Inicio Blog Página 1650

Asesinatos de Pamela Terán y Sol Cruz Jarquín son feminicidios

  • Se confirma lo que desde hace un año hemos exigido: Soledad Jarquín

Redacción

SemMéxico. Oaxaca de Juárez, Oax., 7 junio de 2019.- La reciente resolución emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca es una muestra de lo que hemos planteado desde el principio sobre la investigación hecha por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca. Se observa que ésta se efectuó sin perspectiva de género y, por tanto, no fueron considerados los asesinatos de Pamela Itzamaray Terán Pineda y María del Sol Cruz Jarquín como feminicidios y tampoco dentro de un contexto de violencia política.

Así lo afirma la madre de María del Sol Cruz Jarquín, la periodista Soledad Jarquín Edgar, quien señala que el Fiscal General de Justicia de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, hizo durante el último año caso omiso a los señalamientos que en ese sentido hizo ella y organizaciones feministas y de periodistas. “Por el contrario en mi caso he recibido descalificaciones por parte de Vasconcelos Méndez”.

Estamos frente a hechos de dilación de la impartición de  justicia, porque a un año del triple asesinato sólo una persona se encuentra vinculada a proceso, lo que ocurrió el pasado 2 de junio, en tanto que una persona más no fue vinculada, hecho que revela -como dice el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca-, una “deficiente y negligente investigación” sobre lo ocurrido la madrugada del 2 de junio de 2018 en la localidad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, en la región del Istmo de Tehuantepec.

Todas estas omisiones, sin duda perversas, dan como resultado la violación a los derechos fundamentales de las víctimas por parte de la Fiscalía, como ya hemos dicho, reitera Jarquín Edgar, quien recuerda que la Fiscalía, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales no ha vinculado la carpeta de investigación por probable delito electoral de los hermanos Montero López, misma que está concluida de acuerdo con la fiscal especializada en Delitos Electorales, Araceli Pinelo López desde agosto pasado.

El Tribunal explica con argumentos claros y en base a la normatividad nacional e internacional que la Fiscalía de Oaxaca no realizó como correspondía su trabajo, el mismo que deja hasta hoy en la impunidad el feminicidio de María del Sol, quien fue obligada por el titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas de Oaxaca (hoy Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano), Francisco Montero López, del gobierno estatal que encabeza Alejandro Murat Hinojosa, de donde ella era jefa del Departamento de Comunicación Indígena e Intercultural, a sabiendas que cometía un delito electoral, porque fue designada para apoyar con su trabajo profesional, como fotógrafa y videasta, la campaña política de Hageo Montero López, candidato del PRI-PVEM-PNA a la presidencia municipal de Juchitán de Zaragoza. Es decir, usando recursos públicos, penados por la ley

Al igual que el Tribunal de Oaxaca, hemos planteado que en ese contexto el crimen de la concejala con licencia e integrante, en segunda posición, de la plantilla del entonces candidato Montero López, así como el de mi hija, deben ser considerados como feminicidios en un contexto de violencia política de género “que puede catalogarse como un feminicidio por desprecio u odio hacia esas víctimas, contempladas así en el artículo 411 fracción VII…del Código Penal del Estado, y no sólo acreditar un hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado con ventaja, como al final de cuentas ocurrió”, refiere Jarquín Edgar quien cita la resolución de emitida por la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.

Por otro lado, la periodista Soledad Jarquín Edgar dijo que después de la protesta exigiendo justicia para María del Sol Cruz Jarquín en la capital oaxaqueña el pasado sábado, junto con organizaciones de la sociedad civil, feministas y defensoras de derechos humanos ha sido objeto de ataques del Fiscal General de Justicia, Vasconcelos Méndez quien ha señalado a la prensa: “…En respuesta, el Fiscal dijo que ”es compromiso de la Fiscalía General con la sociedad oaxaqueña no dejar que se afecte el trabajo técnico con presiones diversas que manipulan información con objetivos personales, económicos, políticos o de otro tipo distintos al de la justicia””. (https://pagina3.mx/2019/06/dice-fiscal-que-no-cede-a-presiones-que-manipulan-informacion-con-objetivos-personales-economicos-y-politicos/)

De igual forma, afirmó que es ampliamente conocido que desde la Fiscalía se utilizan “boots” para desacreditar toda acción de protesta, exigencia o demanda de justicia por parte de las familias o de organizaciones no gubernamentales frente a los nulos resultados, lo que ha hecho tal instancia gubernamental poniéndola en riesgo, por lo que responsabilizó al gobierno de Oaxaca en caso de que algo le ocurra a ella, a su familia y a las personas cercanas a ella.

Cierra el primer refugio para mujeres en Guanajuato

0

Una de las entidades con mayor grado de violencia hacia las mujeres.  

Elda Montiel

SemMéxico. Guanajuato. 7 de junio de 2019.- Por falta del recurso federal cerró el único refugio para mujeres víctimas de violencia en la ciudad de Guanajuato, después de 18 años de trabajo, y con cuatro familias resguardadas. 

El refugio “Formación de la Joven Guanajuatense” es el primero en cerrar, el pasado 31 de mayo, cuando la Secretaria de Salud no aprobó su proyecto para recibir el recurso federal por el que concursaron en la convocatoria a cargo del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR).

El pasado 15 de mayo notificaron al refugio que este 2019 no recibirán los 5 millones de pesos que solicitaron para funcionar con el argumento de falta de personal que observó la autoridad cuando realizó una visita, personal que no pudieron solventar ante la falta de recursos.

Cuando es conocido que los refugios funcionan, los primeros meses del año, sin el recurso por el retraso en la entrega del fondo etiquetado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), el cual este año asciende a 346 millones 482 mil 708 pesos.

Adriana Arroyo Florentino, ex directora del refugio informó que ninguna de las cuatro familias que estaban resguardadas aceptaron ser trasladadas a un refugio de otra entidad para comenzar de cero en su proceso, por lo que están en riesgo. No se trata dijo, del cierre de un refugio, se trata de salvaguardar su vida. 

Arroyo Florencia respecto al cierre del refugio que estaba a cargo de la organización civil con el mismo nombre,manifestó su preocupación por que el resto de los centros que salvaguardan vidas de mujeres y están a cargo de la sociedad civil corran la misma situación, ya que están trabajando sin recursos desde hace cinco meses. 

La grave situación de violencia contra las mujeres en Guanajuato está documentada, ya que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reporta 5 víctimas de posible feminicidio en la entidad y 94 mujeres víctimas de posible homicidio, en lo que va del año. Así como la segunda entidad con el mayor número de mujeres que presentan lesiones dolosas, 2 mil 188 en el mismo periodo.

El refugio “Formación de la Joven Guanajuatense” recibía a mujeres y sus familias de varios municipios de la entidad, ya que, desde hace seis años, cuando cerró el otro refugio del gobierno estatal, era el único en la capital del estado. Se tiene conocimiento de que sólo existen dos refugios restantes en la entidad que pertenecen al gobierno.

La Procuraduría de Justicia local y los Institutos de las Mujeres municipales eran quienes canalizaban los casos hacia el refugio, el que tenía una capacidad para albergar a siete familias hasta abril de este año. 

Los cambios anunciados por el Ejecutivo federal a principios de año de no trasladar recursos públicos a organizaciones de la sociedad civil provocaron que parte del personal determinara irse por falta de pago.

El personal que se quedó lo hizo por el compromiso en el acompañamiento de víctimas, ya que la atención de casos de violencia de género requiere una atención integral por parte de psicólogas.

Otro argumento de la autoridad para no autorizar el recurso, es que los niños y niñas no acudían a las escuelas públicas del municipio, lo que constituye un riesgo para los niños y las madres ante la posibilidad de que los agresores los busquen.

En el refugio “Formación de la Joven Guanajuatense” había una maestra que se encargaba de la educación personalizada a cada niño y niña, pero no se consideró.

Arroyo Florentino, tras señalar que las cuatro familias que salieron del refugio, permanecen en monitoreo por parte de las autoridades, y otras mujeres, ex usuarias del refugio, tuvieron que ser referidas a las instancias gubernamentales para continuar con su tratamiento psicológico que recibían en el centro de atención externa.

Explicó que los centros de atención son la cara pública de los refugios, donde permanecen las mujeres sus hijos e hijas por tres meses. Para el centro se solicitó 1.5 millones de pesos, recurso que también se negó.  

Arroyo Florentino dijo que, aunque se aseguró la continuación del tratamiento de las mujeres, no será el mismo servicio integral y especializado que recibían en el centro.

No hay opción de que el refugio vuelva a funcionar, ya que, sin financiamiento federal, municipal o estatal, el consejo directivo de la organización civil manejada por religiosas decidió su cierre definitivo, mientras que la Red Nacional de Refugios (RNR) a la que pertenecía el centro,también lamentó su cierre, en un comunicado

De acuerdo a datos de la Red Nacional de Refugios (RNR) señalan que al 80 por ciento de los 41 refugios y 39 centros de atención extrema que conforman la Red, la Secretaría de Salud se les notificó que ya fueron aprobados sus proyectos inscritos a la convocatoria que emitió para que reciban el subsidio federal, pero con recortes de uno a dos millones de pesos respecto al fondo que recibieron el año pasado. 

Si se agrega la situación de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha prolongado la entrega de éstos recursos lo que pone en riesgo la existencia de los mismos.

Cabe recordar que después de varias negociaciones y protestas por parte de las organizaciones feministas y de la sociedad civil los refugios para mujeres víctimas de violencia son los únicos proyectos que han esquivado la medida del presidente Andrés Manuel López Obrador de no entregar recursos a organizaciones civiles. 

Necesario consolidad más herramientas para garantizar la justicia para las mujeres y niñas

Redacción

SemMéxico. Cd. de México. 05 de junio 2019.- Con el objetivo de presentar el diagnóstico sobre la violencia feminicida en México y diseñar una metodología que sirva para la revisión de los casos de homicidios dolosos y feminicidios, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Fiscalía General de la República llevaron a cabo el Taller Nacional de “Acceso a la Justicia para las Mujeres y las Niñas en Casos de Muertes Violentas”.

En la inauguración, Nadine Gasman, presidenta del INMUJERES expresó: “estamos ante el reto de homologar los conceptos, la tipificación y la técnica jurídica para sancionar adecuadamente los delitos de género, en el marco jurídico mexicano para conseguir que el principio de igualdad entre mujeres y hombres sea efectivo, no solo en las leyes sino en su aplicación”.

Por su parte Sara Irene Herrerías Guerra, Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Fiscalía General de la República (FGR), comentó la necesidad de avanzar en una adecuada procuración de justicia que lleve a una sanción justa del delito, la cual tiene que estar orientada por una investigación que identifique todos los actos que llevaron al feminicidio; “no podemos dejar de atender todas las demás violencias contra las mujeres, ya que una respuesta poco oportuna puede culminar en un feminicidio”.

En tanto, Candelaria Ochoa Ávalos, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) hizo un llamado a las fiscalías para enfocarse en mejorar las carpetas de investigación, ya que estas “son prioridad para alcanzar justicia. Las carpetas de investigación no han pasado la prueba para que las mujeres obtengan justicia ante un crimen, ya que hay una gran impunidad y omisión en esta materia”.

Las funcionarias destacaron que el problema de la violencia contra las mujeres es un fenómeno que se da en todas las etapas de su vida como lo muestran los siguientes datos:

  • A nivel nacional 4.4 millones de mujeres mayores de 15 años sufrieron violencia sexual durante su infancia.
  • 45% de las mujeres de 15 años y más han vivido, por lo menos, un incidente de violencia durante el último año.[

Asimismo, coincidieron en que si bien hay avances en la armonización legislativa con perspectiva de igualdad de género en las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de todas las entidades federativas y en la legislación que tipifica el feminicidio, la realidad es que la existencia de la ley, por sí sola, no garantiza su efectiva aplicación.

En ese contexto, destacaron que la justicia debe mirar a las mujeres y acercarlas a la igualdad sustantiva, y para lograrlo, la perspectiva de género es una herramienta fundamental para garantizar una respuesta judicial idónea, inmediata y oportuna para las mujeres.

“Todavía enfrentamos barreras que superar para hacer del derecho a la justicia un derecho y no un privilegio. Justicia significa, también tener acceso a la salud, la educación, el empleo, la cultura y a vivir sin violencia. El Gobierno de México asume como nunca, su responsabilidad primaria de garantizar la seguridad, la protección de la vida de las mujeres y la construcción de procesos de paz”, concluyó Gasman.

Las funcionarias de las instituciones convocantes al taller reiteraron su compromiso para dar acompañamiento a las y los agentes del ministerio público, peritos, juezas y jueces, policías e investigadores, personal de trabajo social y de salud, para que cuenten con las herramientas indispensables para atender los casos de violencia contra las mujeres.

Al Taller asistieron titulares de mecanismos de igualdad de género de 26 entidades federativas y 42 fiscalías de todo el país, así como funcionarias y funcionarios de la Administración Pública Federal.

SEM/IL

Retiran de sus cargos a dos funcionarios de la Universidad Policial por abuso sexual

El Rector y el Director General de Adiestramiento, de la Universidad Policial (Unipol), fueron retirados de sus cargos. 

Josefina Aguilar Pastor 

SemMéxico. Chilpancingo, Guerrero.  5 de junio de 2019.-  El Rector y el Director General de Adiestramiento, de la Universidad Policial (Unipol), fueron retirados de sus cargos, en tanto se desarrollan las investigaciones respecto a la denuncia hecha por mujeres cadetes, a través de redes sociales, de supuesto abuso sexual, informó el Secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca, quien aseguró que el 80 por ciento de los elementos de la corporación, han sido capacitados con perspectiva de género.

En conferencia de prensa en la que anunció la detención de supuestos integrantes de un grupo delictivo, el responsable de la seguridad publica en la entidad, dio a conocer que dicha corporación cuenta con 4 mil 200 elementos operativos por parte de la Secretaría, y mil 200 administrativos,  de los cuales “en su mayoría”, dijo, el 80 por ciento, han sido capacitados o “por lo menos han ido a un curso en perspectiva de género”.

Al hacer referencia a la denuncia hecha por cadetes, y las publicaciones sobre la misma, Portillo Menchaca dijo que no considera que haya agresión sexual en contra de las denunciantes, pero sí apuntó, la nota “es de índole de acoso con enfoque lascivo, esa es mi consideración”.

Al momento aseguró que no cuenta con una denuncia formal por parte de las supuestas afectadas, ni victima identificada, lo que conoce, es lo publicado en los medios de comunicación “yo fui a la Unipol, me entrevisté con algunos instructores, por supuesto con las cadetes, y les manifesté que tiene todo el apoyo del Secretario para que ésta investigación se lleve a cabo de manera puntal y objetiva”, les habría dicho.

Sin embargo, dijo que luego de conocer la denuncia, tomó la decisión de retirar de sus cargos, al rector de la Unipol, y al Director General de Adiestramiento – capitán Néstor Cruz Rosalino, el directamente denunciado-; como medida cuartelar para que las investigaciones se lleven de manera puntual y objetiva, según dijo.

El Secretario de Seguridad Publica, aseguró que a la dependencia le interesa aclarar “la nota, y la fotografía”, para seguir generando certeza en la institución. 

Finalmente precisó que son 12 las cadetes en proceso de adiestramiento, pero que muchas más mujeres como instructoras y elementos en activo. Para el esclarecimiento de ese asunto, solicitaron la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, la Contraloría Interna del Estado, de la Secretaría de la Mujer, de la Comisión para Prevenir, y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres.

Los dos funcionarios, siguen activos al interior de la SSP, pero no con el mismo cargo.

Punto de Acuerdo para que la Fiscalía General de la República atraiga el caso de María del Sol Cruz Jarquín

Se demanda al gobierno del Estado y del municipio garanticen la seguridad de la periodista Soledad Jarquín Edgar. 

Elda Montiel

SemMéxico. Cd. de México.5 de junio de 2019.- Ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión presentó la diputada Lorena Villavicencio Estrada, de la fracción parlamentaria de Morena, el punto de acuerdo para que la Fiscalía General de la Republica atraiga el caso y garantice el derecho a la justicia en el feminicidio de la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín, ocurrido el 2 de junio del 2018 en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.  

Además de que la Fiscalía General de la República atraiga de manera urgente el caso para evitar la prevalencia de la impunidad, se demanda se inicie una investigación pronta y expedita que dé con los autores materiales e intelectuales, a fin de aplicar la sanción correspondiente  y garantice la no repetición de los hechos. 

En el Punto de Acuerdo, también se exige al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, al gobierno del Estado de Oaxaca y al municipio de Oaxaca de Juárez, que garantice la seguridad de la periodista Soledad Jarquín Edgar, investigue y sancione las agresiones en su contra.    

A las autoridades electorales, den seguimiento a la carpeta de investigación iniciada y al cumplimiento de las sanciones impuestas a las autoridades. 

Tras señalar que es muy grave la violencia política que se ejerce en los casos de feminicidio, y en particular en este caso, la diputada Lorena Villavicencio, expresó su apoyo y solidaridad a la periodista Soledad Jarquín Edgar, madre de María del Sol, en la búsqueda de justicia, pues a un año de los acontecimientos, el hecho se mantiene impune. 

En conferencia de prensa, la legisladora explicó que no se tiene confianza en las autoridades de Oaxaca, dado que a un año de los hechos no ha habido avances, razón por la que se solicita a la Fiscalía General de la Republica atraiga el caso. 

Se precisó que la Fiscalía estatal, a pesar de que el 28 de agosto detuvo a uno de los presuntos feminicidas, este fue puesto en libertad el 4 de septiembre, cinco días después, a pesar de las pruebas existentes. 

La joven de 27 años, fungía como Jefa de Departamento de Comunicación Indígena Intercultural en la Dirección de Fortalecimiento Cultural e Interculturalidad de la Subsecretaría de Desarrollo Indígena, adscrita a la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), cuyo titular era Francisco Javier Montero López.

De manera ilegal comisionó a María del Sol a cubrir la campaña electoral de su hermano: Hageo Montero López, candidato a la presidencia municipal de Juchitán, Oaxaca. En ese marco la fotoperiodista fue asesinada junto con la candidata a concejala Pamela Terán Pineda y el joven Adelfo Guerra Jiménez. 

A pesar de la queja en materia electoral y después de un largo procedimiento y de pasar por la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tras dos apelaciones, dicha sala consideró que se trata de una conducta especialmente grave e impuso una multa al ex candidato Hageo Montero López de $90,691.60 sin que hasta la fecha se haya realizado.

A ese contexto se suma las agresiones y amenazas – incluida la amenaza de muerte- a la periodista feminista Soledad Jarquín Edgar, quien desde el primer momento inició la búsqueda de justicia para su hija.

Por su parte, la periodista Soledad Jarquín, señaló que la investigación del feminicidio de su hija se pide se trate como feminicidio, y también se considere como un crimen político de género, toda vez que siguió una práctica de actuar a favor de un partido, en este caso el PRI, lo que es un delito electoral. 

Respecto a sus demandas de justicia y manifestaciones públicas realizadas en Oaxaca a un año del feminicidio de su hija, y afuera de la fiscalía local, dijo que la respuesta del fiscal de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Beltrán ha sido la de señalar que la periodista tiene otros intereses. Cuando la Fiscalía de Oaxaca a un año no tiene nada en concreto. 

Al respecto la diputada Lorena Villavicencio recalcó, que se pide justicia en este caso particular, porque además del feminicidio hay un delito de violencia política por lo que tiene que ser la Fiscalía General de la República la que inicie la investigación. 

Soledad Jarquín, también a pregunta de los reporteros sobre si había tenido acercamiento con el gobernador Alejandro Murat, indicó que al principio se comprometió a garantizar el cumplimiento de la justicia, pero conforme pasaron los meses se vio que no fue así.

Además de que hay relación entre los Murat y los Montero López de negocios, compra de terrenos y energía eólica, por lo que no es posible que vaya a acusar a unos de sus funcionarios.

Por una homologación de tipo penal único para feminicidios, Lorena Villavicencio 

Por esta situación, la diputada morenista reiteró su compromiso en trabajar por la legislación de la homologación del tipo penal de feminicidio en todo el país, sumado a los trabajos del impulso de un código penal único. 

Así como el impulso de legislación para tipificar la violencia institucional principalmente en contra de las víctimas de violencia.

Desde la subcomisión para casos de feminicidios de la cámara de diputados que preside y de la mano de la sociedad civil así como con familiares de las víctimas y organismos en materia de DDHH, informó que ya se analiza la posibilidad de impulsar la Ley General para la prevención, atención, investigación y sanción de los feminicidios en México.

Por lo que dijo, es urgente la erradicación de la ruta de la impunidad enunciando las prudenciales características de ésta.  

Resistencia a realizar investigaciones relacionadas a delitos cometidos por razones de género. Así como la revictimización y violencia institucional. Mal manejo del hallazgo y pérdida de la evidencia. Inconsistencia de dictámenes periciales. Falta de análisis de contexto. Violación a los derechos de las víctimas.

Inexistencia de mecanismos efectivos de supervisión, evaluación y sanción de servidores públicos y Ausencia de perspectiva de género en resoluciones del poder judicial

La diputada Lorena Villavicencio Ayala tras afirmar que “no queremos ni una asesinada más” aseguró que los feminicidios pueden prevenirse, por lo que manifiestó la preocupación por el cierre definitivo que gradualmente se ha venido dando en torno a los refugios y casas de emergencia para mujeres víctimas de violencia. 

Advirtió que es sumamente grave que entre los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio se esté documentando que en lo que va del año se oscila entre los 1150 y 1200 feminicidios en lo que va del 2019, que es lo que se tiene documentado.

Está grave situación de violencia contra las mujeres tienen variables aterradoras como el incremento del feminicidio infantil, la relación entre feminicidio y crimen organizado, así como las desapariciones con fines de esclavitud sexual y posterior asesinato, mismas que deben ocupar al estado mexicano y a todas sus instituciones en materia de prevención, atención, investigación y sanción para su erradicación.

La legisladora, acompañada por organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y observantes de la violencia feminicida, en conferencia de prensa, expresaron su indignación porque no hay avances en la investigación y se comprometieron a estar atentas de las acciones y omisiones de las autoridades federales, estatales, municipales y autónomas, para que este caso no quede en la impunidad. 

Piden 2da Alerta de Violencia de Género para Zacatecas

0

En lo que va del año se han registrado 20 casos de desaparición.


Redacción 

SemMéxico. Cd. de México. 5 de unio de 2019.- El contexto criminal que vive el estado de Zacatecas y la no implementación de las recomendaciones de la primera Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, emitida en agosto de 2018, derivó en que el Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de Mujeres y Niñas, con el  acompañamiento del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), solicitaran una nueva Declaratoria de Alerta por Violencia de Género, en los municipios de Guadalupe, Fresnillo y Zacatecas. 

La persistencia de un grave contexto de violencia feminicida impacta en las mujeres y niñas zacatecanas, pues en lo que va del año se han registrado 20 casos de desaparición, localizando sólo al 20%, mientras que el 80% sigue desaparecida.

Asimismo, de acuerdo con la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres por Razones de Género, durante 2019 se han iniciado 5 carpetas de investigación por feminicidio; de éstas, tres están en trámite y solo dos están judicializadas.

Las políticas, programas y acciones derivadas de la primer alerta, no consideran el contexto criminal que se vive en el estado, por lo que estas son mínimas, limitadas y presentan importantes carencias desde su diseño. Además de carecer de un presupuesto etiquetado y transparente para cumplir con dicho fin. 

Aunado a ello, a casi un año de su emisión, las recomendaciones no han sido implementadas de forma correcta y los resultados son casi nulos, por lo que es urgente su revisión, así como la revisión de las acciones realizadas por el estado de Zacatecas, pues basta mencionar que de 16 acciones urgentes, solo se han cumplido 3,  y éstas no han sido suficientes para revertir el contexto de violencia feminicida en la entidad. 

Cabe enfatizar que el contexto de criminalidad y la desaparición de mujeres no fue considerado por el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario que analizó la primera solicitud, y mucho menos fue tomado en consideración al establecerse las medidas de prevención, seguridad, justicia y reparación, motivo por el cual no se decretaron medidas que tuvieran como objetivo corregir las políticas públicas y señalar acciones específicas que sirvieran para atender esta situación, lo que ha provocado que se agrave dicho contexto en perjuicio de la vida, integridad y seguridad de las mujeres zacatecanas.

De manera particular es necesario mencionar que en el 2018 apareció un cartel nuevo en Zacatecas (célula del cartel de los Chapos), lo que derivó en el repunte de la violencia criminal en el estado, producto de la disputa por los territorios y mercados con las organizaciones criminales, los cuales operan en las distintas regiones e impactan de manera negativa en la vida e integridad de las mujeres.

Ante ello, el Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de Mujeres y Niñas, y como Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) hicieron un llamado para que:

-La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) analice la solicitud y realice las acciones necesarias, a fin de que el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia sea garantizado.

-Se declare la segunda Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para Zacatecas, contemplando el contexto criminal, decretando medidas acorde a esta problemática y especificando qué autoridades son responsables de cada una de las acciones.

-Se conforme un Grupo de Trabajo que sea integrado por personas expertas que conozcan el contexto de violencia, el territorio y que hayan realizado acompañamiento a víctimas directas e indirectas, con el objetivo de acercarse a la realidad y actuar lo más apegado a lo que ésta requiere.

-Se dicten las medidas específicas para atender el grave contexto de violencia feminicida, y para prevenir, investigar y sancionar el feminicidio y la desaparición de mujeres y niñas en la entidad.

-Se revise de manera urgente, el programa que se elaboró por el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SEPASEV) para dar cumplimiento a las recomendaciones y se asigne un presupuesto específico para la implementación de las mismas.

-Se sancione a las y los funcionarios públicos que por acción u omisión obstaculicen la implementación de las recomendaciones de la 1ra Declaratoria y/o el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

“Como defensoras de los derechos de las mujeres y como organizaciones de la sociedad civil, vemos lastimosamente que en Zacatecas, el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia no está garantizado. De acuerdo a la información proporcionada por la Fiscalía del estado al OCNF, en el 2018 desaparecieron un total de 63 mujeres y niñas, de las cuales 55 fueron localizadas con vida y 8 sin vida, asimismo, fueron asesinadas 65 mujeres, de las cuales 23 casos son investigados como feminicidios, siendo Fresnillo, Guadalupe, Zacatecas, Calera, Jalpa, Ojocaliente, Pinos, Tabasco, Villa de Cos y Villa González Ortega los municipios de mayor preocupación” señaló el OCNF en un comunicado.

Frente a este contexto, exigen se tomen acciones que vayan acorde a la problemática que se vive en el estado y estarán atentas de las acciones que realicen las autoridades federales, estatales y municipales, con el objetivo de que las mujeres y niñas del estado puedan ver materializado su derecho a una vida libre de violencia y accedan a la justicia.

SEM/GR

Inmediata búsqueda y localización de Frida Sofía Viveros, estudiante de la BUAP

0

Llaman a la comunidad universitaria para difundir el cartel sobre la desaparición de la estudiante para su pronta localización. 

Elda Montiel 

SemMéxico. Cd. de México. 5 de junio de 2019.- La inmediata búsqueda y localización de la estudiante Frida Sofía Viveros Trujillo, estudiante de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Puebla, de la cual se desconoce su paradero desde el pasado 3 de junio, fue exigida tanto a las autoridades judiciales de la entidad como de la Universidad.

El colectivo Aequus-Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, en voz de Víctor Rogelio Caballero Sierra, hizo un llamado a la comunidad universitaria para difundir el cartel sobre la desaparición de la estudiante para su pronta localización. 

Asimismo, demandó a las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Puebla implementar todos los protocolos y la Ley General en materia de Desaparición Forzada, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, con perspectiva de género.   

A las autoridades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) les demandó total acompañamiento a los familiares de la estudiante desaparecida y colaboración proporcionando toda información que pudieran tener sobre la desaparición, que no se deslinden de su responsabilidad de velar por los intereses de sus estudiantes, y no caigan en los errores de la Universidad Nacional Autónoma de México, en casos similares.

Manifestó su confianza de que el ambiente de frenesí en la entidad por las pasadas elecciones ya se hayan disipado, y que la sociedad se vuelque en la búsqueda de Frida Sofía Viveros, ya que es un signo de la violencia que vivimos en todo el país.  

Situación de violencia e inseguridad que la clase política solo ha respondido con demagogia, impunidad, negligencia e indolencia. 

Exhorto para respetar los derechos humanos de las trabajadoras sexuales: CONAPRED

Hizo un llamado a las instancias para que no lleven a cabo prácticas discriminatorias que criminalicen al trabajo sexual. 

Elda Montiel

SemMéxico. Cd. de México. 5 de junio de 2019.-El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) exhortó a los poderes legislativos federal y locales para evitar aprobar o derogar cualquier disposición normativa en torno al trabajo sexual que atente o sea regresiva de los derechos humanos de las personas que realizan esta actividad de manera voluntaria. 

Asimismo, hizo un llamado a las instancias y de seguridad pública de los diferentes ámbitos de gobierno para que no lleven a cabo prácticas discriminatorias que criminalicen al trabajo sexual, a quienes lo ejercen, y a quienes lo solicitan.

En el marco del Día Internacional de las Personas Trabajadoras Sexuales, que se celebra el 2 de junio de cada año, el CONAPRED manifestó su preocupación por los contextos de violencia a los que se enfrentan diariamente los y las trabajadoras sexuales.

Precisó que no solo por los prejuicios y estigmas, sino por las prácticas discriminatorias que se derivan por la edad, el origen étnico, la identidad de género o las condiciones de pobreza. 

El organismo de prevención, señaló su preocupación por aquellas disposiciones normativas y prácticas discriminatorias y que a nivel federal, local y municipal resulten contrarias al reconocimiento, protección y garantía de los derechos de las personas trabajadoras sexuales sancionando a este tipo de trabajo como una falta administrativa o como un delito.  

Precisó que las regulaciones de este tipo parten de una perspectiva moralista de exclusión, estigmatización, discriminación, y violencia hacia las personas que realizan trabajo sexual que de ninguna manera puede constituirse como el fundamento de la acción pública.

Destacó que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha mencionado que en México la vulneración de los derechos que experimentan las personas trabajadoras sexuales no se limitan solo a su actividad, sino a las discriminaciones que previamente se acumulan sobre ellas al pertenecer a poblaciones específicas. 

Se ha documentado que cuando las personas trabajadoras sexuales dejan de ser vistas y tratadas como delincuentes, corren menos riesgos de sufrir tácticas policiales agresivas y se reorienta la atención a la defensa de sus derechos humanos.

Además, en México el ejercicio del trabajo sexual voluntario entre personas mayor de edad está permitido fundamentado en los derechos a la igualdad y no discriminación y a la libertad de trabajo, previstos en los artículos 1° y 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Existen precedentes judiciales que señalan el camino que se debe seguir en la interpretación de los derechos en esta materia como el Juicio de Amparo 112/2013, emitido por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal en el que se establece que el trabajo sexual no debe verse  desde una simple calificación moral ni tampoco como una infracción administrativa sino como un trabajo que al no estar prohibido por  la ley debe validarse siempre y cuando sea libremente elegido por la persona. 

Por tal motivo toda regulación jurídica encaminada a la sanción o criminalización del trabajo sexual, ya sea como una falta administrativa o penal constituye un retroceso en materia de derechos humanos y atenta contra el principio por persona -plasmado en la Constitución desde el 2011 y que otorga en todo tiempo a las personas su protección más amplia- o el principio de progresividad de los derechos humanos.

Debe señalarse además la obligación de toda autoridad de promover, proteger, garantizar y respetar los derechos humanos y de prohibir todo tipo de conducta discriminatorias establecidas en la Constitución, así como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. 

Por ley se prohíbe el matrimonio infantil en México

Salvo en Baja California, que conserva excepciones y dispensas en sus leyes estatales.

Redacción 

SemMéxico/Notimex. Cd. de México. 5 de junio de 2019.- A partir de este martes, entró en vigor en 31 Códigos Civiles de los estados de la República la prohibición del matrimonio de menores de 18 años de edad, salvo en Baja California, que conserva excepciones y dispensas en sus leyes estatales.

Con la publicación de un decreto, quedaron derogadas diversas disposiciones que permitían el matrimonio a partir de 16 años de edad para los hombres y 14 años para las mujeres, así como la posibilidad de que autoridades locales y familiares concedieran dispensas o consentimiento para que se llevara a cabo.

En el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto con el que se reformó el Artículo 148 y otros del Código Civil Federal, en materia de prohibición de matrimonio infantil.

El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) celebró la entrada en vigor de esa reforma, pues ayudará «a impulsar un cambio cultural para erradicar las uniones forzadas», y con ello proteger los derechos y el interés superior de los infantes, destacó.

En 2016 la prohibición del matrimonio entre o de personas menores de 18 años de edad estaba vigente en 18 entidades del país y varias de ellas aún contaban con excepciones y dispensas legales que lo permitían.

Desde su creación a finales de 2015, la Secretaría Ejecutiva del Sipinna se unió al esfuerzo conjunto para prohibir el matrimonio infantil a nivel federal y local, entonces encabezado por organismos internacionales y diversas organizaciones de la sociedad civil.

En esta labor también han participado dependencias como la Secretaría de Salud (SS); el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF); la Subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación; el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Además, los consejos nacionales de Población (Conapo) y para Prevenir la Discriminación (Conapred), así como organismos internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y ONU Mujeres.

El 21 de marzo pasado, el Senado de la República aprobó, por votación unánime, las reformas para prohibir el matrimonio infantil en el Código Civil Federal del país, que es uno de los 10 con mayor número de casos, con casi un millón 300 mil al año. El dictamen también fue aprobado en la Cámara de Diputados.

Este esfuerzo conjunto ha logrado un avance significativo, primero con la entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con la que se redujo de manera importante el número de matrimonios infantiles, y ahora con su prohibición.

Paridad en la banca de desarrollo en sus Consejos de Administración

0

Se  reformó la Ley de Instituciones de Crédito en México.

Redacción 

SemMéxico. Cd. de México. 5 de junio de 2019.- Este 4 de junio el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó la reforma al artículo 44Bis de la Ley de Instituciones de Crédito de México que instruye a las instituciones de la Banca de Desarrollo para que en forma progresiva integren sus consejos independientes con igual número de hombres y mujeres.

Ello sucede a dos días de haber logrado la mayoría en  los congresos de las entidades federativas que aprobaron la reforma Constitucional para  la paridad total que reformó recientemente 9 artículos de la Carta Magna de la República. Y sobradamente  hasta ayer 24 Congresos de los 32 de las entidades federativas  ya habían aprobado por unanimidad la minuta de reforma constitucional que reconoce #ParidadEnTodo.

Así la administración de las instituciones de banca de desarrollo estará encomendada a un consejo directivo, cuyos consejeros independientes deberán integrarse de forma paritaria y se hará de manera progresiva. De forma que, en tanto no se alcance la paridad, cuando sea necesario nombrar un nuevo integrante del consejo directivo, se deberá elegir a una persona del género que tiene menor representación.

El artículo 40 de la misma ley  establece que «la administración de las instituciones de banca de desarrollo estará encomendada a un consejo directivo, cuyos consejeros independientes deberán integrarse de forma paritaria, y a una dirección general, en los términos de sus propias leyes orgánicas».

Dicha iniciativa la presentó la senadora Vanessa Rubio Márquez, en septiembre del 2018. En diciembre del año pasado, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; Para la Igualdad de Género, y de Estudios Legislativos, entregaron el proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 40 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 44 Bis 4 de la Ley de Instituciones de Crédito. Y fue hasta ahora que se publicó, aunque esta fue la reforma pionera de paridad tras la de 2014 para la representación en las listas electorales. Así fue  adelantándose a las reformas a nueve artículos de la Constitución con el objetivo de garantizar la paridad de género en los tres poderes, órganos autónomos, gobiernos estatales y municipales, aprobados por la Cámara de Diputados.

Esta reforma constitucional que pronto entrará en vigor con la aprobación de la  mayoría de los  congresos locales, ya fue avalada en el orden de primera a última, en   Chiapas,  Yucatán,  Quintana Roo,  Querétaro,  Sinaloa, ‪Tlaxcala, Hidalgo, Zacatecas, Jalisco,  Baja California Sur,  Chihuahua, Morelos, CDMX,  Oaxaca, Durango,  EDOMEX,  Michoacán,  Colima,  Campeche. 19 hasta el 3 de junio.

Y este 4 de junio se discutió y aprobó en  San Luis Potosí,  Coahuila, Guanajuato, y Tabasco. 23 entidades.

Este miércoles se espera discutir y aprobar en Puebla; el jueves  en  Veracruz y el próximo lunes 10 de junio en Sonora.

De esta forma la reforma Constitucional de la Igualdad total está lista para su reglamentación inmediata en todo el gobierno federal y sus órganos autónomos. 

GR/SL

Propone diputado en Guerrero visibilizar la participación de las mujeres en el ámbito público

Incorporar la figura de paridad de género en la ocupación de los cargos de elección popular y libre designación.  

Josefina Aguilar Pastor 

SemMéxico.Chilpancingo, Guerrero.  4 de junio de 2019.- Marco Antonio Cabada Arias, diputado local de Morena, propuso reformar la  Constitución Política del Estado de Guerrero, en materia de paridad política y garantizar la visibilización de la participación de las mujeres en el ámbito público.

Explico que dicha reforma tiene la finalidad de incorporar la figura de paridad de género en la ocupación de los cargos de elección popular y libre designación, tanto en los tres poderes como en los organismos públicos autónomos y organismos con autonomía técnica, en los dos niveles de Gobierno Estatal y Municipal.

Se busca, agregó Cabada Arias, identificar y reducir las barreras que impiden que las mujeres puedan acceder a las oportunidades laborales en igualdad de condiciones, a fin de incrementar la participación de las mujeres en la fuerza laboral, reducir la brecha salarial de género y promover la participación de las mujeres en puestos de liderazgo. 

De esta manera dijo, se establecerá un criterio estipulado en la ley para asegurar la participación igualitaria en la definición de candidaturas. Se obliga a que en la Constitución Local, los partidos políticos promuevan y garanticen la paridad entre los géneros en la integración y postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso del Estado de Guerrero.

Refirió que la situación actual de las mujeres en México en el ámbito de la política, se caracteriza por tener una presencia y participación limitada en los cargos públicos de toma de decisiones fundamentales para la sociedad en su conjunto.

Realidad que indicó el diputado, se ve reflejada en los datos e información estadística que visibilizan la situación de desigualdad de género en la esfera política del país, de ahí que “fomentar la paridad de género en la práctica política, es un gran reto, ya que es importante alcanzar las igualdades de oportunidades entre hombres y mujeres”, subrayó.

La iniciativa propone reformar,  los artículos 2 párrafo tercero; 5 fracción VI y XVII; 11 fracción III; 16; 17 fracción II y III; 18; y diversos numerales, en los que se establece la paridad de género en la definición de cargos públicos. La iniciativa fue turnada a la comisión de Estudios Constitucionales.

Guerrero queda fuera de los congresos locales en aprobar la paridad

Las activistas se dijeron “engañadas” por las legisladoras que se habrían comprometido a socializar su petición.

Josefina Aguilar Pastor 

SemMéxico.Chilpancingo, Guerrero. 4 de junio de 2019.-  Mujeres de distintas organizaciones civiles, protestan en el Congreso Local, esperaban la aprobación de la reforma constitucional con la que se determina la paridad de género, en los tres niveles de gobierno; Guerrero, quedó fuera de los 17 Estados en avalar dichos cambios constitucionales. 

Confiadas por el apoyo que de manera verbal, desde la semana pasada les habrían ofrecido diputadas de distintos grupos parlamentarios, en el sentido de que en la sesión de este martes, la 62 legislatura avalaría la reforma de distintos artículos de la Constitución Política, en materia de paridad de género, aprobada ya por la Cámara de Senadores y el Congreso de la Unión, las activistas, esperaban que sucediera lo mismo en el legislativo local.

Sin embargo, de acuerdo al trámite legislativo, en esta sesión, solo dieron cuenta del oficio enviado por el Congreso de la Unión, en el que informan al pleno del Congreso Local de dicho comunicado, el cual fue remitido a la comisión de Estudios Constitucionales.

Esto generó el descontento de las activistas, quienes prácticamente arribaron a la tribuna provisionalmente instalada en el salón de un conocido hotel al sur de la capital de Estado, donde se declaró recinto oficial, luego de que la sede legislativa, continúa tomada por parte de trabajadores sindicalizados.

Las activistas reclamaron a los diputados su falta de compromiso con la deuda que han llamado “histórica” con las mujeres y exigieron que en ese momento, fuera aprobada dicha reforma.

Martha Alicia Naranjo Gómez, representante de Red de Mujeres Defensoras de los Derechos políticos Electorales y Cidhal, expuso “aquí el detalle es que la diputada Norma Otilia recibió un documento donde le informamos que fuera lo más pronto posible, y hoy nos venimos enterando que no había llegado el documento, muchos no tenían conocimiento, apenas hoy lo iban a presentar en el orden del día y será aprobado hasta el día jueves”.

Las activistas se dijeron “engañadas” por las legisladoras que se habrían comprometido a socializar su petición, si como a cabildear para que la reforma fuera aprobada lo antes posible, “la diputada Norma Otilia simplemente nos dijo que le entregáramos un documento para la presidenta Verónica –presidenta de la Mesa Directiva- y el diputado Helguera –presidente de la junta de Coordinación Política (Jucopo)-, y vimos que no, se hizo una discusión entre legisladores, echándose la bolita uno con otro, si nos sentimos engañadas”, narró Naranjo ….

 Lamentaron que con esto, Guerrero, que se ha distinguido como pionero de la paridad, en esta ocasión se haya quedado a la zaga “queríamos ser parte de los 17, y hacer historia, como siempre Guerrero, ha hecho historia en estos procesos de las mujeres”.

Luego de este conflicto, diputados y diputadas como Héctor Apreza Patrón, coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Guadalupe González Suástegui del PAN, Verónica Muñoz Parra y Alicia Zamora Villalba, se acercaron a las inconformes, y ofrecieron aprobar la reforma el próximo jueves.

Mujeres del Flamenco: “FlamencoWoman»

Cuenta con un importante elenco de artistas que han participado tanto al cante, al toque, como al baile.

Redacción

SemMéxico/AmecoPress. Madrid. 4 de junio de 2019.- QRProducciones, la Revista Cultural Blanco Sobre Negro y la Tertulia Flamenca “Amigos de Paco Peña” de Córdoba producen este documental cordobés sobre la importancia femenina en el flamenco, que dirige José Manuel Rosario.

El CEP de Córdoba y el proyecto de igualdad del SEP Luis de Góngora han servido como marco para la ‘preview’ del documental“FlamencoWoman. Mujeres del Flamenco”, producido por QRProducciones, la Revista Cultural Blanco Sobre Negro y la Tertulia Flamenca “Amigos de Paco Peña” de Córdoba.

A esta prueba Alpha Tester, que se engloba entre los actos que la Sección de Educación Permanente “Luis de Góngora” ha realizado dentro de su proyecto de igualdad 2018-2019, ha acudido un número reducido de invitados, entre los que se contaba: profesorado y alumnado del SEP, parte del equipo artístico y técnico, y algunos invitados por parte de otros colaboradores.

José Manuel Rosario es el director de “FlamencoWoman. Mujeres del Flamenco”, cuyo guionista es Rafael Lora junto con Alba Espert, coguionista y directora artística de la obra. El documental cuenta con un importante elenco de artistas que han participado en ella, tanto al cante, como al toque, como al baile: las cantaoras María José Abad y Emi Ramos, participando fugazmente Amparo Ramos; el baile ha contado con la presencia de la finalista del premio 2019 para jóvenes flamencos, Lorena Doblas La Rubia. El toque de guitarra, solista y acompañamiento, ha tenido en las manos de Alba Espert -Premio 2018 Vicente Amigo de Jóvenes Flamencos- su representación. Muchas otras personas han participado en este proyecto, como Elena Galadí, Francisco Pulido “El Chiapas” o Sandra Espert y muchas más. Todas ellas con una reconocida vinculación con el flamenco en Córdoba.

Córdoba capital, Espejo, Villafranca de Córdoba e incluso en San Fernando (Cádiz) han sido los escenarios donde se ha rodado este documental, que es el arranque de una serie de 11 capítulos-entrevistas con doce de las mujeres, desde los 16 años hasta la madurez, más importantes del flamenco en Córdoba y su provincia, y que se presentará en septiembre a la sociedad andaluza.

Hasta ahora han colaborado en la realización de esta obra sobre la importancia femenina en el flamenco: QRProducciones, Revista Cultural Blanco Sobre Negro, Tertulia Amigos de Paco Peña, Rosario Montoya “La Reina Gitana”, Guadalfranca, Cudetur, Marisa Travel, Hospedería de Santa Ana, Patio Pedro Fernandez 6, Taberna Los Mochuelos, Aceites Duernas, Finca Duernas, Hermandad de la Soledad de Villafranca de Córdoba, Grupo Carbonería,…

La violencia de género durante el embarazo

Para el feto, la violencia de género durante el embarazo puede provocar la muerte.

Redacción

SemMéxico/AmecoPress. Madrid. 4 de junio de 2019.- La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres (CIMTM) ha organizado este martes 28 de mayo, Día Internacional de la Salud de las Mujeres, unas jornadas para analizar los efectos que tiene la violencia de género en la salud de las víctimas, con especial referencia a las embarazadas.

El embarazo es un periodo especialmente vulnerable en la violencia machista por el grave peligro que corre la vida de la mujer y del feto, y también por los distintos cambios que pueda provocar en la relación la llegada de una nueva persona que necesita atención y protección.

Tener un bebé es una forma más de que los maltratadores ejerzan control sobre las mujeres y por ello “un arma es no permitirlas controlar su propia fertilidad. Se les impide tomar anticonceptivos o se les obliga a hacerlo. Una víctima de violencia de género tiene muchas más posibilidades de tener un embarazo no deseado”, aseguró la ginecóloga Alexandra Arranz.

Estos efectos los enumera Arranz: traumatismos abdominales, desprendimiento de la placenta, empeoramiento de enfermedades crónicas, sangrados… Y psicológicos: ansiedad, suicidio, estrés postraumático…

Para el feto, la violencia de género durante el embarazo puede provocar la muerte, la prematuridad, la rotura prematura de membranas entre otros riesgos. Cuando crecen, los hijos de las víctimas pueden desarrollar actitudes agresivas, como el maltratador, y las hijas pueden normalizar la violencia en sus relaciones.

Mónica López, trabajadora social y coordinadora del Programa Fortaleza de la CIMTM, ha criticado la ausencia de casas de acogida específicas para mujeres embarazadas. También destaca que no conoce “ninguna mujer a la que se le haya concedido el pago único a nivel estatal por ser víctima de violencia.

La ayuda que reciben depende de que tengan una orden de protección en vigor o una sentencia y es solo de 426 euros”, una cifra con la que es imposible lograr su independencia económica, más aun con bebés a cargo.

Según la psicóloga Trinidad Soria, las víctimas de violencia machista aseguran que su embarazo fue “el periodo de su vida donde más inmensamente solas se han sentido viéndose también solas ante el futuro”.

Algunos de los indicadores de que una mujer sufre esta situación son “mostrar una tristeza profunda, vergüenza, sentirse abandonadas. Sus parejas siempre están ausentes y distantes, ellas, en tensión y siempre alerta. Algunas creen que merecen una especie de castigo por continuar con el embarazo”.

¿Qué esconden las brechas de género en el trabajo? Propuestas para la equidad

Terminar con la brecha salarial es una de las reivindicaciones que más protagonismo ha cobrado en las movilizaciones feministas.

Júlia Oller

SemMéxico/AmecoPress. Madrid. 4 de junio de 2019 .- La Universidad Complutense de Madrid (UCM), con la participación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organiza este verano el curso «¿Qué esconden las brechas de género en el trabajo? Propuestas para la equidad».

A las jornadas, que arrancarán con las intervenciones de Joaquín Goyache, rector electo de la UCM, y de Carmen Calvo, vicepresidenta en funciones del Gobierno de España, está invitada una audiencia muy amplia.

“El curso está dirigido al mundo de la Universidad Complutense y de todas las universidades españolas y al público general interesado”, comenta María Emilia Casas, Catedrática de Derecho del Trabajo, co-directora del curso y la única mujer que ha ocupado la presidencia del Tribunal Constitucional de España. La directora adjunta es Judith Carreras, consejera de la OIT para España.

¿Se conoce bien todo lo que hay detrás de la brecha salarial? Y más importante, ¿las propuestas y recomendaciones que se hacen para dar respuesta a las brechas de género en el trabajo son las más efectivas? Estas preguntas son las planteadas por la organización del curso estival y a partir de las cuales las personas que participen en las diferentes mesas y ponencias están invitadas a reflexionar y lanzar propuestas.

Terminar con la brecha salarial es una de las reivindicaciones que más protagonismo ha cobrado en las movilizaciones feministas de los últimos años, aunque no hay demasiado lugar para el optimismo: el Fondo Monetario Internacional ha indicado recientemente que, al ritmo actual, la desigualdad en las retribuciones no se superará hasta dentro de 100 años. Como señala María Emilia Casas, “este desajuste tiene una incidencia directa en la protección social, porque, como consecuencia de la brecha retributiva, las pensiones que reciben las mujeres son más bajas, y menos mujeres que hombres tienen derecho a recibirlas”.

El curso quiere contribuir a la reflexión y la propuesta empezando por tratar el rol de las mujeres en los cuidados no remunerados y las políticas de conciliación y corresponsabilidad y su influencia en la configuración desigual del mercado de trabajo y de la ocupación y en la discriminación salarial. María Pazos, matemática, activista feminista y socia fundadora de la Plataforma por los Permisos Iguales e Intransferibles por Nacimiento y Adopción (PPIINA), que participará en una de las mesas redondas programadas, señala que “mientras los cuidados no se repartan equitativamente entre hombres y mujeres, no vamos a superar la brecha salarial, porque las mujeres vamos al empleo con la casa a cuestas”.

Pazos apunta al fenómeno de la discriminación estadística como una de las causas principales que subyacen a la brecha salarial: “El empresario no sabe si una mujer en edad fértil va a ser madre o no, pero sí sabe que, en caso de serlo, por la forma en que los permisos están configurados, las mujeres se ausentan más del trabajo que los hombres que son padres. Por lo tanto, los ascensos, los contratos indefinidos y los puestos de responsabilidad se conceden a los hombres, porque son la mano de obra estable”. Desde la PPIINA consideran que “es importante que se discuta sobre estas cuestiones fuera del reducido marco de gente que lo hace dentro del movimiento feminista”, puesto que se trata de un indicio de que la ola feminista está llegando “a la corriente principal”.

El debate se prevé rico y amplio, puesto que las mesas redondas incluyen a ponentes que proceden de diversos –y enfrentados- sectores: representantes sindicales y de la CEOE; representantes de empresas como Repsol y Banco Santander; portavoces del Partido Socialista, el Partido Popular, Ciudadanos y Unidas Podemos; profesorado universitario; representantes de la OIT; y asociaciones de mujeres y feministas.