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Honduras: de caravanas migrantes y fronteras inhumanas

Por Gloria López

SemMéxico/AmecoPress. Madrid, 19 sep. 2019. Escucharlas es atreverse a mirar el inmenso drama humano que se está viviendo en la frontera sur estadounidense y reconocer cómo las migraciones nos ponen por delante el reto de transformar el sistema. Un reto que no es simple, pero es radicalmente necesario. Al final de la entrevista que tuvimos con Xiomara Zelaya y Whitney Godoy, de visita en España para ofrecer una conferencia en La Casa Encendida de la mano de la Asociación de Mujeres de Guatemala, les preguntamos por el riesgo de documentar y difundir la situación que vive su país, Honduras, siendo mujeres y jóvenes. “El riesgo es nuestra vida, pero no hay otra opción que moverse, quedarse quieta también es morir”.

Eso les ocurre a las personas que migran. Quieren vivir, no es que quieran dejar su país –un proyecto lícito por otro lado-, es que no tienen más opciones: tienen hambre, miedo y el fuerte deseo de encontrar un futuro para sí y para sus seres más queridos.

Honduras sufrió un golpe de estado en 2009, “un punto de quiebra”, como lo define Xiomara Zelaya, quien sueña con el restablecimiento de la democracia en su país y lucha para que así sea, “sin violencia”. A partir de ese hecho comenzó una “crisis institucional” y surge una “estructura que se entroniza en el poder, que empieza a construir desde las élites, todo un sistema depredador y corrupto, de drenaje de los recursos de las instituciones hacia intereses particulares y actos delictivos”.

Ese proceso, construido no solo desde estructuras nacionales, sino también internacionales, que patrocinan y respaldan fraudes electorales (en 2013 y 2017) así como el saqueo de recursos mediante empresas multinacionales, hizo emerger un “estado de represión” en Honduras, “que se ensaña con la gente que protesta por las privatizaciones y la pérdida de derechos, que utiliza la violencia, no solo de género, sino contra quienes defienden los territorios, indígenas, que son los que principalmente están luchando por nuestros territorios, defendiéndolos de proyectos extractivistas”. Xiomara Zelaya aporta un ejemplo: en el año 2009, 27 días antes de entregar el poder, el Gobierno concedió 150 áreas protegidas y de cuencas hidrológicas, de manera «exprés» y con permisos medioambientales, a empresas que buscan el lucro.

“Somos un territorio de experimento para nuevas formas de colonización de América Latina”, asegura la hondureña, destacando el estado de indefensión y persecución que viven las poblaciones y que explica que las peticiones de asilo hayan aumentado un 5000 por ciento. Y al frente, “políticas migratorias inhumanas y degradatorias”, encabezadas por Estados Unidos.

“Es imposible que la gente no se vaya de Honduras, no existe esa opción”, precisa Whitney Godoy, periodista de investigación, especializada en fotoperiodismo, que en 2018 cubrió la caravana de migrantes de principio a fin. “Cada día 400 personas salen del país hacia EEUU y también Europa. Cada 16 horas muere una mujer en Honduras. El Parlamento aprobó medidas que pretendían privatizar servicios de educación y salud pública en un país donde el 68 % de la población vive en situación de pobreza y millones en pobreza extrema. La gente no tiene trabajo”, argumenta. “En la caravana, comían más veces que dentro del país, por la ayuda que daban organizaciones y personas a su paso. Ver eso es muy duro.”

“Las mujeres sufren violaciones, trata, están expuestas a ser vendidas, son el foco de grupos delictivos como los zeta, les quitan a sus hijos, las matan”

Durante la caravana, la joven periodista vio desaparecer a más de 100 personas, especialmente en una zona de México conocida como “el cementerio de los migrantes”, donde desaparecen mieles de personas cada año, pero nadie dice nada. “Ni el Gobierno de México está interesado, ni el de Honduras. La mayoría son niños y niñas.”

“Las mujeres sufren violaciones, trata, están expuestas a ser vendidas, son el foco de grupos delictivos como los zeta, les quitan a sus hijos, las matan”, relata Whitney Godoy, quien actualmente trabaja en la realización de la película “Berta soy yo” que se estrenará a finales de 2019.

Son las consecuencias de las inhumanas políticas migratorias que se han ido imponiendo en todo el mundo. Tal como la Unión Europea ha hecho con Turquía y España intenta hacer con Marruecos y Argelia, Washington exige a México y Guatemala que acepten convertirse en “terceros países seguros”: una categoría jurídica que implica que Estados Unidos pueda devolver a estos países a solicitantes de asilo que para llegar a su territorio hayan pasado por ellos. Se trata de un proceso de externalización de fronteras. El Gobierno de Guatemala ya lo ha hecho, aunque el contenido y el alcance del acuerdo firmado con Estados Unidos se mantiene en secreto.

Sin embargo, México y Guatemala están lejos de ser países seguros para sus propios nacionales ya que, junto a Honduras y El Salvador, conforman una de las zonas más peligrosas del mundo “en tiempos de paz”.

Whitney Godoy perdió el miedo. “Vivo esperando que en cualquier momento pueda morir. Pero solo tengo la opción de seguir denunciando y, cuanta más difusión haya, mejor”. Es, de algún modo, su defensa frente a estructuras de poder que tratan de imponer sus normas, especialmente a las mujeres.

“Criminalizan la acción de los jóvenes, los ambientalistas y las mujeres”, explica Xiomara Zelaya, consciente de que hay que asumir riesgos. “Es importante la participación de las mujeres”, dice resaltando la lucha de Berta Cáceres o de Mirian Murillo. “Son muchos los riesgos, pero más los deseos de lograr cambios en Honduras”.

Periodista cubana usa la creatividad para buscar información y mantener base de datos para otros medios

Por Júlio Lubianco/PN

SemMéxico/Knight Center. 19 de septiembre de 2019.- Cualquier periodista que alguna vez haya realizado un reportaje utilizando la Ley de Acceso a la Información de su país tiene una serie de quejas, por supuesto, sobre los protocolos y las dificultades impuestas por el Estado para divulgar información pública.

Sepa, sin embargo, que podría ser peor. En Cuba, ni siquiera las estadísticas más básicas, como los índices macroeconómicos, están disponibles o son confiables. Y la mala calidad del Internet y sus limitaciones dificultan una investigación más profunda. Aún así, el periodismo de datos prospera en la isla cuyo gobierno censura la información en su tiempo libre.

La periodista cubana Barbara Maseda mantiene en línea un Proyecto Inventario, cuya misión es publicar todos los datos disponibles sobre Cuba. Su propósito es que este sirva como una base de datos para consulta y uso de otros periodistas independientes que escriben sobre la isla.

«La idea podría haber sido crear otro medio, pero el proyecto está diseñado no como un medio que cubre noticias. No hacemos el producto periodístico acabado, sino el proyecto está diseñado como lo que sería una unidad de datos, un departamento de un medio de prensa de otro lugar. […] La idea es ser un servicio para quien hace periodismo», dijo Maseda al Centro Knight, desde Estados Unidos, en donde reside.

Según Maseda, los medios independientes no tienen acceso a ninguna fuente gubernamental, que simplemente los ignora. Ni siquiera los contratistas del gobierno pueden proporcionar información, lo que incluso perjudica las investigaciones básicas de reportajes simples. Además de proporcionar las bases de datos que consigue, el Proyecto Inventario también tiene como misión desarrollar la cultura del uso de datos en el periodismo independiente cubano, que es una forma de superar el bloqueo de las fuentes oficiales.

«Como se hace en Estados Unidos, en Brasil, en Inglaterra, en México, [donde] ya ha habido en los últimos años mucha vivencia en la necesidad de especializarse en trabajar con datos, porque los países están generando muchos datos y esta es una nueva habilidad que [el periodista] necesita para interrogar a un nuevo tipo de fuente. […] En Cuba, esto no ha pasado espontáneamente. No hemos vivido el proceso en el que el gobierno y las instituciones se digitalizan, y se está generando un volumen enorme de informaciones que precisamos cubrir. […] Cuba es un lugar en el que hay mucho secretismo de todo tipo de información», sostuvo Maseda.

Incluso la información más básica y aparentemente sin importancia para ser configurada como secreto de Estado es difícil de acceder. Como por ejemplo la fecha de nacimiento de los parlamentarios que integran la Asamblea Nacional de Cuba. Inventario mantiene una base de datos de los 603 parlamentarios de la legislatura actual (dos escaños están vacantes). Las edades se publicaron en la prensa oficial en poder de los parlamentarios y son parte de la base de datos, que se actualiza año tras año.

«En Cuba no existe una ley de acceso a la información. Y a nivel de publicación de datos tampoco se publican lo que entendemos como datos. Se publican estadísticas, resúmenes de datos a los cuales no tenemos acceso. […] Esto es muy poco. Si tú me dices, como gobierno, que hay 300 accidentes de transito en Habana en el año, yo no tengo forma de desagregar este dato por municipio, fecha. No te dan detalles», afirmó la periodista.

El sitio nació a partir de la experiencia de la periodista en la Universidad de Stanford como becaria John S. Knight. Luego fue seleccionada por el programa JSK Impact Partnerships. Además, el primer año ha sido financiado por sus ahorros personales, mientras Maseda busca otras fuentes de inversión para ampliar su alcance.

«El proyecto es un prototipo, una muestra de lo que puede ser. […] En este segundo año de existencia tengo que cambiar un poco mi estrategia. Como no tengo financiamiento, tengo que hacer todo yo, lo hago en social media, el sitio web, lo que consume mucho tiempo y no puedo dedicarme [solamente a los datos]», afirmó.

Atendiendo las necesidades de periodistas cubanos

El Proyecto Inventario es el resultado de un intento fallido de Maseda de trabajar con datos en la isla. Además de la falta de bases públicas, la conexión a internet fue y sigue siendo un impedimento importante para que los periodistas investiguen y usen herramientas que están disponibles en línea. Según la periodista, el acceso a internet es a través de redes públicas y compartidas. Entonces, ella pone toda su base de datos disponible para descargar.

«El periodismo independiente es muy desconectado de Internet. Conectarse a Internet es un acto puntual, que se hace por una hora, dos horas. Pero no se está conectado todos los días. El proyecto está diseñado para este mundo. […] Todo está puesto para descargar porque yo sé que un periodista cubano no va a trabajar conectado en Google sheets. La persona va a llevar a su casa los datos y a mirarlos en un aplicativo offline», explicó Maseda.

Como Inventario no se propone como medio de comunicación, el sitio promueve el uso de los datos por otros medios independentes, con el debido crédito. Eso ya sucedió en reportajes sobre la nueva constitución cubana, las protestas contra el alto precio de la recién inaugurada internet móvil en la isla, y los viajes de cubanos al exterior. En ninguno de estos los datos son pieza central pero colaboran al entendimiento de la información.

«Me alegra estar creando este punto de referencia. Dentro de un año, dos años o tres, alguien va a poder ir atrás [de nuestros datos] y compararlos. […] Esto nos va a ayudar a mejorar, es parte del proceso de profesionalización del periodismo de Cuba, de aprovechar herramientas que quizás son normales en otros lugares», dijo Maseda.

El periodista José Raúl Gallego Ramos, del sitio El Toque, es uno de los que viene utilizando en sus reportajes los datos levantados por Inventario. Él reconoce que, además de la escasez de datos oficiales, hay también una dificultad específica de los periodistas cubanos para trabajar con informaciones estructuradas.

José Raúl colabora en El Toque y usa datos de Inventario en sus reportajes. (Foto de divulgación)

«Los periodistas necesitamos de datos confiables sobre los cuales construir y realizar nuestros trabajos y análisis. Lamentablemente, nuestra formación tiene lagunas en las cuestiones relacionadas con la recuperación de información en tiempos de big data, y la existencia de un proyecto como inventario no solo ayuda a sortear algunas lagunas de la información en Cuba, sino nuestras propias lagunas como periodistas en materia de recuperación de información», contó Gallego Ramos al Centro Knight.

Él cree que a medida que más periodistas cubanos sepan cómo trabajar con datos, se incorporarán más herramientas de este tipo en los informes producidos en la isla, a pesar de que el Estado mantenga su política de secreto. Esto se debe a que será posible buscar y analizar información sobre el país producida por otras instituciones.

«Sobre todo, es importante aprender no solo el uso de datos, sino saber dónde buscar, ya que es poco propable que en el corto plazo exista en Cuba una política de transparencia explícita, pero sí cada día es más la información online, de instituciones cubanas, pero también de instituciones extranjeras que tienen relación con instituciones cubanas, y esas son fuentes de información importante», dijo.

Creatividad para obtener datos

El escenario imaginado por Gallego Ramos ya es una realidad en Inventario. Para evitar la escasez y la dificultad de acceso a los datos oficiales del gobierno cubano, Maseda depende en gran medida de fuentes secundarias, como investigaciones de instituciones extranjeras, otros periodistas internacionales y gobiernos que tienen leyes de transparencia.

«El comercio de Cuba con Brasil, por ejemplo. Cuba no publica información comercial. Si quiero saber cuánto pollo compra Cuba a Brasil por año y el gobierno no me lo dice, utilizo la fuente brasileña. Nos beneficiamos de los datos abiertos de otros países para obtener datos de nuestro país. Las dificultades nos empujan a encontrar una salida. Entonces no es que sea brillante, simplemente no tenemos otros métodos», explicó el periodista.

A través de los datos oficiales públicos, Maseda consiguió, por ejemplo, saber cuántos cubanos viajan anualmente a Rusia. El dato forma parte de un reportaje que cuenta que muchos comerciantes de Cuba compran mercaderías en Moscú para revenderla en la isla.

Recientemente, con la llegada del internet móvil a la isla, Maseda ha estado experimentando con información obtenida del público. Un trabajo reciente, y que fue ampliamente utilizado, trata sobre los cortes de energía.

«Hubo una ola grande de apagones en Cuba y el gobierno prometió que no iban a cortar la electricidad de manera programada para ahorrar petróleo en el verano, porque es cruel. El verano en Cuba es muy caluroso. Luego, las personas empiezan a ver que les quitan la electricidad y se va, se va, se va. Habían muchas quejas aisladas en social media, y entonces organizamos una campaña de recolección de apagones en Twitter, donde le pedíamos a la gente que ‘si se baja la luz en tu casa, dinos al menos el municipio’. […] Recolectamos más de 400 reportes», recordó Maseda, quien resaltó que se resistió en un primer momento a este tipo de levantamiento de datos porque es imposible, a través de ello, hacer afirmaciones más precisas. “Es capitalizar la energía que la gente tiene de denunciar algo y contarle, en el sentido cuantitativo».

En algunos casos, la información sobre los cortes es proporcionada por el propio gobierno a través de sus canales oficiales.

En noviembre de 2018, cuando los médicos cubanos que trabajaban en Brasil comenzaron a regresar gracias a un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la prensa oficial lo informó de manera destacada. En ese momento, el gobierno cubano decidió terminar el acuerdo luego de las declaraciones del entonces presidente electo Jair Bolsonaro, quien anunció que exigiría la revalidación de los diplomas de profesionales, de los que anteriormente estaban exentos.

Maseda notó que en cada vuelo, se daba información del número de médicos que retornaba y empezó a registrarlos. «Esto fue un ejemplo de datos inesperados para mí. Fueron 32 vuelos de regreso. Un día, cuando se produce el primer vuelo, que era un orgullo para la revolución, veo una nota en el periódico del Partido Comunista que incluye la cantidad de médicos que regresarían en el vuelo. Ellos reportarían la cantidad de médicos que iban a regresar en cada vuelo. Al final, se dieron cuenta de que no iban a regresar todos», recordó.

En el vuelo 30, el Partido Comunista no pudo decir cuántos médicos habían regresado. Maseda luego completó los datos con el promedio de los actuales 29 vuelos anteriores. Y concluyó que una quinta parte de los profesionales cubanos nunca regresó.

«Nunca aspiramos a la exhaustividad. Casi nunca podemos tener la felicidad de tener todo detallado y completo, pero sientes que llegas bastante cerca, y este es un buen inicio», acotó.

Morena, por despenalizar aborto en el país

  • Hay tres propuestas. La panista Laura Rojas, lideresa de San Lázaro, a favor; código único, lo más viable: Villavicencio.

Fernando Damián y Elia Castillo

SemMéxico/Milenio. Ciudad de México. 19 de septiembre 2019.- La diputada federal, Lorena Villavicencio, afirmó que la despenalización del aborto está en la agenda legislativa de su fracción parlamentaria, por ello iniciará la discusión del tema durante este periodo de sesiones.

Al respecto, Laura Rojas, presidenta de la Cámara de Diputados, se manifestó a favor de las libertades y los derechos de las mujeres, y señaló que se debe hacer la modificación al Código Penal federal y a los de los estados.

 “Yo soy una mujer que está a favor de las libertades y de los derechos de las mujeres. Estoy en contra de la criminalización de las mujeres por abortar”, señaló la diputada panista.

En conferencia de prensa, Villavicencio detalló que hay tres propuestas para avanzar en el tema, aunque la tercera, que aún no se presenta como iniciativa, dijo, es la más viable, consiste en eliminar el tipo penal del Código correspondiente y crear uno único.

 “Tenemos una tercera propuesta que nos parece que sería la mejor, es la de eliminar el tipo penal del código correspondiente, es decir, establecer un Código Penal único en el que no se establezca el aborto como delito, esa nos parece que es la mejor de las posturas, nos inclinaríamos por esa posición”, señaló.

Respecto a la alerta de género en Ciudad de México, llamó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a decretarla lo antes posible, al mismo tiempo llamó a sus homólogos a aprobar el presupuesto necesario para implementar los protocolos necesarios en las entidades que cuentan con dicha alerta.

Lo anterior, luego de la sentencia de amparo que ordena a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) decretar, en un plazo de 10 días hábiles, la Alerta de Violencia de Género en Ciudad de México.

 “Efectivamente hay feminicidios en Ciudad de México, me parece una gran oportunidad para la jefa de Gobierno, el tomar el toro por los cuernos, como se dice coloquialmente, y hacer de la política de feminicidio una gran política pública en la ciudad”, señaló Villavicencio.

En este contexto, llamó a todas las fracciones parlamentarias a destinar presupuesto suficiente a la implementación de la alerta de género las entidades en las que se ha declarado.

 “Es muy importante, para que funcione la alerta de género, que se considere un buen presupuesto, no podemos pensar que con 100 millones de pesos se va a atender adecuadamente la violencia en aquellos estados en los que está decretada la violencia de género, necesitamos ampliar el presupuesto”, sostuvo la ex perredista.

EN OAXACA, A COMISIONES DEL CONGRESO

En Oaxaca la legislatura local discute el tema del aborto para despenalizarlo, luego que se ha logrado romper tabús y mitos, una vez que se ha avanzado en el matrimonio igualitario, afirmó la presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Laura Estrada Mauro.

Informó que la propuesta ya se encuentra en comisiones y esta semana que se podrá discutir en el pleno.

Indicó que Morena ha sido el impulsor en abrir el debate a los temas polémicos, y ha sido el único grupo parlamentario que ha dado voz y fuerza a todas las minorías.

Sin embargo, los grupos y organizaciones religiosas han exigido abrir foros a parlamento abierto y consultas a la ciudadanía antes de avanzar en la aprobación.

Incluso el arzobispo de la Diócesis de Oaxaca, Pedro Vásquez, calificó al aborto como un crimen abominable.

SEM/Milenio

El Senado pide que se emita la declaratoria de AVGM en todo el Estado de México

  • Actualmente, la alerta sólo contempla a 11 municipios de la entidad. 

Redacción

SemMéxico. Ciudad de México. 19 de septiembre 2019.- El Pleno del Senado exhortó a la Secretaría de Gobernación a que, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, emita la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en todo el Estado de México.

De la misma manera, pidieron al Gobierno del Estado de México cumplir a cabalidad las recomendaciones emitidas por el grupo de trabajo conformado para atender la solicitud anterior.

Asimismo, solicitaron a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Estado de México rendir un informe detallado sobre la ejecución del presupuesto destinado a las acciones de la AVGM desde el año 2015 a la fecha.

La proposición busca combatir la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes en ese estado, ya que esta no ha disminuido pese a que desde el 31 de julio de 2015 se instauró dicha Alerta en 11 municipios: Ecatepec, Tlalnepantla, Toluca, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, lxtapaluca, Valle de Chalco, Cuautitlán lzcalli y Nezahualcóyotl.

Al presentar el dictamen, el senador Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, señaló que este punto de acuerdo va en favor de la vida e integridad de las mujeres mexiquenses.

El Estado de México padece de un grave problema de seguridad que afecta gravemente las mujeres. Informo que, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el 2018 se registraron 880 carpetas de investigación por feminicidio en todo el país.

El legislador apuntó que el feminicidio es un crimen de odio que se debe denunciar y visibilizar. “Ruego porque estas acciones y esfuerzos permitan que el día de mañana podamos recordar esta situación como una amarga experiencia”, dijo.

Al respecto, la senadora Martha Guerrero Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena, indicó que no basta con emitir alertas, debe haber responsables. En ese sentido, denunció que el gobernador de dicha entidad no ha implementado políticas públicas para reducir los feminicidios.

A su vez, la senadora Xóchitl Gálvez, del Grupo Parlamentario del PAN, dijo que la alerta no ha funcionado en los lugares en los que se ha aplicado y, por el contrario, han aumentado los feminicidios.

Embarazo no planeado y aborto inducido en México: causas y consecuencias

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Por: Fatima Juárez, Susheela Singh, Isaac Maddow-Zimet and Deirdre Wulf

SemMéxico/Guttmacher Institute. 19 de septiembre 2019.-Resulta muy difícil estudiar el aborto inducido por ser una práctica clandestina y estigmatizada. En todos los estados de la República Mexicana, el aborto inducido está fuertemente restringido. (La excepción es la entidad federativa Ciudad de México.) Este informe presenta estimaciones del aborto inducido por entidad federativa y grupos de edad de las mujeres. También examina el embarazo no planeado—motivo principal por el cual las mujeres recurren a un aborto.

SE HA AVANZADO EN MUCHOS FRENTES

• A partir de 2009, una elevada proporción de las mujeres mexicanas casadas/unidas practican la anticoncepción: 67% usa algún método moderno; y otro 5% depende de algún método tradicional menos efectivo.

• El uso generalizado de anticonceptivos ha sido un factor esencial en la rápida reducción de la fecundidad: el tamaño de la familia, que ha venido disminuyendo continuamente en las últimas dos décadas, está ahora cercano al nivel de reemplazo de dos hijos por mujer.

• En 2007, se dio un gran paso cuando la ley del Distrito Federal permitió la interrupción legal del embarazo (ILE) en el primer trimestre. Gracias a los estrictos protocolos de seguridad, las mujeres que usaron los servicios públicos de ILE casi no tuvieron riesgo de complicaciones en el año que corresponde aproximadamente al de nuestras estimaciones.

EL EMBARAZO NO PLANEADO ESTÁ GENERALIZADO

• Detrás de casi cada aborto inducido hay un embarazo no planeado. Para 2009, se estima que más de la mitad—55%—del total de embarazos en México fueron no planeados.

• Al clasificar las 32 entidades federativas del país en seis regiones por nivel de desarrollo, se observa que México se ajusta al patrón delineado en otros países en el cual el nivel del embarazo no planeado es mayor en las áreas más desarrolladas y urbanas: se estima que 70% de los embarazos son no planeados en la región más desarrollada (Distrito Federal; Región 1), en comparación con 45% en la región menos desarrollada (Chiapas, Guerrero y Oaxaca; Región 6).

• En general, en México cada año ocurren 71 embarazos no planeados por 1,000 mujeres en edad reproductiva, tasa que es muy similar a la estimada para toda América Latina y el Caribe (72 por 1,000).

MUCHOS EMBARAZOS NO PLANEADOS TERMINAN EN ABORTOS INDUCIDOS

• La penalización del aborto no evita su práctica. Se estima que la mitad (54%) del total de embarazos no planeados en México se resuelve mediante un aborto inducido, a pesar de las restricciones legales en 31 de las 32 entidades.

• Esto se traduce en alrededor de un millón (1,026,000) de abortos inducidos cada año, lo que representa una tasa estimada de 38 por 1,000 mujeres de 15–44 años en 2009. La tasa incrementa uniformemente conforme aumenta el nivel de desarrollo, de 26 por 1,000 mujeres en la Región 6, hasta 54 por 1,000 en la Región 1.

• La tasa de aborto ha aumentado más del 50% con respecto a 1990, la cual era 25 por 1,000. Este aumento en la tasa (indicador que aísla el efecto del crecimiento de la población) sugiere que ahora las mujeres están enfrentando mayor dificultad para prevenir los embarazos no planeados y que están más motivadas para evitar tener nacimientos no planeados.

• Las estimaciones de aborto por edad (que por primera vez se generan para el caso de México) muestran el patrón esperado: la tasa más elevada se observa entre las mujeres de 20–24 años (55 por 1,000 mujeres en ese grupo de edad); y desciende gradualmente con la edad. Desafortunadamente, las adolescentes de 15–19 años presentan la segunda tasa más alta, a la par con las mujeres de 25–29 años (44 por 1,000 mujeres).

• No sorprende que, por entidad federativa, el Distrito Federal tenga una de las tasas de aborto más altas (54 por 1,000). Por otra parte, el estado norteño de Nuevo León tiene la tasa más baja (17 por 1,000), lo que posiblemente refleja tanto un bajo nivel de necesidades no satisfechas de anticoncepción como el hecho de que muchas mujeres cruzan la frontera con Estados Unidos para buscar procedimientos legales y seguros.

LOS ABORTOS CLANDESTINOS PONEN EN RIESGO LA SALUD DE LAS MUJERES Y CONSUMEN RECURSOS ESCASOS

• Un aborto clandestino generalmente es inseguro. Las cifras de atención hospitalaria revelan la carga que representan los abortos para la salud de las mujeres y para las instituciones: en 2009, solamente en los hospitales públicos, unas 159,000 mujeres mexicanas fueron atendidas por complicaciones derivadas de abortos inducidos.

• Se estima que más de un tercio (36%) de las mujeres que tienen abortos inducidos desarrollan complicaciones que requieren atención médica. La proporción más alta con complicaciones asociadas al aborto inducido—45%—corresponde a las mujeres rurales pobres.

• Una de cada cuatro mujeres mexicanas que sufren complicaciones no reciben la debida atención, lo que las hace especialmente vulnerables a sufrir consecuencias debilitantes para su salud.

EL RIESGO DE COMPLICACIONES DEL ABORTO ESTÁ ASOCIADO AL MÉTODO UTILIZADO Y QUIÉN LO REALIZA

• Se estima que casi el 30% del total de abortos son inducidos con el medicamento misoprostol. La estimación de que 39% de estos procedimientos requirieron atención médica, se debe al inadecuado conocimiento y uso del medicamento entre los proveedores de servicios y las propias mujeres.

• En cuanto a los abortos no inducidos con misoprostol, los más seguros probablemente son los procedimientos quirúrgicos realizados por médicos (23% del total de los abortos); los menos seguros son los abortos autoinducidos con un método distinto al misoprostol, que representan el 16% del total (pero corresponden al 24% de los abortos de mujeres rurales pobres).

ES NECESARIO ACTUAR PARA PROTEGER LA SALUD Y LA VIDA DE LAS MUJERES

El aumento en la tasa de aborto enfatiza la necesidad de esfuerzos concertados, con el fin de ayudar a las mujeres mexicanas a evitar los embarazos no planeados que derivan en la práctica del aborto. Enseguida presentamos algunas sugerencias para ayudar a aliviar la carga que representa el aborto inseguro para las mujeres y el sector salud; también proponemos recomendaciones para mejorar la provisión de procedimientos legales y reducir el embarazo no planeado.

Fortalecer los servicios anticonceptivos. Las mujeres necesitan mejor información sobre el uso correcto y consistente de los métodos anticonceptivos. Con el fin de evitar los embarazos no planeados y los abortos, se recomienda que el 12% de las mujeres unidas con necesidades no satisfechas de anticoncepción, más el 5% que usan métodos tradicionales, elijan algún método altamente eficaz acorde a su situación personal. Se necesitan intervenciones diseñadas específicamente para las mujeres con alto riesgo de presentar embarazos no deseados—las jóvenes de 15–24 años, tanto unidas como no unidas (con experiencia sexual y sexualmente activas). Estas incluyen una alta proporción de mujeres que no usan un método a pesar de no querer un embarazo pronto, lo que indica la necesidad a un mejor acceso de información y servicios de anticoncepción efectiva. Un mejor conocimiento de los métodos temporales y un mejor suministro de ellos entre estas mujeres jóvenes, podrían mejorar la prevención del embarazo no planeado y lograr la planeación adecuada de sus nacimientos.

Mejorar los servicios de atención postaborto. Es necesario extender la cobertura de los servicios postaborto y mejorar su calidad. Los proveedores necesitan información más precisa sobre cómo atender a las mujeres que han usado misoprostol, así como capacitación formal para atender complicaciones por aspiración manual endouterina, técnica menos invasiva y menos dependiente de infraestructura que la de legrado. Los servicios anticonceptivos, incluida la consejería, deben convertirse en una práctica estándar de la atención postaborto para evitar el aborto repetido.

Mejorar la provisión de abortos legales. Las campañas masivas educativas son esenciales para concientizar a la población sobre las causales legales de aborto en cada entidad federativa. Es también imprescindible contar con mecanismos que aseguren que las mujeres que cumplan con los criterios reciban los servicios correspondientes, para lo cual la voluntad política es fundamental. Además, es importante que todas las Secretarías de Salud del país, instituciones directamente responsables de brindar y financiar los servicios de salud en sus respectivas entidades, pueden hacer uso de los datos aquí presentados para llevar a cabo mejoras en sus servicios anticonceptivos y de atención postaborto.

(Texto original retomado de https://www.guttmacher.org y publicado en 2013)

Costureras olvidadas y explotadas

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  • Organizadas y apoyadas por muy distintos grupos, enderezaron más de 345 demandas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, lograron convenios para dos mil trabajadoras en cerca de 100 empresas.

Texto retomado de Homozaping.com y publicado el 11 de septiembre de 2015.

Por Sara Lovera/Fotografía Frida Hartz

SemMéxico/ Homozaping.com . Ciudad de México. 19 de septiembre 2019.-A un lado del Hotel Amazonas, en la Calzada de Tlalpan, una de las principales arterias de la capital mexicana, se aprecia un monumento de fierro aún en pie representando a una costurera, cómo inerte testimonio de la lucha emprendida en septiembre de 1985 por las costureras del Distrito Federal, luego de la sorprendente y trágica revelación de sus lamentables condiciones laborales.

Levantadas sobre los escombros –ya que el sismo dejó atrapadas más de 600 costureras en decenas de edificios de la avenida San Antonio Abad, de las calles de Uruguay, Belisario Domínguez, Perú y José Ma. Izazaga, donde se concentraban pequeñas fábricas y talleres de confección, establecimientos hoy desolados– unas ochocientas costureras de 40 fábricas, de las más de 11 mil afectadas de 400 establecimientos por el terremoto del 19 de Septiembre de 1985, lucharon más de tres años por sus derechos y sus puestos laborales. Protestaron y marcharon por las calles; organizaron mítines y alzaron un campamento.

Sin más recursos que el coraje y la razón, fundaron el 22 de octubre de 1985 el Sindicato Nacional de Trabajadoras de la Costura, Confección, Vestido, Similares y Conexos 19 de Septiembre, encabezado por Evangelina Corona, Alicia Cerezo, Guadalupe Conde, Leticia Olvera y Alejandra Martínez, entre muchas otras.

Organizadas y apoyadas por muy distintos grupos, enderezaron más de 345 demandas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, lograron convenios para dos mil trabajadoras en cerca de 100 empresas, con indemnizaciones de aproximadamente 429 millones de pesos. En 84 empresas de la confección y del vestido hubo conflictos de carácter laboral, resueltos y/o archivados, con soluciones de una lentitud ofensiva.

Entonces había exceso de oferta laboral. Las costureras laboraban 11 horas diarias; trabajaban a destajo, no tenían horarios de comida, les pagaban centavos por cada costura, vivían humilladas y sin derechos laborales. Cientos de talleres operaban fuera de la ley. Lo mismo sucede tres décadas después.

Fueron tres intensos años de lucha, ellas en pie. Firmaron condiciones nuevas de trabajo, formaron dos cooperativas; crearon una guardería, se unieron a organizaciones sociales/feministas, pero 30 años después, el sindicato sólo representa a cinco empresas, tres de ellas fuera de la capital, en Irapuato, Guanajuato. Al día de hoy, las condiciones de unas 10 mil trabajadores no han variado.

Este septiembre de 2015, al caminar por San Antonio Abad, Izazaga, 20 de Noviembre, Manuel Doblado, Belisario Domínguez, Paraguay, Ecuador y Perú, puede verse que los antiguos talleres desaparecieron: hoy son centros de venta de ropa importada que .comercializan vestidos de fiesta y pantalones, trajes, sacos y faldas adocenadas provenientes de la maquila internacional.

En mayo de 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ofreció a la Cámara de esa industria un apoyo de 450 millones de pesos, pues sólo en 2014 entraron al país 150 millones de prendas de vestir procedentes del extranjero.

Símbolo encarnado

Frente al lastimado monumento metálico en Tlalpan donde se alzó durante varios años el campamento de las costureras en lucha, que funcionaba como refugio y centro de las movilizaciones, se aprecia un tendajón derruido y gris, donde comenzaron las operaciones del sindicato.

Tres décadas después, aunque no se sabe quién administró y vendió parte de ese terreno, el sindicato sigue en pie, afirma Alejandra Martínez, su secretaria general, quien plantea que en estas décadas la industria se ha reducido; hay, como antes, talleres clandestinos, ubicados desde los años sesenta en Ciudad Netzahualcóyotl; hoy se multiplican en Tlaxcala, y hay una huelga que está por cumplir 38 meses sin que se logre acuerdo alguno: la de la fábrica Cartagena, símbolo encarnado: 21 costureras la sostienen, bajo la lluvia y en contra del desprecio y el olvido de Ernesto Kuri Serú, propietario de la fábrica, quien provocó el paro por negarse a pagar un solo derecho de estas costureras, como si nada hubiera sucedido. Hoy las costureras, miles desempleadas, sobreviven al infortunio que un día les dio gran fuerza. En Cartagena esperan pacientes una solución.

En el recuerdo de Alejandra está la fábrica de vestidos Read, donde el sindicato operó durante 20 años. Ahí se hacían los vestidos de fiesta, con canutillo y tul; los trajes de novia, otros más de telas finas. Eran 40 las costureras que vieron cerrar el establecimiento en 2004. El combate contra el sindicato fue feroz, nos dice Alejandra.

Un cambio de vida

A Leticia Olvera, la lucha obrera le cambió la vida. Militante de Mujeres en Acción Sindical tras el sismo de 1985, hoy mira el pasado con enojo. “Muchas fábricas cerraron apenas nos organizamos”, recuerda. Tal fue el caso de la de ropa íntima Cárnival. Hoy Leticia lucha para que sobreviva una organización de proyectos productivos, y aprendió que además de los derechos laborales, las mujeres necesitan igualdad y derechos sexuales y reproductivos.

Alicia Cerezo reconoce que su vida dio un giro de 90 grados. También se hizo feminista, pero advierte que miles de sus compañeras quedaron atrapadas en una condición lamentable, y que el fracaso del sindicato está ligado a los intereses patronales y al sindicalismo espurio. Las costureras, tal y como fuimos antes, han desaparecido.

Evangelina Corona, quien tras la lucha se hiciera asambleísta, trabaja en una oficialía de partes a su avanzada edad; Alicia y Leticia promueven el seguro de desempleo en módulos de la Secretaría del Trabajo del Distrito Federal; Lupe conde se jubiló como maestra de corte y confección. Miles trabajaron hasta hace poco, y algunas lograron su jubilación.

Globalizacion y pérdida

Según la Cámara Nacional de la Industria Textil y del Vestido, que dirige Samuel Gersheinch Salvocou, la confección apenas representa el 0.1 por ciento de la industria; la competencia por la apertura internacional tiene colocada a la del vestido en un sistema globalizado que ha eliminado los antiguos talleres y pequeñas fábricas que hace tres décadas, sólo en la capital, llegaron a tener 70 mil costureras.

La información de INEGI de las Cuentas Nacionales 2014, señala que en todo el país hay 74 mil 26 trabajadoras formales de la costura, el 1.3 del personal ocupado formalmente en toda la manufactura nacional, y confirma que los salarios anuales de cada trabajadora no llegan más que a doce mil pesos, unos 700 pesos efectivos cada semana.

Alejandra Martínez reafirma que las costureras pagadas en nómina no logran más de esos 700 pesos semanales, y en este 2015 en curso, las que trabajan a destajo reciben sólo dos pesos al día por prenda cosida, y las jornadas se extienden hasta por 10 o 12 horas diarias. “No hubo cambio ni hay inspectores en los talleres, ni protección, ni se cumple con el salario mínimo profesional, ni se conmueve la Secretaría del Trabajo”, afirma.

Hoy, las grandes tiendas departamentales contratan a empresas de dudoso origen, las llamadas outsourcing, afirma el abogado Manuel Fuentes, uno de los defensores de las costureras, quien añade que, donde hay pequeñas fábricas, existen contratos de protección, es decir, contratos de trabajo que proponen las centrales obreras, sin organizar a las trabajadoras en sindicatos y que sirven para encubrir a la patronal. El abogado de Cartagena, Eduardo Díaz, confirma que quienes laboran en la costura lo hacen sin derechos.

Sin embargo, el valor de las ventas es hasta de 90 mil millones de pesos, pero principalmente en la industria de confección en cuero; en la elaboración de alfombras y en la producción de moda en gran diseño. La ropa popular es china o proveniente de talleres outsourcing que contratan El Palacio de Hierro, Liverpool o Sears, empresas que reciben ropa cortada por diseñadores, con telas importadas y confección pagada a precios irrisorios, informan Eduardo Díaz, Alejandra Martínez y Manuel Fuentes.

Una de las características que definió a la industria que ya tiene más de un siglo de vida, fueron los talleres familiares. En 1985, la mitad de la producción se hacía en estos talleres, ubicados en el Estado de México, hoy en Tlaxcala y en los alrededores de la ciudad de México y de otras capitales, los patrones se ahorran millones de pesos en impuestos. Para las costureras del Distrito Federal, pese a la reducción de la industria por la competencia internacional, la situación actual es semejante a la de esa época.

Una descripción detallada de lo que sucedía en las pequeñas fábricas se lee en un estudio realizado por la Secretaría del Trabajo en octubre de 1985. En el documento sin firma, el anónimo autor señalaba:

“A medida que los medios de comunicación se adentraban en el caso de las costureras, salían a la luz las terribles condiciones de trabajo con que operaba la industria en general, y la casi total inexistencia de protección sindical. Así, se supo que las costureras trabajaban jornadas de más de ocho horas diarias, ya que su salario se les pagaba a destajo, lo que las forzaba a cumplir con cargas de trabajo muy altas; que a menudo había sanciones muy rigurosas por retardos y faltas, y que, dado que existía abundancia de mano de obra disponible, las amenazas de despido resultaban frecuentes y los salarios que se pagaban en muchos casos eran menores que el mínimo. También se supo que muchas veces los empresarios firmaban contratos por una semana con sus trabajadoras para evitar así registrarlas en el Seguro Social.

“Para evitar robos en las empresas, se afirmó que en algunos talleres las trabajadoras eran sometidas a rigurosas revisiones y, en algunos casos, los dueños cerraban con llave los accesos a los talleres mientras las obreras estaban trabajando. Varias versiones de personas presentes durante el sismo sostenían que por esa razón muchas trabajadoras no habían podido salvar sus vidas.

“Estas denuncias provocaron serios reclamos a las organizaciones obreras y a las autoridades del trabajo. El líder de la CTM, Fidel Velázquez, afirmó que la industria textil, principalmente en el rubro de la confección de ropa, era uno de los ramos más incontrolables desde el punto de vista sindical, pues se manejaba en la clandestinidad desde hacía varios años en talleres escondidos con una marcada explotación de la mano de obra, en los que no se pagaba ni el salario mínimo y se negaban prestaciones sociales. Por su parte, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Textil, afiliado a la CTM, Adolfo Gott Trujillo, indicó que la mayoría de los trabajadores que laboraban en los talleres donde se confeccionaba ropa no estaban afiliados a ningún sindicato. Sólo una minoría estaba organizada en pequeños sindicatos desconocidos.

Esta realidad hizo nacer al Sindicato, cuya vida hoy se extingue lentamente.

Ley Olimpia en Guerrero sin fecha para ser presentada al pleno

Josefina Aguilar Pastor 

SemMéxico. Chilpancingo Guerrero, 18 de septiembre de 2019.- La Junta de Coordinación Política (Jucopo), ha retrasado la presentación de dictámenes de distintas iniciativas de ley, entre ellas, dos que conforman la denominada “Ley Olimpia”, con las que se reconoce la violencia digital.

En la sesión de este martes, se esperaba que fueran turnados al pleno, los dictámenes a favor de las reformas a la Ley 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para reconocer como delito la violencia digital; y al Código Penal del Estado para tipificar la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, así como el ciber acoso, por parte de la comisión de justicia en encabeza el diputado priista Omar Jalil Flores Majul.

Sin embargo, esto no ocurrió. En entrevista al respecto, el legislador se dijo extrañado del porque no habían sido incluidas en el orden del día, para turnarse al pleno para su lectura, aprobación o rechazo.

Sostuvo que la comisión a su cargo, ha remitido en tiempo y forma los dictámenes correspondientes de los asuntos turnados a la comisión de Justicia, “con fundamento en el artículo 65 de la ley orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que fueran enlistados en el orden de día en las próximas sesiones, los dictámenes que han salido de la comisión de Justicia, y estamos extrañados del porque no fue así”, comentó el priista.

Flores Majul, aseguró que la comisión que preside ha dictaminado el 95 por ciento de los asuntos que les han sido turnados, y han solicitado a la Jucopo, los enliste para turnarlos al pleno, “y no sabemos de qué se trata”, acusó.

Entre estos dictámenes se encuentra las reformas con las que se reconoce el delito la violencia digital y la tipificación de la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, así como el ciber acoso, presentados desde el mes de agosto pasado, tal como lo dieron a conocer en una conferencia de prensa, “y estamos a 18 y no pasan”, acusó el legislador.

Lamentablemente dijo, no hay una fecha para que dichas reformas sean turnadas al pleno para su aprobación, esperarían que este jueves fueran incluidas, de no ser así, no descarta la posibilidad de enviar incluso una excitativa, como lo hizo el diputado del PRD, Bernardo Ortega Jiménez, para urgir a la Jucopo, las incluya en el orden del día.

Violencia de género en ambiente académico por utilizar metodología feminista

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Académicas feministas piden a Rectoría tomen medidas inmediatas ante acoso a profesora

Elda Montiel

SemMéxico. Cd. de México. 18 de septiembre de 2019.- Además de hostigamiento y acoso sexual, maestra y alumnas del Posgrado de Derechos Humanos de la UACM enfrentan descalificativos a la perspectiva de género, teoría y metodología feministas que son reconocidas en México y en las mejores universidades del mundo como herramientas críticas indispensables.

En una carta abierta, dirigida a las máximas autoridades de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, académicas feministas hacen un llamado a tomar medidas urgentes para detener la violencia laboral, sexual e institucional que conllevan las conductas relacionadas con el caso de la Profesora Claudia Domínguez y las estudiantes del posgrado en derechos humanos, en las instalaciones del plantel del Valle.

Consideran las más de 150 académicas feministas de diversas universidades e instituciones de educación superior, así como periodistas, defensoras de derechos humanos, abogadas, que las autoridades deben tomar medidas inmediatas y profundas para detener la “oleada de violencia de género contra las mujeres”, intolerable en el ámbito académico.

Destacan que las universidades públicas y privadas tienen la obligación de apegarse al orden constitucional que desde la reforma de 2011 incluye el marco jurídico internacional de los derechos humanos.

Muchas universidades cuentan ya con un protocolo para actuar ante el acoso y la violencia de género, o pueden tener otros lineamientos, pero han sido y son omisas. En el caso de la UACM no se previene el acoso y el hostigamiento, se protege a los acosadores, no se da seguimiento a las denuncias de estudiantes y profesoras y se les re victimiza.

En el caso particular de la UACM se nota un patrón sistemático de hostigamiento y acoso contra académicas, que ya ha afectado seriamente el desarrollo profesional de otras y afecta hoy a la Maestra Domínguez, así como a las estudiantes que hacen investigación con perspectiva de género.

“Como académicas feministas,-señalan- no podemos quedarnos calladas ante esta serie de agravios patentes, a los que se ha añadido la descalificación de la perspectiva de género y de la teoría y metodología feministas que son reconocidas en las mejores universidades del mundo como herramientas críticas indispensables”.

En el caso de nuestro país, además, integrar la perspectiva de género en la política pública y en la educación en todos sus niveles es una obligación constitucional.

Al permitir ataques contra quienes tienen un pensamiento crítico, las autoridades son también responsables de minar la libertad de cátedra y la libertad de pensamiento que son condiciones sine qua non de la vida universitaria.

Son precisas en señalar en sus demandas, medidas urgentes para detener la violencia laboral, sexual e institucional que conllevan las conductas relacionadas con el caso de la Profesora Domínguez y las estudiantes del posgrado en derechos humanos.

Como autoridades de la UACM, que envíen un mensaje claro y contundente de no tolerancia al acoso y el hostigamiento y no protejan a ningún acosador, ya sea estudiante o académico o administrativo.

Un protocolo sería un primer paso, pero no suficiente.

Como la carta va dirigida también a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), demandan a las rectoras y los rectores a responder de manera activa y constructiva ante el movimiento #MeToo y todas las denuncias que se han hecho en las universidades públicas y privadas. Su silencio es complicidad.

Antecedentes

A partir del pasado 4 de septiembre, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas CDMX acompaña a las tres estudiantes y a la profesora, que han sido atemorizadas por sus propios compañeros por sus puntos de vista feministas y, por haber denunciado a un profesor por acoso sexual en las instalaciones de la UACM, en San Lorenzo 290, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez.

Esta medida precautoria la solicitaron las estudiantes y la profesora para resguardar y garantizar la seguridad y su derecho a una vida libre de violencia, a la educación y el trabajo, durante la toma e impartición de clases en el Plantel del Valle de la UACM.

Después de que el 28 de agosto habían sido retenidas en un salón por sus propios compañeros, por lo que las autoridades les habían propuesto tomar clases en las instalaciones de la rectoría en la colonia Doctores. 

No es la primera vez que la institución se ve envuelta en asuntos de violencia de género, en abril del 2014 despidieron al profesor Enrique González Ruiz, acusado de acoso y hostigamiento sexual, y las profesoras que denunciaron en aquella ocasión, fueron re victimizadas, posteriormente.

Solicitan comparecencia del secretario de Salud en Guerrero por abuso sexual en contra de mujer embarazada en unidad de partería

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Josefina Aguilar Pastor 

SemMéxico. Chilpancingo Guerrero, 18 de septiembre de 2019.- Activistas feministas, solicitaran al Congreso del Estado, llame a comparecer al Secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, y a la titular de la Secretaría de la Mujer (Semujer), Maira Gloribel Martínez Pineda, respecto del abuso sexual contra de una mujer embarazada en la unidad de partería de Chilpancingo, califican como grave que traten de minimizar este hecho.

Viridiana Gutiérrez Sotelo, integrante del Observatorio Ciudadano de Violencia hacia las Mujeres en Guerrero (Obvio-Guerrero), dio a conocer que este jueves, acudirán al Congreso del Estado, a solicitar por escrito, que de la Peña Pintos y Martínez Pineda sean llamados a explicar el caso de la mujer embarazada, las acciones que han emprendido no solo para resarcir el daño, sino para que un hecho similar no vuelva a ocurrir.

Se trata recalcó, de un hecho muy grave, en el que el Secretario de Salud, no puede justificarse bajo el argumento que el delito fue cometido por alguien que prestaba un servicio subrogado. Recordó que el dictamen de Alerta de Violencia de Genero (AVG), emitida en 2017 para el Estado de Guerrero, señala que el Gobierno tiene la obligación de difundir los alcances de la alerta, por lo que todos y todas en Guerrero, deberían a estas alturas saber sobre el tema.

“Y alguien que trabaja para el Estado directa o directamente tendría que saber lo que constituye violar solamente los derechos de una institución pública, pero materializar la violación sexual como sucedió en la clínica de Chilpancingo, tiene mayores alcances”, subrayó Gutiérrez Sotelo.

Las mujeres, no solo deben cuidarse de la violencia familiar en casa, en la calle de la violencia generalizada, ahora también en las instituciones donde se entrega la confianza y son mucho más vulnerables por la desnudez del cuerpo, y cualquiera puede aprovechar esta vulnerabilidad, acusó la activista.

En este caso, el Estado debería aceptar que, si es su responsabilidad, “porque fue dentro de su institución, con una empresa que ellos contrataron”, diferente habría sido, si fuera un hombre que se hubiese metido a la fuerza, amagado con una pistola, eso no habría sido su responsabilidad, pero aquí, es un tipo que conocían, al que el Estado le abrió la puerta bajo un contrato.

Fustigó que la Secretaría de Salud, ni siquiera ha dado a conocer la cancelación del contrato del supuesto agresor, o de la empresa, como lo ha declarado de la Peña Pintos, y tendrían que hacerlo público.

De la declaración hecha por el Secretario de Salud, de que no fincarán alguna responsabilidad por este hecho a ningún funcionario de la dependencia, Gutiérrez Sotelo señaló que es una muestra del valor que para el funcionario tienen los derechos de las mujeres, también lamentó que no haya un solo pronunciamiento a favor de la justicia para este caso, como lo ha habido en otros, como el del asesinato de un fotógrafo que trabajaba en una empresa extranjera internacional, que sí mereció la atención del Estado, de la Fiscalía General del Estado (FGE), y de otros actores políticos.

No ha habido ni una sola reacción de ningún funcionario, funcionaria, legislador o legisladora, de nadie que haya hecho replica a la petición de justicia, ni siquiera de la propia Secretaria de la Mujer, Maira Martínez Píneda, quien el día de los hechos acudió al lugar, y su silencio se presta a muchas especulaciones, hasta incluso, que llegó para acallar la denuncia de la víctima,

La representante de obvio- Guerrero, precisó que la petición hacia el Legislativo, va también en función de todas las omisiones que ambos funcionarios –Secretario de Salud y Secretaria de la Mujer-, han cometido para cumplir con las obligaciones que el Estado tiene con los derechos de las mujeres.

A dos años del sismo del 19 de septiembre de 2017

Autoridades omisas en el caso del edificio Bolívar 168, a pesar de amparo.

Elda Montiel

SemMéxico. Cd. de México. 18 de septiembre de 2019.- A dos años de los sismos del 19 de septiembre de 2017, los familiares de las víctimas de Bolívar 168, continúan sin obtener un dictamen sobre posible responsabilidad por acción y/u omisión de autoridades y servidores públicos por el otorgamiento de permisos sin respetar la reglamentación en la materia.

Como resultado de los sismos de 2017 quedaron al descubierto prácticas ilegales de empresas inmobiliarias apostadas en la Ciudad de México que por años dejaron de lado los criterios y estándares internacionales y normatividad correspondientes tanto en materia ambiental y desarrollo urbano.

El Centro de Derechos Humanos Fray de Vitoria O.P., A.C., y los familiares de víctimas del edificio Bolívar 168, tuvieron que enfrentar los intentos de la Procuraduría capitalina por darle carpetazo, pues en el último día de la administración pasada, determinó el no ejercicio de la acción penal en las investigaciones de los hechos denunciados desde el 29 de septiembre de 2017.

La situación se revirtió mediante un amparo otorgado a las familias, cuando el Poder Judicial ordeno a la misma Procuraduría reabrir las investigaciones.

También cuentan con la Recomendación 12/2018 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que dan cuenta de investigaciones deficientes, demora en los tiempos, gran dificultad para acceder a la información relacionada con el caso, e incluso intentos para cerrar toda investigación.

Asimismo, hacen un llamado a las autoridades tanto federales como locales, para que se garantice a las víctimas el pleno acceso a sus derechos, haciendo todo lo necesario a su alcance para implementar cambios estructurales que posibiliten la no repetición de estos altos impactos hacia las personas y comunidades en futuros desastres, como el sismo del #19S.

Segob anuncia creación de grupo para revisar alerta de género

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  • Olga Sánchez Cordero, titular de la dependencia, destacó que estos especialistas concluirán si en las entidades donde se aplica ha sido efectiva en la reducción de casos de violencia.

Redacción

SemMéxico/Vanguardia.mx Ciudad de México. 18 de septiembre 2019.-La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció la creación de un grupo de análisis que establecerá los alcances que ha tenido en su implementación en algunos estados del país la “Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM)”.

Entrevistada luego de acudir con la representación presidencial al Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, la encargada de la política nacional dijo que estos especialistas concluirán si en las entidades donde se aplica ha sido efectiva en la reducción de casos de violencia o no, como señaló la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

«Vamos a hacer una reunión y formar un equipo para analizar esta situación tanto la decisión del juez como lo que acaba de decir en este momento la Jefa de Gobierno”.

«Hay que revisar el mecanismo y ver los impactos que ha tenido o no ha tenido la alerta en los diversos estados donde se ha declarado”, comentó.

Sheinbaum Pardo rechazó este martes, durante su Informe desde la Asamblea Legislativa, que deba emitirse dicha declaratoria de alerta de género en la capital como lo ordenó el pasado viernes José Rodríguez Martínez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).

En la resolución del juzgador se tomaron en cuenta los recientes hechos de agresiones en contra de mujeres en la Ciudad de México.

SEM/Vanguardia.mx

Juego de Palabras

Combate a la pobreza; transferencias directas de efectivo

Yaneth Angélica Tamayo 

SemMéxico. Cd. de México. 18 de septiembre de 2019.- Uno de los temas más controversiales en la administración de Andrés Manuel López Obrador, son las transferencias directas de efectivo las cuales se reparten a todas aquellas personas que se suscriben a los programas federales destinados al combate de la pobreza.

En donde una parte de la población considera que la entrega de dichos recursos beneficia de forma directa a las personas y contribuye a la disminución de pobreza; otro sector, considera que tales medidas son descabelladas porque no se tiene la certeza de que el efectivo se entrega a personas que realmente se encuentran en condiciones de pobreza; y otro sector de la población, considera que dichos recursos no contribuyen a la disminución de la pobreza, porque los beneficiados no destinan el apoyo económico para sus necesidades básicas.

Tales consideraciones, han generado que la sociedad mexicana se encuentre en una discusión constante que algunos actores políticos aprovechan para politizar la pobreza; sin embargo, aunque parezca absurdo, todas las consideraciones antes mencionadas están en lo cierto.

Explico, en la actualidad y en gobiernos económicamente estabilizados, los programas de transferencia de efectivo, son una forma de política social y eficaz que contribuye a reducir desigualdades económicas y a romper la transmisión intergeneracional de la pobreza.

Las cuales, parte de una serie de estrategias que ayudan a combatir la pobreza a corto plazo, enfocándose en obtener un impacto directo sobre la realización de los derechos humanos de las familias pobres, especialmente las que se encuentran en pobreza extrema y que pertenecen a grupos vulnerables.

Estas transferencias directas de efectivo proporcionan los medios financieros para facilitar el acceso de las personas más vulnerables a bienes básicos como la alimentación, la vivienda o la educación. 

Sin embargo, estas transferencias funcionan, mediante la implementación de obligaciones, en la cual las personas beneficiarias están obligadas a destinar ese recurso, única y exclusivamente a la educación infantil, prestación de servicios alimentarios o sanitarios y empoderamiento de la mujer.  

Lo que les permite a las personas pobres una base digna para acceder progresivamente a sistemas educativos y servicios de atención sanitaria y elevar su nivel de vida. 

No obstante, estas trasferencias son temporales, ya que no están diseñadas para funcionar autónomamente, pues no pueden reemplazar a los servicios públicos ni a las políticas públicas específicas. Por ello, estas transferencias están acompañadas de programas de protección social que transversalizan género y derechos humanos; con el fin de proporcionar a las personas vulnerables una base común e igualitaria para el disfrute de sus derechos.

Con lo anterior, se puede decir que las entregas directas de recursos económicos no son una mala idea, de hecho, la UNESCO las ha reconocido por su gran eficacia en la erradicación de la pobreza; el problema en sí, radica en la forma en la que se entregan y el objeto que pretenden cubrir,pues están erróneamente aplicados.

Si bien, el Estado ha decidido implementar estas transferencias directas de efectivo, estas no están acompañadas de programas de inclusión social, ni mucho menos existe un sistema que les permita vigilar el destino del apoyo económico que se le brinda a la ciudadanía, por lo que no hay certeza que dichos apoyos cumplan el fin. 

Además, estos apoyos no están dirigidos a erradicar la pobreza desde el origen, pues parten de una idea generalizada de satisfacer las necesidades de la población; cuando lo primero que se debe atacar son las condiciones de extrema pobreza, especialmente en los grupos vulnerables, para después ir escalando progresivamente.

El Estado debe entender que el éxito para disminuir paulatinamente la pobreza, depende en gran medida de la voluntad política, la capacidad administrativa, la disponibilidad de recursos financieros; pero, sobre todo, se requiere la seguridad de garantizarle a la ciudadanía todos los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, que les permita alcanzar un nivel de vida adecuado.

Ya que la pobreza siempre va encontrar su origen en la violación a los derechos humanos de las personas; la pobreza no es solo la falta de recursos económicos, sino también, el nulo o limitado acceso de recursos básicos que le impide a las personas el disfrute total de sus derechos.

Solicitan medidas cautelares para proteger derechos sexuales de las mujeres en Oaxaca

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Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Oaxaca, 18 septiembre 2019.- La feminista Laura Susana Chía Pérez solicitó a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca medidas cautelares para todas las habitantes de Oaxaca, para proteger sus derechos sexuales y reproductivos, esto en la víspera de la modificación que aprobaría el aborto en esta entidad y ante la embestida de pro-vida, impulsada por algunas legisladoras del PRI y del PAN, así como por grupos de la iglesia católica. 

Este día ante el pleno del Congreso local se presentan dos dictámenes uno para reformar el artículo 12 constitucional, para proteger la vida a partir del nacimiento. Es decir, daría marcha atrás al reconocimiento del producto desde la concepción. El dictamen es presentado por la presidenta de a Comisión Permanente de Estudios Constitucionales. 

Y por otro lado, también hoy se votaría en el pleno el dictamen de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia mediante el cual se reformaría el Código Penal para despenalizar el aborto hasta la 12 semana, además de ampliar las causales en los casos en que el aborto nunca será punible, como cuando sea producto de una violación. 

Por ello, y frente al activismo de grupos de derecha, en un escrito dirigido al  defensor Bernardo Rodríguez Alamilla, la feminista Chía Pérez respalda su petición en al menos seis tratados internacionales que obligan moral y jurídicamente a garantizar el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, uno de ellos el aborto seguro.

Quien fuera directora de Derechos Humanos en el bienio municipal pasado, pidió garantizar el derecho a la formación sin ideologías ni estereotipos estigmatizantes sobre el derecho de las mujeres al aborto.

Demandó de Rodríguez Alamilla para que haga un llamado a las y los integrantes del Legislativo para que se conduzcan de forma ética, profesional y apegados al Estado laico. 

La bióloga de profesión recordó que el derecho a decidir sobre el cuerpo de las mujeres es de  las propias mujeres, «en tanto un derecho constitucional inalienable y consoldador de la dignidad humana”. 

En la misma solicitud consideró como «inconcebible que un macho, patriarca, hombre, sacerdote de la iglesia aborde el tema del aborto incidiendo en la vida privada de las mujeres, criminalizandolas de manera indirecta; desde su curul, desde su machismo e ideología de poder, la opresión y la servidumbre… » y aseguró que es contra la ley emitir juicios desde la iglesia y religión que movilicen la opinión y moral social de la ciudadanía y que estas impacten en el comportamiento de los agentes del Estado al emitir su voto este día. 

Este miércoles el Congreso local, de una mayoría del partido Morena, decidirá si aprueba o no el aborto, esto sucede luego de las polémicas intervenciones de la diputada del PRI, Magda Rendon,quien organizó un foro en el recinto legislativo hasta donde llegaron grupos portando una virgen, realizaron una misa y condenaron el aborto criminalizando a las mujeres. 

De igual forma en redes sociales circuló un video donde una mujer  informa a los “compañeros provida» sobre la aprobación que dice es fast track del dictamen que aprueba el aborto en Oaxaca, “porque saben que nos movilizaremos este sábado a favor de lo que es común de la gente buena de México: la vida en todas sus formas y etapas, de la familia natural y de las libertades, sobre todo la libertad religiosa». 

SEM/sj

El terremoto feminista, marcha de las mujeres ante la violencia machista, este 19 de septiembre

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Elda Montiel

SemMéxico. Cd. de México. 18 de septiembre de 2019.- Un llamado a la emergencia nacional que vive el país ante los feminicidios, construir un mundo de libertad de las mujeres y visibilizar el trabajo que hacen las madres y familiares investigando las muertes de sus hijas ante la omisión de las autoridades son objetivos del terremoto feminista convocado para este 19 de septiembre. 

Diversas organizaciones feministas están convocando a las mujeres a marchar contra la violencia feminista y machista, del Monumento a la Revolución hacia el Ángel de la Independencia, a partir de las 16 horas para culminar con una concentración artístico-política.

La demanda es para el Estado que cumpla con su deber de proporcionar justicia a las madres y familiares de las víctimas de feminicidio, que realizan la labor de investigación que debería hacer el gobierno. 

En la convocatoria las feministas señalan que realizan esta marcha ante la impunidad e ineficacia con que opera el Estado, ante la falta de estrategias y políticas públicas efectivas para dar protección a las mujeres que sufren la violencia estructural.

¡Seremos indignación activa! ¡seremos la furia que se defiende! ¡ seremos el sismo de las conciencias! ¡seremos el #TerremotoFeminista!, que derrumbará el orden jerárquico patriarcal que nos afecta a todas impidiéndonos avanzar hacia una sociedad con inclusión y no discriminación.

Destacan el estado de emergencia nacional que se vive en el país, donde son asesinadas diariamente 10 mujeres, y al gobierno le preocupa más proteger la integridad de los monumentos que proteger la vida de las mujeres. 

Solo en junio las denuncias por violación simple y equiparada se contabilizaron en 1,530 casos. En el primer semestre del año el número de carpetas de investigación alcanza 8 mil 464 casos, sin contar subregistros.

Hasta el 2019 el Estado mexicano sigue negándose a investigar desde el primer momento los feminicidios como tal, lo que incrementa la crisis de impunidad al negarles el derecho de investigar sus muertes con el tipo penal género-específico que garantiza igualdad sustantiva e igualdad en acceso a la justicia a más del 50% poblacional de México, las mujeres. 

Al omitir investigar como feminicidio desde el inicio, se protege a los probables feminicidas, quienes al gozar de impunidad pueden seguir asesinando, por lo que se demuestra tal y como lo plantea la antropóloga social Marcela Lagarde, que en México el papel del gobierno propicia el continuum de violencia contra las mujeres.

Los estados con mayor número de víctimas de feminicidio registrados son: Veracruz, Estado de México, Puebla, Nuevo León y Chihuahua 

Los 10 municipios con mayor registro de delitos de feminicidio, son: Ciudad Juárez en Chihuahua; Xalapa, Coatzacoalcos, Córdoba y Veracruz en el estado de Veracruz, Culiacán en el estado de Sinaloa; Tabasco, capital, Monterrey en Nuevo León; Acapulco en Guerrero, y Tijuana en Baja California, de acuerdo a datos de la Secretaria Ejecutiva del sistema Nacional de Seguridad Pública.

Indiferencia de alcaldes para capacitar a su personal en materia de prevención del delito

Josefina Aguilar Pastor  

SemMéxico. Chilpancingo Guerrero, 17 de septiembre de 2019.- Persiste indiferencia de presidentes municipales, incluidos aquellos cuyos municipios cuentan  con declaratoria de Alerta de Violencia de Género, para capacitar a su personal en materia de prevención de delito y perspectiva de género.

La titular de la Universidad Policial María del Carmen Albarrán Barrios, envió un escrito dirigido a los presidentes municipales de los 80 ayuntamientos, y el concejo municipal de Ayutla de los Libres, a fin de que enviaran al personal adscrito a la dirección de Prevención Social del Delito, para participar en el curso de capacitación en materia de Prevención Social del Delito con Participación Ciudadana, en el que abordarían temas como violencia de género, tipos de violencia, nuevas masculinidades, entre otros.

Dicha capacitación, se desarrolla del 16 al 20 de septiembre del año en curso, está dirigida a servidores públicos estatales y municipales con el propósito según señala, de fortalecer sus capacidades para involucrar la participación ciudadana en la prevención de la delincuencia y combatir el delito, así como asimilar nuevos esquemas de formulación de programas y realización de acciones del quehacer público que de manera efectiva, involucren la participación ciudadana, y coadyuven de forma transversal en los municipios.

A dicho curso, apenas llegaron representantes de los municipios de Copalillo, Eduardo Neri, La Unión, Acatepec, Chilapa, Petatlán, Tlalixtaquilla y Tepecoacuilco. 

Representantes de municipios con declaratoria de Alerta de Violencia de Genero (AVG), Chilpancingo, Acapulco, Ometepec, Tlapa, Coyuca de Catalán, Ayutla de los Libres, Iguala y José Azueta, con excepción de Chilapa, tampoco asistieron.