Comisiones se aprobó  eliminarlo del Código Penal de la CDMX falta la asamblea

Se opone una diputada del Verde Ecologista y la bancada de Acción Nacional

Elda Montiel 

SemMéxico. Ciudad de México. 4 de noviembre 2024.- Las comisiones de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México aprobaron el dictamen que despenaliza de forma total la interrupción voluntaria del embarazo, al eliminar del Código Penal el delito de aborto. El dictamen pasa para su discusión al pleno.

Desde 2007 se permite el aborto voluntario en la capital dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Después de ese periodo, se sanciona con entre tres y seis meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo comunitario a la mujer o persona gestante, de acuerdo con el Artículo 145 del Código Penal local.

Lo que si sanciona el dictamen es provocar el aborto a una mujer sin su consentimiento, con una pena de cinco a ocho años de prisión, la cual se incrementa a entre ocho y 10 años de prisión en caso del uso de violencia, según se señala en el artículo 146 de la iniciativa.

La iniciativa presentada por la diputada Yuriri Ayala de Morena  a principios de octubre ha sido cuestionada por las y los diputados del PAN pero ha contado con el apoyo de las demás fracciones parlamentarias; Morena, PT, PVEM, MC y el PRD. El PAN está  en contra. 

Se busca eliminar el aborto como delito en el Código Penal local, para evitar su criminalización y estigmatización.

Durante la discusión la legisladora  panista América Alejandra Rangel Lorenzana indicó que no se han tomado en cuenta las propuestas de las asociaciones pro vidas, apoyada con más de 30 mil firmas. Expresó que quitar el límite de semanas para abortar; es matar con impunidad y “legalizar el homicidio calificado con alevosía y ventaja”.

Mientras que la diputada Olivia Garza de los Santos del mismo partido insistió en la importancia de proteger la vida desde la concepción, conforme a la Convención Americana de los Derechos Humanos. “Nadie puede ser privado de su vida arbitrariamente”, con relación al derecho a la vida del nasciturus, o niño no nacido, a quien se debe reconocer su calidad de persona. 

El diputado  panista Diego Orlando Garrido López señaló que permitir el aborto hasta un día antes del nacimiento, genera un desequilibrio entre los derechos de las mujeres con los del no nacido, por lo que se violaría el derecho a la vida. 

El 77 % de las ILES en CDMX han  sido a las 10 semanas de gestación

Fue la diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya del PT quien precisó que desde su legalización en la capital del país se han realizado alrededor de 273 mil interrupciones, con un 77 por ciento realizados antes de las 10 semanas de gestación, lo que permite usar métodos menos invasivos; y sólo el 5.5 por ciento de las personas han recurrido a esta atención más de una vez. 

Expresó que con esta reforma se avanza en el acceso seguro y regulado al aborto, fortaleciendo los derechos reproductivos para las mujeres, víctimas y otras personas gestantes, a lo que se sumaron las diputadas Valeria Cruz Flores y Valentina Valia Batres Guadarrama.´

La diputada Yuriri Ayala Zúñiga  aseguró que esta reforma responde a la voz de las mujeres que han salido a las calles para exigir su derecho a decidir. “Eliminar el aborto como delito es un paso clave hacia la protección de los derechos de las mujeres y la salud pública”; y que el acceso legal y seguro al aborto es necesario para la equidad de género. 

La diputada Cecilia Vadillo Obregón, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, comentó que despenalizar el aborto abonaría a desmantelar un sistema legal que ha perpetuado la violencia y criminalización ejercida contra las mujeres. 

La legisladora priista Tania Nanette Larios Pérez calificó de trascendente la reforma para que ninguna mujer en la Ciudad de México sea criminalizada y vaya a prisión por decidir sobre su cuerpo”, al no existir un tipo penal que permita esta injusticia. Enfatizó que gracias a las luchas ciudadanas se ha avanzado en la protección de derechos contra la estigmatización de las mujeres, y contra las visiones que reproducen esta violencia, aun cuando desde 2007 se ha avanzado jurídicamente. 

La diputada morenista Elizabeth Mateos Hernández recordó que la lucha por los derechos a decidir de la mujer ha tenido avances en diversos países de América Latina, pero afirmó que ha sido punta de lanza la CDMX, donde en 2007 se aprobó por primera vez la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. 

La diputada Patricia Urriza Arellano recordó que el aborto actualmente ya está legalizado, después de un movimiento de décadas del feminismo; y consideró que la penalización del aborto afecta a las mujeres más vulnerables, que no tienen recursos ni acceso a asesorías o defensa jurídica, por lo que es punitivista y criminaliza la pobreza.

Al fundamentar el dictamen, el diputado morenista Alberto Martínez Urincho,  presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, expresó que sobre la despenalización del aborto hay posiciones a favor y en contra. Consideró que el tema debe analizarse de forma integral y no restrictiva, apoyando la idea del aborto en la libertad o autonomía de las personas gestantes. Argumentó que en el sistema jurídico internacional y su desarrollo jurisprudencial se ha reconocido que la decisión de tener descendencia biológica constituye un ámbito de la vida privada, que se relaciona con otros derechos. 

Aun cuando diversos diputados del Verde Ecologista suscribieron el dictamen, la diputada Yolanda García manifestó estar en contra del dictamen pues dijo estar a favor del valor de la vida humana. Expresó que “no considera el aborto como un derecho humano”, y en lugar de despenalizarlo, dijo que existen alternativas como entregar al bebé en adopción, y utilizar recursos para el apoyo a mujeres embarazadas, tratamientos de salud mental y programas de prevención de embarazos no deseados. 

Aborto seguro y gratuito como un servicio de salud: IPAS 

La iniciativa presentada el pasado 10 de octubre al Congreso de la Ciudad de México por la diputada  Yuriri Ayala Zúñiga  de Morena cuenta con la aprobación de las diputadas de las fracciones legislativas excepto el PAN, y el impulso de Ipas Latinoamérica y el Caribe (Ipas LAC).

En opinión de Fernanda Díaz de león Ballesteros, subdirectora de Incidencia de Ipas, ha declarado que de aprobarse la iniciativa por primera vez en nuestro país, se va a considerar el aborto como lo que es, un servicio de salud. Serán las leyes y políticas en salud las que fijen las bases para la prestación del servicio. 

La derogación de los artículos 144, 145, 146 y 147 buscan la eliminación de la definición de aborto y tiempo gestacional, las penas para quienes abortan y para quienes lo practican, así como la suspensión de profesión o servicio para quienes practiquen el aborto, entre otras derogaciones. De acuerdo al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2023, para la despenalización del aborto.

“Lo que ha impulsado la Corte y lo que las organizaciones pedimos es una despenalización total del aborto voluntario, para que realmente se garanticen los derechos”, menciona la subdirectora de Incidencia de Ipas LAC, Díaz de León Ballesteros.

Las diversas razones por las cuales se permite el aborto en México, han permitido el avance constante en la despenalización en los diferentes estados, pero son insuficientes, ya que condicionan el acceso al aborto seguro a que el embarazo no exceda un determinado número de semanas o represente un daño grave a la salud física, mental y sexual, explica Díaz de león Ballesteros. Además de que refuerzan estereotipos de género, como la maternidad como un destino obligado para las personas con capacidad de gestar.  

El 24 de abril de 2007, la Ciudad de México (entonces Distrito Federal) publicó el decreto que reformó el Código Penal para permitir la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) durante las primeras 12 semanas; y a partir del 25 de abril de 2007 la Secretaría de Salud en la entidad inició la provisión de servicios de ILE en 14 de los 20 Hospitales Generales y Materno infantiles de la entidad

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado eliminar los obstáculos normativos innecesarios desde el punto de vista médico para el aborto seguro, como la penalización, los tiempos de espera obligatorios, el requisito de que otras personas (como la pareja o familiares) den su aprobación y los límites sobre el momento del embarazo en que se puede realizar un aborto. 

De abril de 2007 a junio de 2024, se han realizado 277 268 interrupciones legales del embarazo (ILE) en la Ciudad de México.   

Durante este periodo, 189 525 personas de la capital han accedido a este servicio de salud; seguido de quienes acuden del Estado de México, con 77 160; y en tercer lugar, quienes se trasladan desde Puebla, con 1 709.  

Criminalización por abortar 

Se ha enfatizado que el objetivo de la iniciativa es eliminar el aborto como delito en el Código Penal local, para evitar su criminalización y estigmatización, con la iniciativa.

Tan sólo en lo que va de este año hay 131 investigaciones por aborto. De enero de 2019 a julio de 2024 se han acumulado 809 carpetas por este delito, de acuerdo 

con registros de la Fiscalía capitalina disponibles en el Portal Datos Abiertos CDMX.

Caso Esmeralda, ejemplo de criminalización

Durante la sesión de las Comisiones Unidas las  diputadas hicieron referencia al caso de Esmeralda, una adolescente de 14 años, quién estaba acusada de homicidio calificado después de haber presentado un aborto espontáneo, producto de una violación sexual como un ejemplo de la criminalización que enfrentan niñas, adolescentes y mujeres porque la interrupción del embarazo es el único servicio de salud que está regulado por el Código Penal y no por la Ley de Salud.

Ante la indignación de la sociedad tuvo que intervenir el gobierno federal a través de la Secretaría de las mujeres y finalmente la Fiscalía de Querétaro retiro los cargos de homicidio doloso  en contra de Esmeralda por haber abortado espontáneamente en su hogar.  

En 2021, 200 mujeres privadas de la libertad por delitos relacionados por aborto

En México hasta el 2021 había 200 mujeres en las cárceles por delitos relacionados, son mujeres que tuvieron partos espontáneos, abortos prematuros o emergencias obstétricas y les configuraron delitos más graves, de acuerdo a declaraciones de Verónica Cruz, directora de la organización Las Libres, publicadas en El Financiero y recuperadas por el “Informe Sombra sobre Mujeres Privadas de la Libertad por Aborto y Violencia Obstetrica” realizado en septiembre de 2023, muchas de las mujeres condenadas no son enjuiciadas de forma oficial por aborto, sino por delitos como homicidio en razón de parentesco, infanticidio, filicidio y omisión de cuidados.

A pesar de que en septiembre de 2020 se implementó la Ley de Amnistía, propuesta aprobada que busca la liberación de personas sentenciadas por delitos no graves, sin embargo, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2023), el número de averiguaciones previas o carpetas de investigación que se iniciaron por el delito de aborto en todo el país fue de 604 en 2018, 717 en 2019, 633 en 2020, 704 en 2021, 819 en 2022 y 63 en 2023 hasta el mes de enero. 

El Censo Nacional de Gobierno Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales (2020), indica que en total había 4 mujeres ingresadas a los centros penitenciarios por el delito de aborto en los estados de Guerrero, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. El Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales (2021), en total había solo 2 personas hombres privadas de la libertad en centros penitenciarios por el delito de aborto. Por lo tanto no se percibe un decrecimiento de mujeres encarceladas por aborto.

Para el Informe Sombra elaborado por la Dra. Felipa Pérez Sánchez, Directora de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en colaboración con la Red de Profesoras e Investigadoras en Derechos Humanos de México, La Federación Mexicana de Universitarias y la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM se hicieron solicitudes de información a las 32 Entidades Federativas que componen al Estado mexicano, con la finalidad de conocer cuántas mujeres se encontraban privadas de su libertad por el delito de aborto, homicidio en razón de parentesco e infanticidio.

Aguascalientes, Nayarit, Guanajuato y Oaxaca reportan reclusión de mujeres por abortar 

Los Estados que reportan mujeres encarceladas por el delito de aborto son Aguascalientes, con una mujer privada de su libertad sin sentencia; Guanajuato, reporta una mujer encarcelada con sentencia; Nayarit, reporta la reclusión de dos mujeres, ambas con sentencia emitida por el delito de aborto; Oaxaca, tiene a una mujer que está actualmente bajo proceso legal por su presunta participación en el delito de aborto, sin embargo, no ha recibido sentencia.

En contraste, los Estados de Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas informan que no hay mujeres privadas de su libertad por el delito de aborto en sus territorios.

Por homicidio en razón de parentesco la solicitud de información se realizó a 7 entidades federativas que componen en Estado mexicano, puesto que son los únicos Estados que tipifican el delito de homicidio en razón de parentesco. Chiapas registra la existencia de 5 mujeres privadas de su libertad, 2 de ellas tienen sentencia y 3 están aún sin sentencia. Guanajuato informa que hay 12 mujeres encarceladas, de las cuales 1 no cuenta con sentencia y 11 tienen una sentencia condenatoria. Sin embargo, aclara que no existen registros de mujeres o personas gestantes criminalizadas por ejercer su derecho a interrumpir su embarazo. 

Infanticidio. La solicitud de información se realizó a 6 entidades federativas que componen en Estado mexicano, aunque solo 4 de esos 6 tipifican el delito de infanticidio, ya que Jalisco y Nuevo León derogaron el delito. Con relación al delito de infanticidio, Coahuila, Nuevo León, Oaxaca y Zacatecas informan que no tienen ninguna mujer privada de su libertad por dicho delito. Durango no dio respuesta, y Jalisco proporcionó información sobre la cantidad de mujeres privadas de su libertad por el delito de aborto, pero no respondió a la solicitud correctamente con datos sobre el delito de infanticidio.

 Entre las recomendaciones esta Liberar a las mujeres que se encuentran recluidas en los centros penitenciarios de Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit y Oaxaca, por el delito de aborto cuando haya ejercido su derecho libremente y sin coacción de otra persona.

Reformar los códigos penales estatales para asegurar que ninguna mujer ni persona con capacidad de gestar sea juzgada por el delito de infanticidio u homicidio en razón de parentesco cuando voluntariamente decida practicarse un aborto.

Homologar los códigos penales estatales y el Código penal federal para permitir el aborto hasta las 12 semanas de gestación y eliminar la criminalización del hecho a mujeres que lo realicen voluntariamente 

Brindar servicios seguros y gratuitos a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que voluntariamente quieran practicarse un aborto antes de las 12 semanas de gestión.