaciones pacíficas, así como determinar sus rutas de escape e incluso puntos de reunión donde van a festejar si todo sale conforme a lo planeado.

En esa materia, presidente, preguntarle si ustedes ya tienen información acerca de estos grupos, si están siendo patrocinados por la oposición.

¿Qué información tiene al respecto?

Bueno –responde el señorpresidente–, esto lo maneja el gobierno de la ciudad y deben tener toda la información, aunque nosotros ya no hacemos espionaje, sólo inteligencia, se hace investigación para enfrentar, sobre todo a las bandas de delincuentes, toda la parte política ya se suprimió.

Sí debe de haber investigación cuando se trata de violencia. No tengo yo más información sobre esto.

¿En estas reuniones de gabinete no le han informado, toda vez que ellos vandalizan instalaciones federales?

–Sí –atiende López Obrador–, todo, sí, pero no es nuestro propósito señalar a nadie. Se tiene la información, se sabe todo. Miren, ahora que no hay espionaje, tenemos más información que antes, porque quien más nos informa es la gente, es que es un gobierno apoyado por los ciudadanos, entonces la gente es la que nos ayuda.

¿Qué le diría yo a los que se tapan la cara y se encapuchan y hacen estos actos?

Que tengan cuidado porque en una de esas los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos, porque estoy seguro que los abuelos, las mamás, los papás, no están de acuerdo, me dejo de llamar Andrés Manuel. Estoy seguro que los ven o los verían como malcriados, que no deben de andar haciendo eso, les darían hasta sus jalones de orejas, hasta sus zapes. Eso también.

Hasta aquí esta respuesta de quien juró respetar y hacer respetar a la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanen. Lamentable, señor Presidente, lamentable. Seamos serios, señor Presidente. Gánese el respeto y obtenga la estatura de estadista como hombre de leyes, no con dicharachos. No es presidente de su calle ni siquiera de su colonia o barrio, es Presidente de la República. Conste.

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Juego de Palabras

El México que se indigna por un príncipe

* Todo se centra en un cuerpo y no ante miles de desaparecidos

Yaneth Angélica Tamayo Ávalos

SemMéxico, 7 octubre 2019.- En estos días, los medios de comunicación y las redes sociales se han inundado del caos que produjo la muerte de su tan aclamado “Príncipe de la Canción”, en donde un problema familiar, que le es ajeno a ciudadanos y autoridades, se ha convertido en la causa de indignación para un país entero.

Tal indignación y coraje se lee, se escucha y se escribe en los medios de comunicación y en las mesas de los mexicanos, en donde los comentarios y burlas “memes” giran en torno al sufrimiento de un par de hijos, la “perversidad” de otra hija y el reclamo de un cuerpo oculto que yace en otro país; en donde los mexicanos se han convertido en juzgadores y dolientes que “exigen” el arribo de ese cuerpo y explicaciones sobre la muerte de un individuo que les era ajeno.

Situación que, para mi resultaría comprensible, si todos los que opinan y exigen fueran familiares del fallecido o tuvieran un interés jurídico en particular.

Sin embargo, me resulta incomprensible que la ciudadania y hasta los medios de comunicación noticiosos, se centren y se indigne ante la falta de poder encontrar y observar el cuerpo de un artista que se sabe falleció por enfermedad.

Tal incomprensibilidad e indignación que se genera en mi mente, resulta de saber que en México existen más de 40 mil personas desaparecidas y más de 36 mil personas fallecidas sin identificar, esto según datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Sin contar a las mujeres que día a día desaparecen; quienes meses después de desaparecidas y por la inacción de las autoridades al no buscarlas, a algunas son encontradas violadas, mutiladas y muertas.

Por ello me parece absurdo, que para resolver un conflicto familiar hasta la Cancillería Mexicana intervenga. Pero en este país de absurdos y disparates tal vez esta situación ya no sea de sorprender.

Entonces, mis preguntas ante lo mencionado son, ¿Que requiere la población mexicana para indignarse, enfurecerse y exigir con el mismo ahínco, la solución a la crisis de impunidad y violaciones a derechos que existe en el país? ¿Qué se requiere para que se interesen por las personas desaparecidas, y exijan su búsqueda?

Es de saberse que la búsqueda de personas desaparecidas que se realiza en el país, es uno de tantos problemas que se encuentran invisibilizados.

Publicitar la búsqueda de un cuerpo por un conflicto familiar, le resta importancia e invisibiliza las verdaderas búsquedas que hacen cientos de familias que viven día a día la incertidumbre de no saber donde se encuentran sus familiares y de los cuales se conserva la esperanza de que sigan vivos.

Quienes son ignorados por las autoridades y cuya única opción que les queda es luchar día a día contra la impunidad; buscar de manera personal a sus familiares y gritar consignas “vivos se los llevaron, vivos los queremos”; con el único fin de ser escuchados y auxiliados por las autoridades y por la demás ciudadanía.

Con lo anterior, no critico a las personas que se conmueven ante el fallecimiento de su ídolo, cada quien es libre de emitir su opinión y criterio ante situaciones que le afecten. No obstante, si considero preocupante que las personas emitan comentarios sin una perspectiva clara de los hechos y desde una opinión violenta.

Pero mas preocupante es, que solo ante situaciones de este tipo (el fallecimiento de un famoso) se conduelan, cuando a diario están desapareciendo personas y no cuerpos.

Las personas que se encuentran en este momento buscando a sus familiares, requieren de la misma atención y apoyo, no solo por parte de las autoridades sino por parte de la misma ciudadanía que les ayude a exigir la búsqueda y les ayude a viralizar de la misma forma las desapariciones las personas.

A forma de conclusión, solo pretendo que se reflexione sobre los intereses comunes que mueven a toda la sociedad, y sopesemos si realmente se le da importancia a los problemas que suceden en el país; es lamentable perder a una persona y más si su talento forma parte de la cultura mexicana, pero es aún más lamentable perder a cientos de personas mexicanas que de igual forma aportan al país.

Sin avances en investigación, se cumplen 16 meses del asesinato de fotoperiodista en Oaxaca

Evlin Aragón/Zona Roja

SemMéxico/Zona Roja. Oaxaca de Juárez, Oax., 02 de octubre de 2019.- “2 de octubre, hoy se cumplen 16 meses de tu ausencia física. Tú, María del Sol, sigues en nuestros corazones y seguiremos exigiendo #JusticiaParaSol”, es el primer mensaje que este miércoles publicó en sus redes sociales la periodista Soledad Jarquín Edgar. 

Pese a que han transcurrido 16 meses de aquel 2 de junio del 2018 en que le arrebataron la vida a su hija María del Sol Cruz Jarquín, nada ha cambiado; ningún avance en la investigación ha sido anunciado por parte de las autoridades de procuración de justicia en el estado, encabezadas por Rubén Vasconcelos Méndez.

Lo único constante es la exigencia de justicia permanente por parte de la familia de la joven y cientos de personas que se han pronunciando en Oaxaca y otras partes del mundo en incontables ocasiones para exigir castigo a los responsables del feminicidio.

Al respecto, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa aún tiene pendiente sancionar a su ex funcionario Francisco Montero López, quien fuera titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) y responsable de que la joven fotógrafa estuviera en la región del Istmo, al comisionarla para cubrir la campaña política de su hermano y actual regidor de Energía Renovable de Juchitán, Hageo Montero.

Ello pese a la resolución de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que reconoció la existencia de un delito y determinó que el funcionario debía ser sancionado por el Ejecutivo estatal.

“La carpeta de investigación en torno al delito electoral tengo entendido que estaba lista desde agosto, pero hasta este momento no ha sido vinculada inexplicablemente, lo cual quiere decir que hay un gran hueco de impunidad para quienes están señalados como presuntos responsables de haber mandado asesinar a Pamela Terán, a mi hija y al chófer”, dijo recientemente en una entrevista Soledad Jarquín.

En lo que va de la administración de Murat Hinojosa, la cifra de feminicidios en Oaxaca no ha hecho más que avanzar sin control, a la fecha se registran 351 casos, 136 desde que se declaró la Alerta de Violencia de Género en 40 municipios ubicados en la entidad.

INEGI debe incluir la perspectiva de género en su información

  • Aprueba diputación reformas a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
  • Constituirá la base científica para la generación de políticas públicas

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 2 octubre 2019.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular con 398 votos, reformar los artículos 54 y 78 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (INEGI), institución que deberá realizar acciones que logren la inclusión de la perspectiva de género en los datos que elabora y que resulte aplicable para el ejercicio de los derechos humanos.

El dictamen de la Comisión de Gobernación y Población, que se envió al Senado de la República, establece: “la inclusión de la perspectiva de género en la información y otras que resulten aplicables para el ejercicio pleno de los derechos humanos, la cual constituirá la base científica para la generación de políticas públicas en aras de garantizarlas de manera efectiva”.

Al fundamentar el dictamen, el diputado César Agustín Hernández Pérez (Morena) afirmó que es deber de todos los órganos y de la sociedad, detectar posibles situaciones de desequilibrio de poder como consecuencia de género.

Consideró que la adecuación aprobada es necesaria para que el INEGi exprese información de interés nacional considerando los criterios correspondientes a una adecuada perspectiva de género y de igualdad sustantiva.

“Es de interés superior para la sociedad y el Estado establecer criterios, métodos y mecanismos para que los mismos contemplen una perspectiva de género, a fin de producir información correcta y de utilidad”.

Agregó que la reforma plantea la obligatoriedad de incorporar la perspectiva de género al texto de la Ley del Sistema Nacional de Estadística y Geográfica, a efecto de dar certeza de que se encuentra contenida en la generación de datos estadísticos.

La diputada promovente, Ximena Puente de la Mora (PAN), afirmó que para que la igualdad sustantiva deje de ser una aspiración y se convierta en vocación, es fundamental que las autoridades federales, estatales y municipales diseñen políticas públicas eficaces, así como la participación de toda la sociedad.

Puntualizó que la reforma impulsa que el INEGI realice acciones tendentes a lograr la inclusión de la perspectiva de género en la información que elabore y resulte aplicable para el ejercicio de los derechos humanos. “Deberá contemplar dicha perspectiva como parte del ciclo de vida en la información”.

También incorpora la igualdad sustantiva como uno de los temas de información de interés general. “Es muy importante que a partir de esta reforma la igualdad sustantiva se convierta en prioridad para el INEGI”.

Consideró que conocer la información estadística con perspectiva de género empodera a la ciudadanía al dotarla de herramientas que permitan conocer sus entornos con precisión para tomar mejores decisiones. “Por esta razón, se requiere que el INEGI proporcione cifras necesarias para dimensionar el fenómeno y dar soluciones viables y efectivas para erradicar la violencia contra las mujeres”.

SEM/sj

Mujeres podrán ocupar 30 % de mandos directivos en paraestatales

  • Fin a barreras de acceso de mujeres a espacios ejecutivos de paraestatales
  • Avalan reformas a Ley Federal de Entidades Paraestatales para evitar la discriminación

SemMéxico, Cd. de México, 2 octubre 2019.- La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, un dictamen de la Comisión de Gobernación y Población que modifica la Ley Federal de Entidades Paraestatales, a fin de lograr la integración de la mujer en la vida política y pública.

Esta nueva disposición legislativa garantiza que las entidades paraestatales deben contar en su administración con al menos 30 por ciento de mujeres en mandos directivos; un tercio de mujeres en sus órganos de gobierno, y un 30 por ciento en sus mandos directivos de sus comités y subcomités técnicos especializados.

El dictamen avalado en lo general con 410 votos y uno en contra, se envió al Senado de la República y reforma los artículos 11, 18, 31, 32, 40, 56 y 59 del citado ordenamiento. Plantea que las entidades paraestatales deberán tener al menos 30 por ciento de mujeres en sus mandos directivos.

El órgano de gobierno estará compuesto por no menos de cinco ni más de quince personas integrantes propietarias, de las cuales, cuando menos un tercio deberán ser mujeres, lo mismo aplica para los consejos de administración o sus equivalentes de las entidades de participación estatal mayoritaria.

Asimismo, la integración de los comités y subcomités técnicos especializados, así como en la de los comités mixtos de productividad, deberá garantizarse la perspectiva de género y al menos 30 por ciento de participación de mujeres en mandos directivos.

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión, Rocío Barrera Badillo (Morena), dijo que es un hecho que el Estado debe propiciar las condiciones para el goce y ejercicio de los derechos de las mujeres en condiciones de igualdad y no discriminación.

Para ello, debe establecer acciones integrales en materia legislativa y política pública que fomenten y garanticen la igualdad de oportunidades con acciones tendentes a lograr la equiparación de condiciones entre mujeres y hombres.

Agregó que la propuesta garantiza a las mujeres la integración en cuando menos un tercio de los órganos de gobierno y los consejos de administración.

“Con esto se rompen las barreras y obstáculos para el acceso de las mujeres a estos espacios ejecutivos”.

Añadió que también se establece que las entidades paraestatales presentarán, de manera anual, al órgano de gobierno y al coordinador de sector, los programas y políticas de inclusión que establezcan los avances que presenten en la implantación.

La diputada promovente, Soraya Pérez Munguía (PRI), dijo que con su propuesta se asegura la paridad en los consejos de administración y se alcanza, al menos 30 por ciento de mujeres en consejos de administración y en las empresas paraestatales.

“Esta es una lucha de muchos años que llevamos muchísimas mujeres, muchas funcionarias públicas que están en el área política y técnica”, añadió.

Puntualizó que este dictamen es importante porque abre camino a otras comisiones para revisar la buena práctica de gobierno corporativo y que haya más mujeres en consejos de administración de las empresas privadas y también más incentivos administrativos para las que alcancen la certificación de la norma de igualdad.

“Con el voto a favor estaremos demostrando que en esta legislatura pueden desvanecerse los colores partidistas por una causa que es justa y que, con consenso y compromiso, podremos abonar a consolidar el México que todos queremos”, finalizó.

En lo particular, se reservó el artículo 18 el cual se desechó, quedando en términos del dictamen. La votación fue de 17 votos a favor y 386 en contra y seis abstenciones.

SEM/sj

Exigen a Salud poner fin al desabasto de condones en Veracruz

  • Tiene alto costo: más casos de sida, VIH y Tuberculosis
  • Esa entidad ocupa el primer lugar por muertes maternas con VIH

Redacción

SemMéxico, Veracruz, 2 octubre 2019.- El Grupo Multi VIH-ITS en Veracruz y AHF México exhortaron hoy a la Secretaría de Salud a poner fin, de manera inmediata, al desabasto de condones femeninos y masculinos, y también a implementar campañas de prevención, incluyendo la oferta de pruebas rápidas para la detección oportuna de VIH, esto luego de las estadísticas oficiales colocan a esta entidad en el primer lugar por el número de nuevos casos de sida, el segundo por VIH y el tercer por tuberculosis y en el primer lugar por muertes maternas con VIH.

Así lo expresan en un boletín de prensa, en el que señalan las cifras del sistema nacional de vigilancia epidemiológica, de la misma Secretaría de Salud, del pasado mes de septiembre, en el que exigen tomar en cuenta las recomendaciones de ONUSIDA, en el sentido de que el uso sistemático y correcto del condón, femenino y masculino, es el único dispositivo que reduce la transmisión del VIH, otras ITS y previene embarazos no deseados ni planeados.

Es importante destacar que según datos del CENSIDA (2018) e IPAS (2019) la entidad veracruzana tiene el primer lugar en el país en mortalidad femenina a causa del sida: cuatro por cada cien mil habitantes, (el promedio nacional es de 1.4), y segundo en masculina: 14.7 por cada cien mil habitantes (frente al promedio nacional, que es de 7.1).

Además de ubicarse en el primer lugar por muertes maternas con VIH, aportando el 15 por ciento del total nacional.

En este contexto -señalan- nos parece muy lamentable por un lado, que el Congreso del Estado de Veracruz pretenda criminalizar a las personas con VIH, y por otro que, la Secretaría de Salud de Veracruz no haya comprado durante toda su gestión condones femeninos, y presente desabasto de condones masculinos, lo cual le ha impedido cumplir la meta de diciembre del año pasado, cuando se comprometió a distribuir seis millones de los masculinos, alcanzando la meta de un millón hasta el mes de abril del año en turno, según sus propios reportes oficiales.

Por ello, exigen a la Secretaría de Salud no solamente a poner fin inmediato al desabasto de condones femeninos y masculinos -tomando en cuenta las recomendaciones de ONUSIDA en el sentido de que su uso sistemático y correcto es el único dispositivo que reduce la transmisión del VIH, otras ITS y previene embarazos no deseados ni planeados-.

También le piden a implementar campañas de prevención -incluyendo la oferta de la prueba rápida para detección oportuna del VIH-permanentes, masivas, regionalizadas y acorde a las poblaciones en su diversidad sexual y cultural, poniendo énfasis en las mujeres embarazadas con el fin de terminar con la transmisión vertical, en donde también nuestro estado Veracruz presenta focos rojos.

SEM/sj