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Entresemana

¿Es culpable de los delitos del fuero común de los que se le acusa?

Charrez

Moisés Sánchez

SemMéxico. 25 de abril 2019.- En la historia reciente del país ha sido claro el uso de la ley para cobro de facturas políticas, una demagógica y populista demostración de actos justicieros, como ocurrió ayer en el caso del diputado federal morenista Cipriano Charrez Pedraza.

¿Es culpable de los delitos del fuero común de los que se le acusa? Esa es atribución de un juez, a partir del debido proceso.

Pero, mire usted, para variar, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a cuestionar un dictamen aprobado en comisiones de la Cámara de Diputados en materia de fuero constitucional, que por cierto no ha desaparecido y la minuta se encuentra en impasse en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

López Obrador cuestionó que los diputados sólo hayan aprobado someter a juicio de procedencia para despojar del fuero al Presidente de la República para ser sometido a proceso penal, por la comisión de delitos que se suman a los de traición a la patria, entre ellos los de corrupción y electorales, y dejaron fuera a diputados y senadores.

Es evidente que no leyó los argumentos de los legisladores porque, de otra forma, habría apoyado ese dictamen, toda vez que de haber mantenido el tipo de delitos por los que se podría desaforar a diputados y senadores, delitos como el que se acusa de presunta comisión a Charrez Pedraza no posibilitarían su desafuero.

Pero, vaya, el tema de este desafuero aprobado por la mayoría de los legisladores de Morena debe considerarse en un asunto que va más allá de ese concepto legislativo, de la aplicación de leyes y el ánimo justiciero de una bancada, la de Morena, en la Cámara de Diputados que pretende sentar un precedente con uno de los suyos.

¿Chivo expiatorio?, pregunté a colaboradores cercanos al hoy desaforado Cipriano Charrez. ¡Claro!, fue la respuesta.

Y es que, debe recordarse que el diputado hidalguense solicitó licencia hace unas semanas para separarse del cargo y atender el requerimiento judicial, instancia en la que se le acusa de la presunta comisión de los delitos de homicidio culposo, omisión de auxilio y daño en propiedad ajena.

¿Era necesario llegar al juicio de procedencia y desaforar a Charrez? En estricto sentido él había renunciado al amparo del fuero e incluso se presentó ante la Procuraduría de Justicia del estado de Hidalgo y demandó enfrentar el proceso penal. Pero lo batearon.

Acusa al gobierno de Omar Fayad de haber emprendido linchamiento mediático y jurídico en su contra. Y, ayer, en declaraciones una vez que fue desaforado para enfrentar a la justicia como cualquier hijo de vecino, con esa certeza de que volverá a su curul enfatizó en el hecho de haber votado a favor de ser desaforados.

“En primer lugar –citó– quiero enfatizar que yo voté a favor de que se me quitara el fuero, porque en el pasado periodo legislativo, fuimos de los que también impulsamos que se quitara el fuero a todas a todos los funcionarios públicos.

“Lástima que en ese entonces no se haya aprobado de manera completa, pero ahora estando yo acusado falsamente de ser responsable de un accidente, pues por congruencia debo de mantenerme siempre en esa misma postura de que no permitamos la impunidad en este país, y mucho menos protegidos de un fuero constitucional que no tiene razón de ser en el México moderno.

“Por eso mismo tomamos la decisión de votar a favor de que se me desaforara y ahora sí presentarme ante la procuraduría que me ha negado de manera reiterada, la presentación de mi testimonio, la presentación también de testigos, incluso ampliaciones de declaraciones de los que comparecieron, de donde tomó datos, no los quisieron integrar parte de la carpeta de investigación, simplemente acomodaron una carpeta a modo, bien preparado de manera unilateral”.

Por supuesto, Charrez insistió en que no manejaba el vehículo involucrado en el accidente, además de que falsamente se ha dicho que era un taxi, cuando se trataba de un vehículo particular.

Inocente o culpable, el diputado de Morena es un elemento más del uso de la ley con fines políticos. Andrés Manuel López Obrador podrá presumir cómo uno de los suyos, o del partido que lo llevó a la Presidencia, no se presta a encubrir a presuntos delincuentes y que, trátese de quien se trate, se aplicará la ley.

Pero, la tranquilidad con la que Charrez tomó la sentencia de 436 de sus pares erigidos en Jurado de Procedencia, de los cuales 347 votaron por desaforarlo, 36 en contra y 53 se abstuvieron, evidencia un acuerdo en el que la justicia se aplica selectivamente.

El diputado federal perredista Antonio Ortega Martínez dio en la clave de esta que tiene todos los elementos de una pelea arreglada.

Refirió que Charrez Pedraza cometió un rosario de decisiones equivocadas que han abonado al deterioro y al desprestigio de la clase política de los diputados, y particularmente de los “que formamos parte de esta Legislatura, pues quiso evitar su responsabilidad y el cumplimiento de la ley e incluso en un acto de irresponsabilidad buscó, con la intervención de las autoridades municipales, convencer a la familia de que el perdón le podía resolver el enigma.

Pero, acotó, lo grave del diputado con licencia Charrez es que el delito es menor, no es doloso, es culposo y, por tanto, le darán libertad caucional y regresará a la Cámara.

Pero, preguntó, ¿quién sentenciará el comportamiento poco ético, poco moral de haber huido y haber dejado al chofer del taxi inconsciente o imposibilitado de salir, que se incendiaria el vehículo y muriera? Va a regresar en siete meses o en ocho meses, pero el comportamiento poco ético e inmoral, lo cargará él y lo cargará la mayoría”.

Lo dicho, un chivo expiatorio para demostrar que la 4T va en serio. Un tema mediático para el licenciado López Obrador y sus máximas juaristas. Me canso ganso. Conste.

CALENDARIO. Algo huele mal en el Estado de México. Resulta que la Junta de Coordinación Política del Congreso mexiquense pidió iniciar proceso de remoción del Auditor Superior porque, ni más ni menos, ha sido ineficaz y omiso en la revisión de la Cuenta Pública 2017, pero la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, por unanimidad,  determinó la reestructuración del propio OSFEM y realizar auditorías financieras especiales al ISEM, a la UAEMéx, al ISSEMyM y al PAC. ¡Sopas!

El diputado local morenista Tanech Sánchez Ángeles, presidente de esa Comisión, puntualizó que la LX Legislatura del Estado de México y, en particular la bancada de Morena, en su primer ejercicio fiscalizador, cumple con la exigencia ciudadana de transparentar la aplicación de los recursos públicos y avanza hacia un verdadero estado de derecho.

Enfatizó que, desde el año 2014 cuando se estableció el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México por primera vez el Congreso local hace uso real de la facultad de fiscalización de los recursos públicos.

PREGUNTA INCÓMODA: ¿Sabrá el licenciado Andrés Manuel López Obrador que la señora Yeidckol Polevnsky anda en China? ¿Fue a turistear? ¿Anda en busca del libro rojo de Mao? Bueno, bueno, total, aquí en México Morena acusa severos problemas domésticos, acicateados por el affaire poblano, que solucionó el senador Ricardo Monreal, mientras la dirigente quizá fue a un curso de Mandarín. Digo.

sanchezlimon@gmail.com

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@msanchezlimon

Necesario revisar los casos, el estado que guardan las investigaciones y las medidas de procuración de justicia en materia de feminicidios y delitos cometidos en contra de las mujeres.

Elda Montiel

SemMéxico. Temixco, Morelos. 23 de abril 2019.-  Con la urgencia de llevar a cabo una mesa de trabajo con la Fiscalía General del Estado con los 8 municipios con AVG, para revisar los casos, el estado que guardan las investigaciones y las medidas de procuración de justicia que la dependencia está llevando a cabo en materia de feminicidio y delitos cometidos en contra de las mujeres, concluyó la tercera mesa de trabajo con municipios con AVGM en Morelos.

Por lo que se envió el oficio al Fiscal Uriel Carmona Gándara para fijar la fecha, según acordaron los participantes en la reunión del 22 de abril, en la sede de la Instancia de la Mujer del municipio de Temixco.

Los participantes, el Instituto de la Mujer de Cuernavaca y las Instancias de la Mujer de los municipios de Emiliano Zapata, Puente de Ixtla, Jiutepec y de Temixco, así como la organización peticionaria de la AVGM, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C,  también consideraron que en la medida en que se cumplen los indicadores establecidos por la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres en el decreto de AVGM se obtienen resultados favorables a los derechos de las mujeres.

Se consideró necesario que haya reuniones en cada municipio, donde se invite a todas las instancias que tienen que ver con la atención a las mujeres y se revisen puntualmente las medidas y acciones que les corresponde a cada una de ellas, sobre todo en aquellos municipios en donde hubo cambio de administración y no hay una continuidad del personal de las instancias de la mujer.

Así como también se solicitará ser incluidas todas las instancias de la mujer en las sesiones de trabajo con las y los titulares de las presidencias municipales, la CONAVIM y el gobierno del estado para que no se incurra en omisión, simulación o negligencia en el combate al feminicidio en Morelos.

Aun cuando estuvieron ausentes los municipios de Xochitepec, Yautepec y Cuautla, durante ésta mesa de trabajo se realizó una revisión del funcionamiento de las instancias de la mujer, sus funciones, atribuciones y actividades relacionadas con la Alerta de Violencia de Género y la defensa de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia.

En el intercambio de información y experiencias en el desarrollo de las actividades y estrategias en cada municipio se analizaron las mejores prácticas en la materia de atención, prevención y acompañamiento a mujeres que son víctimas de violencia para así evitar que culminen en el extremo del feminicidio.

Se analizaron también, las limitaciones institucionales, las prácticas burocráticas y de falta de coordinación interinstitucional, así como la falta de recursos que son apruebados pero que no se entregan.

Así como llegar al extremo de enfrentar bloqueos de tipo político ejercido por superiores jerárquicos que ejercen violencia institucional, lo que impide aplicar de manera integral políticas públicas de prevención de la violencia, a pesar de que lo establece el Artículo 50 de la ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Dicho artículo detalla claramente la unidad de género, medidas de atención integral, de seguridad y de prevención que permite trabajar coordinadamente con servicios públicos, comunicación social, el DIF y el sector salud para los casos de violencia feminicida y todo tipo de violencias contra las mujeres.

En lo referente a la violencia institucional, también se consideró instrumentar campañas de visibilización en todos los niveles de la sociedad y de los propios servidores públicos. Utilizando todos los recursos al alcance, que van desde campañas de perifoneo directamente en las colonias; la utilización de campañas innovadoras y con contenidos concientizadores en las redes sociales, así como en los medios de comunicación.

Por su parte, la violencia feminicida se mantiene en los más altos niveles cuando no se toman las medidas por las instancias ni se cuenta con el respaldo institucional que en muchas ocasiones niega o limita los recursos establecidos y etiquetados para atender la Alerta de Violencia de Género.

Al no llegar los recursos, afecta en las actividades, en la cantidad de personal capacitado para atender y realizar campañas directas a través de marchas exploratorias, talleres de corresponsabilidad, prevención del delito, violencia en el noviazgo, aprender a decir No, nuevas masculinidades, para que se entienda que no hay que victimizar a las mujeres sino ir al fondo de las causas generadoras de violencia estructural en la sociedad

Las tareas de acompañamiento psicosocial permiten no sólo denunciar, sino fortalecer a las mujeres para superar el daño físico y psicológico generado por la violencia, exigiendo mayor sensibilidad y capacitación del personal que atiende en las instituciones dedicadas a la protección de los derechos de las mujeres.

El compromiso de fortalecer la coordinación interinstitucional en todos los niveles de gobierno con la organización de la población, permitiría avanzar en la sensibilización social y acabar con la indiferencia o el temor provocado por la violencia feminicida.

El papel omiso de la CODHEY

Lorena Castellanos

SemMéxico. Mérida, Yucatán; 25 de abril de 2019.- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez envió un oficio al Congreso de Yucatán, donde lamenta que las y los diputados hayan rechazado la iniciativa para legalizar el matrimonio igualitario, el pasado 10 de abril, y les exhorta a reabrir el tema para su análisis y discusión.

En el documento fechado el día 12 de abril, el Ombudsman señaló que la decisión de las y los legisladores que votaron en contra pudiera “tener como base consideraciones fundamentadas en prejuicios u opiniones personales homofóbicas y transfóbicas”, y recalcó que esta misma “vulnera el principio de igualdad y no discriminación” que se encuentran en el artículo 1° de la Constitución y en diversos tratados internacionales firmados por México.

Asimismo, criticó que la forma en que se realizó la votación en el Congreso, haciendo especial énfasis en que “los poderes del Estado deben representar la pluralidad y la diversidad con trasparencia en sus actos”, por lo que “deben erradicarse prácticas como las votaciones secretas y cerradas al momento de decidir y legislar temas públicos, como aconteció en el presente caso”.

En este sentido, González Pérez recordó que anteriormente, el organismo autónomo envió a esta Legislatura el oficio 20990, donde se agregan diversas consideraciones para que en ejercicio de su potestad soberana fueran tomadas en cuenta para evitar la persistencia de disposiciones discriminatorias y contemplar, entre otras cosas, los derechos al matrimonio igualitario, a la adopción con independencia de la orientación sexual de las personas adoptantes y al reconocimiento legal de la identidad de género.

Sin embargo, estas consideraciones fueron ignoradas por las y los integrantes del Congreso local, por lo que en el texto propone que se reabra el análisis de la iniciativa, retomando el contenido de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se concluyó que las leyes estatales que consideren que la finalidad del matrimonio es la procreación y/o que lo definan como la unión entre un hombre y una mujer, son inconstitucionales, pues atentan contra el derecho de autodeterminación de la persona y al libre desarrollo de su identidad.

Cabe mencionar que organizaciones civiles como REPAVIH, DCYDES, Miss Yucatán, Asociación Mexicana Yaaxche, UNASSE, Criterio Ciudadano, Igualdad Sustantiva y Alter Int, solicitaron la intervención de la CNDH, donde piden que esta institución aplique un recurso legal, ante la negativa del Congreso a las recomendaciones anteriores, y aunque la respuesta sigue pendiente, les fue enviado el citado documento para su conocimiento.

El papel omiso de la Comisión de Derechos Humanos en Yucatán (Codhey).

Independientemente de la solicitud mencionada con anterioridad, este miércoles, activistas LGBT y que luchan por los derechos humanos, en conjunto con las solicitantes de la Alerta de Género (AVGM), acudieron a las instalaciones de la Codhey para entregar un documento dirigido al presidente del organismo Miguel Sabido Santana.

En el oficio, las y los activistas exigen que la Codhey intervenga para exhortar al poder Legislativo a que vuelva a someter a discusión la iniciativa en el Salón del Pleno, pues señalan que la negativa violenta los derechos humanos y coloca a la entidad en desacato.

Adelaida Salas Salazar, quien es una de las solicitantes de la AVGM, aseguró que el Ombudsman está obligado a presentar un recurso o un oficio por esta omisión legislativa al Congreso, y explicó que tiene un plazo de ocho días para actuar al respecto, pues insistió que “es un derecho universal que se ha dejado de lado”.

Gobierno de Jalisco tendrá protocolo contra acoso sexual

Analy S. Nuño
SemMéxico. Guadalajara, Jalisco. 25 de abril de 2019.- Durante 2018, 7 mujeres fueron acosadas u hostigadas sexualmente dentro de la administración pública, de solo un caso se tiene constancia de actuación y sanción.

Los casos se registraron en las secretarías de Educación; Salud; Planeación, Administración y Finanzas (ahora Hacienda Pública) y la Contraloría. Solo en el caso señalado de ésta última hay una resolución.

«Tenemos de la última que se dio, por cierto en la propia Contraloría, que ya resolvió el Comité de Ética, hubo una sanción en su expediente pero está en el área jurídica para un tema ya de Ley de Responsabilidades Administrativas», informó la Contralora del Estado, María Teresa Brito.

Lo anterior lo dio a conocer al presentar el Protocolo CERO, mecanismo para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar los casos de hostigamiento sexual y acoso sexual en la Administración Pública del Estado de Jalisco.

Sin especificar las sanciones que establece el Protocolo, la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Fela Pelayo explicó que en éste se señala que la violencia sexual en el ámbito laboral abarca todo contacto físico no deseado, comentarios o gestos con contenido o referencia sexual que ofenden o constituyen una amenaza o humillación a la persona que la sufre. Por ello, se amplía el espectro de lo señalado en la ley y se amplían las acciones.

«No es solamente lo que se establece en la ley sino lo que estamos haciendo es un acompañamiento de varias otras acciones que nos van a ayudar a que eso no se repitan de manera constante y para llevarlo a cabo lo estamos trabajando con la Contraloría de Jalisco», detalló.

Para darle curso a los señalamientos de acoso u hostigamiento sexual se crearán comités de ética en cada una de las dependencias del estado, mismos que tendrán un protocolo de actuación establecido.

La Contralora del Estado explicó que estos comités se crean con la pretensión de evitar que las denuncias sean atendidas desde un órgano de control interno que mantiene lógicas de atención «cuadradas».

«Cuando una víctima, sea hombre o mujer, en temas de hostigamiento o acoso sexual acude a los órganos internos de control no podemos evitar seguir la ruta cuadrada de la investigación y la sustanciación del tema, cuando la puerta de entrada es el comité de ética entonces entramos a un escenario de análisis de valores como es el respeto, la integridad y la responsabilidad», dijo.

Refirió que el espíritu del protocolo es el acompañamiento permanente a la víctima por lo que los integrantes de los comités de ética tendrán la función de defensores de oficio y no se tendrá un mecanismo riguroso para la presentación de la denuncia.

«No se necesitan formas particulares para presentar una denuncia. Hay alrededor de 60 Comités de Ética que ya se han estado capacitando pero a partir del lunes seremos más específicos 3n cuanto al contenido de este protocolo», señaló.

La Secretaría implementará la guía de actuación con el objetivo inicial de prevenir y sancionar los casos de acoso y hostigamiento sexual y con el objetivo final de erradicar esta situación al interior de las dependencias.

Uno será en Zongolica y otro en su municipio.

Ana Alicia Osorio,
SemMéxico. Veracruz. 25 de abril 2019.- La alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Marisela Vallejo Orea, será velada por dos días consecutivos, uno en Zongolica y otro más en su municipio, informó Juan Bernando Hernández Coyotl, procurador de la defensa del menor en el DIF municipal.

Señaló que cuando fue asesinada se trasladaba de Xalapa a Mixtla de Altamirano, después de haber realizado una diligencia en la capital del estado.

Dijo que por la noche fueron notificados del suceso y se trasladaron a Orizaba, donde se le está practicando la necropsia de ley.

Comentó que posteriormente será trasladada a Zongolica a casa de su tía con quien vivió de niña y al día siguiente será llevada a casa de su mamá a Mixtla de Altamirano.

“Va a ser velados dos días, hoy en Zongolica en la casa de su tía la que la cuidó (…) y mañana en la casa donde vive su mamá ella en Mixtla de Altamirano y posteriormente la misa de cuerpo presente estarán los dos en la iglesia en Mixtla”, aseguró.

Indicó que sus acompañantes serán llevados a sus respectivas familias.

Además comentó que actualmente los policías municipales se dedicarán a cuidar a la regidora y al síndico que forman parte del Cabildo municipal, debido a los riesgos que tienen.

“Van a resguardar unos a la regidora y otros al síndico, esperemos que lo que dijo en la conferencia el señor gobernador se cumpla (…) como están las cosas todos tenemos riesgo”, sentenció.

El procurador de defensa del menor indicó que no tiene conocimiento de otras amenazas a la alcaldesa, exceptuando las de muerte cuando iba a tomar protesta.

Además, negó que continuara teniendo problemas con el síndico y comentó que el día de hoy se aprobaría los presupuestos de ingresos y egresos para este año.

Asimismo, aseguró que el Palacio Municipal se encontrará cerrado durante un par de días debido al asesinato de la presidenta municipal y posteriormente llamarán a Cabildo para que el síndico asuma funciones mientras que se llama a la presidenta municipal suplente.

El gobierno mexicano debe fomentar el acercamiento de las niñas, adolescentes y jóvenes a las carreras técnicas y profesionales.

Elda Montiel
SemMéxico. Ciudad de México. 25 de abril 2019.- El gobierno mexicano debe fomentar el acercamiento de las niñas, adolescentes y jóvenes a las carreras técnicas y profesionales vinculadas con las tecnologías de la información y comunicación (TIC), así como fomentar el enfoque de género en las políticas públicas, programas y acciones para garantizar el acercamiento a la ciencia y a las tecnologías de la información sin discriminación, demando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En México de las 5,564 personas inscritas en carreras vinculadas con las TIC, 1,613 son mujeres, en el ciclo 2017-2018 de acuerdo a la información de la ANUIES. La brecha se ha reducido desde el ciclo 2015-2016, cuando las mujeres participaban con 27% del total de alumnos matriculados en posgrados de las TIC.

En el marco del Día Internacional de las TIC, que se celebra desde el 2010, el cuarto jueves del mes de abril, y que este año es el día 25, se destaca la importancia impulsar la creación de un entorno mundial que empodere a niñas y mujeres jóvenes en el campo creciente de las carreras técnicas, para lo cual resulta indispensable erradicar los estereotipos y prejuicios en torno de que la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son ámbitos preferentemente masculinos.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) estima que, de lograr reducir la brecha de género en la participación laboral para 2040, la tasa anual promedio proyectada del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de México incrementaría alrededor de 0.16%.

La CNDH exhorta a las niñas, adolescentes y jóvenes a ejercer su derecho a incursionar en las carreras vinculadas con las tecnologías de la información y comunicación (TIC), ya que implica una opción para mejorar las condiciones socioeconómicas de las mujeres en un mundo laboral que requiere de nuevas habilidades y conocimientos tecnológicos.

Asimismo, exhorta a las autoridades a emprender acciones que promuevan a las empresas y entidades públicas a acercar las nuevas tecnologías a través de ferias, jornadas informativas, y crear espacios donde los profesionales compartan sus conocimientos.

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) de la ONU considera que las carreras relacionadas con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) son los empleos del futuro, de ahí que garantizar que las niñas y las mujeres tengan igualdad de acceso a la educación en materia de TIC es imprescindible desde el punto de vista de los derechos humanos, la ciencia y el desarrollo.

Por otra parte, descartó que la ausencia de vocaciones femeninas en esas áreas aún es notable, ya que, de acuerdo con la UNESCO, solo 28% de los investigadores científicos en el mundo son mujeres, y solo uno de cada cinco países entre Europa Occidental y Estados Unidos ha logrado la paridad de género en carreras como Química, Medicina, Biología, Enfermería y Matemáticas. No obstante, en carreras como Física, Informática e Ingeniería cuentan con menor número de estudiantes mujeres.

La igualdad de género en ese ámbito contribuirá a que las personas menores de edad y jóvenes de ambos géneros adquieran capacidades y tengan las mismas oportunidades de contribuir al desarrollo de avances tecnológicos y el aprovechamiento de los mismos.

Piden que se aplique la recomendación 50, para que los estados fomenten la educación de las nuevas parteras tradicionales.

Elda Montiel
SemMéxico. Nueva York. 25 de abril 2019.- Desarrollar acciones de protección a la partería desde los organismos de Derechos Humanos y que se hagan recomendaciones a partir de considerar su prohibición, como una violación a los derechos humanos, fue la demanda de los países participantes como Canadá, Kenia y México en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (UNPFII) que realiza su 18° Período de Sesiones en Nueva York.

Así como que se aplique la recomendación 50 del 17 periodo del Foro Permanente que señala que los estados deben fomentar la educación de las nuevas parteras tradicionales indígenas, así como asegurar el apoyo y recursos del Estado y del Sistema de Naciones Unidas.

En el caso de México con una población total de 120 millones de personas, sólo 15,700 personas indígenas se dedican a la partería tradicional, señaló Lina Rosa Berrio Palomo del Conacyt/Ciesas y Kinal Atzetik, como parte de la delegación mexicana del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Detalló que a pesar de que la partería es parte fundamental de los conocimiento y saberes de los pueblos indígenas, sus posibilidades de atención se han restringido de manera significativa, ya que de 43% de partos atendidos por parteras en México en 1987, pasamos a solo 1.9% en 2018.

Por lo que demandó que la política pública en salud reconozca la partería tradicional, elimine su criminalización y la prohibición de atención. Esto es otorgar certificados de nacimiento; no condicionar los apoyos de programas sociales y reconocer otras formas de certificación de los saberes de las parteras.

También señaló entre los obstáculos a la preservación de la partería tradicional está la imposición de los sistemas de educación formal que ha influido en el desconocimiento de las formas de transmisión propia del conocimiento indígena dando por resultado la pérdida de saberes.

Las mujeres acuden cada vez menos a las parteras tradicionales, y el sistema de salud las ha convertido sólo en informantes para saber que las mujeres están embarazadas y que las lleven al hospital a atenderse.

Además de la estrategia sistemática e intencionada por evitar la atención del parto por las parteras con prohibiciones de atención, abusos, amenazas, atropellos y uso instrumental de las parteras.

El despojo de su rol en la atención de partos, negación o dilación en la entrega de registros de nacimientos de los bebes que reciben, y el desprestigio de sus saberes en salud y su labor comunitaria. Así como las restricciones para el uso de plantas.

Así como el reconocimiento condicionado a la aceptación de las lógicas biomédicas (certificación y asistencia a cursos), y amenazas y condicionamientos mediante programas sociales a las mujeres que atienden sus partos con ellas.

El objetivo del evento paralelo sobre partería tradicional fue compartir las buenas prácticas en las Américas sobre transmisión de saberes entre parteras indígenas y otras estrategias organizativas en diferentes ámbitos, que ha contribuido a la preservación de éste conocimiento.

México participó con el tema “Conservando los saberes ancestrales de la partería tradicional indígena: buenas prácticas y desafíos para la implementación”.

Cabe destacar que el Foro Permanente fue establecido el 28 de julio del 2000 por la Resolución 2000/22, con el mandato de examinar las cuestiones indígenas relativas al desarrollo económico y social, la cultura, el medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos.

Ambigú

A Otlica, lo tenía sentenciado el Consejo Indígena

Nahuatzen, donde la “justicia” se impuso a la ley

Martha Elba Torres

SemMéxico. 25 de abril 2019.- “Si hay que optar entre la ley y la justicia, no lo piensen mucho, quédense con la justicia”, dijo la semana pasada el presidente López Obrador. Y pareciera que en Nahuatzen, algunos se lo tomaron literal, con la vida del alcalde David Otlica Avilés.

El pasado martes 23, a eso de las 3 de la madrugada, el edil fue sacado por la fuerza de su casa en la tenencia de San Isidro, por unos hombres armados y subido a un auto Ford Mustang rojo, de acuerdo con las primeras versiones.

A eso de las 9:30 del día, su cuerpo, atado de pies y manos, fue hallado en un paraje de Las Mesas, en el municipio de Coeneo. Y ojo, no fue asesinado por arma de fuego, sino por “hemorragia intracranial, tras un corte contundente como herida de un instrumento”, según reveló la necropsia.

Ayer, el Fiscal General del estado, Adrián López Solís, dio a conocer la detención de un presunto responsable del asesinato. Se trata de Gerardo N, quien, según el funcionario y con base a las declaraciones de la esposa de Otlica, ingresó solito a la casa, lo amagó con un arma de fuego y se lo llevó en el auto. Tanto la unidad como un machete que se encontró dentro, están asegurados y el sujeto, puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional.

El fiscal no entró en detalles sobre el móvil y si hay más responsables, por los primeros testimonios que fueron varias personas las que levantaron a David, pero la investigación sigue abierta. Eso sí, corrió la versión de que el detenido sería el padrastro de la “pareja sentimental” del alcalde.

A ver: ¿otra mujer? Ese término es muy ambiguo, pero muy oportuno para desechar, mediáticamente, cualquier sospecha sobre quienes sí se la tenían sentenciada: integrantes del Consejo Indígena de Nahuatzen. La relación de Gerardo N con este grupo, tampoco fue revelada…

                                                                                              ***

Horas antes del levantón y homicidio, el edil, había estado en la comunidad de Sevina, donde acordaría los mecanismos de asignación del presupuesto directo, tal como lo mandataron órganos electorales que otorgaron a los consejos indígenas esa prerrogativa, incluidos los de la cabecera Nahuatzen, Arantepacua y Comachuén. El problema para el joven alcalde, es que las cuentas del gasto nunca son claras y al que se le fincan responsabilidades es a él.

David Otlica, los menos de ocho meses que estuvo al frente del municipio, nunca pudo gobernar en paz.

Los problemas comenzaron desde las elecciones de julio pasado, cuando el Consejo Indígena de Nahuatzen, tras el reconocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del autogobierno a comunidades, decidió que no habría elecciones en el municipio, por tanto, tampoco campañas. Pero Otlica, registrado por el PRD y Partido Verde, desafió el veto y trabajó el municipio.

Sin duda, en Nahuatzen, las campañas y la propia jornada electoral, fueron muy difíciles, en un municipio plagado de grupos criminales, disputas por la tierra y ambiciones personales de propios caciques políticos indígenas.

El 15 de mayo de 2018, de paso por la cabecera con rumbo a Coeneo, una camioneta que transportaba propaganda de la candidata a senadora del PAN, Alma Mireya González, fue saqueada y quemado el material.

Aun así, salvo en la cabecera, se realizaron las votaciones y ganó el perredista Otlica Chávez, pues la no instalación de 12 casillas, para los órganos electorales, no alteraba el sentir de la población que tuvo que trasladarse a otras comunidades para sufragar.

Pero todo es cuestión del dinero y de la influencia que tienen las bandas criminales en la región, repetía una y otra vez, el joven alcalde. Todavía el 25 de marzo y el 1 de abril, David exigía a las autoridades estatales y federales, cubrir los vacíos legales que asignaban presupuestos directos a las comunidades indígenas, pero sin mecanismos de fiscalización. Y advirtió que urgía atender el asunto, porque se siguen reconociendo autogobiernos en otras regiones del estado, como Quiroga, la Cañada de los 11 Pueblos y Tingambato.

Bueno, para no ir tan lejos, ese mismo martes 23, apenas encontrado el cadáver de David, en Paracho, un grupo de comuneros de Pomacuarán, de forma violenta, sacaron de la presidencia municipal a tres regidores a quienes mantuvieron cautivos hasta que no se les entregara “su dinero”. Al edil no lo pudieron zangolotear, porque lo impidieron los poquitos policías que estaban en el lugar.

Pero siguiendo con el caso Nahuatzen, por ejemplo, de 30 millones de pesos que recibieron los concejos de la cabecera y Arantepacua, para ejercer durante 2018, sólo comprobaron gastos por unos 14 mdp, el resto tuvo malversaciones financieras, según consta en sus propios informes.

Hay que aclarar, que el presupuesto para este año es de 85.8 mdp, por lo que entre lo que tenía que repartir a las comunidades, Otlica Avilés apenas ejercería unos 17 millones y con eso, sufragar todos los servicios municipales: alumbrado público, agua, limpia, pavimentación y claro, seguridad. Eso sí, ante el Congreso y la Auditoría Superior de Michoacán, es responsable, como autoridad depositaria de los recursos, del total de los dineros.

“Nosotros como ayuntamiento fungimos como puente para la aplicación de los recursos –dijo ese 25 de marzo ante medios locales-. Todos son testigos de que el Tribunal Electoral del Estado ordenó que entregáramos los recursos a los concejos para la aplicación directa, pero a mí como presidente municipal, no me exime de la responsabilidad de entregar cuentas a la autoridad financiera jerárquica”.

Pero al final de cuentas, ese era su problema, y a todos, el Ejecutivo, Legislativo, órganos electorales y a la SCJN, les valió madres. Los indígenas son como los maestros, intocables. Para ellos, justicia por encima de la ley…

                                                                              ***

Este viernes, ya hay un presunto victimario de Otlica Áviles. Si fue venganza personal –como insinúan- o sentencia cumplida –como la mayoría conjeturamos-, debe aclararse contundentemente.

Porque cosa curiosa, el mismo difunto ya había dado santo y señas de quienes lo tenían amenazado de muerte, así como a su familia. Que por cierto, ha tenido que lidiar para darle santa sepultura en su pueblo natal, ante los ánimos tan caldeados entre sus seguidores y el Concejo.

En rueda de prensa en Morelia, el 4 de noviembre de 2018, el alcalde de Nahuatzen señaló a los concejeros, Antonio Arreola Jiménez y Gerardo Talavera, entre los principales promotores de la violencia e inestabilidad en la cabecera y contra quienes presentó denuncias penales.

Tres días antes, el primero de noviembre, tras una serie de bloqueos, disturbios y quemazón de vehículos, Otlica se reunió con el Consejo Indígena. Y hay testigos de las amenazas: le dieron al alcalde, a su familia y a todo el ayuntamiento, 24 horas para que salieran de Nahuatzen, “que si no, nos atuviéramos a las consecuencias y que ellos sí cumplen: qué sabían qué hacíamos, dónde vivíamos y que no podíamos estar allí”.

Efectivamente. En los días posteriores, levantaron al regidor del Partido Verde, Francisco Zavala, y allanaron la casa de la síndica municipal, María Elena Avilés Alendar, donde destrozaron el mobiliario, mientras que las instalaciones del DIF fueron saqueadas. David Otlica se refugió en la capital del estado, pero decidió regresar con la palabra del gobierno estatal que lo apoyaría.

El edil siempre fue reiterativo que los partidarios del Consejo Indígena de Nahuatzen, siempre estaban armados con cuernos de chivo y R-15, y suponía que los recursos que recibía, los destinaban a la compra de armamento, porque obra, no se veía por ningún lado.

Pues resulta que de las denuncias penales presentadas por el alcalde, fueron detenidos el mismo mes de noviembre, Antonio Arreola, Gerardo Talavera y un tercero, José Luis Jiménez. Vino la violenta contraofensiva, y como son “indígenas”, pues los liberaron.

Y aquí el quid de cómo los asuntos políticos se resuelven por encima de la ley:

El Consejo Indígena de Nahuatzen nunca reconoció el triunfo de Otlica, porque la autoridad reconocida, según ellos, por las autoridades federales –o sea, la Suprema Corte de Justicia- resolvió que “gobernaría” el Consejo y no David. En su lógica justiciera, nunca fue electo porque en la cabecera municipal no hubo votación en pasado 1 de julio, aunque los que si quisieron sufragar lo hicieron en otras comunidades.

Total, los ministros decidieron una cosa, los órganos electorales para lavarse las manos, dieron la razón a unos y reconocieron el triunfo de Otlica; los operadores del gobernador son un fiasco y el Congreso, haciéndose ganso.

El único que pagó con su vida, fue David y todos los que se han quedado en el camino de una guerra absurda, estúpida, por el dinero legal e ilícito, que se mueve a través de las actividades delictivas en la Meseta Purépecha.

Ese móvil “personal” del presunto padrastro de la supuesta “querida” del alcalde, insistimos, es muy conveniente mediáticamente. El caso que aquí, la justicia por propia mano –hasta del propio Consejo Indígena-, se puso por encima de la ley.

Como lo recomendó el Presidente de la República…

Por la Cuarta

Definitivamente lograr la autoestima es hacer la revolución

Entre la Autoestima y el Bisturí

LA OPINIÓN

Enriqueta Burelo Melgar

SemMéxico. 25 de abril 2019.- Hablar de autoestima femenina en esta época y en cualquier época no es fácil, las mujeres hemos vivido en razón a modelos externos que nos marcan el cómo ser, cómo actuar, cómo vestirnos y nos vamos quedando atrapadas en un mundo que nos es nuestro, que nos recuerda el libro de Ira Levin, transformado en la película Las esposas de Stepford, un argumento ciertamente interesante: mediante la biotecnología es posible reprogramar a mujeres exitosas y competitivas, para transformarlas en el ideal de esposa americana, ardiente y servicial.

Por otra parte, en un mundo donde el cirujano plástico es el rey de reyes, y donde las operaciones donde nos acomodan bandas, nos cortan un pedazo de estómago para que recobremos nuestro peso juvenil, quienes alguna vez fuimos varitas de nardo o  dan vida a nuevos cuerpos para quienes han vivido atrapadas entre el sobrepeso y la obesidad mórbida, ha hecho que alguien con crueldad y cinismo diga: “no hay mujeres feas, solo pobres” ya que estas operaciones no están incluidas en el Seguro Popular.

Por otra parte nosotras, mujeres feministas, con más o menos éxito profesional y con cierta autonomía, que vamos entre los vaivenes de lo fácil, de la compra de la crema de ingredientes mágicos o los masajes de a 18 meses sin intereses, leemos a Marcela Lagarde, y nos preguntamos: ¿Sentimos empatía hacia nosotras y somos capaces de valorarnos aunque no encajemos con el simbólico prevaleciente en el mundo? ¿Somos capaces de hurgar donde sea para encontrar con quienes sí encajamos y vinculamos para sentirlo? ¿Tenemos juicios propios y valores surgidos de nuestra experiencia o nos regimos por los valores vigentes y los juicios de las otras y los otros?

¿Qué nos enoja o entristece de nosotras mismas? ¿Qué nos enternece y conmueve, y qué nos moviliza para damos apoyo? ¿Qué tanto conocemos nuestras necesidades más urgentes, y cómo reaccionamos ante ellas? ¿Por qué posponemos lo que más necesitamos o qué nos hace anticipar a la necesidad misma? ¿Dónde radica el goce de ser? ¿Qué nos hace sentir vulnerables? ¿En qué reducto anidan el desánimo, el abandono y el desaliento? ¿En qué signos depositamos nuestra confianza? ¿Qué valoramos de nuestra persona?

Reconocer la autoestima, como amor a sí misma y como amor propio, es tan difícil como hacernos la liposucción o una cirugía plástica, corremos riesgos, utilizamos diversas técnicas, las feministas ortodoxas van al psicoanálisis a soñar en el diván por los siglos de los siglos, hay quienes como yo recurrimos a la Gestalt, nos gusta el aquí y el ahora, vamos a talleres de Constelaciones Familiarias para romper círculos ancestrales, otras escogen yoga, o hay quienes hasta se pasan el huevo todos los días y se hacen limpias si tiene mal aspecto o quienes logran ese empoderamiento a través de la lectura.

Y de repente cuando te sientes en los cuernos de la luna, se atraviesa un galán y ya encarrerados te dice: “me gustas toda tú, pero si te subes un poquito el busto y te compones tu ojito que no sabe si mira pa Chiapa o pa Berriozábal y bajas 10 kilos, te sentirías mejor, tendrás la autoestima más alta”. Él generosamente lo hace por ti, pero quiere tener a la mujer perfecta, me pregunto ¿por qué no la busca por otro lado?, la que tenga los 10 kilos menos, los ojos bien alineados y el busto mirando para arriba, de esos que te pones un lápiz debajo de ellos y no se sostiene se cae, son los senos perfectos, pero no, está enamorado de ti, y tu autoestima se va por los suelos y ya están pensando cuánto cuesta la cirugía de senos.

Y volvemos al principio, a releer a la Lagarde: La autoestima es, consecuentemente, una experiencia ética de fidelidad a una misma: una experiencia que fluye y se transforma en permanencia. Simboliza la máxima transgresión del orden hegemónico que prohíbe tal autoestima a las mujeres en rango de tabú. Construir la autoestima es vivir, de hecho, bajo las pautas éticas del paradigma feminista, es ser libre. La política feminista plantea como aspiración a que, además de ser libres, las mujeres vivamos en libertad. Luce tan fácil, cuando lo leemos, que decimos a vivir con libertad desde mañana.

Quisiera sentirme como el poema de Gioconda Belli:

Soy llena de gozo, llena de vida, cargada de energías, como un animal joven y contento. Viviendo Libre.

Como conclusión, me quedo con lo expresado por Gloria Steinem en La revolución desde dentro un libro sobre la autoestima (1995). En esta vertiente, ella coloca el proceso de transformación de la autoestima en la dimensión de una revolución y, por analogía, la valora como equivalente y tan necesaria como la revolución.

Definitivamente lograr la autoestima es hacer la revolución, ya entendí.

Autoridades estatales y federales deben garantizar la salvaguarda de la salud e integridad de las mujeres

Redacción

SemMéxico, 15 septiembre 2017.- El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) exhorta a las autoridades legislativas de Veracruz a basar su razonamientos en los más altos estándares internacionales de protección a los derechos de las mujeres y las niñas, así como en los avances en bioética y la responsabilidad ética que tienen las autoridades de salvaguardar la salud y la integridad de las mujeres.

Así lo señalan en un comunicado emitido previo a la discusión que realizará el congreso local sobre la iniciativa de reforma a los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal de del Estado que busca garantizar la salud reproductiva de las mujeres y que tendrá lugar el próximo 28 de septiembre.

“Como defensoras locales y nacionales de los derechos humanos, principalmente de los derechos de las mujeres, hacemos un llamado urgente a los legisladores y legisladoras a actuar con madurez y responsabilidad política ante la salud de las mujeres para que -sin ninguna excusa- se lleve a cabo la sesión prevista para abordar el tema y legislar a favor de las mujeres, niñas y adolescentes, de no ser así, estarían en incumplimiento de las recomendaciones que llevó a cabo el Grupo de Expertas del Informe sobre la gravedad de la salud reproductiva de las mujeres en Veracruz entregado al Gobierno Estatal en marzo de este año”. 

El OCNF exhorta al Dip. Bingen Rementería Molina, Presidente de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, a convocar a las Comisiones encargadas de emitir el dictamen correspondiente, a la brevedad posible.

Llama a no postergar la discusión de actos que ponen en riesgo la vida de las mujeres y a que las autoridades legislativas basen sus criterios apegados a los estándares internacionales de protección a los derechos de las mujeres, y que las autoridades estatales y federales cumplan con las recomendaciones del Grupo de Trabajo, luego de la solicitud de alerta de género por agravio comparado en Veracruz.

SEM/gr/lr


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Juego de Palabras

Las mujeres no necesitan que las autoridades especulen sobre su calidad de victimas.

Justicia para las mujeres, una cuestión psicológica

Yaneth Tamayo

SemMéxico. 24 de abril 2019.- El entorno histórico, social, cultural y jurídico del país es un factor determinante que interviene de forma impactante en la administración de justicia, más cuando se trata de asuntos en los que las mujeres son víctimas de la violencia misógina, en donde al victimario en ocasiones -no tan evidentes- se le considera como un sujeto pasivo que se ve forzado a despertar sus instintos lascivos ante las provocaciones de las mujeres.

Es preciso aclarar que cuando indico -no tan evidentes- me refiero a los casos en que las víctimas no muestran lesiones físicas de gran impacto para los administradores de justicia y que solo pueden ser acreditadas a través de periciales psicológicas.

Aclarado lo anterior, me atrevo a decir que tal argumento es usado por algunas autoridades encargadas de la administración de justicia cuando al tratar de justificar los hechos denunciados  por las mujeres, estas son culpadas y estigmatizadas, negándoles con ello el acceso a la justicia y convirtiéndolas en personas manipuladoras incapaces de sentir sufrimiento alguno.

Quizás mis palabras puedan interpretarse de forma drástica, sin embargo algunas mujeres que han pasado por contextos violentos y que han compartido sus experiencias, han coincidido en que  al momento de acudir a las Fiscalías o a los Organismos no jurisdiccionales han pasado por la dolorosa revictimización y criminalización de los actos denunciados.

Esto, al tener que declarar ante personal no capacitado de manera repetitiva y en infinidad de ocasiones los actos violentos de los que fueron objeto, reviviendo una y otra vez los eventos traumáticos; quienes además al momento de pasar por un tamiz psicológico inadecuado han sido criminalizadas por las autoridades quienes al no identificar supuestamente rasgos o síntomas que sugieran daño emocional o signos traumáticos de violencia típicos, desacreditan su denuncia y las desvalorizan como personas.

Es en ese momento, donde la capacidad de resilencia se transforma en una barrera entre la cual tienen que luchar por la obtención de justicia o por preservar la dignidad que aún les queda, teniendo que tolerar no solo la agresión sufrida, sino el hecho de ser señaladas como responsables de los actos de sus agresores o calificadas como mentirosas.

Acciones que en consecuencia les genera fuertes impactos psicosociales ya que remueven las situaciones traumáticas generadas por la violación a su dignidad y sus derechos; atentando contra su reputación y honor, lo cual repercute en su calidad de vida y bienestar.

Generando dos situaciones, la primera que tiene que ver con la desconfianza para denunciar y / o seguir una denuncia o proceso; y la segunda, que se convierte en impunidad al no ser sancionados los delitos y actos que atentan contra su dignidad  y sus derechos humanos.

Lo anterior, solo demuestra que en México el acceso a la obtención de la justicia sigue siendo diferenciado para la mujer, colocándola no solo en un plano desigualdad sino en una posición en la cual es minimizada e incriminada. Pero además muestra como las instituciones encargadas de impartir justicia, solo simulan la atención a la víctima y la perspectiva de género, ya que no cuentan con un enfoque diferencial y especializado con el cual puedan reconocer las características particulares y el grado de vulnerabilidad que coloca a las mujeres en situaciones de riesgo.

Si bien es cierto el Estado Mexicano ha reconocido a través de sus legislaciones la igualdad de derechos sin hacer distinciones entre hombres y mujeres; y ha modificado sus leyes discriminatorias, lo cierto es que, a pesar de los esfuerzos llevados a cabo, aún resulta imposible alcanzar una igualdad de facto debido a que las circunstancias de violencia contra la mujer a lo largo de su ciclo vital dimana esencialmente de pautas culturales que de forma omisa o arbitraria son insertadas por algunos operadores de justicia, ocasionando que se siga perpetuado la condición inferior de la mujer.

De ahí que, se requiera de las instituciones encargadas de administrar justicia, el compromiso de dejar de ser omisos e indolentes ante los problemas sufridos por las mujeres, obligando a que todos sus operadores se capaciten en temas de género que les permita evitar entrar en aspectos que justifiquen los acto violentos y eximan de responsabilidad al agente de la agresión, además de evitar culpar y  poner en duda las versiones de la víctima (con preguntas o aseveraciones que transmitan dudas acerca de la veracidad de su experiencia y que agraven su sufrimiento) pero sobre todo que les permita brindar el apoyo necesario a las víctimas.

En definitiva, las mujeres no necesitan que las autoridades especulen sobre su calidad de víctimas y las traten como responsables de la comisión de los hechos que denuncian, ellas requieren que el Estado a través de sus instituciones cumplan con  el principio de máxima protección y remuevan los obstáculos que impiden el acceso real y efectivo de las mujeres al momento de exigir justicia.

Los testimonios de #MeTooMx son legítimos, aunque sean confidenciales: especialistas

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Fueron más de 1,000 señalamientos difundidos en el movimiento #MeToo en México.

Académicas, abogadas, periodistas y miembros de la sociedad civil se reunieron para exponer la legitimidad social y legal del movimiento #MeToo en México.

Redacción

Sofía Paredes

SemMéxico/Forbes México. 24 de abril 2019.- Los más de 1,000 señalamientos difundidos en el movimiento #MeToo en México a través de distintos hashtags en redes sociales son completamente legítimos y la ley los respalda, aseguraron especialistas en derechos humanos durante el Foro #MeTooMx.

A casi tres semanas de que se desatara una ola de denuncias de acoso y hostigamiento sexual en distintos gremios del país, académicas, abogadas, periodistas y miembros de la sociedad civil se reunieron en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, para exponer la legitimidad social y legal del movimiento.

Entre las declaraciones de discurso de odio en contra de las mujeres que alzaron la voz, usuarios en redes sociales también intentaron desacreditar la validez de los testimonios, por el hecho de tratarse de señalamientos ‘anónimos’. Sin embargo las expertas destacaron que este principio de confidencialidad está inscrito en las leyes mexicanas.

Cuando se trata de violencia u hostigamiento sexual, la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, instaurada en 2007, plantea la confidencialidad de la denuncia, recordó la abogada y especialista Andrea Medina Rosas.

“Han dicho que -los señalamientos del #MeToo- son prácticamente ilegales, pero no. La ley nos respalda, porque esta reconoce que estamos en un contexto de discriminación y que denunciar es un riesgo. Por eso se establecen elementos y garantías para que lo podamos hacer de manera segura”, mencionó Medina.

De igual manera, en el marco jurídico mexicano está inscrito el precepto legal de credibilidad a las víctimas. Angélica de la Peña, defensora de derechos humanos, destacó que la Ley General de Víctimas, que protege a toda víctima de violación de derechos humanos o de un delito, lo establece.

“La víctima no debe ser revictimizada, en el sentido de cuestionarse si está mintiendo o caer en prejuicios machistas como considerar cómo iba vestida. Se trata de un principio que ya está inscrito en nuestra ley. Hay que conocerlo, hay que exigirlo”, concluyó Peña.

La tortura en México sigue vigente y es generalizada.

Elda Montiel

SemMéxico. 24 de abril 2019.- El eje transversal de la tortura en México es la impunidad, sostenida por la falta de independencia, imparcialidad y eficacia de los y las profesionales a cargo de realizar la documentación e investigación de las denuncias, ya que es común que las personas encargadas pertenezcan a una dependencia implicada ya sea en la tortura o en el uso de pruebas ilícitas fabricadas mediante los actos denunciados.

Además de que los peritajes médicos-psicológicos se han convertido en un mecanismo que bloquea la investigación y sanción de actos de tortura, señala el “Informe Alternativo de las Organizaciones de la Sociedad Civil de México al Comité contra la Tortura de la ONU 2012-2019” que se presenta entre el 24 y el 26 de abril en Ginebra, Suiza.

El informe alternativo o “sombra”, en el que participaron más de 125 organizaciones de la sociedad civil, se presenta en virtud del séptimo examen periódico a México en el marco del 66° periodo de sesiones que celebra el Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés. La última vez que compareció México ante esta instancia fue en 2012.

La evaluación de ésta semana, consideraron integrantes de las ONG, quienes estarán presentes en las sesiones, es fundamental, ya que se examinará todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, y al mismo tiempo los compromisos o la falta de ellos respecto del tema por el gobierno de López Obrador.

Al término de las audiencias que durarán tres días, el CAT emitirá al Estado Mexicano recomendaciones tendientes a superar la problemática del país en materia de tortura.

Los otros estados revisados por el Comité son, Bejín, la República Democrática del Congo, Alemania, Sudáfrica y el Reino Unido, que son parte de los 166 Estados partes de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, por lo que deben someterse a revisiones periódicas sobre cómo están implementando la Convención y las recomendaciones anteriores del Comité.

El Comité está formado por 10 miembros que son expertos independientes en derechos humanos provenientes de todo el mundo, que sirven a título personal y no como representantes de los Estados partes. Las observaciones finales del Comité son una evaluación independiente del cumplimiento por parte de los Estados de sus obligaciones de derechos humanos en virtud del tratado.

La tortura en México es generalizada.

En 100 páginas, las organizaciones detallan cifras oficiales y casos concretos, y coinciden que “sigue vigente” la conclusión del relator especial de la ONU, Juan Méndez, en el sentido de que la tortura en México es “generalizada”.

Señalan que la Unidad (hoy Fiscalía) Especializada de Investigación del Delito de Tortura a nivel federal informó en febrero de 2018 que de 8,335 investigaciones por tortura que había conocido, había ejercitado acción penal en solamente 17. En cuanto a sentencias condenatorias por tortura en septiembre de 2015, el Estado informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que existían solo 15 condenas federales desde 2006, abarcando únicamente 8 causas penales.

En el año de 2017 la Encuesta Nacional a la Población Privada de Libertad, levantada en la totalidad de centros penitenciarios del país, misma que permite apreciar en parte el uso de la tortura en el sistema de procuración de justicia, se detalla que 75.6% de las personas detenidas sufrió violencia psicológica; 63.8% sufrió violencia física en el arresto y ante el agente del Ministerio Público; 49.4% fue incomunicada; 39.4% “recibió patadas o puñetazos”, y más del 23% recibió golpes con algún objeto y lesiones por aplastamiento, entre otros muchos reportes de violencia.

En noviembre de 2018, durante el Examen Periódico Universal (EPU) de México, el Estado Informó al Consejo de Derechos Humanos que de 2013 a 2018 se habían emitido 36 sentencias federales por tortura, pero “en realidad esta cifra representa solamente 16 causas penales, incluyendo varias con sentencia absolutoria, y la casi totalidad de las sentencias condenatorias fueron revocadas en apelación, por lo que se desconoce su estado final”.

De igual manera, menciona que los escenarios en los que se lleva a cabo la tortura, según las víctimas, son instalaciones militares, centros de reclusión, centros de salud, hospitales psiquiátricos, centros de detención migratoria y centros de menores, o durante las detenciones en manifestaciones.

Respecto a los peritajes medico psicológicos, las autoridades suelen reducir la investigación de la tortura al resultado de estos peritajes internos -erróneamente llamados “Protocolos de Estambul”-, mismos que generalmente se realizan tardíamente por personal no independiente y sin apego al verdadero Protocolo de Estambul.

Esto crea un ciclo vicioso: sin peritaje, las autoridades suelen considerar que no se puede acreditar la tortura, pero al someterse a un peritaje viciado, el resultado previsible es un dictamen ‘negativo’, lo cual igualmente se considera como indicador de que no hay tortura.

La Ley General para Prevenir la Tortura un avance, pero falta su total implementación.

Los avances más significativos en el cumplimiento de las recomendaciones que formuló el CAT al Estado mexicano en 2012 han tomado la forma de medidas legislativas, en particular la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Sin embargo, la mitad de los 32 estados que conforman el país no han creado las Fiscalías Especializadas de Investigación de la tortura, aun cuando el plazo que otorga la ley se venció hace año y medio, y tampoco se encuentra operando el Registro Nacional del Delito de Tortura contemplado en la Ley.

El otro avance significativo en éste periodo, es la entrada en vigor en todo el territorio nacional del nuevo sistema de justicia penal oral y acusatorio, regulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP),  mismo que contempla un mayor nivel de debido proceso y protección de derechos humanos en los procesos penales.

Sin minimizar la importancia de dicha transición, en éste informe se identifican varios focos rojos en las prácticas de las autoridades y los criterios que se están aplicando en el marco del nuevo sistema penal.

En el informe las organizaciones muestran preocupación por la creación de una Guardia Nacional militarizada y el aumento de la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

La delegación mexicana propone adoptar instrumentos que reconozcan los sistemas de conocimiento asociados a la agricultura y soberanía alimentaria.

Elda Montiel

SemMéxico. Nueva York. 24 de abril 2019.- Los pueblos indígenas aún enfrentan amenazas y problemas que dificultan la protección de sus culturas y saberes, a pesar de que hoy en día existe mayor conciencia del excepcional valor de los conocimientos tradicionales, señaló la delegación mexicana al participar en el 18° Periodo de Sesiones del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Durante su participación en el Foro Permanente que dura diez días en Nueva York, la delegación mexicana manifestó que algunos de los mayores retos son lograr el desarrollo sostenible, mitigar el cambio climático, administrar las reservas naturales y facilitar el desarrollo de nuevas tecnologías y medicamentos.

Al participar en el debate “Conocimientos tradicionales: generación, transmisión y protección”, la delegación destacó que en el caso de México, los conocimientos de los pueblos indígenas y su puesta en práctica, han sido transmitidos de generación en generación a través de diversos medios y en distintos espacios.

Principalmente por la comunicación oral y la demostración práctica por lo que propuso que estos medios sean reconocidos legalmente como medios de transmisión de conocimientos de los pueblos indígenas.

Detalló que los espacios para su transmisión, primordialmente han sido el hogar, los espacios comunitarios y los lugares de trabajo; todos ellos vistos como espacios de enseñanza-aprendizaje.

En lo que respecta al desarrollo sostenible y la diversidad biológica, México manifestó su respaldo a la utilización de las Directrices emanadas del Grupo de Trabajo Especial sobre el Articulo 8) del Convenio sobre la Diversidad Biológica, así como los lineamientos de las Directrices Voluntarias aceptadas por los Estados, entre estos México, y la capacitación a funcionarios y funcionarias e integrantes de los pueblos indígenas en torno a dichos instrumentos.

Sobre el tema de Cambio Climático se apoyó la adopción de la “Plataforma sobre Pueblos Indígenas y Comunidades Locales” de la Conferencia Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que tendrá entre sus principales funciones: la de intercambiar experiencias y mejores prácticas para aplicar, fortalecer, proteger y preservar el conocimiento tradicional.

Nuestro país estará participando activamente en la Cumbre de Acción Climática, a celebrarse en septiembre de 2019, en la que la presencia activa de los pueblos indígenas será fundamental y celebró que el embajador Luis Alfonso de Alba, gran aliado de la causa indígena y actual enviado especial del secretario general de la ONU para ésta cumbre esté encabezando éste proceso.

Por su parte, la delegación mexicana propone adoptar instrumentos que reconozcan los sistemas de conocimiento asociados a la agricultura y soberanía alimentaria de los pueblos indígenas.

También destacaron que entre las funciones del INPI está el apoyar e impulsar los sistemas agrícolas tradicionales como el sistema Milpa y los cultivos básicos, para lograr la seguridad, autosuficiencia y soberanía alimentaria. 

Cabe recordar que el Foro Permanente se reúne una vez al año, durante diez días, desde el primer día de sesiones que se realizó en el año 2002, en la sede de las Naciones Unidas.

Palabra de Mujer

El Presidente prometió darle seguridad al pueblo de Veracruz

Enojo social recargado

Billy Parker

SemMéxico. 23 de abril 2019.- “Al bebé lo siguieron rematando” narra una de las sobrevivientes de la noche de terror en la fiesta familiar en Minatitlán que cobró la vida de 14 personas, entre ellas la vida del pequeño Santiago, de apenas un año de edad.

La testigo, a quien le mataron a un familiar y obligada por los delincuentes a ver como lo ejecutaban, al igual que a los otros heridos en un acto de maldad inimaginable,  describió que al bebé, “le dispararon a quemarropa. Fue una rociadera porque estaban muertos y ahí mismo les seguían dando. Al bebé lo siguieron rematando, le dieron en el corazoncito”, estrujante narración de la noche de terror en el sureste veracruzano.

Horas más adelante otro aberrante atentado cegó la vida de dos jóvenes mujeres, no lejos de la zona, en Comalcalco, Tabasco, junto a un bebé de 8 meses cuya imagen con un tiro en la cabeza, herido llorando en el suelo y un pequeño de 8 años con un balazo en la pierna, dieron vuelta al mundo evidenciando cuál es el México luego del triunfo de Andrés Manuel López Obrador.

Imposible eludir el tema, sobre todo cuando escuchamos al Presidente de México, quien prometió darle seguridad al pueblo de Veracruz, decir que lo ocurrido en Minatitlán es “herencia de una política económica antipopular y entreguista donde lo único que les importaba era saquear robar (..) ese cochinero que nos dejaron”, confundiendo la política con la incumplida tarea de gobernar para darle seguridad a las y los mexicanos.

Y para robustecer la indignación social vertida en “las benditas redes», lanzó vivas a un cuestionado gobernador, que no se ha parado en la sureña ciudad donde tantas veces pidió el voto para gobernarlos. Alguien, que antes de 12 horas mereció más alabanzas presidenciales.  Cuatro visitas del Presidente a Veracruz para apuntalar a un mandatario estatal que día con día van perdiendo adeptos por falta de resultados. Un gobernante que solo comunica festivales de salsa, decoración de oficinas o “sabadabas”, para cumplir con el derecho información.

 Ante las quejas de la prensa a que informe porque se esfuma en las emergencias, como lo fue la tragedia en Minatitlán, AMLO fue muy claro en instruir públicamente que, “va a estar constantemente informándoles  el gobernador) sobre lo que sucede en Veracruz. Y además esa es la mejor forma, es la mejor manera de enfrentar la deformación o la mala información, la calumnia. Cuando se está informando constantemente no prosperan los rumores, no funciona la mala fe. Entonces, hay que estar constantemente informando”, sentenció frente al Team de comunicación estatal.

AMLO sostuvo que el crecimiento de la violencia desgarradora en el país es parte de la transformación que hacen por erradicar la corrupción y que en seis meses se verán resultados. Y la pregunta obligada emerge  ¿Y en seis meses que hará la ciudadanía? ¿Habrá toque de queda o la población civil seguirá poniendo los muertos por la poda que realizan, como dicen las mantas del Mayo Zambada, “con aprobación del gobierno federal”?

Retomo lo que advertí en marzo del 2018 ante la proximidad de las elecciones: “El PRI no entiende que la mayoría de quienes votaron el 1 de julio lo hicieron por alguien que pensaba igual que ellos. El enojo social (primer síntoma que debieron leer)  lo consideraron como un factor sin importancia y mereció la mofa del dolor de sus gobernados. La falta de una exégesis asertiva sobre el malestar social se reflejó en las urnas desde las elecciones del 2016, la mayor derrota electoral de su historia al perder 7 de 12 gubernaturas en disputa”.

 “Los últimos sexenios (PAN y PRI) convirtieron a los mexicanos en una población antisistema por la falta de ética en el servicio público, propio de la tecnocracia que deshumaniza las políticas públicas. Eduardo Galeano lo ilustra muy bien al decir “En el mercado libre es natural la victoria del fuerte y legítima la aniquilación del débil”. Exhibe la poda social soterrada que los tecnócratas liberales llevaron a cabo en la seguridad social, convirtiendo en negocio la seguridad pública, la explotación tráfico y desaparición forzada de nuevas generaciones, y un largo etc.” Y hoy, los de MORENA y su gobierno, están en la misma y no lo entienden. 

Las aseveraciones presidenciales de domingo y lunes en Veracruz volvieron a levantar la tendencia mundial en su contra a través de Twitter con la etiqueta #RENUNCIAAMLO, que había reemplazado a la de #RENUNCIACUITLAHUAC, luego de los tuits y las ausencias ante el dolor de quienes confiaron en su palabra. Una oleada de indignación con tendencia mundial que aplastó la red de amlovers que suelen atacar en montón con miles de bots. Y no es la primera vez en los últimos días que pierden la batalla ante un real enojo social.

No obstante su silencio en el viernes de dolores, las excusas vertidas este lunes en la mañanera fueron mucho más ofensivos a la inteligencia de las mujeres y hombres pensantes de este país.  ¡Si actuamos!, afirmó, “Yo soy dueño de mi silencio y no voy hacer rehén de nadie”, ratificó ante los cuestionamientos.

 Pero las palabras de quien sentado en el poder, no quiso o no pudo, responderle a los minatitlecos, en sus primeras declaraciones dejó clara la postura que reiteró en la  conferencia mañanera. Declaraciones que lastiman más a su propio proyecto porque exhibe ese tan repudiado régimen del cuatachismo infecundo, y que es también corrupción. La historia se repite.

 El argumento de que otros son los culpables mientras yo gobierno ya no tiene peso, ni es legítimo. El que el gobernador sea un hombre bueno, “no de malas entrañas” tampoco funciona ante la inoperancia.

Solo 12 palabras le dedicó a las víctimas de la masacre el domingo. Doce luego de ser tendencia mundial por las críticas que recibió todo el fin de semana. 12 palabras de dos mil que emitió, contando la historia de Veracruz y descalificando al “cochinero” que le dejaron, sin dedicarle siquiera un pensamiento a Santiago, el pequeño ejecutado o al bebé muerto en Tabasco. En cambio, dos párrafos y un viva de López Obrador, mereció Cuitláhuac García, gobernante de un estado que se cae a pedazos.

BillieParkerNoticias.com