Estilistas lanzan campaña y abren puntos de acopio en Veracruz
Con el cabello donado buscan crear mallas absorbentes que permanecen en el mar entre dos y tres semanas, atrapando hidrocarburos
Raúl Solís
SemMéxico/El Sol de México, Veracruz, 27 de marzo, 2026.- Ante el derrame de petróleo que afecta 630 kilómetros del corredor arrecifal del Golfo de México, ciudadanía y estilistas en Veracruz han lanzado una campaña para recolectar cabello humano, con el fin de transformarlo en mallas absorbentes capaces de retener petróleo en el mar.
Aunque especialistas reconocen que este puede ser un método hidrofílico eficaz, también advierten que la gestión de un derrame requiere experiencia técnica, permisos adecuados y una cadena completa de manejo de residuos. Recordar que actuar sin información ni coordinación puede comprometer la seguridad y el medio ambiente.
En paralelo, la organización Matter of Trust Latam, con experiencia internacional en el uso de cabello reciclado para descontaminación, reconoció la voluntad ciudadana pero subrayó que actualmente no existen las condiciones mínimas para aplicar esta técnica de manera segura y efectiva.
Mientras tanto, la iniciativa que ya reúne a varias estilistas y barberos, también está convocando, por parte del barbero El Potro Chávez a una entrega con un punto de encuentro el próximo domingo 29 de marzo a las 16:00 horas en el asta bandera del puerto de Veracruz, donde se recibirán donaciones de cabello limpio y natural.
En otros municipios como Poza Rica, se recibe cabello en la regiduría sexta del Ayuntamiento, con la regidora Yuliet Gallardo, en horario de 8:00 a 15:00 horas. Para más información, se pueden comunicar al 782 174 84 22.
Además de cabello, de acuerdo con las redes sociales del influencer Locofer, se instalaron centro de acopio para donar palas, rastrillos, máscaras de gas orgánicas, trajes de protección EPI, botas y guantes industriales, medias de nylon, mallas de yute y red de arpillería, el punto final de recolección será en el municipio de Coatzacoalcos, en calle Malpica 1509, responsable Carolina Castañeda al número de teléfono 921 297 0207.
Otro punto de acopio en Coatzacoalcos es el Salón Rojo París en calle Democracia 2402, Colonia Benito Juárez Norte, teléfono 921 145 3923.
En el municipio de Chinameca es en la calle Fernando Gutiérrez Barrios 6, número de contacto 999 958 4360. En Boca del Río recolectan en calle Juan de la Barrera 27, colonia Plan de Ayala, con contacto al 2293376503 con Norma Espinosa.
En Xalapa se recolecta en la Barbería Barba Roja, ubicada en calle Venustiano Carranza 66, zona Centro, información al 2283774800. También en el Salón Bane Oz ubicado en Ánimas, con número de contacto 2281325132.
En Coatepec se recolecta en el Consultorio FisioSIMES, calle Aldama 3, zona centro, información al 228 498 9633.
En la Ciudad de México, los centros de acopio están en Coyoacán, en calle Pétalo 66, Colonia El Reloj, lunes y martes de 12:00 18:00 a 21:00 horas, el teléfono de contacto es 272 185 5954 con Brenda Hernández.
En la alcaldía Azcapotzalco en Parque Tezozomoc la recolección será hasta el 27 marzo: 16:00 a 18:00 horas y el 28 marzo de 8:00 a 10:00 horas, el contacto es 5611557696 con Francesca López.
En la ciudad de Puebla se recolecta en el Parque Juárez del 28 marzo al 1 abril, de 16:00 a 19:00 horas, más información al 222 523 2032. En Zacapoaxtla, Puebla se recolecta en la avenida 5 de Mayo Norte 54, contacto: 2331122165.
En Guanajuato es centro de acopio en Xilonen Salón, calle Dinastía 416, información al 4778276276. En Aguascalientes en Barbería BZR MEN, calle Sinaloa 530, contacto 449 667 2737.
La credencialización es clave para mejorar las oportunidades laborales y la movilidad social en México. En particular, las egresadas de Pedagogía enfrentan vulnerabilidad laboral y profesional por no contar con una cédula profesional.
Pasa, entre muchos factores, porque la UNAM establece procesos burocráticos excluyentes que ocasionan precarización y ponen en riesgo el bienestar y desarrollo de las mujeres egresadas de esta carrera.
Vania Bañuelos Astorga*
SemMéxico, Ciudad de México, 27 de marzo, 2026.- Las egresadas de la licenciatura de Pedagogía, catalogada como una “carrera femenina” enfrentan una vulnerabilidad laboral y profesional al no titularse, pues permanecen como pasantes indefinidas, carecen de cédula profesional y se insertan en empleos desvinculados de su formación. Esta situación –que se manifiesta en agotamiento mental, baja autoestima y limitadas oportunidades de ascenso– las precariza y suele traducirse en jornadas laborales ampliadas que reducen su tiempo para actividades intelectuales y formativas.
Pese a la relevancia de estos efectos para la trayectoria profesional y la reproducción de desigualdades de género hay escasa sistematización sobre cómo la falta de titulación en Pedagogía condiciona las oportunidades laborales, el bienestar psicosocial y las posibilidades de movilidad social de estas mujeres. De ahí que sea necesario preguntarse ¿de qué modo la ausencia de titulación en egresadas de la licenciatura en pedagogía contribuye a la precarización laboral, al deterioro del bienestar psicosocial y a la limitación de su desarrollo profesional?
En México, la credencialización y el mercado laboral están relacionados para mejorar tanto los sueldos y salarios como la oportunidad de ascender y buscar mejores trabajos. En mi experiencia acompañando procesos de titulación en la carrera de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, desde 2021, he visto que ser mujer, de entre los 25 y 40 años, cuidadoras y/o madres de familia, trabajadoras de jornada ampliada o dobles turnos y con poco tiempo libre, son determinantes para no titularse y, por ende, para no obtener una cédula profesional.
La titulación formal funciona como requisito institucional, es señal de cualificación y, sobre todo, de un poder simbólico que opera de manera positiva en la autoestima de las nuevas licenciadas. Esta tendencia no es universal. En otros países –en donde el aumento de títulos universitarios en mujeres compite contra el talento internacional de bajo costo– dicha tendencia está cambiando y como resultado de ello hay una lucha por mantener el nivel de vida de la clase media.
Las investigaciones sobre género en el trabajo evidencian que las profesiones feminizadas sufren de menor reconocimiento y protección laboral. El precariado femenino[1] no solo sufre inestabilidad laboral, sino que también enfrenta la carga de la reproducción social –trabajo doméstico y de cuidados no remunerado–, exacerbando el agotamiento y la falta de tiempo personal; es lo que Standingllama una “mente precarizada”.
Entonces, ¿por qué buscar una estabilidad laboral importa? e ¿importa más si eres mujer? Desde el enfoque de la interseccionalidad[2] “…se considera que la causa de la opresión o del privilegio no es una única, sino múltiples causas sociales que se relacionan entre sí y que conforman las experiencias individuales y la estructura social…”. La estabilidad laboral permite a las mujeres alcanzar una mayor autonomía financiera, lo que reduce su dependencia de otras personas y empodera su toma de decisiones. Ayuda a cerrar la brecha salarial de género, pues las mujeres con trabajos estables pueden negociar mejores salarios y beneficios. Ofrece horarios más predecibles y otras prerrogativas que facilitan la conciliación entre la vida laboral y familiar, algo que a menudo recae desproporcionadamente sobre las mujeres.
Un empleo estable brinda oportunidades para el crecimiento profesional y genera acceso a beneficios como seguro médico, jubilación, entre otros, que son esenciales para la seguridad a largo plazo. Aún más importante, la estabilidad laboral tiene un impacto en la próxima generación pues mejora el entorno económico de las mujeres, así como la situación educativa de sus hijos e hijas, lo que contribuye a romper ciclos de pobreza. Importa porque “las trayectorias laborales no son únicamente una acumulación de empleos en el tiempo, sino caminos imaginados, cambiantes, buscados y evaluados por los propios individuos en un momento dado…”.
En la siguiente gráfica, con datos de ANUIES, se aprecia la disparidad entre personas egresadas y personas tituladas en la UNAM, en el ciclo 2022-2023. Dichos datos son congruentes con otras fuentes que indican que sólo un 30 % del estudiantado que termina una licenciatura, logra titularse dentro del tiempo esperado o en absoluto. De acuerdo con la clasificación de ANUIES, en 2022 las carreras con más títulos en la UNAM fueron Derecho (13.3%), Médico Cirujano (12.6 %), Cirujano Dentista (6.92%), Enfermería (6.32%) y Psicología (6.72%), pues para ejercer estas carreras es indispensable contar con una cédula profesional.
La matrícula de ingreso a la carrera de Pedagogía en la FFyL de la UNAM se ha mantenido, en los últimos años, en un promedio de entre 3 mil y 3,500 estudiantes, con una titulación de alrededor del 4.42% anual, lo que claramente expresa un efecto coladera entre la matrícula de ingreso y las personas que se titulan. En 2022, se matricularon 3,077 personas, egresaron 170 (5%)y se titularon 136 (4%), como se aprecia en el gráfico circular que aparece abajo.
Si bien la FFyL ha hecho esfuerzos por incorporar nuevas opciones de titulación, no han sido efectivas, pues resultan en los mismos candados de exclusión para el perfil de quienes egresan: estructuras burocratizadas, requisitos presenciales y de dedicación completa, entre otros obstáculos.
Esta situación no es nueva. Desde que Francisco Larroyo creó la carrera de Pedagogía en 1954, se ofreció con nivel de maestría. Luego, él mismo, siendo director de la FFyL en 1959, la convirtió en licenciatura, con duración de 3 años. Después de siete décadas de cambios curriculares y administrativos y de nuevos reglamentos, tanto la carrera como sus reglas de titulación siguen siendo excluyentes.
La obtención de un título y una cédula profesional legitima la competencia profesional y facilita el acceso a empleos acordes al campo de estudio y a trayectorias de ascenso; pero si no se promueven mecanismos reales de titulación, se reduce el valor laboral reconocido y las oportunidades de movilidad laboral, profesional y social. La UNAM precariza a sus egresados y los deteriora emocionalmente. Romper este techo tomará tiempo pues quienes tienen la posibilidad de pensar otras formas son directivos y académicos privilegiados a quienes poco les costó llegar a obtener sus títulos y cargos.
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CRÉDITO: UNSPLASH
Reflexiones finales
No tengo duda de que habrá quien no esté de acuerdo con lo expuesto aquí, incluso defenderán el hecho de que la UNAM sea más exigente en sus procesos de titulación. Pero tomar conciencia del lugar que ocupamos en la jerarquía puede llevar a cuestionar dicho orden y a querer revertirlo y es ahí donde las personas privilegiadas (el sistema) muestran su resistencia en forma de violencia y opresión. “La interseccionalidad, entonces, pretende analizar la relación entre lo estructural y lo vivido, a partir de una mirada relacional, plural y contextual…”. En ese sentido, me resulta urgente compartir un poco de lo que veo con las tesistas que acompaño en sus procesos: la eterna búsqueda por obtener un título en realidad evidencia que la precariedad laboral femenina es estructural al nuevo capitalismo, donde la carrera profesional tradicional es reemplazada por una lucha constante por la supervivencia, afectando la autonomía y seguridad a largo plazo de las mujeres. La búsqueda de estabilidad laboral –obtenida muchas veces mediante un título y cédula profesional– es fundamental para mejorar la calidad de vida y las oportunidades de las mujeres, así como para avanzar hacia una sociedad más equitativa.
Redes sociales
Vania Bañuelos Astorga* Integrante de MUxED. Pedagoga y Maestra en Políticas Educativas con experiencia en investigación educativa y docencia. Ha sido coordinadora y directora de escuelas en todos los niveles. Co-fundó programas educativos, un centro de innovación educativa y una consultoría pedagógica. Desde el 2021 acompaña procesos de titulación de mujeres tesistas y forma parte de Nozomi, Pedagoxía con X y Hybridge Education.
SemMéxico, Ciudad de México, 27 de marzo, 2026.- El municipio es el orden de gobierno más cercano a la ciudadanía. Los hay con escasa población e infraestructura en lugares remotos hasta aquellos de gran tamaño con problemas complejos que forman zonas metropolitanas. Sus retos van más allá del número de residentes, está en gran medida, en su capacidad de gestionar los servicios públicos.
El Inegi acaba de publicar el Censo Nacional de Gobiernos Municipales (CNGMD) que ofrece una panorámica detallada sobre la integración y funcionamiento de los ayuntamientos y alcaldías, así como el desempeño de la administración pública en cada uno de ellos.
A pesar de las reformas de paridad, las desigualdades están aquí presentes. De los 2 mil 433 municipios reportados solo en 605 gobiernan mujeres, lo que equivale al 24.9 por ciento. El resto está en manos de mil 821 alcaldes (74.8%). Entre 2022 y 2024 el porcentaje de mujeres aumentó apenas dos puntos porcentuales.
En cuanto a los cabildos, de las 2 mil 602 personas síndicas el 60 por ciento correspondió a mujeres y de las 16 mil 875 regidurías, el 54.2 por ciento son mujeres.
En cada proceso electoral, organizaciones civiles han hecho llamados a postular a candidatas en territorios competitivos y con posibilidades reales de triunfo, más allá de cumplir con cuotas de género.
Respecto a las personas titulares en las administraciones públicas, solo una tercera parte correspondió a mujeres. La mayoría estaba al frente de dependencias cuya función es la igualdad de género y la atención a víctimas, mientras que las de seguridad pública y protección civil tuvieron mayor porcentaje de hombres a cargo.
Del total de personas que laboran en las administraciones públicas locales en todo el país (1.1 millones) el 38.2 por ciento son mujeres.
En cuanto a escolaridad, la mayoría del personal que labora en los ayuntamientos con licenciatura o posgrado son mujeres.
Hasta aquí se puede extraer una conclusión: los ayuntamientos, que son los órganos de gobierno, responsables de la administración y representación del municipio están dominados por hombres, lo mismo que las titularidades de las instituciones y el personal que se desempeña en la administración local.
A pesar de tener que atender servicios públicos cotidianos, los recursos con los que cuenta el nivel municipal (aportaciones, participaciones) son escasos y sus ingresos propios, insuficientes. Un ejemplo es la gestión catastral: en 2024 la recaudación nacional del impuestopredial fue de 52.5 por cientocon respecto a lo programado.
La octava edición del CNGMD ofrece información relevante sobre los grandes desafíos que enfrenta ese orden de gobierno en materia de servicios públicos, dotación de agua potable, saneamiento, seguridad pública e infraestructura urbana.
La última gran reforma constitucional al artículo 115 que se ocupa del municipio tuvo lugar en 1999. La actual iniciativa de reforma presidencial en materia electoral propone reducir el número de ediles en todo el país (actualmente las sindicaturas y regidurías superan las 19 mil).
Es importante emprender una reforma administrativa de gran calado para un nivel de gobierno centenario que le permita enfrentar los retos de seguridad, insuficiencia de recursos, modernización de la gestión y sostenibilidad.
El municipio es el órgano de gobierno más cercano a las personas y por ello es fundamental darle un mejor trato.
Falta para reducir las estadísticas en violencia contra las mujeres, cuidados y brecha laboral
Mexicanas ganan menos y tienen dificultades para acceder a la salud pública
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 27 de marzo, 2026.- En el avance de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, México persiste en desigualdades estructurales como la pobreza acentuada más en mujeres indígenas, hambre con mujeres embarazadas con anemia, violencia que culmina en feminicidios y brechas laborales que ubica a las mujeres en labores de cuidado sin remuneración y la informalidad.
Si bien el Informe reconoce que México es referente global en marcos jurídicos y paridad política, se reconoce que aún está lejos de alcanzar las metas de la Agenda 2030.
Subraya que es urgente avanzar hacia una “sociedad del cuidado” y fortalecer la recopilación de estadísticas interseccionales para cerrar las brechas que aún marginan a mujeres indígenas, rurales y con discapacidad.
En el informe La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda Regional de Género en América Latina y el Caribe: Indicadores de género de México a 2025. Principales resultados participaron ONU Mujeres, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal, con el respaldo técnico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El objetivo del Informe es monitorear el progreso de México mediante el análisis de 53 indicadores vinculados a nueve de los 17 ODS, que integra compromisos internacionales como la Plataforma de Acción de Beijing y el reciente Compromiso de Tlatelolco.
Destaca que 51.7 por ciento de la población total de 129.5 millones de personas son mujeres con un promedio de edad mediana de 32 años, aunque hay un proceso de feminización de la vejez, ya que de los 19 millones de personas de más 60 años y más, el 54.9 por ciento son mujeres.
El informe enfatiza que, en el ámbito institucional, el país destacó por las reformas constitucionales de 2024, que consagraron la igualdad sustantiva y la creación de la Secretaría de las Mujeres. Asimismo, se han promovido acciones afirmativas y se ha incorporado la perspectiva de género en políticas públicas y presupuestos.
No obstante, la aplicación sistemática de estas medidas en los tres órdenes y niveles de gobierno continúa representando un desafío para lograr un impacto sostenido.
Indicadores: La violencia se mantuvo
Respecto a los ODS 1 (Fin de la pobreza) y ODS 2 (Hambre cero) señala que para 2024 eran 20.5 millones de mujeres en pobreza multidimensional y 3.7 millones en pobreza extrema. Sólo cinco de cada 10 mujeres tenía acceso a seguridad social y dos de cada 10 en caso de mujeres indígenas. El 24.7 por ciento de las mujeres no percibía ingresos propios, frente al 5.7 por ciento de los hombres.
La inseguridad alimentaria moderada o grave afectó al 22.3 por ciento de las mujeres, frente al 16.3 por ciento de los hombres; 25.7 por ciento de las mujeres embarazadas padecía anemia, el doble que las no embarazadas. En el sector agropecuario, las mujeres enfrentaron desigualdades estructurales, al representar solo 19 por ciento de las personas responsables de unidades de producción.
Respecto al ODS 5 (Igualdad de género). La violencia contra las mujeres se mantuvo como un problema estructural, en 2021, 22.3 por ciento sufrió violencia de pareja y 29.6 por ciento violencias sexuales fuera de la pareja.
En 2024, se registraron 852 feminicidios.
En el ODS 16 (Paz y justicia). En 2024, la tasa de homicidios de mujeres fue de 5.6 por cada 100,000 habitantes; 7 de cada 10 mujeres se sintieron inseguras al caminar solas de noche y en el sistema de justicia, el 47 por ciento de las mujeres privadas de la libertad estaba sin sentencia, frente al 34 por ciento de los hombres.
Para alcanzar el ODS 8 (Trabajo decente) persistieron brechas laborales significativas, una de cada dos mujeres ocupadas se encontraba en la informalidad.
El ingreso medio por hora fue menor para las mujeres (50.8 pesos) que para los hombres (54.3 pesos). Además, en 2024, 23.3 por ciento de las mujeres jóvenes (15-24 años) no estudiaba, no trabajaba ni recibía capacitación, frente al 8.6 por ciento de los hombres.
Lejos de la reducción de desigualdades
Lo que nos lleva lejos de la reducción de desigualdades que es el ODS 10. En 2022, 15.9 por ciento de las mujeres ganaban menos de la mitad de lo que recibe una persona promedio en el país. Además, la discriminación por razón de sexo afectó mucho más a las mujeres (8.6 %) que a los hombres (2.2 %).
En cuanto a salud ODS 3 el 32.9 por ciento de las mujeres presentó carencia por acceso a los servicios de salud en 2024, lo que representó un incremento con respecto a 2016 (13.4 %). La razón de mortalidad materna se ubicó en 34.6 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos en 2023; la atención de partos por personal capacitado descendió del 81.1 al 66.8 por ciento en el periodo comprendido entre 2015 y 2023.
El panorama mejora en el ODS 4 (Educación de calidad) Aunque hay paridad en la formación docente, la competencia en matemáticas cayó 10 puntos en mujeres (2018-2022); no obstante, una de cada dos mujeres (47.4 %) de entre 18 y 22 años ya está matriculada en educación superior, aunque persiste la brecha digital, pues los hombres superan a las mujeres en todas las competencias de tecnologías de la información.
Aunque la brecha continua en el ODS 9 (Industria, Innovación e infraestructura) sólo el 13.5 por ciento de las profesionistas egreso de carreras STEM y la participación de las mujeres en investigación fue menor: 125 investigadoras por millón de habitantes, frente a 190 investigadores hombres, lo que evidenció brechas en ciencia y tecnología.
• Sandra Rosa Camacho dedicó su vida a trabajar por la comunidad indígena • La Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afro Morelenses demandaron al gobierno de esta entidad una investigación a fondo
Redacción SemMéxico, Cuernavaca, 27 de marzo, 2026.- Tras el asesinato de Sandra Rosa Cammacho, dirigente social en el oriente de eta entidad y delegada indígena de Temoac, la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afro Morelenses, calificó como un acto cobarde el feminicidio que le arrebató la vida este jueves.
Se trata de un hecho lamentable, porque su feminicidio le arranca la vida a quien hasta el último aliento dedicó su vida a trabajar por su comunidad indígena de Temoac.
También señalan que Sandra Rosa Camacho ya había denunciado públicamente las amenazas de que era víctima por parte de autoridades vinculadas a quienes cometen delitos impunemente.
Por ello, la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afro Morelenses demandaron al gobierno de esta entidad una investigación a fondo para castigar a los asesinos materiales e intelectuales.
En el comunicado de prensa, demandan de forma urgente acabar con la ola de violencia e inseguridad que termina golpeando a toda la sociedad y dañando gravemente el tejido social.
Rechaza Marea Verde Quintana Roo la definición de mujer de la SCJN
Aclaran que son los hombres quienes generalmente matan a las mujeres
Redacción
SemMéxico, Cancún, 27 de marzo, 2026.- El feminicidio no ocurre por cómo alguien se siente, sino por lo que el agresor percibe y odia: una mujer que ocupa espacio, que rechaza, que existe.
La colectiva Marea Verde Quintana Roo se refiere a la iniciativa de proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio que la presidenta emitió esta semana como respuesta a la grave situación que enfrenta el país por el creciente número de feminicidios.
Sin embargo, señalan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación propone definir «mujer» como «cualquier persona del sexo femenino o que se autoperciba como mujer».
En ese sentido revelan que sexo solo hay dos: hombre y mujer. Por lo no hay sexo femenino. Es en la categoría de género donde se ubican Femenino y Masculino. De ahí que el feminicidio no ocurre contra alguien que se siente mujer.
Además, aclaran que son los hombres quienes generalmente matan a las mujeres biológicas, no por su identidad de género.
Si incluimos la autopercepción se diluye una categoría legal que tardó décadas en construirse; se abren puertas para que agresores exploten ambigüedades legales, como cuando se autoperciben mujeres para denunciar delitos en el que las víctimas solo son mujeres (como en la violencia vicaria).
Aunado a que se desvían recursos de atención diseñados específicamente para mujeres; se borra la raíz del problema: la violencia basada en el sexo.
El feminismo lucha contra la opresión que enfrentamos por nacer mujeres. Esa opresión es material y biológica, no una cuestión de identidad, reiteran y señalan que defender la precisión de estos conceptos no es odio. Es proteger décadas de lucha.
SemMéxico, Ciudad de México, 27 de marzo, 2026.- Ayer hablamos del “jaque” a los dueños del recreo digital. Hoy toca mirar el daño completo: no solo nos enganchan… nos están quitando la capacidad de pensar.
Porque el problema ya no es solo la adicción. Es algo más profundo: la degradación de la atención.
Cal Newport profesor de Ciencias de la Computación en la Universidad de Georgetown y autor de los libros “Slow Productivity, (Lenta productividad) “Digital Minimalism, (Minimalismo digital) entre otros escribe hoy en el New York Times y advierte algo inquietante: estamos perdiendo la capacidad de concentrarnos, de leer con profundidad, de sostener una idea.
La atención humana, señala, se ha reducido drásticamente en las últimas dos décadas, justo cuando el smartphone y las plataformas digitales se volvieron omnipresentes. Y aquí es donde conecta con lo que ya sabemos —y que un jurado en Los Ángeles confirmó—:las redes sociales fueron diseñadas para generar adicción.
Esta adicción no solo afecta a las y los adolescentes, sino a los adultos también, porque de acuerdo con Newport estas tecnologías no solo compiten por nuestro tiempo. Compiten por fragmentar nuestra mente.
El scroll infinito, las notificaciones y el autoplay, no son funciones: son mecanismos de captura. Por eso la ecuación es brutal: entre más fragmentada tu atención, más tiempo pasas ahí. Y entre más tiempo pasas ahí, más rentable eres.
Pero hay una consecuencia que en educación no podemos seguir ignorando: la fragmentación cognitiva.
Hoy se le exige a una niña o a un adolescente que comprenda un texto, que argumente, que resuelva problemas… mientras su cerebro ha sido entrenado para cambiar de estímulo cada pocos segundos. No es falta de capacidad. Es reconfiguración neuronal.
El propio Newport lo plantea con una analogía incómoda: así como aprendimos a identificar la comida chatarra ultraprocesada, deberíamos reconocer el contenido digital ultraprocesado. TikTok, Instagram o X no son espacios neutrales: son productos diseñados para ser irresistibles, aunque empobrezcan nuestras capacidades cognitivas.
Un Dorito digital.
Y aquí es donde la discusión educativa se queda corta. Seguimos hablando de “uso responsable” como si el problema fuera de voluntad individual. No lo es.
No puedes pedirle autocontrol a un cerebro que está siendo manipulado con principios de neurociencia y refuerzo intermitente, el mismo de las máquinas tragamonedas.
No puedes exigir pensamiento crítico en un entorno diseñado para evitarlo.
Y, sin embargo, lo seguimos haciendo.
Las escuelas prohíben celulares —y sí, hay evidencia de que mejora la concentración—, pero fuera del aula el ecosistema sigue intacto.
Las familias intentan poner límites, pero compiten contra sistemas diseñados por miles de ingenieros para romperlos.
Mientras tanto, la conversación pública sigue girando en torno a síntomas: bajo rendimiento, falta de lectura, déficit de atención.
Pero la causa está frente a nosotros.
Estamos frente a una disputa por el cerebro.
Una disputa donde las Big Tech ya entendieron algo que la educación aún no termina de asumir: la atención es el recurso más valioso del siglo XXI.
Y la están ganando.
La pregunta no es si la tecnología afecta la capacidad de pensar. Eso ya está documentado.
La pregunta es: ¿qué vamos a hacer al respecto?
Porque así como en el siglo pasado cambiamos nuestra relación con la comida y el ejercicio, hoy necesitamos una nueva alfabetización: la alfabetización de la atención, como propone Newport.
Esto implica decisiones incómodas: Dejar de romantizar la hiperconectividad.
Nombrar el daño. Regular. Educar para la concentración, no solo para el consumo.
Y sí, también incomodar a las plataformas.
Porque mientras no lo hagamos, seguiremos pidiendo pensamiento profundo… en cerebros entrenados para no detenerse nunca.
Y eso, más que un problema educativo, es un problema de época.
SemMéxico, Ciudad de México, 27 de marzo, 2026.- Por fin alguien le puso nombre jurídico a lo evidente: Meta y YouTube han sido declaradas negligentes. Un jurado en Los Ángeles confirmó que estas plataformas no son “ventanas al mundo”, sino trampas diseñadas para enganchar a menores. El lucro por encima de la salud mental: una fórmula tan vieja como el mundo, pero ahora con Wi-Fi, de acuerdo con diversas notas publicadas en medios nacionales e internacionales.
El jurado deliberó durante 10 días. ¿Se imaginan la presión? ¿La cantidad de información? Las tripas de un sistema que múltiples investigaciones ya habían señalado como adictivo para infancias y adolescencias. Pero la conclusión fue más allá: las plataformas —Meta (matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram) y YouTube— fueron diseñadas deliberadamente para generar dependencia y adicción en las y los adolescentes.
El fallo es una joya. Pone en jaque la narrativa cínica de Silicon Valley que insiste en culpar a madres y padres por no vigilar a sus adolescentes, o culpar a niñas y niños por no controlarse.
Lo que la sentencia deja al desnudo (y deberíamos analizar):
Ingeniería del vicio. No es un error de código. El scroll infinito y las notificaciones son herramientas de manipulación química. Validado por un juez, no por un “hater”.
Ceguera voluntaria. Sabían que sus plataformas disparaban depresión y dismorfia corporal en adolescentes. ¿Qué hicieron? Mirar la gráfica de ingresos y callar.
El mito del “uso responsable”. Mientras autoridades educativas se rompen la cabeza con manuales de convivencia, las Big Tech construyen jaulas de dopamina.
¿Cómo pedir pensamiento crítico en un cerebro secuestrado por un algoritmo negligente?
¿Cómo exigir que estudiantes comprendan lo que leen, escriban o innoven, si las plataformas en las que pasan horas generan adicción deliberada y afectan su aprendizaje y su salud mental?
Las redes operan bajo el refuerzo intermitente variable: el mismo mecanismo de las máquinas tragamonedas. No sabes cuándo llegará la recompensa —un like, un comentario, un video— y esa incertidumbre obliga al cerebro a liberar dopamina con cada scroll.
El fallo exhibe que ingenieros de Silicon Valley utilizaron neurociencia para que un niño de 12 años no pudiera soltar el teléfono. No venden redes sociales: venden minutos de vida a anunciantes. Autoplay y notificaciones “fantasma” están diseñados para romper cualquier racha de concentración.
En educación, esto se traduce en fragmentación cognitiva. No es que las y los jóvenes “no entiendan”; es que su cerebro ha sido entrenado para recibir estímulos cada pocos segundos.
Aquí el cinismo corporativo alcanza su punto máximo. Los algoritmos detectan vulnerabilidades: si una adolescente muestra interés en dietas, el sistema le inyecta contenido de dismorfia corporal porque genera mayor permanencia.
Las redes explotan la necesidad de pertenencia y el miedo a la exclusión (FOMO), convirtiendo la validación social en una métrica —los likes— que genera dependencia emocional.
Este fallo abre una grieta seria en el muro de impunidad de las plataformas. La tecnología, sin conocimiento, mediación ni control, también puede ser una arquitectura de adicción deliberada.
¿Ustedes qué dicen? ¿Es justicia real o solo otra multa que pagarán con lo que ganaron mientras escribías este comentario?
Propone avanzar hacia una reforma integral del sistema de justicia para adolescentes, que permita corregir fallas
La solución no radica en imponer penas más intensas de manera automática
Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Ciudad de México, 27 de marzo, 2026.- La violencia no se resuelve después de la tragedia, se previene antes, señala la Secretaría Ejecutiva de SIPINNA al condenar el asesinato de dos docentes en una preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y advierte que la violencia grave en las escuelas no se genera de manera espontánea; responde a factores acumulados que no fueron identificados ni atendidos a tiempo.
En un comunicado la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINNA, propone avanzar hacia una reforma integral del sistema de justicia para adolescentes, que permita corregir fallas específicas como la débil detección temprana de riesgos, la insuficiente atención en salud mental, la falta de seguimiento efectivo de las medidas, la escasa articulación entre escuela, familia y autoridades, y las limitaciones en la restitución de derechos de las víctimas.
Sostiene que esta reforma debe construirse a partir de una ponderación clara entre el interés superior de niñas, niños y adolescentes y los derechos de las víctimas, garantizando tanto la protección integral como el acceso efectivo a la justicia, la reparación del daño y la no repetición.
Es importante señalar con toda claridad que la solución no radica en imponer penas más intensas de manera automática. El fortalecimiento del sistema no pasa por una lógica punitiva, sino por hacer más eficaces las medidas existentes, asegurar su cumplimiento y garantizar que tengan un impacto real en la reinserción social del NNA y en la restitución de derechos de las víctimas.
En el documento revelan que el asesinato de las maestras por parte de una adolescente no puede reducirse a un caso aislado ni a una explicación individual. Es una alerta estructural que evidencia fallas en los sistemas de prevención, en la atención a la salud mental, en la protección de entornos escolares y en la detección oportuna de riesgos.
Luego de señalar que la violencia no se resuelve después de la tragedia, se previene antes, llaman a fortalecer los sistemas de alerta temprana, garantizar acompañamiento psicosocial permanente, establecer protocolos eficaces y asegurar una articulación real entre escuela, familia, servicios de salud y autoridades.
No basta con reaccionar; el Estado tiene que anticiparse con rutas claras de intervención y protección efectiva para adolescentes, docentes y comunidades escolares.
Por ello plantean que para avanzar hacia la reforma integral, el sistema debe enfocarse en mejorar la calidad de la intervención: atención en salud mental, acompañamiento psicosocial, programas de control de impulsos, prevención de adicciones, seguimiento efectivo y evaluación continua. Sólo así se puede reducir la reincidencia y atender de fondo las causas de la violencia.
Además de prever ajustes focalizados en casos de delitos de alto impacto, particularmente para adolescentes de 16 a menos de 18 años, donde puedan aplicarse medidas más intensas y, en supuestos excepcionales, de mayor duración, siempre bajo criterios de proporcionalidad, control judicial y respeto a los derechos humanos.
El objetivo no es castigar más, sino responder mejor ante conductas de mayor gravedad, sin perder la naturaleza especializada del sistema, sostiene el posicionamiento de SIPINNA.
Por el contrario, reitera que la intervención debe ser integral y corresponsable. No basta con actuar sobre el adolescente; es indispensable incorporar a su entorno familiar y comunitario como parte activa de los procesos de atención, fortaleciendo capacidades, brindando acompañamiento psicosocial y atendiendo los factores estructurales que inciden en la violencia.
Debemos asumir que hoy la prevención pasa por el entorno digital. Cuando existen señales previas en redes sociales, el sistema debe contar con la capacidad institucional para identificarlas y actuar oportunamente, sin estigmatizar, pero sin omitir.
Por último, refieren que SIPINNA asume la responsabilidad de atender esta problemática con la seriedad que amerita y que presentará propuestas concretas para el fortalecimiento del Sistema de Justicia para Adolescentes, así como una política integral de prevención que atienda de manera articulada los entornos familiar, comunitario y escolar, con el objetivo de incidir de forma estructural en la reducción de riesgos y la prevención de la violencia.
Ninguna escuela debe enfrentar sola la violencia. Lo ocurrido en Michoacán no puede normalizarse. Debe convertirse en un punto de quiebre para fortalecer la prevención, la convivencia escolar y la protección integral de niñas, niños y adolescentes en todo el país, incorporando también una visión que garantice de manera efectiva los derechos de las víctimas y una respuesta institucional más articulada, preventiva y eficaz, puntualiza la institución.
Necesario romper las cadenas de impunidad, sostienen OSC
Llaman a la presidenta Sheinbaum a abrir el proceso y a reconocer el papel que las organizaciones de la sociedad civil, colectivas y familias
Redacción
SemMéxico, Ciudad de México, 27 de marzo, 2026.- Así lo exponen en un pronunciamiento organizaciones y colectivas, entre ellas Aquelarre Feminista, Justicia Pro-Persona y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio luego de que esta semana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la Secretaría de las Mujeres y la Fiscalía General de la República presentaran el proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio.
Las organizaciones y colectivos llaman a la presidenta mexicana a abrir el proceso y a reconocer el papel que las organizaciones de la sociedad civil, colectivas y familias, han tenido la sociedad civil en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política pública existente, así como integrar la ley en una estrategia más amplia, con presupuesto suficiente, fortalecimiento institucional y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Puntualmente exponen que ante el contexto grave deviolencia contra mujeres, niñas y adolescentes en México en los distinto ámbitos, también marcado por la violencia vinculada al crimen organizado, que incrementa los riesgos y profundiza las condiciones de vulnerabilidad, es fundamental contar con políticas públicas más amplias, coordinadas y sostenidas, que atiendan la complejidad del fenómeno y fortalezcan la capacidad del Estado para dar una respuesta efectiva ante los diversos contextos en los que ocurren los feminicidios.
Tras una larga explicación histórica de las sentencias emitidas por organismos internacionales y la Corte mexicana, explican que en México la prevención es el “eslabón más débil”, porque México carece de una política nacional efectiva que proteja a las mujeres de todo tipo de violencia, en particular de la violencia feminicida.
Salvo las órdenes de protección, no hay acciones claras que se enfoquen a la prevención del feminicidio, sobre todo para aquellos que ocurren en contextos de crimen organizado.
Plantean la necesidad de realizar con debida diligencia reforzada, perspectiva de género e intercultural, con análisis de los contextos de violencia, tanto en los ámbitos privados como públicos, como aquellos casos vinculados con violencia ejercida por el crimen organizado presente en los territorios ante la persistencia de investigaciones deficientes en los casos de feminicidio. Todo ello acompañado con el fortalecimiento de capacidades técnicas y económicas de las instituciones encargadas de las investigaciones que permitan la acreditación del delito de feminicidio y el acceso a la justicia para las víctimas.
Señalan que en México la precariedad de los servicios periciales es un obstáculo para la justicia. La falta de personal especializado, la pérdida o contaminación de indicios y la limitada infraestructura científica derivan en investigaciones débiles que favorecen la impunidad.
Se suman prácticas graves como necropsias deficientes y el uso indebido de “necropsias psicológicas” para descartar la violencia feminicida, incluso frente a evidencia material. Estas fallas impactan directamente en las investigaciones y en las familias, que enfrentan errores reiterados y, en muchos casos, procesos como exhumaciones o impunidad que prolongan el dolor.
El cuarto elemento reto planteado por las organizaciones y colectiva es la reparación del daño que sigue sin materializarse y deja a las víctimas indirectas en total indefensión. La gran mayoría de los casos nunca se reparan, los impactos son por sí mismos graves para las familias de las víctimas, pocos casos reciben una sentencia condenatoria.
En muy pocos feminicidios se establecen medidas de reparación acordes al hecho delictivo. Son prácticamente escasas las posibilidades de que el responsable del feminicidio repare el daño. Además, no es integral la atención a las víctimas, obligación del Estado, suele ser escasa o nula.
Es frecuente que el Estado no se haga cargo de las medidas de satisfacción y de no repetición, como recientemente lo estableció la SCJN en el amparo directo en revisión 5363/2023 en el caso de Fátima Varinia Quintana Gutiérrez.
Para que la normatividad vigente tenga impacto real, es fundamental que en su implementación y evaluación se garantice la participación de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos, familiares de víctimas o víctimas de tentativa, quienes conocen de primera mano las fallas del sistema y han sido fundamentales para visibilizar y enfrentar esta problemática.
México necesita leyes que se cumplan
En el pronunciamiento señalan que México cuenta con un conjunto amplio de leyes, protocolos, mecanismos y estándares de investigación y sanción que buscan que el acceso a la justicia para las víctimas de feminicidio sea una realidad; sin embargo, el gran reto sigue siendo que el marco normativo se aplique de manera adecuada y realmente funcione.
La atención a la problemática del feminicidio fue ordenada por las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el caso de Campo Algodonero (2009) hace 17 años, hasta las últimas sentencias emitidas contra el estado mexicano en los casos de Digna Ochoa (2021), Ernestina Ascencio Rosario (2025) y Lilia Alejandra García Andrade (2026).
Desde 2011, ante la demanda de la sociedad civil, la tipificación del feminicidio fue una respuesta estatal para dar cumplimiento a la sentencia Campo Algodonero y la activación del mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). Contar con un tipo penal de feminicidio tiene por objetivo establecer en el marco jurídico la perspectiva de género para la investigación y sanción de las muertes violentas de mujeres y evitar la discriminación y la impunidad ante esta violencia generalizada. Sin embargo, persisten las investigaciones deficientes, la respuesta tardía, la revictimización y la falta de reparación oportuna y acorde a la dimensión de los daños.
Las organizaciones y colectivos argumentan que el país necesita asegurar que las normas existentes se implementen con eficacia para acreditar correctamente los feminicidios, se garanticen sanciones y se repare el daño.
También se debe garantizar atención integral a las familias de las víctimas, incluyendo programas específicos para atender a las niñas, niños y adolescentes que han sido impactados por la violencia, evitar la revictimización constante durante las investigaciones y los procesos, como cuando se difieren las audiencias, se prolonga el procedimiento o se reponen los juicios por violaciones al debido proceso, además de prácticas de coacción a las víctimas para aceptar el procedimiento abreviado.
La Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio podría contribuir a articular esfuerzos y mejorar la coordinación institucional, pero debe elaborarse con la participación de la sociedad civil que, con base en la experiencia acumulada, conoce los desafíos que siguen sin ser atendidos en materia de prevención, atención a las víctimas, investigación, sanción y reparación integral del daño del feminicidio en nuestro país.
En su llamado para que se abra el debate afirman que ante la gravedad del feminicidio en México, el país necesita tomar en cuenta el camino recorrido impulsado por sociedad civil, organizaciones y víctimas, esto hará lograr que lo que ya se ha construido, funcione.
El debate que se abre con esta propuesta de iniciativa, es una oportunidad para, antes de aprobar ninguna reforma, realizar una evaluación profunda que incluya responsables, obligaciones y acuerdos para su cumplimiento, en relación al marco normativo vigente relacionado al feminicidio y la violencia feminicida en México, respecto de cada una de las obligaciones constitucionales: prevención, atención, investigación, sanción y reparación del daño, puntualizan en el pronunciamiento.
SemMéxico, Tuxtla Gutiérrez, 27 de marzo, 2026.- La noche del miércoles, una joven de 24 años, identificada como Reyna Susana “N”, perteneciente a la etnia chol, fue asesinada a golpes presuntamente por su pareja en la habitación que rentaba en el barrio Guadalupe, en el municipio de Palenque.
Con este caso, suman 11 feminicidios en lo que va del año en Chiapas, cuatro de ellos registrados tan solo en marzo, lo que refleja una crisis persistente de violencia de género en la entidad, denunciaron colectivas feministas.
De acuerdo con reportes preliminares, vecinos del lugar escucharon gritos y una riña al interior del inmueble, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades. Sin embargo, denunciaron que los cuerpos de seguridad nunca acudieron al llamado. Horas más tarde, la víctima fue encontrada sin vida por su hermana menor al regresar de su trabajo.
El cuerpo presentaba visibles signos de violencia, lo que ha generado indignación entre habitantes de la zona y organizaciones sociales, quienes acusan una grave omisión institucional.
La Comisión Estatal de Acceso a una Vida Libre de Violencia de la Colectiva 50 más 1 Chiapas condenó enérgicamente el feminicidio y calificó como “alarmante e inaceptable” que, pese a los reportes vecinales, la joven permaneciera más de tres horas sin recibir auxilio.
Señalaron que este hecho evidencia fallas en los protocolos de reacción inmediata y la necesidad urgente de profesionalizar la atención a situaciones de riesgo.
Las integrantes de la colectiva exigieron a la Fiscalía General del Estado realizar una investigación pronta, exhaustiva y con perspectiva de género e interculturalidad, tomando en cuenta el origen indígena de la víctima para evitar barreras en el acceso a la justicia.
Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para reforzar las campañas de prevención de la violencia contra las mujeres, con pertinencia cultural y lingüística para la población chol y otros pueblos originarios.
Aumentan feminicidios en Chiapas
Organizaciones de mujeres de la región norte de Chiapas, señalaron que, pese a que Palenque cuenta con Alerta de Violencia de Género, el municipio continúa siendo un foco rojo en violencia intrafamiliar y feminicidios.
“Todos los días celebran mesas de seguridad, pero de nada sirve si no son capaces de proteger la vida de las mujeres”, reclamaron.
Por su parte, Janett Méndez, de la asociación civil “Cree en ti”, informó que brinda asesoría y acompañamiento a la familia de la víctima, quienes son de escasos recursos y enfrentan dificultades para trasladar el cuerpo a su comunidad de origen, Jericó.
Indicó que el padre de la joven apenas habla español, lo que complica aún más los trámites legales y funerarios.
El caso ha generado consternación entre la población, que exige justicia y acciones concretas para frenar la violencia contra las mujeres en Chiapas.
“Reyna Susana era una joven con futuro, cuya vida fue arrebatada por la violencia más extrema. No permitiremos que su nombre se convierta en una cifra más”, expresaron integrantes de la colectiva.
EQUIS Justicia presenta el informe De la ausencia a la criminalización
Este no es un fenómeno aislado, sino el resultado de múltiples violencias y desigualdades
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 27 de marzo, 2026.- En México, 16 mil 172 mujeres se encuentran privadas de la libertad (SSPC, enero de 2026), muchas de ellas sin sentencia y en contextos marcados por la pobreza, los cuidados y las violencias.
También revela que se ha incrementado más del cinco por ciento el número de mujeres en prisión, entre 2020 y 2024 con un repunte del 56 por ciento en 2023, un incremento mayor que el de los hombres.
EQUIS Justicia para mujeres presentó dos documentos: El informe De la ausencia a la criminalización, y la agenda Duro contra el Mundo donde muestra un sistema que invisibiliza, abandona y termina criminalizando a las mujeres, al documentar cómo opera la cadena de violaciones a derechos y, por otro, da voz a las mujeres que dentro y fuera de prisión, se organizan, nombran y enfrentan ese mismo sistema. La agenda recoge las demandas de mujeres privadas y exprivadas de la libertad que trazan una ruta clara de resistencia colectiva.
En Plural TV fue la presentación de los documentos por EQUIS Justicia para las Mujeres, en colaboración con la Dirección General de Igualdad Sustantiva y No Discriminación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los hallazgos del Informe muestran que la criminalización de las mujeres no es un fenómeno aislado, sino el resultado de múltiples violencias y desigualdades previas como la pobreza, antes de ser detenidas tres de cada 10 mujeres ganaban menos de tres mil pesos mensuales; cuatro de cada 10 mujeres realizaban trabajo doméstico no remunerado, en mujeres indígenas casi seis de cada 10, por lo que dejan de participar en el mercado laboral.
Al menos 17 por ciento reporta haber vivido violencia antes de su detención, sin que estos contextos sean considerados por el sistema de justicia en los procesos.
El sistema penal como respuesta deja a nueve de 10 mujeres en prisión sin sentencia. De las que son sentenciadas uno de cada tres es por procedimiento abreviado y la mitad fue presionada para aceptarlo, lo que limita el acceso a una defensa adecuada y evita que un juez revise su caso con perspectiva de género.
Gabriela Cruz, una mujer zapoteca que participó en la redacción de los documentos, relató que fue privada de la libertad por delito contra la salud, buscando un ingreso que le permitiría acceder a servicios de salud para su hijo con discapacidad. Realizó la entrega de la agenda, diseñada desde las experiencias y vivencias de mujeres que como ella estuvieron en prisión.
En la Agenda “Duro contra el muro” plantea como rutas concretas de acción:
Prevenir el encarcelamiento de mujeres deteniendo mecanismos de justicia automática como la prisión preventiva de oficio o el procedimiento abreviado
Garantizar condiciones dignas en prisión incluyendo el respeto a la autonomía corporal y el fortalecimiento de sus vínculos familiares y comunitarios
Facilitar el acceso a mecanismos efectivos de excarcelación y reinserción social
EQUIS Justicia detalla que ambos documentos fueron construidos a lo largo de tres años con la participación de mujeres que enfrentaron procesos de criminalización, quienes contribuyeron en el diseño metodológico, el trabajo de campo —incluyendo entrevistas en centros penitenciarios de Ciudad de México, Oaxaca y Campeche—, el análisis de sentencias y la formulación de propuestas. Como parte de la investigación, se analizaron 60 sentencias penales, se realizaron 36 solicitudes de acceso a la información, se revisaron instrumentos de política pública y se incorporaron datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021.
Durante la presentación participaron, Cristina Solano, Directora General de Igualdad Sustantiva y No Discriminación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el magistrado Benjamín Rubio, titular del Instituto Federal de Defensoría Pública; Ingrid Gómez, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres; Nestora Salgado, tercera visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Simey Olvera, senadora y secretaria de la Mesa Directiva del Senado; y Maïssa Hubert, subdirectora ejecutiva de EQUIS Justicia para las Mujeres.
El nuevo gobierno chileno retiró el respaldo a la exmandataria
Pero también señala que no apoyará a ninguna otra persona
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 27 de marzo, 2026.- El nuevo gobierno de Chile, que preside José Antonio Kast, oficializó la decisión de retirar el respaldo a Michelle Bachelet para ocupar la secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El respaldo había sido otorgado a Bachelet por el anterior presidente Gabriel Boric, sin embargo, de acuerdo con un comunicado de la cancillería chilena, la determinación responde a factores estratégicos. Pese al revés, la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet aún puede continuar en contienda internacional con el apoyo de Brasil y México para reemplazar a Antonio Guterres que concluirá su segundo mandato a final de este año.
La cancillería precisa que, por respeto a Michelle Bachelet, en caso de que decida continuar con su postulación, Chile se abstendrá de apoyar a cualquier otro candidato en el proceso.
Durante su campaña el ultraderechista Kast criticó fuertemente la administración de Bachelet, a la que atribuye actos de corrupción, incapacidad gubernamental y opacidad por la postulación al máximo cargo del sistema de Naciones Unidas.
Bachelet, médica pediatra, de 74 años, es la única mujer en llegar a la presidencia de chile en dos ocasiones; 2006-2010 y 2014-2018 por el Partido Socialista. También ha ocupado altos cargos en la ONU como directora Ejecutiva de ONU Mujeres en 2010-2013 y como Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en 2018-2022.
Tras conocer la decisión del gobierno chileno, Michelle Bachelet emitió un comunicado en el que expresó: “Entiendo que las definiciones de la política exterior pueden variar con las nuevas administraciones y, en mi calidad de exjefa de Estado, observo esta determinación como parte de las prerrogativas de quien hoy encabeza el Gobierno, aunque mi visión de Estado sea distinta», publicó el medio chileno el ciudadano.com.
La expresidenta recordó que “históricamente Chile ha buscado fortalecer el multilateralismo y ha sido capaz de trascender los ciclos políticos y las coyunturas. El compromiso con la cooperación internacional, la promoción de la paz y los derechos humanos ha sido un sello que le ha dado prestigio y reconocimiento a nuestro país en el escenario global”.
“En ese sentido, agradezco el apoyo y la confianza que el Estado de Chile manifestó inicialmente al presentar públicamente esta candidatura el pasado mes de septiembre y formalizarla en febrero”, agregó Bachelet, resaltando que su postulación “se inscribe en una visión compartida sobre la necesidad de fortalecer el sistema internacional y de contribuir, desde América Latina, a una ONU a la altura de los desafíos de nuestro tiempo”.
Otros candidatos de la región incluyen al argentino Rafael Grossi, director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, y a la costarricense Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de la nación centroamericana.
SemMéxico, Ciudad de México, 27 de marzo de 2026.-¡No!
Desgraciadamente no.
Es importante -sin duda- que para lo que queda de la ya muy vapuleada y disminuida, asediada democracia mexicana se haya impedido en el Senado que la presidenta Claudia Sheinbaum hubiera empalmado su consulta de revocación -ella quería convertirla en ratificación- de mandato con el proceso electoral de 2027, pero eso es apenas un alivio para las amenazas de la consolidación de la autocracia que nos quieren imponer desde la 4T.
Yo insisto en que lo más importante de lo que ocurrió con el rechazo al Plan A y al Plan B es la evidente ruptura de la alianza del oficialismo. Ya PT y Verde no caminan al lado de Morena ni del proyecto de Andrés Manuel López Obrador -heredado o impuesto a Claudia Sheinbaum– en medio del agotamiento natural entre los mexicanos del Gobierno de la Transformación.
Eso pinta un futuro nada bueno para la permanencia y consolidación de la 4T y su autocracia en las elecciones del 2027 y 2030.
Pero no hay que cantar victoria.
No, la democracia mexicana no quedó a salvo con la jugada de Beto Anaya y sus otros 5 senadores del PT.
Y no lo está, porque los controles, las reformas y la anulación de organismos e instituciones autónomas promovidos y logrados por Andrés Manuel López Obrador -y ahora continuados por Claudia Sheinbaum, pese a la debilidad y falta de liderazgo partidario de la mandataria-, sumados a las chapucerías como el otorgamiento de una supersobrerrepresentación de Morena, PT y Verde por el Trife e INE en San Lázaro, permitieron aprobar la reforma al Poder Judicial que anuló a la Suprema Corte y destruyó al Estado de Derecho en México.
Con mayorías ficticias y legisladores comprados en el Senado y Cámara de DiputadosAMLO -y ahora Sheinbaum- han promovido cambios estructurales y colonizado y sometido a su control al INE y al Tribunal Electoral.
En los hechos, han logrado instaurar una autocracia que ahora se comienza a expresar vía la persecución judicial de periodistas y con la creación de un Consejo de vigilancia Digital llamada oficialmente Agencia de Transformación Digital en el Gobierno encabezada por José Pepe Merino de todas las confianzas de Sheinbaum que puede bajar a la hora que quiera medios digitales o actuar contra usuarios de chats, ciudadanos de a pie, si hacen critica de funcionarios y del mismo régimen.
No, la democracia no se salvó antier con el rechazo parcial del PT al Plan B de Sheinbaum.
Dejó abierta, sí, la posibilidad de ejercer todavía una oposición suficiente e importante, de mantener aún medios informativos tradicionales, electrónicos y digitales, que puedan crear opinión critica en amplios sectores de la población.
Quedaron agravios insalvables; vienen 4 partidos más
La narrativa de lo ocurrido en el Senado, con la infructuosa mediación de Ignacio Mier y Adán Augusto López -el tabasqueño todavía como gran operador de la 4T- frente a Alberto Anaya y los otros 5 del PT, y los comentarios ásperos de otros morenistas como Félix Salgado quien por él hubiera mandado mucho a volar con fuerte injurias y reclamos a los petistas, deja ver que quedaron ofensas y humillaciones infranqueables en unos y otros.
Que pese a fotos y videos agarraditos de la mano o abrazados, jurando que la alianza sigue al 2027 y 2030, eso está roto.
En la acera del poder de Morena de Luisa María Alcalde y Andy López Beltrán ya comenzaron a hacer cuentas y a especular con una prospectiva en que la alianza con Verde y PT podría resultar para ellos ya una carga.
Y es que el INE está a punto de darle reconocimiento oficial a 4 nuevos partidos que surgen de cerca de 90 organizaciones políticas que se inscribieron hace un año, y que ya cumplieron con todos los requisitos exigidos por la norma para ser partidos políticos, poder lanzar candidatos para estar en todas las boletas del 2027, y recibir financiamiento y participación en tiempos oficiales de radio y TV.
Su gran aduana será el proceso electoral del 2027 al que deberán acudir sin poder realizar alianzas con ninguna otra organización política y deberán obtener cuando menos cada uno el 3% de la votación general para mantener su registro.
Los 4 son:
– Construyendo Sociedades de Paz (PAZ), encabezado por el diputado federal de Morena Hugo Eric Flores, junto a Armando González Escoto y Edith Carolina Anda y que es la reinvención de los partidos Encuentro Social y Encuentro Solidario y que surge con un fuerte discurso de cristianismo evangélico en busca de la defensa de la familia tradicional, y para representar a un sector religioso que busca acceder a cargos legislativos y de poder político.
– México Tiene Vida nace de la derecha regiomontana, donde su partido local ha obtenido algunas regidurías en 2024 con los empresarios Jaime Ochoa Hernández y Eduardo Zamarripa Cortés a la cabeza cercanos a «provida» y con, afirman, “un modelo de capitalismo social que busca equilibrar el libre mercado y la responsabilidad empresarial”.
– Somos México es continuación de la «Marea Rosa» que defendió la autonomía del INE en 2024, y que hoy es liderado por Guadalupe Acosta Naranjo, y acompañado de exconsejeros y exfuncionarios del INE como Leonardo Valdés Zurita y Rodrigo Morales, la sonorense Cecilia Soto, los exministros de la Suprema Corte Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek y José Ramón Cossío y por reconocidos militantes panistas y priistas.
– Que Siga la Democracia, es un partido pro AMLO y la 4T.
Sheinbaum, AMLO, Luisa María Alcalde y todos los de la 4T saben que con 10 partidos diputándose el proceso de 2027 el voto ciudadano quedaría muy pulverizado y pocos de esos partidos sobrevivirían. Especialmente PRI, PT y Verde. Todo un escenario en favor de la 4T.
SemMéxico, La Paz-Bolivia, 27 de marzo, 2026.- Qué querrá decir el alcalde electo de La Paz, César Dockweiler, ¿cuándo dice que es humanista? Parece usar un concepto vago y útil, para salir del paso, como cuando alguien suelta: “Ni machismo, ni feminismo: ¡Humanismo!” y, así, refleja una intención de aparentar una postura equilibrada que, por un lado, incluye a toda la humanidad y que, por otro, tiene cierta sensibilidad social y no material. Vamos a ver.
Dockweiler afirma ser “humanista” como parte del discurso explícito de rechazo a ser considerado “masista” (del MAS o partido que gobernó gran parte de los últimos 20 años, con Evo Morales a la cabeza, y del que él fue figura importante). Quiere diferenciarse de gobiernos que hoy no tienen buena prensa para una buena parte de la población. Eso es claro.
El Humanismo es una corriente filosófica del Renacimiento que ponía en el centro “al hombre”, entendido como el representante de lo universal (de los dos sexos), de lo racional frente a lo divino, de la construcción de su destino frente a un designio, de lo científico frente a lo natural. Forma parte de la Modernidad de donde surge, como respuesta, el Feminismo que reclama todo ello pero que, además, las mujeres sean tomadas en cuenta como parte de lo humano con sus cualidades y lo ciudadano con sus derechos. Es decir, que lo que sea de los hombres también sea de las mujeres; sin embargo, los grandes representantes del Humanismo y de la Modernidad son hombres y, además, misóginos.
Volvamos al alcalde electo de la ciudad sede de gobierno y a sus propuestas para su gestión. Lo tomamos como ejemplo de lo que se le podría observar a otros cientos de alcaldes y alguna alcaldesa que han resultado con el cargo luego de las elecciones realizadas este 22 de marzo, para las 335 alcaldías del país y los 9 gobiernos departamentales.
Dockweiler tiene muy buena formación, es economista con un doctorado en políticas públicas y desarrollo, y experiencia. Destaca haber liderado la construcción de la impresionante (por sus vistas) y muy útil red de teleféricos de La Paz, siendo ésta su mejor baza para ser electo. Prometió ampliar esta eficiente y ecológica forma de transporte a más barrios. Hasta ahí bien, ¿qué más?
En su propuesta, explicada en su web, señala su compromiso con “vecinos” (en masculino), “empresas” y “familias” para mejorar su calidad de vida y brindarles apoyo; se compromete con la eficiencia y transparencia en su gestión, impulsar el turismo, vigilar situaciones de riesgo climático, atender lo que le corresponde en salud y educación, respaldar a la cultura, la emprendeduría y a la juventud, hacer una ciudad amiga de las mascotas, de la gente con discapacidad o necesidades especiales, de la infancia y personas adultas en situación de pobreza. Parece que han pensado en todo ¿verdad? Pues no.
Resulta que la mitad de la humanidad son mujeres y no aparecen para nada en las propuestas. No es que tengan que tener más, es que ellas tienen una condición social evidente y demostrada de discriminación en todos los campos y, en ese sentido, “deben” estar explícitamente incluidas.
Por el sistema patriarcal, como sistema social, las mujeres tienen una vida más difícil en todos los campos. A ellas las matan, las violan, las golpean y les aplican una serie de violencias físicas y simbólicas desde un machismo que ejerce su privilegio de distintas maneras y del que benefician todos los hombres. Por ello, los hombres también tienen que participar en un cambio de sistema de relaciones desiguales de género ¿Cómo puede ser que no se incluyan políticas de género claras y explícitas en programas de gobierno?
¿Qué humanismo es ese que no toma en cuenta a la mitad de la humanidad?
Doy pistas: cuando Dockweiler habla de seguridad y de eliminar el miedo en la ciudad se refiere principalmente a la delincuencia, pero un acosador no se siente delincuente; aunque debería ¿Qué hará para dar una ciudad segura para las mujeres? ¿Cómo respaldará los emprendimientos de las “caseritas” jefas de familia monomaternales? ¿Cómo controlará que no haya acoso sexual en el Ayuntamiento, en empresas proveedoras y de servicios con las que se relaciona y en las calles? ¿Cómo gestionará las políticas de género con las gobernaciones y el gobierno central?
No sea humanista a medias y póngase las gafas que visibilizan a las mujeres y los problemas de la sociedad patriarcal, señor alcalde de La Paz. Y lo mismo para todas las otras 334 alcaldías.
