SemMéxico, Tlapa, Guerrero, 25 de mayo, 2026.- Ya se desdibujó la imagen de la CFE, Comisión Federal de Electricidad, que iluminaba zonas del puerto de Acapulco sumida en la oscuridad tras el paso del Huracán Otis, casi se convirtieron en héroes, aunque debo aceptar que hizo falta se les reconociera su esfuerzo y les dieran un reconocimiento porque si bien era su chamba, le pusieron más empeño.
Pero la imagen de la CFE, no tiene un rasgo social, a pesar de ser una empresa del Gobierno, no tiene el sentido humanitario para atender con visión sensible, los grandes contrastes económicos de este país.
La empresa ha sido señalada por las zonas indígenas y afromexicanas de este estado, de no entender en la realidad, o en territorio como le están llamando a trabajar a ras de suelo, con la gente, lo que siente la población, lo que vive, lo que tiene que hacer para subsistir y aún para pagar los servicios como el de la energía eléctrica.
En la costa chica de Guerrero protestaron grupos afro e indígenas ante la CFE para decirles que están hartos de los constantes apagones del suministro de energía eléctrica que, además, afecta equipos de trabajo y uso doméstico, cansados de no recibir una explicación y aún más, perdida la esperanza de recibir una disculpa que permita entender por qué otro corte de luz.
En Tlapa de Comonfort, y en los municipios de la montaña alta, está sucediendo lo mismo. Hace unos meses la CFE anunció que suspendería la energía eléctrica por 8 horas porque regularizarían sus líneas de suministro. Se pensó que todo iría bien a partir de ahí, pero no ha sido así.
La queja más reciente en la costa chica y la montaña es que ahora, en este bimestre y ya cercano a la fecha del pago, llegaron los recibos con un incremento del 40 y hasta el 50 por ciento, incluso más en algunos casos que llegó al 100 por ciento.
La CFE dice que hay “puntos clave sobre el aumento de luz en 2026”: Ajuste continuo, tarifa de verano y tarifa de alto consumo que elimina los apoyos gubernamentales como dicen se da a regiones desfavorecidas, es decir, regiones marginadas como comunidades rurales, indígenas o de difícil acceso.
Aquellas a las que se considera que han estado históricamente lejos y fuera de la infraestructura de conectividad y redes eléctricas y que requieren subsidios y apoyo gubernamental para integrarse al desarrollo no solo de tipo económico -dicen- sino también digital.
En los años 90´s Bruno Plácido Valerio encabezó protestas por el alto costo de los recibos de energía eléctrica y mostraba casas con un solo foco que tenían que pagar una tarifa fuera de su presupuesto. Su historia está dentro de las organizaciones 500 años de resistencia indígena, la UPOEG, Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, la CRAC, Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Fue asesinado cuando acudía a una reunión a la Secretaría de Salud en Chilpancingo en octubre de 2023.
Desde entonces, como ahora, no hay voces que defiendan las zonas marginadas ni oídos en la CFE que entiendan lo que es “el territorio” y su realidad social y económica. Los slogan usados para promocionarse están lejos de lo que vive la población que para tener ese servicio debe sacrificar otros, y normalmente están relacionados al que se destina a alimentos y solo flota el nulo compromiso social de la CFE.
Siempre asumí esta realidad como una herramienta para el crecimiento, para comprender las exclusiones de una manera más vivencial: Dora entrevistada por Semlac
Lisandra Fariñas
SemMéxico/SEMlac, La Habana, 25 de mayo, 2026.- La cubana Dora Arce Valentín se define con varias palabras y ninguna le sobra. Pastora, educadora, activista, madre, tía, hermana. Cada una de esas identidades la completa, afirma. Pero una certeza las atraviesa a todas: la fe no es un refugio para esconderse del mundo, sino el combustible para salir a transformarlo.
Criada en el seno de una familia cristiana de varias generaciones en Matanzas -a 100 kilómetros de la capital cubana- e hija de un pastor reconocido y de una madre líder laica del movimiento ecuménico, Arce creció en un ambiente donde la iglesia y la vida cotidiana eran inseparables.
Ello supuso también tensiones. Durante décadas, ser cristiana en Cuba implicaba cargar con una doble sospecha: la de quienes, dentro de la fe, miraban con recelo su formación teológica más liberal; y la de una sociedad que consideraba la religiosidad como un rezago del pasado, cuenta a SEMlac.
«Siempre asumí esta realidad como una herramienta para el crecimiento, para comprender las exclusiones de una manera más vivencial», afirma esta cubana, quien es Presbítera pastora de la iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba y Secretaria Ejecutiva de la Alianza de Iglesias Presbiterianas y Reformadas de América Latina y el Caribe (AIPRAL).
Arce quería estudiar ciencias sociales. Intentó psicología. No pudo. En aquel tiempo (décadas de los 60 y 70), quienes profesaban alguna fe tenían vedado el acceso a esas carreras. «Creo que es una etapa que teóricamente se ha superado, pero todavía hay mucho prejuicio por ahí rondando», advierte.
«La discriminación hacia los cristianos parte de una realidad histórica. No culpo la sospecha, pero sí hago responsable a quienes podían haberla asumido con más sabiduría y empatía, y no con el prejuicio automático», añade.
Le aconsejaron que en la Universidad Tecnológica José Antonio Echeverría (CUJAE) encontraría un espacio sin tantas fricciones. Así eligió ingeniería civil y durante casi siete años ejerció esa profesión. Años después, cuando llegó al Seminario Evangélico de Teología de Matanzas, no fue con la intención de ordenarse. Había una beca en convocatoria y sus colegas del movimiento estudiantil cristiano la animaron. «La iglesia donde he crecido y he ejercido todo mi ministerio pastoral es una iglesia que pone mucho énfasis en la preparación teológica de sus pastores y pastoras, incluso del laicado», comenta. Arce entró como estudiante de teología y descubrió una vocación que llevaba años esperándola. «La iglesia necesitaba pastores. Habíamos perdido muchísimos a principios de los 60, porque se fueron del país o se fueron de la iglesia. Y esa necesidad fue para mí el llamado».
El pastorado siendo mujer
Las iglesias han sido, históricamente, uno de los espacios más complejos para el ejercicio de los derechos de las mujeres. «Ha sido una lucha constante en la historia del cristianismo. Incluso hoy existen familias confesionales que no aceptan a las mujeres en determinadas posiciones», explica.
Lo paradójico es que esa resistencia no encuentra un sostén sólido ni en la Biblia ni en la teología, añade, «pero siempre aparecen pretextos, maneras de distorsionar la historia o de defender posiciones de poder».
Su propia denominación, la Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba, ha intentado recorrer otro camino. Heredera de una tradición que hizo suyo uno de los lemas de la Reforma Protestante del siglo XVI -iglesia reformada, siempre reformándose-, ha mostrado capacidad para revisarse críticamente, sostiene.
Cuando solicitó ser candidata al ministerio pastoral, la institución ya tenía un antecedente histórico. En el sínodo de 1967, su iglesia se constituyó como iglesia nacional independiente de Estados Unidos y se ordenó a la primera pastora cubana, Ofelia Ortega, una figura reconocida del movimiento ecuménico latinoamericano. Ese acto abrió un antes y un después.
Pero los caminos formales y los reales no siempre coinciden. «Todas tenemos ese derecho a ordenarnos, pero hay cosas en la subjetividad que no se desmontan con la misma facilidad que una regulación escrita», explica Arce.
Aunque las mujeres pueden acceder al ministerio pastoral en igualdad de condiciones legales, la estructura simbólica sigue respondiendo a un molde tradicional: el del pastor varón, casado, acompañado por una esposa que también cumple una función reconocida dentro de la comunidad.
«Las congregaciones están formateadas para esa estructura», resume. Cuando ese patrón se rompe -cuando quien llega es una pastora, quizá divorciada, quizá madre soltera-, la adaptación no siempre resulta sencilla.
«Una madre involucrada en la educación y el sostenimiento de su familia no puede estar disponible a cualquier hora», explica y subraya la necesidad de desmontar muchos estereotipos.
Arce apuesta por modelos pastorales que compartan responsabilidades y promuevan la participación activa de la comunidad. Pero esa visión a veces choca con congregaciones acostumbradas a una relación más vertical.
«Muchas personas están habituadas a participar, recibir y volver a casa. Empoderarlas para que tomen decisiones también es un desafío. A veces llegan a poner en duda tu capacidad para ser una buena pastora», subraya.
«Hemos avanzado, pero son siglos de patriarcado alimentando la iglesia, la teología y las estructuras eclesiales».
Feminismo desde el púlpito
Dora Arce se define como una feminista apasionada. Lo dice desde un lugar que para muchas personas parecería improbable: el púlpito de una iglesia.
Para ella no hay contradicción. En su tradición presbiteriana, el púlpito ofrece al pastor o pastora la libertad para interpretar y leer el texto bíblico desde una experiencia propia, explica.
«La justicia es el corazón del evangelio y, si hablamos de justicia, el feminismo no puede quedar fuera», afirma.
La teología feminista lleva más de medio siglo produciendo pensamiento y ha logrado instalarse, al menos en algunos espacios, dentro de la formación teológica, recuerda.
En el Seminario Evangélico de Teología de Matanzas, donde ejerce la docencia, esa perspectiva forma parte del currículo. Su asignatura -hoy llamada Género y otras identidades- busca ofrecer herramientas para leer la Biblia desde nuevas preguntas y para acompañar pastoralmente realidades diversas.
Un terreno en el cual las tensiones dentro de las iglesias se vuelven más visibles es el de la sexualidad. Arce explica que, durante siglos, la Iglesia evitó el tema y cuando, finalmente, apareció en el debate público, emergió con una fuerza capaz de romper conversaciones, fracturar comunidades y polarizar afectos.
Sin embargo, se ven también señales de cambio, precisa. Cuando ella comenzó a estudiar teología, recuerda, la idea de una teología queer le habría parecido imposible. «Hoy hay personas pensando y sistematizando la fe desde la experiencia homosexual. Igual que existe la teología feminista, existe una teología queer. Para mí eso es esperanza».
Ese optimismo se sostiene en la educación, insiste Lo comprobó durante el referéndum del Código de las Familias, en 2022, cuando fue una de las voces religiosas más visibles en su defensa. En su opinión, aquel proceso mostró, para bien y para mal, la capacidad de diálogo y el enorme poder de movilización de las iglesias cubanas.
Para la pastora, las iglesias deben participar en la vida pública, pero no para imponer verdades. «Por eso defendemos el Estado laico», explica. «Porque garantiza que ninguna religión se adueñe de la verdad y que creyentes y no creyentes podamos convivir como ciudadanos».
Incluso, va más allá y cree que en Cuba debería enseñarse religión en las escuelas. «No para formar religiosos, sino para formar mejores ciudadanos en un país donde esas religiones existen y conviven», aclara.
Su defensa del pluralismo está ligada a otra de sus preocupaciones: el avance de los fundamentalismos. «Si cada cual se atrinchera en su verdad, desaparece la posibilidad del diálogo», advierte. No habla solo de religión: «los fundamentalismos están en la política, la economía, lo social y las ideologías».
Es necesario recuperar espacios educativos que enseñen la capacidad de pensar distinto, sin convertirnos en enemigos, subraya y lamenta que ese ejercicio de diálogo se haya debilitado precisamente cuando es más necesario.
Fe más allá del templo
En esa misma lógica, nació su libro Dios el lunes, publicado por la Editorial Caminos, del Centro memorial Dr. Martin Luther King Jr. El título resume parte de su identidad reformada: la fe no puede quedarse encerrada en el templo. «Tenemos la certeza de que Dios está más en la calle que en la iglesia».
Pero también fue una experiencia íntima. «Ahí hablé de mis hijos, de mi familia, de mis propias vivencias. Quería conectar la cotidianidad con la fe». Porque, para la teología feminista, «es en lo cotidiano donde se producen las brechas, las desigualdades y muchas veces la violencia», afirma.
Cuando se le pregunta para qué sirve la fe, Dora Arce no intenta una definición académica. «La fe se inculca, pero no se impone. Es parte de una experiencia personal que no es posible racionalizar del todo», asegura.
«La fe ha sido mi instrumento contra el miedo. Crecí en un contexto donde ser cristiana era casi un defecto», recuerda. Sin embargo, esa misma fe le ayudó a no sentir vergüenza, a pertenecer. «La fe me ancla», subraya.
Sobre la Cuba que sueña, habla de «un país en donde todas las personas sientan que pertenecen y puedan contribuir a que sea un mejor lugar». Una Cuba donde la familia crezca, donde los hijos se bauticen y se casen, donde quieran vivir y quedarse, apunta.
Arce cree que una transformación profunda pasa, inevitablemente, por la economía, por rescatar el valor creador del trabajo y devolverle centralidad a lo humano, como parte del bienestar personal y colectivo. También por recuperar el sentido de comunidad. «Uno de los males más terribles del mundo contemporáneo es esa autosuficiencia patológica de creer que no necesitamos a nadie», enfatiza.
El feminismo nos recuerda constantemente que «estamos hechos para vivir en relación», sostiene. Esa misma idea la lleva hoy al trabajo ecuménico que desarrolla en América Latina, junto a católicos, luteranos, bautistas, presbiterianos carismáticos e integrantes de otras denominaciones. No persigue una unidad doctrinal, sino aprender a reconocer que en cada tradición hay un pedazo de sabiduría susceptible de ser compartido.
«Estamos agotados de vivir en un mundo tan polarizado», insiste Arce y resume la esencia del espíritu ecuménico que defiende. «Este mundo es una casa común y tenemos que aprender a cuidarlo entre todas y todos», concluye.
Alcaldesas, regidoras y funcionarias enfrentan descalificaciones, amenazas y limitaciones en el ejercicio de sus funciones
Mario Contreras
SemMéxico/El Sol de Durango, Durango, 25 de mayo, 2026.- En los municipios, las mujeres políticas enfrentan con frecuencia descalificaciones, limitaciones al ejercicio del cargo, invisibilización de funciones, hostigamiento y amenazas, acciones que representan violencia política en razón de género, señaló la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Durango, Blanca Yadira Maldonado Ayala.
Lo anterior fue señalado por la funcionaria electoral, durante su intervención en el primer foro regional municipal, “Tutela de Derechos Político-electorales y Violencia de Género”, el cual se llevó a cabo en el Museo de la Ciudad de la capital del estado.
Además, Blanca Yadira Maldona, también refirió la necesidad de impulsar acciones preventivas y de sensibilización dirigidas a quienes integran los gobiernos municipales, y parte de ello es el inicio de los foros regionales municipales.
El evento reunió a autoridades municipales, electorales, representantes de partidos políticos, integrantes de cabildos, funcionarios públicos en general, así como sociedad civil.
Blanca Yadira Maldonado destacó la asistencia los presidentes municipales de Durango, San Dimas, Peñón Blanco, Guadalupe Victoria, así como Pánuco de Coronado, José Antonio Ochoa Rodríguez; José Antonio Villegas; Elías Bustamante Hernández; J. Carmen Fernández Padilla; y Gastón Armando Briseño Castañeda, respectivamente.
Ahí, los alcaldes refrendaron su compromiso con la promoción de espacios libres de violencia y el fortalecimiento de la participación política de las mujeres.
Autoridades electorales impulsan foros regionales para prevenir agresiones y fortalecer la participación femenina en gobiernos municipales el ámbito municipal.
Al foro también asistió la titular del Instituto Estatal de las Mujeres (IEM), Grecia Hernández Carrasco, el consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Roberto Herrera Hernández, instituciones que integran el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Durango.
La inauguración que fue encabezada por la magistrada presidenta del TEED y presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, Blanca Yadira Maldonado, y destacó en su intervención la importancia de generar espacios de capacitación desde el ámbito municipal.
Estos foros forman parte del programa anual de trabajo 2026 del Observatorio y tiene como finalidad contribuir al fortalecimiento de una cultura democrática libre de violencia mediante la difusión de herramientas jurídicas, mecanismos de defensa y rutas institucionales para la protección de los derechos político-electorales de las mujeres.
El mayor desafío del proyecto es lograr articular actores muy diversos, para una agricultura que no deje a nadie fuera
Invitar asociaciones agrícolas, organizaciones de mujeres, personas con discapacidad, juventud: Iniciativa cofinanciada por la Unión Europea
Lisandra Fariñas
SemMéxico/SEMlac, La Habana, 25 de mayo,2026.- Leydis Díaz Morejón se levanta cada día a trabajar la tierra. Ingeniera agrónoma de 55 años, lleva cuatro al frente de la finca «Los Encinos», con casi 28 hectáreas en usufructo y un objetivo claro: que cada una de las 15 mujeres que trabajan con ella tengan un sostén económico.
Jubiladas, amas de casa y jóvenes conforman ese colectivo que siembra, recolecta, selecciona semillas, produce tabaco, cultiva plantas medicinales y flores y atiende un kiosco comunitario. «Las mujeres de mi finca lo único que no hacen es enyuntar los bueyes», dice con orgullo la productora.
Con sus propias manos construyeron máquinas artesanales para procesar pulpa de frutas, producen semillas certificadas, abastecen escuelas y comedores cercanos y entregan alimentos mensuales a 82 personas enfermas de su comunidad. Todo eso, subraya, «sin haber tenido ayuda técnica».
Pero ahora su finca, a 150 kilómetros de la capital, en Consolación del Sur, provincia Pinar del Río, tropieza con una barrera que escapa a la voluntad de cualquier productora. La crisis energética que atraviesa Cuba, con apagones prolongados en todo el país, impide mantener un sistema de riego estable. Sin electricidad para bombear agua, la cosecha depende de la lluvia.
Su historia es la de muchas mujeres rurales cubanas capaces, pero frecuentemente invisibilizadas y marcadas por desigualdades históricas vinculadas al género, la discapacidad, la distribución de la carga doméstica y de cuidados y la limitada participación en la toma de decisiones.
Esta agricultora fue una de las voces que se escucharon el 14 de mayo en el panel «Inclusión económica de mujeres, mujeres con discapacidad y juventudes rurales desde lo local. Experiencias y oportunidades», realizado en La Habana como parte del lanzamiento del proyecto «Sembrando Inclusión: sistemas alimentarios comunitarios y resilientes».
La iniciativa, cofinanciada por la Unión Europea y con una duración de casi tres años, es ejecutada por la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF), la Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA), el Centro Félix Varela, la Asociación Hermanos Saíz y la ONG Humanity & Inclusion (HI).
El proyecto se propone apoyar a mujeres, mujeres con discapacidad y jóvenes en la agricultura de dos municipios de la provincia de Pinar del Río, en el extremo occidental de la nación caribeña.
Sembrar inclusión: una apuesta concreta
Para Alina Beltrán, presidenta de la ACTAF, el desafío mayor del proyecto es lograr articular actores muy diversos -asociaciones agrícolas, organizaciones de personas con discapacidad, juventud-, en torno a una agricultura que no deje a nadie fuera.
El valor piloto de esta experiencia es clave, apunta Pedro Campos, de la representación de la Unión Europea en Cuba. Lo que funcione en los municipios de incidencia del proyecto puede aprenderse y replicarse, afirma.
«Lo que buscamos es garantizar que en este sector de actores económicos haya un espacio para todos y todas», apunta Amelie Teisserenc, representante de Humanity & Inclusion en Cuba, y precisa qué forma tomará ese acompañamiento: paneles solares, sistemas de riego, capacidad de producción, intercambio entre productoras, apoyo a la transformación y la comercialización.
Sin embargo, construir esa «alquimia» exige primero entender por qué las brechas persisten, enfatiza. Las estadísticas muestran barreras estructurales que limitan la participación plena de las mujeres en las dinámicas económicas y comunitarias, más acentuadas en el caso de quienes viven con discapacidad.
Aunque la tenencia de tierras agrícolas en manos de mujeres en Cuba aumentó ligeramente en 2024, sigue siendo baja: apenas alcanzó el 23 por ciento, indica el Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género. Los hombres concentran el 77 por ciento restante.
La forma de tenencia predominante entre las mujeres es el usufructo (62% de los casos), lo que implica una relación más frágil y menos autónoma con la tierra.
Además, la Oficina Nacional de Estadística e Información da cuentas de que el aumento en la tenencia de tierras se concentra en mujeres de entre 50 y 64 años, lo que apunta al peso de las generaciones mayores en la producción agrícola local.
Por color de la piel, son negras 52 por ciento de las mujeres con tenencia de tierras; blancas, 43 por ciento, y mulatas, el cinco por ciento. Esa intersección no puede ignorarse al hablar de brechas.
El tiempo como brecha
La socióloga Ania Mirabal, del Centro Félix Varela, advierte que el tiempo que las mujeres rurales destinan al cuidado de hijos, personas mayores y enfermos es tiempo que no se convierte en ingreso.
En el campo cubano, donde la migración de los jóvenes ha dejado a madres y abuelas como principales productoras de alimentos, esa ecuación se vuelve especialmente compleja. El descanso, el ocio y la posibilidad de pensar en un proyecto propio quedan relegados o desaparecen, apunta.
Agrega que los pocos espacios de socialización que existen en las zonas alejadas limitan las redes de apoyo entre mujeres, ese tejido informal que suele ser el único sostén disponible.
El entorno también puede frenarlas, advierte Mirabal. No basta con querer emprender, si no tienen acceso a crédito, mercados locales, redes de apoyo y conocimiento de las políticas que las respaldan. «¿Cómo llega una mujer de la montaña a un crédito bancario en las condiciones actuales?», cuestiona.
La respuesta, en muchos casos, es que no llega. Las regulaciones cambian, los funcionarios que las conocen rotan y las mujeres quedan a merced de un sistema burocrático que no siempre las reconoce ni las acompaña, reflexiona.
En el contexto rural, el aislamiento geográfico convierte el acceso a servicios en un privilegio y las aleja aún más de esas posibilidades, sostiene Lissette Fernández, presidenta de ACPA. Hay que llegar hasta donde están ellas y acompañarlas, porque muchas están demasiado lejos para esperar que el apoyo llegue solo, subraya.
Aunque suelen sostener la producción, las mujeres rara vez están al frente de la economía, reconoce Teisserenc. Están en el campo, en la transformación, en el cuidado comunitario, pero no en el centro de las decisiones ni de los ingresos. Es una de las realidades que buscamos mostrar y transformar, asegura.
Derribar barreras para incluir
Para las mujeres con discapacidad, todas las barreras anteriores se multiplican y superponen, enfatiza Geudis Vega Pérez, Jefe de Relaciones Internacionales de la Asociación Nacional del Ciego (ANCI).
«Cambiar la mentalidad es más complejo que eliminar una barrera física», afirma y aclara que ese cambio no depende solo de los empleadores. También involucra a las propias personas, muchas veces inducidas a depender de la asistencia social en lugar de insertarse en la economía, lo que las empuja, paradójicamente, al mercado informal para complementar ingresos.
El especialista señala, además, que los empleadores suelen subestimar el aporte de las personas en situación de discapacidad. A su juicio, el reto está en entender que los apoyos no son solo humanos, sino también tecnológicos, de infraestructura y formación, y que el diseño universal -que contempla a todas las personas- no es un lujo, sino un punto de partida.
En opinión de la socióloga Mayra Espina, el país tiene un marco normativo avanzado, pero las leyes y políticas muchas veces no llegan a transformar la vida cotidiana de quienes más las necesitan.
«Hace falta abogacía, que las propias mujeres y organizaciones exijan rendición de cuentas, visibilicen sus aportes y nombren sus necesidades», sostiene la experta, quien también defiende soluciones concretas y cercanas, sin perder de vista el enfoque interseccional.
«Una misma mujer puede cargar al mismo tiempo con una situación de discapacidad, el rol de cuidadora, el aislamiento geográfico y el desconocimiento de sus propios derechos. Ignorar esa acumulación condena las políticas a quedarse en el asistencialismo», subraya.
Un último eslabón que suele romperse, incluso cuando todo lo demás funciona, es la comercialización, señala Mirabal. De nada sirve producir, si no hay dónde vender, plantea la socióloga.
La experiencia de las mujeres rurales muestra que, sin espacios locales de venta y mercados accesibles, la producción no se traduce en ingresos reales. La respuesta, insiste la especialista, debe construirse desde cada comunidad.
Mirabal insiste también en el papel de la comunicación. «Para que más mujeres se animen a emprender, necesitan verse reflejadas no en figuras excepcionales, sino en mujeres reales, cercanas, que ya lo están haciendo».
SemMéxico, Cd. de México, 25 de mayo, 2026.- Ellas se encontraron al pie de una escalera. No era cualquier escalera, era la de un escenario del Woman Economic Forum, específicamente, de un evento organizado por Forbes, en 2023, en México. Se escucharon y dijeron: “Hagámoslo”. Son esos encuentros esperados en lugares inesperados que cambian e impactan en la vida de cientos de mujeres.
La que bajaba la escalera luego de realizar su presentación en ese escenario era Olimpia Coral Melo, sobreviviente de violencia de género digital, una activista a la que cambió la vida desde entonces y que junto a otras que vivieron el mismo infierno, está cambiando leyes y generando conciencia para prevenir y acompañar situaciones similares. Ella no necesita mucha más presentación.
Al pie de la escalera la esperaba Edith Contla, mexicana y cofundadora de la recién iniciada startup tecnológica AuraChat.IA, una empresa de Estados Unidos con sede en Ciudad de México, enfocada en el desarrollo de agentes de inteligencia artificial.
Olimpia tenía 15 minutos “para convencer a personas que no les interesa nuestra causa” de que invirtieran en un desarrollo tecnológico que las defensoras digitales tenían en mente; querían aliviar la cantidad de consultas que recibían por día de mujeres que eran violentadas a través de entornos digitales.
Ya sabían cuánto dinero se necesitaba, pero no lo tenían.
“Entonces conté que teníamos la sistematización analógica, que necesitábamos programarla”. En el público estaba Edith, que junto a sus socios Enrique Partida y David Jafri, ya habían pensado en trabajar junto a la Olimpia, y que ya tenían publicado un manifiesto de IA ética y redactada una propuesta legislativa de más de 60 páginas para regular la inteligencia artificial en México.
“Le dije a mis socios que tenía a Olimpia frente a mí. Me dijeron que hable con ella y que le ofreciera un pro bono”, recuerda Edith, en la charla que tenemos por videollamada. Olimpia resume ese encuentro: “Fue el faro de luz que necesitábamos”.
Este es el inicio de la historia que dio origen a OlimpIA una plataforma desarrollada por mujeres, que integra la metodología de Defensoras Digitales, la Ley Olimpia y la experiencia de víctimas y activistas.
Esta es una app que Edith define como “robusta” con 37 modelos de inteligencia artificial, y que reconoce como “la más compleja creada por Aura Chat” hasta la fecha (sus desarrollos comerciales tienen 28 modelos). Opera en una infraestructura privada y ofrece respuestas las 24 horas, los 7 días de la semana de “forma hiperpersonalizada, anónima y confidencial” en texto y voz, a través de WhatsApp. Puede responder en más de 50 idiomas y adelanta que “pronto incluirá llamadas telefónicas y enlaces en lengua de señas mexicana”.
OlimpIA fue reconocido como uno de los 50 mejores proyectos de inteligencia artificial a nivel mundial en el Ai Action Summit, en el marco del Paris Peace Forum 2025.
Entre febrero de 2025 y el mismo mes de 2026 recibió 12.480 mensajes y asistió a 2.389 víctimas, que se contactaron sobre todo a la tarde y noche, principalmente en Ciudad de México. Llegar al desarrollo implicó muchos encuentros, mesas de trabajo con las víctimas donde “corrían lágrimas”, reconoce la empresaria, y mucho compromiso.
“Fue un combate a la discriminación tecnológica de género. Nos sentimos muy orgullosas de hacer tecnología que no salió desde las grandes big tech”, destaca Olimpia.
Para ella, esa IA debía contar con el sentimiento y el sentido político de lo que significa para el movimiento la Ley Olimpia y para Defensores Digitales la causa de la atención a víctimas. “Estamos tratando con personas que están viviendo procesos de desigualdad, en contextos diferenciados e incluso de intentos de suicidio”, agrega. Lograrlo ha sido un desafío para el equipo de Aura Chat, que ha trabajado con gran responsabilidad y empatía e integrando la perspectiva de las víctimas en el diseño del código, según explica Edith.
El desarrollo se centró en cuatro ejes de apoyo: psicoemocional, legal, digital y comunitario, priorizando el psicoemocional, que es lo que el 80% de las víctimas solicita primero.
Hay especificaciones que muestran cómo esta es una IA creada por sobrevivientes de violencia: considera que muchas mujeres en peligros no pueden hablar o leer las respuestas, entonces ofrece diversas posibilidades e identifica situaciones de riesgo.
Olimpia resalta que se trata de una estructura “de código feminista autónomo, de territorio” y de “una enseñanza de ética feminista, poder saber que no necesariamente nos va a sanar de manera paternalista el Estado, sino que nos vamos a sanar entre nosotras”.
“Somos un movimiento político de autosanación, de autodeterminación y de autoempoderamiento apoyado en herramientas digitales que hemos aportado, que las víctimas aportan”, es la definición de Olimpia.
Hay numerosas investigaciones sobre cómo la violencia de género digital impacta en la vida diaria de las mujeres, sobre cómo se está utilizando IA como herramienta para violentar. A la par, se está subiendo una escalera, que es sinuosa, donde peldaño a peldaño muchas de ellas diseñan una IA feminista, y por lo tanto, situada, decolonial, que tiene en cuenta la diversidad de mujeres que somos en América Latina y Caribe.
Ese proceso en marcha se inicia con historias como esta, con mujeres que se encuentran y dicen: “Hagámoslo”. Por ellas y por todas.
La película que dirigió Gabriel Ripstein y produjo Diego Luna, se estrena el 5 de junio en Netflix / Foto: Cortesía Netflix
La actriz revela que la personalidad de su madre ayudó a construir su personaje en la cinta, la cual narra cómo el país pudo organizar su segundo mundial entre mañas y corrupción
Kevin Aragón
En medio de los circuitos futboleros y televisivos que retrata la película “México 86”, donde la expresión “tener huevos” parece ser un sinónimo de alcanzar el éxito, también hay mujeres fuertes que buscan sobrevivir y hasta conseguir su propia tajada.
De ellas, la que más profundidad tiene es “Susana Gómez-Mont” (Karla Souza), una mujer independiente, adelantada a su tiempo, que se transforma en una especie de consejera del contador “Martín de la Torre” (Diego Luna), protagonista de la historia y responsable de que —entre mañas y mucha picardía— México se convirtiera en el primer país en ser sede de la Copa del Mundo en dos ocasiones.
En entrevista con El Sol de México, Karla Souza revela que la creación de su personaje fue una decisión conjunta, en la que trabajó de la mano del director Gabriel Ripstein, el guionista Daniel Krauze y Diego Luna.
“Diego fue muy contundente con el equipo creativo en decir: ‘Quiero que, si va a existir una mujer en este mundo y en esta época (1986), vamos a presentarla con dignidad. Entonces nos sentamos en un cuarto de escritura Gabriel, Daniel, Diego y yo durante tres días enteros para darle lo más posible porque ya se acercaba el día de filmación”, cuenta la actriz.
Durante ese tiempo, relata Souza que comentó un poco de la historia de su propia madre, quien en se divorció en la década de los ochenta, generando una “polémica enorme” dentro de su red familiar.
“Ella era una mujer independiente y le decían que era una rebelde. Así decidimos que ella (Susana) recién se había divorciado, que ya había estado en un mundo de poder, pero que de alguna forma había tomado su individualidad y su camino”.
“Fue una oportunidad tener una mujer dentro de esta historia y no masculinizarla, ni hacerla súper fan del futbol y que supiera todo sobre ello. Nos preguntamos: ¿Cómo podemos tener una mujer que sea parte del juego, pero que también tiene sus reglas y límites, además de una cierta independencia y una voz que usa?”, dice la actriz.
A todos nos salpica la corrupción
A pesar de que la película provoca varias risas, llenas de humor negro y picardía mexicana —con partes de verdad y tintes de ficción—, Souza reconoce que es duro pensar que logros como fue aquel Mundial de 1986, pudiera haberse visto manchado por la corrupción, como la que propicia en la película “Martín de la Torre”.
“Es que es justo lo que vivimos en México, que hay quien puede ser padre de familia y ser tu amigo, pero resulta que te enteras que ha hecho ciertas cosas. De alguna manera, es una película basada en una anécdota real.
“Obviamente Diego (Luna) le da alma a este personaje que, aunque le quieres dar unos zapes, acabas yendo con él a través de toda esta aventura. Se me hace más realista eso que estar interpretar a alguien perfecto, porque no sería mexicano. Desgraciadamente (la corrupción) a todos nos salpica de alguna manera u otra por cómo es el sistema y por cómo está el país”, opina Karla Souza.
Sin embargo, no todo está perdido, pues en la misma película se evocan los trabajos de rescate y reconstrucción de la Ciudad de México tras el terremoto de 1985, labores en que la fuerza civil mostró una gran fortaleza frente a un estado incapaz de resolver la crisis.
“(En la película) se ve el corazón que tenemos como mexicanos para ayudarnos, apoyarnos, aunque no exista la infraestructura. Nosotros siempre estamos ahí ayudando. Creo que esa alma de México también es algo que se quería capturar”, finaliza.
“México 86” se estrena el 5 de junio en la plataforma se streaming Netflix.
Kevin Aragón :Soy reportero especializado en temas culturales con 7 años de experiencia. Estudié Letras en la FFy L de la UNAM.
SemMéxico, Cd. de México, 25 de mayo, 2026.- Manuel Buendía nació en Zitácuaro, al oriente del estado de Michoacán, el 24 de mayo de 1926, hoy hace 100 años. Fue el tercero de los seis hijos del maestro molinero José Buendía Gálvez y de Josefina Tellezgirón Tinoco.
Los Buendía Tellezgirón eran una familia conservadora y apegada a las tradiciones. A los doce años Manuel fue internado en el Seminario Menor en Tlalpujahua. Además de la motivación católica, los Buendía vieron que era el camino para que un hijo inquieto e inteligente recibiera una buena educación.
Manuel permaneció en el seminario de 1939 a 1941. A la muerte de su madre regresó a Zitácuaro. Dio clases de primaria y comenzó el camino del periodismo con una columna en un periodiquito que él y sus amigos formaban letra por letra en una vieja prensa de pedal no distinta a la de Juan Pablos. Luego lo voceaban por las calles del pueblo y con frecuencia eran correteados por los genízaros del cacique en turno. Fueron el dolor de cabeza de la autoridad municipal.
A mediados de 1943, recién cumplidos los diecisiete años, Manuel dejó la casa familiar para continuar sus estudios en la capital. Lo recibieron en el Instituto Patria y en Bachilleratos cursó la preparatoria de Filosofía y Ciencias Sociales. Pasó a la Escuela Libre de Derecho. La muerte de su padre y la obligación de velar por sus hermanos lo obligó a dejar los estudios en el segundo año.
En 1948 ingresó como redactor a La Nación. Que un joven provinciano sin antecedentes profesionales en el DeFelograra una plaza en la publicación del más importante partido opositor al régimen de la Revolución, habla de las capacidades del joven michoacano.
En La Nación publicó reportajes y escribió sus primeras columnas bajo la dirección del poeta Alejandro Avilés, quien lo llevó a dar clases a la escuela de periodismo que hoy conocemos como “Carlos Septién García”.
En 1953 fue contratado en La Prensa y pronto se distinguió como un reportero excepcional. En siete años cubrió la información policíaca, la diplomática, la política y la de la Presidencia de la República. Creó la columna que le habría de dar fama, “Red Privada”. Y el lunes 29 de febrero de 1960, poco antes de cumplir treinta y cuatro años, fue nombrado director de La Prensa, puesto del que fue separado a mediados de 1963 por un conflicto en la cooperativa.
Entre 1964 y 1976 Manuel Buendía tuvo su propio semanario, Crucero; después fue jefe de prensa en la CFE, el DDF, Nafinsa y Conacyt. En enero de 1977 regresó al periodismo con “Red Privada”, y llegó a ser el más destacado analista político de su generación. En 1977 recibió el Premio Nacional de Periodismo.
A Manuel Buendía lo asesinaron el 30 de mayo de 1984. De ese episodio nos quedan tres certezas: su muerte, la acción de un sicario profesional y cinco tiros de una pistola de alto calibre. Todo lo demás se difuminó en una bruma de conjeturas y sospechas no aclaradas al día de hoy.
Hoy lo recordamos principalmente por Red Privada. “¿Ya leíste a Buendía?” era el saludo entre ciudadanos informados y pendientes del rumbo que seguía el país. Al mismo tiempo esa columna lo puso en la mira de los poderes que un día decidieron silenciarlo.
Un cronista de la época apuntó que sin considerarse héroe por un instante, Buendía “asumió la responsabilidad de todo un gremio, y eso lo hizo ejemplar e irrepetible.” Fue el más exitoso columnista sindicado de la era. Red Privada aparecía en la primera plana de los más importantes diarios mexicanos -más de 100- y se publicaba en otros países de Latinoamérica.
Manuel confiaba en la dimensión civil de cada uno de sus textos. No veía en sus lectores sólo a un conjunto de ciudadanos curiosos, anónimos o impersonales. Siempre tuvo conciencia de que jugaba un papel al servicio de la opinión pública y que ésta era vital para la salud de la República.
No se dedicó a registrar escándalos o a describir la superficie del poder. Su trabajo consistió en identificar las conexiones profundas entre actores que en apariencia, pertenecían a esferas distintas: agencias de inteligencia extranjeras, organizaciones ideológicas clandestinas, élites políticas y estructuras criminales emergentes.
La información privilegiada que ofrecía, la temática con la que podía identificar diversos grupos, la claridad, ritmo, contundencia y sentido del humor de su redacción y una amplísima red de contactos y relaciones, pronto lo singularizaron entre el conjunto de los profesionales del análisis político y social.
Su obra fue y sigue siendo relevante porque los temas que abordó permanecen en la vida pública mexicana, porque ejerció un oficio periodístico empeñado en revelar lo que el poder buscaba ocultar y porque su asesinato, en 1984, se convirtió en símbolo de los riesgos que enfrenta la prensa crítica e independiente en México, hoy el país más peligroso del mundo para ejercer esa profesión.
Su trabajo es un punto de referencia ético y profesional para comprender el papel esencial que juega el periodismo en una sociedad democrática. Buendía sigue entre nosotros porque la esencia del periodismo en el que él creía sigue siendo la misma. Su asesinato desató una ola de dolor, indignación y temor. La sensación de que “si pueden matar a Buendía pueden matar a cualquiera” fue la confirmación de la impunidad en que vivíamos entonces y que hoy sigue entre nosotros.
José Emilio Pacheco identificó a Manuel Buendía como uno de los grandes prosistas mexicanos del fin de siglo. Y el significado de su desaparición fue para este poeta una profecía: la prueba trágica e irrefutable del poder de las palabras.
Su trabajo inspiró a generaciones de columnistas y sigue siendo un ejemplo para las nuevas generaciones de periodistas. A 100 años de su nacimiento, lo recordamos con cariño y respeto.
SemMéxico, Cd. de México, 25 de mayo, 2026.- La noticia es sumamente importante porque dicho superávit se daría a pesar del déficit en la balanza petrolera. Es más, habría que destacar que abril,-especialmente ese periodo- estuvo caracterizado por persistentes presiones geopolíticas, con disrupciones en ciertas rutas marítimas y en el sector energético. Aun así, el impacto regional fue limitado, con los fletes marítimos de nuestro país con Asia mostrando estabilidad. En este contexto -precisan especialistas de Banorte-, esperamos que el componente petrolero muestre un déficit más amplio vs marzo, con precios más presionados y señales de aceleración en las compras realizadas en el exterior. En los no petroleros anticipamos que la tendencia de expansión de ‘otras manufacturas’ continuará, con los autos también positivos en esta ocasión.
En las importaciones vemos una aceleración en los bienes intermedios, consistente con el mayor dinamismo manufacturero debido a la necesidad de insumos. En este sentido, esperamos un avance de 27.2% en las exportaciones totales y de 25.4% en las importaciones. Con ello, la balanza comercial acumularía un superávit de US$997.8 millones en los últimos doce meses. Por cierto, bajo esta última métrica, no se había observado un saldo positivo desde diciembre.
Respecto al futuro inmediato de la relación comercial con EU, creemos que México seguirá siendo un proveedor clave de insumos de IA para EU. Al respecto, en el artículo Trade in AI-related Products del National Bureau of Economic Research (NBER), de las 18,364 fracciones arancelarias, 645 están vinculadas a la IA. A marzo de 2026 representan cerca de 30.2% del total de las importaciones de EU (con respecto al total en los últimos doce meses), con más del 50% del total provenientes de Taiwán y México. En un análisis más detallado, dos terceras partes de las fracciones se concentran en: (1) Maquinaria y equipo (Capítulo 84 del Sistema Armonizado); y (2) equipo eléctrico y electrónico (Capítulo 85). Ambos han presentado una clara tendencia positiva. El dinamismo de la maquinaria y equipo ha sido tan notable que ya supera a las exportaciones de autos y autopartes.
SemMéxico, Mérida, Yucatán, 25 de mayo, 2026.- El fin de semana pareció convertirse en un esfuerzo político coordinado para reinstalar un concepto en el centro de la conversación pública: la soberanía. Desde Yucatán, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que “ningún gobierno extranjero va a arrebatar la Transformación al pueblo de México”. Ahí mismo lanzó otra frase con implicaciones igualmente profundas: la Transformación no sería refugio para corruptos.
Casi simultáneamente, en Chihuahua, la recién estrenada presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, encabezó una movilización para exigir juicio político contra la gobernadora Maru Campos bajo una acusación de dimensiones mayores: “traición a la Patria”.
Dos escenarios distintos, dos voces diferentes y un mismo eje discursivo: la defensa nacional frente a amenazas externas.
Soberanía
La defensa de la soberanía ocupa un lugar singular en la historia política mexicana. No es una palabra cualquiera. Carga consigo una conquista, varias invasiones, pérdidas territoriales, petróleo expropiado y la larga construcción de una identidad nacional basada en la autodeterminación. Pocas expresiones poseen una fuerza simbólica semejante. Convoca historia, identidad y dignidad nacional. También ofrece una ventaja política adicional: ordena la conversación y simplifica los conflictos. Por eso la palabra reaparece con frecuencia en momentos de presión externa.
Seguridad
Pero mientras el discurso oficial parecía intentar colocar a la soberanía al centro de la escena, la realidad insistía en empujar el debate hacia otro sitio.
La entrega voluntaria de dos personas requeridas por autoridades estadounidenses; las preguntas sobre qué información podrían aportar; y la aceleración en los anuncios de aseguramientos y desmantelamiento de instalaciones vinculadas a drogas sintéticas volvieron a colocar la seguridad en el centro del escenario público.
¿Soberanía o seguridad?
La pregunta importa porque el gobierno parece intentar un reencuadre político: defensa nacional frente a presiones externas. Pero los acontecimientos recientes parecen insistir en otra dirección: redes criminales, estructuras de protección, infiltración institucional y relaciones cada vez más complejas entre políticos y crimen organizado.
La soberanía es un concepto poderoso. Apela a la historia y a la identidad. La seguridad opera de otro modo: es cotidiana, se siente. Se experimenta al transitar una carretera, abrir un negocio o decidir si una familia puede desplazarse sin miedo.
La soberanía se escucha en discursos. La seguridad se vive.
La marcha morenista en Chihuahua
En medio de esa tensión apareció el episodio de Chihuahua. Y quizá merece una lectura más amplia que la anécdota o el análisis del debut poco afortunado de la nueva presidenta nacional de Morena. Puede verse como un paso adicional en una tendencia más profunda: la creciente polarización política y el endurecimiento del lenguaje utilizado frente a las oposiciones.
Porque “traición a la Patria” no es únicamente una expresión políticamente inflamable. En México posee un significado jurídico extraordinario. El Código Penal Federal reserva esa figura para actos dirigidos contra la independencia, soberanía o integridad nacional con el propósito de someter al país a una persona, grupo o gobierno extranjeros. La Ley de Seguridad Nacional la ubica además entre las amenazas directas a la estabilidad y permanencia del Estado mexicano. No pertenece al vocabulario de la competencia electoral ordinaria. Pertenece al repertorio de las amenazas existenciales.
Y ahí aparece una paradoja difícil de ignorar.
Porque si la acusación se toma en sentido estricto —más allá del impacto político inmediato— surge una consecuencia inesperada: la necesidad de identificar al agente externo cuya acción colocaría en riesgo a la nación.
México mantiene con Estados Unidos una relación compleja, desigual y conflictiva en numerosas ocasiones. Pero es también una relación de interdependencia económica, comercial y de seguridad imposible de desconocer.
Nadie ha planteado convertir a Estados Unidos en enemigo de México. Pero cuando conceptos jurídicos y políticos diseñados para escenarios extraordinarios comienzan a utilizarse con ligereza en la disputa partidista cotidiana, pueden terminar produciendo efectos que van más allá de la intención inicial.
Las palabras no sólo describen la realidad. También la reorganizan.
Y cuando la acusación es traición a la Patria, el adversario atrás de esa traición comienza poco a poco a adquirir rasgos de enemigo.
La otra frase pronunciada en Yucatán introdujo una tensión distinta. La presidenta afirmó que la Transformación no sería refugio para corruptos y que nadie podría esconderse bajo su halo protector.
La expresión tiene fuerza política porque toca uno de los pilares fundacionales del movimiento gobernante: la promesa de una superioridad ética respecto al pasado. Pero las frases poderosas tienen una característica incómoda: dejan de ser consignas y se convierten en criterios de evaluación.
Porque si nadie puede esconderse bajo el paraguas de la Transformación, la pregunta inevitable deja de ser quién está afuera. Comienza a ser quién permanece adentro cuando debería estar afuera.
Y ahí la realidad vuelve a mostrar resistencia frente al discurso.
Porque si la soberanía intenta ordenar la conversación, la seguridad insiste en irrumpir; y si la depuración ética se presenta como promesa, la política recuerda la complejidad de alianzas, trayectorias, lealtades y silencios acumulados. Los aliados del “haiga sido, como haiga sido” de Morena.
Este fin de semana dejó tres palabras flotando en el ambiente político: soberanía, seguridad y supervivencia.
Soberanía: la narrativa que el gobierno intenta reinstalar.
Seguridad: el tema que los acontecimientos devuelven una y otra vez al centro del debate.
Supervivencia. Pero no únicamente la de un partido o una estrategia política. Se trata de la supervivencia de las capacidades del Estado, de la confianza pública y de la posibilidad de recuperar territorios donde la autoridad ha dejado de ser plenamente autoridad.
Porque quizá la pregunta más importante no sea quién amenaza nuestra soberanía desde fuera. Tal vez la pregunta decisiva sea otra: qué dejamos crecer adentro para volvernos vulnerables. Y esa pregunta ya no puede responderse con el silencio sobre el pasado. Menos con su ocultamiento. Esta discusión suele ser menos cómoda: obliga a revisar aliados, silencios y responsabilidades propias.
El desafío de fondo no es únicamente defender la soberanía frente a presiones externas. También consiste en reconstruir capacidades internas: instituciones eficaces, fronteras claras entre política y crimen, y una conversación pública capaz de distinguir entre discrepancia y amenaza existencial. Las democracias suelen debilitarse no sólo cuando pierden control sobre su territorio, sino también cuando pierden precisión en sus palabras.
Quizá ahí resida la ironía del fin de semana pasado. Mientras el discurso oficial intentó instalar la narrativa de la soberanía, la realidad insiste en hablar de seguridad. Y la terca realidad suele ser una adversaria difícil de disciplinar, más cuando está en juego la supervivencia.
dulcesauri@gmail.com, Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán
Pronunciamientos, llamados, análisis vuelven a poner el foco en Guerrero, donde se violan los derechos humanos sistemáticamente
La estrategia de extermino, desde los años 60, recuerda el Centro Morelos ; la mesa de paz una simulación
Sara Lovera/ editorial e información
SemMéxico, Cd. de México, 25 de mayo 2026.- La crisis desatada en Chilapa, Guerrero, con el desplazamiento forzado, de más de 800 familias, revela una crisis humanitaria que no se está atendiendo, ni mirando su hondura y consecuencias.
En Guerrero al mismo tiempo se llama a La Paz, con una “mesa por la paz”, considerada como juegos artificiales.
Desde el 9 de mayo, la situación es tensa. Y según las noticias los asesinatos del funcionariado y las preocupaciones están al máximo. Mujeres y niñas, las víctimas mayoritarias. Mientras una campaña por hacer el camino al gobierno de Guerrero, desata discursos superficiales, se levantan informes turísticos y promociones de la comida guerrerense, como si nada pasara. También además de pronunciamientos y reflexiones, nuevas iniciativas en Congreso Local.
Llaman la atención al gobierno local y federal, encabezados por dos mujeres; mientras 2 mujeres andan en campaña. Preocupa que todo apunte a una estrategia de contrainsurgencia, donde en los gobiernos de Guerrero esto se ha practicado desde los años 60, en que fue identificada la guerrilla. El tema es para ver cuidadosamente. Hay llamados a los alcaldes que no se quieren sentar en la mesa de paz, hay posicionamiento de esos alcaldes.
Con información de organizaciones, de la agencia Ceprovysa y otras, dejamos aquí para leer cuidadosamente.
Desde lo oficial, lo político y la preocupación de una docena de organizaciones sobre el desplazamiento en Chilapa, de hace dos semanas.
Se advierte que las consecuencias de una estrategia de contrainsurgencia busca el exterminio y despoblación de las comunidades ancestrales de la montaña. La pregunta es si y cómo esto tiene que ver con la producción de Amapola y dónde se ubican las informaciones oficiales.
En el Congreso
Toda vez que el desplazamiento forzado de familias enteras de las comunidades agobiadas por la violencia e inseguridad extrema constituye una violación múltiple y continuada de derechos humanos. El Estado tiene la obligación de garantizar mecanismos efectivos de reparación integral del daño, consideró la diputada local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Erika Isabel Guillén Román.
Explica en entrevista el contenido de la iniciativa que presentó la semana pasada que propone reformar la Ley Número 450 de Víctimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con el objetivo de fortalecer el derecho a la reparación integral de las personas víctimas de desplazamiento forzado interno.
En su opinión el desplazamiento e s un problema enfrentado por decenas de comunidades en la entidad, ya no es un fenómeno aislado sino una grave crisis humanitaria derivada de la violencia en distintas regiones de la entidad, particularmente en comunidades de la Sierra y municipios indígenas como Chilapa.
Guillén Román hizo referencia muy especial a los recientes hechos ocurridos en comunidades indígenas de Chilapa, donde alrededor de 800 familias se vieron obligadas a huir debido a los enfrentamientos armados.
Advirtió que “hay comunidades en Guerrero donde el silencio ya no representa tranquilidad. Lugares donde la vida cotidiana fue sustituida por la incertidumbre permanente”.
Dijo que las disputas territoriales entre grupos armados, las amenazas directas contra la población y la ausencia de condiciones efectivas de seguridad han obligado a cientos de familias a abandonar sus hogares para proteger su vida e integridad.
Afirmó que entre 2011 y 2017 Guerrero se colocó entre los estados con mayor número de desplazamientos forzados internos en el país, junto con entidades como Tamaulipas, Coahuila y Michoacán, y agregó que al menos 135 episodios relacionados con este fenómeno.
Citando datos del INEGI se ve que hay una disminución drástica de población y un incremento de viviendas abandonadas en comunidades serranas durante el Censo de 2020, situación vinculada directamente a los contextos de violencia.
Propone reformar la Ley de Víctimas del Estado para incorporar el concepto de “proyecto de vida” desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconociendo que las víctimas no sólo pierden bienes materiales, sino también expectativas de desarrollo personal, familiar, educativo, laboral y comunitario pues enfatizó que “reparar no significa únicamente indemnizar. Reparar implica reconstruir condiciones de existencia y devolver posibilidades reales de desarrollo humano”.
Detalló que su intención es que las medidas de reparación integral sean adecuadas, efectivas, diferenciadas y transformadoras, además de establecer acciones específicas para garantizar retorno digno y seguro, acceso a vivienda, salud, educación, alimentación, empleo y atención psicosocial para las víctimas y destacó que también prevé medidas para la reconstrucción del tejido comunitario y garantías de no repetición.
La legisladora local por el PRD remarcó finalmente que el desplazamiento forzado de familias enteras de las comunidades azotadas por la violencia no puede seguir siendo atendido únicamente desde una lógica asistencial, al señalar que “detrás de cada vivienda abandonada existe una familia desplazada y detrás de cada víctima existe una vida que merece ser reconstruida con dignidad”.
Derechos humanos pide a 9 alcaldes y alcaldesas, mantenerse en las mesas para la paz
Luego del anuncio de 9 Alcaldes y Alcaldesa, de retirarse de las reuniones de las Mesas para la Construcción de la Paz, la Comisión Estatal de Derechos Humanos les conminó a mantener su presencia dentro de estos espacios.
Alcaldes de municipios de José Joaquín de Herrera, Zitlala, Acatepec, Tixtla de Guerrero, Quechultenango, Ahuacuotzingo, Mochitlán, Mártir de Cuilapan y Atlixtac, dieron a conocer que se retiraban de las Mesas de Paz por considerar que las mismas se han convertido en espacios donde los reportes son canalizados entre dependencias, pero sin acciones específicas que atiendan la violencia en sus regiones.
Las y los 9 Alcaldes que se retiraron de estos espacios, consideran que en los mismos, por parte de las autoridades estatales y federales, existe omisión, indiferencia y falta de respuestas eficaces ante temas como ataques armados, amenazas que enfrentan comunidades así como desplazamientos forzados.
Tras conocerse su la Comisión de Derechos Humanos del Estado, que encabeza Cecilia Narciso Gaytán, llamó a las autoridades municipales a mantener un trabajo conjunto para fortalecer la paz en Guerrero.
La CDHEG dice a las y los 9 Presidentes Municipales: “En la Mesa para la Construcción de la Paz, la participación de los municipios es fundamental, porque son la autoridad inmediata a las comunidades. Por tanto, la paz se construye con su participación”.
Publicamos el comunicado
Hace 3 días inició la Mesa de diálogo por la Paz
Esta mesa es para dar seguimiento a la atención integral en el corredor Chilapa-Hueycantenango, en cumplimiento al acuerdo establecido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
El encuentro es encabezado por el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno Cabrera, y por parte del Gobierno del Estado, por el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, quienes fortalecen el diálogo con las comunidades y avanzan en la construcción de acuerdos para atender sus planteamientos sociales.
Una docena de colectivos de Derechos Humanos en el PAÍS se pronuncian ante desplazamiento forzado en Chilapa (Pronunciamiento Urgente)
Colectivo de Víctimas de Desplazamiento Forzado y Organizaciones Acompañantes
Texto del PRONUNCIAMIENTO URGENTE
Ante la crisis humanitaria por el desplazamiento forzado en la Montaña Baja de Guerrero México a 20 de mayo de 2026.- Las personas, colectivos de víctimas, comunidades y organizaciones civiles que conformamos el Colectivo sobre Desplazamiento Forzado Interno, manifestamos nuestra profunda preocupación frente a la omisión, negligencia e inacción de las instituciones del Estado mexicano ante los graves ataques de la delincuencia organizada. Hechos que han provocado el desplazamiento forzado de comunidades nahuas en la región de la Montaña Baja de Guerrero, en el municipio de Chilapa de Álvarez desde el 9 de mayo.
El uso de armamento de alta capacidad de fuego y drones con artefactos explosivos en municipios como Chilapa de Álvarez evidencia una escalada de violencia en la zona.
Esta situación vulnera la vida comunitaria de los pueblos originarios y profundiza un contexto de violencia que no es nuevo para la región.
No es la primera vez que comunidades de la Montaña Baja enfrentan eventos de desplazamiento forzado, ataques armados y despojo territorial. Sin embargo, hasta el momento no ha existido una sola estrategia integral y sostenida orientada a la pacificación de la zona mediante la reconstrucción del tejido social, la prevención de las violencias y la generación de condiciones reales de seguridad comunitaria. La respuesta oficial con el Ejército mexicano, las Guardia Nacional y la Policía Estatal ha sido insuficiente, y se ha limitado a despliegues reactivos, temporales, predominantemente militarizados que, aunque pueden contener momentáneamente algunos hechos de violencia, no atienden las causas estructurales del conflicto ni garantizan soluciones duraderas.
Las fuerzas armadas eventualmente se retiran —como debe ocurrir en un Estado democrático—, pero detrás permanece el abandono institucional, la fragmentación comunitaria y la ausencia de políticas preventivas y sostenidas.
No existen actualmente planes integrales de retorno seguro, reconstrucción comunitaria ni garantías efectivas de no repetición. Predominan acciones tardías, asistencialistas y fragmentadas que no permiten a las familias recuperar sus proyectos de vida ni restablecer condiciones básicas de dignidad y seguridad. En el momento de la salida forzada, la población se ha visto obligada a abandonar sus viviendas, las cuales han sufrido saqueos, destrucción parcial o total por incendios e impactos directos de artefactos explosivos. Así mismo, el patrimonio de las familias, que han sostenido durante generaciones, se ha perdido por completo: se han perdido cosechas para el sustento de las comunidades, así como las reservas de granos básicos y los animales de corral o ganado, los cuales están muriendo por falta de cuidado o en otros casos son robados por las células criminales operantes.
Sumando a estos hechos, el desplazamiento forzado genera un daño cultural y un etnocidio silencioso junto a su patrimonio biocultural ancestral. Esta pérdida de bienes e infraestructura no representa un simple daño colateral, sino constituye un despojo intencionado, sistemático de los medios de vida de las comunidades; ya que anula cualquier posibilidad de autosuficiencia alimentaria y hunde a las comunidades en una incertidumbre desde el primer día del éxodo.
Adicionalmente, queremos poner énfasis en que el desplazamiento forzado interno es una grave violación a los derechos humanos que lleva lustros desarrollándose: el poder destructivo que hoy describimos en Guerrero ha azotado a comunidades campesinas de Michoacán al menos desde enero de 2021, y desde allí se han implementado estas tecnologías de guerra en otras entidades, como Chiapas, Chihuahua, Durango, Nayarit, Sinaloa y Zacatecas. Las denuncias de sociedad civil respecto al riesgo de proliferación fueron múltiples, oportunas y no atendidas; por el contrario, los eventos de desplazamiento forzado en el país continúan multiplicándose. El Estado no puede continuar soslayando esta realidad sin poner en riesgo la gobernabilidad territorial, la vigencia del Estado de Derecho y con ello, la soberanía nacional.
Ante la persistencia de la emergencia, subrayamos las profundas afectaciones a mujeres jefas de hogar y las graves separaciones culturales forzadas que sufre la niñez indígena, y solicitamos a las autoridades de los tres órdenes de gobierno:
1.- Garantías de seguridad e integridad física permanentes: Instalar mecanismos eficaces entre las fuerzas federales y protección civil en las comunidades afectadas (Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán) para detener las incursiones armadas y el hostigamiento criminal de manera definitiva.
2.- Brindar atención humanitaria inmediata e integral con enfoque de género, edad y diversidad: Suministrar de inmediato alimentos, refugios seguros y regularización educativa para niñas, niños y adolescentes. Esto debe implementarse respetando estrictamente su pertinencia cultural, lengua y costumbres y en coordinación con SIPINNA.
3.- Atención a personas y comunidades desplazadas sin condicionamiento de la denuncia penal: Facilitar el acceso al Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) y al Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) Se debe eliminar de manera inmediata la exigencia de una denuncia penal como condición para recibir asistencia material y de protección.
4.- Mesa de trabajo: Instalar una mesa de trabajo interinstitucional coordinado por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) con participación directa y representativa de las víctimas, autoridades comunitarias, actores sociales reconocidos en la región y organizaciones acompañantes.
5.- Implementar un protocolo especializado en salud mental y apoyo psicosocial para resarcir el daño acumulado por la exposición prolongada al miedo y la ruptura del tejido comunitario. Esto constituye una condición indispensable para la recuperación de las familias y las comunidades afectadas.
6.-Criterios de evaluación y registro confidencial para un retorno seguro: Diseñar protocolos con pertinencia cultural para evaluar los riesgos de seguridad antes de cualquier retorno. Un primer paso es la reposición inmediata de documentos de identidad mediante un sistema de registro foliado, anónimo y confidencial que garantice la protección de los datos personales de las personas desplazadas.
7.- Continuaremos señalando la falta en que incurre el Estado Mexicano al no promulgar una Ley general contra el Desplazamiento Forzado Interno en México, que lo tipifique como delito, conforme un registro nacional de personas desplazadas internas y establezca las competencias institucionales para la prevención, atención y restitución de derechos violentados por esta grave violación a los derechos humanos.
A T E N T A M E N T E Colectivo de Víctimas de Desplazamiento Forzado y Organizaciones Acompañantes
Chiapas: Desplazados Tseltales de Ocosingo Colectivo de desplazados COLEMBIJ de la zona norte Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. Voces Mesoamericanas Melel Xojobal (niñeces y adolescencias)
Chihuahua: Colectivo de personas desplazadas “Nuevo Amanecer” de Parral Comunidad de Baborigame de Guadalupe y Calvo Desplazados de la Comunidad del Manzano Desplazados de la Comunidad de Monterde Desplazados de la comunidad Coloradas de la Virgen Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Centro de los Derechos Humanos de la Mujeres A.C. Alianza Sierra Madre Equipo de Producción Documental “CRUZ”
Colima: Desplazados de Colima reubicados en Michoacán Durango: Colectivo de personas desplazadas “Nuevo Amanecer”
Guerrero: Desplazados de la comunidad de Leonardo Bravo Desplazados de Zitlala Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan Centro de derechos de las víctimas de violencia Minerva Bello
Michoacán: Desplazados de Aguililla Desplazados de Chinicuila Desplazados de Coalcoman Desaparecid@s de la Costa y Feminicidios de Michoacán (Decofem) Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán
Oaxaca: Desplazados de Cuajilotes, Pueblo Viejo y Cerro Metate, San Juan Mixtepec Desplazados triquis de Tierra Blanca Copala Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI)
Sinaloa: Comunidad Mayo de Huites
Sonora: Colegio de Sonora Red Kaweruma para apoyo a Guarijios
Quintana Roo: Desplazados Kanjobales y Cakchiqueles de Maya Balam
Ciudad de México: Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos A.C. Centro de Seguridad Urbana y Prevención Centro de Investigación y Acción Social A.C. Aluna Acompañamiento Psicosocial A.C. Trabajo interestatal en Sinaloa, Sonora, Campeche, Quintana Roo y Chiapas; Foro para el Desarrollo Sustentable A.C.
El Centro Morelos afirma: El desplazamiento forzado no es una consecuencia de la violencia, sino una estrategia político militar
El Centro Morelos de DH hace un pronunciamiento, plantea exigencias ante lo que califica como la Omisión y Aquiescencia del gobierno federal, estatal y municipal ante el accionar de los grupos narcoparamilitares en comunidades de Chilapa de Álvarez.
Difundido el domingo 24 de mayo
Desde 1997, año en que se constituyó el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos, José Ma. Morelos y Pavón (Centro Morelos), al mismo tiempo que promovía y defendía los Derechos Humanos en los municipios de la montaña baja, ha sido testigo de la aplicación de una estrategia de contrainsurgencia y la aplicación de la nueva forma de acumulación de capital en el estado y, como consecuencia el exterminio y despoblación de las comunidades ancestrales de estas montañas.
En resumen, el desplazamiento forzado no es simplemente una consecuencia de la violencia delictiva, sino una estrategia política y militar diseñada para inmovilizar a la sociedad civil y facilitar el despojo territorial donde el terror se convierte en una herramienta política y nunca debemos olvidar que el capital criminal y el Estado no son entidades aisladas y esta relación se sostiene a través de las siguientes dinámicas: La
Corrupción y la cooptación donde los grupos delictivos establecen acuerdos paralegales, compran militares, jueces, fiscales, policías, gobernadores, presidentes municipales y financian campañas políticas para asegurar protección institucional, impunidad y territorios para operar y, en retribución fungen como el brazo ejecutor del Estado, exterminando opositores políticos, defensores del medio ambiente, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, madres buscadoras y, mediante el terror inhiben la organización popular para imponer los proyectos extractivistas.
Recordemos que después de la derrota armada de las organizaciones político-militares (ACNR, PDLP, EPR, ERPI entre otras), el ejército no regreso a sus cuarteles sino que se dedicó a repartir semilla de amapola y mariguana en la sierra y la montaña, asesorando y buscando compradores, simulando que apoyaban a la población más vulnerable, ahí inicia una nueva estrategia de la guerra de contrainsurgencia, con incipientes grupos de productores de amapola y mariguana que posteriormente se transformaron en los grupos delincuenciales hoy conocidos, y que cuando el descontento social empuja a los pueblos a organizarse para defender sus bosques y sus recursos minerales, exigiendo el cumplimiento de sus derechos humanos, ante el descrédito del ejercito por su participación activa en la llamada guerra sucia y ante las dificultades para imponer la nueva forma de acumulación del capital y la conservación del poder político, se promueve la creación de grupos de narco paramilitares para enfrentar en conjunto con el ejército y la policía la resistencia al despojo y saqueo de los recursos minerales y naturales, entonces nos damos cuenta que, Ningún hecho de violencia y sus secuelas son aislados y han dejado miles de personas asesinadas, desaparecidas y familias desplazadas, todas víctimas de la aquiescencia y participación de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Veamos el proceso de esta estrategia: 1992.
Reforma al artículo 27 constitucional abriendo al mercado las tierras y los recursos naturales de los pueblos originarios y de los ejidos. 1994. Levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas.1995. Masacre de Aguas Blancas.1996. Surgimiento del Ejército Popular Revolucionario en Guerrero. 1997. Constitución del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y pavón” en Chilapa justo cuando en la montaña baja el ejercito detenía, torturaba y encarcelaba a presuntos miembros de la guerrilla.1998.
Masacre de El Charco.1999 – 2000. Se forma el grupo narco paramilitar de los ardillos en Tlanicuilulco.2009. se da la formación del grupo delincuencial de los rojos en Chilapa.2015.
Del 9 al 15 de mayo los ardillos mantuvieron tomada Chilapa cabecera del municipio del mismo nombre con alrededor de 300 personas armadas, apoderándose temporalmente de la alcaldía bajo la justificación de combatir a “Los Rojos” dejando como saldo de estos hechos la desaparición de alrededor de 30 personas. Contexto Político: El ataque ocurrió en un clima de alta tensión electoral tras el asesinato del candidato a la alcaldía Ulises Fabián Quiroz el 1 de mayo.** después de retirarse de Chilapa (mayo 2015), el grupo de civiles armados se constituyeron en la autodenominada Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, con presencia en diversas comunidades del municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero para blindar los nuevos territorios conquistados que ahora abarca los municipios de Zitlala, Ahuacuotzingo, Tixtla, Atlixtac y otros más. 2015.
Se constituyó La policía comunitaria en la comunidad de Rincón de Chautla, municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, en respuesta a la violencia de grupos delictivos en la zona.2017 se constituye en 10 comunidades del municipio de Chilapa y José Joaquín de Herrera la policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF). **
Son múltiples los ataques que han sufrido las comunidades indígenas nahuas del municipio de Chilapa que pertenecen a la policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF).2011 El Centro Morelos inicia acompañamiento a acompañamiento a familias desplazadas en la comunidad de la Laguna municipio de Coyuca de Catalán.2018 El Centro Morelos inicia acompañamiento a acompañamiento a familias indígenas desplazadas en el municipio de Zitlala y familias desplazadas de los municipios de Leonardo bravo y Eliodoro Castillo.2019.
Integrantes del Centro Morelos son agredidos física y sexualmente en Chichihualco por policías estatales entre los que iban sicarios del grupo de los Tlacos.2020. Integrantes del Centro Morelos se ven obligados a salir desplazados ante las agresiones y amenazas de integrantes de un grupo narco paramilitar, sin que hasta la fecha se hayan creado las condiciones para su regreso.2026. del 6 al 11 de mayo el grupo de los ardillos ataca las comunidades Acahuehuetlán, Xicotlán, Tula y Alcozacán del municipio de Chilapa, con un saldo de seis muertos, 6 heridos entre los que hay 2 bebes, desplazando a cientos de personas y se habla de algunos desaparecidos. (lo anterior sin tomar en cuenta las diversas masacres y asesinatos cometidos en contra de ciudadanos de comunidades que integran el CIPOG- CRAC-PC-PF.(Entre los acontecimientos enumerados hay muchos hechos sangrientos que no alcanzamos a incluir pero que solo refuerzan lo que hemos afirmado).
Ante esta crisis humanitaria tolerada por el estado y sus instituciones por acción, omisión y la Aquiescencia en que incurren las autoridades, el Centro Morelos Exige:
A la Presidenta de México; Claudia Sheinbaum Pardo.A la Gobernadora del Estado de Guerrero; Evelyn Salgado Pineda. A la presidenta municipal de Chilapa; Mercedes Carballo Chino.
1.- El cumplimiento puntual de lo que mandata el Artículo 1º Constitucional, El Artículo 1º de la Constitución Mexicana establece que todas las personas en el país gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales. Garantiza la igualdad, prohíbe la discriminación y obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar estos derechos: Igualdad y No discriminación: Prohíbe cualquier discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. Obligaciones de las autoridades: Las autoridades tienen el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Principio Pro Persona:
Todas las normas relativas a derechos humanos se interpretarán favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a las personas.
2.- Por lo que, exigimos la aplicación de las normas internacionales en materia del desplazamiento interno y el marco jurídico y normativo de México, diseñado para salvaguardar a las personas vulnerables, centrándose especialmente en la Ley General de Víctimas de México y los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas, ya que Estos documentos establecen que el Estado tiene la obligación primaria de garantizar la protección, asistencia y reparación integral de quienes han sufrido violaciones a sus derechos humanos o delitos.
En esos instrumentos se definen conceptos fundamentales como la dignidad humana, la no criminalización y el enfoque diferencial para grupos con mayor vulnerabilidad, como mujeres y niños. Asimismo, se detallan derechos específicos que incluyen el acceso a la justicia gratuita, la búsqueda de la verdad y el suministro de servicios básicos durante el desplazamiento.
Finalmente, las normativas exigen que las autoridades actúen bajo principios de buena fe y debida diligencia, asegurando que las víctimas sean tratadas como sujetos plenos de derecho en todo momento
3.- El cumplimiento de las demandas de las comunidades de Xicotlán, Tula, Acahuehuetlán y Alcozacán planteadas a través de las organizaciones integrantes de la Misión Civil de Observación realizada del 22 – 24 de mayo de 2026.Atentamente¡Por Una Sociedad Fraterna y Una Vida Digna! Consejo Directivo del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” A.C.
SemMéxico, Cd. de México, 23 de mayo, 2026.- “Si hubiera podido se las doy blindadas”, les dijo la maestra tras anunciar a medianoche que entregaría a los líderes de cada sección una camioneta Hummer.
Esta nota que se fue a portada no la hice yo. La armó Roberto Zamarripa, juntando todas las piezas de un día agotador y lleno de notas. No puedo dejar de reconocer su olfato periodístico y su capacidad de síntesis.
Yo estaba en Cuernavaca cubriendo la protesta magisterial, donde habían rechazado los acuerdos de la mesa de negociación, cuando el SNTE mandó una invitación para el Consejo Nacional en Hermosillo.
Llegué ya empezada la reunión y comenzaron a brotar notas: Gordillo amenazaba con “sacar a los maestros a las calles”; arremetía contra dirigentes partidistas y funcionarios de la SEP; al director del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes, le llovían reclamos por la reforma de pensiones; y los maestros de Morelos habían dejado plantado al SNTE.
A media tarde llega Haydeé Ramírez, entonces corresponsal en Sonora del Reforma y me cuenta que tras dejar a su hijo, se encontró con un desfile de Hummers. Primero pensó que eran los malosos, eran el periodo de la guerra contra el narco. Luego me dijo que se acercó con sigilo y vio que las camionetas tenían el logo del SNTE.
No teníamos claro para qué eran y teníamos dos horas en contra, así que acordamos que ella reporteara lo de las Hummers, y mandara la nota al periódico y yo me quedaba en la asamblea y haciendo las otras notas.
Cada una mandó sus notas separadas.
Cuando terminó la asamblea, las Hummers ya no estaban, entonces Haydeé me dice “vamos a encontrarlas”. Les dijimos a las colegas de los otros medios si querían acompañarnos, nos dijeron que no. Y nos fuimos, las encontramos estacionadas en el edificio sindical.
Al otro día vi la nota :”Exige Gordillo millones y regla 59 Hummers”. Yo tenía mi vuelo de regreso y no supe más de las Hummers, el seguimiento de la nota lo hizo Haydeé y claro la nota causó un revuelo gigante; tanto que la maestra dijo que las iba a rifar y con el dinero recabado arreglaría escuelas.
En la SEP a la secretaria se le hizo “gracioso” comprar unas Hummers de juguete blancas, de esas eléctricas, y reglarlas.
A mí me regaló una el oficial Mayor de la SEP a quien había ido a visitar para hablar sobre el presupuesto, pero antes me preguntó: ¿No te tocó Hummer? No, le respondí y me dio una de juguete. Le pregunté si las estaban regalando, no me respondió. Pero uno de mis informantes en la Cámara de Diputados me dijo que la secretaria le había regalado una Hummer al presidente de la Comisión de Educación, Tonatiuh Bravo. Le llamé y le pregunté si le habían regalado una Hummer, se río y me dijo “sí, pero es una broma”. Confirmada la noticia, publicamos en portada la foto de la Hummer que me dieron y una breve nota que decía: Regala Hummers la SEP.
Un informe de Unicef señala que estas muertes serían un reflejo de las condiciones y el poco acceso a servicios de salud para madres y recién nacidos
En México, las principales causas de mortalidad en niñas y niños menores de cinco años son las malformaciones congénitas, accidentes de tránsito, influenza y neumonía, así como tumores malignos y enfermedades infecciosas intestinales. / Foto: Cortesía/IMSS
Montserrat Maldonado
SemMéxico/El Sol de México, Cd. de México, 23 de mayo, 2026.- En el país hubo un repunte en las muertes de recién nacidos y de niños menores de cinco años, señaló el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef por sus siglas en inglés).
De acuerdo con el informe Análisis de la situación de la niñez y adolescencia en México elaborado por Unicef, en 2021 se tenía una tasa de 6.8 muertes neonatales por cada mil nacidos vivos, en 2023 la tasa incrementó a 8.4.
La mortalidad neonatal se refiere al número de muertes ocurridas durante los primeros 28 días de vida y la mayoría de las defunciones en esta etapa son prevenibles o tratables. Por ello, el organismo internacional destaca que estas muertes serían un reflejo de las condiciones y el poco acceso a servicios de salud para madres y recién nacidos.
El Análisis detalla que los estados con mayor aumento en mortalidad de recién nacidos son Michoacán (11.3), Guanajuato (11.1), Tamaulipas (10.8) y Tlaxcala (10.5), mientras que Quintana Roo (5.4) y Baja California (6.0) registraron las tasas más bajas.
Sin embargo, las muertes de recién nacidos no son las únicas que han tenido un incremento.
El organismo también advirtió que la mortalidad infantil en menores de uno y cinco años dejaron de ir a la baja.
La tasa de mortalidad infantil en menores de un año entre 1998 y 2020 fue de 23.8 a 10.5 muertes por cada mil nacidos, respectivamente, sin embargo, a partir de 2021 repuntó y alcanzó 13.4 en 2023, con lo que se rompe la tendencia descendiente de dos décadas.
Por su parte, la tasa de mortalidad infantil en menores de cinco en 2020 era de 13.7; para 2023 la tasa subió a 16.1. El impacto de las reconfiguraciones en el sistema de salud en México de los últimos años, incluida la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) en 2019, su desaparición en 2023 y la adopción del IMSS Bienestar en 2022 pudo haber causado interrupciones en los servicios, que agravaron esta carencia Informe de Unicef
En México, las principales causas de mortalidad en niñas y niños menores de cinco años son las malformaciones congénitas, accidentes de tránsito, influenza y neumonía, así como tumores malignos y enfermedades infecciosas intestinales.
Unicef destacó que muchas de estas defunciones podrían prevenirse con intervenciones simples y accesibles, como la vacunación, la atención por personal capacitado en el momento del nacimiento, el apoyo a la lactancia materna y el diagnóstico y tratamiento oportuno de enfermedades comunes en la infancia.
Asimismo, el organismo internacional mostró su preocupación por la carencia de acceso a los servicios de salud que también ha aumentado en los últimos años.
En la población infantil y adolescente la carencia en 2024 fue de 35.7 por ciento frente a 27.5 en 2020.
Unicef concluyó que aún persisten desafíos para cumplir con la salud de las infancias y adolescencias tales como garantizar el acceso a servicios esenciales de calidad, así como a medicinas e insumos médicos y nutricionales.
Montserrat Maldonado : Licenciada en Comunicación y Periodismo por la UNAM. Mexiquense. Reportera de educación, derechos humanos, género y política.
La CIDH destaca que falta de aplicación efectiva de perspectiva de género en la búsqueda diligente de personas desaparecidas / Foto: Romina Solís / El Sol de México
En este sector de la población se destaca la relación entre su desaparición con delitos como la trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzado
Montserrat Maldonado
SemMéxico/El Sol de México, Cd. de México, 23 de mayo, 2026.- En el país, las mujeres superan la cantidad de hombres desaparecidos, cuando se trata de niñas y adolescentes entre los 12 y 16 años.
La Comisión Nacional de Búsqueda muestra que a la fecha, hay 5 mil 357 adolescentes desaparecidas de ese rango de edad, mientras que en los jóvenes son un total de 4 mil 420, es decir, una diferencia de 937.
El informe Desapariciones en México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destaca que la mayor concentración de mujeres desaparecidas se ubica en el rango de 15 a 19 años.
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Y aunque las causas de desaparición de mujeres son multidimensionales, la CIDH da cuenta de la “estrecha vinculación entre la desaparición de mujeres y la violencia de género”.
Se destaca especialmente la relación entre su desaparición con la trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzado.
De acuerdo con el documento, algunas mujeres son desaparecidas para ser obligadas a realizar tareas domésticas para grupos criminales, mientras que otras son víctimas de adopciones ilegales o explotación económica.
Además, menciona que hay una relación directa entre las desapariciones y los feminicidios, ya que muchas mujeres desaparecidas han sido posteriormente encontradas sin vida. México aún enfrenta retos para la búsqueda inmediata A pesar de los avances en la búsqueda de mujeres desaparecidas, la Comisión advierte que siguen reportándose fallas sobre todo por estereotipos de género.
ONU analiza desaparición de periodistas en México; organizaciones denuncian impunidad “En México aún existe la demora o la falta de búsqueda asociadas a que la mujer desaparecida -estaría con una pareja-, -se habría ido de fiesta- o -estaría con una amiga-. Estas son respuestas que las familias siguen recibiendo de las autoridades, pese a que constituyen formas re victimizantes que agravan el riesgo de afectaciones permanentes cuando desaparecen”, denuncia el informe.
Además, la CIDH resalta que de acuerdo a la información recibida, hay una falta de aplicación efectiva de perspectiva de género en la búsqueda diligente de personas desaparecidas. En su investigación, la Comisión señala que la mayoría de los modelos de Protocolos Alba, el mecanismo de búsqueda especializada con perspectiva de género para localizar a mujeres y niñas reportadas como desaparecidas, manejan todavía las etapas de 72 horas para la búsqueda e investigación.
Asimismo, la CIDH recibió información que indica que, pese a los esfuerzos de estandarización, aún persisten retos en la aplicabilidad del Protocolo Alba. Por ejemplo, en el estado de Puebla este mecanismo no habría sido activado en ninguna ocasión. Según lo reportado, la falta de operación se debe a la falta de integración de un Comité Técnico encargado de la vigilancia y supervisión del mecanismo .
“Esto contrasta con el Protocolo Homologado de Búsqueda (PHB) y el Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes (PANNA), que fijan ejes más estrictos como la obligación de un despliegue inmediato de búsqueda, y la apertura inmediata de una carpeta de investigación”, sentencia.
Licenciada en Comunicación y Periodismo por la UNAM. Mexiquense. Reportera de educación, derechos humanos, género y política.
También la presentación de la propuesta de iniciativa completa hecha por el poder Ejecutivo en “la mañanera del pueblo”
El feminicidio tiene sustento en una epistemología que comprende la desigualdad y la discriminación contra las mujeres
Redacción
SemMéxico, Ciudad de México, 22 de mayo, 2026.- Una evaluación pública y participativa, profunda y con información de las dos últimas décadas de operación desde que fue publicada la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, en toda la República mexicana, y en las materias jurídicas en las que se ha plasmado este derecho, solicitaron expertas feministas a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Al terminar los tres días del Foro en defensa y exigencia del cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) realizado luego de que la Presidencia de la República presentara una iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el delito de Feminicidio, pidieron también que dicha iniciativa completa se presente públicamente.
En una segunda petición señalan que se presente públicamente la propuesta de iniciativa completa que el poder ejecutivo federal comunicó en el espacio de la mañanera del pueblo, de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el daño por el delito de Feminicidio, para su análisis y debate democrático con la sociedad civil interesada.
Las expertas feministas expresan su beneplácito porque distintas autoridades del gobierno federal se interesan en la violencia contra las mujeres que lleva al feminicidio de miles de mujeres en este país, así como para erradicar la impunidad que, en estos casos, según distintas instituciones públicas y ciudadanas, es mayor al noventa por ciento.
Luego explican que el término de feminicidio no surge de imaginar asesinos solitarios y de película, sino que tiene sustento en una epistemología que comprende la desigualdad y la discriminación contra las mujeres como la estructura que sostiene la violencia contra las mujeres y su impunidad.
Por ello, reiteran que cualquier acción que se quiera realizar, si no parte de dicha epistemología, corre el riesgo de ser contraproducente y generar un retroceso en lo logrado hasta ahora.
Recuerdan que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias se realizó en un proceso científico, participativo y crítico de la legislación vigente en México. La tipificación del delito de feminicidio también. Sabemos que toda norma es perfectible, y somos las primeras en buscar su mejora, pero el hecho de ni siquiera conocer oficialmente con el proyecto completo de iniciativa Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el daño por el delito de Feminicidio por parte del ejecutivo federal, deja a la especulación y preocupación el proceso.
Las firmantes, entre las que destacan Marcela Lagarde y de los Ríos, presidenta de la Red de Investigadoras por la vida y la libertad de las mujeres, y Alda Facio Montejo, ex relatora sobre discriminación contra las mujeres y niñas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, señalan que “el vacío no es total”.
Explican que la iniciativa presentada por el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados hace pocas semanas, y el antecedente del año 2022 del entonces ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, establecen elementos que no se pueden aceptar.
“Respecto del tipo penal, las más de veinte agravantes a las hipótesis de razón de género, muchas de ellas duplicándose entre sí; la confusión dolosa entre la condición sexuada de las mujeres y la identidad de género, así como los rangos de sanción más allá del límite constitucional son algunos de los elementos que advierten que la propuesta, más que una solución será un nuevo obstáculo para el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia”.
Advierten que en aspectos para las políticas de prevención, atención, investigación y reparación del daño, hay duplicidad con la normatividad vigente, tanto de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, la Ley General de Víctimas y el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que preocupa por la inseguridad y confusión jurídica que puede generar.
A manera de recordatorio exponen que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, reconocido en la normatividad internacional que México ratificó y armonizó en la normatividad general administrativa, pero también, penal, laboral, familiar, electoral y del servicio público, “requiere de la mayor ética, conocimiento científico y participación democrática para que su efectivo fortalecimiento sea una realidad”.
Este pronunciamiento fue firmado además por Imelda Marrufo Nava, coordinadora general de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez; Mónica Luna Blanco, perita en antropología social con perspectiva de género del Laboratorio de Antropología Aplicada para la atención de violencia feminicida; la abogada feminista Andrea Medina Rosas.
Además de Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, magistrada penal en el Supremo tribunal de Justicia de Chihuahua; Indira P. Gómez, abogada independiente; Aimeé Vega Montiel, CEIICH,UNAM; la economista Magdalena García Hernández, economista, Giulia Marchese, investigadora especializada en datos de género y geografía política y la abogada feminista y directora de justicia Pro Persona, Ana Yeli Garrido,
SemMéxico, Ciudad de México, 22 de mayo, 2026.- Firmaron la Alianza por la Calidad de la Educación en mayo. La disputa era por las plazas docentes. Se otorgarían por concurso y examen nacional. La historia que firmaron las damas de blanco, diciendo Elba Esther Gordillo que “dos mujeres se podían entender” y Josefina Vázquez Mota, que “no había marcha atrás”, terminó en agosto.
Crearon toda una parafernalia, la Comisión Rectora de la Alianza, comisiones de trabajo para realizar las convocatorias estatales y el examen de ingreso.
Un día le pregunté al subsecretario Rodolfo Tuirán ¿de qué tamaño era la vacancia? (personas que dejaban la plaza por cualquier razón al año), me respondió “creemos que ronda el 5 por ciento”. La SEP “calculaba” que era cerca de 900 mil docentes de preescolar, primaria y secundaria, por tanto la vacancia podría oscilar en los 45 mil.
Lo cierto es que la SEP no tenía ni idea cuántos maestros había, cuántos se requerían y cuántos podía absorber el sistema cada año. Luego una se entera que no todas las plazas son iguales ni valen lo mismo.
Pusieron a concurso poco más de 8 mil. No cubrían ni la vacancia, el SNTE lo supo, lo dejó pasar y luego lo usó para denostar todo el proceso.
Gordillo siguió firmando las Alianzas estatales y Vázquez Mota se alió con organismos internacionales, y las organizaciones civiles para vigilar el examen.
En agosto, llegaron los resultados.
Estábamos todos los periodistas de la fuente en la SEP haciendo guardia. Pasaban las horas. El cierre en el periódico era como a las 12 por algo excepcional. Era la nota de portada, sin duda, aún sin saber cómo venían los resultados. El hecho era la noticia.
A cada rato iba de la sala de prensa a las oficinas de los funcionarios, porque los de comunicación social, francamente tenían menos contactos que yo. Subía a la oficina de Tuirán para ver si ya había regresado con los resultados y su secretaria me volteaba a ver y decía: no; creo que notaba mi preocupación.
En la SEP todo estaba oscuro. En la espera nos contaron que había una niña que deambulaba por el edificio en las noches y que un muerto se aparecía en una de las escaleras. Uno de los policías me preguntó, ya cerca de las 11, si no tenía miedo. Le dije que no, tenía angustia.
Tenía la nota hecha, se llama volar con instrumentos, solo necesitaba llenar los huecos con los datos. De pronto vi a Tuirán con las hojas en la mano, le sacaron copias para bajarlas a comunicación social, yo me quedé con una, era una hoja de Excel y no había totales. Quise mentarles la madre, pero me dediqué a contar. Su secretaria me prestó un escritorio y una regla. Conté y saqué mi regla de tres: 68 por ciento de los aspirantes no alcanzó el 30 por ciento de aciertos.
Dicté los datos al editor de portada; y luego dicté la nota “al vuelo” a otro editor para interiores. Salimos de la SEP a medianoche. Nunca vi a la niña deambular ni al muerto de las escaleras.
