Lisandra Fariñas

SemMéxico/SEMlac, La Habana, Cuba, 25 de diciembre, 2024.-  Las prácticas deportivas pueden ser una experiencia inclusiva, que fomente la transformación social, la socialización y el desarrollo de habilidades comunicativas en niñas, niños y adolescentes con discapacidad intelectual, incluidos aquellos con trastornos del espectro autista.

Es una realidad que le confirmó a Yanaisy Martínez su hijo Gabriel hace ya 13 años y que hoy ella defiende en cada escenario de su vida cotidiana y profesional.

«Un día entramos al gimnasio de mi trabajo. Él llegó, hizo ejercicios y fue un niño feliz», rememora Martínez, profesora en la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte «Manuel Fajardo», en la capital.

«Tras el diagnóstico de autismo, él comenzó a involucionar hacia una tristeza constante, apartándose de la vida social y ‘viviendo en su propio mundo’. Sin embargo, ese día todo cambió», comenta a SEMlac.

Esa fue la semilla de «Soñar en azul», inicialmente un proyecto extensionista de la Universidad, centrado en la actividad física para niños con trastornos del espectro autista, pero que evolucionó hacia la investigación.

«No solo promovemos el ejercicio físico para mejorar el desarrollo de los infantes; también investigamos cómo utilizarlo para mejorar la respuesta en áreas sensoperceptivas, motrices, de socialización, comunicación y conducta, donde tienen más dificultades», explica Martínez, impulsora de la iniciativa.

Esos beneficios los pudo experimentar Katherine, de 12 años. Para su madre Yuneysis Espejo, «Soñar en azul» fue una oportunidad valiosa. «Kati fortaleció todos sus músculos y hasta aprendió a montar bicicleta», apunta a SEMlac.

Martínez agrega la importancia de educar a los padres, pues enfrentar un diagnóstico de autismo es abrumador. De ahí que, en lugar de limitarse a brindar apoyo temporal en el gimnasio, aboga además por proporcionar herramientas prácticas a los padres para manejar las situaciones cotidianas.

«Necesitamos que sepan cómo llevar a sus hijos a un parque o a un cine de manera efectiva y feliz», añade.

La inclusión: responsabilidad compartida

Para Espejo, madre de Kati, si bien están comprobados los beneficios de la práctica deportiva para infantes como su hija, aún son insuficientes los espacios con este fin que acojan a niños y niñas como ella.

Jugar y practicar deportes en un entorno seguro e inclusivo es un derecho de cada niño, niña y adolescente, refrendado en el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

El proyecto «Inclusión de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con Trastorno del Espectro Autista a través del deporte, utilizando el atletismo y la natación», apostó a multiplicar ese entorno, asegura a SEMlac su coordinador, Osmel Garrido Valiente, metodólogo nacional de la Educación especial en el Ministerio de Educación (Mined).

Esta es una iniciativa de la Organización de Naciones Unidas, resultado de la cooperación sur-sur triangular, explicó Garrido durante el Festival «Pensar en colores», organizado en la capital cubana el 7 de diciembre en conmemoración de los 35 años de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

La esencia del proyecto, que llega a su fin tras dos años y benefició a más de 200 personas en 15 provincias, es la capacitación de docentes, profesores de educación física, directivos y federaciones de olimpiadas especiales que trabajan con niños con autismo, señala.

Para Garrido, este programa ha sido fundamental para las familias, que han encontrado espacios donde incorporar a sus hijos sin temor al rechazo, dijo y resaltó el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que ha acompañado al Mined y al Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) en este proyecto.

Yohania Mateu Reina, vicepresidenta nacional de la Asociación Cubana de Personas en Situación de Discapacidad Intelectual (Acpdi), defiende la inclusión en todos los ámbitos de la vida y enfatiza que «no es solo un problema de las familias que tienen personas con discapacidad; es una responsabilidad social».

Sobre la práctica deportiva, apunta que «para niños y niñas en situación de discapacidad intelectual es una fuente de placer. Más allá de lo recreativo, el deporte contribuye al desarrollo de su motricidad, a que aprendan a seguir instrucciones y jugar en colectivo, que son habilidades para su interacción social».

Espejo por su parte, refiere que su hija Kati no está en una escuela especial, sino incluida en un curso regular. Sin embargo, hay muchos retos, reconoce. «Los profesores a veces no entienden cómo tratarla y, por ejemplo, no siempre le dan educación física, por sus dificultades para socializar», apunta la madre.

No obstante, se muestra optimista: «Ella ha aprendido a escribir y ahora está aprendiendo a dividir. Es una niña que se ha estimulado bastante». Sin embargo, admite que «si no la continuamos estimulando, se perderá».

En opinión de Dayrén Fernández Ríos, subdirectora de la Escuela Especial Sierra Maestra, ubicada en el municipio de Plaza de la Revolución, en La Habana, es fundamental dotarles de herramientas desde temprana edad.

Su institución trabaja con educandos con discapacidad intelectual, incluyendo aquellos con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y autismo. «El objetivo de la educación especial es el desarrollo integral para su preparación laboral e inserción en la sociedad», apunta.

Fernández Ríos señala que, aunque trabajan en la escuela con programas de primaria, lo hacen de manera «especial» y «más lenta, a su ritmo», utilizando herramientas que permiten a maestras y maestros llegar a todos los estudiantes.

«Contamos con maestras de apoyo, que brindan a los padres la opción de llevar a sus hijos a nuestra escuela una vez que conocen el diagnóstico. Si deciden mantenerlos en la escuela primaria regular, nuestras maestras tienen la tarea de visitar esas instituciones y proporcionar al equipo docente las herramientas necesarias para trabajar con niñas y niños que están incluidos en sus aulas», dice.

Alejandra Trossero, representante de UNICEF en Cuba, refiere que, como parte de sus programas de cooperación con el gobierno, esa entidad cuenta con un área de trabajo enfocada en la inclusión de niños, niñas y adolescentes con discapacidad en el sistema regular de educación.

Aunque reconoce la valiosa función de las escuelas especiales, estima que «hay muchos niños que podrían beneficiarse de la educación regular», si se fortalecen las capacidades de los docentes para integrarlos en las aulas.

En ese contexto, Trossero menciona iniciativas como el proyecto de deporte inclusivo, que comenzó con una iniciativa llamada «fútbol inclusivo» y se extendió a modalidades como actividades acuáticas y carreras.

La representante de UNICEF también identifica como un gran desafío en el país la transición de la escuela al trabajo de los adolescentes y jóvenes con discapacidad.

«Los niños y las niñas están en la escuela hasta los 18 años y, después de eso, la continuidad a otros escenarios a menudo se ve afectada», explica. Hoy trabajamos en el fortalecimiento del currículo de las escuelas de oficio, donde muchos menores con discapacidad terminan sus estudios, refiere.

Con ella coincide Fernández Ríos, quien apunta que, al llegar a la edad laboral, con frecuencia estas personas encuentran barreras que dificultan su inclusión, tanto en instituciones del Estado como del sector privado.

El derecho a ser diferente

El Censo de Población y Viviendas de Cuba en 2012 registró a 41.374 niñas, niños y adolescentes con discapacidad; entre estos, los menores con debilidad visual y discapacidad intelectual representaron el 57 por ciento del total.

Joanna Pereira, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, destaca a SEMlac la importancia de la protección de los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito legislativo.

En 2006 la ONU aprobó la Convención para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad y en 2007 Cuba la firmó y ratificó, incorporando sus postulados al ordenamiento interno del país, apunta.

El Código de las Familias, aprobado en 2022 en referéndum popular, reconoce el derecho de las personas con discapacidad a llevar una vida familiar digna y a ser incluidas en la vida comunitaria y social, explica.

Asimismo, señala que, a través de sistemas de apoyo, los organismos e instituciones del Estado deben otorgar la debida protección, orientación y educación para desarrollar al máximo sus capacidades.

«Cada sonrisa de mi hijo es un logro extraordinario. Un simple gesto, como sentarse junto a otros niños, tiene un significado profundo», afirma Martínez.

Lamentablemente, en lugar de aprender a interactuar con lo diverso, la sociedad tiende a rechazar, como sucede con la discapacidad intelectual o cualquier otra, agrega.

«No pedimos más que la oportunidad de que sean personas incluidas en la sociedad y socialmente útiles», concluye la madre de Gabriel.

(lisycolor5@gmail.com)

• Falta de articulación entre organizaciones de la sociedad civil y las instituciones
• Necesario diseñar programas de rehabilitación y seguimiento

Sara Más
SemMéxico-SEMlac, La Habana, Cuba, 23 de diciembre, 2024.- La formación y certificación del personal involucrado en la prevención y atención a las violencias de género fue una urgencia reiterada durante un taller de trabajo el 17 de diciembre, que valoró los resultados fundamentales de varias consultas realizadas con actores y profesionales que intervienen en esa ruta de atención.

Convocado por el Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR), el espacio permitió socializar y enriquecer las propuestas derivadas de consultas a operadores del Derecho, personal de la salud, integrantes y equipos colaboradores de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y especialistas de otras disciplinas.
«Nos concentramos en la capacitación, que ciertamente hace mucha falta, pero también debemos avanzar con fuerza en la certificación y en acciones formativas para la atención a las violencias de una manera innovadora, como práctica de entrenamiento», sostuvo la socióloga Magela Romero Almodóvar, profesora de la Universidad de La Habana.

Al ampliar esa idea, la psicóloga Bárbara Zas, del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, dijo que se trata de un campo del conocimiento y la práctica en el que no se puede improvisar; de una capacitación certificada y dedicada a la asistencia, que debe contar con una supervisión del proceso, como garantía de calidad y porque se trata de una labor con repercusiones emocionales que deben ser atendidas.

Para la también psicóloga Carla Padrón Suárez, del Centro Nacional de Educación Sexual, deben tenerse en cuenta, igualmente, las buenas prácticas de intervención y protección al personal especializado que interviene en los casos, de cara incluso a reacciones adversas de los agresores contra esos equipos profesionales.

La psicóloga Beatriz Torres, especialista de OAR, presentó los principales resultados de las consultas hechas al personal de la salud, que reconoce la falta de articulación entre organizaciones de la sociedad civil y las instituciones de ese sector, así como la escasa capacitación del personal de los centros comunitarios de salud mental, donde son insuficientes o no están completos los equipos multidisciplinarios.

Se constató, además, que faltan recursos materiales y humanos en la mayoría de estos centros, a veces no hay espacios con suficiente privacidad para recibir a las víctimas y hablar del problema, así como que es realmente complicado incorporar los temas de violencia y género en las instancias de la comunidad, señaló Torres.

Las personas consultadas abogaron por diseñar programas de rehabilitación y seguimiento, sistematizar la recogida de información, evitar la revictimización, fortalecer las sinergias y el trabajo con las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia de la FMC, trabajar en la desnaturalización de las violencias y crear grupos de ayuda a víctimas, así como servicios para trabajar con los victimarios.

Destacaron, igualmente, la importancia de las consejerías especializadas como una opción que puede ser efectiva y rápida, el valor del autocuidado del personal que las integra y la necesidad de homogeneizar el reporte de los casos, entre otras consideraciones.

En tanto, juristas y operadores del Derecho reconocieron que se ha producido un cambio favorable en el campo teórico, el nuevo escenario jurídico en general y la normativa penal en particular, a la par que señalaron la necesidad de actualizar los instrumentos jurídicos cubanos respecto a los internacionales, expuso Tania de Armas, profesora de Derecho de la Universidad de La Habana.

El desconocimiento es una de las limitaciones recurrentes, lo que mella el proceso de acompañamiento jurídico a las víctimas y su acceso a la justicia, agregó la experta, quien señaló también la necesidad de propiciar la interseccionalidad desde las distintas esferas del Derecho, así como la formación en materia de derechos humanos.

Junto a la atención, se necesita poner énfasis en la prevención, pues la mayor parte de las veces los casos de violencia llegan al ámbito jurídico cuando ya se han producido, con consecuencias fatales incluso, y solo queda la opción de aplicar sanciones, sostuvo la profesora.

La consulta con activistas de la FMC en las comunidades apuntó hacia el trabajo de los equipos propios y de colaboradores de las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia, la necesidad de capacitarlos en técnicas de prevención y manejo de situaciones de crisis y garantizar un trabajo sostenible.

Las sugerencias apuntan, además, a la sensibilización continua como objetivo esencial; no solo para el personal que trabaja directamente con la víctima, sino también para los directivos y otras personas que trabajan y colaboran en esos espacios, valoró María Victoria Castaneda, de la dirección de la FMC en La Habana.

Elaborada ya la propuesta de una guía para la respuesta integral e integrada a la violencia de género, toca ahora trabajar en su implementación, comentó la socióloga Iyamira Hernández Pita, integrante del grupo asesor de la FMC para estos temas.

«El objetivo es poder brindar una atención que sea no solamente oportuna, sino que sea inmediata y que abarque desde el apoyo, la información, la orientación, la protección y el acompañamiento, hasta la recuperación ante episodios violentos», sostuvo.

Estamos frente a una problemática en la cual los elementos de la subjetividad, la cultura y la educación que se necesita transformar tienen un peso extraordinario, pero no son los únicos, reflexionó María del Carmen Zabala, profesora e investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

En tal sentido, se refirió a la carencia de viviendas o espacios seguros para las víctimas, que a veces deben continuar conviviendo con sus victimarios durante determinados períodos de tiempo, sin que exista otra alternativa, y también aludió a la necesidad de modificar situaciones estructurales que limitan el empleo laboral y la autonomía económica de las mujeres.

Desde una mirada interseccional, Zabala abogó por tener en cuenta las diversas dimensiones que también forman parte de los sistemas de dominación y que están marcando las vulnerabilidades y discriminaciones incluso extremas, como es el caso de la condición económica, el color de la piel y la residencia en zonas rurales, entre otras que refuerzan la discriminación y las violencias.

Mayra Díaz, coordinadora nacional de las Consejerías de la FMC, habló sobre la importancia de dar seguimiento a los casos, lograr que más instituciones y personas se identifiquen, articulen e incorporen a esa atención en el espacio local y llamó a ampliar la mirada más allá de las familias y grupos vulnerables. La violencia de género está presente en cualquier parte y ahora se ha visibilizado más, pero debemos seguir trabajarlo en entenderla y atenderla, señaló.

Otras ideas expresadas durante el taller apuntan al reto que representa el trabajo con hombres; la necesidad de obtener datos y reportes estadísticos uniformes y acordes a los parámetros internacionales; así como contemplar entre las violencias de género y su atención las que viven mujeres trans, lesbianas, bisexuales y personas intersexuales, junto a otros desafíos.

Este taller, resumen de varias consultas, es una de las acciones impulsadas desde el proyecto «Hacia una vida libre de violencias para las mujeres y niñas en Cuba», coordinado por la organización sueca Diakonia, en alianza con OAR y el Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo de Cárdenas, que cuenta con fondos de la Unión Europea y la participación de otras organizaciones de la sociedad civil, instituciones del Estado y la academia.

SEM-SEMlac/sm