Magisterio, expertas en educación y feministas consideran un grave error, habrá más rezago educativo
La tarea de cuidado recaerá sobre las mujeres
Lorena Vaniezcot
SemMéxico, Ciudad de México, 8 de mayo, 2026.- Organizaciones rechazaron el cierre del ciclo escolar 2025-2026 un mes antes de lo programado, luego del anuncio del secretario de Educación Pública, SEP, Mario Delgado Carrillo, asegurando que serán las mujeres sobre las que va a recaer la tarea de cuidados, además de acusar al gobierno mexicano de priorizar los intereses económicos sobre la educación.
Así lo manifestaron en sendas cartas públicas la Red de Mujeres Unidas por la Educación, la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y el Tiempo Propio de las Mujeres; la Unión Nacional de “Padres” de Familia, así como las secciones XIV y XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE), entre otras, luego del anuncio de que a partir del 5 de junio próximo, es decir, un mes antes de lo programado.
La Red de Mujeres Unidas por la Educación y la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y el Tiempo Propio de las Mujeres sostienen que no se trata de una medida administrativa sino de una decisión política que tendrá consecuencias profundas para millones de niñas, niños, adolescentes y especialmente para las mujeres, sobre quienes recaerán las tareas de cuidados.
En cartas separadas, la Red de Mujeres Unidas por la Educación sostiene que es “profundamente contradictorio que esta medida ocurra en un momento histórico en el que México tiene por primera vez una presidenta mujer, cuya consigna política ha sido Es tiempo de mujeres”, además de que otras 14 mujeres gobiernan entidades del país, a quienes les preguntan ¿Dónde estuvo la mirada de género al tomar esta decisión? ¿Quién evaluó el impacto que tendrá en las madres trabajadoras? ¿Quién pensó en las mujeres que viven al día y no tienen redes de apoyo? ¿Quién pensó en las maestras que también son madres? ¿Quién pensó en las niñas y niños cuyo único espacio seguro o de acompañamiento es la escuela?
Por un par de partidos, se afecta a millones de familias
La Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y el Tiempo Propio de las Mujeres además de oponerse a la medida adoptada la noche de este jueves, solicitan a la SEP y a las autoridades educativas estatales reconsiderar la suspensión de clases vinculada al Mundial de Futbol y revisar el calendario escolar 2025-2026 con perspectiva de género, de cuidados y de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Cuestionan que, por un par de partidos de futbol, millones de niños, niñas y adolescente, y sus familias tendrán que resolver como puedan una decisión tomada sin considerar sus efectos cotidianos.
La Coalición plantea que la modificación del calendario escolar sin prever alternativas de cuidado impacta directamente el tiempo propio de las mujeres, sus posibilidades de trabajo remunerado, ingreso, descanso, participación pública y autonomía económica.
Las escuelas no sólo cumplen una función educativa. También son espacios fundamentales de protección, socialización, alimentación, recreación y organización cotidiana de la vida de las familias. Por ello, cualquier suspensión extraordinaria de clases debe considerar sus efectos diferenciados y no trasladar automáticamente los costos sociales y económicos a los hogares.
Reconocemos la importancia de proteger la salud de niñas, niños y adolescentes frente a las altas temperaturas. Sin embargo, esa justificación no puede confundirse con la suspensión de clases por eventos deportivos. La protección de la salud requiere medidas serias, planeadas y con enfoque de derechos; no decisiones que terminen cargando nuevamente sobre las familias, y especialmente sobre las mujeres, la falta de previsión institucional.
La Coalición exige a la SEP transparentar los criterios y análisis considerados para modificar el calendario escolar; valorar los impactos diferenciados que estas decisiones tienen en las mujeres, particularmente en madres trabajadoras, hogares monoparentales y familias sin redes de apoyo; garantizar que cualquier ajuste al calendario escolar esté acompañado de alternativas públicas, comunitarias y seguras para niñas, niños y adolescentes.
Así como coordinar acciones con gobiernos estatales y municipales para ofrecer espacios recreativos, culturales, deportivos y de cuidado durante los periodos extraordinarios sin clases, y reconocer que el tiempo de las mujeres no es un recurso ilimitado ni gratuito para resolver omisiones institucionales.
No es el clima es el mundial
Tanto la Sección XIV de Guerrero, como la Sección XXII de Oaxaca del SNTE-CNTE señalan que el gobierno mexicano son prioritarios y más importantes los intereses económicos, comerciales y mediáticos que el interés del pueblo. No es el clima es el mundial de Futbol que se realizará en México-Estados Unidos-Canadá que inicia el 11 de junio.
La Sección XXII califican de “indignante” lo hecho por Delgado Carrillo y el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, que pretextaron las condiciones climáticas, históricamente olvidadas, cuando “casualmente, el tema cobra relevancia cuando existen intereses económicos, turísticos y políticos vinculados a un evento internacional como el Mundial de Futbol”.
“Durante décadas, niñas, niños y jóvenes han enfrentado clases en condiciones extremas, sin infraestructura adecuada, sin ventilación, sin agua potable y sin atención gubernamental efectiva; sin embargo, nunca existió preocupación institucional genuina por garantizar ambientes dignos para el proceso educativo”.
Sin duda, sostiene el documento público, el gobierno federal prioriza los intereses de las grandes corporaciones y de quienes obtendrán ganancias millonarias con este espectáculo deportivo, antes que atender las necesidades reales de las escuelas y de las comunidades. Mario Delgado y la SEP demuestran su total falta de interés por fortalecer la educación pública”.
Por su parte la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero consideran la medida de suspender un mes antes el calendario escolar como una “maniobra del gobierno para intentar frenar, dividir o debilitar la huelga nacional que miles de trabajadores de la educación estamos construyendo en todo el país”.
“Quieren hacer creer que adelantan el cierre escolar «por el calor» y «por el bienestar de los maestros». Pero el pueblo no es ingenuo… quieren mandar a todos a sus casas, que el pueblo esté viendo fútbol y no organizándose, prefieren el ruido del mundial antes que escuchar el reclamo de quienes sostienen la educación pública en las peores condiciones”.
El magisterio de Guerrero sostiene que el gobierno mexicano es el mismo de siempre, al contener la inconformidad, sin embargo, advierten que desde Guerrero
“no vamos a abandonar las calles”.
Un golpe a la educación
A su vez, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) calificó de grave error y un golpe directo a la educación la medida anunciada, considerando que México registra altos índices de rezago educativo en prácticamente todas las evaluaciones nacionales e internacionales, el cierre prematuro del ciclo escolar significa quitar de cinco hasta siete semanas completas de clases a estudiantes que requieren mayor inversión de tiempo y con serias deficiencias en lectura, matemáticas y comprensión.
También cuestionan que no se consideró, dicen a los “padres de familia” y apuntan que las autoridades y especialistas, así como académicos y docentes saben que las interrupciones prolongadas generan pérdidas irreversibles en el aprendizaje.
Plantean que utilizar el Mundial de Futbol como argumento para recortar el calendario escolar es inaceptable, porque la educación no puede sacrificarse por un evento deportivo que se llevará a cabo en tres de los dos mil 500 municipios mexicanos.
Al igual que los maestros de la sección XIV y XXII del SNTE-CNTE, la UNPF afirma que las altas temperaturas no son una novedad y existen soluciones, pero sí hay falta es voluntad de los gobiernos estatales para el equipamiento e infraestructura por parte de las mismas autoridades educativas que ya acumulan tres ciclos similares sin invertir en el rubro tan simple como unos ventiladores.
Finalmente pide se reconsidere y revoquen el acuerdo que daña al futuro, y que publiquen el análisis técnico que justifique esta medida y el impacto real en el cumplimiento de los planes y programas de estudio, entre otros puntos.
En un radio de hasta 16.4 kilómetros alrededor del Estadio Akron, sede de la Copa del Mundo 2026, colectivos y autoridades han localizado fosas clandestinas.
La búsqueda se extiende del campo a la ciudad: en calles y plazas, las familias colocan miles de fichas para visibilizar a las personas desaparecidas; utilizan varillas metálicas para rastrear indicios bajo la superficie.
En Jalisco, más de seis mil personas siguen desaparecidas desde 2018, de acuerdo con registros oficiales
Aldo Canedo y Juan Carlos Rodríguez
SemMéxico/El Sol de México, Reportaje especial, 8 de mayo, 2026.- La varilla entra en la tierracon un movimiento seco. Quien la sostiene se inclina apenas y presiona hasta hundirla unos centímetros. Luego la retira con cuidado y la acerca al rostro. El gesto es breve, casi mecánico: busca olor.
No hay cámaras ni acordonamientos: solo pastizales, caminos de terracería y el silencio de una zona donde, según colectivos de búsqueda, han sido llevadas personas que no volvieron a salir. Aquí, en las inmediaciones de Zapopan, el primer indicio de una fosa clandestina no es visible: se detecta en la punta de una varilla.
A 7.9 kilómetros del Estadio Akron —una de las sedes del Mundial de Futbol 2026— la escena se repite. También a 12.5, a 12.9 y hasta 16.4 kilómetros. Los puntos no están aislados: forman un mismo perímetro.
Mientras Guadalajara se prepara para recibir al mundo, bajo su superficie persiste otra búsqueda.
La búsqueda no comienza en el campo. Empieza en la ciudad.
En el centro de Guadalajara, los rostros están pegados en postes, bolardos, muros y monumentos. Son hojas con fotografías, nombres, edades y señas particulares: “Desaparecido”, “Ayuden a localizarlo”, “Tu mamá te busca”. La mayoría pasa sin detenerse. Algunos miran de reojo. Otros siguen de largo.
No es una campaña oficial. Las fichas no las coloca el gobierno, sino los propios colectivos de búsqueda que, desde hace años, han convertido el espacio público en un mapa improvisado de ausencia. Cada domingo, desde octubre de 2021, grupos como Luz de Esperanza han pegado entre dos mil y cinco mil cédulas en distintos puntos de la ciudad.
Auxiliadas de una varilla adaptada para acompañarlas en su largo peregrinar, las familias que buscan a sus seres queridos en fosas clandestinas han aprendido a reconocer el olor a muerte / Foto: Roberto Hernández / El Sol de México
Un jueves al mediodía, en la Plaza de Armas, dos turistas se detienen frente a los bolardos cubiertos de fichas. Observan en silencio.
—¿Saben qué son? —se les pregunta.
Se miran entre ellos antes de responder:
—No.
—Son personas desaparecidas.
La respuesta los detiene. Vuelven a mirar las hojas, ahora con atención.
—¿Todos?
Alrededor, la gente sigue caminando.
Detrás de cada hoja hay una historia que no terminó.
Una pareja de turistas franceses observan las cédulas de búsqueda de personas desaparecidas en el centro de Guadalajara / Foto: Roberto Hernández / El Sol de México
El 18 de mayo de 2021, Héctor Daniel Flores Fernández fue presuntamente detenido por elementos de la Fiscalía de Jalisco a unas cuadras de La Minerva. Desde entonces no se sabe dónde está. Su padre, Héctor Flores, dejó su vida anterior para buscarlo.
Es un acto de búsqueda en vida Héctor Flores, integrante del colectivo Luz de Esperanza
—No es lo que quisiéramos, pero hemos encontrado personas gracias a estas cédulas.
Con el tiempo, la rutina se volvió método. Identificar puntos de alta circulación, dividir zonas, regresar a pegar fichas donde han sido retiradas. La ciudad como territorio de rastreo.
En Jalisco, más de seis mil personas siguen desaparecidas desde 2018, de acuerdo con registros oficiales. A nivel nacional, la cifra supera las 130 mil.
Esa normalidad que Héctor se resiste a aceptar se ha visto trastocada por un episodio que puso la atención en Jalisco, pero, sobre todo, en la zona metropolitana de la capital, Guadalajara: un operativo federal que derivó en la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Héctor Daniel Flores Fernández desapareció el 18 de mayo de 2021, luego de que presuntamente fue detenido por elementos de la Fiscalía de Jalisco / Foto: Roberto Hernández / El Sol de México
Faltaban poco más de 100 días para el inicio del Mundial de Futbol 2026.
Desde las primeras horas de ese 22 de febrero, la entidad se convirtió en zona de bloqueos. Camiones incendiados cerraron accesos y la circulación se volvió intermitente. En algunas zonas, los comercios bajaron cortinas. Las calles, incluso en áreas habitualmente concurridas de Guadalajara, se vaciaron.
El gobierno estatal activó el Código Rojo, suspendió clases y actividades públicas, y llamó a la población a permanecer en casa.
El padre de Héctor Daniel es integrante del colectivo Luz de Esperanza, uno de los más de 20 que operan en Jalisco / Foto: Roberto Hernández / El Sol de México
En ese contexto, los colectivos también se detuvieron.
Por primera vez en más de tres años, algunos grupos dejaron de salir a pegar fichas de búsqueda. Jornadas de campo en zonas donde se habían recibido denuncias sobre posibles fosas clandestinas fueron canceladas.
La búsqueda, que ya depende en gran medida de las propias familias, también queda a merced de la violencia.
Para quienes buscan, el riesgo es una condición permanente en el proceso para encontrarlos.
La distancia entre la ciudad y las fosas no siempre se mide en kilómetros. A veces basta salir del perímetro urbano para que el paisaje cambie.
Hacia el poniente de la zona metropolitana de Guadalajara, el concreto cede paso a caminos de terracería, terrenos baldíos y extensiones de pastizales. La señal de teléfono se vuelve intermitente. Las referencias son escasas: un cruce de caminos, una barda, un grupo de árboles.
En esta zona de Zapopan, el Estadio Akron aparece y desaparece en el horizonte. Desde algunos puntos se alcanza a ver su estructura blanca, elevada sobre el terreno. Desde otros, queda oculto por la vegetación y la irregularidad del terreno.
Es el mismo territorio.
Una casa de seguridad fue localizada a menos de 1.9 kilómetros del Estadio Akron, una de las tres sedes mundialistas en México, en febrero pasado – Foto: Roberto Hernández / El Sol de México
Aquí, las motocicletas con jóvenes recorriendo caminos y avenidas son una constante. Pasan una y otra vez, como vigilando. A los costados de algunas carreteras aún quedan restos de vehículos calcinados, huellas recientes de los bloqueos.
A menos de 1.9 kilómetros del estadio, autoridades localizaron en febrero pasado una casa de seguridad con indicios de privación ilegal de la libertad. A partir de ahí, en un radio que se extiende hasta los 16.4 kilómetros, colectivos y autoridades han documentado la existencia de fosas clandestinas en distintos puntos.
No se trata de un solo hallazgo. Es una concentración.
Las Agujas, a 7.9 kilómetros del estadio, es uno de los puntos más relevantes. Entre febrero y septiembre de 2025, autoridades y colectivos reportaron 270 bolsas con restos humanos. Al corte de enero de 2026, la autoridad reconocía 62 víctimas, de las cuales 23 habían sido preidentificadas.
Más hacia el norte, en Arroyo Hondo, a 12.5 kilómetros del Estadio Akron, una fosa localizada en un antiguo taller derivó en la recuperación de 47 bolsas con restos humanos. De ellas, 15 víctimas habían sido identificadas.
En Lomas del Refugio, a 12.9 kilómetros, autoridades y colectivos recuperaron 72 bolsas con restos humanos correspondientes a 24 personas entre diciembre de 2024 y enero de 2025.
Y en Plan de la Noria, a 16.4 kilómetros del estadio, los hallazgos se repiten en medio de caminos estrechos y terrenos abiertos.
Los puntos no están aislados entre sí. Están dentro de un mismo radio.
Entre febrero y septiembre de 2025 fueron localizadas 270 bolsas con restos humanos en fosas clandestinas en Las Agujas, a 7.9 kilómetros del Estadio Akron / Foto: Roberto Hernández / El Sol de México
La referencia no está en un mapa.
“Solo nos dieron como referencia esos árboles”, dice Carmen, mientras señala un grupo de troncos que sobresalen entre los pastizales. No hay señalamientos, ni cercas, ni marcas visibles.
Para llegar al punto, hay que desviarse de la avenida y tomar una vereda de no más de dos metros de ancho. El trayecto obliga a avanzar despacio durante varios minutos. Alrededor no hay casas habitadas. De vez en cuando pasa una motocicleta. El resto es silencio.
En Plan de la Noria, a 16.4 kilómetros del estadio, colectivos de búsqueda también han localizado restos humanos / Foto: Cortesía / Colectivo Manos Buscadoras
Carmen tiene 26 años y forma parte del colectivo Manos Buscadoras de Jalisco. Busca a Víctor Hugo Meza. Desde hace meses, ese terreno forma parte de su rutina. Lo conoció por denuncias anónimas: personas que vieron cómo otros eran llevados hasta ahí y no regresaban.
A su lado camina su madre, Virginia, también integrante del grupo.
La varilla entra en la tierra, se retira, se acerca al rostro. Buscar olor. Repetir.
Así comenzaron.
Con el tiempo, el terreno dejó de ser solo una sospecha. Entre septiembre y noviembre de 2025, colectivos y autoridades localizaron en este punto 89 bolsas con restos humanos, correspondientes a 16 personas. Siete de ellas habían sido preidentificadas.
El trabajo terminó, oficialmente, a finales de noviembre.
Pero para ellas no.
Carmen, integrante del colectivo Manos buscadoras de Jalisco, introduce una varilla en el terreno, busca algún indicio positivo para restos humanos / Foto: Roberto Hernández / El Sol de México
—Es una tristeza verlos en pedacitos —dice Virginia—. Nosotras los tuvimos en el vientre.
El terreno sigue ahí.
Sin resguardo permanente.
Los restos de cinta amarilla, rotos, apenas señalan el perímetro que alguna vez fue asegurado.
No hay una marca que indique lo que ocurrió.
A 16.4 kilómetros del Estadio Akron.
La varilla no es un instrumento improvisado.
Para los colectivos, es una herramienta de búsqueda construida con la experiencia: una varilla metálica, en forma de T, con una punta que permite penetrar la tierra unos centímetros, lo suficiente para detectar lo que no se ve.
La superficie no es lisa: tiene una textura similar a la rosca de un tornillo que, al retirarla, puede arrastrar restos como cabello y permite insistir en puntos donde el olor ha sido alterado.
Con palas, picos y varillas familiares de personas desaparecidas continúan buscando a sus seres queridos / Foto: Cortesía / Colectivo Manos Buscadoras
El procedimiento se ha ido afinando con la práctica. Insertar, retirar, observar. Buscar indicios: restos de cabello, fragmentos, alteraciones en el color de la tierra. Y, sobre todo, olor.
Es el primer paso de un protocolo construido por los propios colectivos: introducir la varilla en la tierra, retirarla y llevarla al rostro.
El pico metálico se coloca cerca de la nariz. Ahí buscan lo que —en cualquier otra circunstancia— nadie quisiera encontrar: olor a muerte.
A partir de ese indicio, se determina si es posible que bajo la superficie haya restos humanos.
El olor de un humano es mucho más fuerte que el de un animal Raúl Servín, integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco
—A veces no basta con el olor, otras veces sí. Hay lugares con basura o comida echada a perder que pueden confundir, pero con el tiempo se aprende a distinguir.
Raúl busca a su hijo desde 2018. Antes de eso no tenía experiencia en trabajos forenses ni en excavaciones. Lo más cercano, dice, fue un empleo breve como albañil.
Empezó solo, entrando a casas abandonadas en Tlajomulco, revisando habitaciones, patios y terrenos. Luego se sumó a otros familiares. Así se formaron los colectivos.
Hoy coordina búsquedas, acompaña a familias y participa en operativos donde se han localizado decenas de cuerpos. Su conocimiento no viene de manuales, sino del terreno: en la forma en que se hunde la tierra, en cómo responde al golpe de la pala, en lo que revela al tacto.
En su casa, en un fraccionamiento popular, guarda fotografías de su hijo en una habitación que convirtió en altar. Afuera, en un cobertizo, tiene el equipo listo: varilla, pala, pico, rastrillo y ropa para trabajo de campo.
La rutina se repite, aunque el impacto no desaparece.
Vicky y Carmen, madre y hermana de Víctor Hugo Meza Ponce, forman parte del colectivo Manos buscadoras de Jalisco / Foto: Roberto Hernández / El Sol de México
—Lo más duro es ver cómo los dejan —dice—. Amarrados, con las manos, con la boca tapada. La cabeza empieza a pensar mil cosas. Que podría ser él.
Aun así, vuelve.
—Yo voy con la ilusión deencontrarlo. O de encontrar a alguien más para regresarlo con su familia.
A menos de dos kilómetros en línea recta de donde se han documentado casos de privación ilegal de la libertad, se levanta el Estadio Akron. Su estructura blanca, visible desde distintos puntos de Zapopan, será uno de los escenarios del Mundial de Futbol 2026.
En ese recinto, con capacidad para casi 50 mil personas, están programados cuatro partidos de la fase de grupos, incluido uno de la Selección Mexicana. Durante semanas, la ciudad recibirá a selecciones internacionales, equipos técnicos y miles de aficionados.
Sin experiencia en técnicas forenses ni excavaciones, Raúl Servín, integrante del colectivo Guerreros Unidos, busca a su hijo desaparecido desde 2018 / Foto: Roberto Hernández / El Sol de México
La lógica del evento es otra: accesos controlados, operativos de seguridad, rutas de transporte, zonas de hospitalidad.
Pero el territorio es el mismo.
Durante el proceso para confirmar a Guadalajara como sede del Mundial, autoridades estatales incluyeron en su diagnóstico un apartado sobre derechos humanos. El documento, fechado en 2022, reconoce que en Jalisco existe un alto número de personas desaparecidas y fosas clandestinas, y advierte que este fenómeno se ha agravado en los últimos años.
El informe también señala que algunos casos de secuestro y desaparición han involucrado a personas extranjeras, tanto en la zona metropolitana como en destinos turísticos del estado.
La advertencia es explícita: existe un alto riesgo de que esta situación pueda afectar el desarrollo del evento, particularmente si se presenta un incidente con visitantes internacionales.
Este padre buscador montó un altar en la habitación de su hijo, Raúl Servín Galván, quien forma parte de las más de 6 mil personas desaparecidas en Jalisco / Foto: Roberto Hernández / El Sol de México
No es una denuncia. Es un diagnóstico incorporado en el propio proceso de organización del Mundial.
Consultado sobre los riesgos en la entidad, el Comité Organizador señaló que la FIFA trabaja en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad de participantes, asistentes y población en general.
“Es un tema profundamente doloroso para Jalisco y para el país”, dijo Montserrat Hidalgo, responsable de la sede Guadalajara. “Las investigaciones corresponden a las autoridades competentes. Desde la organización, lo que nos toca es asegurar que los estándares de seguridad y derechos humanos se cumplan”.
Añadió que el organismo contempla protocolos de atención en caso de manifestaciones sociales durante el evento.
Algunas personas siguen su andar sin inmutarse ante las fichas de desaparecidos, pero para quienes buscan a sus familiares visibilizar sus casos es indispensable / Foto: Roberto Hernández / El Sol de México
El Mundial avanza.
El diagnóstico también.
Para quienes buscan a sus familiares, el Mundial no es una prioridad.
—No es que estemos en contra del evento —dice Héctor Flores—. Pero está fuera de contexto. Hay muchas crisis que se están viviendo en el país. Lo que se va a gastar debería invertirse en seguridad y en atender la crisis forense.
En el terreno, la preocupación es más inmediata.
—Si el estado no puede cuidar a su propia gente, ¿cómo va a cuidar a los extranjeros? —cuestiona Carmen, integrante de un colectivo de búsqueda.
La ciudad de Guadalajara es fiel reflejo de las heridas abiertas en miles de familias jaliscienses, que buscan visibilizar la crisis de desapariciones colocando las fichas de sus seres queridos en espacios públicos / Foto: Roberto Hernández / El Sol de México
Su madre, Virginia, lo plantea en otros términos:
—Ellos van a festejar un gol, y nosotros tenemos una tristeza enorme —dice Virginia—. Si todo lo que se va a gastar allá nos ayudara con herramientas, con lo que nos hace falta…
Deberíamos estar festejando a nuestros hijos con vida y no goles Virginia, del Colectivo Manos Buscadoras de Jalisco
En Jalisco operan más de 20 colectivos de búsqueda. La mayoría coincide en dos ideas: la falta de condiciones para enfrentar la crisis de desapariciones y el temor de que, en el contexto del Mundial, el problema sea desplazado del espacio público.
—Nosotros no vamos a parar —dice Raúl Servín—. Con Mundial o sin Mundial, la búsqueda sigue.
La preocupación no es solo la violencia. También es la posibilidad de que deje de verse.
En los últimos meses, colectivos de Jalisco han denunciado el retiro sistemático de fichas de búsqueda en espacios públicos. Las hojas que aparecen pegadas un día, desaparecen al siguiente. En algunos casos, son cubiertas con pintura o arrancadas durante la noche.
Para las familias, no es un detalle menor. Es parte del proceso de búsqueda.
—Pegamos fichas todo un domingo —explica una integrante de colectivos de búsqueda—, y al día siguiente ya no están. O aparecen tachadas.
El fenómeno encendió alertas en el Congreso local, donde comenzó a discutirse una iniciativa relacionada con la regulación de estos materiales en el espacio público. Lo que en un primer momento planteaba sanciones por el retiro de cédulas de búsqueda derivó en una propuesta que abría la posibilidad de limitar los lugares donde pueden colocarse.
Familiares y colectivos de búsqueda en Jalisco están decididas a visibilizar la crisis de desapariciones en la entidad durante el Mundial de la FIFA 2026 / Foto: Roberto Hernández / El Sol de México
La diputada Tonantzin Cárdenas, presidenta de la Comisión Especial de Personas Desaparecidas, ha documentado en recorridos con colectivos que las fichas colocadas en espacios públicos son retiradas o intervenidas en cuestión de horas.
—Esto es revictimizante —señala.
Para los colectivos, la señal es clara.
—Están limpiando la ciudad —dice Virginia—. Pero no entienden que esas fichas son lo único que tenemos para encontrar a nuestros hijos.
La preocupación se acentúa en el contexto del Mundial.
—Hay una intención de que esto no se vea —señalan integrantes de colectivos—. De que la gente que venga no se entere de lo que está pasando.
En una ciudad donde la búsqueda depende en gran medida de la visibilidad, retirar las fichasno elimina el problema.
Solo lo oculta. En Guadalajara, hablar del tema no siempre es una opción.
En el centro de la ciudad, a unos pasos del Congreso local y del Palacio de Gobierno, un comerciante explica que la cautela es parte de la rutina.
Tonantzin Cárdenas, diputada y presidenta de la Comisión Especial de Personas Desaparecidas en el Congreso local, ha documentado que las cédulas de búsqueda colocadas en espacios públicos son retiradas / Foto: Roberto Hernández / El Sol de México
—No sabes quién está escuchando —dice—. No sabes si preguntar de más puede meterte en problemas.
La lógica se repite en la periferia. En zonas como Las Agujas, Arroyo Hondo o Plan de la Noria, el consejo es el mismo: no hacer preguntas, no detenerse demasiado, no llamar la atención.
Algunas personas prefieren no hablar. Otras responden con evasivas.
—La gente sabe lo que pasa —dice una fuente que ha trabajado en esas zonas—, pero también sabe que es mejor no decirlo.
El término es conocido: halconeo.
Vigilancia constante, seguimiento de movimientos, control del territorio.
En ese contexto, quienes salen a buscar —a pegar fichas, a excavar, a preguntar— operan en una línea delgada entre la visibilidad y el riesgo.
—Los que buscan son los más valientes —dice el comerciante—. Los demás aprendemos a mirar a otro lado.
La varilla entra en la tierra. Se retira. Se acerca al rostro.
El gesto se repite.
A unos kilómetros, el estadio se prepara.
Aquí, la búsqueda no se detiene.
Juan Carlos Rodríguez; Reportero con tres décadas buscando historias incómodas. Me gusta la política, analizar el desempeño gubernamental y la data. Salsero, cruzazulino y paparazzi de mi familia. Amo las biografías y los documentales.
SemMéxico, Cd. de México, 8 de mayo, 2026.- Después de mi primera y única entrevista con Elba Esther Gordillo, me dediqué a seguirle la pista. Nunca fui bien recibida. Al contrario, en el SNTE me miraban con recelo, asumo que me toleraban porque trabajaba en el Reforma.
El SNTE tenía por costumbre “citar” de última hora a sus consejeros nacionales para su Consejo o Congreso Nacional. Lo hacía en total sigilo con el pretexto de que la disidencia “fuera a llegar”, pero también porque les gustaba eso de las reuniones secretas, los pactos entre ellos y establecer acuerdos que como nadie conocía, pues no estaban obligados a cumplir si los vientos soplaban para otro lado.
Así que conocer el día y el punto de reunión no era una tarea sencilla, salvo en aquellos que a la maestra le interesaba que se difundieran.
El que se realizó en Tijuana en el CBTIS 58 fue secreto hasta para los propios consejeros que a su llegada supieron que en esa reunión Elba Esther Gordillo sería nombrada presidenta vitalicia.
Así que con el dato del lugar, llegué a Tijuana. Me contacté con un naciente grupo de lideres disidentes de la corriente oficial, que no de la CNTE. Llegué hasta el CBTIS 58, los encontré y claro que no me dejaron pasar.
La reunión era secreta. Me miraron con recelo, sesionaron el viernes 6 de julio del 2007 y el sábado se trasladaron a Rosarito porque los “opositores” los habían encontrado. Yo tenía mis informantes dentro.
Todo el fin de semana deliberaron, Rafael Ochoa, entonces secretario general, se reunió primero con los consejeros para “planchar” el acuerdo. Por la noche se fueron a un hotel en Rosarito, con fuertes medidas de seguridad, llevando dos propuestas: que Gordillo se quedaran como presidenta por “tiempo indefinido” o que “ella decidiera el plazo para dejar el cargo”.
Gordillo llegó a Rosarito y se quedó al frente del sindicato. Trataría con el cuarto presidente, Felipe Calderón.
Mientras Gordillo estaba ocupada de la grilla sindical, en Tijuana me tocó conocer a un grupo de maestros que estaban convencidos de que Gordillo utilizaba la brujería para mantenerse en el poder. Hablaban de rituales, de protecciones, de collares y pulseras para “cuidarse”.
Me regalaron una fotografía. En la imagen un ataúd con su nombre, una figura suya en forma de piñata que habían colocado en una protesta. Decían que, en ese momento, salió humo blanco del ataúd.
No sé si era cierto. Pero para ellos, lo era. Incluso me llevaron con una mujer que decían protegía a los maestros. Ella también estaba convencida.
Y ahí entendí algo: Cuando el poder se vuelve tan opaco y difícil de explicar… empiezan a construirse otras formas de entenderlo.
SemMéxico, Ciudad de México, 8 de mayo, 2026.- El primero de mayo, en una ceremonia oficial, con la presencia de la presidenta de la república y algunos dirigentes sindicales, el secretario del Trabajo Marath Bolaños afirmó que México vive una “primavera laboral”.
Argumentó que en el pasado neoliberal se debilitaron todos los derechos de los trabajadores, lo que dejó una “profunda huella de desigualdad”. Luego, enumeró los principales logros de los gobiernos de la Cuarta Transformación (4T), principalmente los incrementos al salario mínimo y los cambios legislativos en materia de: reparto de utilidades, subcontratación, pensiones, trabajadores de plataformas digitales, jornaleros agrícolas y jornada semanal de 40 horas. Advirtió, sin embargo, que “el actual gobierno busca consolidar y ampliar estos derechos con nuevas reformas ya que no se ha logrado “revertir los efectos de más de tres décadas de políticas neoliberales.”.
El secretario tiene razón en advertir ambas cosas: en efecto, el clima laboral ha cambiado y, al mismo tiempo hay asuntos pendientes muy importantes. Los aumentos salariales han ocurrido no sólo en los mínimos legales, también, aunque en menor medida, en los salarios medios (de cotización del IMSS), principalmente en la industria manufacturera.
Así, mientras los mínimos (promedio nacional) han crecido, entre 2018 y 2025 en más de 134% en términos reales (descontando la inflación), los medios lo han hecho en alrededor del 30% y los manufactureros en casi 39%. Estos incrementos han reducido la pobreza laboral en más de diez puntos porcentuales.
La “primavera laboral”, no obstante, arrastra serios problemas estructurales: el más destacado, la informalidad, la cual alcanzó en marzo de este año casi el 55% (ENOE-INEGI). Un nivel que casi no se ha movido en los últimos años. Hay que agregar que este porcentaje se compone de trabajadores por cuenta propia, que no dependen de un patrón (29%), y aquellas personas trabajadoras que son asalariadas, pero no cuentan con seguridad social (25%).
Este último dato es relevante porque muestra que, en México, la ley no se cumple a cabalidad ya que la inscripción al IMSS u a otra institución similar, es obligatoria.
El secretario no mencionó este problema como tampoco habló de la caída tendencial del empleo que se ha presentado desde 2025. En la industria de la transformación el saldo anual (2025-2026) es, incluso negativo, es decir se han perdido empleos.
Un problema esencial que debe destacarse se refiere a la brecha que existe entre las leyes y la realidad. El pasado neoliberal se caracterizó por sus políticas de contención salarial, de flexibilidad, y particularmente por el fomento de sindicatos fantasma y contratos de protección patronal, instrumentos que se distinguieron por la carencia absoluta de prácticas democráticas, lo que a su vez inhibió la protesta de los trabajadores. Todo ello convirtió la contratación colectiva en una falla sistémica. Muy pocos trabajadores discutieron y participaron en las negociaciones con los patrones para mejorar sus condiciones de trabajo.
El problema es que ese desperfecto estructural casi no se ha modificado. A pesar de las reformas constitucionales y legales de 2017 y 2019 que ofrecieron la democracia mediante el voto directo y secreto de los agremiados para elegir a sus dirigentes y decidir acerca de sus revisiones contractuales, el panorama sigue dominado por organizaciones y prácticas que no se han ajustado a esos nuevos lineamientos. Peor aún, han surgido o tomado fuerza sindicatos y confederaciones cercanas al partido MORENA que han sido acusadas de graves hechos de corrupción y violencia.
El caso más evidente es la CATEM (Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México).
La brecha entre la ley y la vida cotidiana que sufren muchos trabajadores diariamente también se ha reflejado en otros ámbitos: por ejemplo, en el sector público. El gobierno federal, y los estales y municipales mantienen la práctica de contratar por honorarios o por el llamado capítulo 3000, es decir, por tiempo determinado, sin prestaciones y con bajos salarios. Además, las reformas a la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado no han dado por resultado una verdadera democracia sindical.
Hay que resaltar, igualmente, que algunas instituciones recién creadas todavía están en una situación precaria. Los juzgados laborales no ofrecen todavía una justicia pronta, expedita y apegada a la ley. O los centros de Conciliación y Registro laboral mismos que no cumplen plenamente con su función u obedecen a dictados de los gobernadores.
Muchos problemas derivan de la llamada “austeridad republicana”. Los recursos presupuestales destinados a las instituciones encargadas del cumplimiento de la ley, como la inspección laboral, han disminuido en los últimos años a pesar de que desde el pasado neoliberal México conserva uno de los últimos lugares en América Latina en esta materia.
De acuerdo con cifras de la OIT, los inspectore laborales por cada 10 mil empleados tuvieron un índice de 0.84 en Chile, 0.31 en Brasil y apenas un 0.13 en México. No sólo la inspección. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo o a las partidas destinadas al fomento del empleo también han sufrido recortes. Por su parte, el Centro Federal de Conciliación y Registro Federal carece de “dientes” para obligar a las empresas y sindicatos a cumplir con sus lineamientos y ha visto una reducción de su presupuesto. En fin, en general, las instituciones laborales se han debilitado.
Hay, igualmente, casos en que las reformas o bien han sido incompletas, o mal diseñadas. Por ejemplo, el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”; o la que busca asegurar a los trabajadores de plataformas digitales a la seguridad social y la contratación colectiva.
Sin embargo, el asunto más relevante es el del sistema de pensiones contributivas, aquel en el que las personas trabajadoras y los empleadores aportan cuotas a las Afores (Administradoras de Fondos para el Retiro), empresas privadas (con excepción de Pensionissste) encargadas de manejar estos recursos y otorgar la pensión correspondiente. Aunque ha habido varias reformas, principalmente la del 2020, el sistema sigue siendo muy oneroso para las arcas públicas y ofrece una cobertura limitada en relación con el total de personas trabajadoras.
La tasa de reemplazo (es decir la cantidad que recibe el trabajador al momento de jubilarse como proporción de su último salario mientras estaba activo) ha requerido cada vez más subsidios gubernamentales para elevarla a un nivel entre 50 y 70%. Además, los trabajadores jubilados se quejan de que su pensión apenas aumenta cada año.
El análisis de cada reforma aprobada en estos últimos ocho años podría mostrar bondades, esfuerzos por mejorar la protección de los trabajadores, pero también debilidades en su aplicación o diseño.
Las movilizaciones sindicales, el surgimiento dificultoso de nuevas organizaciones democráticas y las huelgas ocurridas en los últimos años, son una expresión tanto de las modifdicaciones legales aprobadas recientemente, como de las fallas y persistencias de viejos problemas.
De esta manera, la “primavera laboral” anunciada el pasado primero de mayo todavía padece de bajas temperaturas, no ha brillado el sol en su plenitud, ni han renacido muchas flores después del largo invierno neoliberal. Ha habido cambios, sobre todo en materia salarial y en las reformas legales; sin embargo, el gobierno enfrenta ventiscas que amenazan estas mudanzas.
El principal, en estos momentos, es la caída del empleo particularmente en la industria manufacturera.
Para que se produzca una transformación de la magnitud con la que pretende ilustrarnos el secretario Bolaños, se requieren no sólo más reformas. Es necesario acelerar el crecimiento económico; cambiar la orientación del gasto, revisar la “austeridad republicana” ahí donde ésta debilita las instituciones del trabajo; y una ruptura del gobierno y su partido con algunos grupos sindicales que mantienen las prácticas antidemocráticas y violentas del pasado neoliberal.
La Corte IDH ordenó al Estado la integración de este concepto; el gobierno respondió que la ley actual ya protege su labor
Montserrat Maldonado
SemMéxico/El Sol de México, 8 de mayo, 026.- El gobierno mexicano no incluirá la denominación “madre buscadora” a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas como lo ordenó la CIDH pues argumenta que el marco jurídico actual ya es suficiente para reconocerlas y brindarles protección.
A las personas desaparecidas en el país las buscan sus familias y en la mayoría de casos, sus madres. Son ellas quienes dejan trabajos, hogares y rutinas para ir a rascar la tierra, pegar fichas de búsqueda y hasta instalar buzones para recibir pistas del paradero de sus familiares de manera anónima.
En diciembre de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) concluyó que el Estado mexicano fracasó en prevenir, investigar y sancionar la violencia extrema contra Lilia Alejandra García Andrade, una joven de 17 años víctima de abuso sexual, desaparición y feminicidio en el estado de Chihuahua.
En el fallo del caso García Andrade y otros vs México, la Corte estableció que México debía integrar los conceptos de madres buscadoras, persona buscadora y madre de víctima de feminicidio en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y garantizar que dichas personas puedan beneficiarse del Mecanismo de Protección.
Cinco meses después del fallo, la coordinadora para la atención de casos en organismos internacionales de Derechos Humanos, Nancy Desiderio Noyola, afirmó en una carta enviada a Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra, que con el marco legal actual de México ya se reconoce la labor de las madres buscadoras sin tener que nombrarlas.
En su respuesta al caso, a la cual El Sol de México tuvo acceso, la Coordinación para la Atención de Casos en Organismos Internacionales de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación dice que la Ley y el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas reconocen las labores de búsqueda y acciones de exigencia de justicia como un ejercicio de defensa de derechos humanos, por lo que las personas que realizan estas acciones pueden ser consideradas sujetas de protección cuando se identifiquen riesgos derivados de su labor.
“Actualmente se encuentran integradas al Mecanismo 339 personas, agrupadas en 140 expedientes, cuya labor se centra en la búsqueda de personas desaparecidas. Ello demuestra que, aun cuando la Ley no menciona de manera expresa categorías específicas como madres buscadoras o madres de víctimas de feminicidio, la norma vigente permite reconocerlas como personas defensoras de derechos humanos y brindarles medidas de protección cuando enfrentan situaciones de riesgo”, sostiene la dependencia.
Dicen no a la Resolución de la Corte
La resolución de la Corte también pide al gobierno mexicano realizar una campaña de sensibilización y educación sobre el trabajo de las madres buscadoras y madres de víctimas de feminicidio; ante ello, la Coordinación contestó que “la Secretaría de las Mujeres realizará el curso -Vida sin violencia- en el cual añadirá un apartado sobre la lucha de las madres buscadoras”.
Una traición al dolor
Para Vanessa Gámez, madre de Ana Ameli García de 19 años, quien desapareció el 12 de julio de 2025 en el Ajusco de la Ciudad de México, esa respuesta no es suficiente.
“Que no quieran integrar la definición de madre y persona buscadora es una traición a nuestro dolor. Somos nosotras quienes hemos sufrido las ausencias, la falta de respuesta, la falta de trabajo por saber dónde están y qué les pasó y con esto parece que ya no solo no les importa buscar a los desaparecidas sino que no quieren tampoco visibilizarnos”, dijo en entrevista.
Para la madre de la joven que desapareció tras ir a hacer senderismo, es una pena que en México se prioricen los procesos burocráticos a la lucha de las madres.
“Esta sentencia de la Corte es un poco para subsanar todo lo que hemos padecido las madres y México parece que lo minimiza; aquí nos llaman defensores de derechos humanos y como este término sí está en la ley pues ya lo quieren dejar así y evitarse la molestia de volver a cambiar cosas que para ellos nunca son importantes”, señaló.
La madre de Ameli la ha buscado en cerros y el bosque, labor que considera la ha puesto en peligro.
“Cuando nosotras hacemos la búsqueda está claro que los criminales nos identifican, saben quiénes somos y qué hacemos pero a una como madre no le importa y lo que quiere es encontrar a nuestros hijos aunque eso nos ponga en riesgo”, declaró.
En estos 10 meses de búsqueda, Vanessa tiene claro que no tendrían que existir las madres buscadoras.
“Nadie debería tener que buscar al hijo que trajo al mundo, pero parece que la desaparición se ha convertido en uno de los delitos preferidos de los delincuentes porque al no haber un cuerpo no hay un delito e ignorar que esto genera tanto dolor a todas las familias”, lamentó.
El Sol de México buscó en cuatro ocasiones al área de prensa de la Secretaría de Gobernación para tener su postura, sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuesta.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta que en el país hay 133 mil 809 personas desaparecidas; 104 mil 372 hombres, 29 mil 38 mujeres y en 399 casos no se identificó el sexo.
Para Vanessa Gámez es “imperdonable que las autoridades inviertan y se enfoquen más en el Mundial 2026 que en la grave crisis de desaparecidos”.
“Parece que nunca terminan las fallas de las autoridades que ocupan un cargo y que juraron prestar sus servicios hacia nosotros, la ciudadanía. Esto es una traición al preferir tener una fiesta mundialista, permitir que se derrochen recursos que hacen falta para investigación y para localizar realmente a nuestros seres amados”, reclamó.
Reclama la indiferencia de las autoridades
En eso concuerda Claudia Sanromán Aguilar, madre de Reina Karina Sanromán Aguilar desaparecida en diciembre de 2012 en el Estado de México, y quien reclama que para las familias importa más saber dónde están sus seres queridos que una mención en la Ley.
“A mí no me interesa si me ponen o no en la Ley, yo lo que quiero de las autoridades estatales y federales es que hagan su trabajo, qué me digan dónde está mi hija y todos los desaparecidos”, compartió.
Por casi 14 años, Claudia ha sufrido daños a su salud física, debido a la búsqueda en aguas negras y en basureros ha padecido caídas y daños en la vista. “Cuando hacemos búsqueda de campo luego las autoridades ni tienen las palas o materiales que necesitamos, mucho menos nos van a querer reconocer en la Ley”, sostuvo.
Aunado al dolor de la ausencia de su hija, Claudia dice sentir la indiferencia de las autoridades.
“Siento que se burlan de nosotros. La presidenta prefiere reunirse con un grupo musical (BTS) a abrirnos las puertas de Palacio Nacional a las buscadoras. Que no quede duda que el Estado nos queda a deber mucho”, lamentó.
La recomendación de CIDH no es la única sobre madres buscadoras. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) también pidió en 2025 al Estado mexicano reconocer formalmente a las buscadoras como una categoría específica de defensoras, así como adoptar políticas de prevención y protección que atiendan los riesgos diferenciados que enfrentan por razones de género.
Además, Andrea Pochak, relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha dicho que el Estado tiene que acompañar activa y comprometidamente a las personas y madres buscadoras para “que salir a buscar a sus seres queridos no implique poner en riesgo su propia vida”.
El lunes 11 de mayo, la Comisión presentará su informe sobre desapariciones en México, el cual documenta la magnitud y persistencia de las desapariciones en el país, identifica patrones estructurales y analiza los principales desafíos que enfrentan las autoridades en materia de búsqueda, investigación, acceso a la justicia y atención integral a las víctimas y sus familiares.
Montserrat Maldonado: Licenciada en Comunicación y Periodismo por la UNAM. Mexiquense. Reportera de educación, derechos humanos, género y política.
Autoridades y especialistas analizaron cápsulas sobre participación política de las mujeres de la campaña “Nuestras voces cuentan”
Tiene el propósito de promover los derechos político-electorales de mujeres indígenas y afromexicanas, así como visibilizar y contribuir a la prevención de la violencia de género en el ámbito político
David Sandoval Rodríguez /Fotos: Luis Fernando Fernández
SemMéxico/Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver., 8 de mayo, 2026.- Por invitación de la Coordinación del Centro de Estudios de Género (CEGUV) de la Universidad Veracruzana (UV), el Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) y el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) participaron en la presentación de tres cápsulas radiales de la campaña “Nuestras voces cuentan”, generando un espacio de análisis sobre la participación política de las mujeres y la prevención de la violencia política en razón de género.
Durante el encuentro celebrado en el Salón Blanco de la Unidad de Humanidades se destacó que esta campaña, impulsada desde 2021, tiene como propósito promover los derechos político-electorales de mujeres indígenas y afromexicanas, así como visibilizar y contribuir a la prevención de la violencia de género en el ámbito político.
Su construcción, desde una perspectiva intercultural e interseccional, reconoce que las experiencias de las mujeres están atravesadas por factores como el origen étnico, la lengua, el territorio y las desigualdades históricas.
Luz del Carmen Jiménez, responsable del CEGUV, destacó el papel histórico del feminismo y su evolución hacia visiones más inclusivas
Las cápsulas “Yuya”, “Yolotzin” y “Maricruz” recuperan testimonios y narrativas que permiten identificar prácticas de exclusión, violencia y limitaciones al ejercicio de derechos, así como rutas para su atención y denuncia.
Su difusión a través de radios comunitarias fortalece el alcance en contextos donde estos medios continúan siendo fundamentales para la comunicación social.
En este sentido, Luz del Carmen Jiménez Portilla, titular del CEGUV, subrayó que estas producciones son resultado de una larga trayectoria de luchas feministas. Desde sus orígenes, planteó, el feminismo ha cuestionado las estructuras que excluyen a las mujeres, evolucionando hacia enfoques que incorporan la interseccionalidad.
Agregó que las cápsulas colocan en el centro a mujeres indígenas y afrodescendientes, cuyas experiencias evidencian cómo la violencia política en razón de género opera como un mecanismo de control frente a quienes desafían los roles tradicionales.
Zaira del Toro Olivares, titular del IVM, recordó que acciones como esta campaña promueve entornos libres de violencia política
Por su parte, Zaira Fabiola del Toro Olivares, titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), enfatizó la responsabilidad institucional de garantizar que los derechos de las féminas se materialicen en todos los niveles.
“La articulación entre academia, gobierno y sociedad civil es clave para llevar información y herramientas a las comunidades, especialmente mediante medios accesibles como la radio”.
Asimismo, subrayó la necesidad de fortalecer la prevención, atención y sanción de la violencia política, así como de impulsar políticas públicas con enfoque intercultural.
En su intervención, Grisel Ortega Méndez, alumna y representante de Género del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales (IIH-S), habló sobre la violencia como un fenómeno estructural vinculado a las disputas de poder.
Grisel Ortega, alumna del IIH-S, dijo que se busca garantizar los derechos político-electorales de las mujeres y combatir la violencia de género
Indicó que, históricamente, la participación de las mujeres en la vida pública ha estado acompañada de mecanismos de control y justificación de la violencia, lo que obliga a analizar críticamente estas prácticas para no normalizarlas.
Finalmente, Marisol Alicia Delgadillo Morales, consejera presidenta electoral del OPLE, destacó los avances en materia de paridad y participación política de las mujeres, así como los mecanismos institucionales para atender la violencia política en razón de género.
Explicó que, a través de los procedimientos sancionadores impulsados por las autoridades electorales, se busca garantizar el acceso efectivo de las mujeres a sus derechos políticos.
El encuentro concluyó con el llamado a fortalecer el diálogo entre instituciones y sociedad para construir entornos democráticos más igualitarios, incluyentes y libres de violencia, donde las voces de todas las mujeres sean escuchadas.
Marisol Delgadillo, consejera del OPLE, mencionó que las instituciones impulsan estrategias de prevención y atención a las mujeres, con el fin de alcanzar contextos con mayor vulnerabilidad
Tras reforma, casos de feminicidio tendrá mismas sanciones en todo el país / David Bello/Diario de Xalapa
Veracruz acumuló nueve feminicidios entre enero y marzo mientras entra en vigor homologación del delito
A partir de hoy, 7 de mayo, el plazo de 180 días para aprobar la nueva Ley, que aún no conocemos
Itzel Molina
SemMéxico/Diario de Xalapa, Xalapa, Ver., 7 de mayo, 2026.- El delito de feminicidio en Veracruz continúa exhibiendo altos niveles de impunidad mientras avanza la homologación nacional del tipo penal y sus sanciones. Feministas y diputadas locales advirtieron que endurecer las penas no será suficiente si las fiscalías mantienen deficiencias en las investigaciones y falta de personal especializado para atender los casos de violencia contra las mujeres..
Desde este jueves 7 de mayo, inició el plazo de 180 días para que el delito de feminicidio tenga un tipo penal único con las mismas agravantes y sanciones en todo el país. Con ello, se eliminarán las disparidades que existían en los Códigos Penales de cada entidad.
Lo anterior, ya que a nivel nacional se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma al artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de feminicidio.
Tras ello, el Congreso de la Unión deberá expedir la legislación en materia de feminicidio dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de este.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y marzo se cometieron en Veracruz nueve feminicidios. Las cifras, elaboradas con reportes de la Fiscalía General del Estado, indican que tres víctimas tenían entre 18 y 29 años y seis entre 30 y 60 años de edad.
Cifras de la Fiscalía de Veracruz señalan que tres de las víctimas de feminicidio eran menores de 30 años / Foto: René Corrales/Diario de Xalapa
Impunidad Cero, organización de la sociedad civil que estudia, analiza y visibiliza el problema de la impunidad en México, con el fin de combatirla anticipó que, por cada 100 delitos que se denuncian en el país, solo 14 se resuelven. E indica que en Veracruz 7.20% de los ilícitos que se cometieron fueron denunciados y solo 0.23% fueron resueltos.
Se genera una única sanción para el feminicidio
La presidenta de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo capítulo Veracruz, Mónica Mendoza Madrigal, indicó que esta medida establece una única sanción al tipo penal de feminicidio, el cual permite que cuando un presunto feminicida cambie de estado no encuentre impunidad en la comisión del delito imputado.
Lo que hacían era cambiar de estado a donde hubiera una sanción menor, ya que si los detenían no estuvieran expuestos a una sanción más amplia Mónica Mendoza Madrigal, presidenta de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo capítulo Veracruz
Mencionó que esta medida es insuficiente porque se requiere que las instituciones cuenten con la capacitación necesaria para poder hacer un combate efectivo a este delito.
“Se necesita que las instituciones puedan operar de manera óptima, lamentablemente las Fiscalías están desbordadas por el reducido número de fiscalías especializadas en feminicidios como de la disminución presupuestal de la que han sido objeto cada año, progresivamente, impidiendo que puedan tener más personal especializado, más capacitación específica con perspectiva de género y derechos humanos e interseccionalidad y que puedan avanzar en la atención a los casos que son turnados”, dijo.
Manifestó que en las fiscalías se identifican varias irregularidades que retrasan la procuración de justicia, haciendo que la falta de resolución de los casos.
Feminicidas cambian a entidades donde las penas por este delito sean menores / Foto: Ricardo Martínez/Diario de Xalapa
“Siempre se hace un llamado a dejar de tener atenciones estéticas o superficiales y se vaya al fondo, a las instituciones. El tipo penal de feminicidio ya existía, lo que se hizo es homologar la sanción, pero se deben generar otras para mejorar las instituciones”, comentó.
El feminicidio es la expresión grave de la violencia
La diputada local de Movimiento Ciudadano María Elena Córdova Molina refirió que el feminicidio en México no es casualidad ni un hecho aislado, sino “la expresión más grave de una violencia que se viene construyendo desde el control, el miedo y el sometimiento”.
Indicó que este delito se agrava cuando no se investiga a fondo, aplicando las acciones correctas y se permite que exista impunidad.
Mencionó que las causas de las mujeres siempre deben estar en el centro de la agenda local y contar con la prioridad que se merecen.
Tener una ley homologada permitirá avanzar hacia la aplicación de una verdadera justicia, se deben generar investigaciones claras, precisas y aplicar las sanciones que este delito en nuestro país María Elena Córdova Molina, diputada local de Movimiento Ciudadano
De la misma forma, consideró indispensable que el feminicidio deje de clasificarse como homicidio porque ello permite que se “maquille la realidad y no se aplique una verdadera justicia”.
“Necesitamos instituciones que funcionen, que la seguridad pública federal, estatal y municipal responda de manera inmediata, que la Fiscalía investigue con seriedad porque las mujeres no somos cifras, somos realidades, somos vidas y somos historias”, expresó.
Exigen que las investigaciones sean claras, precisas y aplicar las sanciones que el delito de feminicidio / Foto: Ilustrativa/David Bello/Diario de Xalapa
No todos los feminicidios se investigan igual
La diputada local del Partido del Trabajo (PT) Elizabeth Morales García indicó que no todos los feminicidios son investigados acorde al delito cometido.
Destacó que al aplicarse esta homologación se establecieron los criterios específicos que se deben seguir para castigar el feminicidio, acto que debería generar mejores condiciones para la aplicación de justicia.
“Con ello se definió un piso común para todas las entidades, un mismo punto de partida para investigar, un mismo estándar para acreditar el delito y un mismo marco mínimo de sanciones, con esta acción se permitirá reconstruir los hechos a mayor profundidad y se evitará que se descarten elementos importantes”, expuso.
Mencionó que actualmente hay caso en los que, de acuerdo a la manera en que se integra el expediente, un feminicidio termina investigándose como homicidio, lo cual es una falla del sistema legal.
Destacó que la impunidad no está solo en la ley, sino en la manera en que se investiga porque se siguen observando carpetas mal integradas, diligencias que no se realizan a tiempo, falta de periciales con perspectiva de género y familias que tienen que empujar los casos para que avancen.
Se tienen que fortalecer las fiscalías, capacitar a quienes investigan y asegurar que cada caso se trate con seriedad porque detrás de cada expediente hay una familia que espera respuestas Elizabeth Morales García, diputada local del Partido del Trabajo (PT)
Las cifras
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que entre enero y marzo se cometieron en Veracruz nueve femicidios.
Las cifras, generadas con los informes de la Fiscalía General del Estado, indican que tres mujeres víctimas de feminicidio tenían entre 18 y 29 años.
Mientras que seis mujeres víctimas de este delito tenían entre 30 y 60 años de edad.
En los mismos datos se menciona que 12 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y 41 mujeres perdieron la vida por homicidio culposo.
En el mismo periodo, 378 mujeres de la entidad reportaron ser víctimas de lesiones dolosas y 106 de lesiones culposas. Además, dos mujeres fueron secuestradas y 21 fueron extorsionadas.
El Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres (OUVMujeres) también registró nueve feminicidios entre enero y marzo, los cuales se reportaron en los municipios de Agua Dulce, Cosoleacaque, Ixhuatlancillo, Martínez de la Torre, Papantla, Tlapacoyan, Tuxpan y Veracruz.
En el mismo periodo se registraron siete homicidios contra mujeres.
Cinco mujeres que víctimas de homicidio eran adultas, una era adulta mayor y una menor de edad.
Además, se reportaron 112 desapariciones y 59 agresiones contra las mujeres.
Veracruz es de los estados con más casos de feminicidio en el país / René Corrales / Diario de Xalapa
¿Qué dice la ley sobre los feminicidios?
En el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de feminicidio.
En este se establece que: “Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de feminicidio, secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, extorsión, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral”.
Tras ello, el Congreso de la Unión deberá expedir la legislación en materia de feminicidio dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de este.
De la misma forma, se establece que las disposiciones legales de la Federación y de las entidades federativas en materia del delito de feminicidio continuarán vigentes hasta la entrada en vigor de la ley general de la materia que emita el Congreso de la Unión.
Con dicha ley se establecerán los plazos y condiciones para realizar las adecuaciones normativas correspondientes.
El pasado 28 de abril, la Cámara de Diputados realizó la declaratoria de la reforma constitucional al artículo 73 de la Constitución, luego de que la mayoría de las legislaturas de los estados avaló la enmienda.
Desde la Mesa Directiva se indicó que 27 Congresos locales dieron su voto en favor de la reforma, que fue propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Las Legislaturas que aprobaron esta homologación a la ley fueron: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.
Mujeres en la industria buscan reforzar las buenas prácticas en las empresas a través de mesas de trabajo / Karla Barba / El sol del centro
El objetivo es cerrar brechas salariales y posicionar a más mujeres en puestos de alta dirección
Silvia Ortiz
SemMéxico/El Sol del Centro, Aguascalientes, 7 de mayo, 2026.-En el marco del primer Encuentro Regional de Mujeres Industriales de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), se creó el Comité de Mujeres Industriales para el estado de Aguascalientes.
Erika Muñoz Vidrio, presidenta estatal de CANACINTRA, destacó que este comité nace con la misión de fortalecer la presencia femenina en el sector, fomentar la integración regional y generar oportunidades de colaboración que permitan a las empresarias locales competir en mercados globales.
Por su parte, Eugenia Jacinto Riosvelasco, titular nacional de la Comisión de Mujeres Industriales, enfatizó que la creación de este comité no es un acto protocolario, sino una respuesta a la necesidad de disminuir las brechas salariales y garantizar la equidad.
Erika Muñoz Vidrio, presidenta estatal de CANACINTRA / Karla Barba / El sol del centro
En Aguascalientes las mujeres ya tienen un papel relevante, pero falta visibilizar ese liderazgo. Muchas participan en el sector, pero siguen quedando fuera de las mesas donde se toman las decisiones clave señaló
Los objetivos principales de dicho Comité son construir redes de negocios reales que deriven en proyectos sólidos, consolidar una identidad estatal y garantizar el acceso a capacitación constante, especialmente en nuevas tecnologías, para evitar el rezago frente a la industria 4.0.
Canacintra impulsa el liderazgo femenino / Karla Barba / El sol del centro
Asimismo, Muñoz Vidrio subrayó que, en Aguascalientes, el 20% de las empresas de la industria metalmecánica afiliadas a la cámara ya son lideradas por mujeres, lo que demuestra que existe capacidad instalada para la alta dirección.
Sin embargo, a nivel nacional, la representación femenina en la industria manufacturera es de apenas el 3%.
Sabemos hablar el lenguaje de la manufactura y eso nos garantiza el éxito; por tanto, la meta es incidir en las políticas económicas y aumentar la participación directiva, para que el talento femenino sea el motor de un desarrollo económico más justo y competitivo en la entidad y en la región
SemMéxico, Cd. de México, 7 de mayo, 2026.- La historia de Elba Esther Gordillo da para una novela o serie para Netflix. Creo que no se ha hecho porque es una mujer con muchos matices políticos.
No tuvimos ninguna relación, ni cercana ni lejana. Yo era una periodista que cubría la fuente educativa y registré la forma cómo ella co-gobernaba la política educativa del país.
En educación básica no se podía entender ninguna política educativa sin la intervención del sindicato. Una vez me dijo Francisco Miranda, cuando fue Subsecretario de Educación Básica al final del sexenio de Vicente Fox, que más tardaba la SEP en escribir un oficio, que en enterarse el SNTE del mismo.
El Relator del Derecho a la Educación de Naciones Unidas, Vernor Muñoz, definía como “atípica” la relación de co-gobierno entre la SEP y el SNTE, otras investigaciones señalaban que el sindicato tenía poder de veto en la SEP. Es un actor que ha visto pasar a uno y otro funcionario y políticas que no permanecen en el tiempo. Saben que lo único permanente de las políticas educativas es el SNTE, el resto se desdibuja, se destruye o se olvida.
Al SNTE no se le olvidaba nada de la SEP, lo que sí se le olvidan eran sus propios acuerdos.
Por eso investigar el sindicato desde la educación quizá fue una de las diferencias de mi trabajo, porque yo no venía de la fuente obrera, y como dije, no sabía nada de derechos laborales ni sindicales; lo que sí tenía claro es que si el SNTE estaba dispuesto a intervenir en la política educativa del país, bajo el argumento de que era su materia de trabajo, eran corresponsables de los éxitos pero también de los fracasos.
Por el mes de abril, a veces poco antes, el SNTE entrega el súper secreto Pliego General de Demandas a la SEP. La primera vez lo obtuve vía el IFAI un año después, pero en el 2007, el primer año de gobierno de Felipe Calderón, lo conseguí en mayo y lo comparé con el anterior. La nota fue: “Amplía el SNTE sus demandas”.
El SNTE quería: participar en el INEE, en el diseño y operación del Sistema Nacional de Formación Continua; crear 5 nuevas escuelas normales, tiempos del estado de radio y televisión; evaluar el programa Oportunidades y su impacto en la educación y el control del 50 % las plazas de nueva creación.
En el 2002 el SNTE firmó el Compromiso Social por la Calidad de la Educación para que las plazas de nueva creación se otorgaran por concurso; en el 2007, se le olvidó el Compromiso y demandó a la SEP el control total del 50 por ciento de las plazas de nuevo ingreso.
Lo dicho, el SNTE tenía mala memoria. Tocaba por tanto investigar a la mujer con poder porque siempre he creído y lo sigo haciendo, que el trabajo de las y los periodistas es investigar al poder.
SemMéxico, Cd. de México, 7 de mayo, 2026.- Le decíamos “El Chacalito”.
Por allá de los años 70 ese mote era un especial distintivo de reconocimiento para el mejor reportero, el que ganaba entrevistas, notas informativas, la de ocho columnas, de primera plana.
Él se ganó el sobrenombre a pulso; sí, reportero de primera plana. Entre la manada, no suele reconocerse al colega que ganaba la nota y nos destinaba al regaño del jefe de información, o de plano la suspensión por pendejo, porque estando en el mismo lugar nos chacaleaba la nota.
Hoy, las nuevas generaciones desconocen el alto grado de reconocimiento que implica ese sobrenombre y, a la entrevista banquetera de montón le dicen chacalear. ¡Vaya falta de respeto para quien es el mejor!
Pero…
Hoy, usted habrá de comprender el dolor que se clava en el pecho cuando, Alberto Cortez dixit, un amigo se va.
Y, ¡caray!, ayer se murió mi amigo y compadre Enrique Sánchez Márquez, “El Chacalito”.
Mis colegas que suman varios ayeres y formaron parte de esa manada que todos los días salíamos de la redacción de los periódicos y de las pocas estaciones de radio y de la tele que tenían noticiarios, con la orden escrita en tiras de papel revolución para ir por la nota.
A Enrique lo conocí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en la famosa “escuelita”, atrás de la Facultad de Economía, vecina de la Facultad de Derecho y camino a la Facultad de Ciencias en Ciudad Universitaria, a un lado, entonces, de Odontología y de Medicina.
Enrique era maestro normalista como José Luis “El Gallo Giro” Aguilar Villanueva, pero su vocación no estaba frente al grupo de primaria, no, estaba en una redacción, en la reporteada y sumaba voluntades con Guillermo Pimentel Balderas, también mi compadre, igual junto a Roberto José Pacheco y Vicky Hernández Córdoba, José Roberto Corona, Paulina Becerril Carmona, Elda Maceda y Lucía Ramírez Corona, Silvia Durand, María Celia Arzate y Cristina Lemoine. Y…
Enrique se casó con Georgina Patiño, también colega de aquella generación que integramos a la asociación Periodistas Unidos de México Asociados, mejor conocidos entre la banda como Los Pumitas por el acrónimo PUMA, que pisamos la redacción de El Universal Gráfico, como aprendices, gracias a la anuencia del entonces joven director de El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, padrino de la generación de un grupo de estudiantes de la Prepa 7, entre los que estaba Enrique.
¡Caray! Y entonces bordaba nuestras vidas eso que se llama destino. Jóvenes con hartas ganas de comernos el mundo a puños, reporteros por vocación y Enrique un ejemplo de esa capacidad de ser el mejor. El Chacalito, sin comillas.
A la amistad se sumó el compadrazgo cuando aceptó ser padrino de bautismo de mi hijo Moy quien, mire usted como es de cabrona la vida, el miércoles de la semana próxima, 13 de mayo, cumplirá cinco años de haber fallecido.
Sí, se llama desino y se debe asumir con la normalidad que entraña tener la vida prestada. Un día antes, el martes 5, fue la misa en el primer aniversario del deceso de mí también compadre Alfredo Camacho Lara, padrino de mis hijos Daniel y Carlitos.
Duele, canija realidad, duele. Usted disculpará, pero déjeme compartir este sentimiento que suelo digerir en solitario.
Hace unas semanas, falleció mi amiga Mica, quien fuera reportera también de El Universal y contemporánea de esos días en que el olor a tinta era distintivo de la hora en que la rotativa se echaba a andar en el primer tiro de los periódicos y las redacciones eran tertulias de conocimiento y cátedra de los mejores reporteros y reporteras.
Así que, usted estará de acuerdo con esta cabrona impresión una vez que mi amigo y colega Javier Divany me informó que mi compadre Enrique había fallecido; su hermano, Fernando Sánchez Márquez, también periodista, confirmó la versión y luego mi comadre Gina, estoica lo compartió.
¡Caray, Enrique!, compadre, nos ausentamos mucho tiempo, seguiste tu ruta luego de la coincidencia en Impacto, donde Juan Bustillos fue nuestro jefe al paso de los años cuando reportero suplente lo conocimos en esos días en que participamos en la fundación de la Federación Latinoamericana de Periodistas.
Pero, pero. ¿Qué ocurrió? No hace mucho, cuando nos reencontramos, como en esos días sin huella, en la bohemia que comenzaba en Las Américas y no era raro que llegáramos a la casa de Don Celso, tu señor padre, en rumbos de Santa Cruz Meyehualco, tiempos de rompe y rasga cuando llorábamos de felicidad.
Compadre, comimos y brindamos en ese encuentro en el que estuvieron Carolina Navarrete y Evaristo Corona y el magistrado Élfego Bautista Pardo y el abogado José Carlos González Blanco y el colega columnista Adrián Rueda y…
Hasta cantamos, ¿te acuerdas, compadre?
¡Ah!, se me viene en cascada la película de nuestros andares, tiempos de los pumitas responsables de atender el área de prensa, en el encuentro del Año Internacional de la Mujer y después el del Año Internacional de la Juventud; esos recorridos por Xochimilco como anfitriones de mujeres como Fibi Munené y Hana Kasambala, Fibi reportera del Kenia Star.
Seguro recuerdas que, cuando íbamos a concretar el compadrazgo, el canijo sacerdote de mi pueblo, San Lorenzo Chiautzingo, no quiso bautizar a Moy porque, adujo, no habíamos ido a unas pláticas.
Pero ya estaba lista la fiesta que organizó mi abuelo, Don Melquiades, y le pegamos a las carnitas, el mole de guajolote y hasta barbacoa. Al día siguiente, en una parroquia de Ciudad Nezahualcóyotl, sin tanto trámite el sacerdote cumplió el rito. Y…
¿Por qué sin avisar, compadre?
Hiciste honor al sobrenombre, canijo Chacalito y te fuiste por la nota exclusiva; no se vale, te reclamo con el reconocimiento que siempre te he tenido como un gran reportero, el mejor para ganar la nota.
¡Ay!, esos días en El Universal, en el trabajo gremial en el CEN del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, esas veladas llenas de alegría en casa de Don Celso, espléndido anfitrión tu padre siempre dispuesto a compartir su personal filosofía.
Sin duda te ha recibido amoroso la tarde de ayer miércoles 6 de mayo de 2026. La vida corre y nos marca el ritmo, compadre. Ponle papel carbón a la nota y me la compartes, aunque sea exclusiva. Cuando un amigo se va, Drakko, sí, cómo duele. Digo.
Cuando la legalidad calla y la política se repliega, lo que queda es la incertidumbre. Dulce María Sauri Riancho*
SemMéxico, Mérida, Yucatán, 6 de mayo, 2026.La solicitud de detención con fines de extradición formulada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos —a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York— contra diez ciudadanos mexicanos, tres de ellos con fuero constitucional, marca un punto de quiebre en la relación entre crimen organizado, poder político y procesos electorales en México. No es la primera vez que ex gobernadores mexicanos enfrentan procesos en el extranjero. Ahí están los casos de Tomás Yarrington (Tamaulipas) y Mario Villanueva (Quintana Roo). Pero sí es la primera ocasión en que una solicitud de extradición alcanza a un gobernador en funciones. El caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, coloca sobre la mesa no solo un conflicto jurídico —que implicaría juicio de procedencia en la Cámara de Diputados si no hubiera mediado licencia al cargo—, sino un dilema político de gran calado. En paralelo, la situación del senador Enrique Inzunza requeriría el mismo procedimiento de desafuero. En el ámbito local, la solicitud de licencia del presidente municipal de Culiacán evitó el traslado de su proceso de desafuero al Congreso de Sinaloa, conforme a su Constitución. Es decir, el entramado institucional existe. La pregunta es si funciona. Lo más grave no es la extradición La acusación estadounidense —más de treinta páginas— contiene la descripción detallada de la presunta intervención del crimen organizado en el proceso electoral de 2021. Una imputación que rebasa con mucho la dimensión penal. Ese punto es el verdadero núcleo del problema. Porque valida, desde una instancia externa, lo que en México fue denunciado, documentado y, sobre todo, ignorado. En su momento, el entonces candidato Mario Zamora, denunció públicamente el secuestro de numerosos operadores electorales de la alianza opositora. Los videos en los que suplicaba su liberación no generaron la reacción institucional que la gravedad del caso ameritaba. El Instituto Nacional Electoral no abrió investigación de oficio. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se limitó a anular elecciones municipales menores en Michoacán, sin abordar el fenómeno de fondo. Ante esa omisión, las dirigencias del PAN, PRI y PRD acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin consecuencias sustantivas hasta ahora. Hoy, casi 5 años después, la acusación estadounidense reabre ese expediente, pero lo hace desde fuera. Y eso, en sí mismo, es un síntoma del serio debilitamiento de las instituciones. Intimidación en Tamaulipas El efecto no se detuvo en 2021. En 2022, procesos como el de Tamaulipas mostraron patrones similares: intimidación, reducción de la competencia y debilitamiento de las estructuras opositoras. La consecuencia es clara: participar en elecciones en ciertas regiones del país se ha convertido en una actividad de alto riesgo. No es una metáfora. Es una condición operativa. Y en ese contexto, los órganos electorales —INE, institutos locales y tribunales— comienzan a percibirse como estructuras formales que conservan procedimientos, pero pierden capacidad efectiva para garantizar equidad y libertad del voto. Si a ello se suman los cuestionamientos recientes sobre la integración y autonomía del INE, el escenario rumbo a 2027 es, por decir lo menos, preocupante. Morena: hacia adentro Frente a este contexto, el Congreso Nacional de Morena ofreció una señal reveladora: el repliegue hacia sí mismo. La nueva presidenta del partido, Ariadna Montiel, optó por un discurso prudente en la forma, pero cerrado en el contenido. No hubo referencia alguna a la solicitud de extradición. Tampoco autocrítica. Sí, en cambio, hubo una insistencia reiterada en la ética interna: “Esta dirigencia no tolerará corrupción en ningún gobierno de Morena… si alguien detecta corrupción… hay que hacer a un lado a quien esté en estas prácticas”. “Si tenemos certeza de que alguien comete un acto de corrupción, aunque haya ganado la encuesta, no será candidato”. La idea es políticamente atractiva. Para ella, el problema es meramente operativo. La ilusión de la certeza Morena plantea como condición la “certeza” de actos de corrupción para excluir candidaturas. Pero, ¿quién la define?: ¿Los jueces? ¿Los fiscales? ¿Las propias dirigencias partidistas? La experiencia mexicana —y particularmente la de las mujeres en casos de violación de la ley “tres de tres”— muestra que la exigencia de “certeza jurídica” suele convertirse en un mecanismo de bloqueo. Sin sentencia firme, se dice, no hay sanción política. Y sin sanción política, los instrumentos para actuar en contra desaparecen. En contextos de penetración del crimen organizado, esa lógica resulta aún más problemática. Porque la “certeza” llega tarde o no llega. 2027: la pregunta incómoda En 2027 estarán en juego 17 gubernaturas, congresos locales, ayuntamientos en 30 entidades y la renovación de la Cámara de Diputados. La magnitud del proceso contrasta con la fragilidad de sus condiciones. La pregunta ya no es si habrá irregularidades. La pregunta es cómo se contendrán, cómo se sancionarán. Y, sobre todo, quién lo hará. Mensaje doble y contradictorio A esta crisis política se suma un elemento que el gobierno federal parece no haber calibrado en toda su dimensión: el impacto económico. El mismo día en que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una nueva versión del llamado “Plan México” para atraer inversiones. En un contexto de crecimiento débil y estancamiento de la inversión, su gobierno endureció el discurso frente a la solicitud de extradición realizada por autoridades estadounidenses. La nueva consejera jurídica, Luisa María Alcalde, insistió en la exigencia de pruebas al gobierno de Estados Unidos en el caso del gobernador de Sinaloa. Su posición puede ser jurídicamente defendible. Pero es políticamente insostenible. Porque en paralelo, el propio gobierno mexicano transmite un mensaje de negación frente a hechos que, en amplios círculos políticos, institucionales y mediáticos —a ambos lados de la frontera— se consideran verosímiles. El costo invisible: la confianza La atracción de inversiones no depende únicamente de incentivos fiscales o relocalización de cadenas productivas. Depende, sobre todo, de certidumbre: certidumbre jurídica. Certidumbre política. Certidumbre sobre quién ejerce realmente el poder. Cuando el mismo gobierno que busca atraer capitales cuestiona —de manera frontal— una acusación de tal magnitud sin abrir, al mismo tiempo, una investigación propia, sólida y creíble, el mensaje hacia los inversionistas es inevitable: el Estado no está dispuesto —o no está en condiciones— de procesar sus propios conflictos internos. Y eso pesa más que cualquier plan. La exculpación preventiva En ese contexto, las declaraciones del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, adquieren un significado político mayor. Al afirmar que nunca existió obstrucción por parte del gobierno de Sinaloa a las operaciones federales, el mensaje es claro: no hay responsabilidad institucional que perseguir. Más que una evaluación técnica, su declaración funciona como una forma de exculpación preventiva. El problema es que esa narrativa entra en tensión directa con la investigación estadounidense y con la percepción pública generada en torno a los hechos. En política, como en economía, la confianza no se decreta. Se construye. Y se pierde. Cuando un gobierno busca atraer inversiones mientras desacredita investigaciones externas y exonera anticipadamente a sus actores políticos, la cuestión deja de ser diplomática. Se vuelve problema de credibilidad. Y sin credibilidad, no hay Estado que alcance… ni elecciones que lo sostengan.— Mérida, Yucatán dulcesauri@gmail.com Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán
* La iniciativa de la diputada Tania Caballero busca unificar criterios jurídicos bajo el principio del interés superior de la niñez
Redacción
SemMéxico, Oaxaca, 6 de mayo, 2026.- La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputada Tania Caballero Navarro, presentó una propuesta para reformar los párrafos 29 y 30 del artículo 12 de la Constitución Política local. El objetivo es armonizar el texto constitucional en materia de derechos de la infancia y adolescencia, garantizando un marco jurídico más claro y eficiente.
La iniciativa legislativa plantea reformar el párrafo 29 actual para que la redacción y la del párrafo subsecuente se integren en un solo apartado que contemple los derechos de todas las personas menores de 18 años. Con esta medida se busca establecer que el Estado sea el garante de todos los derechos a favor de las personas menores de edad, bajo el principio del interés superior de la niñez.
Entre las adiciones, destaca que el Poder Legislativo expedirá y actualizará la normatividad para establecer procesos claros que aseguren a las personas menores de edad el derecho a una vida digna e intercultural, además de prevenir la explotación y la trata.
Asimismo, la propuesta subraya la obligatoriedad de la especialización en materia de niñez y adolescencia para todas las personas juzgadoras y defensoras que intervengan en procesos donde se involucre a personas menores de 18 años.
La diputada del Distrito V, con cabecera en Asunción Nochixtlán, fundamentó la necesidad de esta reforma señalando que la redacción actual del artículo 12 es genérica, lo que genera duplicidad y posibles contradicciones en las disposiciones relativas a la salud, educación, identidad y protección contra la violencia.
Con esta medida legislativa, se prevé la derogación del párrafo trigésimo para consolidar en un solo apartado un catálogo de derechos robusto que incluye el derecho a una vida digna e intercultural, la protección contra la explotación y la trata, y el acceso a una justicia especializada.
La propuesta quedó reservada para el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal.
Recuerdan que en la “Triqui Alta” operan caciques, políticos y grupos armados
Marcha y acto público para exigir justicia por Virginia y Adriana, asesinadas hace 18 meses
Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Oaxaca, 6 de mayo, 2026.- A 75 días de la desaparición de Roxana López Martínez, este día habitante de San Martín Itunyoso, municipio de la triqui alta, familiares de Roxana López Martínez, y organizaciones sociales, demandaron al fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla “cumplir con su palabra”, se detenga a los responsables en la desaparición y, específicamente, a Dagoberto N, exnovio a quien ella visitaba y anunciaron que a partir del próximo 18 de mayo se instalarán en un plantón indefinido en el Palacio de Gobierno.
En tanto, en otro acto, un día antes y en el mismo lugar, a las puertas del palacio de gobierno de Oaxaca exigen justicia por los asesinatos de Virginia y Adriana Ortiz García, también defensoras triquis.
Miguel Cruz Moreno, del Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón”, CIPO, una de las organizaciones que acompañan la exigencia, señaló que a diferencia de otras regiones del Estado, en la zona habitada por la población triqui no existen operativos de seguridad ni se vuelcan los aparatos del Estado ni existe un plan de paz, como sí ha sucedido en Juchitán y algunos municipios de la costa oaxaqueña.
Recordó que durante el operativo realizado por la Fiscalía y otras corporaciones de seguridad en abril pasado, un grupo armado pretendió impedir el operativo de búsqueda, sobre lo cual la Fiscalía del Estado debe investigar e informar el grado de involucramiento que tienen en la desaparición de Roxana y en otros crímenes.
La desaparición de Roxana no es un caso aislado, “es reflejo de la violencia e impunidad que enfrentan las mujeres en los pueblos”, cita la familia y las organizaciones en un carta pública, leída en conferencia de prensa esta mañana en la puerta del palacio de gobierno.
San caciques, políticos y presumiblemente células criminales que han establecido en las pequeñas comunidades. El añadió el dirigente social añadió que es preocupante, que las instituciones encargadas de atender a las víctimas de desaparición y de búsqueda no están actuando adecuadamente, y reclamó el uso propagandístico que algunas dependencias hacen cuando realizan un operativo, “de inmediato suben fotografías de que estuvieron en el lugar”, aunque no den resultados.
“No llevan ni los instrumentos para bajar a los pozos profundos (donde) probablemente pudiera estar la compañera. No llevan las herramientas necesarias ni el equipo ni la vestimenta para bajar, no hay coordinación entre ellos”.
Expuso las dilaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca tardó más de un mes para ejecutar un cateo en el último lugar donde fue vista Roxana. Nos piden tiempo porque aseguran “que están generando investigaciones”, sin embargo, la Fiscalía cuentan con todos los elementos, pero no han generado las órdenes de aprehensión en contra de las personas que estarían involucradas.
También cuestionó a la vicefiscalía de Tlaxiaco, “que está llena de corrupción” es la responsable de las investigaciones, dijo y sostuvo que a diferencia de las autoridades no se trata de una “desaparición de particulares”, porque en este delito estuvieron involucradas autoridades municipales, “el elemento involucrado es el presidente municipal de San Martín Itunyoso, Vilgaid López Guadalupe, quien fue destituido, tío de Dagoberto “N”, señalado como el principal responsable.
San Martín Itunyoso, la población de la que desapareció Roxana el 20 de agosto pasado, pertenece a la zona conocida como Triqui Alta y en la que se asientan poblaciones como San Andrés Chicahuaxtla Santo Domingo del Estado, todas ubicadas en el llamado “nudo Mixteco”, donde emergen fenómenos como la trata de personas, tráfico de drogas y otros delitos graves.
Desde hace años, en esta comunidad donde ni siquiera exista la señal telefónica, ha sido gobernada fundamentalmente por personas nombradas por el gobierno estatal, a través de “administradores”, fue hasta la última elección que se nombró a López Guadalupe, “supuestamente un presidente que había llegado bien”.
En el posicionamiento leído por mujeres, entre ellas la tía de Roxana, piden a la Fiscalía que investigue a toda la familia de Dagoberto “N”, empezando por el tío, ahora expresidente de San Martín Itunyoso quien no intervino en los primeros días.
Cuestionan el trabajo de la Comisión Estatal de Búsqueda que dirige Michell Julián López y al gobernador Salomón Jara Cruz para que atienda de manera urgente la localización de Roxana y se generen garantías de seguridad para su familia.
18 meses del asesinato de Adriana y Virginia
Este martes, integrantes del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui, MULT, realizó una marcha y un recordatorio de los feminicidios de Adriana y Virginia Ortiz García, ocurridos en la ciudad de Oaxaca el 5 de noviembre de 2026.
Luego de una marcha, las mujeres y hombres de la región triqui, a las afueras del palacio de gobierno, Beatriz Velasco Ortiz, sobrina de las dos víctimas directas del feminicidio señaló que aunque el tiempo sigue su marcha, la justicia se detuvo.
“Mi tía Adriana era una mujer valiente, empática, de esas personas que siempre estaban para los demás. Nunca se rendía, nunca se daba por vencida. Su fuerza no solo estaba en lo que hacía, sino en la forma en que cuidaba, escuchaba y apoyaba a quienes la rodeaban.
“Mi tía Virginia era el pilar de su familia. Una mujer trabajadora, protectora, siempre dispuesta a darlo todo por quienes amaba. Su amor no era de palabras, era de acciones: de esfuerzo diario, de sacrificio, de presencia constante”, dijo Beatriz Velasco.
Exigió justicia, porque el artero crimen sigue sin castigo, sin respuesta, “seguimos esperando justicia, que no es solo un derecho, es un deber. Un deber con ellas, con su memoria y con todas las personas que merecen vivir sin miedo”.
También recordó los feminicidios de Glicerina Cruz Merino y Gertrudis Cruz de Jesús quienes fueron asesinas el 15 de junio de 2023; así como María Martínez Ramírez y Gabina Martínez de Jesús, madre e hija, cuyos feminicidios fueron cometidos el 9 de febrero de 2023; a María Gregoria asesinada el 7 de agosto del 2023; Ana Cristina Martínez Martínez, cuyo feminicidio se cometió el 20 de diciembre de 2022 y Daniela y Virginia Ortiz Ramírez desaparecidas el 5 de julio del 2007, hace casi 19 años, y cuyas investigaciones no han tenido respuesta alguna.
Desde el año 2000 más de 150 periodistas han sido asesinados en México / Foto: Dassaev Téllez Adame / Cuartoscuro.com
El organismo subrayó que México continúa siendo el país más peligroso de América Latina y el Caribe para la prensa
Montserrat Maldonado
SemMéxico, Cd. de México, 6 de mayo, 2026.- El 2025 fue un año marcado por hostilidades contra la prensa. Y es que una vez al día al menos un periodista o medio de comunicación fue víctima de una agresión.
El informe “Estructuras de Silencio: censura, opacidad y vigilancia”, de Artículo 19, sostiene que México continúa siendo el país más peligroso de América Latina y el Caribe para la prensa.
Por primera vez, la organización registró un total de 451 agresiones en el país, la mayoría de los casos documentados resalta un ambiente hostil contra la prensa (199 agresiones), seguido del abuso continuo del poder público (151) y de la violencia física y ataques contra la prensa (53 casos).
El año pasado, el trabajo de los medios de comunicación estuvo marcado por la hostilidad, la cual, de acuerdo con la organización, se traduce en actos como amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, discursos oficiales, que califican a la prensa de “enemiga”, “vendida” o “agente extranjero”.
Todo este tipo de agresiones se reproducen tanto en coberturas relacionadas con corrupción, crimen organizado, protestas sociales y el proceso electoral judicial, como en la investigación de violaciones graves a los derechos humanos.
Por ejemplo, en 2025 se documentó un total de 112 amenazas; es decir, en México, cada cuatro días una persona periodista es amenazada.
Al hablar de ambiente hostil también se menciona el desplazamiento forzado. En este tipo de violencia se documentaron al menos dos casos en Michoacán.
“Aunque se trata de un número reducido, la gravedad es significativa: la ruptura de la vida personal y profesional, pérdidas económicas, daños psicosociales y la interrupción de la cobertura informativa en el territorio de origen. Además que forzar la salida de periodistas de su comunidad debilita los medios locales”, explica el informe.
Sin embargo, las entidades con mayor número de agresiones y censura son la Ciudad de México, Puebla y Veracruz con 84, 39 y 34, respectivamente.
“La capital del país y las dos entidades reportan, sobre todo, casos de ambiente hostil y de abuso del poder público. En estados como Sinaloa, aunque sólo se reportan nueve casos, puede deberse a la autocensura, y que los medios y reporteros dejen de informar a consecuencia de las violaciones graves de los derechos humanos en su contra como el caso de tres periodistas que sobrevivieron a disparos directos contra sus vehículos mientras cubrían una nota roja en la entidad”, detalla el análisis.
Artículo 19 señaló que en México hay múltiples agresores contra la prensa, sin embargo, en 227 casos, es decir, más del 50 por ciento, el Estado mexicano es el principal ofensor.
De acuerdo con el documento, los ataques se concentran en el gobierno estatal (más de 54 por ciento) y en los municipales (28.63), aunque en 38 casos (16.74 por ciento), se advirtió que el gobierno federal aún tiene responsabilidad directa en la violencia.
“El poder que debería garantizar la libertad de expresión se consolida como el principal factor de riesgo para la prensa”, dice el informe.
Asesinatos contra periodistas
En 2025, la organización denuncia que la violencia continuó y los asesinatos y desapariciones de periodistas se mantuvieron.
El año pasado se contabilizaron siete asesinatos y una desaparición, con lo que México lidera, una vez más, la lista del país más letal para la prensa de la región.
En todos los países dónde Artículo 19 documentó agresiones, los hombres siguen siendo las víctimas más comunes de la violencia. En el caso de México, fueron 209 casos seguidos por 111 ataques contra mujeres y 45 contra medios de comunicación.
De acuerdo con el registro histórico de la organización, desde 2000 hasta la fecha, en el país han sido asesinadas 176 personas periodistas en posible relación con su labor.
“Esta cifra confirma la ausencia de una política integral y eficaz de prevención, investigación y sanción de estos delitos. Mientras persistan la impunidad, la estigmatización y el uso indebido de las instituciones para silenciar la crítica, el periodismo seguirá haciéndose en condiciones adversas”, señaló el documento.
Para combatir las agresiones contra la prensa, Artículo 19 recomendó a las autoridades mexicanas proveer de recursos suficientes a las instancias de protección, tanto estatales como del Mecanismo de Protección Federal, e identificar patrones diferenciados de violencia de género contra mujeres e integrantes de la comunidad LGBTTIQA+.
Además, solicitó tanto la federación como cada estado, reevaluar las conferencias matutinas/semanales en cuanto a la verificación de la información y la transparencia. “Estos espacios no deben convertirse en generadores de listas negras de periodistas y las autoridades deben abstenerse de utilizar la tribuna pública como una vocería para estigmatizar a la prensa”, dijo.
Por último, solicitó que las autoridades investigadoras y el Mecanismo de Protección consideren la violencia digital y las amenazas como agresiones y delitos de alto riesgo, y no sólo como incidentes de seguridad, por ello, recomendó incorporar protocolos contra la violencia digital para atender a las personas periodistas.
LISTA NEGRA
El año pasado, Artículo 19 registró siete homicidios de periodistas
Miguel Ángel Beltrán Martínez
Fecha: 25 de octubre de 2025 Entidad: Durango Medio: Periodista independiente
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1Ángel Sevilla Sonora, Fecha: 8 de julio de 2025 Entidad: Sonora Medio: Noticias 644
2 Miguel Ángel Beltrán Martínez Fecha: 25 de octubre de 2025 Entidad: Durango Medio: Periodista independiente.
3 Calletano de Jesús Guerrero Fecha: 17 de enero 2025 Entidad: Estado de México Medio: Global México
4 Ronald Paz Pedro Fecha: 9 de julio de 2025 Entidad: Guerrero Medio: NotiExpress Pedro
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5 Kristian Uriel Martínez Zavala Fecha: 2 de marzo de 2025 Entidad: Guanajuato Medio: El Silaoense MX / Reporte Silao
6 Raúl Irán Villarreal Belmont Fecha: 13 de marzo de 2025 Entidad: Guanajuato Medio: Observatorio Ciudadano San Luis de la Paz
7 José Carlos González Herrera Fecha: 15 de mayo de 2025 Entidad: Guerrero Medio: El Guerrero, Opinión Ciudadana
Monserrat Carrasco :Licenciada en Comunicación y Periodismo por la UNAM. Mexiquense. Reportera de educación, derechos humanos, género y política
Para promover que todas las mujeres estén informadas y no tomen decisiones apresuradas
Película promocional del productor Eduardo Verástegui
Patricia Carrasco
SemMéxico / La Prensa, Ciudad de México, 6 de mayo, 2026.– Un grupo de senadoras y diputadas de todos los partidos políticos se sumaron a la campaña a favor de la vida, la mujer y la familia, que promueve que todas las mujeres estén informadas y no tomen decisiones apresuradas al querer practicarse un aborto, ya que existen 3 mil asociaciones de ayuda a la mujer embarazada.
Entre las embajadoras de la película Inesperado del actor y productor Eduardo Verastégui en México son: las senadoras Lilly Téllez García (MORENA/PAN Sonora), Alejandra Reynoso Sánchez,” la Wera Reynoso” (PAN/Guanajuato), Sasil de León Villard (PES/Chiapas), Martha Márquez Alvarado (PAN/Aguascalientes), Claudia Valderas Espinoza (MORENA/Veracruz).
Y las Diputadas Sara Rocha Medina (PRI/San Luis Potosí), Geraldina Herrera Vega (MC/Jalisco), Madeleine Bonnafoux Alcaraz (PAN/Sonora), Elba Lorena Torres Díaz (PES/Aguascalientes), Adriana Teissier Zavala (PES/Quintana Roo), Norma Guel Saldivar (PRI/Aguascalientes), Margarita Flores Sánchez (PRI/Nayarit), Ana Paola López Birlain (PAN/Querétaro), Soraya Pérez Munguía (PRI/Tabasco), Carolina García Aguilar (PES/Estado de México), y la ex diputada Paola Félix Galico, de Morena quien ahora trabaja en el gobierno de CDMX.
“Esta película invita a la audiencia a cambiar nuestra forma de pensar, convirtiéndonos en embajadores y protectores de la mujer y la vida, afirmó” Verástegui.
Inesperado será́ presentada en México por Eduardo Verástegui y un grupo de mujeres legisladoras de diversos partidos, quienes consideran que la cinta lleva a la pantalla grande una historia conmovedora y de apoyo a la mujer embarazada.
En una conferencia de prensa, el actor tamaulipeco citó que Inesperado la controversial película dirigida por los directores, Cary Solomon y Chuck Konzelman, y próximamente será su estreno en México.
En México en 27 entidades del país y por orden de la Suprema Corte de Justicia el aborto es un derecho y está parcialmente despenalizado.
Inesperado está basada en las memorias de Abby Johnson una mujer que creyó́ que ayudaba a la mujer hasta que vio algo inesperado que cambió su vida para siempre.
“Nos hemos unido para traerles un gran proyecto trascendental y de alto impacto en el que mujeres legisladoras de distintos estados y partidos políticos, más allá́ de ideologías y con enorme sensibilidad, llevan a la pantalla grande una historia conmovedora que pone de manifiesto la falta de información real que una mujer necesita para tomar libremente su mejor decisión”, afirmó Eduardo Verástegui.
Inesperado llegará próximamente a las pantallas de México donde se podrá́ conocer la historia personal de Abby Johnson.
