* Está en la agenda del Congreso para este periodo

* La Secretaría de Salud lista para atender los casos de ILE en todo el país

* Amnistía para acusadas de delito de aborto, liberación inmediata: un acto de justicia

Sara Lovera

SemMéxico, Cd. de México, 23 septiembre 2019.- La despenalización del aborto será Ley. Es el último jalón para conseguir que el Congreso en este periodo debata y resuelva sobre la Interrupción Legal del Embarazo ILE, como un derecho para todas las mujeres del país, asegurar la libre decisión sobre su salud sexual y reproductiva, anunció este día la diputada morenista Lorena Villavicencio.

Hoy mismo el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, anunció –primera plana del diario Milenio y verificado en la Secretaría- que el sistema de salud está preparado para atender la ILE en las distintas entidades donde se legisle, tras reconocer que cientos tienen un embarazo indeseado, como consecuencia de la violencia sexual.

Hoy también la diputada Villavicencio presentó a la Cámara de Diputados una iniciativa de amnistía para las mujeres procesadas por aborto en toda la República donde cientos de mujeres están en proceso, encarceladas y con sentencia. La amnistía obligará a su liberación inmediata, el archivo de sus expedientes y elimina cualquier antecedente penal, por los supuestos de delito de aborto.

Según datos de distintas organizaciones sociales de enero de 2007 a diciembre de 2016, se reportaron 531 juicios penales y 228 sentencias penales, por el delito de aborto. 

Sí, dijo Villavicencio, refiriéndose a la ILE “estamos muy cerca” de liberar el aborto, luego de 50 años de lucha contra la violación a los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las mujeres, entre ellas las más pobres.

Será Ley es la campaña que llegará al punto final luego de las discusiones en el Parlamento Abierto que para el 27 de septiembre reunirá a cientos de mujeres en las instalaciones de la Cámara de Diputados, explicó la diputada.

En comisiones en el senado y en diputaos se dictaminan al menos 3 iniciativas sobre la ILE y durante este año en Parlamento Abierto se ha discutido el tema en 22 entidades del país, con una “orientación favorable”.

La diputada Villavicencio informó también que solicitará formalmente a los grupos Provida que cesen su campaña de difamación contra quienes “defendemos un derecho que está reconocido en nuestra Constitución” – el derecho a decidir – y en diversos convenios internacionales que ha suscrito gobierno mexicano. Agregó que “no permitiremos que se afecten los derechos de las mujeres, ni que se vulnere al Estado Laico. Los que deberían estar en la cárcel son los sacerdotes pederastas y quienes ejercen violencia contra las mujeres obligándolas a ser madres”, remató.

Amnistía para las encarceladas por el delito de aborto

Villavicencio presentó hoy al Congreso una iniciativa para crear Ley de Amnistía contra la Criminalización de los Derechos Reproductivos de las Mujeres a  fin de contener y disminuir la problemática de criminalización de la pobreza asociada a los derechos reproductivos de las mujeres; es, señala la exposición de motivos, de  una alternativa humanitaria, mediante un instrumento ampliamente utilizado en la legislación mexicana y reconocido por el derecho internacional, como lo es la amnistía.

En un documento sustentado, donde se recuerda que el derecho positivo mexicano y Estado han favorecido la amnistía desde 1870, recorre 8 iniciativas dictadas desde el presidente Benito Juárez, hasta la más reciente de 1994. Casi todas relativas a amnistiar a insurrectos, opositores, conservadores, por lo que por primera vez se buscará amnistiar a las mujeres en defensa de sus derechos sexuales y reproductivos.

Las mujeres que se encuentran en prisión, en todas en las entidades federativas, por haber abortado, están ahí porque no tuvieron la capacidad económica de acudir a la ÚNICA entidad federativa donde es legal poder abortar: La Ciudad de México.

Se trata, dice la iniciativa, de abordar no sólo el tema de derechos sino un asunto de justicia.

Hace un recorrido histórico de la demanda reiterada por reconocer los derechos reproductivos para las mujeres y los hombres desde hace décadas, pone ejemplos, y sostiene que ha sido fundamental en el proceso de liberación del aborto, las tesis de la Suprema Corte de Justicia, desde la llamada “ley Robles”, hasta su dictamen sobre la constitucionalidad de la Norma 046, hoy de obligatoriedad para todos los niveles del gobierno y para toda la República.

La iniciativa contiene 6 artículos en los que sostiene que se trata de decretar amnistía en favor de las personas en contra de quienes se haya ejercitado o pudiere ejercitarse acción penal ante los tribunales del orden federal, por el delito de aborto, en cualquiera de sus modalidades, penalizados hoy en los artículos 330, 331 y 332 del Código Penal Federal.

Procura la amnistía para las mujeres que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar, o cuando sea realizado por un tercero o por un médico, cirujano, comadrón o partera, siempre que la conducta delictiva se haya llevado a cabo sin violencia y con el consentimiento de la madre del producto del embarazo interrumpido.

También procura amnistía a los individuos que se encuentren actualmente sustraídos de la acción de la justicia, dentro o fuera del país, por los motivos a que se refiere el artículo 1º, dentro del plazo de 180 días a partir de la vigencia de esa ley.

En el caso de que se hubiere interpuesto demanda de amparo por las personas a quienes beneficia esta Ley, la autoridad que conozca del respectivo juicio dictará auto de sobreseimiento.

En su artículo 6, señala la iniciativa que la Fiscalía General de la República, Procurador General, solicitará de oficio la aplicación de los beneficios que otorga esta ley y pedirá a las autoridades judiciales y administrativas competentes, el archivo de las averiguaciones previas que se estén integrando, cancelar las órdenes de aprehensión, borrar los antecedentes penales y poner en libertad a los procesados y sentenciados protegidos por este ordenamiento.

Las autoridades penitenciarias pondrán en inmediata libertad a las personas que se encuentren en prisión por la comisión del delito materia de esta Ley de Amnistía. Las autoridades que contravengan la presente Ley, serán procesadas y sancionadas conforme a lo dispuesto por el delito de privación ilegal de la libertad.

SEM/sl/sj

• Ni comprometo votos de legisladores de MORENA, ni me he reunido con Ignacio Guadarrama; en su momento se debatirán y se escucharán a todas las voces.

Redacción

SemMéxico/Billie Parker Noticias. Xalapa, Veracruz.  23 de septiembre de 2019.- El diputado Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Juan Javier Gómez Cazarín, afirmó que en los temas de la ampliación del aborto y los matrimonios igualitarios, se legislará con responsabilidad, apegado a Derecho y escuchando a todas las voces.

El coordinador del Grupo Legislativo de MORENA, rechazó categóricamente las declaraciones de Ignacio Guadarrama, líder de la organización Frente Nacional por la Familia (FNF), en el sentido de que se comprometen los votos de los integrantes de esta bancada en contra del aborto y matrimonios igualitarios, lo cual jamás ocurrió ni habrá de ocurrir.

 “Al interior de nuestra bancada hay una gran diversidad ideológica, la cual se respeta absolutamente, por lo que en ningún momento habrá imposición alguna, ya sea a favor o en contra. En su momento, se dará un debate respetuoso y siempre privilegiando el Estado de Derecho, la Constitución, los Derechos Humanos universales y sobre todo, los intereses supremos de las y los veracruzanos”, expresó.

Nota relacionada: Aborto y matrimonio igualitario no avanzarán en Veracruz

Negó haberse reunido con dicha asociación civil y expresar su rechazo a dichos temas, que forman parte de la agenda legislativa de Veracruz, por lo cual, en su momento habrán de abordarse con toda seriedad, se escucharán todas las voces, a favor y en contra, así como la postura que cada diputada y diputado plasmarán.

El Congreso de Veracruz, afirmó, está trabajando en el análisis de diversas iniciativas de reformas a los Códigos Civil y Penal del Estado para garantizar la igualdad, la inclusión social, los derechos humanos, de la infancia y la familia, así como combatir cualquier factor de discriminación por género, discapacidad o creencia.

 “El respeto a la pluralidad de ideas, al Estado democrático y al derecho de la ciudadanía de participar en las decisiones de Gobierno, nos permitirá seguir perfeccionando el marco legal que nos rige como veracruzanas y veracruzanos”, expresó.

Redacción

SemMéxico. San Raymundo Jalpan, Oax. 20 de septiembre 2019.– La reforma al Código Penal de Oaxaca presentada por diputadas locales no despenaliza el aborto, sólo otorga a las mujeres el derecho a decidir libre e informadamente sobre su cuerpo, su vida y salud, señaló la legisladora Laura Estrada Mauro.

 “No se despenaliza la interrupción del embarazo, en la propuesta de reforma se contemplan las siguientes sanciones: seis meses de prisión, así como 300 días de trabajo a favor de la comunidad a la persona que interrumpa el embarazo posterior a las 12 semanas de gestación y hasta nueve años de cárcel a la persona que obligue a abortar a una mujer contra su voluntad”, dijo.

Reiteró que la reforma no obliga a ninguna mujer a interrumpir su embarazo, le otorga el derecho a ejercer libre e informadamente su decisión de ser o no madre, su salud reproductiva y qué hacer con su cuerpo.

Los cambios propuestos en diversos artículos del Código Penal Local, buscan eliminar el castigo a las mujeres que, por salud o haber puesto en riesgo su vida, tuvieron que interrumpir su embarazo.

Estrada Mauro sostuvo que la iniciativa de ley quiere reducir índices de mujeres que practican una interrupción ilegal e insegura del embarazo, además señala que la violación, inseminación artificial, alteraciones congénitas y cuando esté en peligro la vida de la madre, serán motivo excluyente del delito, tema que ya está contemplado en la legislación vigente.

De no aprobarse la reforma, la interrupción del embarazo continuará realizándose, de manera ilegal, insalubre y sin vigilancia y las mujeres perderán dos de sus derechos humanos más importantes, la vida y la libertad.

Aseguró que en todo el estado de Oaxaca se debe privilegiar el respeto a la vida privada de las personas y a las decisiones en su esfera jurídica. Nadie puede tener injerencia en las convicciones y creencias del otro, y como dijo el presidente Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz.

Según estadísticas, en Oaxaca cada año se registran en promedio 2 mil 300 abortos clandestinos; pero por cada aborto registrado, existen en promedio cuatro no registrados lo que equivale a una cifra aproximada de 9 mil 200 abortos anuales, según datos de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

• Hay simulación, no hay dinero para la salud sexual, ni para refugios, ni para estancias infantiles.
• Análisis de especialistas y legisladoras así lo advierten.
• En el anexo 13, indígenas, discapacitados y personas de la tercera edad.

Sara Lovera

SemMéxico. Ciudad de México. 20 de septiembre 2019.- En 2020, según el proyecto de presupuesto del Gobierno Federal, habrá recortes importantes a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres; a la violencia de género y al disminuir recursos para la inversión impactará a toda la población y especialmente a niños y niños, según los análisis comparados de las organizaciones, México Evalúa, la Revista Forbes y  Fundar.

México Evalúa analizó la distribución de cada 100 pesos en ese proyecto como sigue: 50 pesos para Pemex, 3 pesos para salud y 2 a educación, lo que además de limitar el derecho a la salud, el próximo año no habrá suficientes recursos para la prevención del embarazo adolescente, los programas de atención a víctimas de violencia sexual  y los cuidados a mujeres con cáncer.

Tiene dice Forbes un dejo de simulación a destinar cien mil 694 millones de pesos para programas de igualdad y apoyo a las mujeres, con un avance aparente de más 63,000 millones de pesos que contenía el presupuesto  para 2019,  es decir un crecimiento de 60 por ciento, porque se etiquetó lo de igualdad, incluyendo a hombres y mujeres, sobre todo en los rubros de tercera edad o discapacidad. Lo cual ensombrece el etiquetado de género.

Todo ello a pesar de que el Paquete Económico anuncia que sus  mayores desembolsos correrán a cargo de las secretarías del Bienestar, Trabajo y Previsión Social y Educación, porque están traducidos sólo en los programas de “ayudas” en que se ha comprometido como prioridades para el presidente de la República: becas, subsidios y población pobre.

De acuerdo con Inmujeres, según análisis de Forbes, el  presupuesto público pro equidad de género no es un presupuesto específico para mujeres, es un presupuesto que reconoce:

• Las construcciones de género como normas que rigen las relaciones sociales.

• Las diferentes posiciones y condiciones que mujeres y hombres tienen en la sociedad como producto de las relaciones genéricas.

• La existencia de desigualdades económicas, sociales, políticas y culturales entre hombres y mujeres, resultantes de las relacione genéricas.

• Las diferentes necesidades de bienes y servicios públicos en mujeres y hombres por las posiciones y condiciones desiguales entre mujeres y hombres, generalmente desfavorables para las mujeres.

De ahí que 120 organizaciones de la Sociedad Civil, diputadas de 22 entidades ya circulan el contenido del Pacto por la Vigencia Plena de los Derechos Humanos de las Niñas y Mujeres Mexicanas”, resultado de sus sesiones del 11 de septiembre, llamada reunión Contra la Violencia y Por los Derechos Humanos: Presupuesto 2020, en donde hacen un listado de 7 apartados y 89 acciones urgentes, que presentarán al presidente Andrés Manuel López Obrador, tras un minucioso peinado de las necesidades específicas de la mitad de la población.

Para las y los analistas de México Evalúa y Fundar, habrá un retroceso a la intención del llamado anexo 13, que desde hace una década, había conseguido recursos para programas directos a necesidades y situaciones concretas de la población femenina, ahora diluido en la intención de Primero los Pobres.

El análisis de las organizaciones especializadas afirma que el proyecto del  Presupuesto es de por  restringido, y lo grave es que  invierte la lógica de las prioridades y recorta en los hechos los recursos para promover la igualdad sustantiva, aun cuando aumente la suma nominal destinada a ella.

De ahí la importancia del documento final para promover  el Pacto con el Gobierno Federal, mismo que fue  impulsado por la diputada Lorena Villavicencio, ahora para la firma, como un  documento político describe paso a paso, en 7 rubros, la situación de las mujeres.

De lo que se trata es de tener una ruta para el seguimiento a los acuerdos de la Conferencia Nacional del 11 de septiembre y lograr un presupuesto etiquetado para el fortalecimiento de los Derechos Humanos de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia.

De acuerdo con la explicación de la economista Magdalena García Hernández en su análisis del Anexo 13 (Igualdad) del PPEF 2020, se han incluido en éste poblaciones que deben aparecer en otro anexo, como las personas indígenas o con discapacidad, de modo que, aunque el presupuesto para educación haya aumentado, sobre todo para becas, no se puede saber cuánto se destinará a niñas y jóvenes. A esta ambigüedad se añaden señales negativas como la reducción de recursos para microcréditos y, más grave es  la “caída de 8.1%” en salud, que empeora la atención a  la salud sexual y reproductiva (20% menos) y la prevención y atención del VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual.

Tal como lo afirma la feminista Lucía Melgar, como si esto no bastara para preocuparnos, el PPEF 2020 también reduce o limita los recursos para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, que debería ser prioritaria. La Comisión Nacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres  Conavim, encargada de las alertas de violencia de género en 18 estados, recibirá sólo 7 millones más que en el 2019, por lo que ahora, su titular, Candelaria Ochoa, viaja por todo el país, para pedir a los gobiernos estatales a invertir en este rubro. Lo que encuentra a su paso, muchos obstáculos. Ya que en las entidades del país, durante años, no se ha invertido en los sistemas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género.

Para FUNDAR –como lo relató Semméxico-  el total asignado al Programa para “promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres” pasó de 268 millones de pesos en el 2019 a 267 millones para el 2020. Y  “las acciones de coadyuvancia para las alertas de género” disminuirían 78 por ciento, además los recursos transferidos a estados y municipios tienen reducción 5 por ciento. Señala que  “si se suman ambas acciones, es posible observar un recorte de 11 por ciento, pasando de 123 millones en 2019 a 110 millones en el PPEF 2020”.

Si, según el análisis de Fundar “hay aumento en los centros de justicia para las mujeres, muy poco, y en  Salud materna, sexual y reproductiva la  reducción es muy  importante de 24 por ciento al pasar de 2 mil 384 millones a mil 818.

Respecto del aparente incremento en todo el rubro de igualdad, Fundar sostiene que  “hay que leer con cuidado este incremento porque casi un 40 por ciento del aumento respecto al 2019 se va a programas que en su ejercicio incluyen a hombres y mujeres, no es una acción que busque reducir las brechas de género”, en forma específica. A pesar del análisis de Inmujeres.

Respecto de los recortes, para 2020 el gobierno federal propone para subsidios a refugios para mujeres en  361.5 millones de pesos, un aumento de 1.3 por ciento en comparación del año pasado, el cual, a decir de Wendy Figueroa, directora de la Red, resulta insuficiente ante las necesidades que se tienen.

“Solicitamos que el recurso destinado sea dirigido para los Refugios que ya existen y han probado su operatividad, efectividad y transparencia por varios años, tanto de organizaciones de sociedad civil como de gobierno”, dijo en entrevista. Es necesario que pase de 361 a 543 millones de pesos, para cubrir las s necesidades de esos refugios.

Ella, Wendy Figueroa ya advirtió que el programa anunciado para la “Estrategia Nacional de Protección Integral para Mujeres, niñas, niños y adolescentes que viven violencia basada en el género”,  es equívoco, pretende instalar  refugios llamados de  “Puertas violetas”, sin considerar la experiencia de la Red Nacional de Refugios.

En el año 2019 se etiquetaron 346 millones de pesos para los refugios. De ese total, la Secretaría de Salud destinó, vía convocatoria pública, 293 millones a 45 refugios; posteriormente, en otra convocatoria, entregó 23 millones a 8 refugios. Así de los “etiquetado” para 2019  falta por ejercer 29.7 millones de pesos, un 8.5 por ciento del total.

Y en el PEF no aparecen claramente los recursos para estancias infantiles. Ni tampoco estímulos para las niñas y la ciencia; el tema de los emprendimientos para mujeres en el campo, ni tampoco recursos para los cánceres femeninos.

Hay que ir por un nuevo pacto social, dicen legisladoras.

Lo que dice el documento resumen para lograr un presupuesto justo para las mujeres en 2020 es que se reconoce que  la desigualdad social y económica del país, la discriminación y exclusión de amplios grupos de la población principalmente las mujeres, demandan asumir una política activa para lograr su bienestar y elevar su calidad de vida.

Reconocen igual que es fundamental un cambio, donde es necesario que mujeres y hombres participen en la construcción de un nuevo pacto social que impulse un nuevo modelo de desarrollo humano teniendo a las personas y sus derechos humanos en el centro de sus acciones.

Asegura que  la pobreza sigue teniendo rostro de mujer, las necesidades básicas de alimentación, salud, agua, energía y vivienda digna está en millones de hogares, con  cargas adicionales en la vida de las mujeres.

La preocupación de este llamado a firmar un pacto tiene que ver, indican, con la  preocupación por el crecimiento y recrudecimiento de las distintas formas y manifestaciones de violencias contra las niñas y las mujeres dentro y fuera de sus hogares, lo que deja claro  un panorama desalentador con alta incidencia, impunidad y un limitado apoyo a las víctimas. Como se ve en el presupuesto, según las organizaciones especializadas.

• Foros plurales en 22 entidades del país favorecen la despenalización
• El 30 de septiembre se conocerán las conclusiones en la Cámara: diputada Wendy Briseño
• Mientras tanto 8  iniciativas están en comisiones y se han desechado en 13 años 12 propuestas.
• Las pobres, las jóvenes y niñas son las que mueren de aborto en México
• Unas 75 mil niñas se han expuesto al aborto clandestino.

Sara Lovera

SemMéxico. Cd. De México. 20 de septiembre de 2019.- Foros, reuniones y discusiones en 22 entidades del país favorecen la despenalización del aborto en México, informó la diputada morenista  Wendy Briceño Zuloaga, quien agregó que el próximo 30 de septiembre en un foro nacional se darán a conocer las conclusiones.

En tanto se avanza en acuerdos y discusiones en las entidades del país para asumir el mandato de la Suprema Corte de Justicia para poner en practica la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046-SSA2-2005 que ordena a todos los hospitales públicos interrumpir los embarazos resultados de violación, sin necesidad de que la víctima denuncie el delito ante el Ministerio Público o que alguna autoridad lo autorice.

Apenas la semana pasada se hizo el compromiso en Guerrero, con el gobernador, para hacer efectiva la norma 046, para que sin dilación, ni requisito se interrumpa el embarazo por violación. Y existe el mandato, incluso judicial, para que el estado de Veracruz lo haga, donde hay una sistemática resistencia.

La Cámara de Diputados se apresta, al mismo tiempo, a  analizar las iniciativas que ya están en el Congreso. De acuerdo con información verificada, entre 2006 y marzo de 2019 se han presentado ante en el Senado y  Cámara de Diputados 30 iniciativas relacionadas con la despenalización del aborto. La última en el Senado en marzo de 2019 de la diputada morenista Lorena Villavicencio. Las comisiones, igualmente hacen el análisis de unas mil fojas con argumentos, estudios y estadísticas.

En los foros realizados en 22 entidades del país, reconocen que la clandestinidad pone en riesgo la vida y la libertad de mujeres, niñas y adolescentes, especialmente las más pobres. Briseño Zuloaga, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, explicó que es hora de dar una dimensión social a esta situación, porque la ILE es una necesidad, porque se trata de un problema de justicia y de salud. 

Se estima que en México se realizan entre 750 mil y un millón de abortos clandestinos cada año, según cálculos de la doctora Fátima Juárez, en un estudio del Instituto Guttmacher, así como la dirección médica de Marie Stopes México y la directora general de Fondo María, organizaciones dedicadas a facilitar que las mujeres accedan a interrupciones legales del embarazo (ILE) en Ciudad de México y otras ciudades del mundo.  Solamente en la Ciudad de México, desde 2007 se puede interrumpir legalmente un embarazo, hasta las 12 semanas de gestación. 

Las investigaciones, según la diputada que informó en julio de los primeros 16 foros, indican que el 10 por ciento de los abortos clandestinos, esto es al menos 75 mil casos registrados, indican que acuden a él  niñas abusadas sexualmente, violentadas, una cifra desconocida, probablemente es mayor.

Los foros de discusión fueron  organizados por la diputada Sandra Paola González Castañeda (Morena), como coordinadora nacional  de las discusiones a partir del derecho y la  progresividad de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 

Las diputadas de MORENA  consideran que ha quedado claro que la clandestinidad del aborto, el riesgo de vida, afecta principalmente a mujeres de bajos recursos. Además, la otra realidad es la ausencia de una buena educación sexual, por lo que en los foros se analizó cómo se deben poner en marcha estrategias de prevención y educación. Los  foros son  parte del parlamento abierto, puesto en práctica por la actual legislatura.

Ha quedado claro que  la clandestinidad  del aborto, puede  provocar la muerte de niñas, adolescentes y mujeres que no tienen recursos económicos.

Las conclusiones que se conocerán el 30 de septiembre  pondrán en evidencia que  los foros y los encuentros ayudaron a  reforzar el aprendizaje, generaron argumentos para las madres y  padres de familia. Igualmente hay una clara narrativa para enfrentar a los  grupos conservadores. Lo importante, a lado de cambios legislativos que liberen el aborto, incluirá medidas de prevención  que se pueden evitar embarazos adolescentes y no deseados. Se ha logrado  reconocer el problema, la importancia de la educación sexual y la conciencia de los abusos sexuales.

LAS INICIATIVAS EN EL CONGRESO

Información verificada indica que de las 30 iniciativas que llegaron al Congreso en los últimos 13 años,  22 ya fueron desechadas porque prescribió el plazo en comisiones para su dictamen. Hay  8 que están pendientes para su dictamen.

Las que están vigentes buscan garantizar la ILE en el mismo sentido que está legislada en la Ciudad de México, interrumpir el embarazo antes de las 12 semanas de gestación.  Mantienen sanciones para quienes aborten después de esas semanas. Sus diferencias son menos, y radican, por ejemplo, en que algunas piden que se sancione con tres a seis meses de prisión a quien aborte después de ese lapso.

Otras señalan  castigos  y  sanciones para quien obligue a una mujer a abortar.

De acuerdo con los archivos del congreso, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) es el que más iniciativas ha presentado, entre 2006 y 2019, en total 15. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó cinco y  hay tres del  Partido Acción Nacional (PAN), en el sentido de otorgar derechos al producto de la concepción, que según el Grupo de Información en Reproducción Elegida GIRE, no necesariamente se oponen a la  ILE.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó 2 iniciativas, mientras que Morena, MC, Nueva Alianza, Encuentro Social y Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina presentaron una cada uno.

Una de las propuestas del PAN y otra del Partido Encuentro Social piden la protección de la vida desde su concepción, sin solicitar sanción para quien se practicara un aborto. Ambas fueron desechadas.  En todas las iniciativas reconoce al  aborto como un derecho, cuando hay violencia sexual  o si peligra la vida de la madre, tal cual se estableció desde 1931 en el Código Penal. Y ahora claramente, en el caso de violación, en la norma 096.

En prácticamente todas las iniciativas se propone que los gobiernos de los estados homologuen sus leyes para no penalizar el aborto. Igualmente que se  promuevan políticas de educación sexual y consejería médica para quien solicite la ILE. Y muchas aclaran que no se considere a la ILE como un método anticonceptivo.

En la mayoría de las entidades del país la ILE sigue en un marco legal que se define  como un delito. Tanto que al implicar penas de cárcel existe un número indeterminado de mujeres y personal médico en proceso. Solo en la capital, Veracruz, Chiapas y Michoacán se han eliminado las sanciones de privación de la libertad.