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Mujer indígena gana juicio contra IMSS para exigir derecho a la salud para su comunidad, pero la institución no cumple

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• La comunidad se organizó y denunció por la vía legal al IMSS, para que dotara al centro médico comunitario con personal, medicamentos básicos y una ambulancia.

• Una habitante de Nahá, Chiapas, ganó un amparo en 2018 que ordena al IMSS contratar personal médico especializado, y comprar una ambulancia para la unidad ubicada en la comunidad.

Redacción

SemMéxico/ Chiapas Paralelo. Nahá, Chiapas. 29 de abril 2019.- Lidia, mujer tseltal habitante de la comunidad de Nahá ubicada en Ocosingo, interpuso una denuncia contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) , al ser víctima en la atención a su derecho por la salud al momento de estar embarazada, después de luchas jurídicas, el fallo resulta a su favor por lo que esta autoridad federal tenía que dotar de una ambulancia y equipo médico su localidad, sin embargo, a un año del caso no cumple, informó el portal Animal Político.

Lidia, ganó un amparo luego de que por falta de atención médica durante su embarazo en mayo de 2018, en acompañamiento con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Por este caso, la comunidad de Nahá se organizó y denunció por la vía legal al IMSS, para que dotara al centro médico comunitario con personal, medicamentos básicos y una ambulancia.

Lidia, se embarazó por primera vez en 2003, al momento de gestación, viajó con su esposo al municipio de Emiliano Zapata, donde se encuentra el Hospital Benemérito de las Américas, del Programa Oportunidades, donde no pudieron atenderla por falta de personal médico. Ante esta omisión, fue trasladad nuevamente al Hospital General de Palenque, pero dio a luz en el camino, según GIRE, Lidia fue diagnosticada con una cardiopatía, lo que convertía su embarazado en un situación de alto riesgo.

En 2017, tuvo su segundo embarazo. Llevaba su control prenatal en una Unidad Médica Rural de Nahá, donde carecían de medicinas y vitaminas, de máquina para realizar ultrasonidos y no había médico, relató Animal Político.

Basado en estos antecedentes, Lidia presentó una demanda de amparo en febrero de 2018, contra la Secretaría de Salud local y federal, el IMSS, la Secretaría de Desarrollo Social y la Coordinación Nacional de Prospera, por  violaciones graves a su salud que ponían en peligro su vida y la de su hijo. Por tanto, el juez ordenó que se le brindara la atención médica necesaria.

Además, Lidia en un tercer embarazo el pasado año, comenzó sus labores de parte el 18 de mayo, donde las autoridades del IMSS Prospera llegaron para trasladarla a un hospital, sin embargo, la mujer indígena denunció malos tratos y decidió regresar a su comunidad. A las pocas horas, fue trasladada a Ocosingo, donde no tuvo ningún problema.

La sentencia

Por la acción legal de la comunidad de Nahá, el juez ordenó al director de la Unidad Médica Rural realizar las gestiones administrativas, económicas y/o financieras para que se le brindara atención integral a Lidia, y que le proporcionaran los medicamentos prescritos o cualquier otro que indicaran los médicos que la trataran.

Al mismo tiempo, realice las gestiones administrativas, económicas y/o financieras para adquirir una ambulancia equipada y funcional para traslados que requieran los pacientes.

Al titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos del IMSS en la delegación Chiapas, el juez ordenó que realice las gestiones administrativas, económicas y/o financieras para contratar un médico especialista en ginecología u obstetricia para Nahá, y adquirir una ambulancia funcional y equipada, relató el portal de noticias.

Sin embargo, el IMSS promovió un recurso de revisión, pero el  Tribunal Colegiado declaró firme la sentencia, por lo que la comunidad de Nahá está en espera de que las autoridades correspondientes cumplan con lo ordenado por el juez.

La comunidad de Nahá cuenta con una casa de salud, denominada Unidad Médica Rural, perteneciente al IMSS Prospera, donde un médico atiende de martes a jueves, apoyado por un enfermero y una auxiliar de enfermería. Esta unidad da servicio a más de 3 mil personas de cuatro comunidades: Nahá, Ejido Zaragoza, Ejido Lacandon y Ejido La Rosa.

Denuncian a Chihuahua ante la CIDH por omitir legislar el matrimonio igualitario

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• También denunciaron que el Gobierno Federal no ha vigilado que las entidades respeten los derechos humanos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos.

Reclama que no hay una igualdad de derechos para la unión legal entre parejas del mismo sexo.

Redacción

Raíchali

SemMéxico/Chiapas Paralelo. 29 de abril 2019.- Dos organizaciones civiles que trabajan en pro de los derechos de la comunidad LGBTTI denunciaron a México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por omitir legislar el matrimonio igualitario.

Chihuahua fue tomado como el ejemplo de la omisión en la que han incurrido la Federación y los congresos locales pues el matrimonio igualitario tiene cuatro años en la congeladora.

El documento firmado por México Igualitario y el Centro Humanístico de Estudios Relacionados con la Orientación Sexual (Cheros) reclama que no hay una igualdad de derechos para la unión legal entre parejas del mismo sexo.

Además, denunciaron que el Gobierno Federal no ha vigilado que las entidades respeten los derechos humanos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, pese a los compromisos que México ha asumido en los tratados internacionales.

“A pesar de los litigios y las solicitudes realizadas al Congreso local, Chihuahua sigue manteniendo vigente una legislación que discrimina a las personas por su orientación sexual”

Luis Mendoza, presidente de Cheros, recordó que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia sentó jurisprudencia en 2015 para que en Chihuahua se garantizara el derecho a la unión lega. Un año más tarde el Gobierno del Estado instruyó al Registro Civil a casar sin necesidad de un amparo a las parejas que así lo solicitaran.

Sin embargo, explicó el activista, las dos iniciativas que se han presentado desde entonces no han prosperado en el Congreso, por lo que se corre el riesgo de que, en cualquier momento, las autoridades estatales les nieguen la unión legal.

La jurisprudencia 43/2015 establece que “la Ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad del matrimonio es la procreación y/o que la defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional”.

Después de dicha resolución, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación General 23 dirigida a todos los órganos legislativos para que modificaran su legislatura a efecto de permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Actualmente, las legislaciones que por reforma o intervención de la Suprema Corte de Justicia permite el matrimonio entre personas del mismo sexo son: la Ciudad de México, Campeche, Coahuila, Michoacán, Nayarit, Puebla, Chiapas, Nuevo León y Aguascalientes.

Sobre la denuncia, comentó que la respuesta y seguimiento dependerá de la agenda de la comisión y que el objetivo principal es recordarle al Estado que, si no está dispuesto a garantizarles sus derechos, buscarán las instancias que sean necesarias para ello.

“Es un mensaje duro para decirles que aquí estamos y si no nos van a dar las garantías, no van a respetar los derechos que tenemos como ciudadanos, nosotros vamos a buscar quién nos las dé y los obligue a ellos a garantizarlos”

Para finalizar, el activista opinó que el principal obstáculo que han enfrentado en este tema son los prejuicios de partidos de derecha y las ideologías religiosas que se niegan a entender que el matrimonio es un acto jurídico que da certeza de la unión de dos personas.

Refirió que hay casos en los que uno de los dos muere y deja desprotegida a su pareja porque el patrimonio que formaron juntos no está reconocido legalmente.

“Antes de las ceremonias o ritos religiosos existía el matrimonio legal y eso se debe liberar de prejuicios. Nosotros no queremos ceremonias ni bendiciones, eso es una decisión de las parejas, queremos una garantía y libertad para los que se quieran casar, queremos protección para las parejas y que se respeten nuestros derechos”.

Demandan justicia para Regina Martínez a siete años de su crimen

• El 28 de abril del 2012, Regina Martínez, fue encontrada sin vida en su domicilio ubicado en la colonia Felipe Carrillo Puerto, con signos de violencia y asfixia.

Piden se reactive la alerta de protección a periodistas.

Redacción

SemMéxico/Billie Parker Noticias. Xalapa, Veracruz.  29 abril de 2019.- Este domingo, a siete años de la fecha del asesinato de la periodista Regina Martínez, se conmemoró con un homenaje en la ciudad de Xalapa, Veracruz, y demandando justicia ya que denuncian que se suscribió a un presunto robo su crimen, sin tomar en cuenta su labor periodística.

 “Sólo se encajonó el crimen de la periodista a un móvil pasional y de robo, pero omiten la línea de investigación de su trabajo que sigue siendo una ofensa contra los periodistas que buscamos una sociedad más justa y equitativa y humana”, expuso su compañera reportera Norma Trujillo.

Con un altar a los periodistas caídos en el ejercicio de su profesión, la organización Voz Alterna, presidida por Norma Trujillo, acompañados por compañeros y compañeras y amigos de quien fue la corresponsal de la revista Proceso en la entidad, evocaron su trayectoria y leyeron un pliego demandando se esclarezca a cabalidad los hechos que le arrebataron la vida.

Durante la ceremonia en Plaza Regina Martínez, principal Plaza Pública de la capital veracruzana se efectuó la cuarta entrega del premio de periodismo Regina Martínez, que en esta ocasión se le otorgó al reportero Jair Ávalos López.

El 28 de abril del 2012, Regina Martínez, fue encontrada sin vida en su domicilio ubicado en la colonia Felipe Carrillo Puerto, con signos de violencia y asfixia.

La procuraduría inició la investigación ministerial 363/2012 en la agencia segunda del Ministerio Público para esclarecer esta muerte, dijo, y ordenó a la Agencia Veracruzana de Investigaciones integrar un equipo especial con el mismo propósito.

El cuerpo de la comunicadora fue localizado a las 18 horas de hoy en su vivienda, luego de que un vecino reportó al Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo que la puerta de la vivienda de la periodista se encontraba abierta desde temprano, sin que se percibiera movimiento.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado acudieron a revisar el domicilio. En el baño localizaron el cadáver, mismo que “presentaba golpes contusos en el rostro y el resto del cuerpo.

La Procuraduría General de Justicia de Veracruz presentó a Jorge Antonio Hernández Silva, “El Silva”, como presunto responsable del asesinato de Regina Martínez Pérez, corresponsal de la revista Proceso en la entidad.

En conferencia de prensa el fiscal estatal Amadeo Flores Espinoza aseguró que el detenido confesó además la participación de José Adrián Hernández Domínguez, “El Jarocho“, quien se encuentra prófugo.

A seis meses de que la periodista fuera asesinada en el interior de su casa en Xalapa, la procuraduría veracruzana concluyó, de acuerdo con la confesión de Hernández Silva, que el móvil del homicidio fue el robo.

En agosto del 2013 lo liberaron y hasta este 2019 el crimen permanece impune, porque aunque el gobierno de Veracruz cerró el caso cuando detuvo a Jorge Antonio Hernández, “El Silva”, el Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJE) lo dejó en libertad unos meses después.

Desde un primer momento la revista Proceso sostuvo que la Procuraduría General de Justicia local (PGJ) no quería esclarecer el asesinato de la periodista, ya que se dedicó a “construir la culpabilidad de un individuo que no contó con recursos para defenderse, omitió perseguir al sospechoso principal, e ignoró una por una las pruebas que la coadyuvancia aportó”.

Marchan en Iguala para exigir que no cierren el caso en contra de Osiris Aníbal Ruiz

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Familiares piden a los jueces transparencia en el proceso, sin tráfico de influencias

Un juez suspendió el juicio, y sentenció a pagar una multa o pago de reparación de daño, de 25 mil pesos.

Josefina Aguilar Pastor,

Semméxico. Iguala de la Independencia, Guerrero, 29 de abril de 2019.- ¡Justicia para mi hija!, qué no cierren el caso, que el juez, tome en cuenta las pruebas que incriminan a Osiris Aníbal  Ruiz Mata, como el presunto violador de su sobrina de 17 años, exige la familia Hernández Ruiz, luego de que el juez, Hércules Aureoles Guadarrama, suspendió el juicio, y sentenció pagar una multa o pago de reparación de daño, de 25 mil pesos, y acudir a firmar cada mes.

Este sábado, a más de cuatro meses de los hechos, acompañada de amigos, familiares, compañeros de trabajo, vecinos y conocidos, la familia Hernández Ruiz, conformada por la señora Araceli Ruiz Nolasco, el señor Pedro Manuel Hernández Díaz, y otra de sus hijas, convocó a una marcha, en Iguala de la Independencia, de donde son originarios y vecinos; el punto de reunión fue el monumento, Patria Trigarante, en la entrada de la ciudad.

Poco a poco, los convencidos con la causa, comenzaron a llegar, desde antes de la hora convocada -6 de la tarde), vestidos de blanco la mayoría, llevando cartulinas con algunas consignas.

Cerca de las 19:00 horas, el contingente salió rumbo al zócalo igualteco, durante el trayecto, la exigencia de justicia no se dejó de escuchar, que los jueces y magistrados de conduzcan con transparencia y apegado a derecho y la ley, un rechazo al tráfico de influencias, y el basta a la violencia en contra de las mujeres y niñas.

Su voz podría calificarse como “tranquila”, no se exalta, pero si rompe en llanto cuando dice que a su hija, Osiris Ruiz,  le destrozó la vida, y es cuando Araceli Ruiz Nolasco, se quita los anteojos para limpiarse la lágrimas.

Los hechos

Narra, que los hechos ocurrieron el 7 de diciembre del año pasado. Recuerda que con anterioridad, su primo, Osiris Aníbal Ruiz, con quien tenían “una buena convivencia”, le insistía a su hija para que lo acompañara a fiestas, a eventos políticos “en los que conocería gente importante”, y la conectaría; ella se negaba pue estaba consciente que era apenas una estudiante de preparatoria, de donde era consejera, además de que no le interesaba.

Luego de lo ocurrido, se conoció que ante la insistencia de Osiris, finalmente el 7 de diciembre de 2018, la joven aceptó acompañarlo, para ello, suspendió sus clases de artes marciales, pasó por ella a la escuela, de ello, han dado cuenta varios de sus compañeros, que la vieron cuando pasó por ella, y se subió a una camioneta blanca, conducida por el imputado cerca de las 7 de la noche.

Comienza la búsqueda 

La familia, no se preocupó por ella, hasta después de las 9 de la noche que debía de llegar y no llegó. Al filo de las 10, se comunican con su profesor, quien dice que se fue temprano antes de terminar a clase, se ofrece ayudar a localizarla, y a través de sus compañeros, conocen que se fue con su tío.

Cuando le habla a Osiris, este le contesta que no se preocupara, “ha de estar con el novio”, le dice. Le piden su ayuda para buscarla, él argumenta que no puede acudir con el presidente municipal, porque no tiene buena “relación”, pero si se comunica con un supuesto comandante, quien le dice a la familia, que no, puede hacer nada, porque la ley señala que deben pasar 72 horas, para que una persona sea considerada como desaparecida.

Comienzaron a recorrer las calles sin respuesta. Finalmente, alrededor de la 1 de la mañana, la joven llega en muy mal estado. Cuenta que sólo recuerda cuando su tío le ofreció una bebida, luego de tomarla, no recuerda más que estar en una casa en completa oscuridad, sola, como pudo, buscó una salida, y logró llegar a la calle, vio un taxi y le hizo la parada, el chofer aunque dudó en subirla, pero la vio tan mal que accedió a llevarla.

El proceso

Tras conocer lo sucedido, la familia interpuso una denuncia ante la agencia del ministerio público, la menor, casi no podía hablar ni sostenerse en pie, vomitaba, tenía huellas en las rodillas y brazos, en la barbilla y mordidas en los labios. El médico ginecólogo y legista forense, Gilberto Ibarra Mora, confirmó que hubo penetración no consentida.

El ministerio público, tardó dos meses en abrir la casa donde estuvo retenida la joven, aun así, encontraron su protector bucal. Todas estas pruebas junto con los testimonios de los jóvenes que vieron que se fue con su tío, del taxista que la trasladó hasta su casa, y de la misma joven, fueron desechados por el juez, Hércules Aureoles Guadarrama, quien sólo vinculó a Osiris, por delito de abuso sexual agravado. Desde su punto de vista del juez, a pesar del certificado medido que confirma que hubo penetración, sostiene que sólo fueron tocamientos, además de que el imputado “tiene una segunda oportunidad”;  y le impone como castigo, una multa de 25 mil pesos y que acuda a firmar cada vez.

Con esta sentencia, la familia considera que su hija ha sido revictimizada, no creen en su testimonio, y desechan todas las pruebas en contra del imputado. Y anunciaron que  apelarán a sentencia. Acusan que Osiris Aníbal Ruiz, ha recurrido a su “influencia”, que tiene con la clase política, por su desempeño como periodista para salir bien librado, y lo confirman con la sentencia del juez.

Se conoció que el 8 de diciembre, luego de que la familia interpuso la denuncia en su contra, se comunicó con gente muy influyente, entre ellos, según se ha dicho, el rector de la universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán y supuestamente con el mismo gobernador Héctor Astudillo Flores, pidiéndoles protección.

De ahí la exigencia de la familia, de que los jueces se conduzcan con transparencia, no al tráfico de influencia, y que haya una verdadera aplicación de la justicia.

“Solo pedimos que revisen el caso y las pruebas. No pido que me hagan caso a mí, pero que vean todo lo que existe, no con influencias, al gobernador le pedimos, que sea imparcial, que los jueces y los magistrados, sean imparciales, que de verdad hagan justicia al caso,. Es una pesadilla lo que estamos viviendo, justicia para todas las niñas, jóvenes, para nuestros niños y para cualquiera que hay sufrido una agresión” señala Araceli Ruiz.

“¡Solo pedimos ¡Justicia para mi hija!”, exclama Pedro Manuel Hernández Díaz.

Aumenta la desaparición de mujeres en CDMX, denuncian familiares y académicas

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Denuncian la negligencia de las autoridades para aplicar los protocolos de búsqueda

Sin resultados en el caso de Mariela Vanesa Díaz Valverde, a un año de su desaparición.

Elda Montiel

SemMéxico. Cd. de México. 29 de abril 2019.- La desaparición de Mariela Vanesa Díaz Valverde, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, hace un año, sin que las autoridades tengan ningún avance en las investigaciones, pone de manifiesto que el fenómeno de la desaparición de mujeres en la Ciudad de México va en aumento.

La negligencia de las autoridades para aplicar los protocolos en materia de desaparición de mujeres y jóvenes en la Ciudad de México para realizar la inmediata investigación, toma como excusa que se van por su voluntad y por problemas en el hogar, a pesar de que existe la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas desde 2017 y de las Recomendaciones por parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer (CEDAW) a nuestro país, desde 2012.

Gabriela Díaz, hermana de Mariela exigió respuestas a las autoridades, ya que ha pasado un año desde el 27 de abril de 2018 en que salió su hermana de su casa rumbo a Ciudad Universitaria,  no han tenido respuestas, y que todo ha sido a base de exigencias.

Detallo cómo proporcionaron datos a las autoridades que no tomaron en cuenta, como el que su celular dos días después de la desaparición seguía activo y no se realizó la geolocalización, y la familia no tuvo acceso a los videos de las cámaras de vigilancia, que la autoridad incluso llego a negar que existieran, a pesar de que la familia las había localizado.

La última ubicación del celular de Mariela en el Cerro de la Estrella en Iztapalapa, la hizo su familia a través de Google.   

A pesar de que se denunció de inmediato su desaparición, fue hasta el 4 de julio que el Comité Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM permite a la abogada Socorro Damián realizar la investigación y acompañar a la familia. Hasta el 25 de julio la reconocen oficialmente como persona ausente o extraviada y la línea de investigación que siguen es la de ausencia voluntaria. 

Socorro Damián lamentó que algo que parecía un fenómeno alejado de la Ciudad de México y que sucedía en otros estados del país, como es la desaparición de mujeres, ya es un hecho, pues también hay otras jóvenes reportadas como desaparecidas, sobre todo en la alcaldía de Iztapalapa.

Estaban presentes los familiares de Guadalupe Pamela Gallardo Volante, quien desapareció el 5 de noviembre de 2017 en el Ajusco, durante un festival de música, así como los de Viviana Elizabeth Garrido Ibarra, ingeniera de 32 años que desapareció el 30 de noviembre de 2018 afuera del Metro Ermita. 

Se informó también, que próximamente se realizaran cinco murales en los lugares donde desaparecieron Mariela Vanessa, Guadalupe Pamela Gallardo, y Viviana Elizabeth por un grupo de artistas universitarios, ya que los volantes de búsqueda son retirados casi de inmediato, y esto lo hacen para que tengan permanencia.

En el Museo de la Mujer, se llevó a cabo, el pasado 27 de abril, la mesa de análisis sobre “El fenómeno de la Desaparición de las mujeres en la Ciudad de México” que coordinó la maestra Lourdes Enríquez con el objetivo de hacer un frente común entre las diversas universidades, familiares y autoridades para buscar a las jóvenes desaparecidas.

Por su parte, Nelly Montealegre, subprocuradora de la Comisión a Víctimas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México,  reconoció que no existe justificación para que no haya resultados a  un año de la desaparición de Mariela Vanesa, y que existen muchos pendientes en la procuración de justicia, como lo es la aplicación de la Alerta Alba que es un mecanismo operativo para localización de mujeres desaparecidas establecida a partir de la sentencia de campo algodonero en ciudad Juárez, Chihuahua.

Reiteró los propósitos de colaboración por parte del a Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, y también estuvo presente el licenciado Carlos Frausto, Director de Derechos Humanos de la misma institución. 

Órdenes de protección se emiten a destajo y bajo un sistema caduco

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Seis casos con orden de protección, ahora son feminicidios en Jalisco

AI y CLADEM piden disculpa pública del gobernador por feminicidio de Vanessa

Analy S. Nuño

SemMéxico. Guadalajara, Jalisco. 29 de abril de 2019.- A pesar de que las órdenes de protección son un mecanismo de urgencia enfocado a salvaguardar la vida e integridad de las mujeres de acuerdo a su contexto y necesidades, en Jalisco éstas se emiten a destajo y sin análisis de riesgo ni seguimiento lo que ha derivado en graves consecuencias como los feminicidios de Vanessa, Alondra, Alexandra, Laura y Alondra Guadalupe.

Así lo señalaron Amnistía Internacional México y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), organizaciones que advirtieron que los seis feminicidios de mujeres que contaban con orden de protección en Jalisco son resultado de un sistema caduco que ha naturalizado la violencia de género y no ha dimensionado la problemática.  

“Hablamos de omisiones en este caso, no, es una práctica cotidiana, eso es lo más grave, no es aislado. Lo que paso con Vanessa es una práctica de un sistema caduco, de un sistema que no tiene perspectiva de género y donde la violencia contra las mujeres no se está viendo en su real dimensión, se sigue viendo como un caso, como privado, como aislado, cuando hay toda una problemática y una situación estructural y sistemática que ha permitido y naturalizado está violencia”, señaló Alejandra Cartagena de CLADEM.

La coordinadora de Análisis e Incidencia de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto indicó que el incremento de la violencia de género y los feminicidios tanto en México como en Jalisco se debe colocar en la agenda pública para así trabajar en una política pública preventiva -desde una análisis real y profundo de lo que está permitiendo el alza en los casos de violencia hacia las mujeres- hasta la erradicación de los estereotipos sexistas y conductas discriminatorias. 

En este sentido, refirió que la justificación en torno a que la violencia de género y los feminicidios corresponden a una problemática heredada es inaceptable todo vez que un gobierno asume la responsabilidad del estado, por lo que a su consideración la situación se debe tomar como una oportunidad histórica de reencauzar la política pública para encaminarla a garantizar la vida de las mujeres lo que implica desde la prevención hasta la atención y erradicación de la violencia de género.

Para ello, consideró, se debe diseñar un plan integral de reparación del daño para la familia, adoptar medidas que garanticen la no repetición de los hechos y ofrecer una disculpa pública por las omisiones cometidas.

“Vanessa no es la primer mujer con una orden de protección que es asesinada aquí en Jalisco, ella había acudido a interponer una denuncia por violencia doméstica, tenía una medida de protección y esa medida de protección no logró salvaguardar la vida de Vanessa. Es por eso que queremos hacer un llamado al gobernador del estado para que se disculpe públicamente asumiendo la responsabilidad que ha tenido el estado de Jalisco en el asesinato de Vanessa y otros feminicidios en el estado porque no es la primera vez que ocurre”, indicó Olivares Ferreto.

Hizo hincapié en que para que una orden de protección sea efectiva, al momento de emitirla el estado debe analizar todos los recursos que son necesarios para salvaguardar la vida de la mujer desde los recursos policiales y humanos hasta los materiales, pues cada uno de los casos es distinto.

“La política que ha desarrollado el Centro de Justicia para las Mujeres es de que todas las mujeres que denuncian violencia tienen una orden de protección, hay que tener cuidado con esa política porque se deben tener mecanismos eficientes para medir el riesgo y pensar que cuando el estado da una orden de protección está comprometido a salvaguardar la vida de esas mujeres, pensar cómo lo hace y cuáles son los recursos que se requieren para salvaguardar la vida de cada una de esas mujeres”, dijo.

Al finalizar, en el jardín de la residencia oficial del gobernador, con velas y flores se realizó un Circulo de seguridad Juntas hasta la vida, en homenaje a Vanessa Gaytán Ochoa, quien fue asesinada el 25 de abril pasado por su esposo mientras pedía auxilio a un custodio de Casa Jalisco y el escolta del fiscal general del estado.

Mujer ha denunciado en 4 ocasiones a su agresor, él se burla de ella

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La última ocasión, él se burló de ella a través de redes sociales, abusando de su condición de agente investigador.

Policía de Tlaquepaque no cumplió orden de protección.

Analy S. Nuño

SemMéxico. Guadalajara, Jalisco. 29 de abril de 2019.- Andrea, ha denunciado por violencia intrafamiliar a su pareja en cuatro ocasiones. La última ocasión, él se burló de ella a través de redes sociales, abusando de su condición de agente investigador.

Cuando estudiaba preparatoria, Andrea conoció a José Guadalupe y al poco tiempo empezó una relación con él. Unos meses después, la violencia en el noviazgo se hizo presente y Andrea lo denunció por primera vez.

Después hubo un arrepentimiento, una reconciliación y tres hijos. Fueron 8 años que vivieron juntos. La violencia intrafamiliar siempre estuvo presente.

Cansada de los golpes, en 2016 Andrea se separó de José Guadalupe pero alejarse de él no fue el fin de la violencia doméstica. Él no dejó de buscarla y golpearla. Esto derivó la segunda denuncia en 2017, sin embargo el miedo y el trabajo de él como agente investigador de la Fiscalía del Estado la orillaron a no continuar con la denuncia, que tampoco de oficio se siguió.

Al siguiente año la situación continuaba por lo que en febrero de 2018 volvió a denunciarlo por violencia. De nuevo, no pasó nada, en el Centro de Justicia para las Mujeres no hicieron investigación alguna ni dieron seguimiento al caso pese a las denuncias anteriores.

Este año, volvió a denunciar a José Guadalupe y creyó que las cosas habían cambiado pues esta vez si le otorgaron medidas de protección: policías de Tlaquepaque acudirían a su casa periódicamente para verificar que estuviera bien, pero solo lo hicieron en pocas ocasiones y en abril dejaron de hacerlo.

Su ex pareja aprovecho la omisión: en cuatro ocasiones fue a su casa y la golpeó. Cuando Andrea llamaba a la policía, ésta acudía media hora después, a pesar de la orden de protección.

El 17 de marzo, José Guadalupe de nueva cuenta volvió a la casa de Andrea, la amenazó y la golpeó hasta mandarla al hospital, según el parte médico le ocasionó un esguince en el cuello. La situación fue denunciada por Andrea en el Centro de Justicia para la Mujer donde abrieron el oficio 12358/2019 en el expediente iniciado desde inicio de 2019.

Esta situación fue motivo de burla para José Guadalupe, quién en sus redes sociales personales donde se hace llamar “Edgar Torres” publicó: “Fue a ponerme una denuncia en la Fiscalía y yo fui quien la atendió”.

El mensaje fue compartido por Andrea junto al parte médico y su testimonio. Tras hacerse viral su publicación, la Fiscalía del Estado aseguró que investigaría el caso.

Uno de cada tres niñas y niños no tienen educación preescolar.

Elda Montiel

  • 9.6 % de las mujeres jóvenes entre los 15 a 17 años cuentan con algún embarazo, ENADID 2014
  • Los niños representan el 30.1% de la población total del país, informó INEGI en el Día del Niño

SemMéxico. Ciudad de México. 29 de abril 2019.- México festeja el Día del Niño el 30 de abril desde 1924 y como miembro de la Convención de los Derechos de los Niños, desde 1990 se comprometió a proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que en nuestro país son un total de 38.8 millones, lo que representa el 30.1 % de la población total.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2018, en México residen 38.3 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, de los cuales 11.4 millones tiene cinco años o menos; 13.2 millones se encuentran en edad escolar, de 6 a 11 años y 13.7 millones son adolescentes de 12 a 17 años.

En éste contexto el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó un conjunto de indicadores sociodemográficos relacionados con el cumplimiento de los derechos de la población menor de 18 años en el país, como son los derechos a la salud, la identidad, la educación y a la protección para no ser explotados económicamente y el acceso a las tecnologías de la educación.

Destaca que la tasa de defunciones de menores de un año por cada mil nacidos vivos se redujo de 20.8 % en el año 2000 a 12.1% en 2016, de acuerdo a los datos del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG).

El acceso a la salud es un derecho de las niñas, niños y adolescente de acuerdo y de acuerdo a la Ley respectiva y ha sido un logro importante para México la sobrevivencia de menores en su primer año de vida, reducir la letalidad de enfermedades respiratorias, infecciosas y parasitarias como principales causas de muerte en las primeras cuatro décadas del siglo XX.

Sin embargo, este comportamiento no ha sido homogéneo para todas las entidades del país, en 2016, y los estados de Puebla con el 14.4 %; Campeche con 14.1%, y Tabasco con 14.0% presentaron las tasas más altas de mortalidad infantil a nivel nacional.

La UNICEF refiere que, en la primera infancia, más de la mitad de las muertes de niños mayores de uno y menores de cinco años se deben a enfermedades controlables mediante intervenciones simples y asequibles y en este sentido, los registros de estadísticas vitales del INEGI señalan que entre el año 2000 y 2016 la tasa de mortalidad en niños y niñas menores de 5 años en nuestro país pasó de 25.0 a 14.6 por cada mil niñas y niños nacidos vivos.

Cabe recordar que La Declaración de Ginebra de 1924 reconoce y afirma, por primera vez, la existencia de derechos específicos para los niños y las niñas, pero sobre todo la responsabilidad de los adultos hacia ellos. 

De acuerdo a los lineamientos de UNICEF-México, encargado de promover acciones en favor de la infancia, formuló desde 1998 el Índice de los Derechos de la Niñez (IDN), con la finalidad de observar de manera integral el estado que guarda la niñez en el país y desarrollar medidas sintéticas respecto al cumplimiento de los derechos establecidos en la Convención de los Derechos del Niño. 

Respecto a la población total de niñas, niños y adolescentes que en 2018 es de 30.1 % en comparación al Censo de Población y Vivienda del 2010 disminuyo, ya que era de 34.9% de la población total en el país tenía 17 y menos años.

El 86.9% de los niños en México se registran en el primer año de vida.

Dentro de los derechos de los niños es fundamental el derecho al registro ante la autoridad civil para tener acceso a servicios de salud y educación, así como a los beneficios de programas sociales básicos.

De acuerdo con el registro de nacimientos en 2017, de estadísticas vitales, del total de niñas, niños y adolescentes registrados, 86.9% fueron registrados durante su primer año de vida y el resto (13.1%) realizaron su registro en edades que van de uno a 17 años.

En educación preescolar no asisten 6.5 millones de niñas y niños.

A pesar de que en México la educación preescolar constituye la fase inicial del sistema escolarizado y es obligatorio, de acuerdo a los datos de la Encuesta Intercensal 2015, de los 6.5 millones de niñas y niños de tres a cinco años en el país, 35.8% no asisten a la escuela; es decir, uno de cada tres niñas y niños en edad preescolar no desarrollan sus capacidades en este nivel, lo que puede repercutir en su aprendizaje y socialización futura.

También es preocupante que, de acuerdo a los datos de la ENOE, al 4º Trimestre de 2018, 1.9% (133 mil  461) de las niñas y niños en edad escolar (de 6 a 11 años) no asiste a la escuela, situación que marca una seria desventaja para el desarrollo de sus capacidades futuras.

Respecto a los datos de la ENOE al 4º Trimestre de 2018, 1.1 millones de adolescentes de 16 y 17 años no asisten a la escuela, situación que pone en riesgo el desarrollo de su máximo potencial para las edades futuras; de estos adolescentes, 21.8% cuenta con algún grado aprobado en nivel primaria, 13.2% tiene secundaria incompleta y 62.8% han completado sus estudios de nivel secundaria.

275 mil menores de 6 a 11 años realizaron algún trabajo.

Por otra parte, datos del Módulo de Trabajo Infantil (MTI) 2017, estiman que 2.0% de las niñas y niños de 6 a 11 años de edad (275 mil menores de este grupo de edad) realizaron algún tipo de trabajo; de ellos, 37.3% son mujeres y el 62.7% son hombres.

De acuerdo al Artículo 32 sobre los Derechos de los Niños se establece que los Estados que signan este convenio reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica.

46.1 % de mujeres adolescentes no usaron métodos anticonceptivos.

El temprano inicio de las relaciones sexuales sin la debida protección expone a enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados que pueden alterar el proyecto de vida de las jóvenes adolescentes.

De acuerdo con la ENADID 2014, 46.1% de la población de mujeres adolescentes de 15 a 17 años que iniciaron su vida sexual, no usó algún método anticonceptivo, destacando que de ellas 16.9% no los utilizó porque no conocía los métodos y no sabía cómo usarlos, además de que no sabía dónde obtenerlos.

De acuerdo con la ENADID 2014, existe un importante porcentaje de mujeres jóvenes entre los 15 a 17 años que cuentan con algún embarazo, 9.6% de las adolescentes en este grupo de edad han estado alguna vez embarazadas, de las cuales 55.1% corresponde a las adolescentes de 17 años, 30.1% a las de 16 y 14.8% a las de 15 años.

14.3 millones de niñas, niños y adolescentes utilizan celular para conectarse a internet.

La Convención sobre los Derechos del Niño provee aspectos importantes relacionados con los derechos de la infancia y los medios de comunicación, así como a tener las condiciones adecuadas para desarrollar habilidades que los ayuden a forjar sus propias opiniones y que garanticen su derecho a la libertad de expresión.

Según datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2017, hay 14.3 millones de niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años; de esta población, 72.9% cuenta con un celular inteligente para acceder a Internet y 41.5% se conecta por medio de una computadora de escritorio.

Datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las TIC en los Hogares (ENDUTIH) 2017, muestra que los adolescentes de 12 a 17 años dedican gran parte del tiempo a navegar por Internet y al uso de redes sociales, principalmente Facebook (56%), Instagram (20%), Snapchat y Twitter (10%). Por sexo, destaca que los varones en este grupo de edad utilizan en mayor medida Twitter (56.3%), en tanto que las mujeres muestran igualmente una diferencia en el uso, tanto de la red social orientada a las empresas, negocios y empleo, Linkedin (60.4%), así como Snapchat (60.1%) como aplicación de mensajería con soporte multimedia de imagen y video.

Solo 11 de 23, instancias municipales, presentaron su informe trimestral de acciones a favor de las mujeres.

Josefina Aguilar Pastor,

Semméxico. Chilpancingo, Guerrero. 29 de abril de 2019.- Persiste la resistencia de funcionarios y funcionarias a participar para superar la Alerta de Violencia de Género (AVG), solo once de 23, instancias  municipales, que integran el Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del ayuntamiento de Chilpancingo, presentaron su informe trimestral de acciones a favor de las mujeres.

Este lunes se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria del Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del municipio de Chilpancingo, la cual es presidida por el Secretario General, Antonio Orozco Guadarrama, a la que fueron convocadas y convocados, los y las titulares de las distintas áreas municipales que conforman este órgano, y algunas estatales, entre ellas, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la Fiscalía General del Estado (FGE), y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero  (CDHEG).

Marina Reyna Aguilar, presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, hizo notar la ausencia de los titulares de las distintas dependencias municipales; situación que refirió, también se da en el Sistema Estatal, lo que provocó que la semana pasada, las representantes de las asociaciones civiles, decidieran retirarse de la sesión, por la falta de seriedad, interés y respeto a un problema tan fuerte en el Estado de Guerrero, y el municipio de Chilpancingo, como es la violencia hacia las mujeres.

Por ello, pidió al presidente y secretaria ejecutiva, hacer llamados de atención, incluso extrañamientos, a aquellos titulares de las instancias municipales que falten a las sesiones, también pidió que dichos funcionarios y funcionarias, designen a un solo suplente, para aquellas ocasiones que no puedan acudir, debido a que suelen enviar a una y otra persona, y no dan un seguimiento puntual ni de las acciones ni acuerdos establecidos.

Vianey Castorena Tenorio,  Síndica Procuradora, reconoció que  persiste una resistencia por parte del funcionariado, y junto con el Secretario General, Antonio Orozco Guadarrama, coincidieron en la necesidad de tomar medidas para que las y los titulares acudan a estas sesiones.

De las dependencias que presentaron informe, fueron las direcciones de Atención a la Mujer, de educación, Cultura y Artes, y diversidad sexual; de las Secretarías de Seguridad Pública, turismo, Finanzas y Administración, y de Servicios Municipales; las coordinaciones de Prevención del Delito y del Programa especial de Centros de Integración Familiar; del Instituto Municipal de la Juventud; de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia así como de la regiduría de participación de la mujer y Cultura.

No presentaron informe, la Segunda sindicatura, la Secretaría y de Desarrollo Social – de la cual no acudió la titular ni envió representante-, lo mismo que la Subsecretaría; Secretaría de Salud Pública; la dirección de comunicación social, y el DIF Municipal. La Primera Sindica Vianey Castorena, dijo que no presentaba un informe concretó, debido a que su área abarcaba todo.

Las y los representantes de cada una de las dependencias que acudieron, dieron a conocer las actividades que han realizado del mes de febrero, en que se reinstaló a la fecha.

En ésta misma sesión, aprobaron por unanimidad, la integración de dos nuevas organizaciones; “Kaniche Eslava”, y la “Coalición  Nacional de Mujeres Rurales”, representadas por Beatriz Eslava Borja y Erika Salinas Valadez.

Eslava Borja, también pidió respeto a la mesa de trabajo, por parte de los funcionarios y funcionarias, al señalar que la violencia en el municipio de Chilpancingo va al alza, y la indiferencia por parte de los encargados de aplicar las políticas públicas, en nada abona para superar la Alerta de Violencia de Género.

En los últimos tres años las agresiones sexuales contra menores de edad se incrementaron 39 por ciento.

Elda Montiel

SemMéxico. Ciudad de México. 29 de abril 2019.- La violencia que vive el país infringe por igual a niñas, niños y adolescentes, ya que tan sólo en lo que va del 2019 se han registrado 29 feminicidios en niñas y adolescentes, es decir cerca de 10 feminicidios al mes.

En el primer trimestre de 2019 ocurrieron 285 homicidios dolosos contra la población de cero a 17 años, de modo que cada día mueren tres menores víctimas de la violencia, señaló el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Juan Martínez Pérez García.

Quien agregó que en los últimos tres años las agresiones sexuales contra menores de edad se incrementaron 39%, ya que de 2015 de 2 mil 81 incidentes, en 2018 se elevó a 2 mil 919. Cifra que casi coincide con los 2 mil 809 denuncias por homicidios contra infantes reconocidos por Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

En este contexto de violencia, este 30 de abril nuestro país festeja a los 38.8 millones de niñas, niños y adolescentes que representan el 30.1 % de la población total del país y que como miembro de la Convención de los Derechos de los Niños se comprometió a proteger y promover sus derechos.

Ricardo Bucio fue más allá al informar que aumentó la grave incidencia en la pornografía y turismo sexual infantil, así como el incremento de lesiones hacia este sector de la población. Hay más de 305 % de aumento en éstas, por ejemplo, abuso sexual a niños menores de cinco años.

El funcionario reconoció que vivimos una situación que ha ido permeando el hecho de que se normalice la violencia y se hayan ido perdiendo los mecanismos de protección y anunció que el gobierno actual presentará acciones para combatir esta violencia en el que incluyen la participación de autoridades federales, estatales y locales, durante el Festival de los Derechos de la Niñez, que se realizó el fin de semana en el en el Complejo Cultural de Los Pinos.

De acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) son cinco estados los que concentran la mayoría de los incidentes registrados en 2018, encabezados por el Estado de México con 701 casos, Baja California con 320 casos, Nuevo León con 317, Puebla con 271, y Chihuahua con 218.

El defensor social se refirió a que el mundo jurídico no le da valor al testimonio de un menor, y por ley, ellos no pueden presentar una denuncia directa, sino que deben hacerlo su tutor o padres, y de acuerdo a las estadísticas, ocho de cada 10 abusos sexuales son cometidos por familiares.

Urgente Estrategia de prevención y atención de la Violencia contra niñas, niños y adolescentes.

Juan Martín Pérez García, director ejecutivo del REDIM, señaló que es urgente que el Estado establezca una estrategia de prevención y atención a la violencia contra niños, niñas y adolescentes, con apoyo de expertos internacionales y sociedad civil; sustentada en la ley, con responsables institucionales, y presupuesto.

Con lo que coincidió Sandy Poire, directora de Calidad y Asuntos Internacionales de Save the Children México, quien dijo que será muy importante que este gobierno implemente una medida política nacional y fortalezca el sistema judicial para proteger a los menores.  

Por su parte, Pérez García, destacó que de cada 100 carpetas de investigación donde las víctimas son niñas, niños o adolescentes, solo hay una sentencia condenatoria, apuntó “no vemos una estrategia diferente de los últimos tres presidentes, hay militarización y centralización en lo federal, no se fortalecen las policías locales y hay muy pocas carpetas de investigación, y cada día menos sentencias por delitos contra esta población.”

El director ejecutivo de REDIM ha señalado en diversas conferencias que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha priorizado a niñas, niños y adolescentes, sino que ha cancelado, cerrado o cambiado programas como el de instancias infantiles, los comedores populares, y el de jornaleros agrícolas.

Además de lo anterior se recortó un 16 por ciento al presupuesto del DIF nacional, lo que impacta a las procuradurías de protección de niños, niñas y adolescentes.

También se refirió a la firma del compromiso del entonces candidato Andrés Manuel, con las organizaciones que impulsaron #MXporLaNiñez el pasado 30 de abril de 2018, y comentó: “No hemos encontrado en su discurso, ni en la transición, ni ahora en la Presidencia, que priorice a la niñez.”, aunque confió que finalmente el presidente López pueda honrar su palabra y más allá de ese tema, tiene que saber que está obligado a cumplir las leyes y el marco normativo”.

Realizan vigilia por Vanessa y las víctimas de feminicidio en Jalisco

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Reclamaron la respuesta oficial de todos los funcionarios que han declarado respecto del feminicidio de Vanesa.

Confrontan a gobernador, exigen justicia y garantías de no repetición.

Analy S. Nuño

SemMéxico. Guadalajara, Jalisco. 28 de abril de 2019.- Familiares de víctimas de feminicidios y colectivos de defensa de los derechos de las mujeres realizaron una vigilia en memoria de Vanessa y las 70 mujeres asesinadas en 2019. Ahí confrontaron al gobernador.

Con velas y flores blancas instaladas a la puerta de Casa Jalisco -residencia oficial del gobernador-, familiares de Imelda, Alondra, Gaby y más víctimas de feminicidio así como feministas exigieron al gobierno un alto a los feminicidios, justicia en todos los casos y reestructurar todo el sistema de justicia que atiende la violencia de género.

Advirtieron que el feminicidio de Vanesa Gaytán Ochoa ocurrido el pasado 25 de abril en las puertas de Casa Jalisco, refleja a la perfección lo que ocurre en el estado cuando una mujer es violentada: «el Derecho a vivir una vida libre de violencia se ha vuelto una falacia en el Estado. No hay políticas públicas de prevención de las violencias y tampoco hay acceso a la justicia para las mujeres que las denuncian».

Reclamaron la respuesta oficial de todos los funcionarios que han declarado respecto del feminicidio de Vanesa, pues han evidenciado «la ignorancia y la falta de perspectiva de género» además de revictimizar a la víctima y a su familia.

Durante la vigilia se hicieron presentes el fiscal general Gerardo Octavio Solis; la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Fela Pelayo y el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, quienes dialogaron con las familias y los colectivos quienes hicieron diversos reclamos en torno a las investigaciones y las cifras maquilladas.

«No integran bien las carpetas, hacen mal las averiguaciones previas, no siguen los protocolos, no pasa nada, no hacen nada», señaló María Guadalupe Virgen, hermana de Imelda Virgen, víctima de feminicidio.

«Es falta de respeto, no escuchan, no nos están escuchando, no salgan a zecir cifras que no corresponden a la realidad, no son 13 son más de 70 feminicidios, más de 70 mujeres asesinadas es la cifra real ¿si la sabe fiscal? No se me quedé viendo así ¿qué realidad están ustedes reflejando? No están en Jalisco. Se los dije en una mesa de trabajo, te londije Fela, esas cifras no corresponden a la realidad», señaló Guadalupe Ramos Ponce, integrante de CLADEM Jalisco.

El gobernador Enrique Alfaro Ramírez salió de Casa Jalisco para atender la vigilia, sin embargo el encuentro se torno rispido debido a que las familias de víctimas de feminicidio y los colectivos reclamaron su omisión y exigieron justicia:

– «¡Ponte a trabajar y deja de hablar, nos están matando!». «Queremos seguridad no palabras, palabras y papeles en el escritorio no sirven», reclamó una mujer.

– «Se quedan en su casa», contestó Alfaro Ramírez.

– «Claro que estamos en nuestra casa, estás aquí porque te estamos pagando un sueldo para que cumplas con tu trabajo y nos están matando aquí en la puerta dónde deberíamos estar seguras, no queremos palabras», dijo otra mujer.

– «Estoy a sus órdenes. No quiero pelear, señora», respondió el gobernador.

– «No estamos peleando, estamos exigiendo justicia», dijo la señora.

– «Les prometo que voy a hacer todo lo posible», insistió el gobernador.

– «No queremos palabras, queremos acciones, los mecanismos no están funcionando», reviro la mujer.

En ese momento el gobernador se dio la vuelta para ingresar de nuevo a Casa Jalisco mientras los familiares y colectivos gritaban ¡justicia!

Durante la vigilia, Alejandra Cartagena de CLADEM, explicó que el estado está obligado a reparar el daño en el caso de Vanessa así como todos los feminicidios que se han registrado, pero sobre todo garantizar la no repetición.

«El estado, no solo los feminicidas, se tiene que hacer cargo de reparar el daño a todas esas familias que sufren la pérdida de una hermana, una madre, porque el estado tiene la obligación de garantizar la verdad, la justicia, la reparación y sobre todo garantías de no repetición, en la recomendación de Alondra se señalaba garantías de no repetición y ahí están las garantías matan a Vanessa a las puertas de Casa Jalisco, si te matan en Casa Jalisco que puede pasar en nuestras casas, en la calle, cuando estamos solas y no hay una sola medida real y clara de protección a las mujeres», puntualizó.

Vanessa Gaytan Ochoa, fue asesinada el jueves pasado por su esposo Emmanuel Ramírez, afuera de Casa Jalisco a dónde llegó para solicitar auxilio debido a que este la iba siguiendo. En 2017 denunció la violencia intrafamiliar que vivía, fue hasta febrero de este año cuando se le otorgó una orden de protección. 59 días después, Emmanuel la asesinó frente a un custodio de Casa Jalisco y el escolta del fiscal general.

El valor del voto

No vivimos en una democracia perfecta, pero caminamos hacia una democracia paritaria

He mirado a la gente votar mientras esperaba mi turno y he reflexionado sobre la importancia de vivir en una democracia.

LA OPINIÓN

Teresa Mollá Castells

SemMéxico. 28 de abril 2019.- Acabo de volver del colegio electoral donde he depositado mis votos. Antes de ir a votar he intentado ponerme a escribir como cada domingo alterno y, la verdad es que no conseguí centrarme en escribir nada. Me sentía nerviosa, como con algo importante pendiente. Y era la intranquilidad de no haber votado.

He mirado a la gente votar mientras esperaba mi turno y he reflexionado sobre la importancia de vivir en una democracia. Había mujeres, criaturas jugando en el patio del colegio, personas mayores que llegaban con sus andadores, hombres y mujeres con sus credenciales de interventores y apoderados de distintos partidos pero conversando con total naturalidad. Y el voto de cada una de esas personas tiene exactamente el mismo valor. No existen diferencias más que en la opción política que se elija. Nada más. El voto de una empresaria vale lo mismo que el de un peón de limpieza viaria.

Sé que no vivimos en una democracia perfecta. Soy consciente de la corrupción, de los intereses partidistas, de las influencias de los mandatos de Europa, etc. Pero en días como hoy hay que recordar a todas las personas que hicieron posible que hoy podamos votar en paz. Y que nuestro voto pueda llegar a ser decisivo.

Después de cuarenta años de democracia, vemos que todavía no estamos a salvo de gentes que defienden aquel régimen criminal y que pretenden imponer políticas como las del dictador. Ejercer el derecho al voto nos ha de permitir relegar esas políticas al pasado.

Y en menos de dos meses hemos de votar de nuevo. Por eso es importante recordar que, más allá del sentido de nuestro voto que también ha de ser importante, hay que ir a votar.

Nos jugamos mucho en cada proceso electoral, pero el valor de la democracia también se debe medir por la participación de la gente yendo a las urnas. Y la abstención por desencanto o por cualquier otro motivo que no sea causa mayor, es responsabilidad de toda la sociedad, porque todas y todos con nuestras actitudes personales podemos influir en el conjunto de personas de nuestro alrededor motivándolos para que voten. Que lo hagan en el sentido que crean más oportuno, pero que lo hagan.

No voy a negar que los partidos tienen gran responsabilidad en parte del desencanto que sentimos parte de la ciudadanía. De eso no hay ninguna duda. El sectarismo con el que se muestran, su maquinaria interna, su forma de machacar a personas discrepantes, el dolor que pueden llegar a causar a mucha gente, las mentiras que cuentan en las campañas, el desprecio a la diferencia, la total falta de ética en el trato al adversario político, incluso la falta de respeto a quienes opinan de diferente manera, son motivos que nos pueden llevar al hartazgo y a pensar que todos y todas son iguales. Y eso es, esencialmente, una falacia.

El valor del voto radica en que podemos decidir entre por ejemplo fascismo y democracia, entre igualdad de oportunidades y de acceso a los recursos o privatización y desigualdad en función incluso del peso de nuestro bolsillo. Que tengamos unos servicios públicos fuertes y de calidad que sean redistribuidores de la riqueza o que seas atendido (o no) en función de tu bolsillo.

El valor del voto está en que nos iguala a toda la sociedad y nos permite recordarnos que cada voto es de una persona y nadie que no sea yo misma puede decidir por mí.

Ahora ya más tranquila por haber votado me permito recordar a todas las mujeres que lucharon por el voto femenino. De las sufragistas de las que se burlaban, detenían, torturaban y alimentaban a la fuerza cuando se ponían en huelga de hambre, de Clara Campoamor y de su discurso. Gracias a todas ellas y a otras tantas anónimas, hoy tenemos del DERECHO al voto. Pero también la obligación, puesto que de lo contrario corremos el riesgo de que intenten silenciar nuestras voces como ya lo estuvieron casi cuarenta años.

No, no vivimos en una democracia perfecta, pero caminamos hacia una democracia paritaria que, pese a todo, nos permite, en días como hoy, dar nuestra confianza a aquellas personas y partidos que mejor nos pueden representar en las instituciones.

Feliz jornada y noche electoral!!!

tmolla@telefonica.net

La PGR, CNS y las Secretarías de la Marina y Defensa Nacional, las más señalas por violencia y tortura.

Elda Montiel
SemMéxico. Ginebra, Suiza.26 de abril 2019.- La necesidad de que México cuente con un Programa Nacional contra la Tortura y un Registro Nacional de Detención de Personas, así como la adecuada aplicación de la Ley contra la Tortura, fue expuesta ante el Comite de la ONU contra la Tortura (CAT) por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en Ginebra, Suiza.

En el marco del 66 Periodo de Sesiones del CAT y la séptima revisión periodíca de nuestro país, la CNDH señaló que en el contexto de violencia y tortura que vive nuestro pais, las autoridades más señaladas son, la entonces, Procuraduría General de la República- ahora Fiscalía General-, la Comisión Nacional de Seguridad y las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional.

Como organismo independiente y autónomo, la CNDH entregó al CAT la información relacionada con las Recomendaciones por Violaciones Graves a Derechos Humanos que ha emitido, en las cuales la tortura es una constante, como son, entre otros, los casos de Nochixtlán y la Recomendación del Caso Iguala sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos”, la cual representa uno de los asuntos más ominosos de violación a los derechos fundamentales en nuestro país.

Reiteró al organismo internacional que observará y analizará la normativa secundaria de la Guardia Nacional, que recientemente se creó, y destacó que ha urgido al Estado mexicano a contar a la brevedad con un Programa Nacional contra la Tortura y con un Registro Naciónal de Detención de Personas, que tenga metodología homologada para lograr datos estadísticos confiables.

Otro aspecto que destacó el organismo de derechos humanos, fue respecto de la reforma al artículo 19 de la Constitución Política de México, ya que lo considera un retroceso por el riesgo de vulneración del principio de presunción de inocencia.

Especial mención fue la violencia obstétrica y se resaltó la importancia de que las autoridades médicas cumplan con la Recomendación General 31/2017 sobre la violencia obstétrica en el Sistema Nacional de Salud, emitida por la CNDH.

En éste contexto, se reiteró la importancia de que los servicios periciales sean independientes y autónomos, particularmente en lo que se refiere a la aplicación del Protocolo de Estambul.

Respecto a las personas privadas de su libertad se hizo notar que sólo 15 entidades federativas cuentan con centro penitenciario para mujeres y la necesidad de que cada estado cuente con uno. Así como las personas internas en instituciones de salud mental y psiquiátricos sufren malos tratos, lo que también ocurre a las personas con discapacidad o retenidas en estaciones migratorias.

La reparación del daño a las víctimas y las garantías de no repetición, también fueron temas abordados, en los que se destacó la urgencia de que el gobierno de mexicano los atienda.

Una de las insistencias al gobierno mexicano es el respeto a las cuatro garantías al momento de la detención: los derechos a ser asistido por un abogado, a tener un examen médico, darle a conocer sus derechos y acceso a ellos, y a comunicarse con una persona de su confianza para darle a conocer dónde se encuentra, el motivo de su detención.

La CNDH coincidió con los miembros del Comité de que la capacitación a los servidores públicos, sea evaluada y se mida el impacto de la eficacia de los mismos. Toda vez que, la adecuada capacitación debe llevar a la modificación de conductas violatorias de los derechos humanos.

En esta reunión privada en que la CNDH amplió la información proporcionada al Comité en preparación para el Séptimo Informe del Estado mexicano participaron la Tercera Visitadora General, Ruth Villanueva Castilleja; la Secretaria Ejecutiva, Consuelo Olvera Treviño, y la Directora Ejecutiva del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Ninfa Delia Domínguez.

Violencia, inseguridad y corrupción son los temas que preocupan a niñas, niños y adolescentes: Lorenzo Córdova

Redacción
SemMéxico. Ciudad de México. 26 de abril 2019.- El Instituto Nacional Electoral (INE) pondrá a disposición del Poder Legislativo, del Gobierno de la República, legisladores locales, instituciones de gobierno y sociedad civil, los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, a fin de que las opiniones de este sector se traduzcan en políticas públicas y tengan consecuencias para la convivencia democrática.

Así lo anunció el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, al presentar los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, realizada durante 9 días en noviembre pasado. “Es mediante la generación de sinergias entre las instituciones del Estado, organismos autónomos, organizaciones de la sociedad, y con el apoyo de especialistas que lograremos encauzar y engarzar la cultura cívica con el perfeccionamiento de nuestros procedimientos democráticos”, afirmó.

Ante la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; del Representante de UNICEF en México, Christian Skoog; las presidentas de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de las Cámaras de Diputados y de Senadores, Rosalba Valencia Cruz y Josefina Vázquez Mota, respectivamente; la abogada general de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Mónica González Contró; la Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, María del Rocío García Pérez; el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Ricardo Bucio Mújica, y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, Córdova Vianello mencionó que a lo largo de 21 años la autoridad electoral nacional ha organizado ocho consultas para conocer la opinión de las niñas, niños y los jóvenes menores de 18 años sobre distintos temas que influyen en su forma de vida, pues “queremos que se acostumbren a opinar y a participar en los asuntos colectivos, pero también a exigir que su voz sea escuchada”.

Lorenzo Córdova subrayó que el INE es la única institución del Estado mexicano que realiza ejercicios tan amplios de consulta a niñas, niños y jóvenes, pero también asume que sus resultados ni son del INE, ni suponen responsabilidades sólo para el Instituto.

“Las opiniones de las y los millones de chicas y chicos que participaron reflejan también que los avances logrados en nuestra convivencia democrática no sólo son insuficientes, sino que la problemática que generan la violencia, la inseguridad y la corrupción como problemas estructurales de la sociedad mexicana, está permeando las precepciones sobre lo que les importa y les preocupa a nuestras niñas, niños y adolescentes”, señaló.

Enfatizó que la precepción de la gravedad de la violencia entre los más chicos es mayor respecto a los más grandes, “y eso es un signo de alerta, porque una sociedad en la que la violencia se asume como algo normal y natural es una sociedad en la que la democracia encuentra mayores dificultades para arraigarse”.

La democracia agregó, también supone entender que quienes todavía no adquieren el estatus de ciudadanía, no solamente son parte de la sociedad y sufren las consecuencias de las decisiones, sino que también tienen el derecho de opinar y ser tomados en cuenta, por lo que los trabajos de la Consulta no terminan hoy.

Enseguida, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero sostuvo que este gobierno busca establecer condiciones para que la niñez y la juventud se desarrollen libre y plenamente, por lo que entender y atender las necesidades de niñas, niños y adolescentes es fundamental para que México cuente con un mejor presente y avance hacia un futuro próspero.

La Secretaria de Gobernación apuntó que los resultados de este ejercicio son información de alto valor para formular y aplicar políticas públicas más certeras. Consideró que los temas alrededor de la Consulta son de vital importancia, “han hablado –dijo— de las niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos, se ha hablado también de la perspectiva de género, del derecho al juego, a la paz como derecho humano; se ha hablado también de su participación”.

Por su parte, el Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, expuso que la entrega formal de este reporte es un paso más en la formación de una ciudadanía informada, deliberativa y exigente. Dijo que en las 21 mil 88 casillas que se instalaron en todo el país, se logró captar la opinión de 5 millones 671 mil 384 niñas, niños y adolescentes divididos en tres grupos etarios: de seis a nueve años, 10 a 13 años y 14 a 17 años.

A través de las boletas impresas se registró una participación de 5 millones 29 mil 746; de éstos, 412 mil 850 niñas y niños participaron a través de una herramienta en línea; las boletas se tradujeron a las lenguas indígenas mixe, mixteca, náhuatl, otomí y tlapaneca; además, se proporcionaron 15 mil mascarillas en sistema braille; se pusieron a disposición hojas de expresión básica para quienes no pueden escribir, sin importar la causa, pudieran expresarse.

Llaman a tomar la Consulta como insumo del Plan Nacional de Desarrollo

El Representante de UNICEF en México, Christian Skoog, subrayó que cuando los niños cuentan con espacios de participación y sus voces son tomadas en cuenta, al interior de sus hogares, con sus familias y directamente en sus escuelas y comunidades, están ejerciendo sus derechos y se vuelven agentes de cambio que contribuyen a mejorar la sociedad y al desarrollo del país.

Añadió, “El espíritu de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, está totalmente en línea con el derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes”. Por lo que advirtió, que perdería credibilidad si los niños deciden que no pasa nada con sus opiniones, “así que esperamos que sea uno de los insumos prioritarios a tomar en cuenta en el Plan Nacional de Desarrollo”.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, coincidió con el representante de UNICEF al llamar a todos los actores públicos a revisar los resultados de este ejercicio de participación nacional, y especialmente a los gobiernos federal y estatales, para que sean insumos primordiales en sus planes de desarrollo y, sobre todo, en el Plan Nacional de Desarrollo.

Con ello pidió que se diseñen e implementen políticas nacionales con enfoque de derechos y perspectiva de género, que garanticen mejores condiciones de vida para personas menores de 18 años.

Se comprometen legisladoras a trabajar a favor de la niñez

La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la República, Josefina Vázquez Mota, dijo que hoy más que nunca, la protección de los derechos humanos debe iniciarse desde los primeros días de vida y la Consulta muestra la realidad que viven miles de niñas y niños en el país.

Confió en que los resultados de la Consulta -que se presentarán el próximo 30 de abril al Senado de la República- “nos deben ayudar y comprometer a ser constructores de la paz, para que el hogar y la escuela, lejos de ser un sitio de amenaza y de violencia, sea el de realización humana y el espacio privilegiado de construcción de la paz”.

A su vez, la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de las Cámara de Diputados, Rosalba Valencia Cruz, indicó que los resultados muestran la problemática que vive este sector, por lo que se comprometió a trabajar y legislar en temas como los que hoy muestra la Consulta y dotar de las mejores herramientas e instrumentos que ayuden a salvaguardar el interés superior de la niñez.

Las opiniones de la niñez mexicana reflejan lo que piensa una parte importante de la población, señaló también la abogada general de la UNAM, Mónica González Contró, quien fue designada por el Consejo General para participar en el diseño de la Consulta.

“Si efectivamente aspiramos a que las niñas y niños hayan expresado su opinión y ésta sea tomada en cuenta, necesariamente esto tiene que bajar y delinearse en las políticas y en la agenda de los tres poderes de la Unión, de los órganos constitucionales autónomos, de los tres niveles de gobierno”, por lo que celebró la presencia de representantes de los tomadores de decisiones en México.

Los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018 se encuentran el siguiente vínculo:

https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2019/04/Resultados_Consulta_Infantil_y_Juvenil-2018.pdf

SEM/IL

Estuvo de visita en Veracruz, dio el pésame a los familiares de las víctimas en Minatitlán y anunció la llegada de la GN.

Ana Alicia Osorio,

SemMéxico. Veracruz. 26 de abril 2019.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acudió a Veracruz para hablar de seguridad pero no hizo ninguna mención de la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo Orea y sus dos acompañantes que fueron asesinados la noche del miércoles.

Aunque llegó a la zona sur para presentar la estrategia de seguridad, solamente se refirió al caso donde trece personas fueron asesinadas en Minatitlán, pero no así a la alcaldesa.

Maricela Vallejo Orea era presidenta municipal de Mixtla de Altamirano ubicada en la zona centro del estado de Veracruz y abanderada por el Movimiento de Regeneración Nacional.

Aunque en algún momento decidió apoyar a la oposición (el PAN), nunca renunció al partido que la llevó al cargo de elección popular e inclusive había sido cercana al actual gobierno del estado (también de Morena) durante la presentación de la estrategia para erradicar la violencia contra las mujeres.

Sin embargo, el presidente no hizo referencia a ella ni siquiera por esa cercanía o la similitud del partido.

Ello pese a que múltiples voces tanto de familiares como de activistas han alzado la voz para pedir justicia por el asesinato de la presidenta municipal.

“Mi pésame a los familiares de las víctimas en Minatitlán, decirles que se está haciendo una investigación, no es de que ya se cometieron estos crímenes y no pasa nada. No, tiene que haber justicia, todos tenemos derechos a vivir en paz”, indicó durante su discurso.

Allí también anunció la llegada de la Guardia Nacional a la zona sur, que desde hoy está patrullando la región y sostuvo que llegaron poco más de mil elementos a la zona.