- Desplaza a
militantes de MORENA e incluye en su gabinete a ex panistas de los gobiernos de
Carlos Felton González y Alejandro Higuera Osuna que tienen carpetas de
investigación por corrupción.-
- Químico
levanta la mano de la Síndico Procurador en campaña y exclama: “ella evitará
que yo robe” y en su administración la persigue, difama y le cierra puertas de
la administración.-
- Contralor
Rafael Padilla: Aplicar Cambios a descarta expedientes de nepotismo, tráfico de
influencias y uso indebido del servicio público contra el presidente, su pareja
sentimental y funcionarios de primer nivel.-
- Síndico
Procurador pide por cuarta ocasión al cabildo la destitución del titular del
Órgano Interno de Control por ser “juez y parte” en investigaciones en curso y
reúne 93 expedientes de Nepotismo y tráfico de influencias.-
- Sospechoso
vacío de autoridad en conflicto inmobiliario que crece.-
- Dos casos
documentados por Observatorio Ciudadano A.C., contra gobiernos del PAN y PRI
esperan que la 4T cumpla con el compromiso presidencial: corrupción en
arrendamiento de vehículos y tráfico de influencias en la contratación de obras
y servicios.-
Mario Martini
SemMéxico. 30 de julio 2019.- El primero de julio de 2018
llegó a Mazatlán la esperanza del “cambio verdadero” que con insistencia casi
heroica propaló su creador durante más de 3 lustros, estimulado por el discurso
político oficial del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) a partir del
10 de julio de 2014 cuando obtuvo registro oficial como partido político.
Haciendo una interpretación literal, el Químico Luis Guillermo Benítez Torres
cumplió con la promesa a un año justo de aquella gesta memorable. El cambio sobrevino, en efecto, pero fue
vintage: regresó el reloj político a la absolutista, corrupta, perseguidora,
perversa y dictatorial práctica política del PRI de la segunda mitad del siglo
XX que -como instrumentos de control-amenazó, desterró, encarceló, asesinó,
desapareció o sedujo -en el mejor de los casos- a críticos y adversarios.
Más tardó el Químico Benítez en celebrar su increíble
triunfo que en derrochar el capital político de casi 80 mil voluntades y
mostrar su verdadero rosto a la sociedad mazatleca, uno muy diferente al de
hombre honesto, justo, leal y honorable con el que encabezaba tertulias a
carcajada abierta con sus amigos en la Fonda de Chalío en el barrio de Olas
Altas. Sin duda, esa imagen –y el tsunami de AMLO que arrasó con todo- lo llevó
al triunfo definitivo, después de varios intentos fallidos, sacrificio familiar
por casi 15 años y varios miles de pesos invertidos de la cartera personal. Y
lo hizo como el milagro de Cristo con panes y pescados: multiplicó
geométricamente sus 11 mil votos de 2016 a casi 80 mil en 2018.
Pero durante los primeros
7 meses de su gobierno sufrió la metamorfosis más intensa que un hombre
con vértigo pudiera sufrir en la cúspide de un ladrillo de poder,
transformación sólo comparable a la que cuenta Kafka en La Metamorfosis abrió
fuego contra amigos y enemigos;
desmanteló al modesto, enjundioso
y leal equipo de morenistas que lo acompañaron en tiempos de soledad y
desesperanza; decidió no gobernar con MORENA e integró al círculo rojo de su
gabinete a una mediocre mezcla de panistas-feltonistas-higueristas que tienen
registros en la Auditoría Superior del Estado, Comisión Fiscalizadora del
Congreso del Estado, Tribunal de lo Contencioso Administrativo e instancias
judiciales, desplazando a compañeros de lucha, amigos e incluso compadres que
denunciaron actos de corrupción al salir de la administración; y –ya enloquecido con el olor del poder-
disparó ráfagas de metralla contra quienes critican desviaciones, y denuncias
de actos de corrupción del pasado y presente. En la alineación titular tiene a
Sergio Rubio en la secretaria particular, David González Torrentera en
desarrollo económico y Javier Lira González en oficialía mayor, todos con
antecedentes públicos en el panismo mazatleco, y en bienestar social al priista
Tonatiuh Guerra, por mencionar sólo algunos.
Por razones que muy pocos entienden, desde la presidencia
municipal se obstaculizan de manera sistemática las investigaciones de la
Síndico Procurador que en lo que va del gobierno documentó por lo menos 93
carpetas con pruebas de nepotismo, tráfico de influencias y uso indebido del
servicio público, en las que está implicada directamente Gabriela Peña Chico,
pareja sentimental del presidente, quien supuestamente ordenó el cese del
arquitecto Víctor Sainz de la dirección de Planeación por no otorgar permisos
de construcción a su ex marido el arquitecto Ernesto Guzmán Gárate; descubrió
irregularidades en la compra a sobre precio de un terreno para un panteón
municipal y malversación de fondos por unos 150 millones de pesos en las
administraciones del panista Carlos Felton González y de los priistas Fernando
Pucheta Sánchez y Joel Boucieguez Lizárraga; y dio entrada y seguimiento a las
denuncias del Observatorio Ciudadano de Mazatlán A.C. –que preside el
empresario Rodolfo Madero, quien también está en la línea de fuego del alcalde-
sobre el desfalco de unos 56 millones de pesos por el contrato de arrendamiento
de vehículos que en su momento documentaron
y denunciaron ante la Comisión Fiscalizadora del Congreso del Estado los
regidores priistas Esperanza Kasuga y Humberto Becerra contra el panista Felton
González; y el tráfico de influencias y uso indebido del servicio público para
otorgar contratos por más de 50 millones de pesos a un familiar político del
notario Boucieguez Lizárraga durante los ejercicios fiscales 2017-2018, aun
cuando al parecer estaba legalmente impedido para hacerlo.
#SálveseQuienPueda
En esta feria de traiciones, deslealtades, infundios y
mentiras, renunciaron funcionarios de primer nivel que acompañaron al Químico
Benítez en su aventura por la presidencia municipal.
Renunció el arquitecto Quel Galván Pelayo de la gerencia
general de la Junta Municipal de Agua Potable de Mazatlán (Jumapam), quien “descubrió”
tomas clandestinas en el estadio Teodoro Mariscal, concesionado a la influyente
familia del ex gobernador Toledo Corro. Benítez Torres ordenó actuar sin
contemplaciones contra uno de sus contertulios en la Fonda de Chalío: el
Toñeque Toledo Ortiz, su amigo, quien tiene demandas contra el Ayuntamiento por
cobro indebido de servicios públicos por casi 4 millones de pesos, apoyado por
los abogados de la Liga Mexicana del Pacífico de beisbol con muchas
posibilidades de ganar el juicio. Galván prefirió hacerse a un lado para no
comprometer su negocio inmobiliario particular ante los difíciles tiempos por
venir en la Junta. Las clausuras de tomas clandestinas dibujaron brevemente
que, en efecto, estábamos frente a un combate frontal contra la corrupción de
todo tipo y en todos los niveles sociales, pero fue esperanza fugaz. Todo
regresó a su curso normal y la Jumapam volvió a ser el organismo ineficiente de
siempre.
Al concluir el Carnaval 2019, el cineasta Oscar Blancarte
Pimentel -amigo entrañable del presidente y apoyo incondicional en tiempos de
estío- renunció al Instituto de Cultura por no encontrar condiciones de
autonomía y confianza del presidente para consolidar un ambicioso proyecto
cultural para Mazatlán. El reconocido cine-director, con premios
cinematográficos nacionales e internacionales, se refería a la imposición de
Linda Chang –cuñada de la pareja sentimental- y José Luis Tostado,
supuestamente impuestos por Peña Chico para administrar al Instituto por encima
de Blancarte Pimentel que nunca tuvo autoridad como director general. A partir
de su salida, el Instituto cayó en una espiral de caos, terrorismo laboral y
mediocridad como consecuencia del nombramiento de funcionarios a modo que no
cumplen con el perfil profesional que exigen los puestos, empezando por la
directora general, Marsol Quiñonez Castro, una modesta licenciada en
Mercadotecnia, también impuesta por el alcalde y su pareja. Con la salida del
maestro Pércival Álvarez que encaminó a la Escuela Superior de Música y a La
Camerata de Mazatlán a niveles de excelencia, el proyecto cultural que impulsó
Raúl Rico por muchos años comenzó a desmoronarse.
Salieron también Jesús Aguilar Colado, compadre del
presidente, de la dirección jurídica del gobierno municipal, acusado por el
alcalde de hacer un pago indebido por 10 millones de pesos al Grupo Areh que
tiene demandas millonarias contra el gobierno municipal. Al parecer hay juicios
y demandas en ambos sentidos.
Renunció también la oficial mayor Verónica Bátiz, esposa del
comisionado nacional de Pesca Raúl Elenes, dependencia en donde trabajan los
dos hijos de Peña Chico y Guzmán Gárate. Su cargo fue ocupado por el panista
Javier Lira González. También salieron de Seguridad Pública el conocido
licenciado David Librado López y la maestra Martha Mendivil de Comunicación
Social. Han salido otros de menor rango, pero por las mismas causas.
#¿QuéHayDetrásDelConflictoInmobiliario?
Entre el desorden e impericia del gabinete presidencial, el
intento de organizaciones civiles y la Síndico Procurador –doctora Elsa
Bojórquez Mascareño- por limpiar la administración pública municipal, surgió el
conflicto inmobiliario que fue creciendo por el inexplicable vacío de autoridad
-consciente o inconsciente- del presidente municipal Benítez Torres que despreció
las artes de la política y dejó que funcionarios menores e incompetentes
avivaran la hoguera de la inconformidad que ha llevado a la confrontación entre
ciudadanos.
Pero ¿qué hay detrás de la crisis inmobiliaria que creció
por este vacío de autoridad y que confrontó a vecinos de 12 colonias y
fraccionamientos, desarrolladores inmobiliarios, empresarios, abogados, medios
de comunicación, incluyendo la histórica -por inusual- comparecencia en un
juzgado civil de varios reporteros o conductores de noticiarios? ¿Qué hay
detrás del público encontronazo entre el
alcalde Benítez Torres y la Síndico Procurador? ¿Qué razones tiene o qué
negociaciones hizo el presidente municipal y los regidores para mantener en el
cargo al contralor Rafael Padilla Díaz, titular del Órgano de Control Interno
cuando su nombramiento fue impugnado de origen en la administración priista de
Pucheta Sánchez por no cumplir con el perfil y obedecer evidentemente a
intereses del pasado que son materia de investigación? ¿Qué fue lo que negoció
el Químico con panistas y priistas?
#ProtecciónAUltranza
El 7 de febrero anterior el alcalde se apresuró a declarar
que no protege a Padilla Díaz y que no lo han destituido porque cada uno de los
miembros del gabinete y los 12 regidores del cabildo piensan diferente de
quienes piden su remoción. “No es competencia del presidente castigar a esta
persona”, sostuvo. Pero es función del Cabildo que él preside retirarlo del
cargo.
El 23 de abril volvió a tocar el tema: “no tengo nada que
esconder ni cola que me pisen”. A mediados de mayo declaró que la Síndico
debería investigar a los gobiernos anteriores y no concentrarse en la actual
administración sin saber –o sabiéndolo- que hay denuncias en curso contra las 4
administraciones municipales anteriores –del panista Alejandro Higuera a la
fecha- por más de 200 millones de pesos (Higuera fue el primer candidato en
apresurarse a reconocer el triunfo del Químico al día siguiente de las
elecciones de 2018). Ya desde antes reveló una debilidad que abraza como parte
esencial de su estilo personal: miente y traiciona.
Ese mismo 23 de abril, el dirigente del PRI municipal
Cristopher Gutiérrez dijo: “no se puede tapar el sol con un dedo y las pruebas
ahí están” y rechazó la conclusión a la que llegó el contralor Rafael Padilla para exonerar de nepotismo al
Químico y a su pareja Peña Chico. Pero
al joven dirigente priista le faltó un detalle: sus regidores no han movido un
solo dedo para destituirlo, pues sería como darse un balazo en el pie.
#NombramientoViciado
Pero no se trata de quitar y poner. ¿Qué hay detrás del
nombramiento y sostenimiento a cualquier precio del contralor municipal Rafael
Padilla, encargado de investigar las denuncias que le turna la Síndico
Procurador?
Con vicios de origen, el 12 de octubre de 2017 la entonces
Síndico Procurador Lourdes Sarabia López designó –con la oposición de 3
regidores- a Rafael Padilla Díaz como titular del Órgano Interno de Control,
quien no cumple con el perfil profesional para ocupar el cargo, según pruebas
documentales de la Síndico Procurador.
En aquella reunión, los regidores Enrique Calderón Lizalde
del PAN, Guadalupe Valle Sánchez del PT
y Giova Camacho Castro del PAS rechazaron la propuesta por considerarla
violatoria por ser una designación directa y cercana al presidente Fernando
Pucheta Sánchez. “Hay conflicto de intereses por la cercanía y porque durará en
el cargo 3 años, lo que garantiza que no actuara contra quien lo puso”,
argumentaron. De nada sirvió la protesta: con 14 votos a favor y 5 en contra, la propuesta fue aprobada.
Después de varias acusaciones y aclaraciones de ida y
vuelta, el 6 de junio anterior el alcalde rompió lanzas definitivamente contra
la Síndico, a la que acusó de ser herramienta política de algunos grupos de
Morena que ya están mirando hacia el 2021.
#ArrendamientoFinanciero
Durante el año 2014, primero de la administración del
panista Carlos Felton González, los regidores priistas Esperanza Kasuga Osaka y
Humberto Becerra Batista documentaron irregularidades en la contratación del
arrendamiento financiero para 77 vehículos -que presuntamente tuvo un
sobreprecio de unos 56 millones de pesos- ante la Auditoría Superior del Estado
y la Comisión Fiscalizadora del Congreso de Sinaloa.
En la revisión de la cuenta pública del segundo semestre de
ese año, la Auditoría Superior del Estado, emitió un documento –registrado bajo
el numeral 38- con las siguientes observaciones:
1.-Con esta operación se refleja una carga financiera muy
fuerte para el Municipio de Mazatlán, Sinaloa, al contratar 26 pagos mensuales
por un importe de $4,624,670.36 a partir del 31-10-2014, lo cual equivale a la
cantidad de $120,241,429.36
2.-El costo promedio por los 77 vehículos al término del
contrato, equivale a un importe de $1,561,577.00
3.-El contrato de Arrendamiento de Equipo de Transporte no
contempla la opción de compra.
4.-El Municipio no se apegó a la estricta observancia de los
criterios de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Financiera.
5.-El costo mayor de los vehículos asciende a $1,407,316.00,
correspondiente al recolector de basura.
6.-Omiten anexar un estudio de Costo-Beneficio, para
proceder a la contratación del arrendamiento de los vehículos.
Por tal motivo, los regidores priista Kasuga y Becerra
solicitaron a la ASE “investigar y aplicar la ley de Responsabilidades a los
Servidores Públicos que resulten responsables, ante los contratos de
arrendamiento de los vehículos terrestres 00055-ARR-001 Y OM-UA-038/2014,
celebrados por una parte por Lumo Financiera del Centro S.A. DE C.V., y SOFOM, E.N.R,, y por la otra, el Municipio de Mazatlán en
Sinaloa.
A pesar de las pruebas documentales, el entonces auditor
superior del estado Antonio Vega Gaxiola dio largas a la investigación, lo
mismo que el presidente de la Comisión Fiscalizadora que prometió “llegar al
fondo del asunto y castigar a los responsables, aunque fuera el propio
presidente municipal”. Kasuga y Becerra mostraron documentos y cotizaciones
tanto de vehículos como del costo financiero, seguros y trámites oficiales que
evidenciaron que el financiamiento estaba sobrevaluado en 56 millones de pesos.
El 8 de julio de 2015 volvieron a insistir ante el auditor
superior para que investigara la operación evidentemente irregular y lo mismo
exigieron en el oficio del 11 de mayo de 2011. Ante el silencio y falta de
respuesta del titular de la ASE, el 25 de junio de 2016 enviaron nuevamente un
oficio “para dar seguimiento a la primera solicitud de investigación”. El 26 de
mayo siguiente la ASE respondió a la regidora Kasuga que después de las
investigaciones no “procede el recurso de revocación”, dando por concluido el
asunto.
Un grueso expediente con la documentación probatoria fue
entregado al entonces presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso
del estado, diputado José Menchaca López, que prometió investigar a fondo la
denuncia de los regidores, pero tampoco hubo avances ni voluntad política para
verificar las pruebas exhibidas.
Por su parte, los Síndicos Procuradores en los gobiernos del
PAN y PRI, Javier Magaña y Lourdes Sarabia, respectivamente, no movieron un
solo dedo para exigir una investigación mayor para deslindar responsabilidades.
Prácticamente le dieron carpetazo al asunto. Sin embargo, el Observatorio
Ciudadano lo retomó y la Síndico Procuradora actual -Bojórquez Mascareño-
encontró elementos para reactivarlo y reenviarlo a la Auditoría Superior del
Estado para que sea reabierto.
#TráficoDeInfluenciasYCorrupción
Con documentación suficiente, la Síndico Procurador de
Mazatlán ha pedido al Cabildo en 4 ocasiones la destitución del contralor
Rafael Padilla, titular del órgano Interno de Control, que no obedece a sus
instrucciones –como legalmente está dispuesto en la Ley de Gobierno Municipal-
sino a las de quienes lo impusieron en el cargo: Fernando Pucheta Sánchez,
Lourdes Sarabia y los regidores que la validaron. Ha dicho la procuradora municipal
que por el origen de su imposición se convirtió automáticamente en juez y parte
en las investigaciones de corrupción y tráfico de influencias de la anterior
administración priista de Pucheta Sánchez que la empezó y el licenciado Joel
Boucieguez Lizárraga que entró al quite para que aquél pudiera competir por la
reelección que perdió ante el Químico Benítez Torres, quien inexplicablemente
se ha convertido en protector de los presuntos actos de corrupción de priistas
y panistas. ¿Hubo negociación, traicionando el postulado anticorrupción de su
guía moral, alter ego y ahora presidente de la república?
En el primer año de gobierno, la administración de Pucheta
Sánchez otorgó a la empresa Carreteras y Obras del Pacífico, S.A. de C.V., 9
contratos por un importe de $5’563,692.93; y en el 2018, ya con Boucieguez
Lizárraga al frente del gobierno, otros
7 contratos por un monto total de
$14’925,371.41, según lo documentó el Observatorio Ciudadano de Mazatlán con la
copia de cheques pagados por el entonces tesorero Ismael Barros y el acta
constitutiva de la empresa inscrita en el Registro Público de Comercio de
Mazatlán con el folio 16,658 y cuyos socios principales eran Carlos de Jesús
Escobar Sánchez y Raúl Fernando Sifuentes Rodríguez hasta antes de la asamblea
del 29 de junio de 2017 cuando liquidaron el 50% de las acciones que tenía
Sifuentes Rodríguez, quedando como socios únicos de la empresa Escobar Sánchez
con el 90% –quien encabeza a los desarrolladores inmobiliarios que están
confrontados con vecinos de unos 12 fraccionamientos y el despacho de abogados
Álvarez & Asociados- y su esposa Cynthia Karina Ruisánchez Meza con el 10%
de acciones, hermana de Diana Vanessa Ruisánchez Meza, esposa de José Joel
Boucieguez Velarde, hijo de José Joel Boucieguez Lizárraga.
Queda clara la cercanía con el secretario del Ayuntamiento y
luego alcalde sustituto, así como los impedimentos legales para adjudicar
contratos de obras y servicios. En su argumentación, la asociación civil
estableció que las adjudicaciones fueron ilegales, según lo dispone “la
fracción III del artículo 72 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa:
“…Artículo 72. Queda prohibida la participación en
procedimientos de contratación, la recepción de propuestas y la adjudicación de
contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, de las
siguientes personas físicas o morales…
III. Aquellas en el que el servidor público que intervenga
en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal,
familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún
beneficio para dicho servidor público, su cónyuge o sus parientes por afinidad
o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales
o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público, o de
las personas antes referidas formen o hayan formado parte en el último año a la
fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate”.
También durante el ejercicio 2017 se benefició a la empresa
Tecnología Automotriz Escalli, S.A. de C.V., cuyo accionista principal es
casualmente Escobar Sánchez, según inscripción 21520 en el Registro Público del
Comercio de Mazatlán, a la que se asignaron de manera directa 7 contratos por
concepto de renta de maquinaria por un monto total de $7’348,880.00. Y en el
ejercicio 2018 obtuvo otros 8 contratos más por un monto total de
$18’877,376.00, según información obtenida a través de la Plataforma Nacional
de Transparencia Sinaloa.
De acuerdo con la revisión del Observatorio Ciudadano tales
asignaciones violan lo establecido en la fracción I del artículo 60 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles
para el Estado de Sinaloa, que dice:
“…Artículo 60. La Secretaría y entidades se abstendrán de
recibir proposiciones o adjudicar contrato alguno en las materias a que se
refiere esta Ley, con las personas siguientes:
I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en
cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal,
familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda resultar algún
beneficio para dicho servidor público, su cónyuge o sus parientes consanguíneos
hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que
tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o
sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen
o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración
del procedimiento de contratación de que se trate…”
Los servicios prestados por ambas empresas son de lo más
variados: colocación de pasto sintético en canchas de futbol rápido del
“Kilómetro Cero”, Casa Hogar, Vistas del Mar, Los Mangos; servicios de pipas de
agua a la sindicatura de Villa Unión, Cofradía, Escamillas y Porras;
construcción de techumbre en el Cbatis 51 y remodelación de la Casa Hogar y
arrendamiento de maquinaria. Todos los contratos fueron otorgados por
adjudicación directa por el Comité Municipal de Adquisiciones, integrado por
Juan Manuel Ochoa Álvarez, presidente del comité; Joel Bouciéguez Lizárraga,
secretario; José de Jesús Ismael Barros Cebreros, tesorero; Joel Sebastián
García Regalado, primer vocal; Miguel Pérez Bernal, segundo vocal; y Ricardo
Aurelio Ramírez González, tercer vocal.
Sin decir nombres, el alcalde denunció el 15 de junio
anterior que es blanco de amenazas “por seguir con los cambios” -sin precisar
tampoco cuáles- y atribuyó las intimidaciones “a gente que se beneficiaba con
contratos en administraciones pasadas, pero que ya no han hecho negocio con el
actual gobierno que encabeza”. Pedro no le ha tocado ni un pelo a las
administraciones del pasado.
paralelomm@gmail.com
