El grupo de mujeres organizadas indicó que la industria de la gestación subrogada explota a otras mujeres en situación de pobreza / Foto: Sara Lovera.
Patricia Olamendi Torres, de la Red Nosotras Tenemos Otros Datos, señaló que enviaron una carta a la presidenta Sheinbaum con una propuesta de iniciativa de ley para prohibir la gestación subrogada en México
Montserrat Maldonado
SemMéxico/El Sol de México, Cd. de México, 16 de febrero, 2026.- En la Cámara de Diputados, decenas de mujeres y la relatora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigieron terminar con la permisión de la gestación subrogada en el país.
Desde el Encuentro Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas, Reem Alsalem, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la violencia contra las mujeres y niñas, destacó que los vientres de alquiler constituyen una nueva y creciente forma de violencia.
“Es una forma de explotar la capacidad reproductiva de la mujer. La región de América Latina se ha convertido en un destino para la industria de la gestación subrogada en mujeres que se encuentran en situaciones de pobreza y son víctimas de la coerción económica”, detalló.
De acuerdo con la relatora, entre las principales consecuencias de violencia que viven las mujeres en esta práctica son contratos abusivos que solo favorecen a quienes compran a los bebés.
“Estamos ante un crimen de trata en personas que es la venta de niños. En muchos países se puede comprar un niño sin ningún requisito ni investigación previa a tu perfil, es decir, puede ser adquirido por un pedófilo o un asesino de niños; no hay un sistema donde podamos investigar, aquí solo importa la capacidad de comprar”, sostuvo.
Las organizaciones tuvieron un diálogo con la Relatora Reem Alsalem, durante 5 horas. Se inscribieron 371 mujeres; estuvieron en forma presencial 27r8; virtual 92. Organizaciones: 21 académicas; 81 feministas; 93 Organizaciones de la Sociedad Civil; 4 otros, de 30 entidades del país y 6 países.
Piden intervención de la presidenta Sheinbaum
Patricia Olamendi Torres, abogada especialista en derechos humanos y creadora de la Red Nosotras Tenemos Otros Datos, informó que se le entregó una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para pedir que los vientres de alquiler sean prohibidos en todo el país.
“En la carta señalamos la preocupación por esta situación tan grave en el país, por ello enviamos una propuesta de iniciativa de ley para que se prohíba en todo el territorio mexicano los vientres de alquiler y la venta de niñas y niños”, indicó.
Olamendi Torres destacó que también se enviará el documento a la Cámara de Diputados y de Senadores. “Esperamos una respuesta favorable. Es hora de legislar para evitar que sean vendidos los niños y las mujeres dejemos de ser mercancía al servicio de los poderosos y de los ricos”, declaró.
Asimismo, la abogada sostuvo que en Tabasco Sinaloa, entidades con Marcos legales que permiten la gestación subrogada, se deben derrocar esas leyes
“Esto no se puede permitir. Exigimos que atiendan a las víctimas, a la sociedad, queremos respeto a la vida, a la libertad y mayor protección de nuestras niñas”, compartió.
¿Cuál es la situación de la gestación subrogada en el México?
La gestación subrogada en México está regulada de forma específica principalmente en Tabasco y Sinaloa, donde se contemplan marcos legales para este proceso.
Ambos estados se enfocan principalmente en la gestación subrogada para parejas casadas y, en el caso de Tabasco, se limita a ciudadanos mexicanos.
CARTA ENVIADA A LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, una semejante a la Suprema Corte de Justicia de la Nacional.
Ciudad de México, a 16 de febrero de 2026
Claudia Sheinbaum Pardo
Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Estimada Señora Presidenta:
Nos permitimos distraerla brevemente de sus múltiples actividades para invitarla a reflexionar sobre la dignidad humana y el derecho que tenemos todas y todos a ser tratados libres de discriminación y de explotación, así como sobre la obligación que tiene el Estado de asegurar, para todas las personas, el respeto a sus derechos humanos.
Lo anterior puede parecer un discurso común; sin embargo, la práctica de determinadas conductas cometidas contra mujeres, niñas y niños deja claro que ese respeto a su dignidad está muy lejos de ser una realidad en nuestro país.
Señora Presidenta, usted se ha pronunciado como feminista. Entendemos que ello significa que está de acuerdo con el respeto a la igualdad y con el derecho a una vida libre de violencia. Sin embargo, nuestro país se caracteriza por la sumisión, la violencia y la manifestación continua de que las mujeres poco valemos en nuestra sociedad. Algunas mujeres, en particular las mujeres indígenas, las afrodescendientes y las que tienen alguna discapacidad, pero lastimosamente las niñas, siguen siendo las víctimas principales de esas manifestaciones de violencia.
Los datos oficiales no mienten: siete de cada diez mujeres viven violencia en sus hogares y cinco de cada diez son víctimas de violencia sexual. Las muertes violentas de mujeres, clasificadas como feminicidio u homicidio, siguen siendo carpetas archivadas en un escritorio, sin que las víctimas accedan a la justicia. La violencia sexual continúa, gozando de total impunidad, y las agencias del Ministerio Público siguen llenas de carpetas por violencia familiar y lesiones graves sin atenderse. Hemos afirmado que el feminicidio se anuncia; sin embargo, no encontramos oídos en los aparatos de justicia.
A todo ello se suman las reconocidas nuevas formas de violencia que, en realidad, siempre han estado presentes: la trata de niñas, niños y mujeres para la explotación sexual. Quienes afirman que la prostitución debe ser considerada trabajo tienen que reconocer que no están beneficiando a las mujeres, sino a los proxenetas y tratantes, quienes se convertirán en empleadores o empresarios del negocio de explotación sexual. ¿Qué de moderno puede tener algo que ha sido, a lo largo de la historia de la humanidad, la forma en que las mujeres hemos sido tratadas como mercancías?
Otras personas que se llaman progresistas creen que las mujeres pueden emplear su cuerpo para satisfacer los deseos de otros. Hablan del llamado «servicio gestacional»; es decir, la renta del cuerpo de una mujer para gestar a un ser humano que después será entregado a cambio de dinero. Esto no es moderno, pues una y otra vez, la historia de la humanidad nos ha repetido que venimos a este mundo para ser madres, que esa es nuestra función. Muchas lo hacemos por amor y otras son obligadas. Pero lo más dramático es que una mujer en condición de vulnerabilidad o pobreza tenga que vender su cuerpo en beneficio de otra persona, usualmente privilegiada económicamente, y después ver cómo le es arrebatado su hija o su hijo.
¿Acaso no es clasismo pensar que una persona con recursos puede tratar como esclava a una mujer pobre o puede comprar a un ser humano porque tiene el dinero para hacerlo? ¿Acaso la venta de seres humanos no es esclavitud, algo que está prohibido en nuestro país? Y, sin embargo, se habla con toda ligereza sobre contratos certificados por notarios para alquilar y vender seres humanos. ¿Acaso la función notarial no tiene que ver exclusivamente con bienes o servicios lícitos?
¿En qué momento una persona puede vender su cuerpo? ¿Acaso eso no significa atentar contra la dignidad humana? ¿Acaso un niño o una niña que es entregada a cambio de dinero no constituye un atentado contra la dignidad humana?
Señora Presidenta: le pedimos que prohíba todas estas formas de explotación y violencia contra las mujeres, las niñas y los niños. Le enviamos la iniciativa que hemos propuesto para declarar a México territorio libre de dichas prácticas. Estamos dispuestas y dispuestos a trabajar junto a usted para eliminarlas.
Atentamente,
Teresa Manzanares
Frente Nacional Feminista Abolicionista Ciudad de México, a 16 de febrero de 2026
Claudia Sheinbaum Pardo
Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Estimada Señora Presidenta:
Nos permitimos distraerla brevemente de sus múltiples actividades para invitarla a reflexionar sobre la dignidad humana y el derecho que tenemos todas y todos a ser tratados libres de discriminación y de explotación, así como sobre la obligación que tiene el Estado de asegurar, para todas las personas, el respeto a sus derechos humanos.
Lo anterior puede parecer un discurso común; sin embargo, la práctica de determinadas conductas cometidas contra mujeres, niñas y niños deja claro que ese respeto a su dignidad está muy lejos de ser una realidad en nuestro país.
Señora Presidenta, usted se ha pronunciado como feminista. Entendemos que ello significa que está de acuerdo con el respeto a la igualdad y con el derecho a una vida libre de violencia. Sin embargo, nuestro país se caracteriza por la sumisión, la violencia y la manifestación continua de que las mujeres poco valemos en nuestra sociedad. Algunas mujeres, en particular las mujeres indígenas, las afrodescendientes y las que tienen alguna discapacidad, pero lastimosamente las niñas, siguen siendo las víctimas principales de esas manifestaciones de violencia.
Los datos oficiales no mienten: siete de cada diez mujeres viven violencia en sus hogares y cinco de cada diez son víctimas de violencia sexual. Las muertes violentas de mujeres, clasificadas como feminicidio u homicidio, siguen siendo carpetas archivadas en un escritorio, sin que las víctimas accedan a la justicia. La violencia sexual continúa, gozando de total impunidad, y las agencias del Ministerio Público siguen llenas de carpetas por violencia familiar y lesiones graves sin atenderse. Hemos afirmado que el feminicidio se anuncia; sin embargo, no encontramos oídos en los aparatos de justicia.
A todo ello se suman las reconocidas nuevas formas de violencia que, en realidad, siempre han estado presentes: la trata de niñas, niños y mujeres para la explotación sexual. Quienes afirman que la prostitución debe ser considerada trabajo tienen que reconocer que no están beneficiando a las mujeres, sino a los proxenetas y tratantes, quienes se convertirán en empleadores o empresarios del negocio de explotación sexual. ¿Qué de moderno puede tener algo que ha sido, a lo largo de la historia de la humanidad, la forma en que las mujeres hemos sido tratadas como mercancías?
Otras personas que se llaman progresistas creen que las mujeres pueden emplear su cuerpo para satisfacer los deseos de otros. Hablan del llamado «servicio gestacional»; es decir, la renta del cuerpo de una mujer para gestar a un ser humano que después será entregado a cambio de dinero. Esto no es moderno, pues una y otra vez, la historia de la humanidad nos ha repetido que venimos a este mundo para ser madres, que esa es nuestra función. Muchas lo hacemos por amor y otras son obligadas. Pero lo más dramático es que una mujer en condición de vulnerabilidad o pobreza tenga que vender su cuerpo en beneficio de otra persona, usualmente privilegiada económicamente, y después ver cómo le es arrebatado su hija o su hijo.
¿Acaso no es clasismo pensar que una persona con recursos puede tratar como esclava a una mujer pobre o puede comprar a un ser humano porque tiene el dinero para hacerlo? ¿Acaso la venta de seres humanos no es esclavitud, algo que está prohibido en nuestro país? Y, sin embargo, se habla con toda ligereza sobre contratos certificados por notarios para alquilar y vender seres humanos. ¿Acaso la función notarial no tiene que ver exclusivamente con bienes o servicios lícitos?
¿En qué momento una persona puede vender su cuerpo? ¿Acaso eso no significa atentar contra la dignidad humana? ¿Acaso un niño o una niña que es entregada a cambio de dinero no constituye un atentado contra la dignidad humana?
Señora Presidenta: le pedimos que prohíba todas estas formas de explotación y violencia contra las mujeres, las niñas y los niños. Le enviamos la iniciativa que hemos propuesto para declarar a México territorio libre de dichas prácticas. Estamos dispuestas y dispuestos a trabajar junto a usted para eliminarlas.
Atentamente,
Teresa Manzanares
Frente Nacional Feminista Abolicionista
Asunto: Posicionamiento sobre resolución de
contradicción de tesis sobre gestación sustituta,
y solicitud de reunión.
Ministro Hugo Aguilar Ortiz
Ministro Presidente
Suprema Corte de Justicia de la Nación
PRESENTE
Ciudad de México a 16 de febrero de 2026
Le saludamos de manera cordial, con el deseo de que usted y las y los demás integrantes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentren bien.
El pasado 3 febrero de 2026 el pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de criterios suscitada entre los Tribunales Colegiados Tercero, Sexto y Décimo cuarto, todos en materia civil del primer circuito, al resolver los amparos en revisión 191/2023, 214/2022 y 3/2023, respectivamente. En ella se resolvió, por mayoría, pero sin unanimidad, que las “DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. CONSTITUYEN UNA VÍA ADECUADA PARA CONOCER Y VERIFICAR UN CONTRATO DE GESTACIÓN SUSTITUTA Y, EVENTUALMENTE, ORDENAR LA EXPEDICIÓN DEL ACTA DE NACIMIENTO DE LA PERSONA NACIDA BAJO DICHO MÉTODO.”
Las que firmamos la presente carta expresamos nuestro profundo rechazo y preocupación ante la decisión tomada por este alto tribunal. El impacto que tendrá en las mujeres en mayor vulnerabilidad y discriminación en este país, como son las mujeres pobres, campesinas, indígenas y jóvenes, así como en la vida de las y los niños que nazcan de ellas en este país, a través de la reproducción subrogada, atenta directamente contra la dignidad de todas las personas que somos parte de esta nación. Pues la dignidad es un principio siempre en relación y colectivo que, al ser violentado en una persona o grupo, afecta a todo el pueblo que conforma esta Nación.
Si bien “En los tratados internacionales de derechos humanos no existen disposiciones que aborden de forma explícita y exhaustiva la cuestión de la reproducción subrogada, pues la mayoría de ellos se redactaron cuando esa cuestión todavía no era un problema generalizado. (…) No obstante, los tratados y otros instrumentos internacionales abordan distintos aspectos de los derechos humanos que están en juego en los arreglos de reproducción subrogada. En conjunto, proporcionan la hoja de ruta necesaria para que se adopte un enfoque basado en los derechos.” Así lo manifiesta Reem Alsalem, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas
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y consecuencias (Relatora Especial sobre violencia contra las mujeres) en su informe “Las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres y las niñas en el contexto de la reproducción subrogada” publicado en el mes de julio de 2025.
Para realizar dicho informe, la Relatora Especial sobre violencia contra las mujeres, escuchó a representantes de todas las partes involucradas en la reproducción subrogada, en diversos países del mundo, y concluyó que “La práctica de la reproducción subrogada se caracteriza por la explotación de las mujeres y los niños, incluidas las niñas, y la violencia contra ellos. Asimismo, refuerza las normas patriarcales al mercantilizar y cosificar el cuerpo de las mujeres y exponer a las madres sustitutas y los niños a graves violaciones de los derechos humanos.”
La historia de esta nación mexicana se ha caracterizado por una profunda convicción libertaria. El Decreto contra la esclavitud, las gabelas y el papel sellado expedido el 6 de diciembre de 1810 en el que se estableció “Que siendo contra los clamores de la naturaleza, el vender a los hombres, quedan abolidas las leyes de la esclavitud no sólo en cuanto al tráfico y comercio que se hacían de ellos, sino también por lo relativo a las adquisiciones”, marcó una línea que se mantiene en los pactos constitucionales, actualmente vigente en el artículo 1º Constitucional que establece que “Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.”
Esta convicción se consolidó jurídicamente en la Constitución en este siglo XXI, con tres elementos más, también en el artículo 1º constitucional:
1. La prohibición de la “toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
2. La afirmación de que en este país “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Por lo que Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
3. Y el deber de interpretación de las normas relativas a los derechos humanos “de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.”
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Por esta razón nos consterna que esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene la obligación de ser garante de dichos principios constitucionales y que ha dicho públicamente que dará prioridad de justicia a las personas pobres y vulnerables, haya aprobado semejante criterio en relación a la reproducción subrogada que, como lo señala la Relatora Especial sobre violencia contra las mujeres, una experta independiente con el mandato de las Naciones Unidas para interpretar las normas de derechos humanos, es una práctica que se caracteriza por la explotación de las mujeres y los niños, incluidas las niñas, y la violencia contra ellos, que refuerza las normas patriarcales al mercantilizar y cosificar el cuerpo de las mujeres y que expone a las madres sustitutas y los niños a graves violaciones de los derechos humanos.
Nos llena de indignación que, a la par de aprobar este nuevo criterio contrario a los estándares más altos de derechos humanos, en lugar de cerrar la antinomias y lagunas normativas, las hayan abierto más, al establecer la vista a autoridades como el Ministerio Público o Procuradurías de Defensa del Menor y la Familia, sin ningún criterio orientador para identificar los vicios del supuesto consentimiento ante la reproducción subrogada, construyendo mayor ambigüedad que será aprovechada por los intereses económicos de quienes obtienen ganancias en estas actividades.
Los eufemismos de gestación sustituta con el objetivo de tratar de legitimar y “limpiar” esta práctica que debe ser ilegal, así como el uso de pronombres neutrales como persona, para posibilidades biológicas exclusivas de las mujeres, al nombrar “persona gestante” entre muchos otros elementos, son indicadores de un claro desconocimiento en la materia, o más grave aún, de una acción deliberada y consciente por violentar el pacto constitucional mexicano de garantizar el orden social sustentado en los derechos humanos que nos obliga a todas las personas que habitamos en este país.
Sin embargo, confiamos en que de todo error es posible aprender y rectificar el camino. Convocamos a cada una y cada uno de los integrantes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a realizar un proceso sostenido, profundo y serio de análisis, diálogo y propuesta para comprender cabalmente las causas y consecuencias de la reproducción subrogada, así como el conjunto de violaciones a derechos humanos que implica cada una de las etapas del proceso de la reproducción subrogada.
Estamos atentas y dispuestas a aportar nuestro tiempo y experticia para lograr en conjunto la mejor garantía de los derechos humanos en los procesos reproductivos y en la conformación de las familias en México, siempre en cumplimiento de los derechos humanos, priorizando, como señala la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres:
a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias
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y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres; b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos.
Esperando su respuesta para convocarnos al diálogo propuesto, le saludamos
Atentamente
Teresa Manzanares
Frente Nacional Feminista Abolicionista
Montserrat Maldonado: Licenciada en Comunicación y Periodismo por la UNAM. Mexiquense. Reportera de educación, derechos humanos, género y política.
