Foto: Laura Lovera, El Sol de México, 8 de marzo  2026.

• Entregan este lunes a la titular de la Secretaría de las Mujeres la Iniciativa “Feministas dialogantes” con más de 150 propuestas
• Responden al llamado al diálogo, tras entrevista sostenida con la periodista Sara Lovera

Guadalupe López García

SemMéxico, Ciudad de México, 13 de abril,  2026.- En los últimos años, el gobierno federal ha mantenido una interlocución segmentada con el movimiento feminista, centrada en ciertos grupos y dejando fuera a otras redes, organizaciones y a representantes con amplia trayectoria, exponen las responsables del documento que concentra más de 150 propuestas para fortalecer las políticas para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y que se entrega este día a la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citalli Hernández Mora.

En su Iniciativa “Feministas dialogantes”, afirman que esta segmentación “debilita el diálogo democrático, empobrece el intercambio de experiencias y reduce la capacidad de las políticas públicas para responder a la diversidad de realidades”, por lo que demandan una interlocución plural, abierta y respetuosa, reconociendo la diversidad de corrientes y de quienes cuentan con una trayectoria histórica en el activismo, la academia, el trabajo territorial y la función pública.

Buscan, además, garantizar que el diálogo —como un componente esencial de vida democrática del país— sea permanente entre activistas y autoridades de distintas dependencias del gobierno de la Ciudad de México y del ámbito federal y que trascienda el carácter de una reunión aislada.

Esta convocatoria surge a partir del llamado al diálogo, expresado públicamente por Citlalli Hernández Mora, durante una entrevista con la periodista Sara Lovera, en su podcast de La Lovera, del 4 de febrero pasado, en la que la funcionaria dijo que uno de los desafíos es reconstruir el diálogo entre el Estado y el movimiento feminista.

Distintas redes y feministas de 14 entidades decidieron responder de manera organizada, mediante una convocatoria abierta que permitió recoger voces, diagnósticos y propuestas desde múltiples trayectorias y territorios. 

Señalan que el movimiento feminista ha sido actor central en la construcción del marco normativo de protección de los derechos humanos de las mujeres y de las políticas para la igualdad sustantiva. Estos avances, aseguran, no han sido concesiones del poder político, sino resultado de décadas de movilización e incidencia feminista.

Las feministas dialogantes sostienen que “avanzar en la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres requiere fortalecer la capacidad del Estado, garantizar la coherencia de las políticas públicas y situar la sostenibilidad de la vida como eje del desarrollo”.

Ell documento,  “aborda ámbitos fundamentales como la gobernanza democrática, el acceso a la justicia, la autonomía económica de las mujeres, los cuidados, las violencias, el territorio, el financiamiento público y la participación política, entendidos como dimensiones interrelacionadas que configuran las condiciones de vida de las mujeres”, en un contexto de reconfiguración del orden global.

Alertan que, en varios casos, los programas antipobreza han sustituido políticas específicas orientadas al cierre de brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, con lo que se diluye la especificidad de las desigualdades que enfrentan las mujeres, además de que se carecen de indicadores y de padrones desagregados por sexo. 

Las violencias, advierten, presentan nuevas formas de expresión, incluyendo la violencia digital, la radicalización misógina y la articulación de comunidades que promueven el odio contra las mujeres, como las comunidades INCEL ente otras, en un contexto de expansión tecnológica y disputas ideológicas globales.

Para las dialogantes, el feminismo abolicionista constituye una corriente histórica, ética y política del movimiento, orientada a erradicar todas las formas de explotación que subordinan y mercantilizan el cuerpo de las mujeres. Sostiene que el estado es garante de derechos, no de deseos.

Advierten que la expansión de explotación reproductiva (denominada “gestación subrogada”) responde a procesos de globalización económica que articulan demanda internacional con contextos locales de vulnerabilidad. Opera mediante redes de intermediación que configuran formas de “proxenetismo reproductivo” y en su fase más avanzada, adquiere características de plataforma global, configurando una amazonización de la explotación reproductiva, donde los cuerpos de las mujeres son integrados a circuitos digitales, estandarizados y altamente rentables de oferta y demanda.

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Entre las propuestas  que se recogieron de un  amplio cuestionario  están las de crear observatorios ciudadanos y otros mecanismos institucionales de rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos destinados a la igualdad sustantiva, además de integrar indicadores de resultados y de progreso, desagregados por sexo, 

Se necesita Incorporar el tema de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres como un ámbito estructural en los cursos anuales de Presupuesto basado en Resultados, impartido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal.

Se tienen que revertir la sustitución de programas específicos de igualdad y reclasificar en el presupuesto los programas antipobreza sin perspectiva de igualdad entre mujeres y hombres. Hay que garantizar el acceso de las mujeres rurales a la tierra, recursos productivos, financiamiento e infraestructura, evitar el desplazamiento de mujeres indígenas de sus territorios, particularmente en contextos de megaproyectos.

El acceso de las mujeres a empleo digno, ingresos suficientes y protección social debe garantizarse, junto con políticas de desarrollo urbano que integren la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Se tienen que ampliar la disponibilidad de sistemas públicos de cuidado accesibles y de calidad.

Contar con acceso a la educación técnica y la formación profesional para mujeres jóvenes, así como el acceso universal al internet y a herramientas digitales. Fortalecer la función social del suelo mediante instrumentos regulatorios que eviten el desplazamiento y garanticen el acceso equitativo al territorio.

Se deben establecer sistemas territoriales de cuidados accesibles, reconocer el trabajo de cuidados como un componente central de la economía y de la sostenibilidad de la vida, así como el reconocimiento y promoción de los conocimientos ancestrales en sistemas alimentarios sostenibles.

Otras de las propuestas estratégicas que reseñaron son las de contar con políticas de gestión integral del riesgo de desastres en el marco de los derechos humanos, con el pleno reconocimiento de la participación de las mujeres en las etapas de ese proceso y asegurar el acceso equitativo al agua potable y al saneamiento.

En cuanto a la violencia, se requieren mecanismos de coordinación vinculante entre instituciones de seguridad pública, procuración de justicia, tribunales y servicios de atención. Asimismo, que los mecanismos de reparación para mujeres que han sido privadas de la libertad de manera injusta consideren los efectos diferenciados de la prisión en sus vidas, familias y comunidades.

Pretenden que se erradique la explotación reproductiva como forma de trata de personas, mediante su tipificación explicita en la legislación nacional y derogar los marcos legales estatales que permiten o facilitan la gestación subrogada. Además, fortalecer capacidades estructurales del Estado que permitan reducir vulnerabilidades y construir condiciones de desarrollo sostenido en la reconfiguración del orden global.

El delito de feminicidio, fue tipificado hace  16 años  e investigar con perspectiva de género obligatorio  hace 17 años

En 2025 las fiscalías del país reportaron que había 4 mil 523 carpetas de investigación relacionadas a casos de feminicidio

Si este martes se aprueba, tendrá que ir a Congresos Locales, mientras todo sigue igual 

Sara Lovera

SemMéxico, Cd. de México, 13 de abril, 2026.- Esta semana el pleno del senado aprobará la reforma constitucional  al artículo 73 Constitucional que es necesaria para, “en su momento” el Congreso de la Unión genere la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio.

El dictamen aprobado prevé en el 2º.  transitorio que para legislar tendrá 180 días, o sean 6 meses, el  límite hasta noviembre. La iniciativa que el 24 de marzo anunció la presidenta de la República, cuyos pormenores no se conocen aun, podrá ser consultada y discutida en estos meses.

Una vez que se  apruebe en  el pleno, tendrán que aprobarlo 17 congresos locales para que sea Constitucional; luego se publicará en el diario oficial. Mientras todo lo reglamentado en materia de feminicidio sigue vigente.

El segundo y tercer  transitorio dicen a la letra:  El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación en materia de feminicidio referida en el artículo 73, fracción XXI, inciso a), dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de este. Y tercero: Las disposiciones legales de la Federación y de las entidades federativas en materia del delito de feminicidio continuarán vigentes hasta la entrada en vigor de la ley general de la materia que emita el Congreso de la Unión. En el régimen transitorio de dicha ley se establecerán los plazos y condiciones para realizar las adecuaciones normativas correspondientes.

Lo que se sabe hasta  ahora de la iniciativa de Ley general  es sólo  su orientación, algunos rubros explicados en la Conferencia Mañanera del Pueblo por la fiscal Ernestina Godoy, todo lo cual deberá sustentar el Congreso; hace 10 días distintos grupos y colectivas feministas, que tampoco conocen la iniciativa, pidieron que se las consulte, habrá tiempo.

 Amnistía Internacional y otras expertas, señalaron que mucho de lo apenas en esquema  por la presidenta, ya esta en leyes y protocolos, que ha sido obra de las feministas y las expertas, que trabajan en la prevención del feminicidio, su atención y su sanción hace al menos 30 años. Ahora habrá que armonizar y también existe la inquietud de que se repita o sobreponga a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia expedida en 2007.

Para que el Congreso tenga  facultades constitucionales que le permitan,  la generación de una legislación general  en materia de feminicidio, será  acordado este martes 14 por el pleno, según la presidenta de la mesa directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, quien consideró que esa facultad del Congreso será  “para que nunca más una mujer muera con violencia por el sólo hecho de ser mujer”.  

Según la presidenta  de la Comisión de Igualdad,  Malú Micher Camarena  México,  sólo en 2025 había  en las fiscalías del país  4 mil 523 carpetas de investigación relacionadas a casos de feminicidio, lo que demuestra la urgencia de fortalecer el marco jurídico y las capacidades del Estado para prevenir, investigar y sancionar este delito.

Importante que este lunes  se cumplen 21 días desde que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo  anunció  la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio, cuyo contenido concreto  todavía no se conoce, y de aquí a que sea una realidad, no sabremos hasta el 25 de noviembre, consideraron algunas feministas consultadas. 

La constitucional  solamente  permite al Congreso legislar sobre la materia de feminicidio, como explicó a SemMéxico la presidenta de la mesa directiva del Senado. Pero el transitorio 2, permite al Congreso 6 meses como límite para expedirla..

La reforma Constitucional se aprobó en una semana,  entre su envío el 3 de abril y el viernes pasado.  En el dictamen y la discusión se abundó sobre el contenido  del esquema de esa ley y los temas que incluirá.

El dictamen de la Reforma Constitucional , también  aborda los aspectos que incluirá la futura ley, delineados en un power point que circuló masivamente   orientada a:

Crear una ley general sobre feminicidio y donde se  establezca las bases para la tipificación, investigación, persecución y sanción del delito de  forma coordinada entre la federación, los estados y los municipios.   

Por ejemplo  homologar el delito de feminicidio  en los 32 estados de México. Y de la propuesta, presentadas  como power point en la mañanera del 24 de marzo, se habló de  que las penas por ese delito – de más 4  mil mujeres al año- lleguen a 70 años de prisión.

Se esquematizó también que incluirá la obligación a investigar toda muerte violenta de una mujer con perspectiva de género y cómo feminicidio, tal como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sentenció el 16 de noviembre de 2009 al Estado mexicano, o sea hace 17 años, lo que ratificó  la Suprema Corte de Justicia de la Nación SVJN en la Sentencia Mariana Lima Buendía en marzo de 2015, hace 10 años, este   fallo fue  considerado histórico porque obliga a investigar todas las muertes violentas de mujeres con perspectiva de género y presumiendo feminicidio. Eso estará en la ley general.

La iniciativa de reforma constitucional fue recibida por el Senado de la República el 31 de marzo de 2026, y  este martes, como se mencionó  se aprobará.

La aprobación del cambio  constitucional fue en  las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos y  el dictamen ya está publicado. Y su objetivo fue únicamente  de facultar al Congreso de la Unión para – en su momento -expedir esa  ley general en materia de feminicidio. 

El dictamen, que modifica el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política, recibió 16 votos a favor de la Comisión de Puntos Constitucionales, 13 votos a favor de la Comisión para la Igualdad de Género y 16 votos a favor de la Comisión de Estudios Legislativos.

Comentarios al dictamen 

Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena,  dijo  que el propósito central de la reforma es facultar al Congreso de la Unión para que expida una ley general sobre feminicidio, que es la forma más extrema de violencia contra las mujeres, porque no sólo daña física, psicológica, económica o patrimonialmente, sino que tiene la intención de acabar con su vida.

Consideró que en una ley general – que ella todavía no conoce a detalle-  se buscará establecer reglas comunes para todo el país, es decir, obligar a la Federación y a los estados a actuar bajo los mismos criterios y evitar diferencias normativas, lo que asegurará que los feminicidios se investiguen y sancionen con un mismo estándar para todas las autoridades.

Dijo que la reforma constitucional es pertinente y necesaria frente al contexto actual, pero al mismo tiempo es triste y preocupante, porque de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en la región, durante los últimos cinco años, al menos 19 mil 100 mujeres fueron asesinadas; en México  en 5 años las asesinadas fueron  36 mil mujeres  y niñas , según la investigación de campo de Irinea Buendía, madre de Mariana Lima Buendía.  

Micher Camarena dijo que en México,  sólo en 2025, el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal reportó que en las fiscalías del país había 4 mil 523 carpetas de investigación relacionadas a casos de feminicidio, lo que demuestra la urgencia de fortalecer el marco jurídico y las capacidades del Estado para prevenir, investigar y sancionar este delito.

Al referirse a la falta de homologación del delito del feminicidio la morenista  Alejandra Berenice Arias Trevilla se refirió a que este delito tipificado  el 30 de abril de 2012, o sea hace 14 años, en el artículo 325 del Código Penal Federal, cuando  investigar y sancionar de manera distinta el feminicidio en función de cada  entidad en donde ocurra es también una forma de violencia. “No hay vidas que valgan distinto, por eso celebro esta reforma para que el Estado deje de ser omiso y que la igualdad deje de ser un discurso y se convierta en realidad”, expresó.

 Guerrero fue pionero al tipificar el feminicidio  en diciembre de 2010. 

Verónica Rodríguez Hernández, senadora del PAN, comentó que su Grupo Parlamentario acompañará el dictamen de reforma constitucional, porque las mujeres han sido por muchos años víctimas de distintas formas de violencia. “Habrá que ser cuidadosos en la elaboración de la ley, porque es un compromiso con las mujeres y con las generaciones que vienen; se tendrá que acompañar con presupuesto digno”, añadió.

La senadora Juanita Guerra Mena, del PVEM, estimó que con este dictamen, de dotar al Congreso la facultad de legislar en feminicidio  se subsana una deuda histórica no sólo con las mujeres, sino con sus familias, porque la violencia contra las mujeres no es circunstancial, sino sistemática, y que el delito se tipifique de manera distinta en el país abre espacios a la impunidad; lo que se busca es evitar diferencias normativas y establecer criterios homogéneos.

Por el PRI, la senadora Mely Romero Celis aseveró que la desigualdad normativa es también una forma de impunidad, y recalcó que un vacío legal crítico está en la falta de tipificación del feminicidio en grado de tentativa, que muchas veces se valora por la autoridad como lesiones dolosas; es decir, en la ley general habrá que cerrar la puerta a esas violencias que son la antesala del feminicidio.

Lizeth Sánchez García, senadora del PT, manifestó que hoy un mismo crimen puede recibir respuestas distintas, por eso con esta reforma el Congreso de la Unión podrá expedir una ley que ayude a armonizar el tipo penal y que permita que el Estado actúe con mayor coordinación y verdadera perspectiva de género. “Cuando ocurre un feminicidio no solo se pierde una vida, sino se rompen sueños de familias”, enunció.

Por MC, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno denunció que ocho mil 735 mujeres, adolescentes y niñas han muerto por feminicidio en México durante los últimos 10 años, por lo que no hay duda en el acompañamiento al dictamen, pero al mismo tiempo llamó a que se cuente con los recursos necesarios para que se concrete la ley general y sobre todo que sea efectiva.

La historia 

La Cámara de Senadores recibió el 3 de abril la iniciativa de reforma constitucional aprobada el viernes  la iniciativa para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general en materia de feminicidio, que permita homogeneizar el tipo penal del delito y sus sanciones. Cuando se conozca, se discuta, se hagan foros, consultas y demás, habrá ley.

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 Según lo que se sabe, la  reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  permitirá una nueva ley para  cumplir y establecer una adecuada articulación de acciones que garanticen, desde los distintos órdenes de gobierno e instituciones, el acceso de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencias. 

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, subrayó en redes sociales que la iniciativa permite legislar “para que nunca más una mujer muera con violencia por el sólo hecho de ser mujer”.

En el documento publicado en la Gaceta del Senado, la titular del Poder Ejecutivo Federal   delineó las generalidades de la iniciativa Ley que podrá expedir el congreso, señala  que, a pesar de los avances legislativos en la materia, el feminicidio se encuentra tipificado de manera diversa en las legislaciones penales de las entidades federativas de nuestro país. 

 Y esta diversidad normativa ha generado, entre otros aspectos, diferencias sustantivas en los elementos del tipo penal; diversos criterios para acreditar las razones de género; agravantes y sanciones no homologadas; y desigualdad en los criterios de investigación, tal como presentó el esquema de esa ley general en la mañanera del 24 de marzo.

La iniciativa de reforma constitucional sostiene que “en consecuencia, que hechos de naturaleza similar pueden ser investigados y sancionados de forma distinta dependiendo de la entidad federativa en la que ocurran, lo cual debilita la eficacia del sistema de justicia penal y propicia escenarios de impunidad”. 

Ante esta situación, el dictamen publicado en la Gaceta Parlamentaria considera que el  cambio constitucional era  indispensable para  contar con una legislación general que establezca bases homogéneas para la tipificación, investigación, persecución y sanción del feminicidio en todo el país, razón por la que dotar al Congreso de la Unión de facultades constitucionales que le permitan, en su momento, la generación de una legislación general orientada a:

Establecer un tipo penal homogéneo, sanciones y agravantes; homologar estándares de investigación con perspectiva de género; fortalecer la coordinación entre Federación y entidades federativas; garantizar el acceso efectivo a la justicia para las víctimas y la reparación de daños; y fortalecer la coordinación de instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia.

Además como señala el power point habla de mejorar  la protección para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, ya que esta población enfrenta afectaciones emocionales, sociales y económicas que comprometen el ejercicio pleno de sus derechos. 

Esta semana se llevará al pleno el cambio Constitucional:

 Podrá ratificarse el cambio constitucional esta semana según informó la presidenta de El Senado al informar  la agenda a  desarrollar en la Cámara de Senadoras y Senadores.  

Este  lunes 13 de abril, habrá  reunión de la Junta de Coordinación Política para ver los temas que se tratarán en la semana.  

El martes 14, habrá  la reunión de la Mesa Directiva, para definir el programa que se abordará durante las sesiones del Pleno.

El mismo martes, durante la sesión ordinaria, dijo, “discutiremos la reforma constitucional al artículo 73, cuyo objetivo es facultar al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en materia de prevención y persecución del delito de feminicidio. 

“Esta reforma constitucional es necesaria para crear una ley que establezca las bases para la tipificación, investigación, persecución y sanción del feminicidio, de forma coordinada entre la federación, los estados y los municipios. 

La ley deberá definir el mismo tipo penal, las sanciones y agravantes de este delito para garantizar una justicia integral a las víctimas. 

Discutiremos también la nueva Ley Federal de Cine, para fortalecer el derecho humano de acceso a la cultura, la conservación del patrimonio nacional y el acceso de todas y todos a este patrimonio por cualquier medio. 

El mismo martes tomaremos protesta a una jueza y a dos magistrados de circuito ante las vacantes existentes, esto conforme a las disposiciones constitucionales y legales. 

En la tarde celebraremos la Ceremonia Solemne para nombrar el Salón Ingeniero Heberto Castillo Martínez, en honor a un gran luchador. También develaremos un busto con su imagen y recordaremos los aspectos más relevantes de su vida política y profesional. 

El miércoles 15 de abril, tenemos previsto, previa aprobación de al menos 17 congresos locales de entidades federativas, la declaratoria de constitucionalidad del llamado Plan B, en cuanto a la reforma político y electoral. 

 Esta importante reforma constitucional reducirá el gasto en los congresos estatales, así como en los ayuntamientos y hará que disminuya progresivamente el presupuesto de la Cámara de Senadoras y Senadores.

Laura Itzel concluye su comunicación señalando que : “Como siempre, te recuerdo que esta agenda legislativa está sujeta a cambios, por lo que te sugiero que nos sigas en nuestras redes sociales para que te podamos seguir informando paso a paso de lo que vamos realizando en este órgano legislativo.

El dictamen de Reforma Constitucional aprobado  en comisiones del Senado  reitera:

• Objetivo: Reformar el artículo 73 constitucional para facultar al Congreso a expedir una ley general, logrando homogeneizar el tipo penal de feminicidio y sanciones en todo el país.
• Propuestas clave: Obligar a investigar toda muerte violenta de mujer como feminicidio, establecer turnos continuados y tipificar con sanciones federales. 
• Transitorios: entrará en vigor hasta publicarse en el diario oficial  y el Congreso tendrá 180 días para expedir la Ley General.

Para consultar el documento completo, se debe revisar la Gaceta del Senado del periodo correspondiente al 31 de marzo de 2026 o inicios de abril del mismo año.

Antecedentes 

Presidenta enviará al Senado iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio

«El objetivo es erradicar el feminicidio en México, que ninguna mujer muera en manos de nadie por el solo hecho de ser mujer y que nunca más un feminicidio sea catalogado como suicidio”, detalló el 24 de marzo.

Un comunicado oficial, detalla el power point :  

• Esta ley contempla que el Ministerio Público investigue de inicio como feminicidio cualquier muerte violenta de una mujer, se implementa en turno continuado; se establece una pena de 40 a 70 años de prisión, se constituyen nueve razones de género y 21 agravantes
   
• Para la expedición de esta ley se requiere modificar el inciso A de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución para la expedición de esta ley con lo que este delito se clasifica como tipo penal homologado

En el marco de las acciones por el Día Internacional de las Mujeres, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que enviaría al Senado de la República, la iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el delito de feminicidio con el objetivo de erradicar este delito y acabar con la impunidad. Llegará “en su momento”.

“El objetivo es erradicar el feminicidio en México, que ninguna mujer muera en manos de nadie por el solo hecho de ser mujer y que nunca más un feminicidio sea catalogado como suicidio, culpando a la propia mujer de una muerte violenta. Entonces, es muy importante esta Ley. Y tienen todos los estados que modificar sus leyes para asumir esta Ley, porque es Ley General”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal señaló que, entre los cambios sustantivos de esta iniciativa de ley, destacan que el Ministerio Público está obligado a investigar, de inicio, cualquier muerte violenta de una mujer como feminicidio. Asimismo, se implementará el turno continuado para garantizar la investigación ininterrumpida, además de mecanismos de prevención.

“La propuesta es que en un artículo de la Constitución se permita que haya una Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por feminicidio y que todas las Fiscalías del país tengan una ley que permita acabar con la impunidad contra el feminicidio y también que se desarrolle una serie de políticas para prevenirlo, esta es la ley que se presenta ahora”, destacó.

La fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, detalló que para atender la violencia feminicida se requiere una reforma al inciso A de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución; esto facultará al Congreso de la Unión para expedir la Ley y que este delito se clasifica como tipo penal homologado. Se reconocerán nueve razones de género, tales como signos de violencia sexual, antecedentes de violencias, delito motivado por estereotipos o prejuicios y la existencia de relaciones de poder. Se establece una pena de 40 a 70 años de prisión; se sanciona la tentativa con pena de prisión de entre la mitad y las dos terceras partes, además de una multa de mil a dos mil UMAS.

Además, se constituyen 21 agravantes, entre ellas: que la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor o que viva con alguna discapacidad; que se encuentre en situación de movilidad; que el delito se cometa frente a hijas o hijos, o que sea miembros de los pueblos originarios, afrodescendientes, entre otros.

Explicó que se busca homologar los protocolos de investigación en todo el país para garantizar que toda muerte violenta de una mujer sea investigada, desde el primer momento, bajo la hipótesis de feminicidio e incorporar de manera obligatoria la perspectiva de género en cada etapa del proceso. 

Agregó que este delito se investigará y perseguirá de oficio, la acción penal, la sanción y la reparación del daño serán imprescriptibles. Adicionalmente, la persona responsable perderá derechos sucesorios, la patria potestad de hijos e hijas, así como la tutela, curatela, guarda y custodia, y será destituido e inhabilitado para el desempeño de cualquier cargo público. Además, se dispone que ante este delito deberá de haber continuidad procesal, se deben contar con unidades o Fiscalía especializadas de conocimiento, investigación y persecución del delito.

La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracibar, detalló que la iniciativa de  Ley General articulará todos los derechos de las víctimas y sus familias, como: acceso a la verdad y la justicia; atención médica y psicológica de urgencia para sobrevivientes y víctimas indirectas; asistencia jurídica especializada y gratuita; seguridad social para niñas, niños y adolescentes en orfandad; restitución o entrega del cuerpo de manera digna, respetuosa y asistida, así como servicios de traducción e interpretación. Además, se mandata que en plataformas digitales no puede haber imágenes de las víctimas.

Sobre las políticas de prevención y atención a la violencia feminicida, señaló que se brinda atención especializada a las mujeres que viven violencia a través de mediciones oportunas, medidas de protección, acceso a espacios de refugio y la plataforma de apoyo del Gobierno de México con los Centros LIBRE, las abogadas de las mujeres, los centros de justicia para las mujeres, la línea de Mujeres al 079, opción 1.

Mientras que, para los familiares, se creará una Comisión Especial y el Programa Integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las Mujeres para implementar campañas de concientización e información, creación de grupos de apoyo técnico e impulsar la elaboración de un registro de feminicidios a nivel nacional. Y junto al DIF se creará el Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio.